La precariedad laboral
en Colombia
–Crónicas y reportajes–
LA PRECARIEDAD
LABORAL EN COLOMBIA
–Crónicas y reportajes–
Primera edición, 2014
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necesariamente las de la Friedrich Ebert Stiftung.
CONtENIDO
La precariedad laboral colombiana en el siglo veintiuno. .
5
Tercerización laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Crónicas de la serie “Casos del CAL”. . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Los oficios del “rebusque” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Otros ámbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Epílogo: La agenda de trabajo decente es paz. . . . . . . . . . .
183
LA PRECARIEDAD LABORAL
COLOMBIANA EN EL sIgLO
vEINtIuNO
Daniel Hawkins
Director del Área de Investigación,
Escuela Nacional Sindical
La crisis económica mundial posterior a 2008-2009, además
de impulsar una fuerte caída productiva de la economía global y una reconcentración empresarial del sector financiero en
los centros de especulación mundial, tuvo también un fuerte
impacto en el mundo laboral, mediante la exacerbación de políticas empresariales de recorte de mano de obra, más prácticas de
flexibilidad laboral, más persecución a las organizaciones sindicales y un ataque político sistemático al gasto social en muchos
países del mundo1.
1. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a mediados de 2014, ciento veintidós gobiernos en el mundo estaban disminuyendo el gasto público. Véase, OIT. 2014. Informe mundial sobre la protección
5
6
Presentación
Los resultados negativos en términos de la calidad de la vida
de millones de trabajadores no se hicieron esperar. De acuerdo
con la Organización Internacional de Trabajo, además de haber
crecido el número global de desempleados –población que estaba alrededor de doscientos dos millones de personas para 2013,
cinco millones más que en 2012–, 48% del total del empleo
mundial es de tipo “vulnerable”, en el que las y los trabajadores
están más expuestos que los asalariados al acceso limitado o a
carecer de él, a la seguridad social o a un ingreso seguro2. Incluso, la misma OIT estima que solo 27% de la población mundial
tiene acceso a la seguridad social integral3.
En Colombia, a pesar de contar con un periodo de relativa
estabilidad y crecimiento económico, con estimativos que hablan de una tasa de crecimiento del PIB promedio de 4,7% entre
2010 y 2013, no se dista mucho de lo que pasa en las tendencias
mundiales que muestran un panorama negativo para la población trabajadora. Aunque el país haya visto un leve descenso de
la tasa de desempleo en los últimos años, que se situó en 9,8%
para el trimestre móvil de enero-abril de 20144, el problema de
la precariedad del empleo y el enorme déficit de trabajo decente
no demuestran ninguna tendencia a la baja. Al contrario, la generación del empleo se ha realizado, principalmente, por medio
de empleos temporales, entre las empresas de servicios temporales (EST)5 y otras formas “creativas” (según expresión de
2.
3.
4.
5.
social 2014/15. Construir la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la
justicia social. OIT. Ginebra.
International Labour Organization (ILO). 2014. Global employment trends:
The risk of a jobless recovery. ILO. Ginebra.
Véase, “Sólo el 27% de la población mundial goza de seguridad social”.
Nueva Tribuna, 3 de junio de 2014. http://www.nuevatribuna.es/articulo/
economia-social/construir-recuperacion-economica-desarrollo-inclusivo-y-justicia-social/20140603182344104053.html. Consultado el 3 de
junio de 2014.
Una disminución de 0,9% frente al mismo periodo del año anterior.
Los datos suministrados por Acoset (el gremio que agrupa a las EST del
país) hablan de que en 2012 había casi seiscientos mil trabajadores vinculados por medio de esta modalidad de intermediación, los cuales celebra-
Daniel H awkins
7
David Luna)6, de intermediación laboral, con alta inestabilidad y
bajos ingresos, y empleos informales en los que los trabajadores
trabajan sin contrato, sin acceso al sistema de seguridad social y
sin la posibilidad de velar por sus derechos laborales básicos. Incluso, más de dos tercios de la población ocupada en Colombia
no están afiliados ni cotizan a los dos regímenes básicos de la
seguridad social: salud y pensiones. El resultado de esta lamentable combinación de temporalidad e informalidad laboral, es
que actualmente la gran mayoría de la clase obrera en Colombia
está cada vez más lejos de conseguir las condiciones materiales
necesarias para una vida digna.
Respecto de los ingresos, el bajo poder adquisitivo de la
mayoría de trabajadores es evidente: en 2010, el 50,5% de los
ocupados ganaba menos de un salario mínimo mensual legal
vigente (smmlv), lo que en 2011 y 2012 fue de 49,2% y 55,1%,
respectivamente. En 2013, el 45,33% de los ocupados recibía
hasta un smmlv, mientras que el ingreso promedio del país era
de $816.646. Ingreso que representa apenas el 97% de la línea de
pobreza por hogar7, lo que obliga a que más de un miembro del
hogar deba ingresar al mercado de trabajo. Ser un país de trabajadores que, en su mayoría, están en lucha constante contra la
pobreza y la incertidumbre laboral, también tiene implicaciones
en términos de la distribución de los ingresos y, por supuesto, la
riqueza en el país.
Al mirar el comportamiento del coeficiente de Gini sigue
siendo evidente que, a pesar de su crecimiento económico destacado, Colombia sigue siendo uno de los líderes en la inequidad
ron, en conjunto, un total de 1.295.000 contratos, o lo que es lo mismo:
cada uno de ellos firmó en promedio 2,1 contratos al año. Véase Portafolio.
“Temporales ponen en la picota al contrato sindical”. http://www.portafolio.co/economia/temporales-ponen-la-picota-al-contrato-sindical.
6. Entrevista realizada por la revista Dinero. http://m.dinero.com/edicionimpresa/pais/articulo/creatividad-laboral/148432. Consultado el 10 de
febrero de 2014
7. Dane. Pobreza monetaria y multidimensional 2013. Boletín de prensa, pág. 5.
8
Presentación
de ingresos. El Gini aquí permanece en niveles muy elevados: en
2010 fue 0,56, con leves disminuciones en los años siguientes,
destacándose lo sucedido en 2012 y 2013 cuando permaneció
invariable en 0,539. Lo que pone al país en el lugar vergonzoso
de ser, después de Haití, el más desigual del continente, medido
por la distribución de ingresos. Y si analizamos la distribución
de la riqueza, en una tarea que amplía el panorama de inequidad en un país, este sobresale por su estructura socioeconómica
nefasta, en la que la riqueza tiende a quedar en manos de los
mismos ricos, generación tras generación, en mayor grado que
en casi todos los países del mundo, con la excepción de Estados
Unidos, donde la ilusión nublosa del “sueño americano” se encuentra extraviada8.
¿Qué entendemos por precariedad laboral?
Tener un trabajo precario e indecente va mucho más allá de
solo recibir un salario o sueldo bajo y, entonces, de carecer de
los recursos necesarios para adquirir los bienes y servicios necesarios para llevar una vida digna. La precariedad laboral, o la
vulnerabilidad, como tienden a llamarla los expertos de la OIT,
implica que estos trabajadores carecen de varios componentes
de lo que podría definirse como un “ingreso social”, además de
no percibir múltiples tipos de seguridad laboral. A continuación
analizamos el concepto del ingreso social.
Para Guy Standing y sus colegas, el ingreso social está compuesto por seis dimensiones, cada una de las cuales refuerza el
grado de seguridad que tienen quienes trabajan: 1) auto-producción (OP): la alimentación, bienes y servicios producidos por sí
mismo; 2) el sueldo monetario (W): el pago que recibe por su labor
productiva; 3) apoyo de la familia o comunidad (CB) = el valor del
apoyo de la familia y de la comunidad local; 4) los beneficios de la
8. Véase, Piketty, Thomas. 2014. Capitalism in the 21st Century. Traducido al
inglés por Arthur Goldhammer. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London.
Daniel H awkins
9
empresa (EB) = generalmente derivados de una convención colectiva o de dádivas ofrecidas por el empleador a algunos empleados; 5) los beneficios del Estado (SB) = la seguridad social, asistencia social, transferencias estatales, subsidios estatales; 6) beneficios
privados (PB) = derivados de los ahorros e inversiones privados9.
El nivel de precariedad o de vulnerabilidad laboral depende
del grado en que se puede unir cada uno de estos componentes.
Obviamente, el ingreso social puede variar entre trabajadores
que tienen el mismo puesto de trabajo y tipo de contrato laboral, cuando esto existe. No obstante, se da por hecho que una
trabajadora informal se encuentra, estructuralmente, excluida
de varios de estos seis componentes: mientras que debe recibir
un sueldo, por hora laborada, por productividad o por periodo
trabajado: día/semana/mes, en el caso colombiano pocas puedan contar con beneficios estatales debido a que, por no tener
un contrato laboral no están afiliados a los tres regímenes de
seguridad social básicos, pensión, salud y riesgos laborales, ni
a las cajas de compensación, y para asegurar que queden más
marginadas aún, no reciben prima, vacaciones, ni cesantías, y
mucho menos beneficios extralegales.
Sin duda, los trabajadores temporales y los informales no
solo reciben sueldos más bajos, reciben también un ingreso
social de un monto menor que los trabajadores formales con
contrato indefinido y cobertura a una convención colectiva de
trabajo. Adicionalmente, estos trabajadores tienden a carecer
de una “seguridad de representación”, lo cual significa que la
persona no tiene voz individual ni colectiva10. Trabajar sin voz
obstaculiza la posibilidad de quienes trabajan de protegerse en el
entorno laboral y de minimizar que las jerarquías estructurales
de la relación capital-trabajo se conviertan en un gran impedi9. Standing, Guy, Jeemol Unni, Renana Jhabvala y Uma Rani. 2010. Social
Income & Insecurity: A Study in Gujarat. Routledge. Londres-Nueva YorkNueva Delhi: 1-3.
10. Bonnet, Florence, José B. Figueiredo y Guy Standing. 2003. “A family of
decent work indexes”. ILO InFocus Programme on Socio-EcoSecurity: 214.
10
Presentación
mento para tener los derechos laborales básicos. Por lo general,
la falta de una seguridad de representación tiene que ver con la
inexistencia práctica, por acción u omisión, del poder de una
trabajadora de afiliarse a una organización sindical o a una asociación colectiva de trabajadores o profesionales. Si este derecho
fundamental, estipulado en el convenio 87 de la OIT sobre la
libertad sindical, no existe, la posibilidad que quienes trabajan
puedan satisfacer sus demás derechos laborales será muy reducida, debido a que el derecho de organizarse y tener una voz
colectiva es un derecho “habilitante” que ayuda a “garantizar los
procedimientos que mitigan el desequilibrio de poder inherente
en la relación de empleo11”. Es por eso que varios expertos del
mundo laboral definen el derecho a la libertad de asociación y
el derecho a la negociación colectiva como los derechos civiles de los trabajadores12. No poder ejercer estos dos derechos
será siempre una seria limitación a la capacidad que tengan los
trabajadores de ejercer sus derechos laborales individuales y de
poder velar por un empleo decente y digno, que no solo cumpla
con, por lo menos, los mínimos legales, sino los mínimos éticos
y morales que tienen que ver con las relaciones sociales en el
mundo de trabajo; aquí se debe entender el derecho a un trabajo
digno como un objetivo moral: en una sociedad decente los trabajadores merecen laborar en condiciones justas13.
La importancia de contar con una seguridad de representación es categórica pero no basta para asegurar que un empleo
sea decente. De acuerdo con Standing14, en el siglo veinte los
11. Anner, Mark. 2012. “Social responsibility and global workers’ rights:
Corporations’ precarious quest for legitimacy with labor control”. Politics
& Society. 40: 609-644.
12. Kucera, David. 2002. “Core labour standards and foreign direct investment”. International Labour Review. 141 (1-2): 31-69.
13. Véase, Margalit, Avishai. 1997. La sociedad decente. Paidós. Barcelona;
Mundlak, Guy. 2007. “The right to work: Linking human rights and
employment policy”. International Labour Review. 146 (3-4): 193.
14. Standing, Guy. 2013. El precariado: una nueva clase social. Traducción al
español por Juan Marí Madariaga. Bloomsbury: 31.
Daniel H awkins
11
regímenes de ciudadanía laboral, que formaron la base para las
sociedades de bienestar, además de la seguridad de representación, perseguían seis formas de seguridad laboral: seguridad en
el mercado laboral: oportunidades adecuadas para devengar un
ingreso; seguridad en el empleo: protección contra despidos arbitrarios y regulaciones que incluyan sanciones por incumplimiento, contratación irregular y despido injusto de empleados;
seguridad en el puesto de trabajo: las posibilidades y capacidades de
los trabajadores para mantener un nicho en el mercado laboral;
seguridad en el trabajo: protección contra accidentes y enfermedades profesionales, duración de las jornadas laborales; seguridad
en la reproducción de sus habilidades: oportunidades para adquirir
habilidades mediante capacitaciones; seguridad en los ingresos: un
ingreso adecuado y estable que sea protegido por medio de legislación sobre salarios mínimos, la indexación de salarios, sistemas de seguridad social comprensivos, un sistema tributario
progresivo, etcétera.
Al analizar de nuevo cada uno de estos componentes en el
contexto colombiano, donde priman la informalidad laboral y
el trabajo inestable y temporal, es claro el alto grado de descuadre entre estos tipos de seguridad laboral y la vida de trabajo
de millones de trabajadores. En Colombia, para la mayoría, que
no está o respaldada por varias formas de seguridad laboral,
predominan la vulnerabilidad, la incertidumbre sobre el futuro laboral, la desconfianza social y otros sentidos que generan
malestares emocionales que complican aún más el grado de
marginación socioeconómica. Incluso, como arguye Standing,
no contar con unas mínimas reglas de juego en una relación
laboral de tipo formal y seguro, puede generar traumas sicológicos o, por lo menos, una frustración profunda, visibilizada
mediante la aversión, la ansiedad, la alienación y la anomía15. Tales sentimientos, atribuidos a semejante falta de oportunidades
para mejorar el entorno de trabajo actual, contribuyen a crear
15. Standing, Guy. 2013. Op cit.; véase también: Breman, Jan. 2014. “A bogus concept?”. New Left Review. 84, noviembre-diciembre: 130-138.
12
Presentación
estructuras psicosociales en las que reina la pasividad, dejando
que estos trabajadores tengan pocas opciones fuera de seguir en
una situación de “autoexplotación (incluso) más profunda y de
desarraigo hastiado16”.
En estas falencias de seguridad y en la fragilidad e inestabilidad del ingreso social, para millones de trabajadores colombianos, reside la razón por la cual se puede afirmar que son, obviamente en grados distintos, parte de un conjunto de trabajadores
“precarios”, definidos así etimológicamente en latín: precari:
“mendigar, rezar, suplicar; por ende, inseguro, dependiente de
los favores de otros, inestable, expuesto a peligro; con ocupación
incierta17”. Aunque la situación laboral precaria fue reconocida
como un elemento central del proceso de proletarización en el
siglo diecinueve –en el sentido marxista de la libertad doble
(pero engañosa) de la nueva clase obrera–, con los múltiples procesos de flexibilización laboral18 impulsados en las últimas tres
décadas, el concepto del “precariado” ha cogido un significado
similar al que se le dio en la década de 1990 en Francia, cuando
lo definían como “la condición de las personas que tienen que
vivir del ‘día a día’”19.
Y quizá la manera más emblemática de entender lo que significa estar en una condición laboral precaria, o vulnerable, hoy
en día en pleno siglo veintiuno, puede ser, incluso, devolviéndonos a revivir la situación laboral de la gran masa de trabajadores
nuevamente proletarizada en las ciudades de la Europa occidental durante la segunda parte del siglo diecinueve, antes de que
16. Standing, Guy. 2013. Op cit.: 44-45.
17. Véase, Breman, Jan. 2013. Op cit.: 134.
18. Standing habla de varias formas de flexibilización: la flexibilidad salarial:
haciendo ajustes a la demanda con más rapidez; la flexibilidad del empleo: la
capacidad que tengan los empleadores de cambiar los niveles de empleo
sin incurrir en costos; la flexibilidad del puesto: tener capacidad de mover
los empleados dentro de la empresa y para cambiar las estructuras de cargo sin oposición ni costos; y la flexibilidad de habilidades: haciendo ajustes
a las capacidades requeridas de los trabajadores. Véase: Standing, Guy.
2011. Op cit.
19. Breman, Jan. 2013. Op cit.: 134.
Daniel H awkins
13
se establecieran los regímenes de bienestar social, que otorgaban
un “reconocimiento social” al trabajador más allá de la utilidad
económica que su mano de obra tenía en el mercado capitalista20. O sea, para muchos de los trabajadores precarios de hoy, la
definición de trabajo planteada por la OIT en su preámbulo: que
no es una “mercancía”, es cuestionable en términos de su rigor
práctico, sobre todo para los millones de trabajadores informales
que, por lo general, trabajan fuera del alcance de las leyes laborales y, por ende, carecen de la protección que ofrecen en términos de mitigar, disminuir y enmarcar “el poder arbitrario de
los empleadores”21. El resultado de esta remercantilización del
trabajo no podría ser peor en términos de su impacto individual
y social. Como plantea Standing: “cuando todo se mercantiliza
–valorándose en términos de costos y compensaciones financieras– la reciprocidad moral se fragiliza22”.
La precariedad laboral: de la concepción abstracta a
lo subjetiva concreta
Ahora que tenemos una comprensión abstracta del significado de estar en un trabajo precario, debemos comenzar el camino
hacia una apreciación más subjetiva de las múltiples carencias
sociales, económicas, sicológicas, para no hablar de las políticas,
que pueda padecer una trabajadora precaria en el contexto colombiano. Este libro ofrece un valioso aporte a la visualización
de la situación laboral y, por extensión, personal, de algunos de
los miles de trabajadoras y trabajadores que aguantan mucha y
múltiples discriminaciones, tanto asociadas con las carencias
mencionadas, como, de manera más general, a la gran presión
para “seguir adelante” en un contexto donde el progreso es algo
más un mito que una meta alcanzable.
El libro agrupa 23 crónicas que indagan sobre la situación
20. Véase, Castel, Robert. 1996. “Work and usefulness to the world”. International Labour Review. 135 (6): 615-622.
21. Castel, Robert. 1996. Op cit.: 620.
22. Standing, Guy. 2013. Op cit.: 48.
14
Presentación
laboral de trabajadores colombianos –mujeres y hombres de
diversas edades, razas y lugares del país– que han laborado en
diversas ramas de la economía productiva, además de otras
personas que desarrollan actividades dentro de la economía de
cuidado, una esfera tradicionalmente ignorada y olvidada por
expertos de todos los rangos del pensamiento teórico. El valor
agregado de estas crónicas es que ilustran los impactos de la
precariedad laboral en carne viva, además de explicar la manera en que cada situación de vulnerabilidad individual tiene
su raíz en las múltiples violaciones a las leyes laborales y a los
derechos laborales por parte de los empleadores, por un lado, y
en la falta de presencia real del Estado colombiano, por medio
del Ministerio del Trabajo y sus inspectores, como actor fundamental en llevar a las leyes del papel a la fábrica, por decirlo así.
El caso de los jóvenes trabajadores de Claro ilustra el descaro
sin misericordia de una de las empresas más rentables del país23.
Esta empresa multilatina, propiedad del magnate mexicano
Carlos Slim, utiliza un ejército de vendedores jóvenes por medio de múltiples empresas temporales, que manejan un contrato
de “corretaje” en el que los firmantes se obligan que recorrer las
ciudades del país, a sol y agua, sin subsidio de transporte, prestaciones sociales o salario fijo, y bajo un alto nivel de presión para
vender a fin de alcanzar las metas cada vez más exigentes y así
seguir siendo superexplotados. Al mismo tiempo, mientras más
monopoliza el mercado de telecomunicaciones, esta empresa se
enfoca más en tercerizar la fuerza laboral para así socializar la
precariedad de todos los trabajadores que laboran en su ámbito
de dominancia económica.
Por otro lado, la crónica sobre la transformación de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) en contratos sindicales en el
23. Durante 2013, Comcel-Claro tuvo ventas por más ocho mil millones de
pesos, un incremento de 8,14% frente a las de 2012, para dejarla como la
sexta empresa con presencia en Colombia que más ventas hizo. Fuente:
Supersociedades
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.
aspx. Consultado el 24 de mayo de 2014.
Daniel H awkins
15
sector de servicios y salud, en este caso en Antioquia, ilustra no
solo como los dueños privados de las empresas prestadoras de
salud y los administradores de la infraestructura de este sector,
burlan las leyes laborales, sino como el mismo Ministerio del
Trabajo promueve un pervertido juego óptico donde la realidad
poco tiene que ver con los discursos oficiales. Con la firma del
Plan de acción laboral entre los presidentes Juan Manuel Santos
y Barack Obama, el 7 de abril de 2011, el asombroso crecimiento
de las CTA durante la década previa llegó a su fin, con la puesta en función del decreto 2025 del mismo año, que prohibía la
intermediación laboral mediante esta figura tan violadora de los
derechos laborales de los trabajadores mal llamados “asociados”.
Pero como se ve en la crónica, en su lugar, el Estado reforma el
contrato sindical, contradiciendo la naturaleza misma de lo que
se entiende como una organización sindical, para que las cooperativas puedan seguir burlando los derechos laborales, ahora
mediante una “falsa” organización sindical.
Son varias las crónicas que asustan por la manera como
ilustran el lugar de trabajo no como un espacio de creatividad,
de compañerismo, de proyección personal y profesional, sino
como uno peligroso, donde los trabajadores arriesgan su salud,
su futuro y su dignidad física y emocional. Aterran entonces
estas historias de accidentes laborales en un contexto en el que
los afectados trabajan en lugares que no cuentan con las condiciones y prácticas adecuadas de seguridad industrial, y donde no
están afiliados a una administradora de riesgos laborales (ARL).
Y donde, en muchos casos, el poder arbitrario del empleador los
presiona para tomar decisiones dañinas para su integridad física,
que ponen en riesgo su continuidad en dicho lugar de trabajo y,
en algunos casos, llevan a situaciones de discapacidad temporal
y hasta permanente.
Otras crónicas, nos llevan a zonas del país donde la llamada
“locomotora minera” irrumpe con sus procesos intensivos de
extracción. La diferencia de los relatos incluidos sobre la industria petrolera y la carbonífera subterránea, con los relatos co-
munes de los medios de comunicación más poderosos del país,
es que en los incluidos se visualiza el lugar primordial de las y
los trabajadores en lubricar los motores de estas industrias. Y
no solo eso, las crónicas en este libro demuestran cómo estos
trabajadores enfrentan altos peligros en las minas, tortuosas
condiciones de trabajo, además de aguantar ambientes insalubres, discriminación patronal y todo para, luego, recibir pagas
irrisorias con pocas garantías, mientras las empresas mineras
reciben exenciones de impuestos, dádivas políticas y utilidades
económicas anuales de cantidades excesivas.
Finalmente, otras crónicas capturan, más allá del agote y
desgaste físico y emocional de los trabajadores protagonistas,
su orgullo, resiliencia, y el deseo de superarse, a pesar de los
muchos obstáculos estructurales que enfrentan, para seguir
contribuyendo así al fortalecimiento de su persona, su familia y
su país. Los venteros de minutos en la ciudad de Medellín, en la
mayoría de los casos sin capital alguno, sin estudios, sin hogar,
luego de padecer desalojos y desplazamientos, llegan a la ciudad
y trabajan por ingresos muy bajos, aguantando el acoso sexual,
la discriminación social, la delincuencia común, el hostigamiento de funcionarios públicos y la policía, sin quejarse, sin pedir
ayuda del Estado, y sin saber que tienen derechos laborales y
otros derechos humanos.
Las crónicas de este libro nos acercan a la realidad cruda de
Colombia, sin las perversiones que buscan embellecer artificialmente al entorno, mediante los discursos vacíos de los políticos
y la miopía de gran parte del empresariado presente en el país.
Para adelantar la tarea de cambiar esta cruda y cruel realidad del
mundo de trabajo en Colombia, primero hay que comprenderlo,
leer los múltiples casos en los que el trabajo cotidiano de tantas y
tantas personas difiere tanto de lo establecido en las normas laborales, y vivir, aunque sea por medio de la lectura, los impactos
tan nocivos que esa realidad tiene en tantos y tantas trabajadores
hermanos y hermanas de cada uno de nosotros.
tERCERIzACIóN LABORAL
Fotografía: “Mancera-hommie en Xicali”, Fernando Gómez, México, 2013
En el puerto de Buenaventura las CtA
cambiaron por sAs para que todo siguiera
igual, o peor
Con todo y su puerto, y sus grandes oportunidades de crecimiento económico, Buenaventura es una ciudad hundida en la
desesperanza y en la violación permanente de los derechos humanos y laborales. Caminar por sus calles, entrar en sus barrios
y conocer su gente, deja una sensación de aniquilamiento, de
desprotección, de inseguridad. La pobreza ronda de esquina en
esquina, pululan los niños descalzos, las mujeres que tratan de
vender sus comidas y baratijas callejeras, y cientos de hombres
que esperan que alguien los llame para trabajar, así sea por unas
cuantas horas. En fin, en las calles del principal centro portuario
del país, por donde sale y entra la mitad de su comercio exterior,
son muy visibles el desempleo y la precariedad laboral, con formas de trabajo casi de esclavitud, porque en eso consiste trabajar
21
22
tercerización laboral
de pie durante jornadas largas y extenuantes, cargando pesos
pesados, en condiciones hostiles y riesgosas, por un salario miserable y sin la esperanza de una vejez tranquila.
Ante este panorama, es difícil creer que veinte años atrás
la vida en Buenaventura era distinta. Muchos de sus habitantes
recuerdan con nostalgia esa época dorada, cuando la operación
del puerto marítimo estaba a cargo del Estado y la calidad de
vida de quienes allí trabajaban era conocida por todos y anhelada
por muchos. Ahora todo eso no es más que un buen recuerdo,
una leyenda que se transmite en forma de anécdotas contadas
una y otra vez por los más viejos, anécdotas sobre las buenas
condiciones laborales que allí hubo.
Desde mediados de los años noventa, cuando la operación
del puerto marítimo quedó en manos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, se instituyó allí un sistema de
intermediación laboral mediante las denominadas cooperativas
de trabajo asociado (CTA), forma de subcontratación utilizada
durante más de 15 años (hasta el año 2012) por los empresarios
del sector portuario, que les permitió abaratar costos de producción, además de menoscabar los derechos laborales de los estibadores, wincheros, tarjadores y demás trabajadores portuarios.
Antes de la aprobación del Tratado de libre comercio (TLC)
entre Colombia y Estados Unidos, los dos gobiernos firmaron
el Plan de acción laboral, que, entre otros puntos, contempló la
desaparición de las cooperativas de trabajo asociado como intermediarias laborales. En ese marco, el Congreso de Colombia
aprobó la Ley 1429 de 2010 (artículo 63), y el Gobierno firmó
el Decreto 2025 del 8 de junio de 2011, normas que prohíben
a las CTA realizar intermediación laboral, entendida ésta como
el envío de trabajadores para labores misionales y permanentes
de las empresas. Fueron normas que entre los trabajadores del
puerto generaron la esperanza de un cambio en sus condiciones
de trabajo y de vida, al creer que operadoras portuarias como
Tecsa o Ciamsa los contratarían directamente y que, por fin,
gozarían de estabilidad y garantías laborales. Todo lo cual fue
tercerización laboral
23
solo ilusión: las cooperativas de trabajo asociado cambiaron de
nombre para seguir haciendo lo mismo.
De CtA a sociedades por acciones simplificadas (sAs)
Para adecuarse a las nuevas normas, casi todas las cooperativas de trabajo asociado del puerto cambiaron su razón social y
se convirtieron en sociedades por acciones simplificadas (SAS),
como Bultrain, Pioneros, Colpes, entre otras. Fue un cambio
que pronto los trabajadores desvelaron como un engaño, toda
vez que estas SAS continuaron actuando como intermediadoras laborales, vulnerándoles sus derechos tal como lo hacían las
CTA. Es decir que cambiaron de nombre pero no mejoraron
para nada las condiciones de los trabajadores, y en algunos aspectos las desmejoraron. Es difícil precisar la cifra exacta de sociedades que operan en el puerto de Buenaventura, en manos de
ex trabajadores portuarios, pensionados, políticos, empresarios
de otras ciudades, socios de la misma Sociedad Portuaria o sus
familiares, y de los operadores portuarios que crearon las suyas.
Las filas de trabajadores portuarios que durante horas y
días merodean en las afueras del terminal marítimo o se agolpan frente a las bodegas y los camiones que llegan y salen con
carga, siguen encontrando ofertas laborales poco satisfactorias,
que por necesidad deben aceptar. Los contratados directamente
por las operadoras son la minoría, y por lo general son quienes
ocupan cargos directivos. El resto: estibadores, wincheros, tarjadores, braceros, han debido seguir soportando la precariedad
y la inestabilidad laboral, porque entre las cooperativas de trabajo asociadas que los contrataban y las sociedades por acciones
simplificadas que los contratan no hay diferencias: ambas son
formas de subcontratación con muy pocas garantías laborales,
siendo, más bien, regímenes de explotación.
Héctor Daniel Micolta, quien lleva la mitad de su vida trabajando como estibador, piensa que la transición de las cooperativas
a las sociedades no fue más que un engaño: “Las cooperativas
cambiaron de nombre y no hubo beneficios para los trabajadores portuarios. Siguieron beneficiándose los mismos dueños de
siempre”. La misma opinión tiene Humberto Hurtado, coordinador de actividades de las organizaciones sindicales de la CUT
24
tercerización laboral
(Central Unitaria de Trabajadores) del Valle. “El gobierno viene
hablando de la formalización del empleo en Buenaventura, pero
en últimas se vive la misma situación de explotación de las cooperativas, disfrazada ahora de SAS”, asegura.
Los contratos con las SAS son verbales casi siempre y pueden durar desde días y semanas hasta tres, seis o doce meses,
caso este último poco común. Ningún trabajador vinculado
tiene la certeza de estar empleado durante todo el año, situación
parecida a la existente en la época de las cooperativas, que también contrataban por los días o semanas que durara la actividad.
“Y si no le gusta así, pues ahí está la puerta”, es la respuesta
de los empleadores, quienes saben de la mucha mano de obra
dispuesta a trabajar, cualesquiera sean las condiciones. Por eso,
a los trabajadores se les escucha decir “hay que cuidar la papita”,
“nos dan salarios de hambre”, “nos están pauperizando cada vez
más”, “huevo no puede contra piedra”, con lo que dan a entender
que comprenden el estado de indefensión en que están y saben
que revertirlo es tan difícil como evitar la lluvia en Buenaventura.
Según John Jairo Castro, presidente del sindicato Unión
Portuaria, muchas de esas empresas no tienen capital ni maquinaria, solo un nombre. “Además, asegura, cuando necesitan
algún documento o resolución, no tienen problema en pasar información falsa, que los organismos competentes no se toman
el trabajo de verificar con seriedad”.
Para Jaime Andrés Olaya, concejal del Distrito de Buenaventura, el incumplimiento de la ley es una constante en la
ciudad. De acuerdo con él: “La transición de las cooperativas a
SAS ha causado mucho ruido y controversia. Recientemente, la
Sociedad Portuaria fue sancionada por el Ministerio de Trabajo
por no cumplir la norma, que es clara: ningún trabajador vinculado a labores de tipo misional, y no se excluye a los portuarios,
puede estar bajo la figura de intermediación”.
tercerización laboral
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Formas de contratación y de pago
Los trabajadores con contrato directo con los operadores
portuarios son pocos, tienen un salario mejor, cuentan con seguridad social, el pago de horas extras y auxilios escolares para
sus hijos. Es el caso de Juan Carlos Vergara, operador de equipos
que trabaja para Tecsa. Si bien labora doce horas diarias, gana
cerca de ochocientos mil pesos quincenales, un sueldo de reyes
comparado con el que obtienen los otros, los tercerizados.
Como ocurría con las cooperativas, las sociedades por acciones simplificadas no establecen tarifas fijas para las diversas
labores portuarias, que están a discreción y voluntad de los
operadores. Al igual que en las CTA, la modalidad de trabajo
predominante en la SAS es a destajo, es decir labor cumplida
labor pagada. Sobre esa base, las ahora sociedades determinan
la forma de pago y el tiempo por laborar, y no pagan el tiempo
que no se trabaja por causa de la lluvia o de algún inconveniente
técnico. Y tampoco lo hacen por concepto de horas extras, nocturnas, dominicales o festivos: todo tiempo y trabajo se paga a
una única tarifa.
Si el pago es por horas, lo que cada vez es menos común, por
cada una cancelan entre dos mil y dos mil quinientos pesos, lo
que representa salarios de hambre. Además, una persona puede
trabajar durante diez o quince horas, y después quedar desempleada días y semanas enteras, hasta cuando vuelvan a llamarla.
Valga decir que algunos trabajadores solo hacen tres o cuatro
turnos por mes, pero deben ir todos los días a mirar qué hay, por
cuanto si no están presentes rápido les consiguen reemplazo. De
acuerdo con un estibador: “Si llega un buque y hay que cargar o
descargar un contenedor, nos llaman y nos dicen: les pagamos
por hora, por turno o por tonelada. Cuando el buque se va quedamos otra vez a la espera de que nos vuelvan a buscar”.
Si el pago es por tonelada, para el cargue o descargue de un
buque se contratan, por ejemplo, veinticuatro trabajadores, doce
por turno, y cada una la pagan a setecientos pesos. El dinero que
reciben se divide entre los veinticuatro estibadores. Otra moda-
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tercerización laboral
lidad es el contrato por turnos, generalmente de doce horas, con
treinta mil pesos de remuneración.
En conclusión, las sociedades no garantizan siquiera un salario mínimo mensual, y lo que ofrecen es peor incluso que lo
que pagaban antes las cooperativas. Hay quienes ganan menos
de noventa mil pesos al mes, con el agravante de que lo hacen
en jornadas laborales extensas, de doce o más horas, otra de las
quejas más sentidas.
Las jornadas de trabajo son largas y extenuantes. Los trabajadores y trabajadoras saben cuál es la hora de entrada pero no
la de salida, tal como dice muy molesta María Vanessa, quien
se desempeña como tarjadora. “Entramos a las nueve de la mañana, y supuestamente la salida es a las seis de la tarde, pero no
salimos sino hasta que terminemos con el contenedor. Muchas
veces terminamos a las nueve o diez de la noche, y todo por los
mismos cuarenta mil pesos”.
Los contratistas de “maletín”
Condiciones de trabajo similares ofrecen los contratistas
particulares conocidos como “contratistas de maletín”, quienes
además de no tener formación alguna para manejar personal, no
cuentan con una oficina y despachan en un bar o en una esquina
cualquiera, provistos solo de un maletín.
Se trata de contratistas que hacen acuerdos con los dueños
de bodegas o de cualquier empresa, incluidas las sociedades
por acciones simplificadas, para prestar servicios de mano de
obra, buscando entonces un grupo de personas que ponen a
trabajar, cobrando la paga, dividiéndola entre los trabajadores,
y quedándose ellos con la mejor tajada. Lo que ratifica James
Suárez Riascos, estibador que trabaja para uno de estos contratistas, y quien cuenta que cuando el trabajo está bueno, él
y sus once compañeros se ganan trescientos cincuenta mil o
cuatrocientos mil pesos quincenales, salario que llega a ser mejor incluso que el de muchos de quienes trabajan en las SAS.
De casos como estos podría seguirse escribiendo, para concluir que el puerto de Buenaventura es el “paraíso” de la informalidad y la inestabilidad laboral.
tercerización laboral
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seguridad social deficitaria
Como si las formas de contratación, las jornadas y los salarios no fuesen ya precarios, hay otra dificultad adicional: el pago
de la seguridad social.
Por lo general los contratantes pagan salud y riesgos profesionales por los días laborados, no por todo el mes, y cotizan
tomando como base el salario mínimo, no el salario real que
ganan los trabajadores, más alto que el mínimo. Hay también
numerosas denuncias de casos en los que a los trabajadores les
descuentan la cuota por seguridad social pero no los afilian o
los engañan con afiliaciones ficticias. De ahí que, en caso de
enfermedad, la mayoría prefiera hacer uso del Sisbén.
En cuanto a los riesgos profesionales, para ingresar a las instalaciones portuarias a cargar o descargar barcos a los braseros
se les exige presentar la constancia de afiliación a una administradora de riesgos laborales (ARL). No obstante, en este rubro
también cunden la informalidad y la desprotección. Hay casos,
y no pocos, en que los hospitales no atienden a los trabajadores
accidentados, porque no figuran como afiliados o por cuanto
el seguro que tienen no cubre los procedimientos requeridos.
En estos casos, por lo general aparece el dueño o gerente de la
SAS y hace las diligencias necesarias para que el trabajador sea
atendido.
Pero es en el asunto pensional en el que los trabajadores
están más desprotegidos. Quienes en el pasado alcanzaron a
pensionarse con Colpuertos, empresa estatal que existió hasta
mediados de los noventa, lo hicieron con mesadas dignas, que
les han permitido vivir cómodamente. Nada que ver con las
pensiones que se pagan hoy, apenas por el monto de un salario
mínimo, si es que los trabajadores tienen derecho a ellas, porque
en el puerto se ha evadido casi siempre el pago de la cotización
para pensión.
Durante los casi veinte años que los trabajadores fueron contratados por cooperativas, desde la privatización de Colpuertos a
mediados de los años noventa, el pago del seguro de pensión fue
irregular, unas cooperativas lo pagaban y otras no, generalmente
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tercerización laboral
de acuerdo con los trabajadores, que preferían no pagar la cuota
de pensión para que la quincena no le les llegara tan “flaca”.
Resultado: trabajadores que hoy no cuentan con las suficientes semanas para pensionarse, así tengan ya la edad. Algunos con
veinte años de trabajo solo figuran con ciento setenta semanas
de cotización, y los más afortunados tienen setecientas semanas
cotizadas, pero ya pasan de los cincuenta y cinco años de edad.
Discriminación racial al orden del día
El racismo es parte sustancial en las relaciones laborales en
el puerto de Buenaventura. Los trabajadores afro tienen la percepción de que por esa condición se les subvalora , que ser negros les hace objeto de humillaciones, maltrato, discriminación,
y de la imposibilidad de ascender en las sociedades por acciones
simplificadas o dentro de las empresas operadoras.
Gregorio Sinisterra, quien lleva veinticinco años desempeñando labores portuarias, lo explica así:
He tratado de ser más que un estibador, pero el sistema me lo ha impedido. Me impidió seguir con mis estudios, me absorbió completamente
y no me dio oportunidades de crecer. Yo no he podido ascender por el
racismo, sabiendo que en Buenaventura la población mayoritaria es negra. Las SAS traen la mano de obra calificada de otras ciudades, traen
familiares y amigos que ya están relacionados con los dueños, y a uno
como negro simplemente lo ven como el que tira el bulto, el que hace la
labor pesada, y el pago es paupérrimo.
sindicatos perseguidos, sindicatos desunidos
El temor de los trabajadores vinculados a SAS de manifestar
su inconformidad o revelar su afiliación a un sindicato es evidente, ya que saben que les puede costar el puesto. Y no es un
temor infundado. Los empleadores no ven con buenos ojos que
los trabajadores se quejen y hablen entre sí de sus condiciones de
trabajo, y para estos últimos constituye un riesgo hablar con los
periodistas o los inspectores laborales cuando visitan los recintos portuarios. Con menos buenos ojos ven los propietarios que
los trabajadores se afilien a una organización sindical.
Es bien conocida la mentalidad antisindical de los empre-
tercerización laboral
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sarios portuarios de Buenaventura y las trabas que le ponen al
derecho de asociación sindical. Tanto es así que cuando las SAS
se dan cuenta de que los trabajadores son sindicalistas no los
contratan o los condicionan para que se retiren del sindicato, so
pena de ser despedidos. Aun cuando según Humberto Hurtado,
de la CUT, también hay gerentes que, para mostrar una postura
amplia y democrática, permiten la creación de organizaciones
sindicales, siempre y cuando las puedan controlar y meter en
cintura.
Las mujeres, que trabajan como tarjadoras y etiquetadoras
en turnos de doce horas, no se sienten atraídas por los sindicatos ni saben qué son o qué hacen, y aquellas que sí lo saben
no se afilian por temor. Como casi todas son madres cabeza
de familia, sienten pavor de quedar desempleadas, sin los cien,
doscientos o trescientos mil pesos que ganan al mes.
Elizabeth Cuero es una excepción. Ella dedicó veintiún años
de su vida a trabajar como tarjadora y a etiquetar mercancía, pero
desde hace cuatro meses está desempleada por haberse afiliado
al sindicato Unión Portuaria. Le dijeron que para conservar su
empleo tenía que renunciar a las actividades sindicales, a lo que
se negó, prefiriendo seguir en la lucha sindical.
Las amenazas contra los líderes sindicales tampoco son un
secreto, tal como comenta Elizabeth: “El 12 de mayo del 2012,
John Jairo Castro y yo recibimos amenazas por mensaje de texto. Nos dijeron que ya nos tenían ubicados y sabían el horario
de entrada y salida de la oficina de trabajo, de la casa y hasta de
los familiares, amigos y todos con quienes nos reuníamos”. Dos
días después, ambos fueron a la Fiscalía y pusieron la denuncia.
En respuesta recibieron, de la Unidad Nacional de Protección
(UNP), chalecos antibalas, celulares y un auxilio de transporte,
que ya les retiraron.
Estos hechos no son los únicos que alejan a los trabajadores
de los sindicatos. Otra razón es su pérdida de credibilidad, sobre
todo porque un buen número de exsindicalistas son ahora dueños y socios de las SAS. Esteban Mosquera, fiscal del Sindicato
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tercerización laboral
de Trabajadores Adicionales Portuarios de Buenaventura (Sintralpac), que controla una SAS, sostiene que la principal razón
para estar en este negocio es la subsistencia, porque de no hacerlo desaparecen como sindicato. Afirmación de la que disiente
el sindicato Unión Portuaria, que no cumple el doble papel de
empleador y sindicato.
Los medios, silenciados
Los medios de comunicación tampoco la tienen fácil. Si bien
es cierto que ha faltado mayor interés por incluir lo laboral en la
agenda noticiosa y tratarlo a profundidad, periodistas y medios
que han tratado de abordar el asunto han debido enfrentar amenazas y restricciones. El periodista Adonai Cárdenas Castillo
cuenta que “ha habido amenazas, porque hay muchos intereses
económicos de algunos operadores y de navieras. Algunas han
lanzado amenazas e intimidaciones contra periodistas, prácticamente hay un veto para tratar ese asunto”. Cárdenas considera
también que la comunidad se beneficiaría mucho si se dieran a
conocer los casos de explotación laboral y el papel equivocado
que han cumplido las SAS, puesto que habría una mayor presión
y el gobierno podría intervenir de la manera en que lo requieren
los trabajadores portuarios.
La mano débil del Estado
Por último, y aspecto tal vez el más importante, la percepción con respecto al papel del Estado es que el gobierno y los
organismos de control se quedan en discursos y promesas, y que
no han tomado medidas para mejorar las precarias condiciones
laborales en el puerto. Pese a que el Ministerio del Trabajo ha
impuesto sanciones a algunos operadores y ha multado a la misma Sociedad Portuaria, los habitantes de Buenaventura piensan
que la medida no ha sido eficaz, porque los operadores prefieren
pagar las multas a cumplir la ley.
Elmer Antonio Atehortúa, inspector de trabajo, habló de las
dificultades que tiene la labor de inspección en el puerto:
tercerización laboral
31
A uno le da miedo ir a poner la multa, pero debe hacerlo. El problema
es qué hago si lo sanciono a usted como Pedro Pérez y luego usted dice:
‘Esposa mía, tenga y manéjeme esta empresa con su nombre’. ¿Qué tengo que hacer?, empezar otras vez el proceso.
Otro factor es el enorme poder que tiene la Sociedad Portuaria, por encima incluso del gobierno local, como quedó de
manifiesto el día en que miembros del Concejo municipal de
Buenaventura quisieron entrar a los recintos portuarios para
conocer la problemática laboral in situ. Pero no pudieron, y recibieron una carta de la Sociedad Portuaria en la que, según el
concejal Olaya, de manera “grosera” les negaron la entrada.
La Sociedad Portuaria adujo que el Concejo de Buenaventura es una
autoridad de orden local y la Sociedad Portuaria no es una entidad del
Estado, por lo cual nosotros como concejales no ejercemos control político sobre ellos. Con eso lo único que demuestran es miedo, y antes
nos han creado más expectativas sobre lo que nos vamos a encontrar allá
cuando podamos ingresar, puntualizó el concejal Olaya.
Recientemente, varios sindicatos de Buenaventura le entregaron al Ministerio del Trabajo un Acuerdo marco, con el que
buscan forzar un proyecto de ley que permita la regulación de la
actividad portuaria.
En este momento estamos perfeccionando el acuerdo respecto a las tarifas que se deben pagar dentro del terminal marítimo. Tenemos como
puntos fundamentales los salarios, que nunca deben ser menores a dos
salarios mínimos y deben aumentar según la categoría, la seguridad
social y las capacitaciones a los empleados, explicó Esteban Mosquera,
fiscal de Sintralpac.
Intervenir en el aspecto laboral es urgente porque, para los
dirigentes de la Unión Portuaria entrevistados, el alto índice de
desocupación y las precarias condiciones laborales son responsables, en gran parte, de la descomposición social que hoy vive
Buenaventura. De acuerdo con John Jairo Castro, “Muchos prefieren dedicarse a la vida delictiva, antes que morirse de hambre
trabajando en el puerto”.
Diciembre de 2013
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tercerización laboral
La vida precaria de un estibador en el puerto de
Buenaventura
“Yo respondo a todas sus preguntas, pero necesito que por favor
oculte mi identidad, porque la situación acá está muy crítica”,
advierte Jaime, un estibador veterano del puerto de Buenaventura. Su advertencia no es en balde ni esconde un temor infundado, pues sabe que los trabajadores que se atreven a revelar su
pertenencia a un sindicato o a denunciar la explotación laboral a
la que son sometidos, pueden sufrir represalias por parte de las
empresas que operan en el terminal marítimo.
Jaime es un hombre alto, de piel negra y brazos fuertes,
como la mayoría de las personas que trabajan en este terminal.
Su voz es firme y en su cabeza tiene una que otra cana, pero ni
una sola arruga en la cara, pese a su edad: cincuenta y dos años.
Se inició como trabajador portuario en la década de los años
tercerización laboral
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ochenta, siendo joven, y en el oficio de estibador, o sea cargando
y descargando barcos a pura fuerza física. El mismo oficio que
ejerció, y en el que se jubiló, su padre.
En un principio trabajó como estibador adicional en Colpuertos, es decir haciendo remplazos en esta empresa estatal,
que en ese entonces monopolizaba la operación del puerto. Y
aun cuando le iba bien como adicional, su sueño era el mismo de
todos los jóvenes de Buenaventura: trabajar directamente y de
tiempo completo para Colpuertos, igual que su padre. “En esa
época se trabajaba menos. Yo solo hacía remplazos o iba cuando
requerían mis servicios por una eventualidad, pero ganaba mucho mejor y tenía mejores condiciones que ahora”, dice.
Pero como les ocurrió a muchos otros estibadores adicionales, el vínculo directo con Colpuertos nunca se dio, entre otras
razones porque la entidad estaba en las últimas: fue liquidada en
1993, durante el gobierno del presidente César Gaviria (19901994), para dar paso a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la
empresa privada que desde entonces opera el puerto.
Creación de las nefastas cooperativas de trabajo asociado
Estas fueron un efecto inmediato de la privatización del
puerto. Ofrecían oportunidad de empleo a todo el ejército de
estibadores y operadores de máquinas que, como Jaime, quedaron a la deriva tras la liquidación de Colpuertos. Y él se vinculó
a una de esas cooperativas, agradecido y esperanzado en tener
un buen futuro, porque para ese momento ya estaba casado y
tenía un hijo de seis años. “Las cooperativas al principio fueron
una solución muy buena. O eso pensamos, porque después nos
dimos cuenta de que no eran más que intermediarias laborales,
que solo servían para que los grandes operadores portuarios nos
explotaran a su antojo”, dice Jaime, quien los años siguientes
laboró para Cooservicios y Coopacífico.
El trabajo allí se pagaba de manera muy distinta: al destajo,
es decir de acuerdo con la cantidad de toneladas cargadas. Y los
salarios eran bajos, sin parecerse en nada a los que ganaban los
34
tercerización laboral
estibadores antes, pues con la privatización el valor del trabajo en
Buenaventura se vino al piso, y la tercerización laboral llegó para
quedarse, tanto que Jaime ya ni soñaba en trabajar directamente
para una operadora en las mismas condiciones en que trabajó su
padre.
Como el trabajo era al destajo las jornadas se extendieron a
doce horas o más, o a las que fueran necesarias para descargar
los barcos. Y se hicieron también más extenuantes, porque para
tener un salario más o menos decente era necesario trabajar muchas horas, un salario al que además le hacían varios descuentos,
empezando por la cuota de administración de la cooperativa a la
que estaban afiliados como socios, obligatoriamente, aun cuando nunca les consultaron si querían o no pertenecer a ellas ni sus
condiciones de funcionamiento.
Y en el campo de la seguridad social “también empezó Cristo a padecer”, como dice Jaime. Fuera de que el monto total
de la cotización a salud, pensión y riesgos profesionales salía de
su bolsillo quincenalmente, fue usual que las cooperativas no
pagaran a las entidades prestadoras o aseguradoras ni a los fondos de pensiones, o que solo lo hicieran parcialmente. “Por eso,
muchas veces los compañeros se accidentaban y cuando iban al
hospital no los atendían, porque el seguro no los cubría”, dice
Jaime.
Las inconsistencias se daban también en el pago de las incapacidades. Él recuerda que en dos ocasiones se accidentó, una
a causa de una caída desde una altura de seis metros, y la otra
por un golpe que se dio en la cabeza con una varilla. En ambos
casos, por fortuna, lo atendieron oportunamente, aun cuando
solo le pagaron una de las incapacidades, mientras la otra se la
birlaron.
Según Jaime: “Como que había un acuerdo entre los dueños
de las cooperativas y las aseguradoras, porque casi todas las cooperativas, cuando se acabaron, nos dejaron la sorpresa de que no
pagaron lo que nos descontaron y nos dejaron sin las semanas
suficientes para poder reclamar una pensión, como es mi caso”.
tercerización laboral
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El cambio a sociedades por acciones simplificadas, un
engaño
La firma del Tratado de libre comercio con Estados Unidos
implicó un compromiso del gobierno colombiano para acabar
con las cooperativas de trabajo asociado. “Entonces todos nos
pusimos felices porque de verdad creímos que al acabarse las
cooperativas las cosas iban a cambiar, que las operadoras nos
iban a contratar directamente. Pero nada de eso pasó”, dice
Jaime. Lo que pasó, agrega, fue que las cooperativas se transformaron en sociedades por acciones simplificadas (SAS), que
resultaron ser un engaño, no la fuente de empleo directo que
esperaban. “La explotación siguió igual, seguimos trabajando a
destajo, sin vinculación directa. Les cambiaron de nombre para
seguir haciendo lo mismo que hacían las cooperativas”, anota.
Y lo dice por su experiencia en la SAS a la que está vinculado,
que cuenta con unos cincuenta trabajadores, con la cual firmó
un contrato que hasta ahora se ha renovado cada seis meses, sin
tener certeza de hasta cuando continuará esto, por cuanto sabe
que en cualquier momento pueden decirle, “no vuelva”.
Esta sociedad realiza labores para Tecsa, una de las grandes
empresas a las que la Sociedad Portuaria de Buenaventura le entregó la operación del puerto. O sea que las SAS son intermediarias de otras empresas intermediarias, lo que amplía el espectro
de la precarización laboral en este puerto marítimo.
Si bien Jaime trabaja en una de las labores más duras (estibador), sus esfuerzos no se ven pagados con lo que recibe. “Las
condiciones que nos ofrecen son muy malas. Y si uno dice que
no va a trabajar porque pagan muy barato, escogen a otro, porque siempre hay alguien que trabaje por cualquier cosa. Entonces tiene que aguantarse”, dice.
Su situación es tan precaria que para aumentar un poco sus
ingresos a veces debe prestar sus servicios a otras SAS. Además,
permanentemente está supeditado a factores externos, como el
estado del tiempo, que en Buenaventura incide mucho, porque
allá llueve con mucha frecuencia, debiendo entonces parar el
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tercerización laboral
trabajo, tiempo que nadie les paga.
Así que Jaime, como todos los estibadores del puerto, vive
atento a todo buque que llegue para descargar o se disponga a
cargar para zarpar, sin importar si es domingo o día festivo. Y al
igual que hacía cuando las cooperativas, en ocasiones debe dobletear jornada a fin de terminar el descargue de una motonave,
con descansos de una hora para almorzar, desayunar o comer,
porque en el puerto se trabaja de día y de noche, eso sí, sin pago
por recargo nocturno.
Así, al destajo, en dos o tres días de trabajo continuo Jaime
puede ganar hoy cerca de cien mil pesos. “Se dirá que es buena
plata. Pero es que no todos los días llegan buques y uno puede
esperar hasta dos semanas sin trabajo. Además, de lo que ganamos nos descuentan para pagar la afiliación a salud y pensión”,
dice. No obstante, esta afiliación no es por todo el mes, sino por
el tiempo que demoren descargando el barco. Aspecto que nada
ha cambiado, por cuanto así era cuando existían las cooperativas.
Tanto que Jaime nunca ha estado afiliado a salud todo el mes.
Y vive pendiente de que la SAS para la cual trabaja sí pague
su seguridad social, para que no suceda lo mismo que con las
cooperativas, que les robaban esos pagos. Esto aun cuando sabe
que por su edad no alcanzará a sumar las semanas que necesita
para pensionarse. “Llevo más de treinta años trabajando en el
puerto y apenas tengo como trescientas semanas cotizadas, y así
no me voy a pensionar nunca. Aunque uno como ser humano
nunca pierde la esperanza de que nos soluciones ese problema”,
dice.
Ahora es sindicalista
Buscando el cambio de las condiciones laborales, Jaime se
afilió al sindicato Unión Portuaria, afrontando los riesgos que
ello implica, pues bien sabe que en el puerto de Buenaventura
los empleadores no ven con buenos ojos el reclamo de derechos
ni la pertenencia a un sindicato, y menos a la Unión Portuaria,
organización que desde su creación se propuso luchar contra
tercerización laboral
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la tercerización y viene trabajando por mejorar las condiciones
laborales en este, el principal puerto colombiano.
“No esperamos que las cosas sean como eran en la época
de Colpuertos, pero sí exigimos al menos estabilidad laboral y
mayores garantías, algo que supuestamente nos iba a llegar con
las SAS. Yo debería estar ganando por lo menos un millón doscientos mil pesos mensuales, en jornadas laborales normales, no
en esas jornadas desgastantes a las que estamos obligados ahora,
porque no tenemos más de otra”, dice Jaime, quien está convencido de que la unión entre todos los trabajadores es la única
manera de lograr algo. De que esa es la manera de presionar
para que en las empresas los contratos sean directos y estables,
la principal lucha de los trabajadores portuarios actualmente.
Y para lograr que el gobierno tome cartas en el asunto y haga
cumplir, en efecto, los puntos a los que se comprometió cuando
firmó el Tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Diciembre de 2013
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tercerización laboral
La buena salud de los falsos sindicatos
Por efecto de la ley 100 de 1993, expedida durante el gobierno
de César Gaviria, las cooperativas de trabajo asociado (CTA)
se convirtieron en el modelo predominante de subcontratación
laboral, un engendro implantado sobre todo por los empresarios
de la salud y las entidades del Estado para disminuir los costos
laborales.
A los trabajadores afiliados a las CTA no se les aplican ni
garantizan algunos derechos que si tienen los trabajadores amparados por el Código Sustantivo del Trabajo, como: seguridad
social, jornadas de trabajo, salario inembargable, derecho de asociación, negociación y huelga. Los asociados asumen la totalidad
de los aportes a la seguridad social, a diferencia de los trabajadores vinculados a una empresa, que aportan conjuntamente
tercerización laboral
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con el empleador. Tampoco tienen derecho a recibir salario con
todas las protecciones legales, sino una compensación, la cual es
embargable, es decir, está sometida a descuentos de orden cooperativo que pueden dar lugar a que lo que recibe finalmente
sea inferior al salario mínimo legal. Y el asociado tampoco tiene
posibilidad de hacer parte de una organización sindical y por
tanto no tiene derecho a la negociación colectiva, ni al derecho
de huelga, pues sería como hacerse huelga a sí mismos, toda vez
que, se supone, los asociados son propietarios de su cooperativa. En conclusión: las prácticas de las CTA no sólo precarizan
el trabajo y afectan el derecho de asociación sindical, sino que
también desprestigia al cooperativismo como tal, sus principios
y valores. Son en realidad bolsas de empleo para la tercerización
laboral.
En 2011, durante el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos (2010-2014), el decreto 2025 prohibió a las instituciones
públicas y las empresas privadas contratar procesos o actividades
misionales permanentes con cooperativas, medida tomada por
el gobierno colombiano para responder a una de las exigencias
del Plan de acción laboral que había acordado con el de los Estados Unidos antes de firmar el Tratado de libre comercio.
El primer efecto de esta norma fue que las cooperativas de
trabajo asociado perdieran su razón de ser, al dejar de servir para
lo que habían sido creadas: hacer intermediación laboral. Estaban pues llamadas a desaparecer. Y eso llenó de entusiasmo
a médicos, enfermeras, auxiliares, ortopedistas, nutricionistas,
camilleros, a todo el personal del sector salud, que llevaba años
vinculado a unas cooperativas explotadoras de su trabajo, y que
vio en esta norma una oportunidad de mejorar sus condiciones
laborales. Una vez desaparecidas las cooperativas, esperaban que
las IPS, las ESE y las EPS los vincularan directamente a sus
nóminas, lo cual no ocurrió, por cuanto la contratación directa
que esperaban no fue más que una quimera.
Porque las entidades de salud decidieron hacerle el quite a la
contratación directa, y de consuno con las antiguas cooperativas,
40
tercerización laboral
hoy sociedades por acciones simplificadas, pusieron en marcha
una nueva estrategia de tercerización, el contrato sindical. Así
que de la noche a la mañana, literalmente hablando, las cooperativas se convirtieron en sindicatos, para firmar con las entidades
contratos sindicales. Se disfrazaron de sindicatos para seguir
haciendo lo mismo que las cooperativas. Solo cambiaron el
nombre, porque todo, los directivos, los jefes, los empleados, las
órdenes de servicios, los procedimientos, los uniformes y hasta
las escarapelas de los uniformes siguieron siendo los mismos.
Conclusión: la tercerización y la precarización laboral, los
males que la nueva legislación pretendía eliminar, siguieron intactos en el sector salud, cambiando simplemente de piel. Según
datos del Ministerio del Trabajo, entre julio de 2012 y julio de
2013 en Colombia se firmaron ochocientos treinta y siete contratos sindicales, ochocientos siete de ellos en el sector de la salud.
Qué es un contrato sindical
De acuerdo con el decreto 1429 de 2010, expedido durante
el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006,
2006-2010), esta figura es una “institución jurídica del derecho
colectivo del trabajo, a través de la cual los sindicatos pueden
participar en la gestión de las empresas y en la promoción del
trabajo colectivo”.
Varios sindicatos constituidos y tradicionales acogieron el
contrato sindical y tienen relaciones con empresas a las que les
suministran la mano de obra. Pero no así el grueso del movimiento sindical, que tiene una opinión adversa del mismo, porque encarna en sí mismo una contradicción. Que considera que
no tiene presentación que un sindicato, cuya función esencial
es defender los derechos de los trabajadores, se convierta, él
mismo, en un empleador, en un intermediario de fuerza laboral
mediante el uso del contrato sindical. Es decir, que sea las dos
cosas al tiempo, empleador y sindicato, dos opuestos ontológicos, porque defienden intereses diametralmente distintos.
El contrato sindical no se asimila a un contrato laboral nor-
tercerización laboral
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mal, el regido por el Código sustantivo del trabajo. En este caso,
la relación laboral se rige por los estatutos del sindicato, lo que
da pie a no pagar vacaciones, las disponibilidades ni las cesantías.
Esto contra la evidencia de que existe una relación laboral completa, toda vez que se conjugan los tres elementos que la configuran: trabajo unipersonal, remuneración y subordinación.
La metamorfosis de las cooperativas en sindicatos
El sector salud fue donde mejor pelechó el contrato sindical
por la vía del cambio de piel de las cooperativas, y Antioquia
fue el epicentro. En este departamento el contrato sindical se
regó como verdolaga en playa, para luego “colonizar” el sector
salud de otras ciudades del país. Allí hay veinticuatro sindicatos,
creados en su mayoría en 2011, que emplean, bajo la figura del
contrato sindical, a más de tres mil profesionales del sector.
Algunas de las IPS y ESE que en Antioquia enganchan
trabajadores con la intermediación de estos falsos sindicatos,
son: hospital San Rafael de Itagüí, IPS universitaria León XIII,
hospital San Juan de Dios de Abejorral, San Vicente de Paúl
de Caldas, Policlínico Sur, ESE Envisalud, ESE hospital Gabriel
Peláez Montoya, hospital San Rafael de Venecia, ESE hospital
San Antonio de Betania, ESE hospital Salud Mental Integral
S.A., hospital San Vicente de Paúl, hospital Santa Margarita,
hospital San Vicente de Paúl de Barbosa, Dirección de Sanidad
Seccional de Antioquia, Metrosalud, Fundación Clínica Noel,
clínica Somer, hospital General de Medellín, hospital San Juan
de Dios de Yarumal, IPS Universitaria, Comfenalco, hospital
Pablo Tobón Uribe, Fundación Clínica del Norte, Clínica Oftalmológica de Laureles, hospital Marco Fidel Suárez de Bello,
Coomeva (clínica del Rosario), Fracturas y Rayos X de Antioquia, entre muchas otras, porque prácticamente son todas.
sindicatos de fachada
Los contratos sindicales pisotean y violan hoy las garantías
laborales, tal como en su momento lo hicieron las cooperativas,
llegando la situación a ser peor en algunos aspectos.
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tercerización laboral
Los bajos salarios, la inestabilidad laboral y las jornadas extenuantes siguen estando en el orden del día de los profesionales
de la salud, vinculados ahora mediante ese tipo de contrato. Una
enfermera afiliada al sindicato Darser, y quien pidió ocultar su
identidad, asegura que para ella la transición contractual de una
cooperativa de trabajo asociada a un sindicato no representó
cambio alguno. “Los beneficios salariales, los descuentos, las
prestaciones sociales, todo, sigue completamente igual”, dijo. De
tal suerte que hubo poquísimos cambios.
Para los asociados a las cooperativas fue obligatorio afiliarse a los sindicatos que conformaron los mismos directivos de
aquellas. Quienes no lo hicieran quedaban desempleados. “Nos
sentimos como si siguiéramos en la cooperativa, en ningún
momento nos sentimos sindicalistas”, aclara Marina, enfermera en la IPS Saludtrec, afiliada al sindicato Sintrasan. Ella no
sabe nada de sindicalismo y no tiene razón alguna para sentirse
sindicalistas, porque ese es un falso sindicato, no desarrolla actividades sindicales ni se relaciona con otras organizaciones: fue
creado para hacer un de la subcontratación laboral un negocio.
Su planta de trabajadores y su cuerpo directivo, y los de todos los que nacieron de las cooperativas, siguieron siendo los
mismos de ellas. Incluso el régimen disciplinario fue el mismo,
aun cuando más rígido. “Yo fui víctima de una sanción de diez
días porque me negué a cumplir una disponibilidad que me pareció injusta”, dice Marta Londoño Gaviria, enfermera auxiliar
en la clínica León XIII, afiliada al sindicato Darser.
De tal suerte que en el sector salud se está cumpliendo también aquello de que todo cambió para que todo siguiera igual.
Actualmente, la tercerización y la precariedad laboral entre el
personal médico y paramédico siguen gozando de excelente
salud.
tercerización laboral
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La cruda realidad del contrato sindical en el sector
salud
Sandra Vanegas, auxiliar de enfermería, quería trabajar en el
hospital La María, de Medellín. Por eso, mandó su hoja de vida.
Días después, el Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasan), que le suministra personal médico y paramédico al hospital mediante la figura del contrato sindical, la llamó para que se
presentara a una entrevista.
Luego de aprobar todos los exámenes fue contratada como
enfermera en la unidad de cuidados intensivos y, verbalmente, le
notificaron que contarían con sus servicios por dos meses, habiendo empezado a trabajar el 2 de abril de 2012. Además de la felicidad que sentía por tener la oportunidad de trabajar en una de las
áreas más exigentes para una enfermera, pronto y con facilidad se
adaptó a la rutina del trabajo y se acopló bien con sus compañeros.
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tercerización laboral
Sin embargo, casi una semana después empezó a sentir que
uno de los médicos internistas la agredía verbalmente mediante
gritos e insultos constantes. Ante su intención de renunciar, la
coordinadora de Sintrasan, Luz Edilma Rico, le llamó la atención al médico, quien no obstante continuó con sus agresiones,
incluso con más encono. En esa zozobra estuvo unas semanas
más.
Pero no aguantó el estrés que le generaban las arduas labores, los turnos nocturnos, el acoso del médico y los problemas
personales que por entonces tenía. Así que tres meses después
de estar trabajando en la clínica sufrió una crisis nerviosa y debió ser internada en un centro de reposo, donde le dijeron que
el trastorno bipolar afectivo que le descubrieran dos años atrás
le había vuelto.
Luego de diecinueve días de incapacidad retornó a su trabajo, en el que encontró un clima laboral más enrarecido aún. La
falta de discreción de sus jefes la hizo sentir mal, porque todos
los otros empleados de la clínica conocían su estado de salud,
que algunos asimilaron con trastornos mentales. Así, dos días
después de reintegrarse, la coordinadora le reclamó por haber
ocultado el trastorno que tenía y le anunció que la junta directiva del sindicato había decidido prescindir de sus servicios, en
vista de que era un peligro para el hospital. El 16 de agosto Sandra hizo su último turno.
Tan sorpresivo como su despido fue el hecho de que la EPS
le negara los medicamentos prescritos para tratar su enfermedad, debido a que Sintrasan tenía cuotas pendientes de pago.
Después de averiguar, constató que, aun cuando había empezado a trabajar en abril, solo la habían afiliado en junio y que la
cotización de agosto no había sido pagada. Además, se enteró
de otra irregularidad: no estaba afiliada a un fondo de pensión,
pese a que sí le habían descontado por ese concepto. También se dio cuenta de que había dos contratos firmados y que
sus fechas no coincidían, era otra irregularidad a todas luces.
Fue esto último lo que la llevó a buscar asesoría jurídica al
Centro de atención laboral, a fin de interponer una acción de
tercerización laboral
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tutela, fallada a su favor el 25 de septiembre, mediante un fallo
que ordenó su reintegro, el pago del salario que dejó de recibir
desde el día en que la despidieron y el pago de los meses de salud
y pensión que no le habían hecho.
Sin embargo, Sintrasan no cumplió todas las órdenes del
juez. Fue así como aun cuando el 10 de octubre de 2012 fue
reintegrada a su puesto de trabajo, no lo fue al mismo cargo sino
a uno de menor rango, en otra área, puesto que según la división
de salud ocupacional del hospital ella no era apta para trabajar
en el área de cuidados intensivos. Lo anterior sin importar que
el informe entregado por la psiquiatra de Sandra certificara que
estaba en capacidad de trabajar.
A lo cual se suma que antes de reiniciar sus labores la coordinadora mencionada la llamara para decirle que debía hacerse
unos exámenes médicos, dándole la dirección y el nombre del
profesional que la atendería. Además, ese mismo día, en reunión
con las coordinadoras de enfermería y del sindicato escuchó frases como: “Si yo, que soy una persona normal, me enfermo,
cómo será usted”. “Yo no tengo cupos para brindarle aquí, en
este hospital”. “Váyase para la casa y si algo pasa yo le aviso”.
Ese día se sintió humillada, pero no tanto como al siguiente,
cuando en medio de la jornada laboral uno de los médicos le
ordenó irse a su casa, diciéndole que no la quería ver en el hospital. “Usted es un riesgo para mis pacientes y para mi grupo
de trabajo. Mire a ver para dónde se va y, cuando sea una buena
auxiliar, miramos si la traigo otra vez para acá”, le dijo. Sandra
se vio obligada entonces a volver a su casa a esperar su reintegro
y el pago de las cuotas de salud y pensión que Sintrasan debía
hacer.
un sindicato de fachada
Sintrasan es legalmente un sindicato, esa es su razón social.
Pero, ¿ merece llamarse así una organización supuestamente
creada para velar por los derechos de los trabajadores y que, por
el contrario, como en el caso de Sandra, se presta para violarlos?
¿Puede llamarse sindicato una organización que descuenta a sus
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tercerización laboral
afiliados el dinero correspondiente a las cotizaciones para salud
y pensión pero no cotiza, permite el acoso laboral y la discriminación a sus afiliados, recurre a despidos injustificados y no
cumple los fallos judiciales?
No o, en todo caso, es un sindicato atípico, es un antisindicato, hecho que sería incomprensible si no se supiera que, según
la Escuela Nacional Sindical, Sintrasan es uno de los veinticuatro falsos sindicatos que surgieron de la noche a la mañana en
Antioquia con el único fin la reemplazar a las cooperativas de
trabajo asociado que venían haciendo la intermediación laboral
en el departamento.
El caso de Sandra muestra cómo, en su doble función de
sindicatos-empresario, estas organizaciones defienden siempre
los intereses y beneficios de los patrones, y no el bienestar de
los trabajadores que tienen afiliados y enganchados mediante
contratos sindicales. Muestra, en resumen, su comportamiento
como bolsas de empleo.
Darser, otro sindicato-bolsa de empleo
Darser es otro de los sindicatos que se comporta como bolsa
de empleo. Creado en 2011 a partir de la cooperativa de trabajo
asociado Cooensalud, en la actualidad cuenta con más de mil
afiliados, en el departamento de Antioquia, en Barranquilla y
San Andrés. Desde su conformación, los empleados se dieron
cuenta de que con el cambio de la razón social su situación no
iba a mejorar, y que si lo hacía era para empeorar, pues los administradores de la otrora cooperativa se constituyeron en miembros del comité ejecutivo del sindicato.
En la asamblea de delegados de 2012 hubo un caso grave
de obstaculización a la democracia sindical, pues a muchos empleados críticos con el manejo de la organización y las malas
condiciones laborales que imponía, se les impidió participar, con
argumentos de procesos disciplinarios en su contra, procesos
que empleados mismos desconocían.
Además, y de acuerdo con Laura, una afiliada a este falso
sindicato, el proceso de elección estuvo lleno de irregularidades,
tercerización laboral
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lo que derivó en la confusión de los votantes y en un resultado
poco alentador: ganaron los mismos que antes administraban la
cooperativa Cooensalud.
Según ella, hay otras situaciones preocupantes, como la
evasión del pago de las vacaciones, las disponibilidades y las
cesantías; además, las horas extras y nocturnas, los domingos
y festivos no son reconocidos con el recargo del 75%Para justificar lo cual el sindicato argumenta que el contrato sindical no
está regulado por el Código sustantivo del trabajo, por lo que la
relación laboral se rige por los estatutos de Darser. .
Otra práctica perjudicial para los trabajadores es que el sindicato siempre encuentra la manera de pagar salarios más bajos
de lo normal, mediante la táctica de hacer los aumentos al auxilio de transporte y no al salario base, lo que perjudica a los
trabajadores en el pago de las primas, las liquidaciones y, lo más
importante, la cotización a pensión.
A lo anterior se suman imposiciones en cuanto a las jornadas de trabajo, ya de suyo extensas y extenuantes, habiendo
empleados que trabajan sesenta horas a la semana. A este respecto, Laura dice que fuera de los turnos de doce horas continuas,
deben estar disponibles a ser llamados en cualquier momento,
las llamadas disponibilidades, que tienen obligación de cumplir,
so pena de recibir las sanciones estipuladas en los estatutos.
Conviene anotar aquí esta actitud contradictoria puesto que,
legalmente, las disponibilidades solo obligan cuando hay de por
medio un contrato de trabajo con relación de subordinación,
y para Darser el contrato sindical, no tiene esa naturaleza. Es
decir que, de acuerdo con las conveniencias del sindicato, en
unos aspectos rige su contrato y en otros el Código sustantivo
del trabajo.
Situaciones todas que estresan y desmotivan a los empleados
tercerizados por contrato sindical, cuya situación precaria contrasta completamente con las garantías que tienen quienes están
contratados directamente por las IPS o las ESE.
A todo lo anterior se agrega que Darser fomenta entre sus
afiliados la política del silencio, y ve con malos ojos las discre-
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tercerización laboral
pancias y que estas se ventilen en público. Así, en el reglamento
interno del sindicato se consideran faltas situaciones como:
elaborar, fijar, o introducir pasquines, panfletos o correos electrónicos
que atenten contra la honra o dignidad del sindicato, de los afiliados
participes, de los empleados del sindicato, de la entidad contratante o su
personal, todo esto con el fin de darlos a conocer o publicarlos dentro
del sindicato o dentro de la entidad contratante (…). Hacer afirmaciones falsas o maliciosas del sindicato, de los afiliados participes, de los
empleados del sindicato, de la empresa contratante o de sus trabajadores,
procesos o servicios.
Las sanciones estén este caso van desde veinte días de suspensión hasta el retiro del contrato sindical.
El modelo que se mueve en red
Darser y Sintrasan hacen parte de una red de trece sindicatos del sector de la salud, agrupados en la Federación Gremial de
Trabajadores de la Salud, Fedsalud, organización que, antes del
decreto 2025 de 2011, el que eliminó las cooperativas de trabajo
asociado, funcionaba como Alianza Cooperativa en Salud.
Cuando los socios de las cooperativas decidieron transformarlas en sindicatos, la Alianza se convirtió en federación
sindical, adaptando, solo formalmente, en el papel, el esquema
gremial del sindicalismo, porque Fedsalud no aparece en ningún registro sindical y para el movimiento sindical no existe.
Otra situación preocupante tiene que ver con el monopolio
que ejerce Darser en la prestación de servicios de salud en las
clínicas y hospitales de Medellín. Solo en la clínica León XIII
cuenta con cerca de mil trescientos afiliados, lo que lo haría ser
uno de los sindicatos gremiales más grande del país. De ahí que
algunos trabajadores manifiesten su la preocupación por el grado de control que está teniendo sobre los servicios de salud en
la ciudad, lo que los obligaría a elegir entre trabajar con Darser
o no trabajar.
A lo anterior se suma el hecho de que aun cuando la ley 1429
de 2010 y el decreto 2025 de 2011 dan facultades a los inspectores de trabajo para que sigan el funcionamiento de los contratos
sindicales e impongan sanciones, no son muchos los informes
presentados sobre la falsedad de los sindicatos creados a partir
tercerización laboral
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de las cooperativas de trabajo asociado y lo perjudiciales que han
resultado ser los contratos sindicales. Informes y evaluaciones
muy necesarios, sobre todo en bien de trabajadores que como
Laura y Sandra, en medio del acoso, el temor, la inconformidad
y la precariedad, luchan por mejorar sus condiciones laborales y
vitales. Como dice Laura: “Lucho porque soy consciente de que
nos están violando unos derechos. Y no solo a nosotros, en el
país hay miles las personas que están en las mismas, trabajando
para sindicatos que de sindicatos no tienen nada”.
Enero de 2013
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tercerización laboral
un corretaje muy Claro, en la que todo el riesgo lo
corre el trabajador
Cuando Luis Alfonso Torres supo que la empresa Artecom Comunicaciones S.A.S necesitaba personal, acudió de inmediato.
Lo mismo hicieron posteriormente Gustavo Gaviria y Luis Moreno, quienes firmaron un contrato de prestación de servicios
cuyas condiciones son claras: no reciben un salario mínimo ni
prestaciones sociales, y nada de vacaciones ni horas extras. Solo
reciben una comisión de treinta mil pesos por cada venta. Cuando alcanzan la meta mensual, veinte ventas, se les paga un bono
adicional de quinientos mil pesos, y solo los que hagan quince
ventas tienen derecho al pago de salud. Además, al finalizar el
contrato, sin importar la causa, no tienen derecho a liquidación
ni a indemnizaciones.
Esta modalidad de contrato, conocida como corretaje, es la
que rige para cientos de asesores comerciales de Claro, una mul-
tercerización laboral
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tinacional cuya política laboral en Colombia es la tercerización
de la contratación laboral y acabar con los empleados directos.
En Medellín tienen convenios de tercerización con seis empresas contratistas que le suministran mano de obra barata. Una
de ellas es Artecom Comunicaciones, en la que trabajan los tres
protagonistas de esta crónica, una empresa de cobertura nacional que para manejar doscientos asesores comerciales tiene en
Medellín cinco empleados trabajando en una pequeña oficina.
“Permanentemente hemos buscado trabajar para Claro, pero
nos dicen que no quieren más trabajadores directos”, dice Torres.
La incertidumbre de no tener un salario fijo
Una de las mayores dificultades de los asesores comerciales
tercerizados es la falta de un pago mensual definido, beneficio
con el que no cuentan pese a cumplir las mismas funciones de
los trabajadores directos: deben desplazarse por la ciudad y lograr que los clientes firmen contratos de afiliación a servicios
de Claro, algo más complicado de lo que parece por cuanto hay
muchos vendedores para pocos clientes.
En Medellín su mayor desventaja es la fuerte competencia
con Une, empresa de la ciudad que sigue siendo la preferida de
los antioqueños. “Une retiene a sus usuarios para que no se cambien, y muchas veces nosotros no tenemos promociones mejores
que las de ellos, por lo que no vendemos como quisiéramos”, explica Gaviria. A ello se suma la estrategia de Claro de aumentar
el número de asesores, incrementando así la competencia entre
ellos mismos. Tanto es así que sus empresas contratistas, que
llama aliados, no utilizan criterios rigurosos en los procesos de
selección, enganchando a casi todos quienes llegan buscando
trabajo, debido, entre otras razones, a que la rotación de personal
es muy alta, por las condiciones laborales precarias, por lo cual a
diario salen empleados que no soportan esas condiciones.
“Solo les importa conseguir gente que trabaje para ellas, y
eso les conviene porque al fin y al cabo no pierden nada: si alguien no vende no recibe dinero, y así la empresa no gasta en
prestaciones ni brinda garantías laborales”, agrega Gaviria.
Lo cual complica más aún la situación de los asesores,
a quienes ya les es difícil alcanzar la meta mensual. “Cuando
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tercerización laboral
todavía se llamaba Telmex, en Medellín había casi ochocientos
trabajadores directos y solo tres o cuatro empresas contratistas.
Ahora hay ciento veinticinco trabajadores directos y más de mil
tercerizados”, dice Moreno.
Así que, en su afán por vender, estos asesores caminan la
ciudad, soportan calores o lluvias, tocan puertas y son rechazados. Además, cuando llegan a su zona se pueden encontrar
con asesores directos de Claro o de otras empresas contratistas
diferentes a Artecom, lo que aumenta las posibilidades de no
lograr las ventas que deben hacer para ganar un salario digno.
En ocasiones Luis, Gustavo y Luis Alfonso logran ganar ochocientos mil pesos o más, pero en otras solo alcanzan comisiones
de máximo trescientos mil.
Por otra parte, los asesores comerciales tercerizados están
perdiendo una de las pocas ventajas que tenían, trabajar en cualquier punto de la ciudad, porque ahora les asignan zonas, es
decir que ya no pueden conseguir clientes en otros sitios.
Otro grave problema es que el número de asesores comerciales supera por mucho el de técnicos que hacen las instalaciones. De acuerdo con Torres, “Si uno, por ejemplo, hace treinta
ventas al mes, pero la empresa solo alcanza a instalar dieciocho
servicios, no nos pagan el equivalente a treinta ventas, sino a
dieciocho, lo que significa perder el bono de ese mes”. A lo cual
se agrega que, debido a las demoras en la instalación, numerosos
clientes insatisfechos optan por no adquirir los productos. Y así
las cosas, los asesores no tienen cómo lograr que la empresa les
reconozca las comisiones de las ventas realizadas, a pesar de que
el retiro se deba a la ineficiencia de ella misma.
Los riesgos del trabajo por corretaje
A la incertidumbre de no tener un salario mínimo mensual,
estos asesores por corretaje deben sumar los riesgos que implica
hacer su trabajo en las calles, sin que las empresas los afilien
al sistema de salud ni a pensiones o riesgos laborales. Y en la
calle las posibilidades de un accidente laboral son altas, debiendo
tercerización laboral
53
costear entonces los trabajadores todos los gastos. “Hace quince días, John Byron Correa, un compañero nuestro, tuvo un
accidente de tránsito mientras iba a cumplir una cita con un
cliente. Fue atendido gracias al Soat, pero los días que duró su
incapacidad los perdió, porque la empresa no se los reconoce”,
cuenta Torres.
Son tan malas las condiciones de los trabajadores tercerizados de Claro, que ni siquiera cuentan con la dotación suficiente de ropa de trabajo. El uniforme de los asesores comerciales
consta de una chaqueta, que se entrega después de completar las
primeras quince ventas, una gorra y dos camisetas. . En muchas
ocasiones deben trabajar en camiseta e, incluso, con prendas que
no tienen el logo de la empresa. Cuando esto ocurre, en el pecho
les pegan un botón de Claro como identificación.
Tampoco tienen subsidio de transporte, por lo que casi
siempre deben caminar mucho en busca de clientes, con el
agravante de que en Medellín hay zonas donde no gustan de la
presencia de los empleados de Claro, habiendo sido amenazado
con armas. “En Castilla a uno de los compañeros lo amenazaron con un revólver. Muchas veces la gente piensa que vamos
a desconectar servicios, por lo que nos trata mal o nos echa”,
recuerda Gaviria.
Tal vez el único punto a su favor es que, como no tienen
horario, algunos pueden estudiar, ventaja que tiene sus bemoles,
porque algunas veces deben acogerse al tiempo de los clientes,
por lo que se ven obligados a hacer ventas por la noche. Además,
deben asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por
los coordinadores de la empresa, tiempo que tampoco les pagan.
Y están sometidos a la presión de los coordinadores cuando estos ven que no están alcanzando las metas propuestas, como si la
empresa no tuviera responsabilidad alguna en ello.
El odio al sindicato
Cansados de tantos abusos y de la precariedad laboral, y para
mejorar sus condiciones con respecto a los trabajadores directos,
54
tercerización laboral
Luis, Gustavo y Luis Alfonso se afiliaron a Unión Claro y Tic,
el sindicato de la empresa.
De los doscientos trabajadores que tiene Artecom, solo
dieciocho pertenecen al sindicato, y todos han sido víctimas de
represalias por parte de la empresa, que permanentemente los
señala como personas perjudiciales. En agosto de 2013, estos
dieciocho trabajadores presentaron un pliego de peticiones, lo
que debieron hacer mediante correo electrónico, porque no se
los recibieron personalmente. Dos semanas después no habían
recibido respuesta Lo que sí ocurrió inmediatamente después
fue que a nueve de ellos les bloquearon la tarjeta sim de sus
celulares, que se les da a los asesores comerciales como medio
para comunicarse con números corporativos y para ingresar las
ventas al sistema. Con ello les limitaron su herramienta de trabajo, una clara represalia por afiliarse al sindicato.
No obstante, la mayor injusticia fue el despido del coordinador del grupo al que pertenecen, quien no sabía de la existencia
del pliego de peticiones. Aun así la empresa terminó su contrato
con el argumento de que “no avisó acerca de quiénes se querían
unir al sindicato, para despedirlos antes de que lo hicieran y
presentaran el pliego de peticiones”. Situaciones como estas que
llevan a los demás empleados a ver el sindicato con temor o con
rabia. Temor, porque mostrar cualquier simpatía puede dañar su
hoja de vida; y rabia, porque la empresa amenaza con cerrar por
culpa de los sindicalistas, ya que, de acuerdo con Torres, “Claro
y Artecom Comunicaciones S.A.S dicen ser muy pobres como
para poder pagar todo lo que están pidiendo en el pliego”.
Luis, Gustavo y Luis Alfonso esperan que la situación mejore y puedan tener un trabajo digno. No tienen miedo, porque
saben que están haciendo lo correcto y cuentan, por ahora, con
la garantía del fuero sindical.
Agosto de 2013
tercerización laboral
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CRóNICAs DE LA
sERIE “CAsOs DEL CAL”
“Tejiendo el sustento”, Fabián Antonio Alzate Marín, Colombia, 2013
El drama de Luisa comenzó cuando la obligaron a
reportar como doméstico un accidente laboral
A finales de noviembre de 2011, Luisa, de veintiséis años de edad,
se enteró de que la panadería donde trabajaba su prima estaba
necesitando personal. Entonces ella, que durante la temporada
decembrina tenía empleo en un almacén de la zona comercial
de El Hueco, en Medellín, decidió presentarse, buscando estabilidad laboral, pues se trataba de un empleo en el que tenía la
posibilidad de vinculación por término indefinido.
Fue así como llegó a trabajar a la panadería Botero, ubicada
en inmediaciones de la plaza Botero, en el centro de la ciudad,
donde su prima era cajera, circunstancia que le dio mayor confianza para asumir este nuevo empleo. Empezó a laborar sin
haber firmado contrato y sin afiliación a la seguridad social en
salud y pensión, situación en la que estaban varios compañeros
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60
crónicas De la serie “casos Del cal”
de trabajo y a la que no le puso reparos por cuanto pensó que era
algo temporal, mientras pasaba el periodo de prueba.
Desde el primer día estuvo dispuesta a hacer todas las tareas,
que incluían atender mesas, barrer, trapear y lavar platos y baños. Y así, tras la temporada decembrina y el periodo de prueba,
le permitieron continuar trabajando de manera fija en la panadería, circunstancia que la llevó a pensar que la formalización de
su contrato y afiliación a la seguridad social era cuestión de días.
Empieza el viacrucis
El 16 de enero, Luisa estaba trabajando como cualquier día
en las labores de aseo, cuando accidentalmente, y por un mal
movimiento de la trapeadora, tropezó con uno de los vidrios de
la vitrina que una de sus compañeras estaba limpiando. Sintió
entonces que la punta del vidrio le rasgó la mano derecha, que
empezó a sangrar a borbotones. Verse herida la asustó mucho,
y no sabía qué hacer. Fue su prima quien la asistió y le ayudó
a tomar un taxi para que fuera a un servicio de urgencias y se
hiciera atender por el Sisbén, con la advertencia de que dijera
que el accidente no había ocurrido en la panadería sino en su
casa, porque de lo contrario podía poner en problemas a la administración, y a ella, quien la había recomendado.
—No se preocupe, Luisa –le dijo su prima–, que la panadería
le cubre todos los gastos de la atención. Llévese estos cincuenta
mil pesos y en caso de necesitar más me llama.
Luisa tomó el dinero y se fue para el servicio de urgencias,
donde le lavaron la herida y le cogieron tres puntos. Al día siguiente regresó a la panadería para llevar la factura del copago
y demostrar que había sido atendida, por lo que recibió otros
cincuenta mil pesos, como compensación por las diligencias que
debió hacer.
La herida le generó cuatro días de incapacidad, que no fueron suficientes, pues para sanar por completo su mano requería
más cuidados. Pero así y todo debió regresar a la panadería a
continuar trabajando. A pesar del mal estado de su mano, la
administradora no tuvo consideraciones con ella, ordenándole
crónicas De la serie “casos Del cal”
61
lavar los baños y hacer las labores habituales de aseo, tareas que,
como siempre, cumplió a cabalidad, sin sospechar las malas
consecuencias de ello para su salud.
En efecto, poco después le apareció un dolor agudo en su
mano, que con el paso de los días se hizo insoportable, más
aún cuando esta se hinchó y comenzó a tomar una coloración
oscura. Acudió de nuevo al centro de salud, donde volvió a ser
atendida por el Sisbén. El médico le dijo que tenía una celulitis,
es decir una inflamación de los tejidos celulares por la entrada
de bacterias a la herida. Le ordenó un tratamiento y le prescribió
veinte días de incapacidad.
Después de finalizada esta incapacidad regresó al trabajo,
supuestamente curada. Pero como debió hacer las mismas labores de antes, la infección retornó, más virulenta, por lo que la
incapacitaron de nuevo.
Ciclo que se repitió de nuevo, porque, a pesar de los medicamentos y las inyecciones para controlar la infección de su
mano, las molestias reaparecían debido a que en la panadería
sus funciones seguían siendo las mismas. En esa dinámica
permaneció dos meses más, periodo en el que estuvo en contacto permanente con sus empleadores, informándolos sobre
las citas médicas y las novedades. Ellos, a su vez, aceptaron la
situación sin recriminaciones, siendo condescendientes con ella,
animándola, diciéndole que estuviera tranquila y que terminara
su recuperación, que seguirían respondiendo, lo que le dio tranquilidad y confianza.
En este punto conviene reiterar que toda la atención médica Luisa la había buscado por medio del Sisbén, pese a que
desde febrero la empresa la había afiliado a una EPS, novedad
de la que, sin embargo, solo le informaron a fines de marzo,
momento a partir del cual pudo acceder a una atención integral
por cuenta de la EPS y comenzar a hacer las terapias y consultas
con especialistas. Pero ya era tarde, los daños en su mano eran
irreversibles.
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crónicas De la serie “casos Del cal”
De la condescendencia al acoso
A su regresó al trabajo tras el periodo de terapias e incapacidades, Luisa se encontró con un ambiente que califica como
normal. La administración mostró consideración con su estado
de salud y no solo le asignó un horario especial, de una de la
tarde a nueve de la noche, sino que, dadas sus limitaciones, la
retiró de algunas tareas, como cargar objetos pesados, lavar platos y trapear. Incluso la eximió de ir los domingos a trabajar,
situación que para ella fue un alivio, pues el domingo en la panadería la jornada es de doce horas, que a los trabajadores se les
paga como cualquier jornada normal, es decir, no les pagan las
cuatro horas extras ni el sobrecosto dominical. Según ella, todos
los empleados están obligados a trabajar los domingos, y de no
hacerlo pierden su empleo.
Pero la condescendencia no duró mucho tiempo. A partir
del traslado de su prima a otra sucursal el ambiente comenzó
a cambiar, a hacerse más pesado. De repente sus compañeros
comenzaron a mirarla diferente y los malos comentarios no se
hicieron esperar: “Ve, llegó la reinita, la que más trabaja”, le decían. Y en el espacio de trabajo empezó a escuchar indirectas
parecidas, sobre todo de parte de uno de los cajeros, quien le
recriminaba por las labores que hacía y la saturaba de trabajo
cuando la supervisora estaba ausente.
Luisa no entendía esa actitud en su contra, pues a pesar de
las limitaciones de su mano cumplía con las labores que le pedían, y en ese sentido nunca tuvo problemas. Lo vino a entender
un día que se acercó al puesto de frutas que funciona dentro de
la misma panadería para pedir un poco de hielo, cuando la tomó
por sorpresa la respuesta de una de las vendedoras:
—¡Ay, Luisa! No le puedo dar hielo.
—¿Por qué?
—Usted ya no se puede ni acercar acá, porque si nos ven
hablando con usted nos regañan. Si quiere hielo lo tiene que
pagar, vale quinientos pesos el vaso.
—Pero no entiendo, ¿por qué?
crónicas De la serie “casos Del cal”
63
—No lo sé. La orden del pago del hielo es para todos, pero
en especial para usted.
Desde ese momento, vio las cosas más claras. Comprendió
que la reacción de sus compañeros no era espontánea, sino que
respondía a instrucciones de la administración, según ella, para
que se sintiera mal en el trabajo y renunciara.
El acoso continuó y los efectos del estrés comenzaron
a aparecer. No se sentía bien, las discusiones con el cajero se
hicieron cada vez más frecuentes, lo mismo que la presión
de las órdenes y los comentarios desobligantes en su espacio de trabajo. Se sentía humillada. La situación se hizo
insoportable, tanto que cuando regresaba a su casa por la
noche se ponía a llorar y comenzó a sentirse deprimida.
Pero el acoso no se limitó a esa situación. Un día la secretaria
le notificó el cambio de su horario de trabajo, que pasó a ser
de seis a diez de la mañana y de cuatro de la tarde a ocho de la
noche. Luisa no creía lo que estaba escuchando, pues ella era
la única en la panadería con ese horario. Preguntó la razón del
cambio y pidió que se reconsiderara la decisión. La secretaria le
dijo que no podía hacer nada, que era una orden del abogado.
Ella no entendió por qué nombraba al abogado, si los horarios
en la panadería los definían su jefe y la administradora.
Para ella la decisión fue injusta, y era una muestra más
del acoso del que era víctima. Los primeros días trató de
adaptarse, se negaba a pensar en renunciar porque necesitaba trabajar para pagar los gastos en su casa y sostener a sus
dos hijos. El tiempo muerto entre las diez de la mañana y las
cuatro de la tarde lo pasaba en el centro deambulando, porque no tenía los pasajes para ir hasta su casa. Hasta que no
aguantó más: al cabo de una semana pasó su carta de renuncia, en la que dejó claro que lo hacía a causa del acoso laboral.
Sin embargo, lo que la dejó más preocupada fue que la afiliación a la EPS se le venció justo el día en que renunció. Como
la herida de su mano no fue reportada como accidente laboral,
perdió el derecho de seguir recibiendo atención en salud. Por
eso toda su vida lamentará haber reportado la herida de su mano
como un accidente doméstico, cuando era laboral. Además, si
64
crónicas De la serie “casos Del cal”
en su trabajo le hubieran respetado el tiempo de recuperación
y no la hubiesen obligado a hacer labores no aptas para el tipo
de accidente que sufrió, seguramente su mano no se le habría
malogrado.
Porque la mano de Luisa definitivamente ya no se recuperará. Según el parte médico, la afección es crónica. Los tendones se le inflaman constantemente y el dolor es insoportable,
además de no poder cerrar los dedos índice y medio. Por eso,
ahora lo que más le importa es recuperar el movimiento, así no
sea en su totalidad. Es consciente de que su situación, aparte de
que la afecta en el día a día, también le puede impedir volver a
emplearse. Sabe que con las limitaciones en el movimiento de su
mano no es fácil conseguir un empleo.
De ahí su decisión de acercarse al Centro de atención laboral (CAL) que coordina la Escuela Nacional Sindical para pedir
asesoría. Puso su caso en manos de un abogado, para tratar de
que la panadería Botero la indemnice, por lo menos mientras
termina las terapias y mejora la condición de su mano. Entre
tanto, debe soportar el dolor y la inflamación, y retomar sus
terapias y tratamientos. Pero como los gastos y las necesidades
en su casa no dan tregua, todos los días busca un nuevo empleo,
aun cuando sabe que, en su situación, encontrarlo no será fácil.
La opinión del CAL
En términos de la ley 1010 de 2006, el acoso laboral es toda
conducta, persistente y demostrable, que se ejerce sobre un trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno,
conducta encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el
trabajo o inducir la renuncia al mismo.
El caso de Luisa corresponde a una clara conducta de acoso laboral en su contra, y de una manera tan acentuada que la
obligó a renunciar. Pero quizá lo que más llama la atención es
que este acoso se da en el contexto y tiene como causa el daño
que se produjo en su salud por culpa del mismo empleador, que
fue quien desde un principio asumió los riesgos que el trabajo
crónicas De la serie “casos Del cal”
65
implicaba para la trabajadora, al no afiliarla al sistema general de
seguridad social. Por lo mismo es el llamado a velar en primera
instancia por la recuperación de la trabajadora lesionada, puesto
que todo daño que resulte como consecuencia de este suceso es
su responsabilidad.
El empleador cuenta con todos los medios para evitar que
este tipo de situaciones se presenten mediante, por un lado, la
afiliación oportuna de los trabajadores al sistema general de seguridad social y, por otro, el control riguroso de los factores de
riesgo en el lugar de trabajo. Por tanto, en el caso de Luisa su
responsabilidad no solo involucra todas las prestaciones que la
seguridad social habría cubierto, particularmente el tratamiento, la rehabilitación y la pérdida de la capacidad laboral de Luisa
sino que, además, de conformidad con el artículo 216 del Código sustantivo del trabajo podría estar obligado a asumir una
indemnización plena de perjuicios en favor de la trabajadora.
Noviembre de 2012
66
crónicas De la serie “casos Del cal”
Cuando un patrón priva a una trabajadora de su
derecho de licencia de maternidad
Johana Carvajal pasó su niñez y parte de su adolescencia con sus
abuelos en el municipio de Yolombó, departamento de Antioquia. Siempre le gustó estudiar, por cuanto pensaba que ese era el
mejor camino para conseguir lo que quería. Como el colegio del
pueblo solo ofrecía educación hasta noveno grado, para terminar
la secundaria decidió emigrar a Medellín con su madre. Una vez
g graduada de bachiller, sus padres hicieron esfuerzos para pagarle estudios en la institución universitaria Pascual Bravo, donde
cursó la carrera de diseño gráfico hasta 2005, cuando se graduó.
Sus primeros empleos fueron en estudios de fotografía y en
trabajos para terceros. Hacía montajes fotográficos, piezas publicitarias y en ocasiones daba clases, por días o por horas. En 2010,
tras el nacimiento de su primera hija, advirtió que necesitaba
crónicas De la serie “casos Del cal”
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un trabajo estable y con sueldo fijo. Por la radio se enteró de
que la empresa Multiservicios requería una persona con conocimientos de fotografía y diseño, por lo que de inmediato a
ofreció sus servicios, con la buena nueva de que su hoja de vida
pasó la prueba de admisión y fue contratada para trabajar en el
manejo de papelería, sacando fotocopias, tomando fotografías
para documentos, en la reparación de celulares, el argollado y
plastificado, entre otras funciones.
El contrato fue verbal, no escrito: trabajaría de siete de la mañana a siete de la noche con un salario inicial de setecientos mil
pesos mensuales, que seis meses después se incrementaron en
cincuenta mil, y fue afiliada a la EPS Comfenalco. Su afiliación,
al igual que la de sus compañeros, se hizo por un intermediario,
por lo que no aparecían como empleados de Multiservicios: todos los meses el propietario les daba el dinero s para que pagaran
la cuota de la EPS.
Las relaciones laborales, de buenas a problemáticas
Durante los dos primeros años, su desempeño laboral fue
muy satisfactorio, las relaciones con su jefe fueron cordiales, él la
consideraba una buena empleada y se lo hacía saber. Incluso, con
frecuencia la dejaba encargada del negocio, casos en los que debía quedarse hasta las ocho o nueve de la noche, hora de cierre.
Las cosas empezaron a cambiar en septiembre de 2012,
cuando quedó embarazada de nuevo y se lo informó a su jefe,
quien solo dijo “Hummm. No obstante, los siguientes días le
hizo comentarios sobre lo duro de tener otro hijo y las dificultades que supone criar varios. Sin embargo, la situación laboral
seguía siendo la habitual.
La situación empezó a deteriorarse porque al propietario
no le gustaba que ella asistiera a las citas médicas y a los controles. Él no quería aceptar que en las EPS por lo general la
atención se demora mucho, y a Johana le ordenaban más exámenes de los habituales porque su embarazo era de alto riesgo.
Incluso en dos ocasiones debió cancelar sus citas médicas
porque se cruzaron con compromisos de don Hernán: la pri-
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crónicas De la serie “casos Del cal”
mera vez su cita coincidió con una de él, y la segunda porque
él debía atender a dos hijas que llegaban de Bogotá. Es más,
las citas de Johana se debían acomodar al horario de los demás
trabajadores, lo cual la ponía en una posición incómoda y riesgosa, ya que estaba advertida de que debía cuidar su embarazo al
máximo, porque había riesgos de que su bebé muriera al nacer,
tal como le sucedió en su primer embarazo.
Ante esta situación tomó una decisión que hoy considera un
error, la única que se le ocurrió: el dinero que el dueño de Multiservicios le daba para pagar la afiliación a la EPS lo usaría para
recibir atención médica particular, que es mucho más rápida, lo
cual hizo dos veces.
Aun cuando un compañero de trabajo le comentó al propietario que ella no había pagado la EPS, este no le dijo nada a ella,
aun cuando a él sí le dijo que lo que Johana había hecho estaba
mal. El compañero le explicó entonces que ella lo había hecho
para que la atendieran más rápido y evitar las molestias ocasionadas por las citas en la EPS. Después de lo cual, y para evitar
que volviera a hacer lo mismo, don Hernán decidió empezar a
pagar él mismo las cuotas a la EPS.
Los meses siguieron corriendo, el embarazo avanzaba, y en
ese interregno él le delegó labores que no le correspondían, por
lo que ella le hizo un reclamo, a lo que él contestó:
—Si está muy aburrida, renuncie. A lo cual ella respondió:
—Yo no voy a renunciar, écheme usted.
En ese momento no entendió las razones de su jefe, siendo
que siempre había sido una buena empleada. Pero después le
fue quedando claro que él quería prescindir de sus servicios.
Cierta vez lo escuchó mientras hablaba con un contador, quien
le explicaba cómo hacer unos recibos de caja menor en los que
constara que ella estaba a paz y salvo con el pago de la salud
y las primas. La intención era que las dos partes los firmaran,
pero ese día se le vino el parto y no hubo tiempo de firmar.
un despido inesperado
Johana dio a luz una niña y la EPS le dio una incapacidad de
crónicas De la serie “casos Del cal”
69
tres meses, pero se negó a pagarle la licencia de maternidad, con
el argumento de que había dejado de cotizar dos meses y porque
estaba afiliada con un intermediario. Por otra parte, el dueño de
Multiservicios le dijo que no le pagaría un centavo por cuanto
ese pago le correspondía al seguro.
Con el paso de los días aumentaron sus preocupaciones por
su situación, por cuanto el papá de la bebé estaba desempleado
y ella no podía quedarse tres meses en la casa sin recibir dinero.
Así que llamó a la empresa para pedirle al propietario que le permitiera trabajar, así estuviera en licencia de maternidad, a lo que
él respondió negativamente, por cuanto si se sabía que estaba
trabajando en licencia de maternidad se metería en problemas.
A lo que ella replicó diciéndole que no podía permanecer en su
casa sin el pago de la licencia.
—Le repito, dijo él, no le voy a pagar esa licencia.
—No necesito que me la pague, sino que me deje trabajar.
—Por el momento el trabajo está muy malo. No necesito
más trabajadoras —le contestó, y con eso dio por terminada la
conversación.
Al día siguiente, por recomendación de una compañera,
acudió a la Oficina del Trabajo a denunciar su situación, hecho
que tuvo como consecuencia que don Hernán recibiera un oficio en el que se le explicaba que no podía despedir a una mujer
en periodo inicial de lactancia, y que además debía cubrir su licencia de maternidad. Él recibió con disgusto el oficio, pero aun
así lo acató, a medias. Al día siguiente la llamó y le propuso que
trabajara de medio tiempo, propuesta que ella, desempleada y
con dos niñas para mantener, no tuvo más remedio que aceptar.
Empezó a trabajar el 29 de julio de mediodía a cinco de la tarde.
Aun cuando no estaba satisfecha del todo, al menos tenía dinero
para llevar a casa.
Pero su tranquilidad se vería interrumpida de nuevo porque,
según ella, dos semanas después, el 11 de agosto, le hicieron un
montaje para achacarle el robo de una cámara fotográfica. Ese
día, el propietario no estaba en la empresa y ella estaba en el mostrador atendiendo los clientes, junto con tres empleados más,
70
crónicas De la serie “casos Del cal”
entre ellos la hija del dueño, quien fue la que la acusó, diciendo
haberla visto salir con un bolso. Esto aunque Johana no se había
ausentado del mostrador, y menos con un bolso. Poco después
sonó el teléfono y don Hernán, que ya había llegado, contestó.
Era una clienta que, según él, la había visto robándose la cámara.
A lo que Johana respondió: dígale que venga y me lo diga
de frente.
—No puede venir ahora.
—Qué venga entonces mañana, aquí estaré todo el día para
esperarla.
—Tampoco puede venir.
—Entonces ponga usted una demanda para aclarar esto.
—Evitémonos demandas y deme la cámara. Dejamos las
cosas así, queda entre los dos y puede seguir trabajando.
—Yo no puedo devolverle algo que no he cogido. Además,
no entiendo por qué solo me acusa a mí, si aquí hay otros trabajadores.
—Pues hasta que no aparezca la cámara no puede volver a
trabajar —puntualizó don Hernán.
Para Johana se trataba de una estrategia para obligarla a renunciar y no pagarle.
Frente a una situación que empeoraba de tal modo, al día siguiente fue de nuevo a la Oficina del Trabajo para pedir asesoría
sobre cómo manejar la nueva situación. De allí la remitieron al
Centro de atención laboral, donde le aconsejaron presentar una
acción de tutela, en cuya diligencia la asesoraron, para por esa
vía lograr el pago de la licencia de maternidad y el reintegro. Un
reintegro que para ella sería una solución “envenenada”, toda vez
que implicaría volver a trabajar en Multiservicios, sometida con
seguridad a un pésimo ambiente laboral.
A la espera del fallo de tutela Johana pasa por una grave situación económica. Ha debido recurrir a la ayuda de sus familiares, quienes la han apoyado hasta donde les ha sido posible.
Es consciente de haber cometido un error al dejar de pagar dos
meses a la EPS, lo que hizo por evitar problemas en su trabajo y
trabajar en paz. Sin embargo, el dueño creyó resolver todo despidiéndola y acusándola de algo que no hizo.
crónicas De la serie “casos Del cal”
71
La opinión del CAL
La trabajadora en estado de embarazo goza de protección, legal y constitucionalmente (artículos 43 y 53). Y esta
protección especial se extiende desde el comienzo del embarazo hasta el fin de la licencia de maternidad. Estos derechos
no están a discrecionalidad del empleador , son obligatorios
e inexcusables.
En este caso la trabajadora fue sujeto de arbitrariedades
por parte de su empleador, evidentes en las ilegalidades de
la contratación y en la forma tercerizada en que la afiliaron
al sistema general de seguridad social. Es importante tener
muy presente que la obligación legal de cotizar al sistema
de seguridad social no se puede cumplir entregándole el
dinero a los trabajadores para sean ellos quienes paguen la
cotización.
Lo más delicado del presente caso es que el empleador,
además de no haber hecho los pagos a los que está obligado, permitió a la trabajadora, a pesar de estar en licencia de
maternidad, reincorporarse parcialmente a sus labores habituales, negándole la posibilidad de cumplir debidamente
con este periodo especial de su maternidad, privándola de la
posibilidad de estar con su bebé durante sus primeros meses,
un momento en que depende por completo de su madre.
En la legislación colombiana el empleador no tiene posibilidad legal alguna de oponerse al pago de la licencia de
maternidad ni de supeditar ese pago al cumplimiento de
jornadas laborales. En consecuencia, el despido de la materna no tiene efecto alguno, y el empleador, además de las
órdenes que en sede de tutela puede recibir, como reintegro,
pago de la licencia, reubicación, entre otras, se puede hacer
acreedor a sanciones administrativas por desconocer arbitrariamente los derechos fundamentales de quien debe gozar
plenamente su licencia de maternidad.
Septiembre de 2013
72
crónicas De la serie “casos Del cal”
se dieron cuenta de que tenía el virus del papiloma,
y la echaron del trabajo
Pese a la pobreza de su familia, que vivía en la comuna 13
de Medellín en un rancho construido con tablas y plásticos,
Alexandra se preocupó por estudiar y terminar su bachillerato.
Luego trabajó en oficios ocasionales, hasta cuando, gracias a un
curso de manipulación de alimentos que hizo en el Sena, consiguió empleo estable en el hospital Pablo Tobón Uribe. No como
empleada de planta, sino por intermediación de la agencia de
empleo Lima (Limpieza y Mantenimiento de Antioquia Ltda.),
que le pagaba el salario mínimo y las prestaciones de ley. Tenía
entonces veintiún años de edad y era madre soltera de dos hijos.
El 16 de junio de 2008, recuerda, fue su primer día laboral
en el hospital, donde le dieron la función de preparar teteros
para los bebés. Desde el principio se caracterizó por su facilidad
crónicas De la serie “casos Del cal”
73
para el aprendizaje y su agilidad y eficiencia en el trabajo, habiendo aprendido en veinte días todo lo que se enseñaba en una
inducción que duraba dos meses.
Todos los días se levantaba de madrugada y se acostaba entrada la noche, pese a que su contrato estipulaba una jornada de
ocho horas. Sin embargo, para ella los horarios extendidos no
eran un problema, porque le gustaba lo que hacía y tenía una relación cordial con sus jefes, quienes constantemente resaltaban
su buen desempeño. En ocasiones llegaba a las cinco y media
de la mañana y se iba a las nueve de la noche, por el exceso de
trabajo, lo cual le estaba creando un ambiente de estrés laboral.
No obstante, siempre le pagaron las horas extras.
Antes de cumplir seis meses trabajando empezó a sentir
fuertes dolores estomacales. Pese a que los exámenes que le
hicieron en la EPS a la que estaba afiliada arrojaban resultados
normales, las molestias continuaron. En vista de esta situación,
las directivas del hospital le facilitaron un carné que le otorgaba descuentos y le permitía consultar allí mismo. En efecto
consultó, y el diagnóstico dio cuenta de una obstrucción intestinal severa, por lo que la intervinieron de urgencia. Como su
recuperación exigía cinco meses de quietud, se vio obligada a
renunciar a su cargo.
un nuevo comienzo
En junio de 2009, ya bien de salud, recibió una llamada de la
agencia de empleo Lima, en la que le informaban que el hospital
Pablo Tobón estaba interesado en contar de nuevo con sus servicios, habida cuenta de que era mejor contratar personas como
ella, con conocimientos, experiencia y probada eficiencia.
Se inició pues una nueva etapa en su vida. Durante un año
las cosas marcharon bien, pero un episodio empezó a cambiarlo
todo: su ex esposo, con quien no tenía relación y poco aportaba
en la crianza de sus dos hijos, entró a disputar su custodia ante
un juez, argumentando que ella carecía de recursos para darles
una vida digna, como prueba de lo cual presentó el lugar en el
que vivía con los niños y su familia, en la comuna 13.
74
crónicas De la serie “casos Del cal”
Ante esto, el 6 de octubre de 2010 la administración del
hospital tuvo un gesto poco usual: la vinculó a su planta de personal, lo que supuso una excepción a la regla de no vincular
madres solteras, dado el carácter católico de la institución. Ya
vinculada directamente a la empresa sus condiciones laborales
mejoraron ostensiblemente: de ganarse un salario mínimo pasó
a devengar $1´064.000. Además, el Fondo de Empleados del
hospital le prestó diecisiete millones de pesos para que comprara
un apartamento, exigiéndole que se trasteara de inmediato, para
lo cual la apoyaron con dinero para pagar la mensualidad de un
apartamento, mientras le entregaban el suyo. Por lo que se fue a
vivir con María, una compañera de trabajo, en lo que considera
una mala decisión.
Los males no vienen solos
Una mala decisión por varias razones. Primero, porque los
gastos se le incrementaron. Además de la cuota del alquiler debía cancelar la del préstamo le hizo el Fondo de Empleados para
comprar el apartamento, más la mensualidad en la institución
donde internó a sus hijos. Porque esa fue otra novedad en su
vida: la empresa le exigió que internara a sus dos pequeños para
que así pudiera desarrollar mejor su trabajo, ya que no tenía con
quien dejarlos, y, de paso, para acallar los reclamos de su exesposo, quien la acusaba de tenerlos abandonados.
Los viernes el hospital le permitía salir a la una de la tarde,
para que recogiera a sus hijos en el internado, y le daba libre el
sábado y domingo para que pudiera estar con ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones debía quedarse cumpliendo turno y los
niños no tenían quién los recogiera y los llevara al internado.
En esas estaba cuando otro golpe de mala suerte tocó a su
puerta: el hombre de quien estaba enamorada y con quién iba a
casarse murió, lo que le produjo una fuerte depresión.
Y sus desgracias no pararon ahí: su compañera de apartamento se declaró lesbiana y empezó a sobrepasarse con ella. En
contra de su voluntad le tocaba el cuerpo e intentaba besarla en
crónicas De la serie “casos Del cal”
75
la boca. Tal situación se tornó insoportable, de ahí que en julio
de 2012 decidió marcharse, yéndose a vivir a un apartamento
alquilado.
Esa seguidilla de reveses le alteró el humor y la tornó callada. Su estado de ánimo y las charlas con sus compañeras ya no
fueron las mismas de antes, lo que las llevó a criticarla. Incluso,
una de sus jefes le reclamó por su salida de la casa de María, a lo
que ella, para no acarrearle problemas, decidió no contar lo del
acoso sexual, decisión que lamentaría después.
Camino a un despido injustificado
Para Alexandra todo empezó a cambiar. Su depresión iba en
aumento, pero no por eso dejó de hacer bien su trabajo. “En el
hospital empezaron a decir que era una emo, una antisocial, una
loca, de lo que me daba cuenta por los rumores en los ascensores
y en los pasillos. Eso me dolía mucho. Si tenía un trastorno eso
era algo confidencial, y no sé cómo todos se daban cuenta”, dice.
Esos mismos días de julio de 2012 debió hacerse una citología para descartar un posible cáncer. Citología insuficiente,
por lo que le ordenaron realizarse un examen adicional, del
que le dijeron que en dos meses tendría resultados. En ese
lapso sus jefes empezaron a hacerle preguntas que le parecieron muy extrañas, por su mamá, sus hijos o por ella misma.
Además de otras que se relacionaban directamente con su intimidad, como con cuántos hombres había tenido relaciones
sexuales, cuando había sido la última, cuántas veces a la semana
las tenía, el método anticonceptivo usaba o si utilizaba condón.
Interrogantes que no le gustaban para nada, pero que respondía. Hasta que un día, abrumada, dejó de responder, por lo
cual su jefe la calificó de conflictiva.
“Un viernes —explica— salí de mi turno a la una y veinticinco de la tarde para recoger a los niños. Al lunes siguiente me
llamaron la atención por no haber preparado un paciente, que
el médico programó para las dos de la tarde, cuando los viernes
tenía permiso de salir a una. Tuve entonces que firmar un me-
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crónicas De la serie “casos Del cal”
morando, algo que me pareció muy injusto. Primero, porque
el evento fue por fuera de mi turno, y segundo porque no tuvo
ninguna repercusión en el paciente”.
En octubre no le habían entregado aún los resultados de los
exámenes, y seguía trabajando como de costumbre. Hasta que el
10 de fue requerida en las oficinas de relaciones humanas de la
empresa. “Cuando iba en camino me imaginé de todo, menos lo
que me iba a pasar, que la jefe me dijera: Alexandra, usted ya no
trabaja más en el hospital, esta es su carta de despido, devuelva el
carné y vaya a entregar el uniforme”. Llorando y sin entender lo
que sucedía le preguntó la razón del despido. A lo que le respondió que en ese momento no estaba en condiciones de escuchar
las razones, que luego se las decía.
Entonces acudió adonde las otras jefes a buscar la explicación, pero ninguna se la dio. Ese mismo día, en tesorería le
entregaron su liquidaron, cerca de siete millones de pesos por
concepto de vacaciones, prima, ahorros e indemnización. Solo
que de esa suma le dieron solo noventa mil, quedando el resto
para amortizar la deuda por el préstamo que le habían hecho
para comprar el apartamento. Además, en medio del desespero,
en la oficina del Fondo de Empleados firmó, sin leer, una carta,
en la que, para terminar de pagar la deuda, se comprometía a
pagar cuatrocientos cincuenta mil pesos quincenales durante un
año.
Ese día Alexandra salió destrozada, preguntándose el motivo de tan inesperado despido. Pero por más que los días siguientes llamó al hospital no le dieron cita para explicárselo. La
que sí le dieron, para el 5 de diciembre, fue en las oficinas de
salud ocupacional, donde, por fin, le entregaron los resultados
del examen, de acuerdo con los cuales tenía el virus del papiloma humano, una enfermedad incluida en el grupo de las de
transmisión sexual y considerada la principal causa del cáncer de
cuello uterino.
En ese momento a su preocupación se sumó la indignación,
cuando leyó que el examen tenía como fecha de entrega e im-
crónicas De la serie “casos Del cal”
77
presión el 13 de septiembre, lo que demostraba que personas
del hospital habían conocido el resultado mucho antes que ella.
Ante esa cadena de inconsistencias en febrero de 2013
Alexandra acudió a las instalaciones de la entidad responsable de
los exámenes, para que le explicaran por qué habían entregado
los resultados al hospital, sin su autorización. Sin embargo, no
le dieron ninguna respuesta satisfactoria. “Yo tenía mucha rabia
porque, hasta donde sé, un jefe nunca puede acceder a la historia
clínica de un empleado”, dice Alexandra.
Así que interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos y exigir su reintegro. No obstante, en la decisión pesaron
más los argumentos del hospital, que negó todo lo dicho por ella
y la desprestigió, diciendo su presentación personal era mala,
que era conflictiva y poco colaboradora. Esto un hospital que
se precia de sus altos estándares de responsabilidad social. La
juez concluyó que ella no tenía pruebas contundentes para demostrar lo que decía, sugiriéndole que apelara la decisión, por lo
que se dirigió entonces a la Oficina Regional del Trabajo, donde
un abogado la remitió al Centro de atención laboral para que la
asesorara.
Allí le han brindado apoyo legal y la están ayudando a preparar la apelación del fallo de tutela. Entre las pruebas que necesita
están los testimonios de quienes la atendieron en la oficina de
salud ocupacional del hospital, no habiendo recibido respuesta
a su solicitud, lo cual no le extraña, pues sabe que en el hospital
nadie atestiguará a su favor, para no arriesgar su empleo.
Por lo pronto, llegó a un acuerdo con el Fondo de Empleados, que le rebajó el monto de las cuotas de amortización de
su deuda, que un hermano suyo le está ayudando a pagar, por
las dificultades económicas que está viviendo. Así, los últimos
ocho meses los ha pasado trabajando en el rebusque, vendiendo
chicles en los buses, haciendo turnos en talleres de confecciones
y como empleada doméstica por días. Los miércoles hace aseos
en un edificio, donde debe lavar dos baños, las paredes, la cocina, los pisos, el balcón, tres patios y limpiar siete oficinas, todo
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crónicas De la serie “casos Del cal”
entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, por un salario
de treinta y cinco mil pesos.
Además, cada mes debe ir a una cita con el psiquiatra en el
hospital Mental de Antioquia, por su depresión. Ahora espera
conseguir un empleo para vivir con sus dos hijos en su apartamento, que hace poco le entregaron y no ha terminado de pagar.
Es tal su estrechez económica que hasta aceptaría el reintegro al
hospital donde, sabe, le esperaría un ambiente laboral totalmente en su contra.
La opinión del CAL
Este caso evidencia una serie de violaciones a los derechos
de la trabajadora, que conculcan normas constitucionales, en
especial las relacionadas con la discriminación por su enfermedad, que se traduce en la violación de la igualdad y de su
intimidad.
Frente al primer derecho constitucional, la igualdad,
conviene reiterar que quien padece algún quebranto de salud no puede ser discriminado en su trabajo, pues por su
estado de debilidad es sujeto de protección especial, protección que en virtud de la jurisprudencia constitucional se
extiende a quienes tienen una enfermedad o se encuentran
incapacitados. La ley ha previsto que el despido de las personas con algún tipo de limitación física se tenga que dar con
la previa autorización del inspector del trabajo, so pena de
que el despido carezca de validez. Dicho de otro modo, si en
el despido no interviene el Ministerio del Trabajo, carecerá
de efectos por violar la disposición legal, y, de contera, el
derecho fundamental al debido proceso.
Frente al segundo derecho constitucional, la intimidad,
es evidente que el empleador excedió de manera ilegal su
potestad subordinante, al revisar los resultados de los exámenes de la trabajadora sin su consentimiento. No existe
crónicas De la serie “casos Del cal”
79
posibilidad legal alguna para que el empleador violente de
esa manera la información de la trabajadora, por cuanto la
historia clínica tiene una reserva legal que no puede ser omitida sin la autorización de autoridad judicial. De acuerdo con
la ley 23 de 1981, la historia clínica solo compete al paciente
o a sus familiares en casos en que la revelación de los datos
sea útil al tratamiento. El artículo 38 de dicha ley, con las
limitaciones impuestas por la sentencia C-264 de 1996 de
la Corte Constitucional, en concordancia con el artículo
34 del decreto 1543 de 1997, cierra todas las posibilidades
al empleador de acceder a esa información sin permiso del
paciente.
En el caso de Alexandra, al empleador se le podrán exigir
varias obligaciones en relación con el contrato laboral: hay
lugar al reintegro y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, a la reafiliación al sistema general de seguridad social e, incluso, al reconocimiento de la indemnización
prevista en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, por haber
despedido a la trabajadora sin autorización del inspector del
Trabajo. Además, tanto al empleador como al laboratorio
que practicó los exámenes se les podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 56 del decreto 1543 de 1997,
por violentar las obligaciones de confidencialidad previstas
en dicho decreto y romper sin autorización la reserva legal
de la historia clínica.
Julio de 2013
80
crónicas De la serie “casos Del cal”
Casi pierde un ojo en accidente laboral, y no estaba
afiliado a una ARL
“Gracias a dios no tenemos hijos. No sabemos si eso es pecado, pero no vamos a traer un niño al mundo para que sufra las
desgracias de los padres”, son las palabras con las que Ovidio de
Jesús Villada empieza a contar su suplicio. Sus ojos están tristes
y su mirada baja, porque tiene la visión afectada a causa del accidente laboral que sufrió en marzo de 2013. Las imágenes las ve
triples y ve cómo a su alrededor todo se mueve de un lado para
otro, sin poder hacer nada para evitarlo.
Antes del accidente sus ojos estaban sanos y pendientes de
la guadaña, las tijeras de jardinería y las otras herramientas que
usaba en sus labores de mayordomo, entonces en una finca de
recreo ubicada en la vereda La Palma, de Girardota, municipio
ubicado al norte de Medellín, oficio con el que estaba satisfecho.
crónicas De la serie “casos Del cal”
81
También Irene, su patrona, decía estar conforme con su desempeño.
Su vínculo como mayordomo en esa finca se produjo el 14
de marzo, mediante contrato de palabra y sin seguridad social,
porque sus patrones no lo afiliaron a una EPS ni a una ARL,
menos aún a un fondo de pensiones. De acuerdo con Irene, su
patrona, “Yo no le paro bolas a eso de las EPS”, explicación que
le dio cuando él le solicitó la afiliación.
—Pero es que eso es muy importante, nadie está libre de un
accidente de trabajo y es mejor evitar problemas —replicó Ovidio, quien ante el silencio que obtuvo como respuesta decidió
no insistir.
Al hecho de no tener afiliación a la seguridad social se
sumaba que estaba trabajando sin los elementos de seguridad
requeridos, como guantes y gafas. En tales condiciones, pronto
llegaría el día del suceso que le cambió la vida.
un accidente en el momento menos pensado
El sábado 30 de marzo, a las siete de la noche, y como era habitual, la familia de Irene estaba reunida en la finca. A esa hora,
Ovidio le estaba echando cloro a la piscina para que estuviera
lista al día siguiente. Mientras estaba agachado manipulando el
químico en un balde, en la cara le estalló una especie de llama. Los primeros minutos perdió la visión, se sintió mareado
y perdió el control de su cuerpo. El instinto lo llevó a lavarse
los ojos con abundante agua, especialmente el izquierdo, el más
afectado.
Mariluz, su esposa, fue la primera persona que acudió en su
auxilio, y siguió echándole agua en la parte afectada, presa de un
miedo terrible al ver su estado y oír sus gritos desesperados. Fue
entonces a informar del suceso a su patrona, quien, al igual que
su familia, pareció preocupada, aun cuando le dejó claro que no
lo podía trasladar a un centro hospitalario, porque apenas llevaba
dos semanas en la finca y no estaba afiliado a la seguridad social.
La noche fue una pesadilla para la pareja. Dolor, ardor,
mareo y tristeza, una mezcla de sentimientos se apoderaron de
82
crónicas De la serie “casos Del cal”
Ovidio y su esposa, quien tampoco durmió porque se pasó la
noche aplicándole agua al ojo izquierdo, con una jeringa.
Al día siguiente, domingo, la molestia y el dolor en el ojo lo
tenían desesperado. A sus cincuenta y un años de edad sabía que
accidentes de esa gravedad necesitan atención inmediata para
evitar complicaciones. Pero tampoco ese día lo llevaron a una
clínica. En lugar de ello, en horas de la tarde recibió la visita
de Camilo, un médico amigo de la familia de Irene, quien lo
examinó y le recetó tres tipos de gotas, que debía aplicarse cada
hora.
—Tranquilo, con estas gotas se va a recuperar. Le voy a dar
tres días de incapacidad.
—Y mientras tanto, ¿qué hago con el ojo? —preguntó Ovidio.
—No se lo puede tapar, por la quemadura que sufrió. Pero
con estas gotas se va a recuperar. Y si no se alivia, recuerde que
yo también soy abogado.
—A nosotros no nos importan los abogados, solo queremos
que el ojo se recupere —respondieron Ovidio y su esposa a esa
frase, una amenaza velada a todas luces.
De ese tenor fueron las insinuaciones de la familia de Irene,
en el sentido de que el accidente había sido provocado por Ovidio, para obtener provecho económico, responsabilizándolo así
de lo ocurrido. A Ovidio y Mariluz lo que más les dolió fue que
los culparan haber querido hacer trampa mediante un accidente, “dizque para obtener plata”. A ellos, una pareja honrada que
“además nunca jugaría con su salud”, tal como dice hoy Ovidio,
con amargura.
La lucha por la atención médica
Ese mismo domingo, en la tarde, Irene y su familia dejaron
la finca, y durante los dos días siguientes parecían mostrarse
preocupados por la suerte de su mayordomo, llamando con
regularidad para enterarse de su estado. No obstante, inmediatamente como que se olvidaron de él.
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Ovidio siguió sin presentar mejoría, tirado en una cama, y
ya casi seguro de que quedaría ciego. No veía y ni siquiera podía
abrir el ojo. Entre tanto, su esposa Mariluz asumió sus labores.
En medio de su desespero llamó a Irene para enterarla de
la mala evolución de su estado, pero esta vez quien atendió la
llamada fue su esposo, a quien le reclamó que hicieran algo para
solucionar su problema.
A lo que el hombre respondió preguntándole si creía que
estaban sentados sin hacer nada.
—Pues parece que sí, dijo Ovidio.
—No, estamos bregando a resolver su situación y ayudarlo.
Tranquilo que Irene está haciendo todo lo necesario para afiliarlo a una EPS.
—Eso espero, porque si no me tocará ir donde un médico
particular y ustedes pagan.
El 6 de abril, sábado, una semana después del accidente,
Ovidio fue atendido en el consultorio de un oftalmólogo amigo
del médico Camilo. Le puso una córnea artificial y ordenó una
operación urgente, que fue descartada por su costo elevado.
Entre tanto Irene, en efecto, hacía lo posible para afiliar a
Ovidio en la EPS Sura, mediante una estrategia tramposa:
presentándolo como un turista que se había accidentado en su
finca. Y le funcionó, con ese ardid logró afiliarlo.
Ovidio sabe que cometió un error al participar de esa mentira. “Pero, ¿qué podía hacer si la patrona me dijo que de otra
manera no me atenderían, que tenía que escoger entre eso o
perder el ojo?”, pregunta.
Pocos días después fue trasladado al hospital General de
Medellín, donde tampoco pudo recibir la atención requerida
por no haber médico especialista en el tipo de trauma que tiene.
Por tal razón fue remitido a la Clínica Oftalmológica de Antioquia, donde más de un mes más tarde, entre el 12 y el 25 de
abril fue sometido a tratamiento. Y empezó a usar gafas, que por
el grosor de los lentes le cambian radicalmente su apariencia, y
a las que tuvo que contribuir a pagar aportando cien mil pesos,
con su patrona, porque la EPS no las costeó. s. Así y todo, no
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crónicas De la serie “casos Del cal”
siente que le sirvan de a mucho, pues cuando las tiene puestas
los objetos parecen moverse.
Al asfalto
El viernes 26 de abril Ovidio retomó sus labores de mayordomo, con la ayuda de sus gafas. Pero ya nada era igual, las
actividades que antes le eran normales y cotidianas, ahora le
causaban mayor dificultad, sentía en realidad el gran perjuicio
causado por el accidente. Sin embargo, puso su responsabilidad
por encima de todo y continuó trabajando de la mejor manera
que pudo.
Pero no sabía que su esfuerzo sería en vano. El 14 de mayo
Irene lo citó para entregarle la carta de terminación del contrato.
—¿Por qué me despide? —le preguntó Ovidio.
—Porque usted no aprobó el periodo de prueba.
—Cuál periodo de prueba, si nosotros nunca firmamos un
contrato.
—Sí lo tenemos, es un contrato verbal. Tome estos trescientos mil pesos y se me va rápido de la finca.
—Pero nosotros no tenemos para dónde irnos.
—Eso no es asunto mío. Necesito que me desocupen lo antes posible o les saco sus cosas a la calle.
Leyó la carta que le entregaba, que en un aparte decía: “Según el artículo 80 del Código sustantivo de trabajo, en el título
II, capítulo I, el periodo de prueba puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento, sin previo aviso”. En
medio de su rabia e impotencia, se negó a recibir los trescientos
mil pesos y a firmar la carta, porque lo consideró un despido
injusto.
Más allá de la indignación, Ovidio y Mariluz sentían que
el mundo se les venía encima. No tenían dónde conseguir un
empleo de inmediato ni un lugar dónde vivir ni familiares que
estuvieran dispuestos a ayudarlos. Tenían que empezar de cero
y no sabían cómo.
Dos días después, el jueves 16 de mayo, y por recomendación de un amigo, acudieron al Centro de atención laboral y
crónicas De la serie “casos Del cal”
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a la Personería de Medellín, que le envió a Irene una carta en
la que le notificaba las varias irregularidades encontradas en el
caso y le pedía el reintegro del mayordomo y las deducciones
injustificadas por salud, porque en la primera quincena de abril
Irene descontó del sueldo el pago por salud, siendo que no lo
había inscrito, no era cotizante, ni había sido atendido oportunamente.
Mientras tanto, Ovidio y Mariluz, muy a su pesar, siguen
viviendo y trabajando en la finca de Irene y su familia, porque
no han encontrado adónde ir, en condiciones casi humillantes,
pues las relaciones con ellas son tensas. Los días pasan y tienen
la orden de abandonar la finca.
Además, en Medellín, adonde deben venir con cierta frecuencia para las revisiones médicas y hacerle seguimiento a
la acción jurídica que entablaron, las cosas para ellos son muy
difíciles, todo es costoso y carecen de dinero para el transporte
y la alimentación. “Tenemos que hacer muchas vueltas a pie.
Vinimos al CAL caminando y de aquí debemos ir a la EPS que
queda en El Poblado, también caminando. Y lo peor es que en
ocasiones no tenemos dinero para comer”, dice Ovidio.
Siguen pendientes de las investigaciones que se adelantan
respecto a las irregularidades cometidas en su caso, con la esperanza de encontrar empleo en otra parte, porque la idea de pedir
el reintegro en una finca donde tan mal trato les han dado, no
es que los entusiasme.
La opinión del CAL
Todo trabajo implica un riesgo para quien lo desempeña,
mayor o menor de acuerdo con la actividad que se desarrolle.
No obstante, dicho riesgo debe ser asumido en su totalidad
por el empleador, quien delega gran parte de su responsabilidad en las entidades de la seguridad social: EPS, fondo
de pensiones y administradora de riesgos laborales, cuando
oportunamente afilia al trabajador y paga las cotizaciones.
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crónicas De la serie “casos Del cal”
En este caso, a Ovidio le ocurrió algo que, por sus características, se ajusta a la definición de “accidente de trabajo”
(ley 1562 de 2012, artículo 3°). Que el accidente tenga tal
calificativo implica el surgimiento de las prestaciones del
sistema general de riesgos laborales, que en su caso debe
asumir la empleadora, por no haberlo afiliado a una ARL,
como lo exige la ley.
En otras palabras, pese a la negligencia de la empleadora
en afiliar oportunamente a su mayordomo, quien además
no estaba en periodo de prueba dado que este “tiene que ser
estipulado por escrito” (artículo 77 del Código sustantivo
del trabajo), el trabajador tiene derecho a recibir toda la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación que
el sistema le habría garantizado a través de la ARL, en este
caso a cargo de la empleadora negligente.
Además de la parte asistencial, el trabajador tiene derecho a todas las prestaciones económicas: incapacidades,
indemnización por incapacidad permanente parcial, si su
pérdida de la capacidad laboral resulta entre 5% y menos de
50%, e incluso pensión de invalidez si su pérdida es igual o
superior al 50%. Todas ellas a cargo de la empleadora por los
mismos motivos señalados.
Pero sus derechos no se agotan ahí. Los demás perjuicios que sufrió: el dinero que se ha visto obligado a gastar,
lo que ha dejado de percibir, la aflicción moral y la posible
deformidad que el accidente le ocasionó, entre otros, también deben ser resarcidos por la empleadora si se demuestra
su culpa en el accidente de trabajo (artículo 216 del Código
sustantivo del trabajo). Para estos efectos se tienen en cuenta
factores como la falta de afiliación a la seguridad social y la
falta de elementos de protección para el manejo de sustancias químicas, por ejemplo.
Adicionalmente, según la ley 361 de 1997, por su estado
actual de Ovidio cuenta con una protección laboral reforzada, y no puede ser despedido ni desmejorado por causa de su
limitación física.
crónicas De la serie “casos Del cal”
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Sin embargo, el camino que debe afrontar en lo sucesivo
no es sencillo. Aparte de preocuparse por su recuperación,
debe iniciar una serie de acciones legales tendientes a obtener sus derechos, que se traducen en dinero. Lo que no
puede perder de vista es que no está desprotegido, que la
falta de afiliación no le ha restado ninguno de sus derechos
sino que, simplemente, ha trasladado la carga en cabeza de
su empleadora.
Junio de 2013
88
crónicas De la serie “casos Del cal”
Del amor al odio por cuenta de una enfermedad
laboral
En 2003, por referencia de un amigo, Mónica Montoya ingresó
a trabajar como soldadora en la Comercializadora Delfín, empresa dedicada a la fabricación de artículos plásticos y herrajes
metálicos. Toda una bendición, porque en ese entonces estaba
desempleada y con dos hijas para mantener.
Soldar, troquelar, pulir, ensamblar, hacer el aseo y manejar
taladro fueron algunas de las tareas que asumió en el taller,
afrontándolas sin desgano alguno. Era la única mujer de las tres
personas que trabajaban en el taller y nunca tuvo problemas para
cumplir las mismas labores y mantener el ritmo de producción
de los hombres.
La relación con sus jefes también era armónica y amistosa.
En cualquier situación, laboral o personal, sabía que contaba
crónicas De la serie “casos Del cal”
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con el apoyo de Carlos, el propietario de la empresa, y de Jorge,
su yerno. Quienes, dice, fueron sus confidentes y consejeros
cuando les confiaba sus problemas, y con su ayuda pudo salir de
momentos difíciles económicamente.
“La relación con ellos era muy buena y el trabajo muy ameno. En una ocasión Jorge me llegó a decir que me querían como
si yo fuese de la familia, y así me sentía”, recuerda.
Con el paso de los años la empresa creció, la planta de personal se incrementó y los lazos de amistad se hicieron más fuertes.
Pero en 2007 las cosas empezaron a cambiar, por cuanto su salud se deterioró debido a las labores repetitivas que realizaba en
el puesto de soldadura. Comenzó entonces a sentir dolor en los
brazos y perdió fuerza en las manos. La médica que la examinó
dictaminó epicondilitis lateral, la inflamación de los tendones
del brazo, dolencia que la llevó a iniciar un tratamiento y a tener
periodos de incapacidad. Preocupados por su situación, sus jefes
le ofrecieron apoyo total y estuvieron atentos a sus citas médicas
y a su recuperación.
En 2008 su situación se complicó, cuando accidentalmente
una de las máquinas le troqueló el índice de su mano derecha,
lo que le generó más periodos de incapacidad, aumentó el dolor
en los brazos y la obligó a intensificar las sesiones de terapia.
Aun cuando su jefe Jorge nunca le negaba los permisos, ella se
percató de que en su actitud algo había cambiado.
se inicia el acoso laboral
A partir de entonces los jefes de la empresa tomaron una
actitud de alejamiento y frialdad, situación que empeoró a partir
de 2011, cuando la salud de Mónica desmejoró, los dolores le
aumentaron y entró en una fuerte crisis, que la obligó a una
incapacidad de más de un mes.
Solo entonces la aseguradora de riesgos profesionales comenzó a investigar la historia clínica e hizo filmaciones para
verificar si la enfermedad había sido adquirida en el puesto de
trabajo. Y en efecto, se comprobó que se debía a la ausencia de
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crónicas De la serie “casos Del cal”
pausas activas y al trabajo repetitivo que realizaba. En noviembre de 2011 la aseguradora la calificó como una enfermedad
profesional.
Al recibir la notificación de la calificación, dice Mónica, su
jefe Jorge se disgustó mucho, disgusto que pronto se trasformó
en acoso laboral: la llamaba a su oficina hasta tres veces al día
para recriminarla por su rendimiento laboral, dio la orden de
llevarle todo el material a su puesto de trabajo para impedir que
se levantara, y le prohibieron contestar el teléfono de la empresa,
algo que usualmente hacía, lo mismo que recibir o hacer llamadas desde su teléfono personal. La situación llegó al extremo de
contabilizarle el tiempo de sus idas al baño.
En suma, del respaldo se pasó a la indiferencia y la hostilidad, algo que tornó insoportable el ambiente laboral, más cuando las prohibiciones y los llamados de atención eran solo para
ella. La presión terminó siendo más fuerte que su capacidad de
resistencia y el estrés y la depresión no tardaron en aparecer. Comenzó a padecer de insomnio, dolores de cabeza, temblores y
taquicardia, que se agravaban cuando escuchaba la voz de Jorge.
En abril de 2012, Mónica inició tratamiento psiquiátrico,
para aprender a lidiar con la impotencia y el desengaño. De la
mano del psiquiatra comprendió su verdadero lugar en la empresa, supo que solo era importante en la medida en que era un
instrumento de producción, lo que le permitió tener una mejor
percepción del ambiente y armarse de valor para hacerle frente
a su situación. En julio de ese año entabló una queja oficial en
contra de su jefe, por acoso laboral.
Mientras esta hacía su lento trámite en la Oficina del Trabajo, el acoso continuó. Le leyeron una carta de llamado de
atención, según la cual se había ausentado de la empresa sin
permiso, reclamo que aludía a un día en que había salido a hacer
unas diligencias con el permiso de su jefe. Como no entendía
por qué ahora negaba los hechos, se negó a firmarla. Y se olió
ahí algo malintencionado, nada conveniente para ella.
Siguió recibiendo llamados a la oficina de Jorge, donde lo
encontraba rodeado de otros trabajadores, a quienes ponía como
testigos de que ella se negaba a firmar las cartas. Hasta que un
crónicas De la serie “casos Del cal”
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día no soportó la presión y, delante de todos, le dijo que no iba
a firmar nada y que el asunto se resolvería en la Oficina del
Trabajo, donde ya había puesto una queja por acoso laboral.
A lo que él no reaccionó, pidiéndoles a los trabajadores que
abandonaran la oficina. Una vez solo con ella y su socio, Carlos,
le espetó:
—¿Dígame qué pretende? Usted lo único que quiere es plata, ¿verdad? Pero si me toca darme por quebrado, me doy por
quebrado, cierro esta empresa y no le doy un peso.
Al escuchar esas palabras el temblor se apoderó del cuerpo
de Mónica, pero aun así sacó fuerzas para contestarle:
—Mire, Jorge, lo único que le he pedido muchas veces es
que me dé la oportunidad de trabajar en paz. Plata no necesito,
porque la salud física y mental no me la puede usted pagar con
toda la plata del mundo.
Días después, todos los trabajadores de la fábrica fueron
llamados a una reunión en la que Jorge les advirtió que la empresa iba a cerrar porque Mónica había entablado una demanda.
Aun cuando ella intentaba decir que en realidad era una queja
que solo tenía consecuencias para sí, la ignoraba y seguía con su
perorata de que la empresa estaba en riesgo de cerrar y de que,
además, todos debían estar preparados porque serían llamados
a atestiguar.
La ley del silencio
Cierto día, mientras Mónica conversaba con uno de sus
compañeros de trabajo, de repente este interrumpió la charla, al
ver que había llegado Jorge, el jefe.
—¿Sabe qué, parcera? Mejor no hablemos que ya llegó Jorge
y me regaña —le dijo , alejándose de su lado.
Y así, de un momento a otro, todos dejaron de hablarle,
hasta Mery, la encargada de los oficios varios, con quien mejor
relación tenía y con cuya ayuda en labores de cargue y descargue
de objetos pesados había contado, hasta entonces. De tal suerte
que comenzó a sentirse excluida y, lo que es peor, a comportarse
como excluida. En el comedor, durante el almuerzo, era la única
92
crónicas De la serie “casos Del cal”
que guardaba silencio mientras los demás charlaban, hasta que
decidió no volver y almorzar en su puesto de trabajo. Además,
era la única a la que no invitaban a las reuniones de trabajo.
La exclusión llegó al punto que en diciembre de 2012 fue la
única a la que no invitaron a la reunión de despedida del año,
y la única a la que no se le dio el aguinaldo navideño. Además,
la empresa incrementó a todos el salario de 2013, menos a ella.
Todo ese desdén y hostilidad la embargan hoy de un gran
dolor, físico y moral, siente que con ella están cometiendo una
gran injusticia, y como un suplicio lo que tiene que hacer en el
día, incluso el tener que soportar el ambiente opresivo del taller.
Con dificultad desarrolla actividades cotidianas como bañarse,
vestirse o peinarse, y ni se diga las tareas en el taller. Allí sus
dolencias se agravan, porque aun cuando intenta descansar cada
dos horas, sus movimientos siguen siendo repetitivos.
Aunque el aspecto psicológico ha mejorado con el tratamiento psiquiátrico, la parte física no. Según su médico, no hay
medicamento que alivie sus dolencias, lo único que garantiza
un poco de mejoría es dejar de tener la misma actividad laboral,
algo imposible para ella.
A pesar de sus pesares, y para no tener confrontaciones con
su jefe y cuidar su puesto, Mónica se esfuerza por mantener el
ritmo y no bajar la producción. Sabe que a los cuarenta y cinco
años y con una enfermedad crónica las posibilidades de encontrar un buen empleo son bajas. Por eso ha sacado fuerzas para
soportar desde el acoso de su empleador hasta la indiferencia de
sus compañeros.
Actualmente, con el apoyo del Centro de atención laboral,
está reuniendo los documentos y esperando la calificación para
saber si puede aspirar a la pensión por invalidez. Es lo que más
desea en este momento: dejar de lidiar con la tensión laboral y
alejarse de ese ambiente que tanto daño le ha hecho.
crónicas De la serie “casos Del cal”
93
La opinión del CAL
El ambiente de trabajo en las relaciones laborales no es
solo un concepto que se puede identificar desde la óptica
de lo deseable. Es también un elemento real que está ligado
con las condiciones de trabajo decente y el respeto de los
derechos de los trabajadores, ya que influye positiva o negativamente en su salud física y mental.
El derecho al trabajo, por tanto, solo se puede desarrollar
en un ambiente de trabajo sano, que no implique una carga
emocional negativa para la persona trabajadora ni le impida
disfrutar de su actividad y de otros aspectos de su vida.
En el presente caso, Mónica se ha visto obligada a desarrollar su vida laboral en un ambiente hostil que le impide
disfrutar sus derechos laborales y que con toda claridad
evidencia conductas de acoso laboral, enmarcadas en las
disposiciones de la ley 1010 de 2006.
Llaman la atención las conductas discriminatorias de las
que su empleador la ha hecho víctima. Más allá de que la
Constitución política de Colombia establezca su derecho a
la igualdad, por sus condiciones de salud ella es sujeto de
protección especial. Además de buscar el reconocimiento de
su pensión de invalidez, en caso de que su calificación sea
igual o superior al 50% de pérdida de su capacidad laboral,
Mónica cuenta con mecanismos legales y constitucionales
para restablecer los derechos vulnerados por su empleador
de manera absolutamente arbitraria, no solo para lograr que
cese el trato discriminatorio, sino también para que a este le
sean aplicadas las sanciones legales correspondientes.
Febrero de 2013
94
crónicas De la serie “casos Del cal”
Conductor de bus fue herido en un atraco, y ahí
empezó el drama con su patrón
Una noche de mayo de 2011, cuando terminaba el último recorrido de su ruta en la fría Bogotá, el bus que conducía Carlos
Arturo Cortés, de cincuenta y tres años de edad, uno de los
mil doscientos conductores de Cootranspensilvania, un empresa privada de transporte público, fue abordado por una pareja,
hombre y mujer, que simulaba tener un bebé.
En el bus solo viajaba una pasajera, a quien la pareja amenazó
con un arma de fuego para robarle sus pertenencias y obligó luego a bajarse. Entonces el hombre, revólver en mano, se dirigió
al puesto del conductor para obligarlo a entregarle el dinero realizado en el día, lo que hizo disparando indiscriminadamente.
Uno de los tiros impactó la humanidad de Cortés, quien quedó
gravemente herido en la cabeza y perdió un ojo.
crónicas De la serie “casos Del cal”
95
A partir de entonces empezó su calvario, no solo por el mal
estado de salud en que quedó, sino también por el trato que
recibió por parte de su empleador, quien le violó sus derechos
como trabajador, empezando porque, luego del incidente en el
que quedó herido, y mientras estaba en tratamiento médico, lo
despidió sin justa causa. Situación dramática para él y su familia,
agravada por el hecho de que era el único de su casa que trabajaba y todos dependían de su salario.
Ante lo cual se dirigió al Ministerio del Trabajo a exponer
su caso y a hacer valer sus derechos. De allí, en busca de asesoría
jurídica, fue al Centro de atención laboral, donde le recomendaron entablar una acción de tutela que amparara los derechos que
la empresa Cootranspensilvania estaba violando. En ella exigió
su reintegro, toda vez que, por estar en tratamiento médico, no
podía ser despedido, gozaba de estabilidad laboral reforzada,
que requería de la afiliación a la seguridad social para poder
continuar el tratamiento. Para despedirlo, la empresa requería
un permiso del Ministerio del Trabajo. Además, en su estado
conseguir empleo en otra empresa se hacía más difícil.
El fallo de tutela en primera instancia salió a favor de la empresa. Carlos lo impugnó entonces, y el de segunda instancia lo
favoreció, por lo que la empresa se vio obligada a reintegrarlo,
solo que no lo hizo de inmediato, demorando más de un mes,
lo que lo obligó a interponer otra acción de tutela, por desacato. Tras este nuevo recurso jurídico debió ser reintegrado a sus
labores sin más dilaciones, habiendo estado despedido tres meses. Finalmente, meses después, logró que la administradora de
riesgos laborales le reconociera la pensión de invalidez, toda vez
que con la afectación en el ojo no podía seguir desempeñando
su oficio de conductor.
Pero tuvo que seguir pleiteando
Sin embargo, el pleito de Carlos con Cootranspensilvania
no acabó ahí. Después de interponer un derecho de petición
para que le explicaran en detalle la liquidación que se le hizo, él
96
crónicas De la serie “casos Del cal”
se dio cuenta de que no le habían cancelado los salarios por los
tres meses que estuvo despedido ni el costo que por la atención
médica debió pagar de su bolsillo como trabajador independiente, además de los subsidios que dejó de recibir por concepto de
caja de compensación. Para eludir esos pagos la empresa adujo
que durante esos tres meses había estado despedido, por lo cual
no tenía esas obligaciones con él.
Eso lo obligó a interponer, también con la asesoría del Centro de atención laboral Bogotá, una nueva acción de tutela, en
curso, por incumplimiento de esos pagos.
Es de anotar que Cootranspensilvania, como casi todas las
empresas privadas de transporte público, caen en irregularidades en cuanto al pago completo de la seguridad social de sus
trabajadores, ya que las cotizaciones no se hacen de conformidad con el salario que devengan. Además, tampoco respetan los
límites de las jornadas laborales ni pagan las horas extras como
corresponde, y cargan a la cuenta de los trabajadores gastos que
corresponden al empleador.
El CAL Bogotá se ha ocupado de casos de conductores vinculados a empresas de transporte público que les exigen, entre
otros, el pago de parqueaderos o por rodamientos, los que les
descuentan del salario pírrico que reciben en compensación de
jornadas de trabajo prolongadísimas. Es usual asimismo que
no contraten directamente a los conductores, sino que lo hagan mediante terceras empresas, no obstante ser una actividad
misional permanente y que los conductores trabajan jornadas
excesivas, lo que los pone en una grave situación de indefensión,
sin que el Ministerio del Trabajo o las entidades de control de
tránsito hagan los controles adecuados.
El caso de Carlos Cortés Borda, quien aún sigue en la pelea
por hacer valer sus derechos, deja en claro que en los procesos
jurídicos relacionados con los derechos laborales es necesario
tener la persistencia que él tuvo, no estar dispuesto a perder lo
que por derecho corresponde.
crónicas De la serie “casos Del cal”
97
La opinión del CAL-Bogotá
Las empresas de transporte no vinculan directamente a
numerosos conductores, tratando de ocultar así las relaciones laborales o evitar asumir sus obligaciones como empleadores, inventando figuras jurídicas o no firmando contratos.
Según la ley nacional de transporte, los conductores deben estar vinculados con contratos formales, en los que debe
quedar claro que el empleado cuenta con seguridad social y
que el empleador debe asumir un porcentaje de los aportes a
esta. En la práctica las empresas obligan a los conductores a
pagar su seguridad social, les imponen rutas y horarios, les
cobran las multas disciplinarias y de tránsito, y les exigen un
monto de liquidación tan alto que la única manera de cumplirlo es trabajando en jornadas de más de doce horas, sin
control del Ministerio del Trabajo, cuyos inspectores por lo
general no inspeccionan las rutas de los buses ni en horarios
diferentes a los de oficina.
En el caso de Cootranpensilvania, se sabe que les exige
a los conductores liquidaciones de más de un millón de pesos, pero les cotiza la seguridad social como si devengaran el
salario mínimo, además de otras graves violaciones. Debido
a los cambios y replanteamientos en el sistema de transporte
público de Bogotá, corre el riesgo de desaparecer, sin que
el Ministerio del Trabajo haya tomado cartas en el asunto. .
Abril de 2014
Fotografía: “Bailarín con muñeca”, Juan Diego Buitrago Cano, Colombia,
2013
LOs OFICIOs DEL “REBusQuE”
En el centro de Medellín la subsistencia se cuenta
por minutos
Soy de Urabá, me vine a Medellín con toda mi familia desplazado por la
violencia. Trabajo en el parque Berrío desde hace dos años. Con mi edad
y mi invalidez nadie me da trabajo. Al venir al parque alguien me dijo
que si quería vender minutos, y yo acepté. No sabía nada de celulares y
esas cosas, pero me metí.
Me vine para el centro porque estaba descolocada. Mi trabajo era siempre
en casas de familia o cogiendo café en San Antonio de Prado. Cuando
se acabó el café dije: me voy para el parque Berrío a ver qué consigo.
Entonces un señor me preguntó: ¿usted quiere trabajar? Le dije que sí y
me sacó un plan de Comcel. Así comencé con lo de los minutos. Me hice
al lado de esas viejas y no me dijeron nada.
Me quebré en Pereira. Entonces recorrí muchas ciudades, pero decidí
quedarme en Medellín, donde estuve como veinte días mirando qué
hacer. Empecé en lo de la venta de minutos con dos personas que tra-
104
l os oficios Del “rebusque”
bajaban para mí, luego fui aumentando el personal, coloqué uno arriba
en los taxis, otro en la panadería, otro en la plazuela, y así, hasta llegar a
manejar todo este sector.
Los rostros de estas tres personas tienen en común la nostalgia
de haber dejado sus lugares de origen y los une también la venta
informal de minutos de celular, oficio en el que, al sol y al agua,
minuto a minuto, luchan por el sustento diario. Esta es una de
las múltiples opciones laborales que en Medellín encuentran los
desempleados y desplazados.
un negocio encadenado
En la llamada “parrilla”, zona céntrica de Medellín, el negocio fluye a través de una cadena en la que cada quien gana según
su lugar en ella. En una punta están los llamados empresarios,
los dueños de las líneas, que no son muchos. Son personas, o
empresas, sin rostro conocido. Según la Subsecretaría de Espacio Público, los hay que operan hasta con mil líneas. A continuación están los subdistribuidores, conocidos como los patrones,
intermediarios que trabajan para los empresarios y ganan un
porcentaje por minuto registrado. Son conocidos, dan la cara
en el negocio, y su oficio es contratar y controlar los minuteros,
pagar facturas y administrar y ordenar su zona de influencia.
En la otra punta están los minuteros y las minuteras, quienes
la sudan, mujeres en su mayoría, a las que se ve en las calles y
las esquinas con sus pancartas en las piernas y la espalda y con
varios celulares encadenados a sus chalecos. Hay minuteros de
todas las edades, razas y condiciones físicas.
Luis Castro, “minutero”, Nubia Navia, con su línea
Luis Castro es uno de ellos. Con cincuenta y seis años de
edad, todos los días arrastra su silla de ruedas desde el barrio
Moravia hasta el parque Berrío, a unos dos kilómetros de distancia, en una jornada que empieza a las seis y media de la mañana y se extiende hasta las siete de la noche. Vive en una pieza
arrendada, solo, porque sus hijos decidieron volverse para Urabá
a buscar su destino, mientras él sobrevive con ochenta pesos por
l os oficios Del “rebusque”
105
minuto vendido y la cobertura del Sisbén.
“Hay días buenos y otros regulares. Ayer me gané dieciocho
mil pesos. Con eso pago los cuatro mil de la pieza y entro comidita, pero no me alcanza ni para una muda de ropa”, dice. Afirma también que aun cuando tiene la condición de desplazado de
Urabá, en los dos años que lleva en la ciudad la única ayuda que
ha recibido de la Unidad de Atención y Orientación a Población
Desplazada (UAO) del municipio son doscientos mil pesos. A lo
que agrega: “Voy pa’ nueve meses que perdí el brazo, desde eso
me dieron esta silla, y entonces la gente me dice que no trabaje,
que ahí tengo mi plante, que me ponga a pedir mejor, pero yo no
sirvo pa´ pedir limosna, a mí me gusta es trabajar”.
Hay algunos minuteros que, por suerte o porque disponen
de un pequeño capital, tienen sus propias líneas y trabajan por
su cuenta. Es el caso de Nubia Navia, de cuarenta y cinco años
y sonrisa amplia, que en enero de 2013 se metió al negocio de la
venta de minutos en vista de que sus hijos se casaron y se fueron
de casa. Viéndose sola y estando desempleada se vino para el
parque Berrío a ver qué encontraba. La opción que saltó a la
vista fue la venta de minutos.
“Tengo dos planes celulares, ambos de novecientos veinte
minutos por los que pago facturas de ciento quince mil pesos
mensuales. Para pagarlas, todos los días, religiosamente, ahorro
cinco mil pesitos en una alcancía. Claro que este mes me descuadré porque me robaron las sim card”, cuenta Nubia.
Y es que el robo es una de las mayores dificultades que
afrontan quienes trabajan vendiendo minutos. Algunos clientes
se van sin pagar o se roban la sim card y hasta los teléfonos.
Otras dificultades de los minuteros tienen que ver con las malas condiciones en que trabajan, en las que carecen de lugares
adecuados para desarrollar su oficio, son víctimas de acosos y
agresiones por parte de miembros de organizaciones legales e
ilegales que operan en el centro (agentes de espacio público por
un lado y miembros de bandas como las Convivir, por el otro), y
están expuestos constantemente a los hurtos y las inclemencias
106
l os oficios Del “rebusque”
del clima. Asimismo a los acosos sexuales. Al ser en su mayoría
mujeres, las malas propuestas abundan. “Ayer le trabajé a un señor de por allí abajo, comenta Nubia, señalando la plaza Botero,
que tiene fama de usurero, ¿y sabe que me dijo cuando le liquidé?: trabájeme para mi doña Nubia, pero con derechos. Le dije
que esa no era conmigo y no seguí trabajando con él”.
Nubia Navia, Luis Castro y, en general, la gran mayoría de
minuteros, trabajan jornadas largas, de entre diez y doce horas
diarias. Y a pesar de eso, el oficio les deja ingresos pírricos. “Con
una situación tan dura como esta hay que pararse aquí, en las
escalas del metro, a esperar que alguien venga a comprar un minuto. Este es un trabajo muy verraco, córrale al sol y córrale al
agua, y con días tan malos que a duras penas se hace uno lo del
almuerzo y los pasajes. Pero es un trabajo digno, no tiene uno
que robar ni prostituirse”, dice Nubia, enfáticamente.
Las confesiones de un “patrón”
Wilson es hoy un subdistribuidor, un patrón, en el sector de
la plazuela de San Ignacio. Pero no siempre lo ha sido. Empezó
como minutero, como uno cualquiera de los trabajadores que
tiene a su cargo ahora. Dice que hay sectores más rentables que
otros y que en el área a su cargo hay puestos tan buenos que
venden hasta quinientos minutos diarios.
A sus cuarenta y cuatro años de edad y un largo recorrido
en el rebusque por varias ciudades de Colombia, dice que nunca
había visto una epidemia tan grande de minuteros como la que
hay hoy en Medellín. Y eso en solo dos años, porque cuando
llegó a la ciudad encontró la zona relativamente despoblada por
lo que ahí se instaló. Asegura ser una persona serena, a quien
no le gustan los conflictos y prefiere tratar los problemas con
los funcionarios de espacio público, la policía y con sus propios
trabajadores.
Un problema que enfrenta son los venteros de minutos que
roban a sus patrones: “Así como hay muchas personas honestas,
hay otras muy desagradecidas. Se van con los teléfonos, se llevan
l os oficios Del “rebusque”
107
los chalecos o no vuelven a trabajar”, asegura. Por tal razón, dice,
optó por contratar solo mujeres. “Tengo unas quince personas
trabajando en la plazuela, y otro tanto por fuera, y todas son
mujeres. No volví a trabajar con hombres, porque me robaban,
y además quieren apoderarse del negocio o abusar de las cosas”.
En sus palabras, el control de la plaza lo mantiene así:
¿Si llega una niña nueva a vender minutos qué hago yo? Le digo: vea
niña, no se puede hacer aquí porque la zona ya está organizada. Si quiere la ubicamos en otra zona donde no la van a molestar. Tenemos que
cuidar la plaza, impedir que se sature de vendedores, porque con los
minutos no es lo mismo que con la leche o las arepas, que se venden fijo
todos los días.
También dice ser flexible y considerado con sus trabajadores, y aun cuando no le alcanza para pagarles un salario mínimo
ni la seguridad social, siempre está dispuesto a ayudarles con sus
necesidades básicas:
“Si le pagas bien a una persona, ella trabaja bien, se amaña;
aunque en esta labor tampoco es que se amañen mucho porque
de todas maneras el pago no es el que quisieran. Trabajamos de
siete y media de la mañana a seis y media de la tarde, y a cada
uno le llevo un inventario de los minutos. Yo les digo: vendan
paradas, sentadas o acostadas si quieren, pero denme resultados.
Así todos vamos a estar contentos, porque si ellas ganan plata,
yo gano también”.
Julio de 2009
108
l os oficios Del “rebusque”
El pago del salario mínimo, todo un lujo en la
microempresa de la confección
La industria de la confección en Medellín se desarrolla en dos
modalidades: una responde al llamado mercado de precio,
conformado por boutiques y almacenes de marca, exigentes en
cuanto a tecnificación y calidad de la prenda, que contratan la
producción con terceros a los que supervisan milimétricamente
y a los que suelen hacerles anticipos para que cubran parte de
la producción. Incluso, en ocasiones les ayudan a financiar la
compra de maquinaria, así todo esto no se traduzca en buenos
salarios ni en mejores condiciones laborales para sus empleados.
La otra modalidad es el mercado de consumo popular, conformado por comercializadoras que atienden la demanda en los barrios populares de las ciudades, los pueblos y las zonas rurales, y
para las cuales la marca no representa valor agregado. La mayoría
l os oficios Del “rebusque”
109
de ellas subcontratan la producción con micro y fami empresas
que funcionan con no más de diez operarias y concentran la
mano de obra menos calificada, las condiciones laborales más
precarias y pagan pésimos salarios: no más de quince mil pesos
diarios, en jornadas que se prolongan hasta más de diez horas,
sin pago de recargo por horas extras, nocturnas o dominicales, y
sin derecho a prestaciones sociales ni a seguridad social.
Como su nombre lo indica, una fami empresa ocupa a los
miembros de una familia, aunque también a vecinos y amigos
de la dueña o el dueño. Por lo general está ubicada en el reducido espacio de la sala de la casa, que deja de ser el sitio de
las visitas y reuniones familiares para convertirse en un lugar
de muebles arrumados, telas cortadas y sin cortar, y prendas
diseminadas por doquier. Por eso mismo, sus condiciones de
seguridad industrial dejan mucho que desear, empezando
porque son talleres estrechos y donde se trabaja en condiciones de hacinamiento, sin ventilación y con mala iluminación,
donde los operarios trabajan sin tapa oídos ni tapa bocas. Lugares donde la seguridad industrial se limita a los consejos
impartidos por la dueña o el dueño y a un botiquín de primeros auxilios para cuando las operarias se cortan o se chuzan
con las agujas y las máquinas, los accidentes más frecuentes.
Por lo general estos talleres funcionan con toda su capacidad productiva solo entre julio y diciembre, siendo los primeros
semestres de angustias y vacas flacas, de escasos pedidos y, por
lo mismo, de despidos de las trabajadoras. Con el agravante de
la crisis del mercado con Venezuela, país que recortó sustancialmente las importaciones de prendas confeccionadas en Colombia, lo que dificulta más aún la situación.
Las tribulaciones de una fami empresa
Carmenza Angarita es dueña de un taller en el barrio Alfonso López, de Medellín, especializado en blusas para dama.
Ella sabe muy bien que las ganancias y los ahorros del segundo
semestre deben servirle de “colchón” para sobrellevar su nego-
110
l os oficios Del “rebusque”
cio durante los primeros meses del año, en el que los pedidos
son escasos.
De la comercializadora que la contrata, Carmenza recibe lotes de prendas por piezas ya cortadas, que con sus operarias debe
coser y entregar terminadas y empacadas. Ella asume el costo
de los servicios públicos y el de la mano de obra, y en algunos
casos el de algunos insumos. En temporada alta le llegan lotes de
entre cuatrocientas y ochocientas blusas, que debe confeccionar
en un plazo máximo de una semana. Entonces emplea en su
taller hasta cinco operarias que deben laborar incluso los fines
de semana, en jornadas que saben a qué horas empiezan pero no
a cuales acaban. Aun así, en ocasiones se ve a gatas para cumplir
con los pedidos, porque la cantidad de blusas para confeccionar
supera la capacidad operativa de su taller. En temporada baja,
en cambio, se ha visto obligada a cerrar varias semanas por falta
de trabajo. Le llegan, si mucho, lotes de doscientas blusas para
entregar sin afán. Por eso licenció a dos de las cinco mujeres que
hasta diciembre trabajaron en su taller, a quienes seguramente
volverá a llamar en julio.
Carmenza explica que en talleres como el suyo existen dos
formas de pago a las operarias: por horas o por número de operaciones. Si es por horas, lo usual es que cada una valga entre dos
mil y dos mil quinientos pesos, dependiendo del taller. De esta
manera, una operaria que trabaje diez horas por jornada gana
veinticinco mil pesos diarios, un poco más del salario mínimo,
sin prestaciones sociales ni aportes para salud ni pensión.
Sin embargo, a ella no le conviene pagar por horas. Hace
cuentas: por la confección de una blusa el contratista le paga
dos mil pesos, o sea que por el lote de ochocientas blusas recibe
un millón seiscientos mil, y eso, dice, no alcanza para pagar el
salario mínimo a las operarias, porque de esa suma ella debe
sacar sus ganancias y el sostenimiento del taller. De acuerdo con
Carmenza: “Ellas prefieren que se les pague por horas, pero a
uno como dueño no le sale, porque por horas se echan a las
petacas, estiran el trabajo para que no se les acabe y así poder
l os oficios Del “rebusque”
111
cobrar más. En cambio, por operación realizada se ponen las
pilas y el trabajo rinde más, la producción sale más rápido”.
Por eso optó por lo que hace la mayoría: paga por operación.
Una blusa, por ejemplo, requiere una operaria que pegue los
cuellos, otra que cosa las mangas, otra la perilla y otra que filetee
y abra los ojales. Paga quince pesos por manga, doscientos por
el puño, doscientos cincuenta por perilla, cincuenta por pegar la
marquilla y ciento veinte por aplanchar la blusa. O sea que quien
pega las mangas debe entregar mil por lo menos para hacerse a
un salario diario de quince mil pesos, un salario de miseria.
María Rosa, la operaria más hábil en el taller de Carmenza,
regularmente pega perillas desde las siete de la mañana hasta las
tres de la tarde, sin parar, aun cuando en temporada alta la jornada se puede prolongar. En ese lapso alcanza a pegar entre sesenta
y setenta perillas, equivalentes, en términos de ingresos, a unos
cien mil pesos semanales. Beatriz, operaria menos ducha en el
oficio, encargada pulir y empacar las prendas (el terminado es la
operación más mal pagada), gana unos sesenta mil a la semana.
Hombres trabajando
No es común encontrar hombres trabajando en los pequeños talleres de confección, aunque el desempleo generalizado los
ha llevado a recurrir cada vez más a este oficio, especialmente en
los campos de la bluyinería, los taches y la pedrería.
Para la muestra, dos botones: uno es Freddy Rúa, confeccionista por vocación, con ocho años de experiencia en el oficio,
tanto en grandes empresas como en micro talleres. “Se tiene la
creencia que los hombres que trabajamos en confecciones somos gays o que nos gusta el trabajo suave, pero eso no es cierto.
Este es un trabajo como cualquier otro. A mí no me da pena
decirlo, me gusta este oficio, siempre me ha gustado”, asegura.
Él pasa diez horas al día sentado frente a su máquina de coser y sabe hacer de todo: desde un ojal hasta un vestido de gala
completo, además es pulido y lo hace rápido. Por eso Marina
Rendón, la dueña del micro taller donde trabaja, lo considera su
112
l os oficios Del “rebusque”
mejor elemento, por encima de las mujeres. Ella dice que por lo
regular los hombres son serios, hacen su trabajo callados y son
rápidos.
Freddy, por su parte, afirma que si por él fuera trabajaría
siempre en una empresa grande, “donde uno sabe que gana el
mínimo, tiene seguridad social, pagan todas las prestaciones y
son cumplidos. Mientras que los talleres pequeños pagan mal y
son muy incumplidos. Uno trabaja allí porque toca, y porque no
sabe hacer nada más”.
Otro hombre que encontramos en el oficio es Alejandro
Monsalve, quien trabaja en un pequeño taller de terminado de
prendas. Antes fue taxista y desde hace quince años trabaja en la
industria de la confección. “Donde mejor me va es en la remachadora, donde en la semana puedo sacarme entre ciento veinte
y doscientos mil pesos. Ahora trabajo en la ojaladora, en la que
por cada ojal gano diez pesos. No gano como con los remaches,
pero es cuestión de cogerle el tiro”, puntualiza.
Desplazamiento del sector formal al informal
La que está de fondo y explica las precarias condiciones de
trabajo descritas, es que, por efecto de los nuevos paradigmas
de competitividad en la economía global, en el sector de la
confección la producción se desplazó de las grandes y medianas empresas y comercializadoras de marcas internacionales a
la pequeña y micro empresa, mediante la subcontratación. En
una estrategia que minimiza los costos de producción mediante
el abaratamiento de la mano de obra, altamente femenina: 85%
son mujeres, en su gran mayoría jóvenes que no estudian ni encuentran otra fuente de empleo, muchas de ellas madres cabeza
de familia.
Las estadísticas en una ciudad como Medellín, donde la
industria textil y la de la confección son de vieja data así lo
señalan. Según la encuesta de calidad de vida de 2006, en la
ciudad operan cerca de siete mil talleres de confección de
ropa, principalmente en los barrios Belén, Robledo, Guaya-
l os oficios Del “rebusque”
113
bal y Castilla, y 90% de ellos corresponde a pequeñas y micro
empresas, con un alto porcentaje de fami empresas. Por su
parte, la gran empresa, la que opera con más de doscientos
trabajadores, apenas representa 0,5% del total de empresas.
Ese desplazamiento de la producción desde la grande a la pequeña empresa tuvo consecuencias calamitosas para el conjunto
de las trabajadoras, que pasaron a tener los empleos informales,
inestables y mal remunerados que imperan actualmente en las
micro y fami empresas de la confección, que no vinculan a sus
trabajadoras mediante contratos formales sino mediante el contrato verbal y otras formas de enganche que no garantizan los
derechos laborales consagrados por las leyes colombianas.
Y no es que las dueñas de los talleres no quieran reconocer
estos derechos: no pueden, por cuanto no encuentran el marco
económico o institucional apropiado para desarrollar una actividad rentable, que los vincule eficientemente a los circuitos productivos, comerciales y financieros y les permita formalizarse y
ofrecer condiciones de trabajo dignas y decentes. Ellos también
hacen parte de la cadena de sobreexplotación laboral que se da
ahora en el sector de las confecciones.
Asconfec, la Asociación de Confeccionistas
Marina Rendón ha pasado veinticinco años de su vida anclada a una máquina de coser, que para ella es como una extensión
de su cuerpo. Es propietaria de un pequeño taller de confecciones en el barrio Robledo y presidenta de Asconfec, la única
asociación de pequeños confeccionistas que existe en Medellín,
integrada por doscientos cincuenta y cinco dueños de talleres de
micro y fami empresas.
Asconfec se conformó en 2006 con tres propósitos: capacitar
a las y los trabajadores de la confección, mejorar las condiciones laborales en sus talleres y exigir a las empresas contratistas
mejores precios por prenda confeccionada, a fin de garantizar
un salario justo y prestaciones sociales para los operarios. No
obstante, Marina reconoce que este último propósito es prác-
114
l os oficios Del “rebusque”
ticamente un imposible, porque el negocio no da margen de
ganancia como para pagar prestaciones sociales ni seguridad
social. De acuerdo con ella: “Quienes deben pagarlas son las
empresas que mandan a confeccionar, que tienen el capital y la
forma de hacerlo. Nosotros, los dueños de los talleres, aunque
quisiéramos no podríamos, por cuanto los contratos son muy
mal pagados”.
Uno de los logros de Asconfec es la adquisición de un taller
de terminado, de propiedad de la Asociación, donde reciben
producción de los mismos asociados y de otras empresas, para
trabajos de pulida, puesta de ojales, pega de botones y planchado. Se creó con la intención de agilizar el trabajo, ya que el terminado de una prenda es el cuello de botella de la confección,
requiere mucho tiempo y trabajo. Las utilidades se invierten en
gastos de la Asociación y, en ocasiones, en la compra de insumos
para el mismo taller.
Enero de 2010
l os oficios Del “rebusque”
115
El oscuro drama de las “gurreras” A propósito de la
tragedia de Amagá
En la cuenca del Sinifaná, que abarca los municipios de Amagá,
Titiribí, Fredonia, Angelópolis, Heliconia y Venecia, en el departamento de Antioquia, se calcula que hay cerca de doscientas
cincuenta minas pequeñas, sin título legal, “gurreras”, como se
las llaman familiarmente, que en conjunto producen 70% del
carbón de la cuenca y constituyen la mayor fuente de trabajo
en la región: cada una emplea en promedio veinticinco trabajadores y entre todas generan más de cinco mil empleos, frente a
los menos de dos mil generados por la minería legal. Empleos
precarios, que no cumplen con normas de seguridad social ni
cuentan con dispositivos adecuados de seguridad industrial.
Así, quien tenga disposición y capacidad abre un hueco en
la tierra, le paga un porcentaje al dueño de la finca donde abrió
116
l os oficios Del “rebusque”
el hueco y luego contrata trabajadores y trabajadoras, porque
también hay mujeres que se le miden a esta dura labor. El pago
es al destajo, es decir de acuerdo con el carbón sacado, organizados incluso en varios turnos, porque con los buenos precios del
carbón en los últimos años las minas informales se las arreglan
para aumentar su producción. Cada minero devenga entre cien
y trescientos mil pesos a la semana, dependiendo de la jornada,
que por lo general dura entre ocho y diez horas, y de los días trabajados, porque no todos trabajan la semana completa ni están
obligados a hacerlo. Es un salario en el que no se pagan primas,
vacaciones, cesantías, horas extras y nocturnas, ni seguridad social, en el que las empresas no afilian a los trabajadores a EPS,
fondo de pensiones ni aseguradora de riesgos profesionales.
Y los patrones siempre encontrarán “topos” dispuestos a
meterse a los socavones en tales condiciones, ya que esta es la
única fuente de empleo en la región. La fiebre dulce de la caña
de azúcar, el cultivo que primaba antes en la región, se cambió
por la fiebre negra del carbón.
La fiebre negra del carbón
Provistos de picos y palas, los mineros informales penetran
doscientos, quinientos, mil o más metros adentro de túneles
mal iluminados en busca del manto de carbón, dependiendo la
profundidad de los socavones de la antigüedad de la mina. La
mayor parte del tiempo trabajan agachados, pues los túneles no
tienen más de metro y medio de altura, en una oscuridad casi
absoluta, atenuada apenas con las linternas que llevan fijas en
sus cascos, y a temperaturas que suben hasta cuarenta grados y
avinagra el almuerzo y calienta el agua que llevan con ellos.
A pesar de trabajar en un ambiente agreste en donde son
permanentes los riesgos de accidentes y la presencia de gases tóxicos y explosivos, que por no tener olor son aún más peligrosos,
muy pocos mineros, por no decir ninguno, trabajan protegidos,
aun cuando deberían hacerlo con elementos de protección como
tapaboca, lentes y ropa ajustada a los cánones de seguridad. Por
l os oficios Del “rebusque”
117
lo general trabajan sin camisa, con una pantaloneta o sudadera
y con botas pantaneras, cuando se las proporcionan, porque en
muchas minas lo hacen con cotizas o en tenis. A consecuencia
de estas pésimas condiciones su salud se ve seriamente afectada,
porque permanecer agachados durante largas jornadas les produce lumbalgias crónicas, y aspirar tanto aire viciado de gases y
polvillo de carbón enfermedades pulmonares como antracosis
y silicosis.
No obstante, ahí no acaban las condiciones laborales adversas de estos topos humanos, porque al panorama descrito se
suma la carencia casi absoluta de elementos de seguridad industrial. Los dueños de las minas introducen los dispositivos de
seguridad que a bien tengan o puedan porque, además de ser
ilegales, las minas están por fuera de la vigilancia del Estado y
ellos hacen oídos sordos a las protestas de los trabajadores. En
consecuencia, las vigas y el maderamen que sostienen el techo
de las minas no son lo suficientemente fuertes ni técnicamente
adecuados; solo algunas disponen de ventilador y bomba eléctrica para evacuar el agua; son contadas las que tienen chimenea
de aireación alterna a la boca principal; y en ningún caso, que se
sepa, cuentan con aparatos para medir la concentración de gases
tóxicos y explosivos.
En semejantes condiciones la accidentalidad es cosa de todos los días, porque además los trabajadores están expuestos a
romper, en cualquier momento, la pared de alguna mina abandonada e inundada y a perecer ahogados, o a toparse con un bolsón de gas grisú y a producir una explosión, por alguna chispa
malhadada, lo que al parecer ocasionó la tragedia de la mina San
Fernando el 16 de junio de 2010. Esto a pesar de que era la mina
más tecnificada y segura de la región.
En cinco años, entre 2005 y 2010, los medios de comunicación informaron solo de siete accidentes de alguna dimensión
en las minas del Sinifaná, pero no han registraron las muertes graneadas, a causa de accidentes o enfermedades laborales,
frecuentes en las minas informales. De acuerdo con Nicolás
118
l os oficios Del “rebusque”
Restrepo, expresidente de Sintramineros Amagá, quien en el
pasado llevó un registro de la accidentalidad minera, cada año
puede haber cerca de treinta muertos en promedio por causa
de la inseguridad laboral, además de quienes resultan heridos o
quedan lisiados o incapacitados para trabajar. De estos últimos
nadie responde, porque no están afiliados a ninguna aseguradora de riegos profesionales.
Cuando un minero informal muere en un accidente, el
dueño de la mina le da a la viuda tres o cuatro millones de
pesos de indemnización, y hasta ahí llega su responsabilidad,
situación que contrasta con las garantías que tienen los mineros
asegurados por una ARP, como el caso de los setenta y tres que
murieron en San Fernando, por los que la ARP Positiva debió
desembolsar $16.450 millones.
Otro aspecto importante de la actividad en estas minas es
que en la minería informal trabajan numerosas personas mayores, hasta de sesenta años de edad. Según Darío Serna, presidente de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná
(Asomicsi), la edad promedio está entre cuarenta y cuarenta y
cinco años. Estas personas han trabajado toda su vida en la minería, pero como ni sus patrones ni ellos han cotizado al sistema
de pensiones no tienen en perspectiva su jubilación. Además,
ninguna empresa minera formal los emplea, por lo que “mueren
trabajando en la mina”.
Por fortuna, en la minería de carbón del Sinifaná ya es mínima la cantidad de niños trabajadores , y los menores que lo
hacen tienen edades cercanas a los diecisiete y dieciocho años,
situación que contrasta con lo que ocurría en el pasado, cuando
en los socavones de las minas informales era común encontrar
niños de diez años de edad, y hasta de menos. De acuerdo con
Darío Serna, esto ya no se ve:
“Por la campaña que hemos hecho en Asomicsi, convenciendo a los padres de que no manden a sus hijos a las minas y a los dueños para que
no los empleen; y no porque el Estado colombiano se haya esforzado
para erradicar el trabajo infantil, mediante becas de estudio a los niños
o asistencia económica a sus familias. Pues no hay que olvidar que los
l os oficios Del “rebusque”
119
niños no trabajan porque quieran o les guste, sino porque en muchos
casos ellos son los que sostienen sus familias”.
Asistencia insuficiente
La Secretaría de Minas de Antioquia, creada en 2008, da
cuenta de inversiones por $1.489 millones en apoyo técnico y
capacitación en seguridad industrial a la pequeña minería de la
cuenca del Sinifaná. Y avanza en la aplicación de la ley 1382,
expedida en febrero de 2010, que reformó el Código de minas y
busca la formalización de las minas ilegales.
Sin embargo, para Asomicsi, que aglutina ochenta y tres
propietarios de minas informales de la cuenca, la gestión del
gobierno departamental se queda corta frente a sus necesidades.
Su presidente dice que es poco el apoyo que han recibido del gobierno en su esfuerzo por formalizarse y organizarse. Y agrega:
Los mineros informales responden a las convocatorias de capacitación
que hace el gobierno, y eso tiene alguna utilidad. Pero es insuficiente.
Una contribución efectiva sería entregarles permisos de explotación o
contratos de concesión; darle validez a su antigüedad, pues hay gente
con hasta veinte y treinta años en la minería informal. Y darles también
apoyo financiero y brindarles medios técnicos como coches, malacates,
ventiladores, energía trifásica, medidores de gas, para que así puedan
mejorar la seguridad en las minas y seguir dando empleo con prestaciones sociales.
Sin embargo, es pesimista al respecto. Es más, teme que la
respuesta del gobierno a la tragedia en San Fernando sea una
arremetida indiscriminada contra la pequeña minería, en beneficio de las grandes empresas que operan en la zona: “El gobierno no tiene por qué venir a cerrar las pequeñas minas que llama
ilegales. Ya de unos meses para acá al pequeño minero lo están
llevando al Ministerio de Seguridad Social y lo están obligando
a que pague prestaciones y seguridad social. Pero no es que no
quiera pagarlas, es que no tiene el capital ni la forma de hacerlo”.
Señaló además que el problema no se resuelve cerrando las
minas por motivos ambientales o de seguridad laboral, lo que
podría generar más bien un problema de orden público, por
120
l os oficios Del “rebusque”
cuanto eso desembocaría en el desempleo masivo, ya que la minería legal no está en capacidad de emplear los cerca de seis mil
mineros informales existentes en la región. Lo cual se vio con el
cierre de tres minas en el sector de Villa Diana, parte de cuyos
trabajadores no pudo emplear la empresa San Fernando, por lo
que otros tantos quedaron cesantes.
El círculo vicioso del mercadeo
Lo que más demandan los pequeños mineros es que se corrija la injusticia implícita en el modelo de mercadeo del carbón
que producen, 70% de la producción de toda la zona, injusticia
que, en concepto de Asomicsi, es la que fomenta el círculo vicioso de la informalidad minera en la región.
En efecto, el carbón mineral sigue siendo, por mucho, un
combustible más económico que la energía eléctrica, el ACPM
y el gas, razón por la cual siempre ha sido un producto de mucha demanda por parte de empresas de Antioquia y de departamentos vecinos. Conviene recordar que desde hace décadas el
carbón de la cuenca del Sinifaná, más barato por su cercanía a
Medellín, ha contribuido a forjar el proceso de industrialización
y el auge empresarial antioqueño.
No obstante, las grandes empresas que consumen carbón
en sus procesos industriales no lo compran directamente a los
pequeños mineros, aduciendo entre otras razones su carácter de
ilegales, sino que lo hacen a comercializadores intermediarios,
los que, sin esforzarse y sin arriesgar nada, solo por el hecho de
tener el capital, se llevan la mayor tajada del negocio. Intermediarios que, además, aprovechan la falta de normas que regulen el precio de la tonelada de carbón y lo fijan a su amaño: la
tonelada de ripio, por ejemplo, el carbón de menor valor, se la
compran al pequeño minero en cuarenta mil pesos, vendiéndola
a cien mil a las empresas de Medellín. Y la tonelada de carbón
grueso, de mayor calidad, la compran en ochenta mil pesos, para
venderla luego en ciento ochenta mil.
Y ese bajo precio que reciben los pequeños mineros por su
l os oficios Del “rebusque”
121
producto no solo es injusto, sino que, como dice Darío Serna,
alimenta el círculo vicioso de la explotación laboral y la inseguridad industrial en las minas, porque no les deja margen para
pagar la seguridad social y las prestaciones de los trabajadores
ni para hacer montajes técnicos y seguros. En suma: con este
sistema de mercadeo los pequeños mineros están condenados a
seguir siendo ilegales, a seguir perdiendo, cualesquiera sean las
circunstancias.
Por eso, Nicolás Restrepo, expresidente de Sintramineros
Amagá, sostiene que quienes más ganan con la minería informal
son los intermediarios y las empresas compradoras del carbón,
que se lo llevan a bajo precio porque se extrae con mano de obra
muy barata. A lo cual se agrega otro factor de gran importancia:
que, por ser ilegal, tampoco paga regalías al gobierno. Por eso,
Restrepo pregunta: “¿Quién es más ilegal: el pequeño minero
que a duras penas produce para subsistir y mantener unas fuentes de empleo, o las grandes empresas que están comprando el
carbón a precios irrisorios”.
A todo esto se agrega que las minas con títulos legales, como
Carbones San Fernando y las otras grandes que operan en la
zona, también les compran el carbón a los pequeños mineros
cuando su producción es insuficiente para cumplir con la demanda, pagándolo a los mismos precios irrisorios de los intermediarios.
De acuerdo con el citado presidente de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomicsi), Darío Serna:
“Los pequeños mineros son conscientes y si de ellos dependiera pagarían la seguridad social y las prestaciones de los trabajadores, tecnificarían las minas, incluso pagarían las regalías al
pueblo, pero siempre y cuando puedan vender directamente el
carbón a las empresas, sin intermediarios”.
Otro aspecto en esta situación de iniquidad es que hasta
ahora las empresas de la minería legal tampoco se han caracterizado por su responsabilidad social y no han apoyado programas
educativos o de vivienda para las familias de los trabajadores ni
122
l os oficios Del “rebusque”
han hecho inversión social en la región. “En Amagá no hay una
escuela ni una carretera ni un hospital ni un barrio ni una cancha deportiva aportada por estas empresas. Es que ni siquiera
pagan regalías a la nación o al municipio. Y lo que es peor, la administración de Amagá ni siquiera las reclama”, señala Nicolás
Restrepo. Todo lo contrario, añade. Siguen causando problemas.
Por ejemplo, por culpa de las minas subterráneas hay un barrio
entero, La Esmeralda, que se ha venido hundiendo, lo que tiene
afectadas a cerca de cien familias, algunas de las cuales ya se han
visto obligadas a desalojar sus casas.
Junio de 2010
l os oficios Del “rebusque”
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Los avatares de un payasito menor de quince años.
Crónica del trabajo infantil
La nariz roja redonda, el rostro pintado de blanco, el cabello
largo recogido atrás y una risa que no se le borra de los labios
embadurnados de colorete, es la estampa que luce Esteban
cuando actúa de payaso, o de payasito, el oficio con el que se
gana la vida. Esteban tiene hoy quince años y es el segundo de
cuatro hermanos.
Nació y creció en un corregimiento de Medellín, dentro de
una familia que si bien tiene muchas necesidades económicas
siempre le ha brindado lo que ha necesitado.
A mediados de 2011, cuando cursaba octavo grado y tenía
solo trece años, un compañero lo invitó a la Casa de la Cultura
de un barrio aledaño, donde conoció un programa para jóvenes que deseaban aprender actos de circo, propuesta que le cayó
124
l os oficios Del “rebusque”
como anillo al dedo, porque ya para entonces había empezado a
sentir que el estudio poco le gustaba. Se aburría en las clases, situación que con alguna frecuencia lo llevaba a hacer travesuras,
a cometer actos de indisciplina y a obtener bajas calificaciones.
“Estudiar no sirve para nada, toda la plata se la llevan los ricos y
uno se queda sin nada”, dice, para justificar su mala onda frente
a sus responsabilidades escolares.
Con el permiso de su madre empezó a alternar las clases en
el colegio con las prácticas circenses en la Casa de la Cultura del
barrio vecino, adonde asistía casi todos los días. Con él allí, entre
hombres y mujeres, había unos veinte aprendices, con quienes
se sentía muy a gusto. “Era un parche muy bacano, todos te trataban bien y te enseñaban cosas nuevas”, recuerda.
Así que a esa edad Esteban encontró una actividad que le
gustaba más que las clases en el colegio, y empezó a alimentar
el sueño de llegar a ser payaso profesional. Con el correr del
tiempo fue mostrando progresos, se hizo más diestro en las
disciplinas circenses. Aprendió a hacer malabares, a caminar en
zancos, a interpretar gags de payaso, tanto que su profesor y sus
compañeros elogiaban sus habilidades, que en él resaltaban más
por ser uno de los más pequeños del grupo. Constantemente lo
escogían para hacer presentaciones.
En diciembre de 2011 conoció a un mago de la ciudad que
llegó a observar uno de los ensayos del grupo, con la intención
de contratar personal. Escogió a los diez mejores, entre ellos a
Esteban y a otro niño de su edad. Para curarse en salud, el mago
les exigió a ambos una serie de requisitos, como tarjeta de identidad, permiso firmado por los padres, y fotocopia del registro
de afiliación a un régimen de salud. En esto último hizo énfasis,
porque en caso de que les ocurriera un accidente debían tener
garantizada la atención médica, pero no de su bolsillo. Esteban
cumplió con los tres requisitos. La autorización para trabajar la
firmó su mamá.
Ingreso al mundo laboral
Empezó entonces una nueva vida, ya no pensaba en tareas
l os oficios Del “rebusque”
125
ni en amigos, su mente y sus energías estaban ahora enfocadas
en ensayar para conseguir contratos. Todas las tardes el mago
reunía al grupo para preparar los espectáculos, y a Esteban le
dio el papel de payaso, con la misión de aprender chistes y hacer
maromas para hacer reír al público. También debía aprender a
manejar zancos, escupir fuego por la boca y tocar trompeta.
Llegó entonces el primer contrato, una función en Envigado
con motivo de un cumpleaños. Aun cuando confundidos por
los nervios y la ansiedad, Esteban y el otro chico salieron bien
librados de esa, su primera actuación ante un público, que los
premió con un fuerte aplauso.
“Entre los diez nos repartimos los trescientos mil pesos que
nos pagaron, porque el mago cobró por aparte”, recuerda Esteban.
Al año siguiente, 2012, decidió no volver al colegio, haciendo
caso omiso de la insistencia de su madre y su padrastro. Se disculpó
diciendo que él no le veía nada productivo al estudio, y sí, en cambio, quería dedicarse a trabajar como payaso de tiempo completo.
“Es que a mí me estaban pagando por lo que de verdad me
gustaba”, dice.
Así que de la mano del mago continuó sus prácticas y funciones. Se presentó en colegios, fiestas infantiles, celebraciones en
empresas y diversas conmemoraciones. También con el grupo
viajó a municipios como Ebejico, Santa Rosa de Osos, La Ceja
y La Unión; e incluso tuvo presentaciones en Ibagué y Bogotá,
viajes estos que requirieron autorización escrita de su madre. Y
por esa vía se hizo conocer y los contratos no le faltaron.
Aunque todo eso lo complacía y lo animaba, su dicha no era
completa. Empezó a ver que el dinero que el mago le pagaba
no era suficiente, además, tampoco le aumentaba la tarifa por
función. “Yo me gastaba esa plata en mecato, pero también en
vestuario e implementos para las funciones”, dice.
En septiembre de 2012 el director de un circo lo vio actuar y
le ofreció trabajo, con un pago de sesenta mil pesos por función,
tarifa que se modificaba de acuerdo con el número de personas que
ingresaran. Tres meses trabajó en tales condiciones en ese circo.
126
l os oficios Del “rebusque”
Meses después tuvo una nueva satisfacción: participó con
éxito en un concurso que en su primera parte tuvo lugar en
el municipio de Caldas, al sur del valle de Aburrá, donde por
el grupo de Esteban se presentaron cuatro concursantes. Él y
una compañerita ganaron en su categoría, y por eso recibieron
implementos y trajes para sus presentaciones, pero no dinero en
efectivo. La prueba final se hizo en Santafé de Antioquia, donde
se volvieron a alzar con el primer lugar. El premio esta vez lo
daba un almacén especializado en implementos y vestuario de
circo, y consistía en todo lo que los ganadores alcanzaran a coger en un determinado tiempo. No les fue mal, necesitaron dos
taxis para transportar todo, parte para ellos y parte para el grupo.
Llegó también el momento en que aprendería que ser payaso
no es un oficio libre de accidentes. Recuerda entonces el día
en que estaba encaramado en zancos y rodó por unas escaleras.
“Ese día me gozaron y la gente nos molestó mucho porque la
caída fue en plena función. Pero al menos no me pasó nada”,
cuenta.
Su disyuntiva ahora es tratar de independizarse del grupo,
muy diezmado ya por las bajas. “Algunos han decidido retirarse
e irse a trabajar en los semáforos, pero a mí eso no me gusta, me
da pena. Yo no hago esto por plata sino porque me gusta. Lo
que quiero es algo más grande, irme para otro país a aprender y
trabajar”, dice.
Tiene claro además que no quiere consumir drogas. “Tuve
como dos meses en que fumé mucha marihuana, porque en mi
barrio el que no tiene nada que hacer se lo lleva el vicio”, explica.
También dice que prefiere gastar su tiempo en perfeccionar
sus habilidades, pues el sueño de ser payaso profesional no lo
va a abandonar, y lo que piensen de él los demás es irrelevante
mientras pueda hacer reír a la gente.
Por lo pronto ya es famoso en su barrio, donde todos lo conocen como Pimpinela, su nombre artístico, que a él le agrada.
Agosto de 2013
l os oficios Del “rebusque”
127
Flora Perea: ex empleada doméstica que lucha para
que otras no sufran lo que ella sufrió
Flora fue la penúltima de diez hijos criados por un padre agricultor y una madre que vendía alimentos. Aun cuando ambos
eran muy trabajadores, nunca les alcanzó para darles a sus hijos
todo lo que necesitaban. Por eso, en 1975, cuando Flora tenía
nueve años, su mamá la envió desde Istmina, Chocó, a la casa de
su hermana mayor en Medellín, con la intención de que empezara a trabajar. Pero a su hermana le pareció que aún estaba muy
niña para desempeñarse en un oficio tan duro, por lo que la dejó
en su casa mientras crecía.
A los doce años, Flora consiguió su primer trabajo como
empleada en una residencia del municipio de Bello, empleo al
128
l os oficios Del “rebusque”
que renunció pronto porque su patrona no le dio permiso para
estudiar los sábados. Decidió entonces regresar a la casa de sus
padres en Itsmina, a terminar la primaria.
A los dieciséis años regresó a Medellín a trabajar como empleada doméstica, y esta vez la patrona sí le permitió estudiar.
Pero de poco le sirvió porque se enamoró, tuvo su primer hijo
y ello la obligó a dejar el colegio. Desde entonces no paró de
barrer, limpiar, cocinar, lavar y planchar para varios patrones,
siempre con la sensación de ser discriminada, no solo por ser la
muchacha del servicio, sino también, y en mayor medida, por
ser de raza negra.
“El racismo era tan marcado que muchas señoras llamaban
a las agencias de empleo a pedir niñas del servicio, pero dejaban
claro que no querían que fuera negra”, dice Flora.
Recuerda que una vez trabajó junto con otra empleada, una
mestiza a quien le prodigaban un trato diferente al que le daban
a ella. “Hasta en su habitación esa niña tenía más comodidades
que yo, y siempre la llamaron por su nombre. En cambio a mí
siempre me llamaron negra en forma despectiva, sobre todo
cuando se enojaban conmigo”, agrega.
A lo que se suma la ingratitud. Muchas empleadas del
servicio doméstico –dice Flora– se pasan días enteros trabajando y nunca reciben un agradecimiento o un gesto amable.
“De diez patrones habrá dos que piensan que hacemos un
trabajo digno, que merecemos respeto y buenas condiciones.
Recuerdo que en una casa donde trabajé nunca me dijeron
buenos días, buenas tardes, gracias, ni me preguntaron cómo
estaba. Yo en cambio sí saludaba, pero la respuesta era una
mirada extraña, por encima del hombro. Como que les molestaba tratarme como una persona común y corriente”, anota.
tratamiento de esclavas
No son pocas las lágrimas que la discriminación de los patrones han hecho rodar por las mejillas negras y tersas de cientos
de empleadas domésticas.
l os oficios Del “rebusque”
129
“Es muy duro cuando a una la humillan y le dan tratamiento
casi que de esclava, como me ocurrió en otra casa en que trabajé,
donde me separaban el plato, el vaso y la cuchara, porque me
tenían asco”.
Flora cuenta que en una casa de familia tuvo que dormir en
el mismo cuarto de los perros, como una mascota más. Además,
tenía que trabajar de siete de la mañana a seis de la tarde, sin
descanso, pues debía hacer aseo general, lo que implicaba lavar
tres baños, limpiar ventanales, planchar, barrer, trapear, sacudir,
asear la nevera, lavar y planchar ropa, todo en un mismo día.
En otra casa debió acostumbrarse a levantarse a las cuatro de
la mañana y pasarse el día entero pendiente del servicio, porque
cada miembro de la familia llegaba a una hora distinta a desayunar, almorzar y comer, y cada uno pedía que le prepararan algo
diferente.
“Uno aguanta por la necesidad, pero llega un momento en
que dice: ¡ya no más!”, sostiene Flora, recordando a una de sus
patronas en especial. En vista de que se estaban perdiendo cosas
de la casa la culpaba a ella y le requisaba el bolso cada vez que
salía, cuando quien robaba objetos para venderlos y tomar licor
era el esposo alcohólico de la patrona. Tampoco olvida el patrón
que regresaba a la casa temprano con la intención de acosarla
sexualmente, hasta que la hizo renunciar.
Si bien Flora habla de estas injusticias y tristezas en tiempo
pasado, el caso es que hoy muchas trabajadoras domésticas, en
especial las de origen afro, siguen trabajando en condiciones
similares. Su propia hermana fue obligada a comer las sobras
de las comidas, porque no le permitían alimentarse con lo que
preparaba.
Ausencia de garantías laborales
A los tratos denigrantes sufridos por estas mujeres se suma
la ausencia de garantías laborales y la vulneración de sus derechos. Flora asegura que muchas de sus conocidas y amigas nunca gozaron de seguridad social ni del pago de horas extras ni de
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l os oficios Del “rebusque”
un salario mínimo legal. Trabajaban por lo que les ofrecieran los
dueños de las casas, y muchos de ellos no respetaban el acuerdo
que hacían antes de empezar labores.
“El pago queda a criterio de los patrones. Hay unos que no
le pagan a uno en las fechas pactadas o le reducen el salario con
argumentos como que en determinado mes casi no hubo trabajo
o que uno es muy eficiente y se desocupa rápido”, dice Flora.
Un trabajo así solo sirve para vivir la vida en el día a día,
pero no para la vejez, porque la gran mayoría no tiene asegurado
el derecho a una vejez digna, por cuanto sus patrones no les
cotizaron para pensión.
“Conozco a una señora que trabajó veinte años para una familia, se está muriendo y para comer tiene que pedir limosna.
Cuando le digo que hable con los patrones para que la apoyen
en algo, ella se niega. A mí eso me parece una injusticia, matarse
toda la vida para nada”, comenta Flora, quien también vivió en
carne propia la negligencia de las patronas para afiliarla a una
EPS. Siempre debió costearse las consultas médicas y los medicamentos para controlar la migraña que sufre desde joven, y
tampoco le pagaban los días que no podía ir a trabajar a causa de
su enfermedad. Esa fue una de las razones que la llevaron a darle
un nuevo giro a su vida.
La última vez que Flora trabajó como doméstica fue en 2008,
cuando los malos tratos, la explotación y las agresiones de una
de sus patronas la hicieron renunciar; momento que coincidió
además con el asesinato de uno de sus hijos en el barrio Caicedo,
donde vivía, y donde integrantes de grupos armados ilegales la
amenazaron para que se fuera del barrio. No obstante, fue el
invierno el que terminó dándole el golpe de gracia que la obligó
a irse: se le inundó la casa y la debió evacuar.
Conoce a María Roa y nace el sindicato
Fue también en el barrio Caicedo donde conoció a María
Roa, otra mujer afro, desplazada y empleada doméstica, quien
había vivido condiciones similares a la suyas. Juntas empezaron
l os oficios Del “rebusque”
131
a pensar en cómo ayudar a las mujeres que trabajaban en casas de
familia, a fin de que no les siguieran vulnerando sus derechos.
A finales del 2012 se reunían con otras empleadas domésticas, unas veinte, todas de raza negra, y empezaron a compartir
experiencias y anécdotas, dolorosas todas. Entonces buscaron
ayuda de la Escuela Nacional Sindical para crear un sindicato
que las agrupara.
Así fue como el 1 de marzo de 2013, con veintiocho afiliadas, nació la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico
(Utrasd), organización que preside María Roa y que desde el
principio se planteó como bandera la defensa de sus derechos
básicos, como el pago del salario mínimo legal, el reconocimiento de horas extras, la afiliación a seguridad social integral y
el reconocimiento de su labor como un trabajo digno.
En el sindicato velamos por el bienestar de las empleadas del servicio doméstico. Cuando puedo invito a las mujeres y no hay una sola que haya
dicho que no vuelve. A todas les gusta y van llegando con otras nuevas,
multiplican la información, cuentan experiencias diferentes que viven en
las casas de familia y eso nos sirve mucho para actuar. Con el apoyo de la
ENS brindamos asesoría a quienes la requieren, realizamos encuentros
y talleres para tratar temas que nos interesan, explica Flora, quien hoy es
la vicepresidenta de la nueva organización.
Gracias al trabajo de Utrasd, muchas empleadas del servicio
doméstico han logrado que sus patrones les brinden condiciones
laborales adecuadas, y esos éxitos han posibilitado el aumento
de la membrecía del sindicato, que hoy cuenta con ciento diez
afiliadas. De acuerdo con Flora:
Muchas mujeres siguen trabajando en condiciones inadecuadas y ven en
el sindicato una forma de solucionarlas. Aunque algunas ya no seamos
empleadas domésticas, no queremos que a otras les suceda lo mismo que
tuvimos que experimentar nosotras. Todas le apostamos a un futuro sin
maltrato, sin discriminación y con mejores garantías laborales.
Asegura que, en lo posible, nunca volverá a trabajar como
empleada doméstica, pues no quiere vivir de nuevo episodios
desagradables. Pero de tener que hacerlo, está segura de que,
ahora que conoce sus derechos y los mecanismos para hacerlos
132
l os oficios Del “rebusque”
valer, no se dejaría tratar como una esclava.
Ahora Flora vive con su nieto y sus dos sobrinas en una casa
que le paga el municipio de Medellín, mientras la reubican en
otra vivienda. Ya tuvo una experiencia laboral en otra actividad
distinta al servicio doméstico: en una empresa de útiles escolares, en la que se le terminó el contrato. Para subsistir ahora prepara y vende tamales. Ya también terminó su bachillerato y, pese
a que algunos conocidos la tratan de loca por querer graduarse
como profesional a sus cuarenta y siete años de edad, nunca ha
abandonado la idea de estudiar derecho.
Y, por supuesto, seguirá al frente del sindicato defendiendo
los derechos de sus compañeras. “Hasta nos han llamado del
exterior a felicitarnos por nuestra labor, y eso es algo que nos
impulsa a seguir luchando”, concluye Flora.
Noviembre de 2013
Fotografía: “Mineros verdes”, Alejandro Cock Peláez, Colombia, 2013
OtROs áMBItOs
trabajadores contratistas en Campo Rubiales: una
explotación laboral tan grande como la riqueza
petrolera que producen (reportaje).
Las ganancias de la petrolera canadiense Pacific Rubiales están
disparadas. En el segundo trimestre del año 2011 ascendieron a
US$349,4 millones (Portafolio, 10 de agosto de 2011: 11), gracias
en gran parte a la producción de los campos que esta multinacional opera en Colombia, especialmente Rubiales, ubicado a
cinco horas de Puerto Gaitán, llano adentro, en el departamento del Meta, cuya propiedad la comparte con Ecopetrol, y que
actualmente es el campo más productivo del país: doscientos
treinta mil barriles diarios.
Pero esas ganancias enormes contrastan con las condiciones
en que allí trabajan cerca de diez mil trabajadores contratistas,
condiciones en las que todos sus derechos laborales y su dignidad como personas son violados, tal como lo pudo comprobar
138
otros ámbitos
la comisión de la Unión Sindical Obrera (USO) que visitó sus
campamentos y lo verificó la Agencia de Información de la ENS
en visita a la zona, donde entrevistó a dirigentes de la USO y a
obreros de Rubiales, cuyo drama no es distinto del que padecen
sus pares en otras regiones donde ha llegado el boom petrolero,
como Vichada, Vaupés, Caquetá, Putumayo o los Montes de
María.
Según la USO, en la actualidad las petroleras emplean unos
setenta mil trabajadores mediante empresas contratistas y subcontratistas (veinticinco mil en Ecopetrol), la mayoría en condiciones laborales que en nada compaginan con la riqueza que
producen, y que explican en buena parte la revuelta espontánea
protagonizada por ellos a mediados de julio de 2011 en Puerto
Gaitán y el campamento Rubiales. Movilización que contó con
el apoyo de la comunidad, afectada por los desastres ambientales, el desplazamiento poblacional y la poca, por no decir ninguna, responsabilidad social de la multinacional canadiense en
la zona.
Con el agravante de que en la zona donde opera, la Pacific
Rubiales se comporta como una especie de república independiente, o “caja negra”, como le dicen los habitantes de Puerto
Gaitán, por el hermetismo con que actúa y proporciona la información. Tan es así que la comisión de la USO que a mediados de 2011 llegó hasta allí debió sortear toda una serie de
obstáculos puestos por la empresa en la carretera: montículos,
vehículos atravesados y zanjas hechas adrede. En una carretera
que es propiedad de la nación y por la que debería poder transitar cualquier ciudadano.
vida en el campamento
Empecemos por contar dónde y cómo duermen los trabajadores. Duermen dentro de carpas como de circo, sobre estrechos camarotes dobles, y hasta triples, provistos de colchonetas
de mala calidad con tendidos que se cambian cada veintiún días,
el tiempo que dura el contrato. O sea que a la falta absoluta de
privacidad se suman la insalubridad, la incomodidad, las altas
otros ámbitos
139
temperaturas (dentro de las carpas el calor es casi infernal porque la ventilación es escasa), y los olores corporales de más de
ciento cuarenta personas, el número de trabajadores hacinados
en cada carpa.
La diana de levantada suena a las cuatro de la mañana, hora
en que empiezan las varias colas que están obligados a hacer:
para bañarse: hay cuarenta duchas por cada mil cuatrocientos
hombres; o para hacer las necesidades fisiológicas: hay un sanitario por cada cuarenta hombres. Además, solo se bañan quienes
alcancen, porque el agua es insuficiente para todos, se acaba.
A las cinco de la mañana se empieza a servir el desayuno, tan
de mala calidad y poco nutritivo como el almuerzo y la comida. De
lo que los trabajadores responsabilizan a Pacific Rubiales, a la que
al parecer poco le interesa tener trabajadores bien alimentados.
A las seis comienza la jornada laboral, con una breve reunión, luego de lo cual empieza el traslado al campo, por unas
carreteras destapadas y en unos vehículos que dejan mucho que
desear en materia de seguridad y comodidad, pues carecen de
aire acondicionado y no tienen la hermeticidad necesaria para
evitar la entrada de polvo.
Ya en el campo el trabajador se enfrenta a los oficios rudos
que debe desempeñar, que en el calor inclemente tienen su peor
aliado, y a la posibilidad de un accidente, una amenaza permanente, porque son oficios de alto riesgo. No obstante, según el
fiscal de la USO, la mayoría de los accidentes no se reportan,
por el interés que tienen las empresas contratistas de mantener
bajo su nivel de accidentalidad, para no afectar la evaluación de
su desempeño a la hora de firmar nuevos contratos de operación. Es más, a los accidentados y enfermos no se les renuevan
los contratos. Según él: “Los echan como a perros. Tenemos el
reporte de treinta y cuatro trabajadores que fueron despedidos
enfermos e incapacitados, y que hoy engrosan la economía informal de Puerto Gaitán”.
A los trabajadores tampoco se les permite liderar los comités paritarios de salud ocupacional, administrados por las em-
140
otros ámbitos
presas, que se convierten así en juez y parte en los accidentes
laborales. La USO denunció también que algunas no cotizan
oportunamente a la seguridad social o lo hacen parcialmente,
y que los trabajadores no tienen la libertad de escoger la aseguradora. Otras denuncias tienen que ver con el acoso sexual que
sufren las pocas mujeres que trabajan en el campamento y con
su nula estabilidad laboral: mujer embarazada es despedida, así
sea madre cabeza de familia. Lo mismo ocurre con las personas
mayores de cuarenta y cinco años. Todo esto contrasta con las
garantías que tienen los obreros vinculados a Ecopetrol, que
gracias a su lucha sindical lograron en su convención colectiva
un capítulo dedicado a la salud ocupacional.
La jornada termina a las seis de la tarde, hora del regreso al
campamento, y de nuevo a las colas para el baño, para la comida
y hasta para ver televisión, pues en cada carpa hay un solo televisor. Los trabajadores tampoco tienen sitios adecuados para la
recreación (hay unas pocas canchas de basquetbol) y el único
gimnasio lo usa el personal administrativo.
Así que a las nueve de la noche ya están profundamente dormidos, más por cansancio que por la comodidad del colchón.
El problema es que para dormir deben tomar precauciones con
sus pertenencias. Como no tienen lókers, los robos entre ellos
mismos ocurren a diario. Y si lo que se pierde es un objeto de
dotación de la empresa, esta lo descuenta del pago. Pero no solo
los objetos robados, también los que se les dañen en el desempeño de su labor. O sea que Pacific Rubiales no pierde nada.
De acuerdo con uno de los contratistas: “Nosotros aquí vivimos como en un campo de concertación”, y tal vez no haya
una frase mejor para describir su situación.
Contratos basura
La modalidad y forma de contratación son, de entrada, lesivas para el trabajador. En su mayoría son contratos con empresas temporales (Sertempo y Servicios Asociados son dos de
ellas) y en menor escala con cooperativas de trabajo asociado.
otros ámbitos
141
Pero según la denuncia de la USO, algunas temporales son de
propiedad de empresas contratistas, lo que configura una doble
intermediación, que rebaja más el salario y desmejora las condiciones laborales de los trabajadores, además de dificultar las
reclamaciones, por cuanto las oficinas de las temporales y las
cooperativas no están en Puerto Gaitán. O sea que no tienen a
quién reclamar, pues su patrón está a cientos de kilómetros de
allí, y la Pacific Rubiales, como empresa operadora, no asume la
responsabilidad solidaria frente al incumplimiento de los compromisos de las firmas contratistas y subcontratistas.
Por lo general, los contratos son por veintiún días, sin pago
de festivos, dominicales ni horas extras, a razón de doce horas
diarias, pasados los cuales los trabajadores tienen siete días de
descanso, que en realidad no son de descanso sino de vacancia,
no se los pagan, lo que configura una violación flagrante del
derecho al descanso y a las vacaciones. Cuando no programan
hasta cuarenta días de trabajo continuo, sin descanso. Con el
agravante de que los siete días de supuesto descanso en la práctica no son tales, por cuanto por lo menos dos se van viajando
(la mayoría son foráneos, tienen sus familias en otras regiones),
y porque es usual que la firma del nuevo contrato se demore
dos días, que deben esperar en Puerto Gaitán pagando hotel y
comida cara.
Por otra parte, la mano de obra local no es prioridad para las
empresas contratistas y subcontratistas, que traen sus trabajadores de otras partes del país, porque ya han laborado con ellos o
conocen el oficio. Se configura así un círculo vicioso: la Pacific
Rubiales y sus contratistas no ocupan mano de obra local porque no está capacitada en los oficios petroleros, pero tampoco
ofrece capacitación, becas o pasantías, nada. Resultado: la mano
de obra local solo representa 30% en Rubiales. Uno de los factores de la movilización masiva de julio de 2011 fue en protesta
por esta política discriminatoria.
Es común también que los técnicos y profesionales lugareños deban trabajar como obreros no calificados, y que cuando
142
otros ámbitos
se ejercen funciones superiores a las inicialmente contratadas,
como por ejemplo obreros rasos en funciones de ayudante de
mecánica o técnicos mecánicos cumpliendo funciones de paileros, no se les reconozcan ni salarialmente y ni siquiera mediante
un certificado que sirva para mejorar sus condiciones en contratos posteriores.
La situación de los indígenas, que constituyen una cantidad
considerable de la población en la región, es peor. Ellos, quienes
tienen la ocupación y autoridad ancestrales de estos territorios,
por ser sus dueños originales, sufren de discriminación laboral
y desplazamiento. La Pacific Rubiales tiene en total, entre contratistas y vinculados, cerca de doce mil trabajadores, y entre
ellos no hay cien de las etnias indígenas, que sí ponen muertos,
tal como se desprende de las denuncias por la muerte en los
últimos diez años de catorce indígenas, arrollados por las tractomulas que transitan a altas velocidades por las carreteras de la
zona petrolera.
salarios que no cuadran
“Si el pago que recibimos fuera bueno, uno hasta aceptaría
tantas privaciones, pero lo que nos pagan es una miseria”, dijo
un trabajador entrevistado.
En 2011, el salario básico para un trabajador raso en Rubiales
era de quinientos ochenta mil pesos, más bonificaciones, que
no inciden en la composición salarial, entre doscientos y cuatrocientos mil, según sea subcontratista o contratista. Esto en una
región que, por su condición de centro petrolero, tiene inflación
propia: una gaseosa costaba entonces dos mil pesos, un almuerzo
diez mil y una pieza alquilada en una casa cuatrocientos mil, lo
que en un pueblo no petrolero valía el alquiler de la casa. Además,
el salario no contempla compensaciones por el tiempo empleado
por los trabajadores en recorrer distancias largas por vías en mal
estado, con lo que se ven obligados a sacrificar parte de su tiempo
de descanso. Ni considera el tiempo que, dada la lejanía de Puerto
Gaitán, debe permanecer obligatoriamente en el campamento.
otros ámbitos
143
Todas estas anomalías bajo el manto permisivo del entonces
Ministerio de la Protección Social, al que la USO le adjudica
una responsabilidad inmensa en el alto nivel alcanzado por la
violación de los derechos laborales en Rubiales. Solo a raíz del
campanazo que con su movilización lanzaron los trabajadores
en julio de 2011, algunas comisiones del Ministerio visitaron la
zona. Sin embargo, la USO no las legitima, porque no incluyen
representantes sindicales de los trabajadores, solo a funcionarios
de las empresas, desconociendo incluso que más de cuatro mil
contratistas de Rubiales se afiliaran.
Es de anotar que si en años anteriores la USO no había
llegado a Rubiales fue por la falta de garantías para hacerlo,
ya que cuando intentó hacerlo sus delegados fueron “correteados” por los paramilitares. “Y así y todo, aquí llegamos
primero que el Ministerio, que hasta ahora se ha comportado como las olas: va y viene, pero sin resolver nada”, señaló categórico Martín Ravelo, fiscal nacional de la USO.
Exigencias y propuestas de la usO
La primera exigencia es que se permita el libre ejercicio de la
actividad sindical. “Hemos denunciado que la Pacific Rubiales,
en contubernio con el ejército y la policía, están impidiendo que
la USO hable con los trabajadores. Fue lo que sucedió el pasado 20 de julio cuando llegamos al campamento. La policía nos
notificó que teníamos que salir porque estábamos en propiedad
privada donde el sindicato no era bienvenido. Además, ese día
dieron descanso obligatorio a 70% de los trabajadores, con el fin
de que no hablaran con nosotros. También constatamos que antes de contratar al trabajador le hacen firmar el compromiso de
no afiliarse al sindicato, porque eso es una traición a la empresa”,
señala Héctor Vaca, dirigente nacional de la USO.
Los trabajadores exigen también que Ecopetrol aplique el
principio de unidad de empresa, ya que es socio de la Pacific
Rubiales, en la que posee 60% de las acciones, y de las demás
multinacionales petroleras que operan en Colombia. Con ello se
144
otros ámbitos
busca que los contratistas tengan condiciones iguales o parecidas
a las del resto de los trabajadores de la industria, tomando como
referencia los salarios y las prestaciones pagadas por la Oxy en
Arauca, donde un obrero contratista gana entre un millón cuatrocientos mil y un millón seiscientos mil pesos mensuales.
Legalmente la Pacific no está obligada a aplicar la convención de Ecopetrol, porque el Consejo de Estado, en virtud de
una demanda interpuesta por el Ministerio de Minas, suspendió
el decreto 0284 de 1957 y su resolución 0644 de 1959, que plantean que los salarios de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas deben homologarse a los que devengan
en las empresas operadoras.
A todas estas, la USO propone lo que llama el “salario petrolero”, no solo para la región del Meta sino para todas las zonas
petroleras. De acuerdo con Rodolfo Vecino, su presidente: “Este
es un salario que considera el retorno que para el trabajador significa laborar en una industria que hoy sostiene gran parte de la
economía nacional; una industria que por demás es agresiva en
el tema de la salud ocupacional y es de alto riesgo en cualquiera
de sus actividades”.
El encuentro del 3 de agosto
El 3 de agosto de 2011, por iniciativa del vicepresidente Angelino Garzón, hubo en Puerto Gaitán un encuentro entre las
comunidades, representantes de los trabajadores, la USO, autoridades regionales, delegados del Ministerio de la Protección
Social y voceros de las petroleras. Encuentro en el que se discutieron las problemáticas que afectan la zona y se instalaron nueve mesas de trabajo temáticas, una de ellas laboral y de seguridad
social, que continuarán un proceso de diálogo y concertación de
soluciones para la región.
Sobre el significado y perspectivas del evento, el presidente
de la USO dijo:
Aceptamos la invitación del gobierno de abrir una discusión en cabeza
del ministro, con los representantes de las multinacionales, la comunidad
otros ámbitos
145
y el sindicato. En este escenario discutiremos nuestras propuestas. Pero
somos sinceros en manifestar nuestro escepticismo, pues en los últimos
diez años se firmaron con las multinacionales veinticuatro actas sobre
asuntos laborales, de seguridad social y de responsabilidad empresarial,
que fueron incumplidas por completo.
El fiscal de la organización sindical, Martín Revelo, señaló
que la USO llegó a Rubiales para quedarse y con el propósito de
instalar puntos de atención a las reclamaciones de los trabajadores, iniciar un proceso de educación sindical para los nuevos afiliados y capacitar líderes que dirijan el proceso. A lo que agregó:
Sin embargo, necesitamos además que el gobierno y la Pacific Rubiales
garanticen el libre ejercicio de la actividad sindical en el campo, porque
las tareas del sindicalismo petrolero no se pueden desarrollar desde una
oficina o seccional administrativa. Se hacen con las botas puestas en el
campo, recogiendo las reclamaciones e inquietudes de los trabajadores
para hacerlas llegar al patrono.
Y advirtió que de no obtener respuestas positivas a los requerimientos y las justas reclamaciones de los trabajadores,
“acudiremos a las herramientas históricas de lucha, basadas en
la movilización, la protesta y la facultad que tenemos los obreros
de no producirle al patrón”.
Agosto de 2011
146
otros ámbitos
Los conflictos laborales en el desierto verde de la
palma africana: lejos de solucionarse. (Informe
especial)
El conflicto que en octubre y noviembre de 2011 agitó el ambiente laboral en la zona palmicultora de Puerto Wilches –el
“desierto verde” del Magdalena medio santandereano, como
también podría llamarse–, generó tensiones obrero-patronales
tan fuertes, y las cuales siguen en el orden del día, que los cooperados, como se llaman a sí mismos los trabajadores afiliados a
las cooperativas de trabajo asociado, cesaron sus actividades en
varias ocasiones en Las Brisas y Bucarelia, dos de las empresas
más grandes.
El conflicto llegó a ese punto porque el empresariado palmero, agremiado en Fedepalma, se mantenía firme en la defensa
de las cooperativas como modelo de contratación, modelo que
desde 2001 ha sido su preferido y el mismo que los cooperados,
otros ámbitos
147
apoyados por el movimiento sindical, llevan años denunciando
por considerarlo una forma de maltrato y explotación laboral.
Solo que esta vez el Ministerio del Trabajo sí estuvo en la
mitad del conflicto, no ya como actor pasivo o proclive a los empresarios, como ha sido su papel histórico, sino apretando tuercas y pisando callos. Esta vez los callos de los empresarios. Así
hay que entender la multa de once mil setecientos dos millones
de pesos que le impuso a Las Brisas, la empresa más representativa de la región, a cinco cooperativas y una agencia de empleo
temporal, por intermediación laboral indebida y violación del
régimen de riesgos profesionales, salud ocupacional, seguridad
industrial y protección en salud, en una de las mayores multas
por violación de normas laborales puestas en Colombia en los
últimos años. Y lo más probable es que no sea la única, porque
las anomalías no solo se dan en Las Brisas. En el Ministerio
siguen en curso varias investigaciones similares a otras empresas, producto de querellas presentadas por los trabajadores que
reclaman sus derechos.
Al ser consultado al respecto, el ministro del Trabajo, Rafael
Pardo Rueda, puntualizó: “El gobierno busca que el modelo de
las cooperativas se ajuste a la normatividad que prohíbe la intermediación de trabajadores en labores misionales. Ese personal
debe ser contratado directamente por las empresas”.
Porque eso exactamente, labores misionales, es lo que los
cooperados realizan en las haciendas palmeras, de ahí su protesta, y los paros escalonados que adelantaron para exigir el
desmonte del sistema cooperativo en la contratación laboral. El
largo paro de 2011 lo levantaron porque el Ministerio del Trabajo, mediante documento firmado, se comprometió a ejecutar
acciones administrativas que lleven al desmonte de las cooperativas, así como a vigilar que los gerentes de las empresas y de las
cooperativas no despidan trabajadores o tomen represalias.
Tras un recorrido por la zona palmera, en este informe haremos una radiografía de ese conflicto y de las posiciones de
las partes, así como un mapa de la precariedad laboral en que
se debaten los trabajadores por cuenta del modelo cooperativo.
148
otros ámbitos
El conflicto desde la óptica de los trabajadores
“Antes estábamos dormidos, pero ya despertamos, y vamos
a seguir despiertos hasta que se desmonten las cooperativas”.
Esta frase, de Sergio Espitia, uno de los entrevistados, resume la
visión del conflicto desde el punto de vista de los trabajadores.
Una frase dicha además desde el sentimiento que le produce el
haber sido uno de los tres mil cooperados que padeció el paro de
cuarenta y nueve días entre octubre y noviembre, el más largo
en los cuarenta años que lleva la palmicultura en la región. Paro
que recuerda el que hicieron en 2008, por la misma época del
paro de los corteros de caña en el Valle del Cauca, cuando, armados solamente de su desesperación y su rabia, los cooperados
pararon tres semanas para reclamar lo mismo, el desmonte de
las cooperativas, sin conseguir nada, ni siquiera que el gobierno
los escuchara.
Actualmente el asunto es a otro precio, porque el escenario jurídico y la correlación de fuerzas en la zona palmera han
cambiado, tanto que se puede decir que la movilización de los
cooperados está amparada por la ley, el decreto 2025 vigente
desde junio de 2011, que prohíbe a las empresas contratar labores misionales por medio de cooperativas y demás formas de
subcontratación.
Solo que su paciencia, como lo muestran los paros en Brisas
y Bucarelia, se les agota mientras las cooperativas siguen funcionando. Los empresarios se amparan en que van a esperar que
surta efecto la apelación de las sanciones aplicadas por el gobierno, para ver qué camino toman.
En realidad el número de cooperativas en la región se ha
reducido, tal como en el caso de Bucarelia, que antes tenía diez a
su servicio y ahora tiene cuatro. No obstante, y como una forma
hacerle un esguince al decreto 2025, las empresas están optando
por reemplazarlas, en parte, por agencias de empleo temporal,
caso de Gente Útil, bolsa de empleo al servicio de Las Brisas.
Entre los cooperados que participaron de la protesta, y fue
otro de los motivos de uno de los paros, existe el temor de que
las empresas aprovechen estos recambios para no contratarlos.
Se mencionan, como casos de acoso y persecución, los de Miguel Mesa Larios, Welfran Herrera Salcedo y Jairo José Ardila,
otros ámbitos
149
despedidos de la finca Costa Rica, así como los de cooperados
que se han visto obligados a salir de la zona por amenazas.
Otro punto importante ha sido la falta de unidad de los cooperados frente a la protesta. Hay un sector minoritario, alentado
por los gerentes, que defiende a las cooperativas, sector que
incluso hizo mítines en contra del otro sector. Esa conducta,
según denuncias de Sintrainagro seccional Puerto Wilches, sindicato que apoya el movimiento de los cooperados, se entiende
por prebendas que han recibido de parte de empresas y cooperativas, como el aumento del precio de sus labores y el pago
de dominicales, lo que nunca antes habían hecho, con el claro
propósito de dividir a los trabajadores. Es más, con motivo del
paro, interpusieron contra Sintrainagro más de doscientas tutelas, para reclamar el “derecho al trabajo”, ninguna de las cuales
prosperó.
“Y eso es peligroso, porque enfrenta a los trabajadores y pude
ser germen de violencia. Ya se presentó el caso de un cooperado
que le sacó un puñal a otro”, afirma Daniel Ardila, presidente de
la seccional de Sintrainagro, un hombre de cincuenta y nueve
años, treinta y dos de ellos en el oficio de la palma y treinta y
uno como sindicalista.
Ardila explica las razones que llevaron al sindicato a liderar a
los cooperados: la primera, y obvia, la solidaridad de clase, pues
se trata de trabajadores que, así no hagan parte del sindicato (formalmente no pueden serlo por estar vinculados a cooperativas),
requieren ayuda, dado su estado de indefensión, pues carecen
de la más mínima organización. Otra es que para el sindicato
los cooperados constituyen la única posibilidad de crecer su
membrecía. De hecho, ya han recibido seiscientas solicitudes de
afiliación por parte de los cooperados, lo que ocurrirá cuando
las empresas los vinculen directamente.
El conflicto desde la óptica de los empresarios
Aparte de calificar el decreto 2025 como “confuso”, los agremiados en Fedepalma tienen una serie de razones para oponerse
al mismo. Así, por ejemplo, afirman que su gremio es uno de
150
otros ámbitos
los que más ha contribuido a la formalización del empleo en el
campo colombiano, y que sus trabajadores, así sean cooperados,
tienen mejores ingresos que el resto de trabajadores agrarios de
la región: algo así como que en tierra de ciegos el tuerto es rey.
Y dicen que es así gracias al exitoso esquema de las cooperativas,
para probar lo cual citan un estudio de Fedesarrollo, de julio de
2011, Caracterización del empleo en el sector palmicultor colombiano,
que no puede ser más encomiable.
Otro argumento es que las labores de siembra, mantenimiento y cosecha de la palma, las que desarrollan los cooperados, no son misionales sino complementarias, porque la única
labor misional de las empresas es la producción de aceite, por lo
que solo están obligadas a contratar directamente a los operarios
de las fábricas de aceite, no a los del campo. Argumento que los
cooperados rechazan por “chimbo”, para decirlo en el argot santandereano, porque sería aceptar que el corozo de la palma que
ellos cultivan y cosechan nada tiene que ver con el aceite que de
él se extrae. Además, tampoco es cierto que todos los operarios
de las fábricas tengan vínculo laboral directo: en la de Brisas hay
apenas doce vinculados, el resto, cerca de sesenta, están contratados por medio de bolsas de empleo, una de las razones de la
millonaria multa impuesta por el Ministerio a esta empresa.
En suma, Fedepalma defiende por todos los medios su derecho a utilizar el esquema de las cooperativas, y lo ha dejado
en claro en un documento, firmado por su presidente ejecutivo,
Jens Mesa Dishington, así como en la carta que él le envió al
ministro del Trabajo el 7 de febrero de 2012, en la que critica al
gobierno por la sanción aplicada a Las Brisas y, en general, por
su política frente a las cooperativas.
“Es una decisión de carácter político que el gobierno del
presidente Santos debe explicarle claramente al país, a la comunidad empresarial y a quienes ven en la economía solidaria una
opción de vida y de desarrollo económico”, dice en un aparte
el comunicado de Fedepalma, al tiempo que lamenta que no
haya sido fruto de un debate político transparente sino “sinuo-
otros ámbitos
151
samente”, “con procesos fabricados a la medida”, mancillando el
buen nombre de todo el sector palmero. Carta en la que califica
además la política del gobierno como la del “garrote y la zanahoria”, siendo el garrote la sanción y la zanahoria la invitación del
Ministerio a contratar directamente a todo el personal que hoy
trabaja por cooperativas, en cuyo caso la sanción se reduce o se
conmuta totalmente en un plazo de cinco años. Lo que consideran una especie de extorsión: “Difícil no ver en la actuación del
ministro una nueva forma de presión, que dista de lo planteado
sobre buen gobierno del presidente de la república [sic]. Algún
observador desprevenido podría tachar incluso de extorsión oficial hacia los empresarios”.
Fedepalma argumenta que las sanciones desconocen
acuerdos previos entre el gobierno, la CUT, Sintrainagro y las
empresas palmeras, y considera que son decisiones orientadas
a cumplir compromisos del gobierno colombiano con el de
Estados Unidos, compromisos no explicados suficientemente
al país: “Persiste en la etapa de implementación un monitoreo estrecho, vergonzoso y denigrante por parte del gobierno
Americano, sobre el uso de este instrumento en varios sectores
económicos nacionales”. Es más, solicita que el gobierno conforme un equipo de trabajo por medio del Consejo Gremial
Nacional, Confecoop, Ascoop, con el fin de “ratificar con claridad los alcances del régimen de contratación aplicable (…) así
como la implementación de una posible reforma laboral integral, dentro de un marco de gradualidad y estabilidad jurídica”.
El antisindicalismo no da el brazo a torcer
El comunicado de Fedepalma tampoco ahorra frases en las
que descalifica al movimiento sindical: “(…) los excesos y abusos
sindicales ocurridos en el pasado en muchas empresas, al igual
que las presiones externas de todo tipo de las centrales obreras
para desconocer el buen clima y las buenas relaciones obrero
patronales al momento de la negociación colectivas, formando
huelgas injustificadas en aras de sus objetivos políticos [sic]”.
152
otros ámbitos
No es de extrañar, sin embargo, la posición antisindical de
los palmeros, un gremio que históricamente ha desarrollado
su modelo empresarial sobre la base de que no haya sindicatos.
Daniel Ardila, el presidente seccional de Sintrainagro, cuenta
que durante una reunión con funcionarios del Ministerio de
Trabajo, y ante la pregunta sobre cuánto le costaba a las empresas el trabajo de un cooperado, un empresario del gremio
palmero reconoció que el costo era casi el mismo que el de un
trabajador directo, pero el problema no era ese, el problema es
que los trabajadores directos crean sindicatos, algo intolerable
para el gremio.
Fruto de esa política antisindical es el estado de los sindicatos
del sector palmero, cada día más debilitados. Hace quince años,
la seccional de Sintrainagro en Puerto Wilches tenía más de mil
afiliados, ahora solo cuenta con doscientos cuarenta y cinco. Lo
anterior debido a los trabajadores que se pensionan o acceden a
un plan de retiro voluntario, pero sobre todo a la tercerización
laboral introducida con las cooperativas, que no permiten la
creación o el fortalecimiento de los sindicatos. Se calcula que
en toda la zona palmera del Magdalena medio, desde Puerto
Wilches hasta San Alberto, Cesar, laboran no menos de veinte
mil trabajadores, y menos de mil pertenecen a un sindicato.
Otro grave problema que enfrenta el sindicalismo en la región es el acoso de la violencia y la intimidación, que si bien fue
más letal en el pasado (diez dirigentes sindicales asesinados en
los últimos doce años), sigue extendiendo su mano ominosa en
la zona, sobre todo contra los cooperados que participaron en
el paro. Miguel Conde, fiscal de Sintrainagro, y uno de los más
comprometidos con la organización de los cooperados, ha sido
blanco de múltiples amenazas telefónicas. De hecho, ha debido
contar con un esquema de seguridad y desplazarse en un carro
blindado. Conde cuenta que el 17 de octubre de 2009 se salvó
de ser asesinado, por pura suerte, porque ese día se afeitó, se
peluqueó y no se puso su habitual cachucha, por lo que los sicarios no lo reconocieron. En su defecto asesinaron a Honorio
otros ámbitos
153
Llorente, presidente de junta de acción comunal y tesorero de
Sintrainagro, crimen por el cual hay tres personas procesadas.
Daniel Ardila también ha recibido amenazas. Confiesa que
tiene miedo, pero no por eso deja de recorrer la zona en su moto,
haciendo su trabajo sindical. “Yo he solicitado esquemas de seguridad varias veces, y me han hecho estudios, pero nada. Lo
único que me dieron fue un celular”.
Las tribulaciones de los cooperados
Las quejas sobre cómo las cooperativas menoscaban los salarios y precarizan las condiciones laborales se escuchan por todas
partes. Los cooperados no dudan en señalarlas como la principal
causa de la pobreza generalizada en la región, entre otras razones
porque el cultivo intensivo de palma acabó con todos los cultivos de pan coger, de tal suerte que el plátano, la yuca o las frutas
son más costosos allí que en Bucaramanga.
Tal pobreza salta a la vista en Puente Sogamoso, corregimiento de Puerto Wilches que concentra el mayor número
de cooperados de la región. Este es un poblado de once mil
habitantes, que luce abandonado, con la mayoría de sus casas
construidas con materiales ordinarios, calles polvorientas y carreteras intransitables, un continuo rosario de huecos. El puesto
de salud es pequeño y no tiene médico, y la seguridad ciudadana
está a cargo de solo dos policías.
Entre las quejas y tribulaciones más comunes de los cooperados están: la primera y más generalizada tiene que ver con
los descuentos que les hacen las cooperativas. De su bolsillo le
descuentan el 100% de la seguridad en salud, pensión y riesgos
profesionales; los impuestos parafiscales; la ropa de trabajo, los
guantes y las herramientas que usan en el campo; la cuota de
transporte y de sostenimiento de la cooperativa, además del
aporte cooperativo, entre otros rubros. De ahí que un cooperado que gana quinientos mil pesos quincenales, el promedio,
apenas recibe un poco más de trescientos mil. Es decir que le
descuentan casi 40% del salario.
154
otros ámbitos
Otras quejas tienen que ver con el sistema de seguridad social y los riesgos profesionales. Así, por ejemplo, Luis Fernando
Rubio, cooperado de la CTA Progreso, de treinta y dos años de
edad, denuncia que en enero de 2011 se resbaló y cayó cuando
alzaba un racimo de palma a la carreta, lo que le afectó la columna, al punto que ya no puede trabajar, y el dolor lo calma a
punta de medicamentos. Pero ni la administradora de riesgos
profesionales ni la empresa ni la cooperativa de trabajo asociado
le han solucionado su problema, ni ha recibido un peso por incapacidad, sin contar que su precaria situación económica acabó
con su matrimonio. Por ahora, la única ayuda la recibe de su
familia.
Y como Luis Fernando hay muchos cooperados: incapacitados por accidentes de trabajo, y abandonados, en una región
donde a los trabajadores tercerizados les es muy difícil, casi
imposible, obtener pensión de jubilación, pues dada su inestabilidad laboral no logran acumular las semanas de trabajo requeridas. Cuando no es que las cooperativas no hacen los aportes a su
cuenta de pensión, algo muy común en el pasado, aun cuando
ha disminuido.
Por último, el cooperado Ignacio Sarmiento denuncia la
falta de autonomía de las cooperativas y su desnaturalización y
reducción a bolsas de empleo. Dice que sus gerentes son “títeres” de las empresas, las que distribuyen las labores y lo deciden
todo, al punto que la mayoría de los gerentes lleva más de diez
años en su cargo y tienen familiares en los puestos de dirección
de la cooperativa.
Y son casi “vitalicios”, porque los consejos de administración
y las asambleas cooperativas no pueden cambiarlos sin el visto
bueno de las empresas, sin contar con que los casos de gerentes
que se han “volado” con la plata de los trabajadores. Además, hay
una cooperativa impuesta por las empresas, Asomiler, que lleva
la contabilidad de todas las cooperativas de la región.
Febrero de 2012
otros ámbitos
155
si por allá llueve, por acá no escampa. A propósito
de la precariedad laboral en el sector de las comidas
rápidas
Durante 2013, los trabajadores de la industria de las comidas rápidas en Estados Unidos lucharon por mejoras salariales, derecho de representación sindical y otras reivindicaciones. Porque
en ese país, que inventó las comidas rápidas e hizo de ellas un
modo de vida, los dos millones cuatrocientos mil trabajadores
vinculados a esta industria están en la escala de los trabajadores
peor pagados y con empleo más precario, caracterizado por la
inestabilidad y la tercerización laboral, y por el pago del trabajo
por horas a tarifas inferiores al promedio nacional.
En julio de ese año, las movilizaciones se extendieron a siete
ciudades, y el 31 de agosto los trabajadores de más de mil restaurantes de cincuenta ciudades, desde San Diego hasta Nueva York,
protagonizaron una de las mayores huelgas en ese país en este sector.
156
otros ámbitos
Y en Colombia, ¿qué condiciones tienen los trabajadores de
los restaurantes de comidas rápidas? ¿El salario que ganan sí se
corresponde con el trabajo que realizan? ¿Cuentan con garantías
prestacionales y libertad de asociación?
Dentro del sector de los servicios, las cadenas de restaurantes de comida rápida constituyen uno de los subsectores que
más empleo genera hoy en Colombia. Muchas de ellas son de
matriz estadounidense y durante los últimos años han crecido
aceleradamente, en condiciones laborales bastante precarias para
sus trabajadores.
Cocineros, meseros y domiciliarios, los perfiles más solicitados, trabajan con mala remuneración, cargas laborales excesivas, pago por horas y no pago de horas extras, ausencia total
de sindicatos y vinculación por terceros. Y mientras que antes
se vinculaban por medio de cooperativas de trabajo asociado,
actualmente lo hacen por empresas de empleo temporal, lo cual
es irregular, dado que son trabajadores que desarrollan actividades misionales y permanentes, por lo que de acuerdo con la
legislación laboral colombiana deben tener vinculación directa,
no temporal ni por terceros.
En el siguiente informe, preparado con base en los testimonios de trabajadores de restaurantes de comida rápida en Medellín, se verá que las condiciones laborales son prácticamente
las mismas de una cadena de restaurantes a otra, niveladas por
lo bajo. Lo mismo debe suceder en las otras ciudades, porque
son cadenas que, bajo el mismo esquema, tienen restaurantes en
todo el país.
Los contratos
Carlos trabaja como domiciliario en Jeno’s Pizza, pero está
contratado por Employment Solutions, una empresa bogotana
que se encarga de seleccionar el personal para esta pizzería. Su
contrato es por horas y cada una se la pagan a dos mil cuatrocientos cincuenta pesos, excepto los domingos y festivos, cuando se la pagan a tres mil.
otros ámbitos
157
“Por lo general, mi jornada es de ocho horas, nunca trabajo
menos, pero las que trabaje de más no las cuentan como extras.
Lo común es que haga entre cincuenta y siete y sesenta horas
semanales”, explica Carlos, quien descansa un día a la semana,
solo de lunes a miércoles, nunca sábado ni domingo, por lo que
ha perdido buena parte de su vida social.
Juan Camilo, por su parte, trabaja directamente para Frisby,
uno de los pocos restaurantes que no vincula personal por medio de empresas temporales. Fue contratado bajo la modalidad
de tiempo parcial, toda vez que el personal de tiempo completo
no alcanza a hacer todas las labores del restaurante. Pero no tiene horario estipulado. “Casi siempre trabajo ocho horas, a veces
menos. Todo depende del trabajo que haya”, dice. Y gana por
horas, cada una a dos mil quinientos pesos, con descanso los
lunes y martes.
Marcela trabaja en Subway, con contrato a término de un
año, en el área de preparación de sándwiches, para lo cual hizo
un curso de manipulación de alimentos. Aun cuando sus horarios varían, generalmente trabaja entre diez y doce horas diarias,
porque prefiere alargar la jornada ya que a ella sí le pagan horas
extras. También trabaja domingos y festivos.
Funciones y salarios
De acuerdo con Carlos, en Jeno’s Pizza son frecuentes los
inconvenientes con el salario, porque les pagan menos horas de
las facturadas. No obstante, lo que más molesta a los empleados
es que no reciben respuesta a sus reclamos, ya que Jeno´s alega
que eso es de incumbencia de Employment, la empresa temporal, y esta los devuelve a Jeno’s alegando lo mismo, que eso no le
incumbe. En últimas nadie les resuelve nada. Además, prefieren
no reclamar por temor a perder el empleo.
Como domiciliarios, Carlos y Juan Camilo deben tener su
propia moto, ya que las empresas no las suministran; además,
deben pagar la gasolina y el mantenimiento, y si se accidentan,
y el riesgo es alto en medio del espeso y caótico tráfico urbano,
la empresa no responde por nada, todo lo deben cubrir el Soat y
la EPS. En el caso de Carlos, y a modo de compensación por el
158
otros ámbitos
rodamiento, la empresa le paga mil ciento cincuenta pesos adicionales por cada domicilio, que se suman a la quincena. En este
aspecto a Juan Camilo le va mejor: el rodamiento se lo pagan de
acuerdo con el número de horas trabajadas.
“Eso provoca una rebatiña entre los domiciliarios, sobre todo
en los días malos en los que uno solo hace dos o tres entregas.
Algunos quieren acaparar las entregas para ganar más, porque si
uno pone la moto es para sacarle ganancias”, dice Carlos, quien
también se queja por las propinas, por cuanto ya no se dejan a
criterio del cliente sino que están incluidas en el costo del producto, razón por la cual quien entrega el pedido no las recibe.
En el caso de Jeno’s, el domicilio cuesta mil cuatrocientos pesos,
más de los mil ciento cincuenta que pagan por rodamiento.
Con todo, incluido el pago de rodamiento de su moto, Carlos recibe unos cuatrocientos cincuenta mil pesos quincenales.
Pero con sobrecarga de trabajo, porque aun cuando fue contratado para hacer domicilios, obligatoriamente debe ayudar en
otras labores, como barrer, trapear, sacudir, lavar platos, hacer
pizza, rallar queso, etc. Tal como le ocurre a Juan Camilo en
Frisby: cuando no está haciendo domicilios debe colaborar en
lo que le pongan a hacer. Es decir que gracias a las actividades
adicionales a las que están obligados los domiciliarios, el restaurante se ahorra un trabajador de oficios varios.
“Considero que para el tiempo que uno trabaja y todo lo que
tiene que hacer, al sol y a la lluvia y sufriendo los riesgos de la
calle, lo que nos pagan es muy poquito. Y si uno demuestra su
inconformidad lo echan. Pero no pasa nada, porque ahí mismo
lo reemplazan, hay mucha gente que necesita trabajo”, anota
Carlos.
En Subway, y por su trabajo, Marcela tiene que estar de pie
la mayor parte de la jornada, con veinte minutos para almorzar.
Aparte de la preparación de los sándwiches, semanalmente también debe, como el resto de los empleados, lavar los pisos y las
paredes. “Nosotros nunca nos hemos quejado, porque eso ya es
costumbre”, agrega. Cada quincena recibe trescientos cincuenta mil pesos de salario, incluyendo los recargos dominicales y
festivos, salario bajo para todo lo que hace. Sin embargo, dice,
otros ámbitos
159
lo más difícil son los clientes, pues no faltan los que no brindan
un trato adecuado. Debe entonces armarse de paciencia y seguir
la política de la empresa según la cual el cliente siempre tiene la
razón.
Juan Camilo, por su parte, recibe quincenalmente entre
doscientos cuarenta y trescientos mil pesos por su tiempo parcial, dependiendo de las horas que haya trabajado, incluido el
importe por rodamiento. Cuando le va muy bien gana cuatrocientos mil, pero esto poco sucede. Y pensar que para obtener
este empleo tan mal remunerado tuvo que pasar por un largo
proceso de selección. “Me hicieron entrevista grupal, individual,
con la sicóloga, con la administradora, prueba sicotécnica, visita
domiciliaria y exámenes médicos”, dice.
Los domiciliarios con contrato a jornada completa están en
mejor situación, porque además de tener un sueldo fijo, cada
mes reciben trescientos nueve mil pesos por rodamiento y cuentan con todos los beneficios, hasta el pago por las horas extras.
Las cadenas de comida rápida dotan a los empleados con
pantalones, camisetas, delantales y gorras, dependiendo de la
labor que cumplan. Y el derecho a alimentación también varía
en cada una. A Marcela le dan uno o dos sándwiches al día, dependiendo de la jornada laboral. A Juan Camilo le dan almuerzo
solo en los turnos extendidos, pero cada mes recibe un bono
para ir a Frisby con su familia. A Carlos le deducen veinte mil
pesos mensuales por alimentación, y eso le da derecho a una o
dos pizzas, dependiendo de la extensión de la jornada, pero ya
está hastiado de comer siempre lo mismo.
En cuanto al derecho de asociación sindical, está proscrito.
Marcela, Juan Camilo y Carlos coinciden en que no han visto ni
escuchado intentos de crearlos. Y, como vimos, no se atreven a
quejarse por miedo a ser despedidos, pese a que son muchos los
empleados descontentos con sus condiciones laborales.
“Jeno’s Pizza no ofrece el peor trabajo, pero uno piensa que
por ser una empresa reconocida mundialmente va a tener mejores condiciones. También piensa que por tener la moto va a
ganar en rodamientos, pero tampoco”, concluye Carlos.
Para Juan Camilo, Frisby no es la mejor ni la peor empresa,
es una oportunidad laboral en la que tiene todas las prestacio-
160
otros ámbitos
nes. Aun cuando en ocasiones ha expresado su inconformidad
con algunas políticas de la empresa, sabe que la mejor manera
de pasar desapercibido y conservar el empleo es no criticar nada.
“Uno da gracias por tener trabajo, porque en el país hay pocas
posibilidades de empleo. Uno se dobla en turnos o hace extras
para ganar más, pero hay veces que se mata mucho y lo que le
pagan de todas maneras es muy poco”, concluye.
Septiembre de 2013
otros ámbitos
161
¡Dramático! trabajadores despedidos enfermos de
Colmotores inician huelga de hambre con la boca
cosida
Tras un año exacto de permanecer en acción de protesta dentro de una carpa frente a la Embajada de Estados Unidos en
Bogotá, desesperados y ya hartos de la indolencia del gobierno
de Colombia y la indiferencia de General Motors Colmotores
para resolver su situación, cuatro de los trabajadores que fueron
despedidos enfermos de esta multinacional norteamericana resolvieron continuar su protesta con una huelga de hambre y la
boca cosida con hilo, como señal de estar dispuestos a ir hasta las
últimas consecuencias.
Se trata de Manuel Ospina, Jorge Parra, Pedro Rincón y
Carlos Trujillo, quienes hacen parte de Asotrecol, la Asociación
de Trabajadores y Extrabajadores Enfermos de General Motors
Colmotores, organización que cuenta con sesenta y ocho afilia-
162
otros ámbitos
dos, y que desde el 1 de agosto de 2011 instaló una carpa frente
a la Embajada de Estados Unidos, a fin de lograr que la empresa
les reconozca sus derechos violados, pues en su mayoría no solo
fueron despedidos en estado de enfermedad y discapacidad, sino
también mediante componendas, que han denunciado como
ilegales, entre funcionarios del Ministerio de Trabajo y la EPS
a la que estaban afiliados. De acuerdo con un comunicado de la
Asociación:
En vista de que no hemos encontrado un compromiso serio en la solución de nuestras denuncias por parte del gobierno colombiano, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el Ministerio de Trabajo, y de
nuestro principal agresor: la General Motors Colombia, iniciamos desde
el 1 de agosto de 2012 una huelga permanente de hambre con los labios
cosidos, hasta tanto no se resuelvan cada uno de las peticiones que hemos
instaurado (…). Es una medida extrema, pero nuestra situación también lo es. Consideramos que a los trabajadores no solo se pueden matar
con balas, también lo hacen con la indiferencia y el olvido. Estamos
condenados a una muerte lenta y desgarradora, donde nos da lo mismo
adelantar un poco esta agonía, por eso nuestra decisión es definitiva.
Los trabajadores agremiados en Asotrecol padecen diferentes enfermedades osteomusculares: hernias discales, lesiones de
columna, síndrome de túnel carpiano, entre otras. A lo largo de
los últimos tres años, cuarenta y cinco de ellos fueron despedidos por la empresa estando enfermos, sin indemnización ni
consideración especial alguna. Solo diez lograron que su enfermedad fuera reconocida como de origen profesional, y ahora
esperan que se les reconozca la pensión de invalidez, debido a
que su mal ha avanzado tanto que ya están completamente incapacitados para laborar, y ninguna otra empresa los va a contratar
por las enfermedades que padecen, a menos que renuncien a
ellas. Es el caso de Jorge Parra, presidente de Asotrecol, quien
ya tiene tres tornillos y dos espaciadores incrustados en su columna vertebral, y aun así la calificación de su enfermedad no le
da los puntos suficientes para que su pensión le sea reconocida.
Con la decisión de coserse los labios, ahora exigen su reintegro a la empresa y la reubicación en trabajos que puedan
otros ámbitos
163
realizar y no afecten más su salud; exigen el reconocimiento de
la pensión para los discapacitados crónicos; indemnización y reparación por los atropellos que han recibido; y la posibilidad de
crear un sindicato de trabajadores discapacitados.
“En una reunión que tuvimos con la empresa, manifestó
que iba a arreglar la situación de algunos de los compañeros,
aunque no dijo cómo. Pero no aceptamos, porque el arreglo
debe ser para todos los que tenemos el problema”, señaló Jorge
Parra.
Denuncian corrupción
Según Asotrecol, los trabajadores enfermos de Colmotores
fueron víctimas de una confabulación entre personas de la empresa, la aseguradora de riesgos profesionales y funcionarios del
Ministerio del Trabajo. Asotrecol logró demostrar, y así lo corroboró la comisión del Ministerio de Trabajo que a petición de
la Procuraduría visitó Colmotores en 2011, que esta manipulaba
las historias clínicas de los trabajadores a fin de saber quiénes tenían principios de una enfermedad laboral para despedirlos antes de que avanzara, bajo el diagnóstico de enfermedad común,
no profesional, a fin de eludir su obligación con esos enfermos.
“Eso lo hemos denunciado como concierto para delinquir,
falsificación de documento público y constreñimiento para que
los trabajadores firmaran actas fraudulentas”, dijo, antes de coserse los labios, Jorge Parra, presidente de Asotrecol. Por tales
hechos, un inspector del Ministerio del Trabajo ya fue sancionado y otros más están siendo investigados.
Agosto de 2012
164
otros ámbitos
“Locomotora” minera arrastra enorme vagón de
discapacitados
Indignados y cansados de que sus reclamos se dilaten y se represen sin esperanza, unos trescientos trabajadores enfermos,
especialmente por efecto de la actividad minera, marcharon por
las calles de Bogotá el 21 de marzo de 2012, en un hecho sin
precedentes, para mostrar sus dolores, exigir el derecho a la salud en el trabajo y denunciar las graves falencias y la corrupción
que carcome el sistema de seguridad en riesgos profesionales,
causante en gran parte de los problemas que hoy padecen y los
han llevado a una situación dramática.
Rengueando o apoyados en bastones y aparatos terapéuticos, los trabajadores enfermos marcharon por la carrera séptima
para denunciar cómo el sistema de seguridad social enferma a
los trabajadores, y para gritar “No más” a la falta de pago de
otros ámbitos
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incapacidades y rehabilitación integral, a las juntas calificadoras
amañadas, a la ausencia de regulación del Ministerio del Trabajo, a la ley 100 y a la privatización de la salud, la que propicia
todas estas anomalías.
Además, marcharon para apoyar las iniciativas que en el
Congreso buscan regular el sistema público de seguridad laboral de conformidad con las normas internacionales, definir el
accidente de trabajo, ampliar la tabla de enfermedades profesionales y establecer el régimen pensional especial de la minería a
cielo abierto.
A la marcha asistieron trabajadores afiliados, entre otras,
a la Asociación de Enfermos de El Cerrejón, que lideró la organización de la protesta, a la Asociación de Enfermos de la
Drummond, de Sintramienergética del Cesar, de Sintraelecol,
mineros de Cerromatoso, de Norte de Santander, de El Bagre
(Antioquia), de la USO, y de la Minga indígena, toda vez que
la comunidad wayúu de La Guajira también se ve afectada en
su hábitat y medio ambiente por la explotación minera. Incluso
marcharon miembros de la Asociación de Enfermos de Colmotores, que, como se lee en otra crónica de este volumen, constituyen un caso especial de injusticia y abandono.
Durante la jornada se denunció cómo el sistema de seguridad social afecta integralmente al trabajador, desde la enfermedad, la calificación de esta, su recuperación y rehabilitación,
hasta la pérdida de su capacidad laboral. “Es un sistema corrupto, diseñado a favor de las empresas y en contra del derecho de
los trabajadores. Las juntas calificadoras casi siempre declaran
las enfermedades laborales como simples enfermedades comunes”, señaló José Brito, directivo de Sintracarbón, miembro del
Concejo Nacional de Riesgos Profesionales y uno de los líderes
de la protesta.
“Esta es otra Colombia olvidada, este es el mundo del trabajo que no tiene alternativas, estos son los trabajadores abandonados por los empresarios, el Estado y las normas legales; y como
nadie los escucha, decidieron sacar el problema a las calles, para
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otros ámbitos
que el país, el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación conozcan que hay un mundo del trabajo enfermo”, aseveró
Tarsicio Mora, presidente de la CUT, quien asistió a la marcha.
Cifras que enferman
Según el Ministerio de la Protección Social, en 2010 se
reportaron quinientos treinta y ocho mil novecientos once
accidentes de trabajo, de los que cuatrocientos cuarenta y dos
mil novecientos se calificaron como tales. Ese mismo año se
reportaron novecientos cincuenta y ocho muertes en el trabajo,
y cuatrocientos ochenta y nueve se calificaron como tales, poco
más de la mitad. A septiembre de 2011 se habían reportado seiscientos ochenta y tres muertes, de las cuales calificaron doscientas ochenta y nueve, menos de la mitad, siendo los más afectados
los sectores de la construcción, la minería y el transporte.
No obstante, en realidad el número de accidentes y muertes en el trabajo es mucho mayor, teniendo en cuenta que tales
registros solo incluyen a los trabajadores afiliados al sistema de
riesgos profesionales, 6`827.500 personas en 2010, 35,5% de la
población ocupada, no a los independientes ni a los informales,
unas doce millones de personas, que están por fuera del sistema,
entre ellos los trabajadores de la pequeña minería, en la que todos los días se presentan fatalidades.
En cuanto a enfermedades laborales, en 2010 se reportaron
doce mil seiscientas nueve, de las que se calificaron como tales
nueve mil cuatrocientas diez. A septiembre de 2011 había una
leve disminución, pues a ese mes se habían calificado seis mil
setecientos ochenta y ocho, lo cual no quiere decir, necesariamente, que los riesgos hayan disminuido o que los empresarios
hayan mejorado las condiciones laborales, sino que las ARP
demoran el proceso, hasta ocho o más años, en manguala con
empresas y funcionarios del Ministerio del Trabajo, según se
denunció. Al punto que muchos trabajadores fallecen esperando
que les den la calificación de su enfermedad. La Organización
Mundial de la Salud y la OIT consideran, según sus parámetros,
otros ámbitos
167
que en nuestro país se deberían diagnosticar en promedio de
veinte cinco mil a treinta mil casos por año.
Las cuentas de Sintracarbón, sindicato de El Cerrejón, de
minería a cielo abierto, dicen que allí ya son cerca de ochocientos los trabajadores con patologías resultantes de la actividad minera, desde cuanto el complejo carbonífero inició explotación.
Pero lo más grave es que solo al 20% se les han reconocido sus
patologías como de origen profesional.El resto adelanta litigios
jurídicos para demostrar que son producto del trabajo en la
mina.
Cómo enferma la gran minería
Según Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, en la minería
a cielo abierto, caso El Cerrejón, hay actividades y condiciones
muy riesgosas y que enferman: afecciones de los hombros,
columna vertebral, túnel carpiano, pulmones, entre otras. Sin
embargo, las leyes colombianas no califican esta actividad como
de alto riesgo.
Se cuentan por lo menos cuatrocientos casos de trabajadores
con patología lumbar, resultado de estar expuestos a la vibración
de los equipos que manejan, en turnos de doce horas, sentados.
El solo golpe del descargue en el camión pala, por ejemplo, que
es un vehículo gigante y pesado, produce inevitablemente efectos en el sistema osteomuscular del trabajador.
Además, el polvillo de la remoción de tierra y carbón produce silicosis y antracosis, o las dos, enfermedades del sistema
respiratorio que la empresa no reconoce como de origen profesional, alegando que en la mina y en el puerto se trabaja dentro
de la seguridad y los límites permisibles, y que la causa mayor
de tales afecciones no es la actividad minera sino el polvo que
los vehículos levantan en las destapadas carreteras de La Guajira. Argumento débil para Díaz, porque es bien sabido que la
extracción de una tonelada de carbón a cielo abierto implica la
remoción de siete toneladas de tierra, que dejan miríadas de polvillo flotando en el aire.
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otros ámbitos
“Las biopsias a algunos compañeros dicen que tienen sílice y carbón en los pulmones, e incluso hubo dos muertos por
silicoantracosis. Además, el año pasado dos compañeros se suicidaron por problemas sicosociales asociados al estrés”, puntualizóíaz.
El directivo sindical reconoce que la empresa hace algunos
esfuerzos en seguridad, en control de riesgos, pero aun así los
trabajadores se enferman. Enseña incluso un documento de
2011 del Ministerio de la Protección Social, según el cual el
programa de salud ocupacional de El Cerrejón no está acorde
con la realidad de los trabajadores. Pese a que reconoce que los
trabajadores están expuestos al riesgo, la empresa no hace exámenes al momento de ingreso, el análisis que hace del puesto de
trabajo no es el adecuado a la labor desempeñada, y solo presenta
los valores de riesgo del último año, no de los años precedentes,
cuando los trabajadores empezaron a enfermar.
Es más, El Cerrejón tiene un empleado pagado que va a las
juntas de calificación nacional a controvertir el historial clínico
de los trabajadores. Y lo más preocupante es que los casos casi
siempre los califica la misma junta, en la que, según Igor Díaz,
hay un personaje que fue presidente de la ARP Positiva y tuvo
negocios con El Cerrejón, persona que, como es obvio, carece
de la objetividad para calificar una enfermedad.
Caso de Alfonso Cepeda
Afiliado a Sintracarbón, mecánico de cuarenta y seis años
de edad y padre de dos hijos, a Alfonso le diagnosticaron hace
cinco años envenenamiento por benceno, diclorometano y plomo, adquirido en el taller de mantenimiento donde trabajaba, en
contacto permanente con pinturas y otros productos químicos.
Lleva cuatro años incapacitado, sujeto a quelaciones (diálisis) y
a medicación permanente; padece además trastornos de personalidad y afectación del sistema nervioso. Y al momento de
escribir esta crónica la ARP aún no lo había evaluado para su
pensión por invalidez. Como él, con la misma enfermedad hay
otros ámbitos
169
ocho trabajadores más en El Cerrejón, entre ellos José Morales
Vega y Hugo Padilla.
Caso de Carlos Julio Mendriz
A Julio la empresa lo despidió en el año 2000 estando enfermo y operado de una afección en la columna, producto de un
accidente laboral. La causa de su despido fue el haberse dormido
en el puesto de trabajo a las tres de la mañana, a causa de la
somnolencia producto de la droga que le recetaron para su enfermedad, situación que la empresa aprovechó para despedirlo
con “justa causa”, negándose además a indemnizarlo. Después
de cinco años de lucha para lograr que su enfermedad fuera catalogada como profesional, ahora busca que la ARP le reconozca
la pensión de invalidez porque ya no puede trabajar: tiene afectada la columna y los hombros, problemas gástricos, auditivos
y siquiátricos, pero solo está calificado con 41,8% de pérdida de
capacidad, lo que no le alcanza para obtener su pensión.
En la Drummond la situación es peor
Para empezar, esta multinacional, que ocupa siete mil obreros entre la mina y el puerto, no reconoce la asociación de sus
trabajadores enfermos, que lleva cuatro años de fundada y cuenta con quinientos sesenta y nueve afiliados, trescientos setenta y
seis activos en la mina y el resto despedidos por estar enfermos
o accidentados, ninguno de ellos con indemnización. Solo uno
logró su pensión de invalidez, que apenas disfrutó dos años porque murió de cáncer.
Se trata de una empresa con un índice alto de accidentalidad,
según lo denuncia la Asociación: en diez años tuvo seis mil cuatrocientos cincuenta y siete accidentes de trabajo y un alto número de enfermos, sobre todo en el área del puerto, donde para el
cargue del carbón se utiliza una tecnología de bandas que favorece la dispersión del polvillo. Tan es así que en febrero de 2012
la empresa fue multada con doscientos veinte millones de pesos
por no tener un programa de seguridad industrial adecuado.
Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Enfermos de
la Drummond, afirma que entre los trabajadores hay muchas
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otros ámbitos
patologías de origen laboral: hernias discales, manguito rotador,
afección de rodillas, silicoantracosis, cáncer de pulmón y problemas siquiátricos. Enfermedades que las ARP Colmena y Colseguros se niegan a clasificar como enfermedades profesionales.
La historia de Pérez es similar a la del resto de sus compañeros: después de cinco años de trabajo fue despedido tras sufrir
un accidente laboral, hoy camina en muletas y dedica sus energías a denunciar las anomalías de la Drummond y sacar adelante la Asociación, lo que le ha valido persecuciones y amenazas
contra su vida. Una de las cuales ocurrió en el centro de Santa
Marta, donde dos trabajadores fueron golpeados y amenazados
con armas de fuego.
“La Asociación ha servido por lo menos para presionar a
la empresa a mermar los despidos de trabajadores enfermos”,
afirma Pérez, y espera afiliar próximamente a ciento ochenta
trabajadores enfermos de Prodeco y a trescientos de Carboan,
minas ubicadas en la región del Cesar.
Witney Chávez, director del Departamento de Seguridad
Social y Salud de la CUT, señaló por su parte que prueba elocuente de la dimensión del problema es que los mismos enfermos, en un número muy significativo, se hayan desplazado
desde tan lejos hasta Bogotá para exigir soluciones al gobierno
y al Congreso. “El trabajo no puede ser causa de enfermedad y
muerte. Así que esperamos que en las próximas convocatorias
aparezca un número mayor de manifestantes, teniendo en cuenta la gravedad de su situación”, agregó.
Marzo de 2012
otros ámbitos
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El día en que cuatrocientas obreras al mando de
Betsabé Espinal paralizaron la Fábrica de tejidos de
Bello (crónica histórica).
Hace noventa años en Bello, Antioquia, tuvo lugar una de las
huelgas obreras más significativas de la historia sindical colombiana, no solo porque paralizó por tres semanas el principal
emporio textil de ese momento, la Compañía Antioqueña de
Tejidos, mejor conocida como la Fábrica de Tejidos de Bello,
sino porque quienes la impulsaron y sacaron triunfante fueron
cerca de cuatrocientas obreras, en una época en que el rol social
de la mujer colombiana no era ir por ahí promoviendo protestas
y alborotando el cotarro, pues se consideraba que su lugar natural era el hogar y la sumisión uno de sus valores preclaros.
Entre 1919 y 1920 hubo en Colombia treinta y tres paros
de trabajadores que buscaban mejorar sus condiciones laborales, paros desorganizados, más cercanos a la asonada y al
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otros ámbitos
motín, porque para entonces el sindicalismo apenas se estaba
formando. Los paros de mayor repercusión fueron los de los
artesanos de Bogotá, los mineros de Segovia, los ferroviarios del Magdalena, y los sastres y zapateros de Medellín,
Caldas, Manizales y Bucaramanga, protagonizados todos
por hombres, porque era inconcebible un paro de mujeres.
El paro de las obreras de Bello fue el primero que se identificó
con el rótulo de “huelga”, y, al igual que los precedentes, fue espontáneo, surgido de la desesperación de las obreras ante el maltrato
y la explotación, rayana con la esclavitud, a la que eran sometidas.
Y lo lideró Betsabé Espinal, hasta ese momento una obrera de
veinticuatro años de edad a quien sus compañeras respetaban y
acataban por su talante decidido, don de mando y recio carácter.
Es pertinente ubicar tal suceso en su contexto histórico, y
decir que aquella fue la época de nacimiento de la industria en
Colombia. Con el siglo veinte, en el país empezó a constituirse
la gran industria manufacturera, con epicentro importante en
el departamento de Antioquia, donde las fábricas empleaban a
mujeres y niños como mano de obra sumisa y barata, esquema
fabril que primó también durante la revolución industrial de la
Europa del siglo diecinueve.
Esa irrupción de mano de obra femenina en las factorías fue
un fenómeno socialmente importante, tanto que en 1920 el 73%
de la fuerza obrera en el valle de Aburrá estaba conformada por
mujeres, solteras en 85% de los casos. La misma proporción que
en las trilladoras de café y en las fábricas de cigarrillos, oficios
en los que las familias campesinas encontraron una buena opción laboral para las hijas solteras, porque la sociedad clerical de
entonces no veía bien que por trabajar en las fábricas las mujeres casadas descuidaran su familia y su sagrada misión de amas
de casa. “La fábrica es enemiga de las mujeres, enemiga de su
cuerpo, de su alma, agotador de su salud y envenenador de su
virtud”, rezaba una publicación católica.
La Fábrica de Tejidos de Bello fue la primera empresa textil
colombiana a gran escala que funcionó de acuerdo con el mo-
otros ámbitos
173
delo manchesteriano. Fundada en 1904 por Emilio Restrepo
Callejas, uno de los empresarios pioneros de la Antioquia de entonces, además concejal de Medellín, reconocido latifundista y
promotor de extensos cultivos de algodón y caña de azúcar, solo
empezó a funcionar en 1908, después de una inyección de capital. Y desde el principio sus telares emplearon mujeres, muchas
de ellas niñas entre trece y quince años. En 1920, cuando estalló
la huelga, ocupaba cerca de cuatrocientas mujeres y ciento diez
hombres.
Las obreras vivían en un ambiente casi conventual, porque
al amparo del prurito paternalista de los industriales antioqueños nació una institución curiosa y emblemática: los patronatos
obreros, casas-dormitorios para las trabajadoras solteras, administradas por monjas. En estos patronatos se modelaba la conducta moral y laboral de las obreras, y se vigilaba que no fueran
influenciadas por la perniciosa ideología socialista que llegaba
de Europa, inspirada en la revolución soviética. Un dato que
habla del “espíritu” de estos patronatos es la celebración del día
del trabajo, el 4 de mayo, con misa campal y velada recreativa
dentro de las fiestas a la virgen María, y no el 1 de mayo, fecha
celebrada por las organizaciones obreras de tendencia revolucionaria. Un año atrás se había fundado el Partido Socialista.
Las razones de la huelga
Dependiendo el oficio, el salario de las obreras en la fábrica
oscilaba entre cuarenta centavos y un peso semanal, mientras los
hombres, por el mismo oficio, ganaban entre uno y dos pesos
con setenta. Un trabajador de construcción ganaba entre tres
y tres pesos con sesenta centavos semanales, lo que da idea del
grado de explotación al que estaban sometidas las obreras. Esto
por cuanto una idea aceptada socialmente era que el salario femenino constituía un ingreso familiar complementario, y eso
justificaba su diferencia con el de los hombres.
Por eso el primer punto en el pliego de peticiones de las
obreras en huelga fue la exigencia de un salario igual para los
dos sexos, así como la revisión del sistema de multas, que incluía multas por llegar tarde, por estropear accidentalmente una
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otros ámbitos
lanzadera, por distraerse en el trabajo o por cualquier causa que
al capataz se le antojara. Hubo incluso denuncias de multas por
negarse a acceder a las solicitudes sexuales de los capataces de la
fábrica, así como lo contrario: dádivas por aceptarlas.
El cese del acoso sexual fue otro punto central del pliego, y
en ese sentido el supervisor Manuel Velásquez, hombre de escasa estatura, delgado y padre de cinco hijos, encarnaba el rechazo
absoluto de las obreras. Cinco de ellas lo acusaron de forzar su
despido por no acceder a sus pretensiones, y de ser el culpable
de que una estuviera interna en la “Casa de las arrepentidas”,
adonde expiaban su culpa las violadas y deshonradas.
La tercera exigencia era reducir la jornada de trabajo, que
se extendía de seis de la mañana a seis de la tarde, con una hora
para el almuerzo. Exigían también la mejora en las condiciones
higiénicas en los galpones de trabajo y que cesara la prohibición
de asistir calzadas, pues don Emilio tenía la idea de que las obreras perdían tiempo y se retrasaban tratando de no embarrarse los
zapatos en el trayecto hacia la fábrica, de modo que lo mejor era
que fueran descalzas. Además, decía, era una manera de conservar la uniformidad de las obreras dentro de la fábrica, porque la
mayoría eran campesinas habituadas a andar a pie limpio, y era
penoso ver a unas calzadas y a otras no.
Otro punto del pliego en el que hicieron hincapié fue el
fin de la vigilancia cerril, las requisas a la salida de la fábrica
y el trato despótico por parte de los dos administradores, Jesús Monsalve y Teódulo Velásquez. Del primero, por ejemplo,
decían que era tirano y grosero de palabra, acusación de la que
se defendía aduciendo que si estaban descontentas era porque
estaba cumpliendo bien con su deber.
En tal sentido es elocuente la carta que Carlos E. Restrepo,
expresidente de Colombia, le mandara a Emilio Restrepo, en la
que se lee:
Bastante numerosas me parecen las horas de trabajo asignadas a las
obreras de Bello y demasiado rígidas las condiciones en que lo hacen,
especialmente si se mira el trabajo de las mujeres y los niños y las malas
otros ámbitos
175
condiciones fisiológicas de nuestros trabajadores. Creo que ese camino
si se extrema trae el anarquismo como consecuencia forzada y de ellos
son los conatos de huelga que usted habla y que empiezan con nuestra
primera fábrica.
La huelga y la figura de Betsabé Espinal
En realidad las obreras venían intentando la huelga de tiempo atrás, e incluso en una ocasión paralizaron una sección de
telares, pero fracasaron porque los administradores encontraron
quien las reemplazara. Pero el 12 de febrero de 1920 el lance fue
a otro precio. Ese día, antes de las seis de la mañana, las líderes
del movimiento se pararon en la puerta de la fábrica para convencer al resto de obreras y obreros de que no ingresaran. Todas
las mujeres acataron la orden y no entraron, pero los hombres
fueron reacios y en su mayoría ingresaron, por lo que fueron
blanco de las burlas de las obreras, quienes no solo les gritaban
cobardes sino que los incitaban a cambiarse los roles: que ellos se
pusieran las faldas y ellas los pantalones. “Pollerones pendejos”,
les gritaban.
Entre las que se pararon en la puerta a instigar la huelga estuvieron Carmen Agudelo, Betsabé Espinal, Adelina González,
Matilde Montoya, Teresa Piedrahita y Teresa Tamayo. Desde el
primer día, Betsabé fue la más fogosa y decidida de todas, por lo
que desde ese mismo día se erigió como la líder de la protesta y
organizó a sus compañeras en comisiones. Y ante ellas de nada
valieron las amenazas de los capataces ni los ruegos del cura de
la parroquia, quien llegó a los pocos minutos para tratar de convencerlas de que terminaran esa locura y regresaran al trabajo.
Tampoco cedieron al día siguiente, cuando ya fueron el
alcalde de Bello, donde estaba la fábrica, y las autoridades
eclesiásticas de Medellín, quienes llegaron a tratar de convencerlas. Por el contrario, para ese momento la huelga se había
generalizado y los pocos obreros que quedaron en la fábrica
apenas alcanzaban para aceitar las máquinas y asear el edificio.
El tercer día, en el tren de las nueve de la mañana, una
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otros ámbitos
delegación encabezada por Betsabé viajó a Medellín a buscar
solidaridad y a poner en conocimiento de la prensa la naturaleza de su movimiento y su pliego petitorio. Estuvieron en la
Gobernación de Antioquia y en las sedes de los periódicos El
Espectador, El Correo Liberal y El Luchador. “No tenemos ahorros
para sostener esta huelga, solo tenemos nuestro carácter, nuestro
orgullo, nuestra voluntad, y nuestra energía”, fueron las palabras
de Betsabé que al día siguiente salieron publicadas en la prensa.
Ella, a quien una foto de aquel año muestra como una mujer
cejona y bien plantada, tenía entonces veinticuatro años. Había
sido bautizada en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Bello
en 1896, y por ser “hija natural” tomó el apellido de su madre:
Celsa Espinal, que no Espinosa.
De su vida se conocen muy pocos datos. Se sabe que era muy
hábil en el oficio del hilado y buena hija, dedicada al cuidado de
su madre. No tuvo más hermanos ni se casó, por lo que no dejó
descendencia. De ella se sabe por el protagonismo que tuvo en
aquella huelga, en la que su nombre estuvo en la mira de los
periodistas. Uno de ellos escribió: “Surge una mujer de nombre
bíblico a encabezar un movimiento huelguista, el primero, el
único de alguna significación que ha podido llevarse a cabo en
la tierra más impropia para las huelgas: Antioquia”. Otro le dio
connotaciones de una Juana de Arco criolla, y otro más la definió como “una esclava rebelde, una mujer iluminada”.
Quien más se ocupó de la huelga y de la figura de Betsabé
fue el cronista de El Espectador que firmaba con el seudónimo El
Curioso Impertinente, quien en un lenguaje florido escribió:
Honor a esos cientos de mujercitas que han tenido la locura galante y
fértil de confrontar la resistencia y furia del capital, sin más equipaje que
una buena porción de rebelión y dignidad (…). Cómo no secundarlas si
son heraldos de una provechosa transformación social, si pueden ser las
primeras víctimas ineludibles de toda revolución que se inicia.
Y en otra crónica describió el ambiente festivo que se vivía
en torno a la fábrica de Bello, donde se ven “cuadros pintorescos de grandes grupos de obreras y obreros que cantan, bailan,
otros ámbitos
177
juegan y dan vivas a la huelga, mientras los policías que vigilan
están tan desocupados como ellos”.
Por esa vía la huelga se volvió comidilla pública y generó una
enorme simpatía entre la gente de Bello y, también, de Medellín.
Tanto que una semana después, por iniciativa de los periódicos
El Espectador y El Correo Liberal, se había conformado en Medellín un Comité de socorro para recoger víveres y dinero para
las huelguistas, y los estudiantes de medicina de la Universidad
de Antioquia hicieron su propia colecta. Es más, una fábrica de
tejidos de Medellín se ofreció a sostenerlas para que no cedieran,
durante dos meses de ser necesario.
Logros y alcances de la huelga
Después de veintiún días de parálisis y gracias a la mediación de algunos empresarios y las autoridades departamentales,
e incluso del arzobispo de Medellín, Emilio Restrepo finalmente cedió a todas las exigencias de las obreras, por lo que el 4
de marzo finalizó la huelga. Se acordó un aumento salarial de
40%, regulación del sistema de multas, jornada laboral de diez
horas y más tiempo para el almuerzo, permiso para ir calzadas
a la fábrica y el despido del acosador Velásquez y de los dos administradores.
Para ratificar el acuerdo, una delegación de obreras encabezada por Betsabé Espinal se dirigió a las oficinas de la empresa
en Medellín. En la estación del tren las recibió una multitud de
unas tres mil personas, que las acompañó durante el trayecto, en
el que, según la crónica periodística, hubo insolados. Después la
delegación fue objeto de varios homenajes, como la corona de
laurel que pusieron en cabeza de Betsabé, quien en esta ocasión,
encaramada en un taburete, pronunció un discurso memorable.
Más tarde, los estudiantes de medicina le ofrendaron una serenata.
El Curioso Impertinente, quien para entonces ya era un declarado fanático de las huelguistas, escribió un elogio de este tenor:
“El triunfo de esta causa ha sido, pues, completo. Por eso batimos nuestras palmas entusiastas a esas heroicas y viriles mujeres
de Bello, que han dado un altísimo ejemplo de valor a Medellín,
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otros ámbitos
a Antioquia y a Colombia”.
La huelga de Bello fue un hito en la historia del movimiento obrero colombiano, marcó una ruptura con la tradición de
damas que sumisa y silenciosamente eran objeto de explotación
laboral y acoso sexual en las fábricas. Con esta huelga no solo se
dignificaron como obreras y como mujeres, sino que dieron un
ejemplo que tuvo repercusiones. Una de ellas fue la presentación de un proyecto a la Asamblea de Antioquia, sobre descanso
dominical remunerado para los obreros, y que grupos de mujeres en Bogotá se inspiraran en ellas y aunaran sus fuerzas para
adelantar sus propios movimientos, como el de las capacheras y
las telefonistas. Al ejemplo de las huelguistas de Bello se debe
también el paro protagonizado en 1929 por ciento ochenta y seis
obreras de la fábrica Rosellón, en Envigado, para protestar por
la rebaja de salarios y para exigir la destitución de algunos administradores abusivos.
El final trágico de Betsabé
Nada se sabe de la vida de Betsabé Espinal en los años siguientes. Se presume que salió de la fábrica de Bello y fue a
trabajar a Medellín, donde vivió en una casa aledaña al cementerio San Lorenzo, hoy Niquitao, en compañía de una amiga
llamada Paulina González. A pocas cuadras de allí quedaba la
residencia de María Cano, la otra gran líder obrera y política de
la época, por lo que es muy probable que se hayan conocido y
tenido alguna relación.
La muerte de Betsabé se produjo a causa de una descarga
eléctrica, y fue documentada por el periódico conservador La
Defensa. Según la nota, en la que se recuerda de pasada la gesta
protagonizada por Betsabé doce años atrás, el accidente se produjo de la siguiente manera:
La noche anterior, a causa de una tormenta, en la calle frente a su casa
cayó un cable de energía eléctrica de alto voltaje (una primaria que llaman). Un vecino madrugó a alertar a todos del peligro que corrían, pero
Betsabé en un acto temerario, propio de su carácter, hizo caso omiso y
decidió solucionar el problema con sus propias manos. Así que fue hasta
la primaria, la agarró para retirarla, y ahí mismo cayó electrocutada. Al-
otros ámbitos
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canzó a llegar con vida al hospital, donde falleció el 16 de noviembre de
1932, a la corta edad de 36 años.
El destino, que suele gastarse sus ironías, quiso que su muerte, con un
mes escaso de diferencia, coincidiera con la de Emilio Restrepo, el dueño
de la fábrica donde ella lideró la huelga que inmortalizaría su nombre.
BIBLIOgRAFíA
El Espectador y El Socialista. Febrero y marzo de 1920.
Espitaletta, Reinaldo. 2002. “Huelga de señoritas, o cuando en Bello se protagonizó un alzamiento de mujeres liderado por Betsabé Espinal”. Huellas
de Ciudad. Revista del Centro de Historia de Bello. 4. Diciembre.
Reyes, Ana Catalina y María Claudia Saavedra. 2005. Mujeres y trabajo en Antioquia durante el siglo XX. Escuela Nacional Sindical. Medellín.
Uribe, María Tila. 1994. Los años escondidos. Sueños y rebeldías en la década del
20. Cerec. Bogotá.
Velásquez Toro, Magdala, dirección académica. 1999. Las mujeres en la historia
de Colombia. Tomo II. Editorial Norma. Bogotá.
EPíLOgO: LA AgENDA DE tRABAJO
DECENtE Es PAz
¿Qué será la paz?, se preguntan casi todos los ciudadanos de
Colombia en esta época de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en el mes de noviembre
del 2014 ajustará dos años. Y aunque la pregunta podría sonar
tonta, también es cierto que al menos cuatro generaciones de
colombianos no saben que es vivir en un país normal, un país
sin guerras. Entre otras cosas porque a falta de una, son varias
las que padecemos simultáneamente sin contar con la confusa
violencia social que padece la mayoría de los pobladores de las
grandes ciudades y que parece uno de los mayores obstáculos
para ganar apoyo público, no la salida negociada, sino a los costos políticos, jurídicos y ahora fiscales de los acuerdos.
Bueno, y además de su significado, ¿qué es necesario para
lograr la paz?: ¿la firma y el cumplimiento de los acuerdos?, ¿Es
184
ePílogo
la ausencia de enfrentamientos armados por la dejación de las
armas y la reintegración de un buen número de combatientes?
Siendo uno de los conflictos armados más antiguos del mundo,
¿será el cese de las hostilidades el final de la violencia o de la
inseguridad? Y se preguntarán otros más sabios. Bueno y si hay
paz, ¿cómo hacer que dure?
Podemos preguntarnos muchas otras cosas sobre este momento histórico sustantivo en el que los sueños de muchos con
un país normal, como todos, sin guerras externas y menos internas, parece poder hacerse realidad. Esto puede llevar a otra
pregunta: ¿el fin del conflicto con las Farc llevará a la sociedad
colombiana a algo así como el nirvana, al final de los conflictos,
a un gran consenso reformista —que sería toda una novedad
desde el Frente Nacional— a una paz perpetua?
Seguro que no. Quizá lo que puede o debe ocurrir es lo
contrario: aumentarán los conflictos, las movilizaciones, las exigencias de derechos y bienes universales que podrán producirse
en principio, sin la presencia de los actores armados ilegales,
desmovilizados unos, y ojalá muy debilitados otros y quizás sin
la acción ilegal de los armados oficiales. ¡Ojo! Esto último todavía está por lograrse, la desmilitarización de la sociedad y del
Estado colombiano deben ser una prioridad.
De otro lado, los acuerdos del proceso de paz, que deben
ser refrendados por el pueblo, reglamentados por el Congreso
y ejecutados por el Gobierno, pueden abrir un poco el régimen
político, disminuir las violaciones de derechos humanos, mejorar las condiciones de vida del campesinado y cambiar la manera de enfrentar la producción de ciertas drogas ilícitas, pero no
mucho más.
Esta cuota inicial no alcanza para la paz. Alcanza para que
las Farc dejen las armas, y esto no es poco. Pero la “Paz” positiva, con mayúscula, necesita de otras cosas, sobre todo de un
nuevo marco institucional de las relaciones laborales, un lugar
de extrema violencia estructural y, lugar muy importante, de
segregación social.
ePílogo
185
Resolver esto nos lleva al camino largo que va de la paz negativa, entendida como la sola ausencia de guerra, hacia la paz
positiva, en la que el logro de la paz estructural con justicia, es el
punto de llegada. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales
del país, caracterizadas por la polarización, la persistencia de la
violencia y la segregación social existentes, podría hacerno caer
fácilmente en dos baches: el primero es el de la paz violenta,
en el que segregación, los actores armados y la delincuencia
permanecen y, de pronto, hasta se multiplican. O, en segundo
lugar, una paz de las castas, en cuanto los acuerdos no entran en
vigencia por ausencia de interés ciudadano o, sobre todo, por
falta de voluntad política de las élites y el Estado, por ejemplo.
Pero volvamos a la apuesta por la paz positiva que es la que
más nos gusta. Si esa paz es un estado de justicia, de inclusión
y de superación de conflictos estructurales, el tema del trabajo
y, en particular, el del logro del trabajo decente para la mayoría
de la población económicamente activa del país, es un asunto
sustantivo para el logro de la paz duradera y un camino esencial
para no caer en la paz violenta o en la paz de las castas.
Hay unas razones históricas, políticas y de modelo económico que deben hacernos precavidos en este momento y mirar
detalladamente el contexto, porque es claro que no habrá un
avance democrático sin sociedad civil activa. A pesar de que tantos desde nuestra orilla de la izquierda o al menos del progreso,
quieren unir la paz con una particular transición democrática e
inclusiva, por el momento sin movilización social, esto último
no parece posible. Y para esto es necesario reconstruir movimientos sociales como el sindical, profundamente debilitado
por décadas de violencia y persecución.
1. La historia
En el siglo xx, Colombia vivó varios momentos de reforma
política y económica fácilmente identificables y, en el siglo xxi,
por el contrario, en el país ha dominado la reacción. Esos periodos breves estuvieron caracterizados por sus acotados límites y
186
ePílogo
poca ambición, fueron primaveras otoñales de ampliación de la
ciudadanía que ocurrieron a partir de 1904 y que en todos los
casos desataron procesos de movilización ciudadana y en particular laboral, que intentaron ampliar un poco más y a costa de
grandes sacrificios el estrecho marco reformista de las élites.
Así entre 1904 y 1914 se limaron algunos de los muchos
rasgos dictatoriales de la Constitución de la Regeneración y esto
llevó a que, por ejemplo, un sector del Partido Liberal encabezara un cambio programático que incluyó propuestas de reforma
del Estado, protección del trabajo y reconocimiento de derechos
sociales. Inmediatamente después aparecieron los primeros movimientos laborales y las primeras protestas sociales, agrarias e
indígenas, que fueron duramente reprimidas.
El reformismo de López Pumarejo entre 1934 y 1938 permitió la institucionalización del sindicalismo y su reconocimiento
político, con un marco restringido que aún padecemos. La pausa, la división liberal, el odio conservador y el propio proceso
limitaron severamente el alcance de las reformas, que al final
fueron consagradas en 1945 y casi que anuladas en la práctica
por la huelga de la Fedenal. Después vino el auge gaitanista, y la
gran agitación laboral entre el 1946 y 1949.
En 1957 el plebiscito legitimó el acuerdo bipartidista diseñado por la Comisión de Ajuste Institucional y se abrió un nuevo
periodo de tímida apertura y, sobre todo, de movilizaciones
laborales muy importantes que terminarían con las reformas y
las conquistas sindicales de 1965 y 1966, duramente rechazadas
por el empresariado, pero que permitieron el crecimiento y la
politización del movimiento sindical, generando las medidas
restrictivas de Lleras Restrepo.
A partir de los setenta y hasta mediados de los ochenta, ya
sin mediar una iniciativa desde lo alto del poder, se produjeron
las movilizaciones laborales más importantes en cuanto a su tamaño, duración y objetivos. Este proceso se produjo en medio
de los síntomas de agotamiento del modelo sindical y la guerra
sucia, a los que el movimiento intentó responder con la creación
de la CUT.
ePílogo
187
La última primavera fue la que vivió Colombia entre 1990
y 1991, en la que el movimiento sindical llegó activo electoralmente pero sitiado por las reformas económicas y laborales y,
sobre todo, por la violencia. Así, la Constitución consagró una
idea moderna de relaciones laborales y amplió el contenido del
derecho a la libertad sindical, pero también el modelo económico neoclásico. El componente de derechos de la Carta del 91 fue
(y es) bárbaramente combatido y, en el campo laboral, está aún
por desarrollar.
2. La política
Aunque en Colombia se habla más de paz que de transición
a la democracia, sí es cierto que el carácter de los acuerdos alcanzados hasta ahora y la agenda represada de cambios y reformas de fondo que el movimiento sindical y otros movimientos
sociales colombianos proponen y necesitan, llevan a soñar con
que el posconflicto y la construcción de la paz serán momentos
de ampliación del sistema político y de fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil.
Igualmente, será un período de construcción de la memoria,
de reparación colectiva y de intentos de reconstrucción de los
movimientos sociales, muy golpeados por la guerra (campesinos, y sindicalistas sobre todo).
Sin embargo, y aunque la paz hace soñar a muchos con el
consenso en las reformas, la ampliación democrática y la superación de la segregación social, el contexto actual, los discursos,
los proyectos de ley y las acciones del gobierno, la oposición
uribista y de los gremios empresariales a reformas fiscales, laborales o sobre la propiedad de la tierra, hacen pensar en que no
será un camino ni fácil, ni conversado.
En lo agrícola y lo laboral por ejemplo, el gobierno y el
empresariado siguen aplicando su visión de excluir la tierra y
el trabajo decente de la agenda pública y de las decisiones del
Estado. Miren por ejemplo las características del proyecto de ley
presentado al Congreso sobre tierras baldías (http://lasillavacia.
com/elblogueo/blog/ley-de-baldios-negocio-redondo-tras-la-
188
ePílogo
conquista-de-la-ultima-frontera-agricola-48866), y el más reciente: el Informe de Trabajo Decente publicado por la Escuela
Nacional Sindical el 6 de octubre pasado (http://ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;1;-;-;&x=20170280). Ambos documentos
señalan las restricciones existentes (sin esperar su eliminación)
en el acceso a la tierra por parte de campesinos pobres y en los
derechos a organizarse y a negociar colectivamente por parte de
los trabajadores. En este último caso, las limitaciones hacen casi
inoperantes los derechos sindicales en Colombia. Y sin sindicatos fuertes no es posible avanzar en procesos reales de formalización laboral y disminución de la precariedad o la explotación.
3. La economía
El profesor del Centro de Investigaciones del Desarrollo de
la Universidad de los Andes (CIDER), Mauricio Uribe López,
al presentar el documento “Propuesta de lineamientos de política pública de desarrollo regional, paz y reconciliación”, propone
una agenda mínima de reformas y acciones concretas para alcanzar la paz positiva en Colombia, entendiendo que la mera
paz negativa, representada en la dejación de armas y en el cumplimiento de los acuerdos de paz, sin cambios de fondo en problemas del desarrollo, conllevarán a una paz violenta, en donde
un actor sale del campo de batalla, pero permanecen otros.
Para lograr la paz duradera, el profesor Uribe propone resolver los cuatro nudos críticos existentes entre guerra y estilos
de desarrollo. Esto exige no solo la intervención del Estado y las
élites, sino también superar la segregación social para alcanzar
una sociedad cohesionada y ciudadanías de alta intensidad que
actúen desde la civilidad para construir horizontes de futuro
conjunto.
Los cuatro nudos críticos entre guerra y desarrollo que deben ser resueltos con decisiones de fondo, son:
− La incapacidad de construir un aparato productivo con alto
valor agregado que incluya a toda la sociedad, sobre todo a
través de generación masiva de trabajo decente.
ePílogo
−
−
−
189
La desigualdad en sectores y territorios claves a través de
la regulación y el aumento de la tributación a la economía
extractiva.
La cultura anticampesina, que se debe romper ampliando
las zonas de economía campesina y los programas territoriales de desarrollo y paz.
Los graves problemas de gobernabilidad regional, que se
deben resolver limitando la corrupción, rompiendo las relaciones entre gobiernos y delincuencia, y fortaleciendo dicha
gobernabilidad para que su regulación sea eficaz.
Nosotros incluiríamos transformaciones muy fuertes sobre
la informalidad laboral y sobre el ejercicio de las libertades sindicales, para poder contar con ciudadanías laborales activas y
transformadoras del enorme déficit de trabajo decente del país.
Agenda laboral y sindical para la formalización,
la inclusión y la superación del déficit de trabajo
decente en Colombia
La gravedad del déficit de trabajo decente se refleja en las
cifras presentadas en el prólogo de este libro, y también puede
verse a lo largo de las crónicas y reportajes que lo conforman.
Pero también puede verse en cualquier periódico, ya que en
ellos se habla (así sea poco y mal) de ello. Lo dicen también las
encuestas de opinión, en la que se señala, desde hace casi dos
décadas, que el empleo y los ingresos son los principales problemas del país. Aunque siempre en los temas del empleo son
la prioridad para los gobiernos nacionales y locales, los de turno
han sido mal calificados.
La agenda de cambios que deben realizarse en el campo laboral y sindical en Colombia, es un fardo cada vez más pesado
que cargan gobiernos y empresarios, y que es urgente empezar a
resolver para vencer la exclusión social.
Recientemente, en la Escuela Nacional Sindical hemos recopilado un catálogo largo de reformas legales pendientes que
es imperativo realizar:
190
ePílogo
1. En formalización laboral
Es necesario llevar a cabo una política pública de formalización laboral, que sea el resultado de un acuerdo entre las
centrales sindicales, los empresarios y el gobierno. Esa política
permitiría articular los esfuerzos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, y contribuiría a fortalecer la capacidad
del Estado para hacer prevalecer la legalidad en el mundo del
trabajo.
Sus propósitos serían dos:
1.1 Articular y fortalecer las acciones institucionales y sociales dirigidas a la formalización de las relaciones laborales en el
país, y con ello, avanzar en el logro del trabajo decente para cerca
de 14 millones de colombianos que trabajan en condiciones de
informalidad laboral.
En particular esta política centraría sus esfuerzos en:
1.1.1 Legalizar las relaciones laborales de cerca de seis millones de colombianos a los que se les defrauda sus derechos. Esa
legalización implicaría el desmonte de la intermediación ilegal
que se realiza a través de las cooperativas de trabajo asociado
(cta), las sociedades anónimas simples (sas), algunas empresas
de servicios temporales (est) y los falsos sindicatos que suscriben contratos sindicales, entre otras; así como reducir el uso de
contratos de prestación de servicios en las entidades públicas
para realizar funciones permanentes y misionales.
1.1.2 Adoptar medidas que contribuyan a la generación de
oportunidades de trabajo productivo en condiciones de trabajo
decente para los más de ocho millones de colombianos que realizan su trabajo por cuenta-propia.
1.2 Generar mejores condiciones para el ejercicio de la libertad sindical y, en particular, del derecho fundamental a fundar y pertenecer a una organización sindical.
Para el desarrollo de esta política es necesario implementar
estrategias de formalización del empleo en Colombia, enfocadas
en aquellos colectivos de trabajadores que hoy presentan condiciones de trabajo bastante distintas, tales como:
ePílogo
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191
El 30% del total de la población ocupada asalariada dependiente que no está formalizada, y devenga salarios por debajo del mínimo legal y sin protección social.
La población ocupada por cuenta propia, que en las 13 áreas
metropolitanas representa el 60% de la población ocupada
en el sector de la economía informal.
Los trabajadores y trabajadoras subcontratados a través de
agencias de trabajo temporal, de falsas cooperativas y falsos
contratos sindicales, o a través de sas constituidas para remplazar cta y para hacer intermediación laboral.
Los trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios en entidades del Estado.
Las estrategias, por tanto, tienen componentes distintos, por
las distintas problemáticas que explican la situación de informalidad y de precariedad en que se encuentran estos colectivos de
trabajadores.
La política pública que proponemos debe contemplar acciones en las siguientes estrategias:
− Estrategia de diálogo social y acuerdos sectoriales y locales
por la formalización laboral y el trabajo decente.
− Estrategia de reforzamiento de la inspección laboral para reducir la ilegalidad en las relaciones laborales.
− Estrategia de auditoría y veeduría sindical y ciudadana a las
condiciones laborales.
− Estrategia de campañas de sensibilización y formación a servidores públicos, empresarios, sindicalistas y trabajadores
sobre la formalización laboral, el trabajo decente y la libertad sindical.
− Estrategia de producción de conocimiento y documentación de buenas prácticas sobre productividad y competitividad basada en la formalización laboral y el trabajo decente.
− Estrategia de incentivos (tributarios, apoyo público, etc.) a
empresas que formalicen los empleos.
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ePílogo
Estrategia de intervención e incentivo a sectores que más
generan empleo (vivienda con trabajo decente, infraestructura con trabajo decente y transporte público con trabajo
decente, por ejemplo.
Estrategia de estímulos para de elevar la productividad de
las actividades económicas de los trabajadores por cuenta
propia.
2. Propuestas en materia de inclusión laboral
La inclusión laboral es una perspectiva y también un objetivo que requiere de acciones tanto en lo público como con
los sujetos trabajadores excluidos o subordinados, a través de
propuestas de implementación de dispositivos que deconstruyan los estigmas sociales, y que promuevan la inclusión de esos
grupos al mundo del trabajo, de manera equitativa y desde una
perspectiva de trabajo decente.
2.1 Trabajo doméstico
Este trabajo sigue siendo infravalorado y lo realizan principalmente las mujeres (95%) y las niñas, y muchas de las cuales
son: migrantes internas o que están en situación de desplazamiento forzado por la violencia, afrodescendientes o forman
parte de comunidades desfavorecidas.
El 91% de las trabajadoras internas trabaja entre 10 y 18 horas al día; el 32% de las trabajadoras por días trabaja entre 11 y
14 horas al día; al 90% de ellas no se le pagan horas extras; el
86% recibe mensualmente menos del salario mínimo; más de la
mitad afirma haber sido discriminada en sus lugares de trabajo.
Es necesario implementar acciones en las siguientes líneas,
en orden de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio
189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos
(convenio que ha sido ratificado por Colombia):
− Una estrategia de inspección laboral para el acceso a la justicia, que recoja sus particularidades, se adecúe a contextos urbanos y rurales y esté directamente encaminada a la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación,
ePílogo
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193
la violencia de género y que verifique las condiciones de trabajo decente. Ello debería implicar acciones de formación,
diseño de herramientas de inspección, incremento de la inspección laboral a empresas y hogares con servicio doméstico,
así como a las empresas tercerizadoras; realización de inspección preventiva con seguimiento, atención prioritaria y diferencial, y realización de estudios de diagnóstico del sector.
Promover la formalización laboral en el sector, lo que implicaría acciones para el reconocimiento de esta labor como
un trabajo que debe entenderse enmarcado en una relación
laboral, el auto reconocimiento de las trabajadoras como
sujetas de derechos, la promoción de procesos de agenciamiento de oportunidades laborales, la promoción educativa
y la contratación directa. Ello puede desarrollarse a partir de
campañas y canales de comunicación, información y formación, dirigidos a trabajadoras y trabajadores domésticos y a
sus empleadores; implementar medidas afirmativas para el
acceso a la educación.
Promover el diálogo social para que las trabajadoras y trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y el
derecho de negociación colectiva, a partir de la Mesa de
Trabajo Doméstico creada por el Ministerio de Trabajo;
campañas, promoción de la creación y fortalecimiento de
organizaciones sindicales en el sector y desarrollo de mecanismos para la estabilidad reforzada de las trabajadoras y
trabajadores con afiliación sindical.
Tomar medidas para la protección de trabajadores y trabajadoras migrantes, reglamentando lo señalado al respecto
en el Convenio 189 de la OIT, realizando acuerdos internacionales de cooperación, implementando campañas para
prevenir la trata de personas y protegiendo la diversidad cultural de estas trabajadoras y trabajadores.
2.2 Economía del cuidado
A partir de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo (enut)
realizada por el Dane en desarrollo de la Ley de Economía del
194
ePílogo
Cuidado (Ley 1413 de 2010), se logra visibilizar que las actividades del cuidado son mayoritaríamente realizadas por las mujeres, quienes destinan a ello tres veces el tiempo que destinan los
hombres a ello: esta carga es más alta para las mujeres que habitan en zonas rurales (cuatro veces mayor a la de los hombres),
se mantiene en las distintas etapas de la vida y es independiente
del nivel educativo.
Lo anterior tiene, entre otras, varias implicaciones: provoca
que las mujeres tengan doble o triple jornada de trabajo, obstaculiza su participación en el mercado laboral, impide que las
personas que requieren cuidados ejerzan este derecho de manera plena. Las mujeres que se dedican exclusivamente a estas
actividades no gozan de ningún tipo de protección social ni de
otras garantías laborales, entre ellas, una remuneración o la posibilidad de pensionarse.
De otro lado, la oferta institucional de servicios del cuidado y las políticas laborales, al respecto, no son suficientes para
cubrir la demanda actual de cuidados, y requieren ampliarse y
adecuarse a las tendencias sociodemográficas que determinan
las necesidades del cuidado, como el envejecimiento de la población.
Algunas medidas que pueden ser implementadas por el Ministerio del Trabajo, son las siguientes:
− Crear una Mesa de Economía del cuidado, como un espacio
tripartito de diálogo social.
− Implementar acciones para promover que las empresas implementen medidas para la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral.
− Promover la ratificación del Convenio 156 de la OIT sobre
personas con responsabilidades familiares.
− Promover un proyecto de ley y una política pública que promuevan la redistribución, remuneración y reconocimiento
de los roles del cuidado entre mujeres y hombres. Entre las
medidas que pueden implementarse, se resalta la creación
de un sistema nacional de cuidados con una oferta institucional de servicios formales del cuidado.
ePílogo
195
2.3 Equidad salarial
A finales de 2013, la brecha de género en materia de remuneración, demostró que las mujeres ganan 18,5% menos que los
hombres; en el 2012, alcanzó su expresión más aguda, el 20,9%.
En comparación con el 2010, esta brecha se ha ampliado en 2,7
puntos porcentuales. De hecho, la mayor concentración salarial
para las mujeres (27,3%) se halla entre 0 y 0,5 smlmv, mientras
que para los hombres (29,7%), está entre 1 y 1,5.
El Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración
(ratificado también por Colombia), crea para el Estado una serie
de obligaciones en la materia; de otro lado, la Comisión de Expertos de la OIT, ha realizado diversas recomendaciones.
En esta línea, deben realizarse las siguientes acciones:
− Acatar las recomendaciones del Comité de Expertos de la
OIT en el sentido de que se deben ajustar los factores de
nivelación salarial establecidos en la Ley 1496 de 2011, de tal
manera que contenga el principio de «igualdad de remuneración por trabajo de igual valor», incorporando un método
analítico que permita determinar si incluso trabajos diferentes tienen o no el mismo valor; estos factores incluyen: las
capacidades y cualificaciones adquiridas a través de la educación, la formación o la experiencia; responsabilidad por
equipamiento, dineros o personas; esfuerzo físico, mental y
psicológico; y, condiciones de trabajo físicas y psicológicas.
− Reglamentar la Ley 1496 de 2011 sobre equidad salarial.
2.4 Violencia de género
La violencia de género en el mundo del trabajo es un fenómeno que permanece invisibilizado: se presenta de manera
frecuente y normalizado, enmarcado en relaciones de subordinación laborales y de género, que impiden su denuncia e incluso
su registro.
El Decreto 4463 que reglamenta la ley 1257 de 2008, señala
diversas obligaciones para el Ministerio del Trabajo. Algunas de
ellas se desarrollan en el Programa Nacional de Equidad Laboral
196
ePílogo
con enfoque diferencial de género, previsto para ser desarrollado
entre los años 2013-2016. En aquellos se definen acciones específicas que deberá adoptar el Ministerio del Trabajo en coordinación con otras entidades.
Las acciones que deben realizarse son las siguientes:
− Difundir y sensibilizar a empleadores, trabajadores, personal de las áreas del talento humano de las entidades públicas
y privadas en el conocimiento de las leyes, los convenios,
tratados, acuerdos, normas y estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer en materia laboral (decreto 4463 de 2011).
− Definir e implementar políticas laborales para prevenir y
erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia contra
la mujer trabajadora (decreto 4463 de 2011).
− Divulgar el beneficio de la deducción de un 200% del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 23 de la Ley
1257 de 2008 a los empleadores que ocupen trabajadoras
víctimas de la violencia, con garantía de confidencialidad y
no revictimización para ellas (decreto 4463 de 2011).
− Desarrollar ejes de investigación que incluyan diagnóstico,
líneas de base e indicadores que permitan visibilizar la situación de violencia y discriminación en el ámbito laboral de
las mujeres en Colombia (decreto 4463 de 2011).
− Establecer lineamientos de sensibilización y formación con
enfoque diferencial y de género sobre la Ley 1010 de 2006
sobre acoso laboral (decreto 4463 de 2011).
− Que las arP incluyan los riesgos de violencia sexual y otras
formas de violencia en contra de las mujeres dentro de la
categoría de riesgo profesional, y promover su inclusión en
las agendas de los coPasst (decreto 4463 de 2011).
− Promover el cumplimiento del artículo 12, númeral 2, de la
Ley 1257 de 2008, por parte de las arP y establecer un sistema de información confidencial para recopilar las quejas
de acoso sexual contra las mujeres en el ámbito laboral y
de otras formas de violencia en su contra. Para ello, las arP
ePílogo
197
deben diseñar un protocolo de recepción de quejas de acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer en el
ámbito laboral, que incluya la asesoría jurídica, psicológica,
la estimación del daño y el procedimiento para la remisión
a las autoridades competentes, y el Ministerio del Trabajo
vigilará el cumplimiento del mismo (decreto 4463 de 2011).
2.5 Mujer rural
Las mujeres representan el 50,6% de la población en Colombia. Del total de mujeres, el 21,7% habita en zonas rurales. En
términos generales, estas tienen menor autonomía económica
que las que habitan en áreas urbanas; asimismo, tienen menos
acceso a redes de apoyo y una menor provisión de servicios de
cuidado y salud.
Para las mujeres que habitan en zonas rurales, la tasa desempleo es del 11,3% (triplica la de los hombres, que es del 3,4%); la
brecha en cuanto a género y sector rural-urbano en el mercado
laboral es mucho más profunda en el campo.
En materia de protección social, el sector de la economía en
el que menos personas cotizan a pensión, es el de agricultura,
pesca, ganadería, casa y silvicultura. En dicho sector el nivel de
cotización que alcanza las mujeres es sólo un nivel de cotización
del 9,5%, lo que en efecto señala la especial situación de riesgo
para las mujeres que habitan en zonas rurales.
Podrían adelantarse las siguientes acciones:
− Promover la ampliación de servicios formales de cuidado
para las mujeres rurales y, en general, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
− Fomentar la creación de organizaciones sindicales en el
campo, y la participación en ellas de las mujeres.
− Promover la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos
laborales al sistema general de riesgos profesionales, en desarrollo del artículo 14 de la Ley 731 de 2002.
− Adelantar estudios, campañas y acciones de prevención,
promoción y educación, destinados a las mujeres rurales,
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ePílogo
con el fin de mejorar su calidad de vida, ya sea por labores
que desempeñen desde su casa de habitación o en desarrollo
de su actividad rural, a tenor de lo establecido en el artículo
14 de la Ley 731 de 2002.
Promover acciones específicas para la equidad de género en
sectores feminizados de la agroindustria, como flores y banano.
Fomentar la asociatividad de las mujeres rurales.
2.6 Jóvenes
Una situación que caracteriza y limita el mundo laboral juvenil tiene que ver con la normatividad. Las leyes 1429 de 2010
de primer empleo, y 789 de 2012 sobre contrato de aprendizaje,
más que generar un efecto positivo en esta población, lo que
produjeron fue la restricción al acceso de derechos laborales tales como: la pertenencia a una organización sindical, a un salario
justo y a la estabilidad laboral, entre otras prohibiciones. Según
el Dane desde la creación de la “Ley del primer empleo” en 2010,
solo el 2,7% de las 237.147 empresas que se crearon en el año
siguiente (2011) cumplieron con los parámetros propios de esta
nueva ley.
Para 2010, la tasa de desempleo juvenil fue de casi del 19%,
y para el 2013, esta se ubicó en el 15,5%. Esto es una reducción
de 3,2 puntos porcentuales. Según los datos, la meta se cumplió
y se superó pero, en términos absolutos, solo representó 194 mil
jóvenes desempleados menos en un periodo de cuatro años.
Las mujeres jóvenes siguen presentando la mayor precariedad laboral, con una tasa de desempleo del 26,5%, superior en
11 puntos a la de los hombres jóvenes, que es del 15,2%. Todo
esto se traduce en menos posibilidades de superar inequidades
de género desde la generación de ingresos para la independencia
económica de las mujeres.
Algunas medidas que pueden ser implementadas son las
siguientes:
− Promover la cátedra de ciudadanía laboral a través del sena,
como espacio para la formación en derechos laborales de
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199
jóvenes que se están educando para el trabajo, como empleados o empleadores.
Realizar una campaña de afiliación sindical entre la población joven.
Programas de inclusión laboral al estilo del programa «Jóvenes con futuro» de la ciudad de Medellín, que focaliza su
acción en jóvenes de bajos recursos para la formación técnica, tecnológica en estudios que sean parte de la demanda
laboral actual. Esta formación debe ser gratuita y subsidiada
en alimentación y transporte con altas posibilidades de vinculación laboral con trabajo decente a través de acuerdos
con el empresariado.
Superar los vacíos de las leyes 1429 de 2010 de primer empleo, y 789 de 2002 de contrato de aprendizaje, ampliando
los derechos laborales de los jóvenes vinculados laboralmente bajo esta modalidad.
Eliminar la libreta militar como requisito de acceso al trabajo.
Eliminar la solicitud de tarjeta profesional como requisito
de acceso al trabajo.
Fortalecer la vinculación preferencial en el sena.
2.7 Personas en situación de discapacidad
En la actualidad se registra un total de 2.943.971 personas
con discapacidad en el país. El 52,3% de ellos están en edad productiva; pero solo el 15,5% se encuentra realizando algún tipo
de trabajo; y de estas, solo el 2,5% obtiene remuneración de un
smlv.
Algunas acciones que pueden ser realizadas son:
− Inspeccionar los lugares de trabajo para verificar que no
haya discriminación laboral (salarial, contractual, accesibilidad o de beneficios) mediante un plan nacional de visitas de
oficio.
− Promover, entre empresas grandes del país, la vinculación
de personas con discapacidad como parte del programa de
responsabilidad social empresarial, y que se le haga vigilan-
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ePílogo
cia e inspección por parte del Ministerio de Trabajo a dicha
vinculación.
Realizar campañas para la promoción de incentivos a la contratación de personas con discapacidad, para la desmitificación de los prejuicios que se tienen al contratar personas
con discapacidad.
Articular acciones con el Consejo Nacional de Discapacidad para que, desde la política pública de discapacidad, se
generen programas con recursos para la generación de empleo.
Promover el teletrabajo como una medida temporal para la
superación de la exclusión, pero haciendo estricta vigilancia
y control a los hogares para verificar condiciones de salud
ocupacional y condiciones contractuales.
Incluir dentro de las inspecciones preventivas o las capacitaciones, los temas relacionados con las ventajas de contratar
personas con discapacidad y la protección que tienen en temas discriminación.
Incluir o divulgar a partir del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad que tiene el Ministerio de protección social y salud indicadores de empleo
y de condiciones laborales para identificar cuantas personas
trabajan, en qué sectores se ubican y en qué condiciones.
Hacer visitas in situ cuando se reporten de accidentes de trabajo y hacer seguimiento a todo el proceso de reubicación y
estabilidad laboral reforzada.
2.8 Población afrodescendiente
Los y las afrodescendiente en Colombia representan el 10,6%
de los colombianos (as), es decir, son 4.316.592 personas que
hacen parte de la población afro. El 63,7% de trabajadores afro
en las ciudades de Medellín, Cali, Buenaventura y Cartagena
son trabajadores por cuenta propia. Le siguen los empleados de
empresas particulares, con el 21,6%. Un porcentaje significativo
de la población afrocolombiana se ubica en la informalidad y los
que son trabajadores formales en empresas son discriminados
ePílogo
201
en sus lugares de trabajo.
Para mejorar las condiciones de trabajo de esta población es
necesario:
− Inspeccionar los lugares de trabajo en los que haya población afro, para verificar que no haya discriminación laboral racial (salarial, contractual o de beneficios) mediante un
plan nacional de visitas de oficio.
− Realizar Campañas para promover la no discriminación
para el acceso a trabajos y en los lugares de trabajo.
− Difundir los mecanismos de defensa administrativa que tienen estas personas ante actos de discriminación racial en el
trabajo.
− Articular acciones con el Consejo Laboral Afrocolombiano
para promover acuerdos de formalización a grandes grupos
de trabajadores tercerizados e informales en sectores priorizados como puertos, caña, palma, minas y otros como construcción y trabajo doméstico.
− Incluir dentro de las inspecciones (preventivas o de capacitación) temas de no discriminación racial, y promover la
contratación de población afro en las empresas como parte
de los programas de responsabilidad social empresarial.
2.9 Trabajo infantil
Según el Dane, para el trimestre comprendido entre octubre
y diciembre de 2013, la tasa de trabajo infantil fue del 9,7% (y
14,8% ampliado); es decir, niños y niñas que trabajan en su hogar por más de 15 horas a la semana (para hombres fue el 12,5%,
y para mujeres 6,6%), fenómeno concentrado en los sectores de
comercio, hoteles y restaurantes (34,6%); y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (34,3%).
Las acciones que se proponen son:
− Liderar el diseño de la nueva política de erradicación del trabajo infantil a partir de la evaluación a la Estrategia Nacional
de Erradicación de Trabajo Infantil 2008-2015.
− Vincular laboralmente y en condiciones de trabajo decente a
padres y madres de niños y niñas trabajadores identificados,
202
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ePílogo
en una línea que supere la dependencia de las transferencias
condicionadas hacia la autonomía, mediante la contratación
laboral y los derechos conexos que ello implica.
Inspección de trabajo infantil en el sector formal e informal
de la economía. Esto significa inspectores especializados
en trabajo infantil. Continuar con acciones de inspección
como la que realizaron en almacenes de grandes superficies
para que dejaran de vincular a jóvenes de manera informal.
Asignación de presupuesto para la acción de los inspectores
en los niveles municipales.
3. Propuestas en materia de libertad sindical
3.1 Inspección en temas de libertad sindical
No basta consagrar legislativamente la libertad sindical, es
necesario, garantizar su ejercicio, y para ello, es indispensable:
− Que la inspección del trabajo se realice en cumplimiento
a los Convenios 81 y 129 de oit, es decir, que se proteja
la libertad sindical en casos de discriminación antisindical,
sin importar si hay vínculo laboral u otro tipo de vínculo;
o en los casos en lo que las empresas se nieguen a iniciar
negociaciones, u obtaculicen la constitución de tribunales
de arbitramento, etc. En esos casos, es necesario implementar un plan de choque que permita tramitar rápidamente la
gran cantidad de querellas que se encuentran pendientes de
resolver.
− Realizar la inspección laboral en casos de coexistencia, en
una misma empresa, de organizaciones sindicales y pactos
colectivos.
− Proveer un verdadero y efectivo acceso a la justicia para la
protección de la libertad sindical, con defensores públicos
para los trabajadores y organizaciones sindicales que han sufrido violaciones a sus derechos.
− Controlar y sancionar los falsos sindicatos que suscriben
contratos sindicales para deslaboralizar, precarizar y desnaturalizar los fines de las organizaciones sindicales.
− Prevenir actos de discriminación antisindical con procedi-
ePílogo
203
mientos expeditos para impidir las violaciones a la libertad
sindical.
3.2 Ley de reforma integral a la libertad sindical
En cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de
control de la oit en materia de libertad sindical, se debe abrir
un espacio de diálogo que permita preparar una propuesta de
reforma legal encaminada a la adecuación de la legislación colombiana a los convenios 87 y 98 de esta organización.
Estos cambios deberían producirse con una ley que regule
la libertad sindical de manera integral, resultado de un amplio
proceso de discusión y concertación. Dicha ley debería incluir
las recomendaciones de la oit pendientes de cumplir:
− Artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo (cst): garantizar el derecho de asociación para todos los trabajadores, sin
importar el vínculo laboral.
− Artículo 450, párrafo 2 (cst). En él se faculta al empleador
para despedir trabajadores que han participado en una huelga declarada ilegal.
− Artículo 430, literal h) (cst). En él se establece la prohibición de la huelga en el sector petróleo, esto es contrario al
Convenio 87.
− Artículo 430, incisos b), d), f), g), y h) y artículo 450, párrafo 1, inciso a) (cst); Ley 633/00; Decreto 414/52; Decreto 437/52; Decreto 1543/55; Decreto 1593/59; Decreto
1167/63; Decreto 57/67; Decreto 534/67; artítulo 450, párrafo 2 (cst). Estas normas establecen la prohibición de la
huelga en una amplia gama de servicios que no son esenciales y, a su vez, facultan al empleador para despedir a trabajadores que hayan intervengan en huelgas declaradas a
posteriori ilegales.
− Artículo 417, inciso i) (cst). Establece la prohibición de
huelga a federaciones y confederaciones sindicales.
− Artículo 481 (cst). En el sentido de que se debe garantizar
la prohibición de pactos colectivos cuando exista organización sindical.
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ePílogo
Acto Legislativo 01 de 2005. Por cuanto la modificación
unilateral de convenciones colectivas, no permite negociar
acuerdos pensionales en la negociación colectiva.
Artículo 399 (cst). No se garantiza el derecho de asociación
a jubilados y desempleados.
Artículo 354 (cst). Que establece multas irrisorias por violación al derecho de asociación en comparación con las establecidas en el numeral 2, artículo 486, modificado por la reciente Ley 1610/2013. En la práctica siempre, por violación
a la libertad sindical, se sigue aplicando el 354.
Además, los órganos de control de la oit, han señalado varias
omisiones legislativas que obstaculizan el ejercicio de la libertad
sindical. Algunas de ellas, son:
− No está regulado el derecho a los permisos sindicales.
− No está regulado el derecho de acceso de los sindicatos a las
empresas, y a los trabajadores en su lugar de trabajo, y además, no está regulada la representación de los trabajadores
en el lugar de trabajo (Convenio 135).
− No están reguladas las funciones de las federaciones y confederaciones como organizaciones sindicales.
− No está regulada la negociación colectiva por rama de actividad económica.
− No está regulada de manera precisa y estricta la huelga en
servicios públicos esenciales y tampoco están regulados los
servicios mínimos.
− No se concibe la huelga como un derecho fundamental,
sino como una etapa del proceso de negociación colectiva.
− No hay una regulación coherente de las funciones y facultades de los inspectores para sancionar por violaciones a la
libertad sindical.
3.3 Mecanismo judicial de protección de la libertad sindical
para ser incluido en la reforma a la justicia
No existe un mecanismo judicial expedito para la protección contra actos de injerencia y de discriminación antisindical.
ePílogo
205
Y al no existir dicho mecanismo, las organizaciones sindicales se
ven obligadas a acudir a la acción de tutela, y en la mayoría de
los casos, la protección es negada por los jueces, argumentando
paradójicamente que existen otros medios de defensa judicial.
Dicho procedimiento podría ser el mismo que está estipulado en el artículo 380 del cst, previsto para la disolución y
liquidación de organizaciones sindicales. Bastaría introducir un
parágrafo en dicho artículo, señalando que las organizaciones
sindicales podrán acudir al juez laboral a proteger la libertad
sindical en casos de actos de injerencia y discriminación antisindical.
4. Propuestas para fortalecer el Ministerio de Trabajo
4.1 Propuesta de fortalecimiento de la inspección laboral de
conformidad a recomendaciones de la comisión de expertos de
la oit en relación con el Convenio 81.
En primer lugar son necesarias medidas legislativas:
− El gobierno colombiano debe ratificar la Parte II del Convenio, relativa a la inspección del trabajo en establecimientos
comerciales.
− El gobierno colombiano debería ratificar el Convenio 176
(seguridad y salud en la minas).
− El gobierno colombiano después de haber derogado el Decreto 2798 de 2013, debe expedir un nuevo decreto previo
proceso de consulta en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que contemple mecanismos efectivos para la inspección y vigilancia de todas
las formas de tercerización laboral ilegal.
− El gobierno colombiano, en consulta con los interlocutores
sociales, en el marco de la Comisión Nacional de Concertación, construirá un proyecto de ley para reformar la legislación relativa a la inspección del trabajo, atendiendo las
observaciones de la Comisión de Expertos de la oit plasmadas en los informes de 2011 y 2014, estableciendo en dicho
proyecto:
4.1.1 La confidencialidad absoluta del origen de las quejas.
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ePílogo
4.1.2 Sanciones disuasivas para casos de violación a la libertad sindical.
4.1.3 Recaudo de las multas a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
4.1.4 Participación de las organizaciones sindicales en las
labores de inspección.
4.1.5 Además se necesita adoptar medidas para el fortalecimiento de la capacidad de inspección. En consulta y concertación con los interlocutores sociales, deberá establecerse una
política pública de inspección del trabajo con resultados y metas
claras. El gobierno colombiano debe:
− Ampliar el número de inspectores a 2.000 como mínimo.
− Vincular a todos los inspectores por carrera administrativa.
− Incrementar el salario de los inspectores para que se nivelen
con el salario de los jueces laborales de circuito.
− Ampliar de manera significativa los recursos presupuestales
para el ejercicio de las labores de inspección del trabajo, de
manera que se garantice la imparcialidad y autoridad de los
inspectores.
En consulta con los interlocutores sociales se establecerán
los contenidos y alcances de informes públicos sobre las actividades de la inspección del trabajo, de conformidad con los
artículos 19, 20 y 21 del convenio y las observaciones realizadas
por la Comisión de Expertos de la oit en sus informes de 2011
y 2014.
4.2 Propuesta para que el cobro de las multas que impone el
Ministerio del Trabajo lo haga la Dian
Debe trasladarse la competencia del cobro de multas que
impone el Ministerio del Trabajo que actualmente tiene el sena
a la Dian. Este cambio de competencia haría más efectivo el recaudo, por la especialidad y la información que tiene la Dian, y
permitiría cumplir la principal función que tienen las multas,
generar disuasión.
4.3 Propuesta de fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de los Trabajadores
ePílogo
207
Debe reformarse el Decreto 1413 de 1997 para la actualización y precisión de las funciones, alcances y participantes de la
Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos de los Trabajadores.
4.4 Propuesta sobre medición y políticas de trabajo decente.
El trabajo decente es una expresión de los cuatro objetivos
estratégicos interdependientes de la agenda de la oit. Estos son:
i) acceso a un pleno empleo productivo, ii) principios y derechos
fundamentales al trabajo, iii) protección social, iv) promoción
del diálogo social y tripartismo. Además, el trabajo decente corresponde a una aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal.
Las políticas de trabajo decente en los países de América
Latina que se las implementado, muestran impresionantes
avances. El mejor ejemplo de ello es Brasil con su política y su
plan nacional de trabajo decente. En el país, Medellín y Bogotá
vienen construyendo políticas locales. Ese debería ser el eje de
la gestión del Ministerio, construir una política nacional de trabajo decente que considere los diferentes sectores y territorios,
y hacerlo con una metodología de pactos o acuerdos de trabajo
decente.
Una política pública de trabajo decente en el país se convertiría en una herramienta fundamental para la reducción sostenible de la pobreza y sería un medio para conseguir un desarrollo
equitativo, inclusivo y sostenible y sería una gran contribución
para la consolidación de una paz duradera.
Para formular la política pública de trabajo decente es indispensable mejorar la información pública disponible en los
temas relacionados con el mundo laboral. En esta línea se sugiere que el Ministerio de Trabajo —en convenio con el Dane y
quizá con los Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo
(ormet)—, podría:
− Realizar una encuesta nacional de trabajo decente (entD)
que incorpore las dimensiones e indicadores establecidos
por oit para la medición de las condiciones de trabajo de-
208
−
−
ePílogo
cente de los y las trabajadoras del país. Esta encuesta serviría
como línea base para la implementación y seguimiento de
la política pública. La Escuela Nacional Sindical cuenta con
una propuesta de entD que recoge los indicadores principales del trabajo decente y otros que responden a la dinámica
de país.
Elaborar un módulo de trabajo decente con los resultados
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (geiH) que abarque los principales indicadores, e incorpore otros, y que
pueda medir con la información disponible. Es el caso por
ejemplo, de la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan
(NiNi). Para aquellos indicadores indispensables, que no
cuenta con toda la información para su medición, podrían
agregarse unas preguntas adicionales que complementen el
formulario de la geiH, por ejemplo: la cobertura de la negociación colectiva, entre otras.
Realizar deliberaciones sobre la política pública de trabajo
decente. En este aspecto, es fundamental el reconocimiento
de los actores beneficiados de la política, conocer las necesidades de las diferentes poblaciones (mujeres, jóvenes, afros,
lgbti e indígenas, entre otros). Puede tenerse en cuenta los
procesos de Medellín y Bogotá en la construcción de las políticas locales de trabajo decente.
5. Propuestas de reparación colectiva al movimiento sindical
En el país se han dado pasos importantes en el reconocimiento de la violencia antisindical que ha afectado a miles de
trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones; sin embargo,
aún es necesario que el Estado, explícitamente, se comprometa
con el objetivo de remover la fuerte cultura antisindical con la
dignificación de las y los trabajadores. Con acciones propias se
evitaría la estigmatización y se aportaría a que la sociedad colombiana comprenda lo ocurrido.
El Estado en su conjunto, debe jugar un papel protagónico
en la reparación colectiva del movimiento sindical, en el enten-
ePílogo
209
dido de que la violencia contra el sindicalismo ha estado ligada
a la afectación de la capacidad de trabajadores y trabajadoras de
defender sus derechos. En este sentido, la reparación colectiva
debería significar el restablecimiento de las libertades sindicales
en Colombia, la construcción de garantías laborales y el fortalecimiento de la institucionalidad para promover y proteger los
derechos laborales.
Las acciones que deben realizar las autoridades laborales son:
− Preparar a las y los funcionarios públicos concernidos en
temas como los fundamentos sobre libertad sindical, lógicas
y dimensiones de la violencia antisindical, afectaciones de
la violencia antisindical en las organizaciones sindicales y la
democracia, historia del movimiento sindical en Colombia
y derechos de las víctimas individual y colectivamente consideradas, entre otros.
− Implementar la Ley 1448 y el Decreto Reglamentario 4800,
especialmente en lo referido al capítulo VII sobre reparación colectiva. Garantizando que se cumplan los principios
de participación y que efectivamente se lleven a cabo los
procedimientos establecidos por el decreto: convocatoria
amplia y pública, conformación de un comité de impulso
que represente las distintas expresiones al interior del sindicalismo, entre otras.
− Asumir un rol de impulso y liderazgo de la comisión de alto
nivel que se conformará para la definición y seguimiento
a un plan integral de reparación colectiva al sindicalismo,
promoviendo su pronta constitución, su condición de alto
nivel y su pertinencia, fundamentada en la definición de un
plan de reparación colectiva.
Y, con las centrales obreras, acordar una primera fase de
implementación de medidas de reparación colectiva al sindicalismo, entre las que se podrían considerar:
− Extensión y renovación de la campaña para la promoción
del sindicalismo, concertada con las centrales sindicales, a
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ePílogo
través de la gestión de las piezas publicitarias existentes para
que sean presentadas en televisión nacional, tal como lo establece el Código Cívico de la Comisión Nacional de Televisión, y la destinación de recursos para ello.
Constitución de un fondo para la reconstrucción de organizaciones sindicales desaparecidas por efecto de la violencia.
Presentación de un gran evento para la dignificación y desagravio al sindicalismo como víctima que presente la versión
del Estado respecto de la violencia antisindical y haga un
reconocimiento de la existencia de la misma.
Proponer un espacio de diálogo entre medios masivos y generadores de opinión con las organizaciones sindicales.
Diseñar una estrategia para apoyar a las centrales sindicales
en el fortalecimiento de sus capacidades comunicativas, especialmente para el uso de nuevos medios y para la interacción con los medios masivos.
Crear un premio nacional de ensayo para estudiantes universitarios sobre sociología y derecho del trabajo, economía
laboral y producción audiovisual sobre temas laborales y
sindicales.
Con el Ministerio de Educación diseñar una cátedra nacional de ciudadanía laboral para la educación básica secundaria y hacer lo mismo con el sena.
Apoyar la producción de medios propios de las centrales
sindicales. El Estado colombiano debe darle acceso al sistema de medios públicos y como parte del proceso de reparación colectiva debe poder acceder a espacios en canales de
tv y otros medios privados.
Crear programas de tv y radio para la defensa de los derechos laborales y la asesoría de los trabajadores.
Con el Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmH)
crear un fondo que promueva la reconstrucción de la memoria histórica, de manera autónoma pero con el apoyo financiero y técnico del cnmH.
Reactivar la Comisión Interinstitucional para la Promoción
ePílogo
211
y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores.
Comprometer al gobierno con el relanzamiento y reactivación de dicha comisión, garantizado el cumplimiento de las
funciones, la participación de funcionaros con capacidad de
decisión, y la periodicidad y regularidad de los encuentros.
Este libro contiene una selección de 22
crónicas y reportajes realizados y publicados por la Agencia de Información Laboral
de la Escuela Nacional Sindical en los
últimos cuatro años (2010-2014). En conjunto configuran una muestra del trabajo
precario en Colombia, el que es mal remunerado, sin estabilidad ni garantías en
seguridad social y demás derechos laborales. Algunos de los textos ponen el acento
en las nuevas formas de tercerización
como el contrato sindical, las SAS y el
corretaje; otros en personas que han sido
atendidas por el Centro de Atención Laboral (consultorio de ayuda jurídica a trabajadores) pertenecientes al sector de la economía informal; otras más en los oficios
del «rebusque» y también, en los trabajadores de la palma, el petróleo y los discapacitados por accidentes y enfermedades
laborales. Por último, se presenta la gesta
histórica de Betsabé Espinal, una líder
obrera que en 1922, junto a 400 mujeres
más, realizaron una huelga para defender
sus derechos. Adicionalmente, el cierre del
libro es una reflexión sobre el trabajo —el
decente sobre todo— como un instrumento fundamental para el logro de una paz
duradera en el país.