La multitud de actores armados estatales en Venezuela

Venezuela: De la Pax Malandra a la Paz Ciudadana Editoras Anais López Caldera Sabine Kurtenbach Revisión Editorial Neller Ochoa Coordinación Editorial Anais López Caldera Diseño de Portada Deisa Tremarias Diagramación e Ilustraciones Deisa Tremarias Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) Av. San Juan Bosco con 2da Transversal de Altamira, Caracas, Venezuela Correo electrónico: comunicaciones@ildis.org.ve https://venezuela.fes.de/ |Twitter: @IldisFesVe Teléfono: (+58) 212-2632044 German Institute for Global and Area Studies (GIGA) Neuer Jungfernstieg 21 20354 Hamburg, Germany Correo electrónico: info@giga-hamburg.de www.giga-hamburg.de/ Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva de las y los autores y no comprometen la línea institucional del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela PRIMERA EDICIÓN Caracas, Octubre 2023 ISBN: 978-980-6077-87-4 – Impresa 978-980-6077-88-1 – Digital Impreso en la República Bolivariana de Venezuela por Impresos Miniprés C.A. El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por el ILDIS-FES Venezuela está prohibido sin previa autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Venezuela: De la Pax Malandra a la Paz Ciudadana Editoras Anaís López Caldera Sabine Kurtenbach ÍNDICE I. Introducción El proyecto PAZeptiones y su marco teórico y metodológico...15 Sabine Kurtenbach II. La mirada nacional Conflictos, pilares de paz ....................................................... 37 Sabine Kurtenbach Percepciones de paz. Las concepciones de la paz a nivel nacional .............................. 57 Félix Seijas/Sabine Kurtenbach III. Temas transversales. Estudios de caso La Pax Malandra. Políticas públicas y la violencia en Los Valles de Tuy................................................................ 77 Carlos Azualde/ Manuel Llorens Una paz no escuchada. Las interacciones de los conflictos en la frontera Venezuela-Colombia ..................................... 109 Francisco Javier Sánchez Caso Sur del Orinoco: La paz no se encuentra en una mina .................................... 143 Francisco Javier Sánchez / Laura Botero Las nociones de paz en Catuche: la tradición organizativa cívica y el logro de acuerdos de paz con las bandas armadas....................................................... 173 Verónica Zubillaga/ Gabriela Caveda Las nociones de la paz en La Cota 905: vivir en medio de la imposición armada. La experiencia de la paz disfrazada ..................................... 211 Verónica Zubillaga y Gabriela Caveda IV. Actores La multitud de actores armados estatales en Venezuela ...................................................................... 253 Keymer Ávila Las instituciones venezolanas: el universo de los paralelismos ........................................... 289 Anais López Caldera/Sabine Kurtenbach La paz en clave de derechos y garantías .............................. 311 Hildebrand Breuer Una mirada al papel de la Iglesia Católica en Venezuela en la mediación, contención y resolución del conflicto socio-político venezolano............... .................................... 333 Eduardo Soto Parra S.J. El papel de las mujeres en la transformación de los conflictos ............................... 359 Anais López Caldera/ Katharina Wegner Juventudes venezolanas: más allá de la victimización ................................................ 383 Ernesto Rodríguez La internacionalización de los conflictos y la paz ............... 407 Víctor Mijares / Sabine Kurtenbach Conclusiones y recomendaciones Venezuela entre la pax malandra y la paz ciudadana .......... 429 Sabine Kurtenbach Dedicamos este libro a la memoria y legado del Sacerdote Jesuita Francisco José Virtuoso, un venezolano comprometido con la democracia y la lucha por la justicia y la paz. VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA 252 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA La multitud de actores armados estatales en Venezuela Keymer Ávila53 Introducción En años recientes la represión estatal en Venezuela ha formado parte del debate público, en especial cuando se ha dirigido contra manifestantes o la disidencia política, pero poco espacio ha ocupado la que es de carácter más masivo y general, la que va en contra de jóvenes de sectores populares a través de operativos policiales militarizados, bajo la excusa de la seguridad ciudadana. En este capítulo se presenta una visión panorámica sobre esta última, así como de la arquitectura estatal que la lleva a cabo.54 53 Investigador del Instituto de Ciencias Penales y Profesor de Criminología en pre y postgrado de la Universidad Central de Venezuela. Miembro de REACIN. Correo electrónico: keymerguaicaipuro@gmail.com 54 Estas líneas se nutren de una serie de trabajos sobre violencia institucional y uso de la fuerza letal en Venezuela realizados entre 2015 y 2021, que estarán presentes de manera libre en este texto. Se aplicó una metodología cualitativa de análisis de contexto, archivos de noticias e informes sobre la coyuntura venezolana vinculados con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. En lo normativo se analizó el bloque jurídico, así como distintos documentos de carácter oficial, relacionados con estas materias. En lo cuantitativo se analizaron las cifras oficiales disponibles de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre las informaciones oficiales analizadas destacan informes anuales de gestión, declaraciones públicas de autoridades y comunicados de sus representantes. Para hacer la caracterización y análisis sobre las muertes por intervención de la fuerza pública, ante la opacidad y precariedad que caracteriza a este tipo de información, se tomaron como fuentes las noticias que informaron sobre estos casos. Dentro de la línea de investigación de quién escribe se ha realizado un seguimiento diario de noticias vinculadas con este fenómeno durante los años 2016 hasta la presente fecha. Finalmente, a efectos de un análisis más comprensivo, estas informaciones y datos, fueron complementadas con conversaciones, entrevistas y consultas a funcionarios y ex funcionarios policiales, colegas que investigan la violencia en Venezuela y, fundamentalmente, con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 253 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Contexto Venezuela lleva años sumergida en una crisis multidimensional, que ha llegado a unos niveles que en 2018 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que los venezolanos padecen una “crisis humanitaria, política, económica y social que seriamente afecta sus derechos humanos”, de allí que algunos sectores la cataloguen como una “emergencia humanitaria compleja” (Cartaya, et al. 2020). Situación que se ha agudizado con la pandemia del COVID-19 (ídem; Ávila, 2021a). Ya numerosa investigación empírica ha explicado cómo en momentos de crisis, el sistema penal opera de una manera más violenta y autoritaria, incrementándose la violencia institucional de carácter letal. Estas circunstancias parecieran coincidir también con la disminución de la renta petrolera. En momentos de contracción se agravan los problemas económicos, sociales y políticos, aumentando la represión estatal (Hernández, 1986, 1989; Aniyar, 1989; Gabaldón, 1993; Ávila, 2018a, 2019), así como los mercados ilícitos en los que se involucran los propios agentes estatales (Mbembe, 2011; Teran, 2021; Vázquez y Rodríguez, 2021; López Maya, 2021; Ávila, 2022a). A partir del año 2020, con la merma de la oposición, el gobierno ha optado por una liberalización económica fragmentada, frágil, arbitraria, desregulada e informal, disminuyendo el gasto público y aumentado la desigualdad en el país. Paradójicamente, estas acciones han sido funcionales para su consolidación autocrática (Aveledo, 2021; Rosales 254 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA y Jiménez, 2021; Bull et al., 2021). Ya diversos analistas definen al actual régimen político como un autoritarismo hegemónico con rasgos totalitarios y sultanísticos (Magdaleno, 2020; López Maya, 2021), con un predominio militar muy importante en el que, bajo la lógica bélica y el estado de sitio permanente, la rendición de cuentas y el control del ejercicio del poder son precarios (Ávila, 2022b). Se dice que se trata de un Estado autoritario ordenado, homogéneo, verticalizado, centralizado, monolítico, que tiene todo bajo control, exento de fisuras, fragmentaciones, facciones o contradicciones. En realidad, es más de un Estado en ocasiones caótico, precario institucionalmente, que promueve la creación de pequeños feudos, que operan con ciertos niveles de autonomía, que pueden incluso competir y enfrentarse entre sí, pero a su vez, tienen también ciertos niveles de articulación y cohesión. Las fuerzas de seguridad (civiles y militares) son parte constitutiva de esta lógica, su condición es mantener bajo control (lícita o ilícitamente) a cualquier elemento que pueda disputarle al gobierno el poder sobre el Estado, su estabilidad, así como sobre las rentas, lícitas e ilícitas, que éste genera. Se trata de una relación de interdependencia que no gira en torno a intereses públicos, sino particulares y corporativos. Justamente por esas características, desde el Estado se puede ejercer una mayor violencia, porque se tienen menos límites y controles (Ávila, 2022a, 2018a, 2017). 255 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Actores institucionales Durante los últimos años mucho se ha debatido sobre la represión en Venezuela, pero poco se ha trabajado sobre sus particularidades, usos diferenciados según sus destinatarios (Andréani y Ávila, 2021) y los actores estatales involucrados (Ávila, 2022a; 2021b). En esta sección se presenta la arquitectura institucional de los cuerpos de seguridad del Estado, desde el punto de vista legal-formal, que están configurados de la siguiente manera: 1. Policías preventivas o uniformadas de carácter civil, en sus tres niveles político-territoriales (municipios, estados y todo el territorio nacional): a) Más de 123 policías municipales cuya primera au- toridad es el Alcalde. Venezuela tiene 335 municipios, no todos cuentan con policías, en estos casos sus labores son ejercidas por cuerpos regionales o nacionales. b) 23 policías estadales cuya primera autoridad es el Gobernador. c) La Policía Nacional Bolivariana (PNB), que depende del gobierno nacional, creada en el año 2009, cuerpo al que está adscrita la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que ha sido señalada por cometer miles de ejecuciones extrajudiciales en los barrios pobres del país desde su creación a mediados de 2017 (Ávila, 2022a). Estos cuerpos, para el año 2019 sumaban más de 200 mil funcionarios (Reverol, 2019), esto se traduce en una 256 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA tasa de encuadramiento policial de 621 policías por cada cien mil habitantes (pccmh), unos 271 puntos por encima de los estándares internacionales. En los últimos 15 años, el pie de fuerza policial ha aumentado un 75 % en el país, este es un claro indicador del avance del Estado de Policía en Venezuela (Ávila, 2022c). 2. Cuerpos nacionales especializados: a) Policía de investigación: Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). b) Policía política: El Ser vicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 3. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Los militares históricamente han tenido un papel protagónico en Venezuela, este rol tuvo un paréntesis entre 1958 y 1998, en el que los militares regresaron a sus cuarteles y los civiles dominaron la conducción política del país. Luego de la crisis de ese régimen político, que duró cuarenta años, con la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, el protagonismo de los militares en la política nacional retornó, profundizándose e incrementándose a partir del breve golpe de estado del 11 de abril de 2002. Después de este momento, la lógica bélica impregnó progresivamente todas las áreas de la política nacional, dentro de ellas la seguridad ciudadana y las prácticas policiales. La FANB está conformada tradicional y constitucionalmente por cuatro componentes: 257 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA a) El Ejército. b) La Armada. c) La Aviación. d) La Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este compo- nente militar es el que desde 1937 ejerce de facto labores de policía nacional en el país. e) Las Milicias: Antes del año 2008 no eran más que reservistas voluntarios que podían complementar o apoyar a la FANB en casos extremos o de emergencia. Luego de esa fecha se les da mayor espacio institucional. Se le asignan labores de Defensa Integral de la Nación, que pueden ser cualquier cosa, ya que es un concepto “cajón de sastre”, amplio y flexible. Sus criterios de reclutamiento y selección son bajos, cualquiera puede apuntarse, es común ver a personas de la tercera edad uniformadas como milicianos por la calle o haciendo labores menores en instalaciones públicas. Todo apunta que se trata, en parte, de un recurso propagandístico para abultar la cifra del pie de fuerza militar. En diciembre de 2019 Maduro esgrimió que la cifra de milicianos ascendía a 3 millones 300 mil (ver: https://www.youtube.com/ watch?v=l7FvYb4mUAw). Una de las dimensiones más preocupantes, aparte de la desprofesionalización de la FANB, es la idea de la unión cívico militar, que termina siendo más militar que cívica y las labores de inteligencia que le pudieran dar a la milicias en distintos espacios partidistas de carácter comunitario. Estos dispositivos se activaron de una manera muy eficaz en enero de 2019 contra manifestantes de los barrios pobres, dejando un saldo de más de 800 detenidos. (Ávila, 2020b). 258 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA En su conjunto, la FANB cuenta aproximadamente con –al menos- unos 200 mil militares de carrera (Diamanti & Tedesco, 2020), sin contar a la milicia. Dentro de la FANB se encuentra también la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos de sus detenidos, uno de los casos más emblemáticos es el asesinato mediante tortura del Capitán Acosta Arévalo, que se encontraba bajo su custodia en junio de 2019 Tabla 1. Elaboración propia. Fuente para la información oficial: Reverol (2017) y Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (2019); para el registro propio: casos sistematizados de los medios de comunicación. 259 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Tabla 2. Elaboración propia. Fuente de la información: casos sistematizados de los medios de comunicación55. Todos los cuerpos de seguridad del país se encuentran involucrados en esta masacre por goteo56, en sus tres niveles político-territoriales. Sin embargo, hay que destacar que son los cuerpos nacionales los que tienen el mayor protagonismo, acumulando en su conjunto más del 70% de los casos. Desde que se conocen registros, el CICPC es uno de los cuerpos más letales del país, y al menos desde las últimas cuatro décadas, ocupa los primeros lugares en esta categoría con más de un tercio de los casos a nivel nacional. No obstante, durante los años 2019 y 2020 la PNB, a pesar de su breve historia, logró disputarle este lugar al CICPC. Esto se vincula con el protagonismo que viene tomando su división 55 En este cuadro los casos de actuaciones conjuntas se contaron como casos individuales para cada cuerpo policial involucrado, lo que afecta la suma global de todos los cuerpos de seguridad, para conocer los totales anuales globales consultar la Tabla 1. 56 Zaffaroni (2011) pp.: 431-432. 260 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA FAES a partir de la merma de la campaña de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). La FANB es la tercera institución más letal del país, responsable al menos del 17% de los casos a nivel nacional. A pesar de que, según el bloque constitucional y legal venezolano, la seguridad ciudadana es de carácter civil, no militar, se puede observar un protagonismo de la institución castrense en estas labores; así como en los saldos letales de sus intervenciones, que se suman a los indicadores negativos de la militarización de la seguridad ciudadana en el país. El cuarto y quinto lugar quedaría para el conjunto de las policías estadales y municipales, respectivamente, cuya letalidad se incrementa cuando participa en acciones conjuntas con cuerpos de otras jurisdicciones. Actores híbridos: colectivos y otros grupos civiles armados Los colectivos como fenómeno han sido poco estudiado (Velasco, 2022). Colectivo puede ser cualquier cosa que se le ocurra al opinólogo o al periodista de turno. En una acepción, “colectivo” puede ser entendido como espacios de organizaciones sociales con actividades y objetivos muy diversos, pueden ser culturales, artísticos o políticos. Hay, por otro lado, grupos minoritarios, cada vez más reducidos, muy heterogéneos, que se originaron en algunos barrios caraqueños a finales de los años ochenta, que le hacían frente a grupos delictivos, eran experiencias focalizadas de vigilantismo barrial. Algunos de ellos se politizaron, se 261 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA juntaron con viejos que venían de la lucha armada, y terminaron siendo simpatizantes del gobierno. Lo que trajo consigo para algunas de estas agrupaciones relaciones de cercanía con entes gubernamentales con los que se crearon vínculos clientelares. Estos grupos desde el punto de vista simbólico tuvieron mucha visibilidad, especialmente en la coyuntura del golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra el Presidente Chávez; luego han tenido protagonismo en coyunturas de crisis y protestas urbanas en contra del gobierno, como en los años 2007, 2014 y 2017 (Velasco, 2022; International Crisis Group, 2020). Finalmente, está el grueso, que sí son el poder real, que son funcionarios policiales y militares que actúan de civil y hacen el trabajo sucio, éstos son los más, los que suelen salir en videos de represión contra manifestantes. Por otra parte, también hay funcionarios de las fuerzas de seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o “colectivos de escoltas” que nadie sabe cómo están regulados. En síntesis, “colectivo”, en el contexto actual, en el que se le quiere dar el significado de “civiles armados” puede ser cualquier cosa: funcionarios de civil, hampa común, grupos parapoliciales o paramilitares, o una mezcla de todo lo anterior, donde también puede haber mercenarios que trabajen para el mejor postor. La relación del Estado con los colectivos es más inestable, contradictoria y en ocasiones conflictiva, aunque siempre exista entre ellos una dependencia mutua (Velasco, 2022; Zubillaga et al. 2022). 262 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA En el debate público parece haber un sobredimensionamiento del rol político y militar de los grupos armados no estatales en el país, que termina siendo funcional tanto para los sectores más extremos de la oposición como los del gobierno. Para los primeros justifica su inacción política, porque esta idea refuerza la postura, según la cual, se encuentran ante un bloque criminal y no ante adversarios políticos que tienen el dominio gubernamental, ante los cuales solo opera una acción militar extranjera. Para los segundos, es funcional porque con esta idea intimidan y disuaden cualquier iniciativa de protesta o disidencia callejera, además infunden terror a quienes aspiren a gobernar en un escenario post chavista. Finalmente, este discurso también justificaría eventuales usos de la fuerza excesivos y arbitrarios por parte del gobierno, que se presentaría a conveniencia como víctima ante estos grupos, argumentando que solo se estaría defendiendo, instaurando el orden y la ley en contra de estas bandas o grupos delictivos. Fragmentación y conflictividad Los acuerdos frágiles e inestables no se dan solo entre actores armados no estatales, ni entre éstos y las fuerzas de seguridad del Estado, dentro de la pluralidad de las fuerzas de seguridad también existen fragmentación y conflictividad. Esta fragmentación no solo es consecuencia de un largo devenir de precariedad institucional que lleva décadas en el país (Ávila, 2018a, 2019); es también parte funcional del actual régimen político que, paradójicamente, contribuye 263 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA al mantenimiento de su poder y forma parte de su nueva gubernamentalidad (Zubillaga et al., 2022). Ávila y Morales (2021), la cual se puede explicar así: entre más compleja, grande y dispersa sea la red de instituciones de seguridad del Estado, “más difícil será un golpe, pues se autocontrolan unas a otras, creando un sistema complejo de contrainteligencia, donde los costos de la defección son altos. Además, esta red compleja de instituciones dispersa el costo de la represión a los manifestantes, es decir, una sola institución no carga con el peso moral y ético de la represión” (p. 90). El control e influencia actual que tiene la FANB sobre las distintas áreas de la vida pública, social, política y –en especial- económica del país, ha llegado a unos niveles que no se habían observado desde antes de 1958 (Irwin 2003; Fonseca et al., 2016; Ávila, 2022b), razón por la cual no estarían interesadas en un cambio de régimen. No se trata ya de razones ideológicas ni de modelos políticos de país, se trata del mantenimiento de los enormes beneficios de sus rentas. Sin embargo, en caso de fallas de estos dispositivos corruptores, que ha empleado el gobierno para mantener la estabilidad en las filas militares, éste cuenta también con una diversidad de cuerpos armados civiles que pudieran ofrecer una respuesta importante en su defensa. La existencia de la DGCIM es un claro ejemplo, sus funcionarios no se consideran militares, sino policías civiles de los militares, y en efecto son los encargados de procesar y custodiar a los militares disidentes, de allí las acusaciones graves que se les 264 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA han hecho por violaciones a los derechos humanos contra sus detenidos. A partir de este último ejemplo se puede visualizar también una repartición sectorizada de la represión, para la disidencia política civil se tiene al SEBIN, para la disidencia política militar a la DGCIM, para quienes protestan en la calle a la GNB y la brigada de Orden Público de la PNB. La violación de los derechos en estos casos, usualmente, se concentra en la libertad ambulatoria y la integridad personal, a través de detenciones arbitrarias e ilegales, malos tratos y torturas de distintos tipos y niveles; que dependerán de la cualidad de la víctima, sus relaciones y poder de reclamo. Los casos de los disidentes provenientes del propio chavismo y los militares suelen ser los más maltratados y vulnerables. Sin embargo, estos casos no llegan a ser tan sostenidos en el tiempo, masivos y letales como los que padecen los miles de jóvenes racializados de sectores populares que mueren anualmente a manos de las policías uniformadas, bajo la excusa de la seguridad ciudadana, que son el objetivo principal de este análisis. A través de la represión mortal masiva y sostenida en contra de los sectores más carenciados de la sociedad, los que tienen menos capacidad de reclamo social y generan menores costos políticos y mediáticos para el gobierno, se ha instaurado un claro régimen de terror y apaciguamiento, cuyo mensaje ha sido claramente dirigido a toda la población (Andréani y Ávila, 2021; Ávila, 2022a, 2020a, 2018a, 2017). Pero más allá de la protección del régimen político, las fuerzas de seguridad también pueden verse enfrentadas mortalmente entre sí57. En investigaciones sobre la victi57 No son pocos los videos en los que pueden observarse en- 265 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA mización por homicidio de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), realizada examinando expedientes de estos casos en sede policial, sorprendió verificar que un 31% de los funcionarios víctimas de homicidio, fueron asesinados por otros funcionarios, es decir, por sus propios colegas de armas. Tabla 3. Número absoluto de civiles asesinados por agentes de seguridad pública en servicio. Información oficial Elaboración propia. Fuentes: Reverol (2017) y OACNUDH (2019). Algunos indicadores de la guerra contra los pobres Las lógicas, contextos, actores y políticas descritas han generado un sistema de violencia letal (Huggins, 2010) ejercido por las fuerzas de seguridad del Estado, que operan bélicamente en contra de hombres (98,6%), jóvenes (de una edad promedio de 26 años), morenos (75%), pertenecientes a los sectores populares y barrios periféricos del país. La mayoría de estos casos ocurre en el contexto de operativos policiales, justificados oficial y discursivamente por la frentamientos entre las distintas fuerzas de seguridad, acá algunos de los más emblemáticos: https://twitter.com/RCamachoVzla/status/1230257092377927680 ; https://twitter.com/RCamachoVzla/ status/1221798316742193152 ; https://twitter.com/Heberlizeth/status/1062093191992786946 ; https://www.youtube.com/watch?v=jPuChc7cHGg 266 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA “seguridad ciudadana”, algunos de ellos son anunciados de manera propagandística por el gobierno, durante coyunturas electorales o crisis políticas más amplias (Ávila, 2012; 2017; 2022a). Si bien las protestas en Venezuela son duramente reprimidas, con saldos letales considerables e incrementales58, este tipo de casos, sin dudas gravísimos, son minoritarios en contraste con las cinco mil muertes anuales de jóvenes pobres y racializados de los barrios del país a manos de las policías, bajo la excusa de la “lucha contra el delito”. Se trata de unas 15 muertes diarias, al menos un tercio de los homicidios ocurridos en Venezuela son consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado (Ávila, 2020a). Estos datos están basados en información oficial (Tabla 3). En los años de seguimiento de este fenómeno se observa que estos jóvenes pueden ser asesinados por múltiples motivos: no en pocas ocasiones se trata de confusiones o errores de identificación; conflictos interpersonales; porque son un indicador de resultados “positivos” que los funcionarios muestran a sus superiores en determinadas coyunturas; tenían antecedentes penales o registro policial; estaban solicitados por la justicia o eran acompañantes de una persona solicitada; estaban siendo asaltados por un funcionario; se 58 En las manifestaciones de 2014 el saldo fue de 43 fallecidos, cuatro de ellos (9,3%) a manos de los cuerpos de seguridad, 10 eran funcionarios de estos organismos (Ministerio Público, 2014); en las manifestaciones de 2017, en contraste, murieron al menos unas 124 personas, un 26% por intervención de la fuerza pública, llegó a estimarse el promedio de un fallecido por cada día de manifestaciones (Ávila y Gan, 2018); sin contar que al menos 11 presos políticos. 267 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA encontraban en la comisión de un delito (flagrancia) o porque efectivamente se trató de un enfrentamiento armado. Este último supuesto es muy excepcional. Gráfico 1. Elaboración, sistematización, procesamiento, cálculos y actualización propia con datos del MIJ (2010-2018) y del Ministerio Público (MP) (19762016) complementado con las bases de datos de Ávila, 2017, 2018a y 2020a. Publicada originalmente en Ávila, 2019:42. Los datos y la literatura disponible indican que la mayoría de los casos de muertes en manos de los cuerpos de seguridad son ajusticiamientos, ejecuciones extrajudiciales o sumarias, y no “enfrentamientos”, como oficial y mediáticamente suelen llamárseles. Según cifras de Provea (2017-2018) este tipo de ejecuciones representan aproximadamente un 89% de los casos de violación al derecho a la vida en Venezuela. Esto coincide con los hallazgos de investigaciones que hemos realizado sobre victimización de funcionarios policiales en casos de homicidios, en los que el 70% de las víctimas no estaba en ejercicio de sus funciones, y apenas entre el 6% y el 12% realmente estuvo 268 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA en un enfrentamiento armado con grupos delictivos equivalentes, lo que evidencia que los supuestos enfrentamientos son casos excepcionales (Ávila, 2022a; 2021b; 2020a; 2019; 2018a; 2017; 2016). De igual manera, los indicadores de abuso de la fuerza letal son muy altos: por cada funcionario fallecido en este tipo de intervención mueren 109 civiles59; por cada funcionario herido mueren 25 civiles; por cada civil herido por intervención de la fuerza pública fallecen otros 3460. Cuando se contrastan estas cifras con correlaciones similares de otros periodos se puede apreciar el incremento considerable de la letalidad policial durante los últimos años. Además de situar a Venezuela entre los países con los índices más elevados de la región (Silva et al., 2019; Ávila, 2021b; 2022c; Cano et al., 2022). Si bien los excesos policiales no son una novedad en el país y su letalidad contra los sectores populares son un acumulado histórico, político e institucional, que lleva al menos unas cinco décadas, es a partir del año 2013, y especialmente en 2015, donde se evidencia claramente un incremento constante de las muertes en manos de las fuerzas 59 Para tener idea de las dimensiones de estas cifras tómese como referente que Chevigny (1991) plantea que la muerte de más de diez o quince civiles por cada funcionario de seguridad “sugiere que se pudiera haber utilizado la fuerza letal para fines distintos de la protección de la vida en situaciones de emergencia”, lo cual sirve como indicador de un uso excesivo de la fuerza letal. En Venezuela este límite se sobrepasa entre once y seis veces. 60 Estas cifras son preocupantes porque aun en contextos bélicos se espera que el número de muertos no sobrepase por mucho al número de heridos o que el número de estos últimos sea mayor. Este índice debería ser siempre inferior a uno (Silva et al., 2019). 269 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA de seguridad del Estado, que ha alcanzado los niveles más altos que se han podido registrar. El caso del año 2015 es emblemático, no sólo porque fue un año electoral en el que la oposición luego de 17 años recupera el control del poder legislativo, lo es también porque las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado aumentaron entre un 69% (MP) y un 88% (MIJ) respecto al año anterior. Ese año, en el marco de la campaña electoral oficialista, fueron lanzadas las OLP, que marcaron un incremento acelerado de este tipo de muertes. Si bien no se les puede adjudicar a las OLP la totalidad de estos casos, sí se puede afirmar que la política de respaldar este tipo de operativos, sin controles legales ni institucionales, impacta directamente en su acrecentamiento (Ávila, 2017, vea también el artículo sobre la Cuota 905). Durante 2017 hubo una leve y coyuntural disminución (Tabla 1), para comprenderla es importante considerar el período de protestas ocurridas entre abril y agosto de ese año, que hizo que la violencia policial cotidiana se trasladara de los barrios al control de las manifestaciones en los lugares más céntricos de las ciudades, esto trajo como consecuencia que la violencia letal institucional se expresara de otras formas más moderadas (allanamientos y detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, etc.), ya que los destinatarios tenían mayor poder de reclamo social (Ávila y Gan, 2018; Ávila, 2018a). Es precisamente en este año 2017, en un contexto de crisis institucional, de alta conflictividad política y social que se crean las FAES de la PNB, grupo de 270 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA exterminio promovido y reivindicado por el gobierno, que ha llevado a este cuerpo policial a ocupar los primeros lugares de letalidad entre las fuerzas de seguridad en el país (Ávila, 2022a). Gráfico 2. Muertes por intervención de fuerza pública y muerte de funcionarios (2016-2021). Elaboración propia. Fuente de la información: casos sistematizados de los medios de comunicación Entre los años 2018 y 2019 las muertes institucionales retomaron la tendencia general del incremento de casos (Ávila, 2022c; 2021b), y a partir del año 2020, año en el que se decreta la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en el país, se observa una disminución de estos casos a nivel nacional que se mantiene durante el año siguiente, que coincide con la información oficial sobre la disminución de los homicidios generales en el país durante este período, y que puede observarse en el gráfico siguiente: 271 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Gráfico 3. Muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado 2020. Fuente: Ávila, 2021a:88 El análisis del año 2020 es importante para la comprensión crítica de esta disminución coyuntural de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país. En marzo de 2020 se decretó en el país la cuarentena por la pandemia de COVID-19 que paralizó la vida nacional, coincidiendo esos primeros meses con una carestía de gasolina en el país, lo que afectó gravemente la movilidad. La cuarentena, aunada a la progresiva extinción de la vida social y nocturna, sin dudas, tiene un impacto en las interacciones sociales, así como en la disminución de las oportunidades delictivas callejeras. Además, el país estuvo prácticamente militarizado, las 272 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA calles estaban tomadas por las policías y los militares, éstos eran los que casi exclusivamente circulaban por el territorio nacional. A esta situación se suma también la reducción de la población (al menos en un 13% -ACNUR, 2019-) debido al éxodo que ha sufrido el país durante los últimos años, que debe ser considerado tanto en este tipo de análisis, como en la reflexión sobre la disminución coyuntural de los homicidios comunes en el país durante este período (Ávila, 2018b). En el Gráfico 3 se puede observar claramente cómo las muertes por intervención de la fuerza pública se disparan a partir de la declaratoria de estado de alarma por COVID-19 del 13 de marzo de 2020 y se mantienen muy altas hasta el mes de junio. A partir de ese mes ocurren una serie de eventos político-institucionales que impactaron positivamente en la disminución de estos casos que merecen una mención especial. Más allá de la merma de la vida social y económica del país, la reducción de su población por la migración y la cuarentena por el COVID-19, hay otros factores coyunturales que favorecieron la disminución de las muertes por intervención de la fuerza pública durante el segundo semestre del año 2020. Se trataba de un año electoral en el que se definiría el futuro de la Asamblea Nacional (AN), único poder del Estado que se mantenía autónomo del Ejecutivo Nacional. En otros espacios (Ávila, 2012; 2017) se ha analizado cómo en años electorales, el tema securitario y el manejo de los cuerpos policiales son muy sensibles a estas coyunturas. El gobierno a nivel internacional 273 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA necesitaba dar algunas muestras que generaran confianza, y a su vez quería bajar las tensiones durante ese lapso dentro del país. A esto se suma que a mediados de junio la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicara su segundo informe sobre la situación de derechos humanos (DDHH) en Venezuela, y en septiembre también lo hace la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela (MIDHNUV). Semanas después la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) expresó “que existía un fundamento razonable para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de competencia de la Corte” (CPI, 2020). Esta conjugación de factores internos (necesidad de crear un ambiente de distensión para las elecciones de la AN, cuarentena nacional, reducción de los espacios y de la movilidad social, cuestionamientos públicos del Fiscal General de la República –FGR- contra las FAES) y externos (Consejo de DDHH, condena por parte de gobiernos aliados, CPI) durante el segundo semestre del año, pueden explicar esta reducción circunstancial de muertes institucionales. A su vez, éstos pueden servir también de indicador sobre cómo las autoridades políticas pueden ordenar y controlar en determinadas coyunturas al aparato policial y afectar directamente las muertes que éste genera61 (Ávila, 2022a:86-87). 61 Un ejemplo claro puede verse en el incremento que tuvieron las muertes por intervención de las FAES durante el mes de agosto, de un 56% respecto al mes anterior, un par de semanas después de que el Presidente Maduro le diera públicamente su apoyo. Ese año las muertes generadas por esta división llegaron a su punto máximo (Ávila, 2022a:72) 274 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Esto corrobora que el uso de la fuerza letal por parte de las policías no es una mera respuesta a la violencia delictiva. Como se comentó en la parte inicial de contexto, el gobierno a partir del año 2020, con la práctica desaparición en el escenario nacional de la oposición política, ha llevado a cabo una liberalización económica fragmentada e informal, disminuyendo el gasto público y aumentando las desigualdades sociales. Estas reformas económicas vienen acompañadas en lo político de una consolidación autocrática del gobierno sin precedentes (Rosales y Jiménez, 2021; Bull et al., 2021), imponiendo de esta manera una pacificación negativa en el país, que Aveledo denomina acertadamente como “Pax Bodegónica” (Aveledo 2021)62. Aún con esta disminución de casos no se ha llegado a las cifras anteriores a 2014, que ya eran muy altas y se encontraban muy por encima de los países de la región63. 62 Bodegón es el término que se usa en Venezuela para describir las tiendas de bienes importados (Bull et al., 2021). 63 Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan entre el 9% y el 11% de sus homicidios. Entre 2017 y 2018, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil 9.920 muertes y Venezuela 10.285 (Silva et al. 2019; Cano et al., 2022). Otro contraste que puede resultar de interés es con EEUU, donde se estima que entre 8% y 10% de los homicidios ocurridos son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad (Ball, 2016). En el año 2014 Venezuela rondaba esos porcentajes, actualmente ese porcentaje es tres veces mayor (Ávila, 2022c:335). Es decir, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, algo que no se observa en ninguno de los países de la región. Si se analizan las tasas oficiales pccmh de muertes por intervención de la fuerza pública y se compara con la de los países vecinos, las diferencias son también muy grandes, Venezuela triplica al país que más se le acerca que es Jamaica. Una tasa oficial de 16,6 muertes por intervención de la fuerza pública, es una cifra superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo (Silva et al. 2019; Cano et al., 2022). 275 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Comentarios finales Se está en presencia de una nueva etapa de consolidación autocrática del gobierno venezolano, en el que ha logrado imponer una pacificación negativa, que no implica mejoras en la calidad de vida de la población ni mayor democratización, por el contrario, niega el conflicto y la disconformidad, a la vez que profundiza las desigualdades. Para el sostenimiento de esta etapa, las fuerzas de seguridad del Estado son tan necesarias como lo fueron para su instauración. Este régimen político es autoritario, patrimonialista, caótico e híbrido, y sus fuerzas de seguridad tienen la misma naturaleza, están entre lo oficial y lo no oficial, lo estatal y lo privado, lo público y lo clandestino, lo legal y lo ilegal, en nombre de las normas violan las normas. Los actores armados estatales en Venezuela, lejos de garantizar la protección de la vida y los bienes de las personas, se convierten en un peligro para ellos; no vigilan el mantenimiento de las normas legales, las infringen sistemáticamente. Sus prácticas no están dirigidas a prestar un servicio público sino a conseguir beneficios personales, obedecen en ocasiones a sus propios intereses o a los de sectores de la coalición gobernante. Es por ello que la violencia policial de carácter letal en Venezuela no es, o al menos no es únicamente, una mera respuesta al fenómeno delictivo. La violencia institucional tiene múltiples funcionalidades que van más allá de políticas simbólicas de control del delito, especialmente en momentos de crisis económicas, políticas y de legitimidad. 276 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Para los cuadros superiores, la violencia institucional ilimitada, en especial la de carácter letal, ofrece una mayor disposición de recursos públicos e influencia. Para los estratos medios y bajos -gracias al poder que genera disponer discrecionalmente de la vida y muerte de las personas- abre amplias posibilidades para el control de mercados ilícitos. A su vez, también hay funcionalidades políticas de terrorismo de Estado, que buscan atemorizar a la población y disuadir cualquier acto de resistencia o disidencia. Esa ha sido la práctica institucional durante los últimos años en la tierra de la revolución bolivariana, tomaron la precariedad institucional que les precedía y la llevaron a otros niveles en su propio beneficio. Hasta ahora ha resultado sumamente eficaz para la coalición gobernante y sus actores armados, con los que tienen una relación de mutua dependencia. “La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña, es el caos para una mosca.” Morticia Addams. The Addams Family, 1991. 277 VENEZUELA: DE LA PAX MALANDRA A LA PAZ CIUDADANA Referencias ACNUR (2019) La UE, OIM y ACNUR expresan su solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Disponible en: https://bit.ly/3aHSSR4 Andréani, F. & Ávila, K. (2021) “Differentiated Use of Institutional Violence in Venezuela”. Andréani, F. & Bracho, Y. (Coord.) When the Exception Becomes the Norm: Crisis as an Ordinary Experience in Venezuela. France: Noria Research. Disponible en: https://bit.ly/3q4VmUH Aniyar, L. (1989) “Los muertos de la democracia: Proyecto autoritario de la democracia y sus efectos generadores de represividad en las representaciones sociales”, Capítulo Criminológico, N° 17. Aveledo, G. 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