B. ALMASA MAZA
INTELIGENCIA TERRITORIAL PARA UNA REDIFINICIÓN EFICIENTE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS /
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INTELIGENCIA TERRITORIAL PARA UNA REDEFINICIÓN
EFICIENTE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Basilia Almasa Maza
RESUMEN:
Este trabajo parte del supuesto de que, pese a la crisis, el proyecto europeo continuará inspirándose en los valores de competitividad económica, justicia social
y cohesión territorial. Sin embargo, como se argumentará en el primer apartado, la continuidad de las políticas públicas en este contexto de crisis, especialmente la de cohesión territorial, estará supeditada, hoy más que nunca, a la
clara demostración de su eficacia y eficiencia. La segunda sección abordará
un análisis de las herramientas y procesos que en opinión de la autora sería
necesario reforzar para lograr esa eficiencia. Por último, el tercer apartado
plantea las potencialidades de los métodos y herramientas de la inteligencia
territorial para reforzar esos procesos y lograr por tanto una implementación
eficiente y eficaz de las políticas públicas que garanticen su continuidad.
*
Directora de Área de Innovación de la Fundación Pública Andaluza. Andalucía Emprende.
mbalmansa@andaluciaemprende.es
l
La autora escribe este artículo a título personal, sus planteamientos y opiniones, derivadas de una
experiencia de más de quince años en el campo de la políticas públicas en diferentes puestos de
responsabilidad. No representan en modo alguno los de la Fundación para la cual trabaja.
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PALABRAS CLAVE:
políticas de cohesión, gobernanza territorial, observación territorial, evaluación, eficiencia.
ABSTRACT:
This work is based on the assumption that, despite the crisis, the European project
will continue inspired by the values of economic competitiveness, social justice
and territorial cohesion. However, as it is argued in the first section, the continuity of the public policies in this context of crisis, especially those of territorial
cohesion, will be conditioned to the clear demonstration of its effectiveness and
efficiency. The second section will address an analysis of the tools and processes
that would be necessary to achieve this efficiency. Finally, the third section discusses the potential of the methods and tools of the intelligence territorial to reinforce
these processes and to get an implementation of both efficient and effective public
policies that ensure its continuity.
KEY WORDS:
Cohesion Policy, territorial governance, territorial observation, evaluation, efficiency.
1. INTRODUCCIÓN
¿Estamos asistiendo a un cambio radical, o incluso a una ruptura, en el proceso
de creación de políticas públicas como consecuencia de la crisis y de las medidas
que la Unión Europea está tomando para proteger la eurozona? ¿Qué papel le está
reservado a la política de cohesión europea, pieza clave de la evolución de las
regiones menos desarrolladas? ¿Qué transformaciones es necesario acometer en el
enfoque y en su implementación para logar su continuidad aún en un periodo, en
principio indefinido, de fuertes restricciones presupuestarias como el que se avecina?
Este trabajo parte del supuesto de que, aunque es pronto para saberlo, y hay
algunos indicios preocupantes, el proyecto europeo continuará inspirándose en los
valores de competitividad económica, justicia social y cohesión territorial. Sin embargo, como se argumentará en el primer apartado, la continuidad de las políticas
públicas en este contexto de crisis, especialmente las de cohesión territorial, estará
supeditada, hoy más que nunca, a la clara demostración de su eficacia y eficiencia.
La segunda sección abordará un análisis de las herramientas y procesos que en
opinión de la autora sería necesario reforzar para lograr esa eficiencia. Por último,
el tercer apartado plantea las potencialidades de los métodos y herramientas de la
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inteligencia territorial para reforzar esos procesos y logara por tanto una implementación eficiente y eficaz de las políticas públicas que garanticen su continuidad.
2. ¿CÓMO CONTINUAR EL CAMINO? HACIA UNOS NUEVOS PRINCIPIOS DE
LA POLÍTICA DE COHESIÓN EN EUROPA.
Observando las transformaciones de países como España, Portugal o Irlanda,
podemos estar seguros de que veinte años de Política de Cohesión en Europa han
tenido un gran impacto. Sin embargo, a estas alturas aún no somos capaces de medir esos resultados de una forma exhaustiva, sistemática y comparable en todos los
territorios de la UE.
Y esto es así porque, lamentablemente, hemos cometido fallos importantes en
el proceso de aprendizaje que debía ir aparejado a la experiencia de planificación
y ejecución de las políticas públicas, para asegurar una mejora permanente de la
eficiencia. No hemos conseguido dotarnos de sistemas de datos pertinentes y aplicables a la acción territorial, ni hemos interiorizado con rigor los mecanismos de
definición de estrategias y modelos de intervención exitosos y su correspondiente
transferencia entre agentes. Aunque la Política de Cohesión ha contribuido de forma
decisiva a que las administraciones se familiaricen con el concepto de evaluación,
no lo hemos incorporado de manera efectiva a los procesos de planificación y gestión, para apoyar la toma de decisiones y verificar la eficiencia de nuestras intervenciones. Afrontamos, por tanto, estos tiempos difíciles con la experiencia y sobre la
base de los resultados alcanzados en los 20 años de política de cohesión en Europa.
Pero, también, con lagunas técnicas y administrativas que limitan nuestra eficiencia
y que deben ser cubiertas para contribuir a la continuidad de las políticas públicas
en tiempo de crisis.
Sobre el presente y futuro de estas políticas se plantean grandes preguntas sin
respuestas definitivas, especialmente las relacionadas con la concreción del nuevo
modelo social europeo y el papel que deben jugar las instancias públicas y privadas
en distintos niveles de descentralización, así como las relacionadas con las prioridades en las que deben concentrarse las políticas y las correspondientes asignaciones
presupuestarias.
Probablemente, uno de los productos más significativos de este debate general es el Informe Barca sobre la Política de Cohesión Europea, auspiciado por la
propia Comisión Europea y publicado hace poco más de un año (Barca, 2009). Este
documento ofrece un análisis riguroso sobre lo que ha sido hasta ahora la Política
de Cohesión, con el valor añadido de discusiones punto por punto sobre lo que la
hace ejemplar, sobre lo que debe conservarse, sobre los temas en los que hay que
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profundizar y sobre las desviaciones e interpretaciones erróneas que se han producido en los últimos años y que deben ser eliminadas o re-conceptualizadas.
En este sentido, el Informe Barca es el punto de referencia obligado y clave
en un debate más amplio sobre el modelo político asociado al modelo de desarrollo socioeconómico, en el proceso de redefinición en una Europa afectada por la
crisis. La lectura de este informe puede resultar muy útil para aquellos que quieran
conocer la génesis y evolución de la Política de Cohesión así como vislumbrar su
futuro y debería ser obligada para todos los operadores que participan en la gestión
de la misma.
La primera parte del informe, utilizando como fuente a los diseñadores y operadores de la época, muestra cómo la influencia anglosajona en la génesis de la Política no evitó un enfoque inicial claramente territorial. Enfoque que se fue desviando
progresivamente hacia posturas más “neoliberales” para desembocar en políticas sectoriales económicas y sociales, relegando la dimensión territorial al desarrollo local
(con en Programa Leader en zonas rurales y el Urban en barrios de ciudades) y a la
cooperación territorial. En este punto, los autores del informe apuestan claramente
por el retorno a una política territorializada, basada en una estrategia de desarrollo a
largo plazo, siguiendo procesos institucionales participativos y cooperativos, y sostenida por un sistema de gobernanza multinivel que incluya transferencias financieras
sometidas a una fuerte condicionalidad.
Las prioridades de este modelo “territorial” de cohesión serían, por un lado,
luchar a la vez contra la infraexplotación del potencial local y contra las desigualdades sociales persistentes sobre un territorio determinado; por otro, promover la
producción integrada de bienes y servicios colectivos, determinados en función de
las preferencias y del ‘savoir-faire’ local.
Este enfoque supone romper con el modelo predominante durante estos últimos años, que legitimaba una división de tareas entre la Unión Europea, responsable de los mercados y la liberalización, y los Estados miembros, garantes de
la protección social y el bienestar. Además, implica la entrada de un nuevo actor
estratégico en el proceso de creación de políticas públicas: la sociedad civil, la población beneficiaria, que deja de ser exclusivamente objeto de intervención para
convertirse en elemento activo y determinante del modelo de desarrollo aplicable
a su territorio.
Es posible que la urgencia de las medidas de protección de la eurozona, tomadas por la UE tras lo sucedido en Grecia y España, dificulte o posponga la propuesta
del Informe sobre la necesidad de un estatuto refundador de la Unión ampliada, que
incluya no sólo la dimensión económica de la construcción europea, sino también
sus dimensiones políticas y sociales. En cualquier caso, de esta primera parte del
informe, hay que retener los conceptos de condicionalidad, eficiencia y enfoque a
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resultados, como elementos determinantes para la continuidad futura de las políticas
públicas.
Barca presenta la condicionalidad, en primera instancia, como garante contra
los riesgos inherentes a una política territorializada, principalmente los relacionados
con la posibilidad de malversación de fondos o de acaparamiento de los mismos por
las élites locales. Pero esta condicionalidad, que deberá materializarse en una relación contractual con la Comisión Europea, se presenta también como garantía de
eficiencia en la gestión de las políticas y fondos públicos. En este sentido, el informe
reconoce el limitado conocimiento disponible sobre la eficacia real de las políticas
de desarrollo, debido, sobre todo, a la escasa solidez de las evaluaciones microeconómicas realizadas por los Estados miembros, realizadas con un fuerte tropismo en
cuanto a criterios y métodos y sin una estrategia clara de evaluación de impacto.
El concepto de condicionalidad y la consiguiente relación contractual, el enfoque a resultados y las garantías de eficiencia, implican que la nueva política de
cohesión reformada debe apoyarse en metodologías avanzadas, centradas en resultados, indicadores y en una moderna gobernanza a varios niveles.
3. CONDICIONES PARA LA CONTINUIDAD: HERRAMIENTAS Y PROCESOS
PARA LA EFICIENCIA.
La redefinición política, técnica y operativa de las políticas púbicas es urgente y
el tiempo disponible para llegar a conclusiones muy limitado, por lo que es importante instar a los operadores, a los actores territoriales directamente implicados, para
que se anticipen e incorporen métodos científicos en el diseño, gestión y evaluación
de sus intervenciones.
En el mejor de los escenarios, la financiación pública en el futuro más inmediato exigirá a estos operadores cierto nivel de garantía previa sobre su capacidad
para identificar prioridades, asignar recursos, estimar resultados y medir el impacto
de sus intervenciones. Para ello, existen ya numerosas herramientas testadas, con
base científica y adaptadas a los actores territoriales, por lo que el foco de atención
debería centrarse más en el uso, en cómo deben aplicarse estas herramientas, que
en la elaboración de nuevos prototipos.
De hecho, en el nuevo escenario de intervención pública, la incorporación de
herramientas TIC tendrá que ir asociada a protocolos de funcionamiento basados en
los principios de gobernanza multinivel, participación, cooperación y eficiencia. En
este sentido, la experiencia de las últimas décadas y las recomendaciones del Informe Barca nos proporcionan pistas claras sobra algunas de las reglas determinarán
los procesos de planificación, gestión y evaluación de políticas públicas.
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LO “PÚBLICO” INCLUYE TANTO A LAS INSTITUCIONES COMO A LA SOCIEDAD CIVIL: GOBERNAN-
ZA MULTINIVEL Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN.
El discurso más crítico contra las intervenciones públicas de apoyo al desarrollo
socioeconómico arremete directamente contra las políticas basadas en los principios
de cohesión social y territorial, apostando, en su lugar, por políticas sectoriales que
primen la competitividad económica, y dejando los aspectos de protección social
y bienestar bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales o como beneficio
colateral del crecimiento económico.
Frente a esta corriente, en otros ámbitos se defiende que la intervención pública externa es determinante en las dinámicas de desarrollo y se apuesta, por lo
tanto, por reforzar un sistema de gobernanza multinivel en el que juega un papel
muy activo la sociedad civil.
En este sistema de gobernanza serán claves de éxito los mecanismos de cooperación entre los distintos niveles de descentralización, las relaciones de transferencia y coordinación y la participación efectiva de las poblaciones beneficiarias
(aún sorteando los obstáculos de las élites locales). Por lo tanto, la calidad técnica
y la base científica de las herramientas deben ir acompañadas de procedimientos y
protocolos de actuación que garanticen la operativa de esa gobernanza multinivel y
la participación activa de la población beneficiaria.
Así, los operadores deben incorporar, no sólo sistemas de datos y herramientas de gestión de la información, sino también, y muy especialmente, modelos de
funcionamiento cooperativo, materializados en estructuras formales y permanentes,
capaces de rentabilizar el conocimiento obtenido a través de las TIC. Estas estructuras, que en el modelo de Inteligencia Territorial adoptan la forma de Observatorios
Territoriales, garantizarán que las herramientas TIC se utilicen para planificar, gestionar y evaluar intervenciones según los principios de gobernanza, colaboración y
participación exigidos en el nuevo escenario. Los observatorios no son, por tanto,
nuevos operadores en el territorio, sino un espacio funcional en el que los operadores materializan los procesos de gobernanza asociados a la intervención territorial.
B)
ENFOQUE
SECTORIAL O ENFOQUE TERRITORIAL: LA DINÁMICA DEL TERRITORIO DECIDE.
Directamente relacionado con el debate sobre los términos de gobernanza,
y con los mismos defensores y detractores, se plantean otras dos posturas contrapuestas.
Una defiende que las desigualdades territoriales son consecuencia inevitable
del crecimiento y pone en duda la capacidad de las instituciones del nivel descentralizado para paliar este “daño colateral”. Desde este punto de vista, se apuesta
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por centrar esfuerzos en el fomento de la competitividad de las regiones mediante
políticas sectoriales y, como respuesta a las desigualdades territoriales, se ofrece la
opción de la movilidad.
La otra perspectiva apuesta por políticas de apoyo territorializadas, capaces
de poner en valor el potencial local inexplotado y de actuar directamente sobre la
exclusión social. Este enfoque enlaza directamente con la necesidad de reforzar la
gobernanza multinivel, desde el momento en que considera que la capacidad de un
territorio para explotar su potencial depende, no tanto de las condiciones tecnológicas dadas, como de la capacidad de interacción entre instituciones y decisiones
públicas y privadas, económicas y políticas.
Una primera aproximación simplista a estos enfoques identificaría las políticas
sectoriales con las regiones ricas y las políticas territorializadas con las regiones
Objetivo 1, dejando al margen de la intervención pública a los núcleos de pobreza
y exclusión de las regiones más desarrolladas y, a su vez, a los sectores emergentes y estratégicos de las regiones en crecimiento. Esta dualidad, aparentemente
excluyente, se soslaya fácilmente si entendemos el territorio como sujeto activo y
determinante de los procesos de desarrollo que en él se producen. Desde este punto de vista, el enfoque sectorial vs. territorial ya no es una decisión a priori de los
creadores de las políticas públicas sino una opción implícita, y no necesariamente
excluyente, en la dinámica de cada territorio.
Por lo tanto, las herramientas (sistemas de datos y TIC) no sólo deben ser
utilizadas en el marco de procesos de gobernanza sino que también, habrán de
proporcionar el conocimiento necesario sobre la estructura y, especialmente, sobre
la dinámica del territorio sobre el que se pretende actuar. Este conocimiento dará
la orientación necesaria para establecer las prioridades y el enfoque de las políticas
públicas en cada territorio.
C)
LA
EFICIENCIA DEBE SER LA RESPUESTA AL AJUSTE PRESUPUESTARIO: LA EVALUACIÓN COMO
PARTE INTEGRANTE DE LA GESTIÓN.
Sin valorar qué modelos de los que estamos esbozando suponen una mayor
carga presupuestaria e, incluso, dando por sentado que los recursos disponibles
sean los mismos en cualquiera de las opciones, debemos partir de la base de que
a partir de ahora, y por tiempo indefinido, habrá que dar respuesta a un ajuste creciente del presupuesto disponible para las políticas de desarrollo, sean de cohesión
o sectoriales, se apoyen en un sistema de gobernanza multinivel o en una división
jerárquica de tareas.
La única respuesta posible al ajuste económico es una asignación eficiente de
los recursos, para evitar que los resultados desciendan de manera proporcional al
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presupuesto disponible. Aunque la cultura de la evaluación aún no está completamente enraizada y extendida en el entorno de las políticas públicas, existe un consenso generalizado, más o menos intuitivo, sobre el amplio margen de mejora de la
eficiencia de las intervenciones. Cubrir ese margen de eficiencia será lo que permita
mantener e, incluso, mejorar los resultados en periodos de ajuste presupuestario.
Generalmente, la evaluación se acomete como fase final de las intervenciones,
con el enfoque burocrático de las tareas obligatorias vinculadas a la justificación administrativa y económica de los gastos públicos. En las fases previas de planificación,
la evaluación se afronta como un requisito incómodo para la solicitud de fondos y
suele realizarse sin apoyo de metodologías y herramientas científicas y testadas. Por
otro lado, las evaluaciones realizadas habitualmente adolecen de cierto tropismo que
reduce claramente su utilidad como soporte para la toma de decisiones. Para optimizar la eficiencia de las intervenciones, la evaluación debe dejar de ser una recogida de
información para terceros (proveedores de fondos y electores), - de ahí el tropismo
de los criterios y métodos utilizados- y convertirse en una fuente de información para
los propios operadores.
La evaluación debe formar parte del proceso de gestión de políticas públicas y, por
lo tanto, contribuir al conocimiento de la estructura y dinámica territorial, ajustándose a
las reglas de juego mencionadas: colaboración, participación, gobernanza multinivel y
apoyo de herramientas TIC y en sistemas de datos pertinentes.
La principal utilidad de la evaluación debería ser reducir la incertidumbre y la
ineficiencia en relación con: la previsión de resultados, de los recursos necesarios y de
la relación “coste-beneficio”; la pertinencia de las intervenciones según las prioridades
políticas, el potencial del territorio y la predisposición de la población beneficiaria; la
visualización, comunicación y transferencia de estrategias y resultados.
En definitiva, en el actual proceso de deconstrucción y “re-conceptualización”
de las políticas públicas, los operadores, los actores territoriales, es decir, quienes
participan en la toma de decisiones y trabajan con las poblaciones beneficiarias,
tendrán que contribuir activamente a la definición de nuevos caminos para la continuidad de las políticas públicas.
Mantenerse a la espera de los procesos que se deriven de un nuevo modelo
aún sin concretar, o funcionar por inercia con esquemas y herramientas propias de
procesos pasados sería claramente ineficiente, algo imposible de asumir en la actual
situación económica.
Por lo tanto, los actores territoriales deben plantearse si sus conocimientos sobre el territorio, los tejidos institucionales territoriales y las herramientas empleadas
para el análisis y la gestión territorial son suficientes para hacer frente a los desafíos
de la gobernanza territorial y del desarrollo.
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Las reglas y valores básicos con los que tendremos que jugar en el nuevo escenario ya están sobre la mesa. Independientemente del peso que tengan las políticas
sectoriales frente a las territoriales, o de cómo se reforme el actual sistema de gobernanza, hay una serie de “factores de éxito” o condiciones para la eficiencia que
deben ser asumidos más allá del discurso político e incorporados a los instrumentos
y herramientas de los actores territoriales:
- El territorio, como espacio de interrelación de sujetos y agentes, no es sujeto pasivo de las estrategias de intervención, sino elemento activo en los
procesos de desarrollo y aliado de los actores territoriales en los procesos
de evaluación para la toma de decisiones.
- El desarrollo territorial como resultado de una combinación virtuosa de la
capacidad de auto-organización del territorio y de la efectividad de la ingeniería de intervención territorial.
- Los métodos y herramientas científicas para el análisis, gestión y evaluación
de los proyectos territoriales. Los actores territoriales pueden dotarse de
una fuente de conocimiento sobre las dinámicas territoriales que permita una mejor adaptación de sus estrategias a las necesidades territoriales,
aumentar el impacto de sus acciones y la eficiencia en la asignación de
recursos.
- El impacto de los proyectos de desarrollo viene determinado por la participación ciudadana, el enfoque global de las situaciones, la asociación de
los actores y un equilibrio adecuado entre las consideraciones de carácter
económico, social y medioambiental.
4. LA ALTERNATIVA DE LA INTELIGENCIA TERRITORIAL
Ya en la Estrategia Territorial Europea (1999) se recomienda la mejora del soporte técnico y científico necesario para desarrollar y profundizar el conocimiento
territorial, tanto a escala europea, como regional. Desde entonces y hasta el Informe
Barca, la literatura europea ha dedicado una profunda y extensa atención a la necesidad de conocer y medir el impacto territorial de las políticas públicas para evitar
efectos contradictorios.
En esta línea, el Sexto informe de situación sobre la cohesión económica y social (2009) reconociendo que la cohesión territorial es el concepto horizontal sobre
el que se sustentan todas las políticas a cualquier nivel administrativo, insiste en la
urgencia de mejorar la comprensión territorial mediante herramientas y sistemas de
indicadores pertinentes.
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Por su parte, el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre Gobernanza
Multinivel (2009) recomienda la sistematización del análisis del impacto territorial,
gracias a la implicación, desde la fase inicial de la decisión política, de los distintos
agentes interesados, para medir y valorar las repercusiones económicas, sociales y
medioambientales de las propuestas legislativas y no legislativas comunitarias relativas a los territorios.
Sin ánimo de hacer una revisión exhaustiva, tomamos estas referencias como
ejemplo de la prioridad que la UE está otorgando a la necesidad de incorporar
herramientas científicas y procesos participativos en la planificación y gestión de
las políticas públicas, así como la urgencia con la que se insta a la elaboración de
sistemas de datos e indicadores territoriales.
Por lo tanto, todo apunta a que, para seguir jugando en la arena de las políticas públicas, los operadores deberán garantizar la participación de la población,
la pertinencia de las prioridades y de las intervenciones que planteen, su enfoque
a resultados, el cumplimiento de los compromisos contractuales, la oportunidad de
corregir disfunciones y la capacidad para medir el impacto.
Para desenvolverse con seguridad en esa fuerte condicionalidad, los operadores tendrán que recurrir al uso de metodologías avanzadas que proporcionen:
- Herramientas y sistemas de información para conocer la estructura y dinámica de los territorios.
- Procesos normalizados para el diseño, gestión y evaluación de intervenciones.
- Protocolos de coordinación, colaboración y partenariado.
Un sistema de planificación prospectiva basado en el desarrollo de la Inteligencia Territorial, tal y como se define en la Red Europea de Inteligencia Territorial
(Girardot, 2009) reúne, a priori, estos requisitos técnicos y conceptuales. Desde
un punto de vista instrumental, estos sistemas, construidos según los principios
de investigación-acción participativa, se apoyan en herramientas de diagnóstico,
planificación y evaluación que aplican funcionalidades de las TIC. Desde un punto
de vista funcional, giran en torno a Observatorios Territoriales, que garantizan la
eficacia de los procesos de partenariado y participación a través del uso de las herramientas del sistema.
El aspecto instrumental de un sistema de planificación prospectiva es relativamente fácil de asumir, en tanto que existen herramientas informáticas de bajo
coste, expresamente adaptadas a las necesidades de los actores territoriales. Sin
embargo, la utilidad de estas herramientas depende de la existencia de sistemas de
datos aplicables a la intervención socioeconómica y que, además, permitan realizar
comparativas entre territorios.
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Actualmente, no disponemos de suficientes sistemas de datos a partir de los
cuales extraer indicadores pertinentes, por lo que podemos decir que hemos construido buenos coches, pero no hemos conseguido el combustible necesario para
ponerlos en marcha.
Así mismo, el aspecto funcional de un sistema de planificación prospectiva es,
sin duda, el que más dificultades prácticas presentará, ya que obliga a los operadores a asumir procesos y modos de funcionamiento basados en la colaboración y
en la información compartida, lo que implica que tendrán que cambiar su propia
percepción sobre de el papel que deben jugar en el territorio.
En definitiva, aunque la Sociedad de la Información nos proporciona la tecnología necesaria, aún no somos capaces de obtener un conocimiento sistemático del
territorio para aplicarlo a la gestión de las políticas públicas.
A) INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: COCHES SIN COMBUSTIBLE.
La utilidad básica de estos instrumentos es registrar la estructura y dinámica territorial de las dimensiones objeto de estudio para realizar una planificación prospectiva
de las intervenciones y de sus correspondientes procesos de evaluación participativa.
Estos instrumentos se basan, por un lado, en herramientas informáticas de
análisis estadístico y gestión de la información y, por otro, en sistemas de indicadores capaces de reflejar la estructura y dinámica de los territorios, ofreciendo
información real y consensuada para el diseño y seguimiento de intervenciones.
Volvemos a insistir en que las herramientas informáticas son fácilmente accesibles.
El método Catalyse de la Red Europea de Inteligencia Territorial (Masselot, 2008), ofrece
un grupo de herramientas basadas en software de fácil uso, diseñadas y adaptadas por
grupos de investigación en Ciencias Sociales. Se trata de herramientas de diagnóstico,
evaluación y observación útiles para preparar proyectos de desarrollo relevantes, para
gestionar estos proyectos con eficiencia, evaluarlos y estimar su impacto:
- Software Pragma, que permite hacer exámenes cuantitativos de encuestas.
- Los software Anaconda y Nuage, que permiten hacer un análisis cuantitativo de los datos, combinan el análisis factorial de correspondencias y la
clasificación jerárquica ascendente.
- El sistema de información territorial Sitra, que integra todas las informaciones territoriales.
La cuestión ahora es si somos capaces o no de construir sistemas de datos
fiables, especialmente teniendo en cuenta que la complejidad de las dimensiones
objeto de análisis hace que la tarea parezca inabordable.
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En modo local, es decir, sin tener en cuenta la necesidad establecer comparaciones y equivalencias para distintos territorios, las dimensiones objeto de análisis
son múltiples y se interrelacionan generando nuevas facetas, lo que hace impensable intentar reflejarlas a partir de un único sistema de indicadores.
Para vislumbrar la complejidad de la tarea, pensemos en intentar una primera
aproximación esquemática a la estructura y dinámica básica de un territorio. En este
caso, tendríamos que contemplar, como mínimo, cuatro dimensiones elementales:
tejido productivo, capital humano, recursos –naturales, infraestructuras e institucionales- y la faceta resultante de la interrelación de estas tres dimensiones.
A cada una de estas cuatro dimensiones tendríamos que asignar un sistema de
datos a partir de los cuales extraer indicadores pertinentes. El análisis de la información conseguida nos proporcionaría un primer instrumento de diagnóstico, planificación y evaluación sumamente útil, pero que aún no nos permitiría establecer relaciones causa-efecto seguras y tampoco sería aplicable para intervenciones específicas.
Pensemos por ejemplo, en medidas públicas relacionadas con el fomento de
la cultura emprendedora o con la mejora de la empleabilidad de la población. En
estos casos, sería necesario extraer facetas secundarias a partir de las cuatro dimensiones iniciales y ampliar los sistemas de datos para deducir nuevos indicadores, es
decir, habría que determinar qué información acerca del capital humano, del tejido
productivo y de los recursos de un territorio nos permiten caracterizar su capacidad
emprendedora y valorar el impacto sobre la misma de las intervenciones públicas.
Cuanto más específica sea la faceta objeto de diagnóstico, intervención y evaluación, más compleja y cualitativa será la información requerida y menos fuentes
secundarias oficiales estarán disponibles.
El vacío de información es prácticamente total si se pretende actuar sobre factores intangibles del desarrollo, como puede ser el capital social, o el capital territorial,
entendido éste como el potencial específico de una región, que viene determinado por
factores socioculturales, geoambientales, económicos, institucionales e intangibles.
Por lo tanto, la construcción de sistema de datos aplicables a la creación de
políticas públicas alcanza tal envergadura que debería convertirse en una línea de
trabajo y colaboración preferente para administraciones, grupos de investigación y
actores territoriales.
B)
MÁS
Y MEJORES INDICADORES TERRITORIALES.
La disponibilidad de información se ha convertido, de este modo, en un elemento nuclear del proceso de toma de decisiones y, como hemos visto, los sistemas
de indicadores territoriales son indispensables para este propósito.
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Desde este punto de vista, los indicadores se convierten en una herramienta
para diseñar y evaluar políticas, estrategias, planes y proyectos, así como para decidir asignaciones de fondos, por lo que su construcción deja de ser una cuestión
exclusivamente científica, para convertirse en abiertamente política.
En toda la Unión Europea se está llevando a cabo desde los años 90 una intensa actividad relacionada con la construcción de indicadores y sistemas de datos
que, permitan la caracterización y clasificación de las regiones bajo criterios comparables.
Como primera experiencia de este tipo, hay que destacar el Proyecto Urban
Audit, impulsado a mediados de los años 90 por la Comisión Europea, a través de la
Dirección General de Política Regional. En su origen, Urban Audit tenía el cometido
de recopilar, estimar y publicar datos estadísticos que permitiesen conocer y medir
la calidad de vida en las ciudades europeas y su trayectoria puede servir de modelo
a los operadores de políticas públicas para procedimentar un proceso colaborativo
de construcción de indicadores.
La Fase I, conocida como Proyecto Piloto UA I se inició en 1998 y finalizó en
el año 2000. En aquel momento, una empresa contratada por Eurostat recopiló 500
datos estadísticos sobre los años de referencia 1981, 1991 y 1996, para 58 grandes
ciudades de la Unión de los 15, 27 áreas metropolitanas y 2.500 distritos. Estos datos
estadísticos se relacionaban con una serie de variables sobre aspectos socioeconómicos, participación en vida social, educación y formación, medioambiente, cultura
y ocio. A partir de estos datos se diseñaron los 100 indicadores.
La segunda fase, Proyecto Piloto UAII, se desarrolló entre 2001 y 2005 con el
objetivo de disponer de más información aplicable a políticas urbanas específicas.
En esta ocasión se recogió información sobre 321 variables para 258 ciudades europeas. Las nuevas variables permitían medir percepciones sobre vivienda, seguridad
ciudadana, mercado de trabajo, disparidades de renta, pobreza y otros. Para obtener
los indicadores se recurrió a la recopilación directa de datos disponibles, realización
de encuestas y diversas estimaciones mediante modelos econométricos y procedimientos estadísticos.
Con el tercer proyecto piloto, desarrollado durante 2006 y 2007, se amplían a
338 las variables objeto de estudio, tomando como periodo de referencia el año 2004.
También se amplía el número de ciudades hasta 542, 60 de las cuales son españolas
y se intensifica el trabajo de aplicación del conocimiento obtenido.
Actualmente, la Auditoría Urbana Europea continúa gracias a la actuación conjunta de los 27 institutos nacionales de estadística, coordinados por Eurostat, lo
que permite plantear una actualización periódica de la información y la ampliación
progresiva de los indicadores.
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En el afán de Europa por dotarse de sistema de datos para mejorar la eficiencia
e impacto de sus política, debemos destacar también el programa ESPON, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los Estados miembros de la UE
y los Estados asociados Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El Programa ESPON 2013 (Observatorio en Red de la Ordenación Territorial
Europea) fue adoptado por la Comisión Europea en 2007 con el fin de apoyar el desarrollo de políticas relacionadas con el objetivo de cohesión territorial y desarrollo
armonioso del territorio europeo.
En el análisis DAFO del programa ESPON 2006, realizado en el curso de la creación
del programa ESPON 2013, se indicaba claramente la necesidad de una mayor acción en
investigación para el desarrollo de la política europea, evitando el sesgo temático provocado por otros programas a favor del estudio en conocimientos socio-económicos.
Para ello, ESPON debe proporcionar información comparable, pruebas, análisis
e hipótesis sobre las condiciones marco para el desarrollo de regiones y territorios
más amplios. Mediante un programa de investigación de cinco años (2007-2013) se
compilará y compararán datos sobre las tendencias del desarrollo en toda Europa.
Entre sus áreas de interés se encuentran el impacto territorial de las políticas
para sectores tales como la agricultura, transporte y la I+D. También evalúa el impacto de los Fondos Estructurales de la Unión Europea en las áreas urbanas, además
de centrar parte de la atención en el diseño de posibles escenarios sobre nuevos
patrones de desarrollo tras el acceso de los países de Europa Central y del Este.
ESPON tiene un rol central en el desarrollo de la Perspectiva Territorial Europea del Desarrollo y está creando puntos de encuentro entre la investigación y la
política europea.
En definitiva, el programa ESPON debe proporcionar a la Comisión y los Estados Miembros:
- Una diagnosis de las principales tendencias territoriales dentro de la UE así
como las dificultades y las potencialidades dentro del territorio europeo.
- Una imagen cartográfica de la diversidad territorial y de su respectiva intensidad.
- Un número de indicadores territoriales y de tipologías que faciliten un ajuste de las prioridades europeas para un territorio europeo equilibrado y
policéntrico.
- Herramientas integradas e instrumentos apropiados (bases de datos, indicadores, metodologías para el análisis territorial del impacto y análisis territoriales sistemáticos) para mejorar la coordinación territorial de las políticas
del sector.
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La prioridad 3 del Programa ESPON, Plataforma Científica, es un elemento clave en la base de conocimiento que está creando la Red de Observatorios. Con esta
prioridad se pretende contribuir a la construcción de conjuntos de datos europeos,
indicadores y herramientas que constituyan la base para una comunidad científica
El día 3 de mayo se lanzó la convocatoria 2010 de proyectos ESPON. Esta convocatoria cuenta con un total de 5.900.000 euros, distribuidos para dos Proyectos
de Investigación Aplicada, ocho más de Análisis Orientados, así como Actividades
Transnacionales para la red de Puntos Focales de ESPON.
Esta intensa actividad en materia de construcción de indicadores y herramientas de diagnóstico debería permitir la creación de un repositorio a disposición de
investigadores y actores territoriales para profundizar en la adaptación local y, especialmente, en la aplicación de estos indicadores e instrumentos en el diseño y
gestión de estrategias de intervención local.
Los instrumentos construidos sobre la base de este conocimiento podrán usarse para:
- Establecer prioridades de intervención.
- Prever con la menor incertidumbre posible los resultados de las intervenciones.
- Cuantificar los recursos necesarios para la gestión de las intervenciones.
- Establecer las líneas de colaboración y partenariado necesarias.
- Monitorizar el desarrollo de las intervenciones, controlando los resultados y
las desviaciones que se produzcan en el proceso.
- Actualizar en tiempo real el diagnóstico del territorio, mediante la incorporación periódica de las alteraciones producidas en los valores de los
indicadores objeto de intervención.
- Medir el impacto de las intervenciones.
C)
OBSERVATORIOS TERRITORIALES:
COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y PARTENARIADO.
Lamentablemente, el intenso movimiento que se aprecia para dotar a la Unión
Europea de sistemas de datos aplicables a la creación de políticas públicas no encuentra reflejo en lo que debería ser un trabajo paralelo para hacer operativas las
nuevas condiciones de gobernanza.
En la literatura sobre el futuro de las políticas públicas europeas sí encontramos
continuamente llamamientos y reivindicaciones en torno a la gobernanza multinivel,
el papel del territorio, la participación de los distintos niveles de descentralización y
la figura clave del territorio y de las poblaciones beneficiarias.
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Sin embargo, con la afortunada excepción de la Red Europea de Inteligencia
Territorial, es difícil encontrar iniciativas concretas para materializar estos principios en
protocolos y procesos de funcionamiento en el marco de la ingeniería territorial.
Y esto sucede aún cuando los aspectos funcionales de la gobernanza son los
que determinan en gran medida la aplicabilidad del conocimiento adquirido, la pertinencia de las intervenciones que se diseñen y su impacto, así como la validez de
las evaluaciones correspondientes.
Por ello, en los sistemas de planificación prospectiva basados en el desarrollo
de la Inteligencia Territorial la obtención de la información sobre el territorio y la
utilización de los instrumentos de diagnóstico se vinculan directamente a la figura
de los Observatorios Territoriales, espacios de colaboración en los que se toma decisiones en torno a:
- establecimiento de prioridades, determinando los indicadores sobre los que
se pretende intervenir y previsión del resultado esperado.
- estrategias de intervención basada en los servicios y recursos disponibles en
el territorio y puestos a disposición por los miembros del partenariado.
- mecanismos y calendario de seguimiento y evaluación de la intervención.
- agentes participantes en la estrategia y en el proceso de evaluación.
- incorporación de la información resultante del proceso de evaluación al
diagnóstico inicial para la actualización de éste y para los subsiguientes
procesos de diseño-intervención-evaluación.
Por lo tanto, las funciones operativas de un Observatorio serían:
- coordinación de los trabajos de investigación y prospectiva utilizando los
instrumentos de diagnóstico del sistema.
- diseño y evaluación participativa de las estrategias de intervención.
- comunicación de la información entre la población beneficiaria de las intervenciones.
Es en los Observatorios donde se materializan las ventajas virtuales de la nueva
gobernanza multinivel y donde se hacen operativos los métodos científicos, la cooperación entre agentes y la participación activa de las poblaciones beneficiarias.
Los Observatorios Territoriales se diseñan, por lo tanto, como instrumento operativo
de la nueva Ingeniería Territorial, basada en los principios de gobernanza y eficiencia.
De alguna manera, en estos Observatorios debe producirse una suerte de
alianza entre la sociedad civil y la administración para dar forma a ese nuevo con-
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cepto de “lo público” que está cuajando en Europa, como sustituto del antiguo concepto de Estado protector. Y en este punto es donde, previsiblemente, aparecerán
los mayores obstáculos.
Para que los Observatorios cumplan con eficacia su papel, deben estar integrados y contar con la participación de actores territoriales, agentes socioeconómicos
y actores estratégicos locales.
Los actores estratégicos locales pueden definirse como aquellos miembros de
la comunidad que ejercen en su entorno profesional o social un liderazgo informal
reconocido. Su aportación al funcionamiento del Observatorio es clave, como eslabón
de contacto inmediato de los actores territoriales con la población y como informantes
clave a la hora de contrastar el diagnóstico y establecer prioridades de intervención.
La aplicabilidad de las prácticas de Investigación-Acción participativa que deben
llevarse a cabo en los Observatorios Territoriales se puede ver dificultada no solo por
las competencias más o menos limitadas de los participantes en cuanto a métodos y
herramientas, sino también por inercias de funcionamiento y percepciones generadas
en el periodo anterior. Entre los “riesgos funcionales” que amenazan los beneficios
que los Observatorios Territoriales pueden aportar a la ingeniería de intervención
territorial destaca la percepción que tienen de sí mismos y de su contribución al desarrollo territorial los distintos agentes implicados.
Son necesarias nuevas actitudes y perspectivas de posicionamiento, tanto para
los operadores tradicionales como para los nuevos agentes territoriales.
El liderazgo no se puede basar en un vano intento de controlar individualmente la información. En la Sociedad del Conocimiento, la información está universalmente distribuida: nadie dispone de todo el conocimiento necesario y todos
disponen de alguno (Lévy, 1994). Los mejores resultados de la ingeniería territorial
se apoyan en la inteligencia colectiva, construida a partir del saber de todos los individuos que actúan en el territorio. Por otra parte, la velocidad a la que se generan
y modifican los conocimientos hace imprescindible la colaboración entre agentes
para apropiarse de información pertinente (Miedes, 2008).
El liderazgo tampoco consiste en rentabilizar las intervenciones públicas de
cara al posicionamiento individual de los agentes. La limitación de tiempo y recursos
frente a la diversidad y urgencia de las necesidades nos conduce necesariamente al
partenariado y a los procesos colaborativos.
En definitiva, ningún operador dispone individualmente de los recursos, el
tiempo y el conocimiento necesarios para hacer frente a los desafíos del desarrollo
territorial. Por lo tanto, el concepto de liderazgo debe basarse en una visión más
amplia y generosa, adecuada al nuevo sistema de gobernanza multinivel en el que
tendremos que desenvolvernos.
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El nuevo liderazgo debería fundamentarse en la capacidad de los operadores
para evitar la fragmentación de las acciones, el solapamiento de intervenciones, la
ineficiencia en la asignación de recursos, la pérdida de información y la consecuente
disminución de su capacidad de impacto sobre el territorio.
Así mismo, los Observatorios Territoriales deberían estar avalados y respaldados por las instancias políticas y administrativas correspondientes.
Finalmente, será necesario que la sociedad civil culmine con éxito y rapidez un
proceso de aprendizaje para que su grado de implicación en los procesos participativos esté a la altura del papel que debe jugar en el desarrollo territorial.
5. CONCLUSIÓN.
Los tiempos difíciles son los mejores para recurrir a los tópicos del optimismo
e intentar hacerlos realidad. El optimismo se apoya, en última instancia, en la posibilidad de que la Europa afectada por la crisis no se cuestione el papel activo de sus
instituciones y de los gobiernos nacionales y regionales en la definición e impulso
de un modelo de desarrollo socioeconómico basado en los valores de la competitividad económica, la justicia social y la cohesión territorial.
Confiemos, por tanto, en que la necesidad agudizará el ingenio y en que no habrá mal que por bien no venga y en que, en definitiva, estos tiempos difíciles nos dejarán como herencia la capacidad de administrar y gestionar de forma más eficiente.
Para ello, es necesario asumir que ha llegado la hora, inaplazable, de cerrar el proceso de racionalización de la gestión de las políticas públicas, incorporando las bases y
los procesos científicos diseñados y testados durante los últimos años.
Si las políticas públicas de apoyo al desarrollo y a la cohesión deben continuar
tras una profunda re-conceptualización, los modelos de intervención y gestión basados en el desarrollo de la Inteligencia Territorial ofrecen la posibilidad de instrumentar
los nuevos valores conjugando eficiencia, gobernanza, cohesión y sostenibilidad.
En este sentido, la Inteligencia Territorial aparece como una oportunidad para
aquellos actores territoriales que quieran anticiparse e incorporar procesos adaptados a un nuevo modelo de desarrollo.
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