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¿Es posible hacer flotar un barco hundido con pelotas de ping-pong? ¿Puede una moneda arrojada desde un edificio alto asesinar a un peatón? ¿Un ventilador de techo es capaz de decapitar a una persona? ¿Sumergirse bajo el agua protege de los disparos de un arma de grueso calibre?

En los años 60’s, Ronald Coase publicó un importante trabajo, por el cual señaló que contratar cuesta, en términos económicos. Los costos, que uno asume para realizar un contrato se denominan, “costos de transacción”. Ronald Coase señaló que si los costos de transacción son muy elevados entonces será necesaria la intervención de una norma legal para reducirlos. Es por ello que, en el caso de los contratos de compraventa, el Código Civil establece reglas, principios y presunciones que facilitan el tráfico jurídico de bienes; así, el Registro Nacional de Proveedores (RNP) se constituye como una de estas normas facilitadoras. En el presente artículo, los autores efectuarán un análisis económico sobre si dicho registro es un mecanismo adecuado de reducción de costos de transacción o si por el contrario, constituye una barrera burocrática, ello, tomado como antecendente el pronunciamiento del INDECOPI que califica al RNP como una barrera burocrática y la decisión del OSCE de hacer caso omiso a dicho pronunciamiento.

E l Sistema de Contrataciones en el Perú ha tenido muchos desencuentros y reveses, sin duda en los últimos años cuando se generaban algunos conflictos en los procesos de selección, como casos de falta de transparencia, corrupción, compras ineficientes la sociedad en su conjunto reclama no solo el cambio o destitución de las personas involucradas sino que también piden y reclaman un cambio normativo, ¡Una nueva Ley de Contrataciones! se exclama.

En el presente artículo, el autor inicia su análisis estableciendo que mediante el convenio o cláusula arbitral las partes se comprometen a no recurrir a la jurisdicción de un juez para resolver algún conflicto que se derive o podría derivarse del contrato celebrado, y que ello genera una obligación de hacer y una de no hacer. Asimismo, indica que de acuerdo con el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado se mantiene el criterio que toda controversia sin excepción deba recurrirse a conciliación o arbitraje con la finalidad de evitar completamente la intromisión del Poder Judicial. Respecto a este último punto, señala que si bien es cierto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pronuncia acerca de la obligatoriedad de la inclusión de una cláusula arbitral, ello no impide que las partes puedan convenir sobre otros aspectos del convenio arbitral como a qué tipo de arbitraje acudir, que puede ser al institucional o al ad hoc. Finalmente, ante la pregunta de cuál arbitraje es mejor, si el institucional o el Ad hoc, el autor concluye que ello dependerá de las necesidades de las partes, aunque siempre puede ser más recomendable el institucional.

En el presente artículo, el autor desarrolla dos temas: el nombramiento de los árbitros y el inicio, y las reglas del Arbitraje.
Respecto al primer tema, señala que la nueva Ley de Contrataciones del Estado mantiene el mismo criterio que su antecesora; toda vez que el arbitraje puede ser resuelto por un árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el acuerdo de las partes. Asimismo, afirma que al momento de realizar la designación de los árbitros lo más conveniente y sugerente es que las partes se pongan de acuerdo, desde la adopción del acuerdo, quién será la persona a nombrar como árbitro, debido a que en un momento donde ya existe conflicto entre ellas, es difícil y hasta complicado que se pongan de acuerdo sobre cualquier tema. En cuanto a la recusación de los árbitros, el autor establece que en el anterior Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el deber de información constituía un criterio subjetivo e incluso discrecional y no se establecía parámetro alguno para determinar cuándo podría presentarse. Sin embargo, precisa que con el Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, se ha tratado de establecer un criterio objetivo al deber de información que tienen los árbitros, pues ahora este deber se extiende a todo tipo de relación que el árbitro haya tenido con las partes hasta dentro de los cinco años anteriores al nombramiento.
Respecto al segundo tema, el inicio y las reglas del arbitraje van a variar dependiendo de si se trata de uno institucional o uno Ad hoc.

"Las Entidades, de por sí, cuando compran en el mercado lo hacen en grandes cantidades, de ahí ya están obteniendo un ahorro importante; sin embargo, si varias Entidades comprarán el  mismo bien, sin duda el ahorro sería mucho mayor. Ahora, poner de acuerdo a las Entidades no resulta tan complicado como sí lo es juntar a un número indeterminado de personas"

"Las Entidades, de por sí, cuando compran en el mercado lo hacen en grandes cantidades, de ahí ya están obteniendo un ahorro importante; sin embargo, si varias Entidades comprarán el  mismo bien, sin duda el ahorro sería mucho mayor. Ahora, poner de acuerdo a las Entidades no resulta tan complicado como sí lo es juntar a un número indeterminado de personas"

"Las Entidades, de por sí, cuando compran en el mercado lo hacen en grandes cantidades, de ahí ya están obteniendo un ahorro importante; sin embargo, si varias Entidades comprarán el  mismo bien, sin duda el ahorro sería mucho mayor. Ahora, poner de acuerdo a las Entidades no resulta tan complicado como sí lo es juntar a un número indeterminado de personas"

El tema del valor referencial es una de las mayores complicaciones que ha generado en las Entidades, dado que ni la Ley de Contrataciones del Estado ni su Reglamento establecen la forma de determinarlo, sino que sólo señalan algunas luces para efectos de estimarlo. En este Paper presentamos algunas opciones adicionales para que un Comité tenga en cuenta al momento de establecer cuál sería el valor referencial en una Base.

"(…) podemos definir al fraccionamiento como aquella situación donde debe sujetarse la negociación o el proceso de selección en función del valor referencial a un proceso de licitación
pública o concurso público, éste es dividido o fraccionado de forma deliberada con la intención de evadir o defraudar el procedimiento establecido para dichos procesos a fin de realizar
otros –procesos– caracterizados por una reducción de transparencia y control".

El autor analiza si el convenio arbitral termina vinculando a terceros en casos específicos como la cesión de créditos, la subrogación y novación subjetiva. Considera que estos supuestos no se solucionan únicamente con la regulación arbitral existente sino que debe seguirse las reglas de obligaciones contempladas en el Código Civil. Por ello, concluye que debe presumirse que el convenio arbitral se transfiere a terceros en estos casos, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario.

A través del presente artículo, el autor desarrolla los beneficios de usar la Subasta Inversa, definida como la modalidad de selección por la cual una Entidad realiza la contratación de bienes y servicios comunes a  través de una convocatoria pública; y, en la cual, el postor ganador será aquel que oferte el menor precio por los bienes o servicios objeto de la convocatoria.

Las Bases, en todo proceso de selección, constituyen la médula espinal; una mala elaboración de las Bases implica que el proceso difícilmente se concrete de la mejor forma, y que la Entidad no obtenga los bienes necesarios a fin de satisfacer sus necesidades.