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    Crítica al derecho penal de hoy
    Crítica al derecho penal de hoy
    Crítica al derecho penal de hoy
    Libro electrónico132 páginas1 hora

    Crítica al derecho penal de hoy

    Por Winfried Hassemer

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    Información de este libro electrónico

    Derecho y lenguaje es un tema eterno, solamente la coyuntura cambia. La razón es evidente: las leyes, su concretización en derecho judicial y en la dogmática jurídica, su interpretación y aplicación en decisiones judiciales y en la crítica de estas decisiones, todo ello es lenguaje. Donde termina el lenguaje, comienza la fuerza, y la fuerza puede ser demorada en tanto el lenguaje tenga efectos.
    IdiomaEspañol
    EditorialUniversidad Externado
    Fecha de lanzamiento1 ene 2002
    ISBN9789587105254
    Crítica al derecho penal de hoy

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      Crítica al derecho penal de hoy - Winfried Hassemer

      ISBN 958-616-228-1

      ISBN 978-958-710-525-4 E-BOOK

      © WINFRIED HASSEMER, 1997

      © PATRICIA S. ZIFFER (traducción), 1997

      © UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 1997

      Derechos Exclusivos de publicación y distribución de la obra

      Calle 12 n.° 1-17 Este, Bogotá - Colombia. Tel. (57 1) 342 0288

      Primera edición: marzo de 1998

      Ilustración de portada: La Torre de Babel, Pieter Bruegel el Viejo,

      Kunsthistorisches Museum, Viena

      Composición: Depto. de Publicaciones - Universidad Externado de Colombia Impresión y encuadernación: Cargraphics S. A. - Impresión Digital, con un tiraje de 1.000 ejemplares.

      CAPITULO I

      ¿UN DERECHO CORRECTO MEDIANTE UN LENGUAJE CORRECTO?

      -ACERCA DE LA PROHIBICION DE ANALOGIA EN EL DERECHO PENAL-{1}

      I. POR QUÉ EL LENGUAJE ES TAN IMPORTANTE PARA EL DERECHO

      Derecho y lenguaje es un tema eterno, solamente la coyuntura cambia. La razón es evidente: las leyes, su concretización en derecho judicial y en la dogmática jurídica, su interpretación y aplicación en decisiones judiciales y en la crítica de estas decisiones, todo ello es lenguaje. Donde termina el lenguaje, comienza la fuerza, y la fuerza puede ser demorada en tanto el lenguaje tenga efectos. Cuando se habla –de manera intimidatoria– de ejecución de decisiones jurídicas, no se debe pensar en el disparo del policía o en la mano del funcionario de ejecución de la pena; se puede tener la esperanza de que las decisiones se impongan en la vida cotidiana mediante el lenguaje, la comprensión y el cumplimiento. Esa es la relación entre derecho y lenguaje vista desde afuera: desde allí donde el derecho llega al mundo que debe juzgar y ordenar.

      La perspectiva desde lo interno aparece, en última instancia, idéntica. Esta perspectiva se orienta a la relación del derecho consigo mismo, especialmente a las directivas que dispone nuestra Constitución –como parámetro de todo derecho que aquí rige–. Entre estas directivas, dos son de importancia decisiva para la relación entre derecho y lenguaje: el carácter escrito de las reglas fundamentales y la división de poderes. Ambas apuntan al mismo problema, sólo que por vías diferentes.

      A. Codificación

      Nuestro sistema jurídico ha sido organizado mediante codificación, es decir, mediante el conjunto ordenado de normas escritas; a ese conjunto es que hoy hacemos referencia cuando hablamos de leyes. La forma de organización de la codificación no es obligatoria ni histórica ni normativamente; como se puede ver especialmente a partir del ordenamiento jurídico angloamericano, es posible organizar un derecho moderno y adecuado al Estado de derecho mediante un sistema de case law, en el cual las reglas jurídicas fundamentales no deben estar fijadas de antemano y por escrito, sino que pueden ser elaboradas paso tras paso a partir de la decisión de un caso jurídico y los casos similares subsiguientes (a pesar de lo cual, por el momento, puede dejarse de lado la cuestión de si un derecho casuístico está en peores condiciones que la codificación para satisfacer las necesidades del mundo moderno en cuanto a seguridad y previsibilidad de las decisiones jurídicas).

      Una vez que se ha elegido la codificación como forma de organización de las reglas jurídicas fundamentales, esto tendrá necesariamente amplias consecuencias en cuanto a la importancia del lenguaje en el derecho. Pues en tal caso la ley adquiere una función de parámetro que, por lejos, no se puede comparar con el rol de los precedentes (es decir, las decisiones anteriores similares en un caso jurídico concreto) en un sistema de derecho casuista: la ley no solamente antecede a la decisión, sino que es creada por medio de un procedimiento específico, con competencias particulares, es publicada según reglas especiales en un lugar destacado, ha sido elaborada y decidida cuidadosamente por los representantes del pueblo electos y, por ello, solamente se procede en forma consecuente cuando se someten a la reserva de la ley todas las decisiones esenciales: la función de parámetro central para el juzgamiento de la juridicidad se atribuye a la ley escrita y surgida conforme al ordenamiento.

      Con la ley, también el lenguaje adquiere importancia. La justicia, el poder ejecutivo, asociaciones, instituciones, particulares, todos aquellos que tienen que preguntarse acerca de cuál es el derecho que aquí rige, son remitidos a la ley, y de este modo, a un objeto que no es solamente lenguaje –los precedentes también lo son– sino, al mismo tiempo, el resultado de esfuerzos específicos en pos de la corrección idiomática, y objeto de múltiples esfuerzos en cuanto a la precisión y la seguridad del significado del lenguaje: la ley es, por un lado, el punto de cristalización de la teoría del derecho y de la teoría del método, y por el otro, de la dogmática; está flanqueada por reglas incluso acerca del manejo de las leyes, y enriquecida con paráfrasis de su contenido respectivo; está rodeada por el derecho judicial y por las aclaraciones y complementaciones practicadas científicamente por la dogmática; es, en síntesis, el centro de una empresa gigantesca relativa a la significación de los símbolos del lenguaje.

      B. División de poderes

      La concreción de la división de poderes, un principio fundamental del Estado de derecho democrático, en la relación de la legislación con el poder judicial, pero también con el poder ejecutivo, depende en buena medida de que el lenguaje de la ley tenga éxito. En un Estado con división de poderes el poder legislativo tiene, de iure, una función conductora y de delimitación frente a los otros dos poderes, que se ejerce mediante el instrumento de la ley. En el ámbito de la jurisprudencia esto es designado como la sujeción a la ley, y se asocia a ello que el juez solamente debe ejecutar la ley, sin poder agregarle nada a su contenido, y que debe someterse a ella en forma total. La sujeción del juez a la ley está asegurada constitucionalmente; es fundamental.

      Si el legislador -por el motivo que sea- no logra expresarse con la suficiente precisión como para que el marco semántico de los conceptos que emplea sea claro, coloca al poder judicial, y también al ejecutivo, en el lugar que, conforme a la división de poderes, le está reservado a él. La división de poderes deja de funcionar, porque se confunde la separación de las respectivas funciones legítimas. Uno de los poderes ocupa el campo del otro, o lo que es peor: no se sabe con exactitud dónde están los límites. Estos límites son, en buena medida, construcciones del lenguaje; con el lenguaje tiene éxito o fracasa una parte de la división de poderes.

      C. Derecho moderno

      El sistema jurídico de la sociedad moderna, caracterizado por la capacidad de elaborar problemas complejos y de tomar posición en forma flexible frente a los veloces cambios del mundo exterior, naturalmente tiene dificultades con estos principios. El legislador tiene menos movilidad que la jurisprudencia, o, incluso, que el poder administrador. Una adecuación del sistema jurídico al cambio social mediante la modificación de las reglas legales -tal como lo exigen los principios de la codificación y de la división de poderes- es cada vez más anacrónica. Por ello -y porque las decisiones del legislador en un mundo de inseguridad normativa son cada vez menos probables- el legislador se abandona cada vez más a la complementación de su tarea por parte de quien aplica la ley: las leyes no son claras, y el ámbito para la decisión es mayor.

      Las consecuencias de este desarrollo para el sistema jurídico y el Estado, como es evidente, son importantes. Ellas no deberían ser tratadas aquí, pues en nada modifican la importancia fundamental del lenguaje para el derecho. Sólo que esta importancia se manifiesta con

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