ABOGACIA

Es aquel proceso que asegura el cumplimiento de las normas constitucionales, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados frente a las leyes y actos emitidos por autoridades estatales. Teniendo siempre y en todos los casos como propósito ultimo el hacer efectiva la supremacía constitucional.

Bibliografía en español, 254; Bibliografía sobre criminología en America Latina, 256 '~n el análisis funcional del sistema sociai, por ejemplo, las reacciones "no institucionales" están constituidas por promsos de definición y por las actitudes que se desarrollan dentro de la opinión pública y del ambiente en relación con la desviación. Sobre ellos influyen decididamente el sistema de las comunicaciones de masa y, más indirectamentr, el sistema educativo.

Consecuencias del cambio de paradigma en que se sumerge el nuevo CCCN Argentina, al incorporar las Normas de Derecho Internacional Privado, y específicamente, al permitir, en claro posible perjuicio de los connacionales, la prorroga jurisdiccional en base al ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual y material absoluta, en materia de contrato internacional (Art. 2651 CCCN).

Acerca de la naturaleza jurídica del boleto de compraventa y si constituye o no un contrato concluido, las opiniones no fueron uniformes. Dejando de lado las corrientes intermedias, haremos un breve repaso por dos de las principales 0 0 1 F posturas doctrinarias bien definidas sobre la naturaleza jurídi ca de la figura en estudio: i-Teoría del contrato definitivo (CONTRACTUALISTA): Un sector de la doctrina afirma que se trata de un contrato de compraventa perfecto en sí mismo, en el que concurren todos los elementos propios del contrato de compraventa y como tal es definitivo, pero no constituye un título al dominio, sino la obligación de hacer o compromiso de otorgar la escritura traslativa de dominio, cuando como en la especie, se trata de inmuebles. Dentro de los principales autores que sostienen esta tesis encontramos a Morello, Borda, Salvat, Etchegaray. El punto de divergencia entre ellos está dado en cuanto a la naturaleza de la escritura, dado que Borda y Etchegaray consideran que la escritura no es un requisito formal del contrato de compraventa, sino que constituye título suficiente para la transmisión de un derecho real; mientras que para Morello en cambio, en el boleto se agota el íter de la declaración de voluntad y el otorgamiento de la escritura no hace sino más que ejecutar el contrato de compraventa. ii-Teoría del contrato preliminar (FORMALISTA): Una segunda corriente de 0 0 1 F pensamiento, sostiene que el boleto de com praventa es sólo un contrato preliminar por el cual las partes se han obligado a celebrar el contrato de compraventa definitivo. Configura jurídicamente, no un contrato de compraventa, sino una simple promesa o precontrato, que sólo da nacimiento o genera una obligación de hacer, esto es, de otorgar la escritura pública traslativa de dominio. 0 0 1 F En consecuencia, la verda dera voluntad de las partes se expresa en la escritura pública. Esta posición considera que el contrato de compraventa inmobiliaria encuadra en la categoría de los "solemnes" ya que la forma exigida 0 0 1 F constitu ye un requisito de validez del acto, no pudiendo ser la escritura pública sustituida por otra forma. Esta formalidad debe cumplirse aún cuando el juez sustituye la voluntad de una de las partes ya que en este caso es él quien suscribe la escritura. Dentro de los principales autores sostenedores de esta postura encontramos a López de Zavalía, Leiva Fernández.-d) La cuestión planteada en la jurisprudencia Al igual que la doctrina, la jurisprudencia ha discrepado al respecto. Los fallos que consideran el boleto como un verdadero contrato de compraventa hicieron hincapié en el carácter consensual de este sinalagma y en la circunstancia de que para su perfeccionamiento como tal, no se exige ni la entrega de la cosa ni el pago del precio, dejando en claro que su celebración bajo forma privada no basta para la transferencia del dominio, dado que para ello es menester la tradición del bien, la escrituración y la inscripción como requisito de oponibilidad. Empero, el boleto reviste el carácter de instrumento suficiente para que quede consolidado como

Hechos Un acreedor laboral con sentencia condenatoria a su favor solicitó la quiebra de su deudor. La sentencia rechazó la pretensión por no estar iniciada la ejecución individual de ese crédito. La Cámara revocó el decisorio y ordenó al a quo proceder a la citación prevista por el art. 84 de la Ley 24.522. Sumarios 1-La petición de quiebra de un acreedor laboral con sentencia condenatoria a su favor debe admitirse aun cuando no haya iniciado la ejecución individual, pues este recaudo carece de todo sustento en la normativa vigente, máxime cuando si la hubiere iniciado no sería procedente peticionar la falencia, por cuanto ello podría equipararse a un medio alternativo de esa ejecución. TEXTO COMPLETO: Expediente N° 7124/2016/CA1 2ª Instancia.-Buenos Aires, septiembre 22 de 2016. Vistos: I. Viene apelada por el peticionante de falencia la resolución dictada a fs. 52/54, por medio de la cual el señor juez de primera instancia rechazó el presente pedido de quiebra. II. La apelación se encuentra fundada mediante el memorial de fs. 57/63. III. El recurso será admitido. Tiene dicho el Tribunal que si bien la cesación de pagos constituye un estado de impotencia patrimonial que impide al deudor cumplir regularmente sus obligaciones (arg. art. 78, Ley 24.522), no puede soslayarse que el art. 83 de la ley citada sólo requiere del acreedor peticionario de la falencia la prueba sumaria de los hechos reveladores de aquella situación de impotencia patrimonial (art. 79 inc. 2° L.C.) ("Nicenboim José Eduardo s/pedido de quiebra por Kaunzinger Freir Alfredo Hans", 08/11/2011; "Comsul S.R.L. s/ pedido de quiebra por Obra Social de Empleados de Comercio y actividades civiles", 13/02/2014). Ese recaudo debe prima facie tenerse por cumplido en el caso, a poco que se repare en la naturaleza de los elementos acompañados, idóneos para exhibir el incumplimiento que imputa la demandada. Se trata de las constancias emergentes del juicio laboral que se tiene a la vista en el que la pretensa fallida fue condenada al pago de la sentencia allí recaída a favor de la peticionante de la quiebra. Contrariamente a lo decidido por el magistrado de grado, el requerimiento previo de dar inicio a un proceso de ejecución individual como requisito de admisibilidad del pedido de quiebra, carece de todo sustento o apoyatura legal en la normativa vigente (conf. Sala proveyente, "Dobry Luis le pide la quiebra S.T. Dupont", 16/02/2001; íd. "Comodex S.A.-le pide la quiebra-Sanlufilm S.A.", 14/02/2003; íd. "DATECO S.R.L. le pide la quiebra Paz Lautaro Ysidoro, 07/10/2005"; íd. "Nicenboim José Eduardo s/pedido de quiebra por Kaunzinger Freir Alfredo Hans", 08/11/2011; "Bonquim S.A. le pide la quiebra Ovniplast S.A.", 03/03/2016), por lo que ese temperamento no puede ser admitido. En tales condiciones, en tanto no se encuentra abierta la vía individual, supuesto en el cual no sería procedente peticionar la quiebra por cuanto ello podría equipararse a un medio alternativo de aquella ejecución, corresponde decidir del modo adelantado. III. Por lo expuesto, se resuelve: a) estimar el recurso de apelación interpuesto y revocar el pronunciamiento recurrido, debiendo el Juez a quo proceder a la citación prevista por el art. 84 LCQ; b) sin costas por no mediar contradictorio. Notifíquese por Secretaría. Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21/05/2013. Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia