Ensayos sobre el post- acuerdo: ÀEs es el fin del conflicto?

INTRODUCCIÓN

Este es un libro polémico. No solo porque los temas tratados son un tanto espinosos, sino porque, además, son vistos desde las particularidades epistémicas de cada uno de los autores y, en este sentido, se presenta a la sociedad como suma de diversos puntos de vista, susceptibles de ser analizados, cuestionados e incluso incluidos como políticas públicas del post-acuerdo.

Por supuesto que en el texto no se tocan sino algunos tópicos que pueden surgir en el post-acuerdo. Somos conscientes de que la contingencia del mundo hace que cada día emerjan nuevos elementos y retos tanto para la sociedad civil, como para la sociedad política (Estado), algunas veces predecibles y en otros insospechados. Para el caso que ocupa, se trataría de los nuevos escenarios que se generaron a partir de los acuerdos de La Habana (diciembre 2016).

En estos momentos hay expectativa escéptica por los acontecimientos por venir, así como por la forma en que se van a resolver las diferencias históricas existentes en la estructura social y económica del país. Estas soluciones conviene que surjan desde el seno de la sociedad civil, con base en diseños políticos vinculantes que impacten positivamente la estructura socioeconómica de la sociedad. Con otras palabras, las soluciones se formulan en el terreno de lo ideológico-político, pero se materializan en la estructura.

Sin lugar a duda el camino a seguir exige tomar en cuenta las causas de la violencia en Colombia que se vienen estudiando desde el trabajo de Guzmán, Fals y Umaña (1962), a partir del cual se desató una ola de investigación académica que le ha merecido a sus actores el apelativo de violentólogos. Considerándose de esta manera que hay un amplio panorama de conocimiento al respecto, ahora el reto es dar un giro a la cultura anonímica de la nación para romper con el conflicto normativo de la sociedad colombiana. Para ello se debe comenzar, como lo advierte Reyes Morris¹, por romper con el marginamiento y la exclusión de sectores sociales que han creado sus propias normas o han adoptado las que les ha parecido convenientes porque les permite su supervivencia; diseños explicados por la relativa incapacidad del Estado de hacer presencia efectiva con su institucionalidad en todo el espacio geopolítico, incluso, cohonestando estas prácticas que han llevado a generar una especie de poder paralelo que ha llegado al extremo de crear sistemas alternos de algo susceptible de ser denominado como seguridad y justicia².

Por consiguiente, para ser garantes de los derechos ciudadanos y, al tiempo beneficiarios de ellos, como primera medida debemos respetarlos. Teniendo presente que el individuo es la clave de cualquier organización social, al tenor de Cortina³ se puede decir, que la justicia es el fundamento del Estado social de derecho, que no es igual que el Estado de bienestar. Entendiendo que el primero debe ser procurado por un Estado que se pretenda legítimo, el segundo es el construido por los ciudadanos por su cuenta y riesgo mediante el supuesto de que todos colaboran según sus expectativas y posibilidades. De esta manera se puede decir, que una sociedad civil solidaria y organizada hace posible el Estado social de derecho.

Por lo tanto, los colombianos deben comenzar por dejar de sentirse ajenos al problema y asumir su corresponsabilidad social. De esta forma el cambio comienza desde el interior de cada individuo y si cada átomo social se decide a asumir un comportamiento moral, sabrá resolver los conflictos intersubjetivos que inevitablemente se presentan en la vida en comunidad, pues al no estar regulados jurídicamente, deben ser resueltos por la acción comunicativa⁴. También propone Honneth, que, al participar de esta esfera de interacción de saber compartido e interiorizado, se logra regular los comportamientos y el respeto a las normas a través del mutuo reconocimiento⁵.

Por otra parte, está la acción del Estado que debe dejar de recurrir exclusivamente a los métodos violentos y asumir, mediante el incentivo a la acción participativa ciudadana, políticas de intervención social que hagan realidad la filosofía del Estado social de derecho expuesta por Heller. Los hechos evidencian que en Colombia por medio de la represión y la exclusión no ha sido posible eliminar la acción armada y violenta de los grupos al margen de la ley; incluso se aprecia hoy en día un desborde de la delincuencia que coloca en tela de juicio las estrategias de seguridad implementadas. Por ello se requiere con urgencia un cambio de actitud por parte de la base social tanto como de la clase dirigente y se aborde un poder político que considere a cada individuo como portador de derecho-deberes irreductibles⁶. De esta manera se podría pensar en la idea de legitimidad producto de la aceptación por parte de la población de las acciones de los poderes del Estado, anclándose así el poder en la sociedad.

Encaminándose precisamente el postulado de Rafael Jiménez Vega en este aspecto, al estudiar la evolución del Estado colombiano y de la sociedad civil, utilizando para ello como marco teórico el formulado por Antonio Gramsci, dividiendo para ello en bloques históricos la historia colombiana determinando para su estudio, en primer lugar, la Colonia; en segundo lugar, la República del siglo XIX surgida después de la independencia y, finalmente, su evolución en el siglo XX. Se plantean así hipótesis según las cuales el proceso constitucional de 1991 significó un punto de quiebre al perder la hegemonía los partidos tradicionales liberal y conservador, iniciándose en consecuencia un cuarto bloque histórico en el que se aumenta la participación y la beligerancia de la sociedad civil; lo anterior habría creado alternativas que permiten dirimir los conflictos surgidos con la administración pública, siendo precisamente consecuencia de ello el surgido con los grupos al margen de la ley.

Después de este análisis histórico, el texto presenta el pronunciamiento de Eusebio Avendaño Avendaño, criticando la ausencia de memoria histórica característica de los colombianos, especie de analfabetismo histórico que, junto con otras razones que expone, considera que el postconflicto en Colombia es una utopía. Esta indiferencia invisibiliza hechos atroces de violencia sociopolítica provocados no solo por grupos al margen de la ley, sino también por el Estado que, evidentemente en no en pocas oportunidades ha favorecido la violación del derecho. Tales serían, entre otros, los casos del Holocausto del Palacio de Justicia y de atrocidades acontecidas en Mapiripán, o El Aro o la Granja. Por ello es necesario hacer memoria para enfrentar una y otra vez a la infamia con la esperanza de vencerla, denunciando la barbarie para anunciar tiempos y espacios de vida digna. Esto implica hacer remembranza de la tragedia griega para hacer un paragón con la colombiana, denotando cómo los colombianos a lo largo de su historia se han venido matando entre hermanos, pudiendo solucionarse estas prácticas creando escenarios de justicia, verdad y memoria. Adicionalmente se deben crear mecanismos que solucionen la desigualdad e inequidad características de la sociedad colombiana, buscando soluciones de fondo a las causas de injusticia y no simplemente acudiendo a la coerción. Por eso Avendaño concluye que los acuerdos de fin de la guerra con las pasadas FARC-EP no significan el fin del conflicto armado en Colombia, sumando a las razones antes mencionadas la indiferencia y polarización del pueblo colombiano, la persistencia de hechos violentos por parte de grupos armados ilegales como del Estado y el hecho de la violencia que genera la explotación minero-energética, surgiendo la necesidad de pensar modelos de desarrollo sostenibles.

Aunándose a esta situación la cooperación extranjera, Diego Armando Romero Pinedo enfatiza en la brindada por la Unión Europea que trabaja de manera conjunta con el aparato institucional colombiano sin necesidad de la intervención militar, versus la estadounidense que tiene un enfoque coercitivo sobre todo orientado a combatir el narcotráfico. La norteamericana es una cooperación que tiene la particularidad de estar enmarcada en un contexto del conflicto armado, mediante la cual se ha buscado legitimar las acciones de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, logrando modificar con su política exterior la actitud de los agentes cooperantes según la agenda política del país. Por consiguiente, en este aparte, Romero realiza un estudio comparado entre las estrategias de cooperación definiendo como han afectado el sector rural desde el año 1999 hasta la actualidad y la forma como ha incidido en el desarrollo del campo.

Por su parte, Manuel Humberto Restrepo Domínguez propone iniciar tareas de reunificación del Estado-Nación, haciendo de lo firmado en La Habana una guía hacia el reconocimiento del ser humano en toda su extensión, empoderando sus capacidades y brindando oportunidades para vivir con dignidad. Porque la paz se construye alcanzando un ideal de derechos y de igualdad, olvidando la idea de aprender a sobrevivir entre las precariedades y amenazas o en medio de las carencias y humillaciones. Considérese, por consiguiente, que la paz y los derechos son una mezcla compleja por ser, la primera, base de la justicia y, los otros, base de los sistemas de garantías. Por lo tanto, llegar a reconocer la existencia de la guerra en su última fase de medio siglo y apostar por la paz no es solo un asunto político, ni un tema reducido a variables militares, debido a que la guerra ha incorporado todas las dimensiones de la vida, la sociedad y el Estado; fenómeno producto del cual, para iniciar se requiere de la creación de un marco de pluralismo jurídico bajo la perspectiva del respeto a los derechos humanos. De esta forma nos zafaríamos del sistema predatorio y patriarcal que ha acompañado la historia colombiana conformando estructuras que han sido el pilar central de la guerra interna; se trata de convertir la participación política y social en fórmula de inclusión para reconstruir reglas que permitan convivir, eliminando prácticas que segreguen y fragmenten socialmente. En definitiva, se considera que el problema de la paz reside en el carácter estructural que ha tenido el conflicto y que, por lo tanto, no resultaría pertinente hablar de posconflicto cuando la movilización continua tiende a extenderse y profundizarse materializada en demandas sociales, culturales y económicas.

Precisamente estos problemas estructurales de la paz son estudiados por Armando Lugo González quien, sin caer en análisis economicistas, lanza la tesis de que el proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP mitiga la violencia política, pero descuidaría que, gran parte del fenómeno de la violencia es de orden estructural, causando problemas como desempleo, hambre, miseria, entre otros. Todo lo anterior como producto de una estrategia de desarrollo que centra su interés en el crecimiento económico, como es el neoliberalismo, propiciando la consolidación de asimetrías sociales excluyentes. A esto le adiciona el autor, que Colombia es un país con una amplia tradición de violencia política y social producto de las luchas por el poder del Estado, terminando por profundizar las condiciones marginales de muchas personas. Para desarrollar este postulado inicialmente contextualiza el origen y el desarrollo del grupo guerrillero FARC-EP, para después analizar los seis puntos que comprendieron los acuerdos del proceso de paz. Concluyendo de la mano de Gramsci, que los problemas estructurales siguen vigentes porque no se negoció la estrategia de desarrollo neoliberal y, por lo tanto, en el acuerdo no se proyecta la solución a los problemas estructurales que este genera. Por otra parte, en ensayo considera que el partido político FARC, debe generar un programa político, económico y cultural capaz de permear a la sociedad civil, de tal manera que cambie la correlación de fuerzas vigente, ahora actuando desde adentro. Y, al final, propone que el Estado deba ser el motor y dinamizador de las reformas estructurales que combatan los problemas que originan la violencia, como el hambre, la pobreza, el desempleo, la miseria, entre otros; para terminar, afirmando que, en este escenario, las asimetrías sociales tienden a profundizarse indicando que los factores de violencia van tendiendo a continuar.

En cuanto al imperio de un modelo de desarrollo extractivista, surge una oportunidad de darle un giro tras los acuerdos de paz tal como lo describe y analiza Gustavo Tabares Ramírez. Sugiere que con la terminación del conflicto armado se desactivarían focos de delincuencia en los territorios surgiendo la idea de que ahora será más fácil el acceso a las áreas previamente afectadas por la guerra: esto es, al tiempo, un riesgo por la amenaza del aumento de la presión extractivista debido a la creciente demanda mundial de minerales y energéticos como el petróleo. Por ello considera que es probable que se amplíen los extractivismos abriendo la posibilidad de que se exacerbe la violencia imbricada en esta forma de producción. De esta forma sugiere la importancia de la democratización ambiental mediante los mecanismos de participación incorporados en la Constitución de 1991, de los que ya vienen haciendo uso las comunidades afectadas desde el 2004. El proceso de paz también genera condiciones y la oportunidad para controlar esta problemática con más energía, libertad y pluralidad llegando a hacer posible una transición post-extractivista. Para ello se requiere una presencia efectiva del Estado dejando atrás las herencias políticas y culturales del conflicto y la propia tónica de los gobiernos conservadores, que han hecho que varios sectores sociales acepten como natural un alto nivel de violencia y repetidos incumplimientos de los derechos humanos. Entiéndase en consecuencia, que el Estado debe dejar de militarizar las zonas marginales y en su lugar proteger los líderes locales, a quienes vienen asesinando, llegando hasta el momento a escandalizar las cifras alcanzadas. Por lo tanto, las iniciativas ciudadanas de promover consultas locales se deben impulsar porque contribuyen a democratizar el debate y la toma de decisiones.

Al final del texto, Nelson Raúl Fajardo Marulanda realiza un balance del proceso de paz en Colombia (2012 a 2017), anotando que el país vive una transición indefinida que se aleja de la apertura democrática deseada. Esto como producto de las decisiones ambiguas acostumbradas por los gobiernos, basadas en el dominio y poder del modelo acumulativo de capitales neoliberal, transnacional y supraestatal. Ello dificulta la pretensión de modernización del Estado de cara al pueblo, debido a los intereses particulares que se convierten en una talanquera que no será fácil de superar. Aunado a esto se aprecia un Estado dependiente del latifundio, la burguesía transnacional y transnacionalizada, cuyo propósito es la expansión violenta o legal de los capitales. Sin embargo, Fajardo expone aspectos positivos del incompleto proceso de paz, tales como la valorización del campesinado presente en la Reforma Rural Integral que cobija también al indígena y al afrodescendiente.

Sin más preámbulo, el libro pretende aportar en el camino que ha de tomar el post-acuerdo, escabroso por demás y lleno de imponderables y grandes retos. Sin embargo, el presente ofrece una oportunidad de construir una Colombia mejor. Los espacios de participación están abiertos y las condiciones históricamente son inigualables para dar un giro a la desigualdad e inequidad social estructural. El nuestro es un llamado a dejar la pasividad y asumir la beligerancia a la que estamos obligados por nuestra condición de ciudadanos. Construyamos un país realmente democrático incluyente en el que la acción comunicativa medie en los conflictos teniendo siempre presentes a los demás antes de actuar.

Marzo de 2018

CAPÍTULO

I

LA SOCIEDAD CIVIL

EN EL POST-CONFFLICTO

COLOMBIANO

Rafael Jiménez Vega

⁷

INTRODUCCIÓN

Estableciendo bloques históricos para estudiar la conformación del Estado colombiano, se determinaron para este análisis los períodos de la Colonia, la República del siglo XIX surgida después de la independencia y, por último, su evolución en el siglo XX. Precisando que, a finales del siglo XX, después de un proceso constitucional que trajo como consecuencia el fin de la hegemonía de los partidos tradicionales liberal y conservador, se inicia un cuarto bloque histórico favoreciendo la participación beligerante de la sociedad civil, creando así alternativas para dirimir los conflictos surgidos con la administración pública merced a los inconformismos que normalmente se presentan en una democracia.

Se observa en este recorrido que, en la conformación y evolución del Estado colombiano, la sociedad civil ha permanecido ausente de su estructuración, porque ha sido una clase dominante la que ha impuesto su voluntad, cerrando los espacios a la participación de los diferentes sectores sociales. De esta forma la superestructura político-ideológica ha sido liderada por una reducida fracción de la sociedad imponiendo su poder de dominio mediante la religión y, en muchos momentos, la violencia, todo ello orientado a mantener el statu quo.

Surgen de esta forma interrogantes como:

¿Cómo se conformó el orden social y político desde los inicios en Colombia?

¿Cómo fue que se creó la estructura y superestructura del Estado colombiano?

¿Cuál fue la religión que se impuso en el Estado colombiano y cómo se ejerció dominio en la población a través de ella?

¿Cómo se creó y se impuso una ideología que terminó sometiendo a la población?

¿Por qué se dice que se acudió a la violencia en muchas oportunidades para que la clase gobernante se perpetuara en el poder?

¿Cómo se trasladó y desarrolló ese modelo en el siglo XX y cuál ha sido su consecuencia?

¿Se podría probar que la sociedad civil no participó en la conformación y estructuración del Estado colombiano?

¿En qué momento se termina el tercer bloque histórico y por qué?

***

Se observa que los medios sociales de producción, incluyendo la tierra, fueron monopolizados por una élite que ha impedido modificar el statu quo. Llámase la atención acerca de que, si nos remontamos a épocas pretéritas, las élites ejercieron el poder mediante el uso directo de micropoderes militares regionales, pues muchos de los terratenientes se autonombraban generales y, eran a su vez, jefes de los partidos políticos. Este escenario condujo a la construcción de una sociedad con profundas asimetrías donde se volvió habitual acudir a la violencia y convivir en medio de la delincuencia, ante la incapacidad de un Estado que, de manera patológica, ha evolucionado con el karma de la corrupción a cuestas. Todo ello, impidiéndole cumplir con su labor prioritaria de brindar seguridad y mediar en los conflictos que se generan en la vida comunitaria.

Sin embargo, pese a lo anterior, el punto de quiebre que significó la Constitución Política de 1991, abrió las puertas a un cuarto bloque histórico. Ha hecho posible que la sociedad colombiana pueda dar testimonio de la desmovilización de un grupo guerrillero y contar con la posibilidad de construir en este inicio de siglo, un país en paz y armonía. De esta forma ha surgido la necesidad de replantear el proceso de gobierno y construir nuevos objetos y métodos de poder político.

Esta ha sido una formidable oportunidad para que la sociedad civil asuma como garante del contenido ético del Estado y para que la igualdad y la equidad sean posibles. Se ha abierto camino cierta beligerancia esencial que debe contar con la responsabilidad cívica de cada ciudadano, participando activamente en el proceso político y en la construcción moral de la sociedad. Esto quiere decir, que no solo se tienen derechos, sino que estos están acompañados de obligaciones que conducen a ofrecer los talentos propios en beneficio de la comunidad, así como a poner en práctica una acción de reconocimiento propia y de todos los conciudadanos para lograr la aceptación de la especificidad individual respetando las diferencias propias de lo colectivo.

A la manera de Popper (2017, p. 12), se debe construir una sociedad abierta que rechace la autoridad absoluta de lo establecido por la fuerza del hábito y la tradición, para adoptar unas instituciones compatibles con las normas de la libertad, del sentimiento de humanidad y de la crítica racional.

Ahora bien, para coadyuvar a la comprensión del contexto histórico actual de Colombia, sin la pretensión de agotar los análisis y debates frente al tema, se hace necesario sugerir algunas ideas a partir de lo que ha sucedido con la sociedad civil, tomando para el efecto teorías de Gramsci útiles para examinar la coyuntura y proponer algunas conclusiones válidas. Por este conducto se definirán