Réquiem por el Chile del Estallido Social

Introducción

El 8 de octubre de 2019, en conversación en el matinal de MEGA, el presidente Sebastián Piñera señalaba que, en medio de una América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Pocos días después, el 21 de octubre, el presidente de la República declaraba ante el país que estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin límite alguno.

¿Qué había pasado en el intertanto? ¿Qué pasó con Chile, la promesa de América Latina?, se preguntarán en el extranjero.

El 18 de octubre y en los días siguientes tuvo lugar un estallido social —Manuel Castells hablará de explosión social, el Partido Comunista de revuelta popular— de enormes proporciones; un estallido que remeció al país de una manera brutal, en Santiago y en las regiones, con una enorme dosis de violencia, destrucción de la propiedad pública y privada, quemas de edificios, estaciones de metro, iglesias y centros culturales, saqueos de locales comerciales y supermercados, barricadas, agresiones contra carabineros, y verdaderas hordas que intentaron avanzar y tomarse el Palacio de La Moneda.

El 18 de octubre —en adelante 18/10— y el 12 de noviembre el país estuvo literalmente en llamas, y la democracia estuvo en peligro. Si nos atenemos a la historia y a la experiencia comparada, no es exagerado decir que Chile enfrentó la posibilidad de una situación pre revolucionaria de extrema izquierda, o pre autoritaria de tipo fascistoide. El vértigo al vacío de poder, la anomia, el temor, la inseguridad y la incertidumbre condensados en unos pocos días o semanas son muchas veces la antesala de desenlaces autoritarios o revolucionarios. También hubo violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Se trató sin duda alguna de la crisis política más severa desde la recuperación de la democracia en 1990.

Este libro intenta desentrañar la verdadera naturaleza del estallido social —así lo llamaremos— y sus consecuencias políticas, incluido el proceso constitucional gatillado a partir del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 y el Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022. Ellos han permitido canalizar, con avances y retrocesos, dentro de un cuadro de enorme precariedad e incertidumbre, las demandas sociales del 18/10 por una vía institucional, procurando hacerse cargo de las raíces más profundas de un malestar social que ya se venía insinuando desde fines de los años 90 y que alcanzó una forma inusitadamente violenta hacia fines de 2019. El énfasis estará dado por la gestión política del estallido social, incluido el proceso constitucional y el rol de los partidos políticos, de gobierno y oposición.

La hipótesis que nos planteamos es que el estallido social fue una manifestación extrema de las tensiones y contradicciones asociadas a un acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo como el que ha vivido Chile desde la recuperación de la democracia en 1990. La protesta gatillada por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro, el estallido social a que diera lugar y la insusitada dosis de violencia asociada al mismo no deben ser vistos como una patología social, sino como el reflejo de un proceso de modernización que en el extremo puede conducir a una situación de desborde institucional.

El estallido social del 18/10, que en lo más inmediato debe entenderse también como una reacción contra los abusos y privilegios —todo en plural— de las elites políticas y empresariales, está muy lejos de ser un fenómeno local. Esa es la tesis que desarrolla en su charla en el Centro de Estudios Públicos (CEP), el 6 de noviembre de 2019, a pocos días del 18/10, el sociólogo catalán, Manuel Castells. Su tesis central es que lo que está pasando en Chile no es excepcional para nada, es un fenómeno global. Sobre una base empírica, y en una perspectiva comparada, describe una serie de casos de explosiones sociales —así las denomina— que ocurren en ese mismo año 2019, o en los años anteriores; en Hong Kong, con una inusitada violencia por parte de policías y de los propios manifestantes; en España, especialmente en 2011 con el movimiento de los indignados, pero también en los años posteriores; en Ecuador, Bolivia, Irak, Argelia, Beirut, y por cierto el caso de los chalecos amarillos en Francia, entre tantos otros ejemplos. En el caso de nuestro país, Castells advierte contra esa tan arraigada tentación de explicar ciertos fenómenos en base al supuesto excepcionalismo del caso chileno; no habría sido este el caso en el pasado, y tampoco lo sería en el caso del estallido o explosión social del 18/10¹.

Definitivamente, Chile no es una excepción. En un sentido muy similar, a propósito de España y del fenómeno de los indignados (2011), pero en una mirada mas global, debe leerse y entenderse la reflexión del filósofo político vasco, Daniel Innerarity, en su libro bajo el sugerente título de La Política en tiempos de indignación, entendiendo por indignación un movimiento que ha trasformado la generalizada desafección hacia la política en un nuevo tipo de protesta². Esta protesta, más expresiva que revolucionaria, que alude más a la emoción que a la racionalidad weberiana, añade el autor, es lo que estaría en la base del movimiento de los indignados en España, en 2011, y en tantas otras latitudes (incluido el estallido social del 18/10, nos atrevemos a decir).

Qué duda cabe que las reflexiones de Castells y de Innerarity sobre las explosiones sociales en tiempos de indignación son particularmente pertinentes para el caso chileno. Más allá de ello, sin embargo, y procurando desentrañar la verdadera naturaleza del 18/10 en el contexto del proceso político chileno de los últimos años y décadas, queremos sugerir la hipótesis de que el estallido social es una forma extrema de reacción frente a un acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo como el que ha vivido el país desde la recuperación de la democracia en 1990.

Y es que la modernización es en sí misma un proceso disruptivo. Esa es una de las tesis centrales de Samuel Huntington en su libro El orden político en las sociedades en cambio, publicado, no por mera coincidencia, en 1968, el año símbolo de los cambios sociales en el mundo: no es la ausencia de modernidad sino los esfuerzos por alcanzarla lo que conduce al desorden político (…) la modernidad significa estabilidad y la modernización inestabilidad³. Alcanzar la modernidad supone una serie de aspectos en el sentido de racionalización de la autoridad (en términos weberianos), diferenciación de las estructuras, y creciente participación, pero el proceso de modernización con miras a alcanzar la modernidad supone un cambio fundamental en los valores, actitudes y expectativas; un cambio económico y social que remece y transforma las estructuras tradicionales; de allí que la modernización sea un proceso disruptivo. Ese proceso de modernización, agrega el autor, puede conducir a la inestabilidad y la violencia cuando existe un rezago de las instituciones políticas frente a un acelerado proceso de cambio social y de movilización de distintos grupos. Es, entonces, en el grado de institucionalización donde se juega el paso a la modernidad. En el extremo, si las instituciones políticas no van a la par de ese proceso de cambio económico y social, se puede llegar a un pretorianismo de masas, o a una situación de desborde institucional.

Mucho de lo ocurrido con el Chile del estallido social tiene que ver con un acelerado proceso de modernización que, por definición, produce enormes tensiones y contradicciones. El complejo proceso de institucionalización política —basta ver las dificultades del proceso constituyente— de la transición y la postransición, con miras a la consolidación de una democracia estable, y la dificultad para encontrar un cauce de expresión política e institucional a las principales aspiraciones y demandas de los grupos sociales activados por el proceso de modernización —principalmente los sectores medios, emergentes y aspiracionales, según veremos, asociados a ese proceso de modernización— ha mostrado un rezago en relación al proceso de cambios económicos y sociales que explica muchas cosas del proceso político de los últimos años.

Es lo contrario de lo que ocurrió bajo la llamada república mesocrática inaugurada con Arturo Alessandri en los años 30, seguida de un fuerte impulso de la industrialización, como un aspecto de la modernización, a partir de los gobiernos del Frente Popular, y de allí en adelante. Entre los años 30 y 60, según Aníbal Pinto, destacado economista cepaliano, Chile había alcanzado un alto nivel de institucionalización política, acompañado de una economía virtualmente estancada; desarrollo político y subdesarrollo económico habrían sido las dos caras de la moneda de ese Chile democrático y meritocrático: Recurriendo a una metáfora podría decirse que este país sobresale por un desarrollo casi deforme de su cabeza, entendiendo por tal su institucionalidad, su organización política, su armazón de relaciones sociales, que parece plantada sobre un cuerpo si no raquítico, por lo menos de una edad que no le corresponde⁴. Pues bien, el Chile de la transición y la postransición, con miras a la consolidación de una democracia estable, sería el caso exactamente opuesto de un país en acelerado proceso de crecimiento, modernización y desarrollo acompañado de una institucionalidad política débil, secuestrada por la derecha, según argumentaremos en las próximas páginas, dando cuenta de un rezago de su institucionalidad política en relación al vigoroso proceso de cambio económico y social llevado a cabo en los últimos treinta y cinco años.

A decir verdad, la historia se remonta algunos años atrás. Es así como ya en 1998 el PNUD advertía sobre el malestar social como una de las características del proceso de modernización en marcha. Bajo el sugerente título de Las paradojas de la modernización⁵, el informe da cuenta de los grandes avances de la última década en casi todos los aspectos (alto crecimiento, aumento de los salarios reales y del ingreso per cápita, auge de las exportaciones, reducción de la pobreza, de la inflación y del déficit fiscal, entre otros); no obstante, advierte sobre un malestar social subyacente, desde el punto de vista de la distribución de oportunidades, a la luz del concepto de desarrollo humano acuñado por Amartya Sen.

Ese mismo año 1998, el debate se trasladó al interior de la Concertación con un encendido intercambio entre los así llamados (por la prensa) auto complacientes y auto flagelantes. Mientras los primeros postulábamos la necesidad de una renovación de la Concertación desde nuestras propias convicciones, defendiendo la estrategia de desarrollo llevada a cabo bajo los gobiernos de Aylwin y Frei, los segundos se preguntaban por el sentido de la modernidad que subyacía a esa estrategia de desarrollo, planteando derechamente la necesidad de un debate sobre la cuestión del modelo, a partir del ya mencionado documento del PNUD sobre el malestar social. En el centro de ese debate estuvo la cuestión del tipo de modernización que postulábamos como deseable.

Desde una perspectiva más radical, por esos mismos años Tomás Moulián publicaba su libro y best seller —ha vendido decenas de miles de copias—, Chile actual: anatomía de un mito, centrando el análisis en una descarnada crítica de la tríada Transformismo=Gatopardismo=Neoliberalismo a partir de lo que identifica como continuidad básica con el modelo neoliberal heredado de la dictadura (revolución capitalista), cuestionando el tipo de modernización en marcha⁶. De esta manera, quedaba planteada la cuestión del modelo, línea de argumentación que cementaría las bases de la fase de ascenso de una nueva izquierda que culiminaría con el Frente Amplio y el gobierno de Gabrel Boric.

El mismo año en que se publicaba el libro de Moulián (1997), las elecciones parlamentarias daban cuenta de altos niveles de abstención, votos nulos y blancos, lo que era indicativo de crecientes niveles de desafección ciudadana. En los años siguientes, el malestar se expresó principalmente en el ámbito de la educación, dando lugar a un fuerte cuestionamiento del modelo vigente. En 2006 vino la Marcha de los Pingüinos y en 2011 tuvieron lugar las manifestaciones de un movimiento estudiantil que en el fondo era la protesta de los nuevos sectores medios surgidos del acelerado proceso de crecimiento de la última década y media, cuyos frutos planteaban una seria interrogante desde el punto de vista de la distribución de las oportunidades. Paralelamente, surgían los primeros casos de corrupción teniendo como epicentro el financiamiento de la política; los casos y acusaciones de colusiones en el ámbito empresarial eran llevados a la justicia, con gran cobertura mediática, mientras que la Iglesia católica se sumía en una profunda crisis en materia de abusos sexuales y de autoridad. Las instituciones públicas y privadas empezaban a ser cuestionadas desde diversos ámbitos, mostrando una distancia creciente entre la política y la gente, un sostenido proceso de desafección con las elites dirigentes y una marcada brecha o distancia entre gobernantes y gobernados.

Con el trasfondo de las tensiones y contradicciones asociadas a un acelerado proceso de modernización y, en un sentido más inmediato, bajo acusaciones dirigidas contra las elites políticas y empresariales por los abusos y privilegios en el ejercicio del poder, la política en tiempos de indignación se tomaba las calles, los barrios y las ciudades en los días y semanas que siguieron al 18/10, remeciendo hasta en sus cimientos el proceso político y las instituciones democráticas forjadas en una compleja y exitosa transición a la democracia.

El dato central de ese proceso de modernización y democratización fue el surgimiento de los nuevos sectores medios, emergentes y aspiracionales, asociado a un rápido proceso de crecimiento económico y reducción de la pobreza de los últimos años y décadas⁷. Esos sectores medios pensaban y asumían que habían surgido y salido adelante, en las condiciones generales de prosperidad y bienestar de la sociedad chilena, desde el propio esfuerzo personal y familiar, pero sentían que llegaba la hora de una provisión de bienes públicos de calidad, en condiciones de equidad, en los ámbitos de la educación, la salud y la previsión; unos bienes públicos que hicieran más previsibles sus propias vidas, que permitieran educar a sus hijos, hacer frente a una eventual enfermedad catastrófica, contar con pensiones dignas llegada la etapa de la vejez, con barrios y ciudades seguras para sus familias, entre otras aspiraciones y demandas.

Fueron esos sectores medios los que marcharon junto con los estudiantes —sus propios hijos e hijas— en las masivas y generalmente pacíficas marchas y menifestaciones del 2011, teniendo como epicentro las demandas del movimiento estudiantil sobre educación pública, gratuita y de calidad. Marcharon por el sobre endeudamiento en la educación superior, que había experimentado un aumento explosivo de 240.000 a 1,2 millones de estudiantes, pero debiendo cargar con una verdadera mochila financiera⁸. Surgieron las protestas desde las regiones sobre el costo ambiental de un cierto tipo de desarrollo, con demandas de un desarrollo sustentable; emergieron los movimientos feministas con demandas de igualdad de género; aparecieron organizaciones de consumidores y ONGs bajo distintas denominaciones, por las más diversas causas, en el trasfondo de todas las cuales estuvo la pregunta por el tipo de modernización que se estaba llevando adelante.

El tema de las paradojas de la modernización estuvo en el centro de los debates y los movimientos sociales, con un gran protagonismo de los sectores medios. Existía la percepción de que en el caso de la pobreza o extrema pobreza, además de su significativa disminución, existía una red de protección social construida sobre la base de una batería de políticas públicas construida a lo largo de los años, pero que esos sectores medios estaban desguarnecidos, librados a su propia suerte.

Por esos mismos años del movimiento estudiantil en Chile, coincidiendo con el movimiento de los indignados en España y la Primavera Árabe en el Oriente Medio, la década dorada del boom de los commodities (2003-2013) en América Latina llegaba a su fin. Fueron los años en que Christine Lagarde, directora general del FMI, llamaba la atención en su visita a Chile, aunque refiriéndose en general a las economías emergentes, sobre el riesgo de una nueva mediocridad de bajo crecimiento y débil creación de puestos de trabajo. ¿Por qué esto es relevante?, se preguntaba, porque el aumento de las expectativas de la clase media de América Latina está chocando contra las deficiencias en el suministro de servicios públicos (…) Esto es un claro llamado a la acción⁹.

Es una hipótesis relacionada de este libro que las tensiones y contradicciones asociadas a un acelerado proceso de modernización fueron de la mano de un marcado desfase entre las instituciones —tanto en lo político-institucional como en lo económico-social— y las principales aspiraciones y demandas sociales, especialmente en lo que se refiere a los sectores medios, pero también en lo referido a la legitimidad de las instituciones políticas y democráticas. El proceso constitucional surgido desde el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019, y el Acuerdo por Chile, el 12 de diciembre de 2022, es un reflejo de esto último, pero también está la demanda por bienes públicos y servicios de calidad, lo que será recogido por el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho convertido en una de las doce bases institucionales del proceso constitucional gatillado a partir del ya referido Acuerdo por Chile.

Modernización económico-social e institucionalización política es la ecuación que debe conjugar un país de ingreso medio, como Chile, camino al desarrollo¹⁰. Argumentaremos que los mercados y las fuerzas económicas no actúan en un vacío político-institucional. Un cierto reduccionismo economicista que ha estado presente en el debate público en los últimos años y décadas, nos ha ido alejando de este aserto fundamental, pretendiendo una cierta autonomía de los mercados y las fuerzas económicas. Ello choca con la realidad, la evidencia, y con un nutrido cuerpo teórico en el campo de las ciencias sociales, incluidas las ciencias económicas y las ciencias políticas. El neo institucionalismo definitivamente tiende a imponerse en ese ámbito. Sobre ello argumentaremos en las páginas que siguen.

También diremos que, en el ámbito del rezago político-institucional, a la derecha le