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Hegemonia y 4T. Un debate gramsciano

2024

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HEGEMONÍA Y 4T UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Rector general, José Antonio de los Reyes Heredia Secretaria general, Norma Rondero López UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO Rector de Unidad, Francisco Javier Soria López Secretaria de Unidad, Angélica Buendía Espinosa DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Directora, Esthela Irene Sotelo Núñez Secretaria académica, Pilar Berrios Navarro Jefe del Departamento de Política y Cultura, Juan José Carrillo Nieto Jefe de la Sección de Publicaciones, Miguel Ángel Hinojosa Carranza COMITÉ EDITORIAL DEPARTAMENTAL Tadeo Liceaga Carrasco (Presidente) Mario Alejandro Carrillo Luvianos / Eleazar Humberto Guerra de la Huerta / María Griselda Günther / Ana Lau Jaivén / Alejandro Navarro Arredondo / Eduardo Tzili Apango HEGEMONÍA Y 4T Un debate gramsciano Diana Fuentes Massimo Modonesi Coordinadores Los textos presentados en este volumen fueron revisados y dictaminados por pares académicos expertos en el tema y externos a nuestra Universidad, a partir del sistema doble ciego, proceso realizado por el Comité Editorial del Departamento de Política y Cultura, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Agradecemos a la Rectoría de Unidad el apoyo recibido para la presente edición. Hegemonía y 4T. Un debate gramsciano de Diana Fuentes y Massimo Modonesi (coordinadores) Primera edición, 2023 D.R. © Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04960 Sección de Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Edificio A, 3er piso. Teléfono 55 54 83 70 60 pubcsh@gmail.com / pubcsh@correo.xoc.uam.mx http://dcsh.xoc.uam.mx/repdig http://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/index.php/libroelectronico http://dcshpublicaciones.xoc.uam.mx ISBN UAM impreso: 978-607-28-2971-8 ISBN UAM digital: 978-607-28-2993-0 D.R. © 2023 David Moreno Soto Editorial Itaca Piraña 16, Colonia del Mar C.P. 13270, Ciudad de México Tel. 55 5840 5452 itaca00@hotmail.com editorialitaca.com ISBN Itaca impreso: 978-607-8856-56-5 ISBN Itaca digital: 978-607-8856-57-2 Diseño de portada: Rubén de la Torre Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico ÍNDICE Introducción 9 La hegemonía realmente existente. Gramsci (1932) Fabio Frosini 15 Subalternidad y hegemonía. La peculiaridad estatal mexicana Rhina Roux 47 Estado y hegemonía. Una crítica a la liberalización de la sociedad civil Diana Fuentes 73 La situación de la política económica del gobierno de la Cuarta Transformación Matari Pierre 101 La hegemonía del centro obradorista. (Centralidad, centrismo, centralismo) Massimo Modonesi 153 El país que pende de un hombre. Clases subalternas, populismo y hegemonía en tiempos de López Obrador César Pineda 175 México en la transición hegemónica Armando Bartra 239 La hegemonía ausente. La oposición ante la 4T en México Benjamín Arditi 257 La renovación política crítica del México neoliberal. Una perspectiva con Gramsci acerca de los retos y contradicciones del estado integral Lucio Oliver 299 INTRODUCCIÓN Este libro colectivo nace de un coloquio organizado —en septiembre de 2022— por la Asociación Gramsci México, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco y en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue en dicho coloquio donde, además de presentar estudios sobre la obra de Gramsci, convocamos a reflexionar sobre la historia de México a partir de categorías o problemáticas gramscianas. En el encuentro afloró, con toda la intensidad polémica que lo acompaña, un capítulo de nuestra historia que todavía está en curso; nos referimos a la llamada Cuarta Transformación o 4T, nombre que desde luego evoca las tres grandes transformaciones anteriores que son los hitos más significativos de la historia del país: la Independencia, las Leyes de Reforma y la Revolución mexicana, nada menos. La voluntad de trascender hasta ese nivel histórico no fue una ocurrencia propagandística, pues ya estaba implícita en el nombre de la coalición que en 2018 llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República: “Juntos haremos historia”. Inspirado en quienes encabezaron aquellas gestas, López Obrador aspira a ocupar un lugar en el olimpo de los héroes de la patria. De hecho, no es improbable que en el Grito de Independencia de 2025 se agregue el nombre del tabasqueño a la lista de los vitoreados héroes nacionales. Para evitar zambullirnos en las aguas turbulentas de las polémicas cotidianas, a las que Gramsci llamaba “la pequeña política”, invitamos a distinguidos académicos e intelectuales a participar en un debate más profundo sobre los alcances y los límites del presente ejercicio de gobierno; sobre la continuidad o discontinuidad de las formas y las prácticas políticas que lo 9 10 introdUcción distinguen; y sobre su saldo, que próximamente se someterá al juicio del pueblo elector. En esta dirección —la de contribuir a reconocer, sopesar y valorar los rasgos generales y más profundos de la llamada Cuarta Transformación (4T)— se orientan las contribuciones que aquí reunimos. Aunque este ejercicio es colectivo, cada uno de los intelectuales y académicos invitados lo ha emprendido sirviéndose de sus intuiciones y de sus propias herramientas de trabajo intelectual, con miras a situar al lector en la perspectiva histórica del tiempo presente. Con un pie en las ciencias sociales y otro en la historia, estamos parados en una atalaya disciplinaria particularmente vertiginosa por su altitud respecto a fenómenos paradójicamente muy cercanos. Una atalaya precariamente colocada entre distintas temporalidades y que, por ello, nos expone inexorablemente a los vientos que soplan desde atrás, desde el pasado, a la vez que nos sumerge en un presente en plena ebullición y cocción. Por si fuera poco, dicha atalaya nos expone asimismo a la tentación de mirar hacia delante para proyectar las tendencias en curso y para imaginar o anticipar un porvenir que, a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos prever. Frente a estos retos, nos parece conveniente recurrir a Gramsci, a su método de sutil tejedor de conocimiento histórico y político, es decir, práctico. Gramsci era un pensador que recurría a conceptos y categorías, pero cuando éstos no funcionaban, modificaba, ajustaba o inclusive, cuando era necesario, forjaba otros nuevos, aptos para captar la emergencia de fenómenos inéditos. Pero además del método, Gramsci nos proporciona un arsenal teórico que puede ser usado de diversas maneras, pues nos da libertad para adoptar secuencias analíticas o simplemente para recortar algún concepto, ello con miras a interrogar la realidad. Entre estos conceptos destaca, como es sabido, el de hegemonía, que sobresale cualitativamente por ser una contribución neta de Gramsci al pensamiento político moderno, ya que fue él quien perfiló el significado actual de dicho concepto, convirtiéndolo en el significante de una cuestión introdUcción 11 fundamental, en una de las claves de la política o, si se quiere, de lo político. En este sentido, sobresale también cuantitativamente por la amplitud de lo que abarca, pues refiere tanto a la construcción de un sujeto y un proyecto político, como al ejercicio del poder político en general, y al de los gobiernos y los Estados en particular. Agarrándonos de esta palabra, hegemonía —que es un concepto que contiene una pregunta, una hipótesis y, en cascada, una serie de otras interrogantes derivadas—, los autores de este libro nos hemos dedicado, cada uno a su manera, al ejercicio de descifrar el obradorismo y la 4T. De ahí que, respetando el rango de oscilación semántica del concepto de hegemonía, en los capítulos que siguen, se ensayen usos diferenciados, pero, creemos, igualmente fecundos. Así pues, cada uno de los ensayos que conforman este libro parte, sin abandonarlo en ningún momento, del concepto de hegemonía y de las implicaciones teóricas que comporta. Los primeros capítulos, de Fabio Frosini y Diana Fuentes, aclaran el perímetro y la tipología del concepto de hegemonía como forma de la política moderna propia del desarrollo del Estado nacional en sus contrapuntos con el pensamiento liberal, o en referencia al populismo, la revolución pasiva y la sociedad civil. Rhina Roux coloca la mirada en el ángulo que distingue la teoría política gramsciana: el conflicto, la resistencia y las luchas de los grupos subalternos, para visibilizar las relaciones de dominio-subordinación que crearon los fundamentos de la relación estatal mexicana; mientras que Matari Pierre Manigat analiza el programa y las acciones gubernamentales de la 4T en materia económica y social, para observar hasta qué punto la transformación alcanza las expectativas de soberanía e independencia en confrontación con la dinámica general del sistema económico mundial. Por otra parte, en un esfuerzo por caracterizar la especificidad de la 4T y para poner en claro el lugar político y la función de Andrés Manuel López Obrador, Massimo Modonesi discute la capacidad, que ya se avizora para el obradorismo, de cons- 12 introdUcción tituirse en una fuerza y en una forma política hegemónica, a la que Massimo caracteriza mediante la tríada centralidad, centrismo y centralismo —rasgos que permitirían comprender el excepcional liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en medio de la masificación y recomposición interna de Morena y de su adecuación a las crecientes necesidades de estatalización del movimiento que lo alimenta. Con una preocupación semejante, César Enrique Pineda define como “crisis de hegemonía” el momento que habría dado ocasión al liderazgo del obradorismo: crisis que tiene raíces en un marco más amplio que el nacional y que se alimenta lo mismo de la oposición al viejo régimen que de los fracasos de la izquierda partidista. Para Armando Bartra, el arribo de la Cuarta Transformación puede ser entendido como una transición hegemónica posterior a la crisis del Estado posrevolucionario y a la crisis de hegemonía urdida desde 1968; ambas crisis se tradujeron en una no resuelta tensión entre gobierno y sociedad en lo relativo a los alcances y a la profundidad de la transformación. Para Benjamín Arditi, dichos alcances suscitan la pregunta sobre la posibilidad de un nuevo sistema hegemónico, al que analiza a través de un diagnóstico de los límites discursivos y organizativos de la oposición; éstos le permiten observar algo más que su incapacidad para formular contrapropuestas, pues dicha incapacidad resulta ser el síntoma de la exigua consolidación de una dirección política que le dé horizonte real de disputa. Lucio Oliver presenta una contracara complementaria de esta caracterización: pone el acento en el marco político, mercantil y financiero en el que se estableció una nueva funcionalidad estatal, que en los países centrales dio ocasión a una revolución pasiva neoliberal, ahora aparentemente en declive. En los ejercicios de interpretación de la 4T y del obradorismo que se presentan en este volumen, aparecen contribuciones diversas tanto por su manufactura como por su orientación. No sólo por el énfasis puesto sobre aspectos distintos del proceso, sino porque obviamente traslucen simpatías, respaldos, suspicacias, cuestionamientos y anhelos diversos respecto de introdUcción 13 este fenómeno tan polémico que es la 4T. Este haz o campo de posturas contribuye, a nuestro parecer, al debate en curso, por cuanto apuesta al fortalecimiento de una perspectiva que, sin abandonar el apasionamiento político, se nutre del rigor académico, de la investigación y del amor por la verdad, la cual, como decía Gramsci, es siempre revolucionaria. LA HEGEMONÍA REALMENTE EXISTENTE gramsci (1932) Fabio Frosini* Introducción En el título de este texto hago una alusión a un artículo de Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero: “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes”, publicado en 1981,1 sobre el que volveré más adelante. La segunda parte del título remite, en cambio, a los Cuadernos de la cárcel, en concreto a un año que, como es sabido, fue crucial para la elaboración de la “filosofía de la praxis”. Lo que me propongo con esta estructura —que podría parecer un poco asimétrica y desequilibrada— es intentar construir un puente entre la dimensión abstracta y tipológica de la hegemonía y el análisis del tiempo presente. Fabio Frosini es profesor de historia de la filosofía en la Universidad de Urbino Carlo Bo (Italia), miembro de la junta directiva de la Gramsci Society Italia, director de la Ghilarza Summer School-Scuola internazionale di studi gramsciani y (junto a Derek Boothman) del “International Gramsci Journal”. 1 Emilio De Ípola y Juan Carlo Portantiero, “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes”, en Controversia, núm. 14, 1981, pp. 1114. Véase Matías Farías, “Controversia como legado de Pasado y Presente: la resignificación de una biblioteca teórico-política”; y María Jimena Montaña y Ricardo Martínez Mazzola, “Dossier: 50 años de ‘Pasado y Presente’. Historia, perspectivas y legados”, ambos en Prismas. Revista de Historia Intelectual, núm. 18, 2014, pp. 177-178, 221-226. * 15 16 Fabio Frosini La idea de una “hegemonía realmente existente” puede ayudar, en efecto, a conectar la categoría con las particularidades del tiempo presente; de otro modo, éstas correrían el riesgo de quedarse en un vacío analítico que puede llevar a un enfoque opaco y “periodístico”. Con este propósito, dividiré el texto en cinco partes. En la primera intentaré abordar la noción de “hegemonía” desde un enfoque realista, es decir, formulando la cuestión de cuáles son las condiciones históricas para que pueda darse en la historia algo como una “hegemonía”. En esta parte pondré de manifiesto las que en mi opinión son la tres condiciones para que pueda existir una hegemonía no simplemente como un fenómeno aislado, sino como un sistema complejo de ejercicio del poder: 1) la existencia del “burgués”; 2) la posibilidad/necesidad de dirimir las relaciones de fuerzas en la sociedad civil en cuanto espacio distinto del Estado, y 3) que este espacio político permita la formación de organismos “públicos” ubicados en la esfera privada. En la segunda parte dirigiré mi atención hacia la definición de “realmente existente” aplicada a la hegemonía. Sacaré a colación una serie de nociones gramscianas, con la intención de llegar a una mirada realista, es decir, no tipológica pero tampoco meramente empírica, sobre la hegemonía. La conclusión a la que llegaré en este apartado es que la hegemonía realmente existente no se puede pensar sin hacer referencia al mismo tiempo al populismo y a la revolución pasiva. Sobre la base de esta conclusión, y para evitar pensar la “existencia real” de la hegemonía en términos de su mecánica “mutación” o “degeneración” en populismo y/o revolución pasiva, intentaré también desvanecer lo más posible los límites entre estas tres nociones, mostrando la inevitabilidad de que haya “elementos” de revolución pasiva y de populismo en toda hegemonía realmente existente, y al revés, que no se puede pensar un populismo o una revolución pasiva sin hegemonía. En la tercera sección intentaré colocar el sistema hegemónico realmente existente en la dimensión temporal, es decir, en su devenir concreto y su historicidad. Apoyándome en los análisis de Maquiavelo, distinguiré la política tradicional de la política La hegemonía reaLmente existente 17 moderna con base en sus respectivas relaciones con el tiempo, y desarrollaré la conexión entre la hegemonía y la proyección de la legitimación en el tiempo futuro. En la cuarta parte, retomaré la noción de hegemonía realmente existente, aplicándole el criterio de la legitimación orientada hacia el futuro, es decir, la idea de la hegemonía como una política que sólo puede justificarse en una perspectiva de transformación continua de la realidad social. Enfocando la hegemonía como realidad histórica que goza de una existencia multisecular, haré hincapié en una serie de tendencias que regulan su funcionamiento y que se explican a partir de su orientación temporal. Entre éstas, la fundamental es que, a mi juicio, la separación entre Estado y sociedad civil suele ser históricamente contrarrestada por alguna clase de integración de estas dos esferas, sin que ello suponga una vuelta al ancien régime. Es con base en el examen de esta tendencia fundamental en las distintas fases del poder burgués hasta el tiempo presente, que será posible formular en el quinto apartado la cuestión del 1932, es decir, la cuestión de lo que para Gramsci es la actualidad y, en ella, el fascismo como hegemonía. ¿Por qué la “hegemonía”? ¿Por qué hay hegemonía? A esta pregunta sólo se puede responder en términos gramscianos: porque hay una sociedad civil; es decir: la hegemonía se vuelve dominante (aunque nunca exclusiva) como forma de la política, cuando y sólo cuando la organización política de un Estado nacional se basa en la existencia de una sociedad civil. Esta condición delimita notablemente la historia de la hegemonía en cuanto forma dominante del ejercicio del poder. Efectivamente, la historia de la sociedad civil es más breve que la del Estado nacional, y la historia del Estado nacional no incluye, durante varios siglos, sino una pequeña parte de la organización política de las poblaciones del mundo, y ello casi exclusivamente en Europa y, con restricciones que resultarán evidentes, en América del Norte. 18 Fabio Frosini Sin embargo, la historia del Estado nacional y, en su seno, de la sociedad civil —aunque la historia de ésta es parcial—, ha sido decisiva en la plasmación de la estructura política y económica del planeta gracias a la expansión colonial, que si bien no ha creado —ni mucho menos— en los territorios subyugados una estructura política parecida a la europea, sí ha condicionado profundamente la historia de gran parte del globo. En este sentido indirecto, es posible decir que la política como hegemonía es una parte importante —quizás la más importante— del mundo moderno. Con estas restricciones, es posible hablar de la hegemonía como la forma de la política moderna; es posible, en otras palabras, reconocer su importancia decisiva en la creación de una estructura del poder a nivel mundial, incluso en las áreas donde no había, ni hay todavía, Estado nacional o sociedad civil en el sentido europeo. Si la hegemonía es una experiencia limitada en sentido geográfico, lo es también en un sentido histórico. He dicho que la historia de la sociedad civil es más reciente que la del Estado nacional moderno. En efecto, el discurso sobre la sociedad civil como algo claramente distinto de la sociedad política adquiere relevancia sólo en la mitad del siglo XVIII en Francia con Rousseau, y en Escocia con Ferguson, y recibe en el siglo siguiente una formulación clásica en la Filosofía del derecho de Hegel. Por otro lado, la estructura institucional que surge como consecuencia de las revoluciones americana y francesa supone la existencia de la sociedad civil como un espacio radicalmente distinto al del Estado. Fue gracias a estas dos revoluciones que la equivalencia entre política y hegemonía cobró fuerza; en varios países se formó algo así algo como un “sistema hegemónico” (volveré más adelante sobre esta expresión), y en toda Europa y América del Norte se formulan las premisas para la expansión de dicho sistema. En las épocas anteriores —desde la Antigüedad en adelante— no se puede hablar propiamente de la existencia de un sistema hegemónico, aunque, como ha mostrado recientemente Giuseppe Cospito en su libro Hegemonía. Desde Homero hasta La hegemonía reaLmente existente 19 los estudios de género,2 sí hay un discurso sobre hegemonía como forma de gobierno y experiencia política, que en Europa (¡esta restricción siempre hay que hacerla!) no ha cesado en los últimos dos milenios (aunque en un vocabulario distinto, ya que el término mismo hegemonía conoce un eclipse desde la tardía antigüedad hasta el siglo XVIII).3 Si existen discursos, por muy teóricos que sean, hay experiencias reales que constituyen sus referentes. Estas experiencias, sin embargo, siempre han sido esporádicas y dispersas, y nunca han formado un “sistema”. Se puede decir que al igual que la forma de mercancía, también la “forma de hegemonía” ha estado presente en los intersticios de la sociedad occidental y se ha vuelto dominante sólo en un momento determinado, retro-actuando sobre la sociedad y plasmándola con base en su lógica. Hay, en conclusión, una relación bastante clara entre la difusión del capitalismo en Europa, el desarrollo del Estado nacional y la formación de sistemas hegemónicos coherentes.4 Con base en estas premisas, se pueden fijar dos condiciones para la formación de un sistema hegemónico: 1) la aparición del “burgués” y, como consecuencia, 2) la necesidad de encontrar una nueva manera, no tradicional-feudal, para “regular” las relaciones de fuerzas en la sociedad. La histórica aparición del burgués se remonta al siglo X, con la difusión del mercader.5 A partir de ahí y a lo largo de 2 Giuseppe Cospito, Egemonia. Da Omero ai “Gender Studies”, il Mulino, Bologna, 2021. 3 Como documenta Cospito, durante el Imperio romano la función de significar la hegemonía pasa a términos como imperium, mientras que hegemón se traduce con dominus, dux y princeps. Estos términos seguirán indicando la función hegemónica también más tarde, hasta la edad moderna. Véase ibid., pp. 33-61. 4 El libro Antonio Gramsci and the Ancient World, a cargo de Emilio Zucchetti y Anna Maria Cimino, Londres, Routledge, 2021, recopila una serie de reconstrucciones de estas experiencias hegemónicas de tipo “intersticial”. 5 Véase Henri Pirenne, Les villes du Moyen Age, Lamertin, Bruselas, 1927, pp. 95-115. 20 Fabio Frosini cuatro o cinco siglos, se forma —sobre todo en Italia y en los Países Bajos— una clase que, en su conjunto, se autodefine como “pueblo” y ejerce el poder en muchas ciudades y algunos territorios de Europa. La peculiaridad del “pueblo” es —como lo reconoció con agudeza Maquiavelo a principios del siglo XVI— su naturaleza a la vez unitaria y distinta. El pueblo es único, en el sentido que se define a sí mismo como una entidad política homogénea, caracterizada por una “igualdad” de fondo (lo que entonces se llamó equalità);6 pero al mismo tiempo está siempre dividido en “partes” distintas: los “grandes” y los “populares”, para retomar la terminología maquiaveliana, que a su vez refleja el uso común de la época. El pueblo es entonces más que una clase social en sentido moderno. Es un conjunto de clases sociales cuya relación no está regulada por una estructura jurídica estratificada, como ocurría en la Edad Media, sino por una igualdad que sin embargo tiene que enfrentarse con la necesidad de, al mismo tiempo, legitimar los desniveles sociales que existen en su interior. La coexistencia de igualdad jurídica y desigualdad económica (y de poder efectivo, dado que los que de hecho gobiernan son los representantes de pocas familias) genera la necesidad de elaborar un conjunto de reglas de tipo nuevo: de reglas jurídicas basadas en el consensus y en la ratio, no en la tradición religiosa. Al mismo tiempo, ella hace también necesaria una política de nuevo tipo, una política de tipo constructivo y no conservativo (constructiva también en sus variantes conservativas). El “poder” se define poco a poco más como un problema que debe solucionarse que como una garantía de estabilidad fundada en reglas incuestionables. Y dado que el pueblo está permanentemente dividido entre gobernantes y gobernados, 6 Véase Alfredo Bonadeo, “Machiavelli on civic equality and republican government”, en Romance Notes, vol. 11, núm. 1, Universidad del Norte de Carolina y Chapel Hill for its Department of Romance Studies, 1969, pp. 160-166; Giovanni G. Balestrieri, “‘Equalità’ e ‘inequalità’ in Machiavelli”, en Teoria politica, vol. XXIII, núm. 2, 2007, pp. 129-137. La hegemonía reaLmente existente 21 entre “poderosos” y “plebeyos”, se vuelve indispensable establecer reglas que consigan compaginar la igualdad abstracta con la desigualdad concreta, compaginar la imagen que el pueblo elabora de sí mismo, con el hecho de que son los grandes los que ejercen el poder (tómese nota de esta brecha necesaria entre la igualdad y la desigualdad como núcleo generador de la política moderna: volveré sobre ella más adelante). Los “grandes” excluyen de jure o de facto una parte de los “populares” del derecho de voto, u organizan las elecciones de manera que salga el resultado que ellos desean. Sin embargo, estas medidas son como “parches” para una tela que se ha desgarrado; son remedios que suponen el carácter irreversible de la nueva situación. Todo esto lo vemos ya en los tiempos de Maquiavelo, sobre todo en el énfasis que pone en la necesidad —para los príncipes en general y para el príncipe nuevo en particular— de ganarse la “amistad” del pueblo y especialmente de su parte más pobre.7 Es, en pocas palabras, el problema de la conquista del consenso, y en este sentido es también el problema de la hegemonía. Sin embargo, para que pueda formarse un “sistema hegemónico”, las dos condiciones que hemos indicado —la aparición del “burgués” y un nuevo tipo de derecho público— son necesarias, pero no suficientes, dado que, como hemos visto, la búsqueda del consenso es una opción política, no una necesidad jurídica. Para que esta última condición se realice, hay que esperar hasta al siglo XVIII y las revoluciones burguesas, e incluso ir más allá. Efectivamente, como consecuencia de estas revoluciones, la sociedad civil obtuvo una significación distinta de la sociedad política. Mientras que en la teoría política anterior —hasta 7 Véase John P. McCormick, Machiavellian Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 21-26; Maria Christina Figorilli, “Gli ‘amici’ del principe in Machiavelli”, en Beatrice Alfonzetti et al., Per civile conversazione. Con Amedeo Quondam, vol. 1, Bulzoni, Roma, 2014, pp. 571581; Annalisa Ceron, “L’amicizia nel Principe”, en Consecutio rerum, año II, núm. 3, 2017, pp. 141-161. 22 Fabio Frosini Locke y Hobbes— sociedad civil es el Estado mismo, a partir del siglo XVIII se distingue entre sociedad civil y sociedad política; la primera es considerada una esfera en donde los burgueses puedan ejercer su actividad con toda tranquilidad y —a partir de las revoluciones americana y francesa— convertirse, a intervalos regulares, en ciudadanos electores. De esta manera, sin embargo, la “elaboración” política de las relaciones de fuerzas se quedaba en un vacío institucional que derivaba de la supresión de los “estamentos” feudales. Para poder elaborar políticamente las relaciones de fuerzas fuera de la esfera institucional del Estado, hacían falta nuevos organismos arraigados en la sociedad, pero orientados hacia el Estado. La historia del siglo XIX se puede leer, en Europa, como una lucha entre la herencia liberal de la Revolución francesa —que abogaba por una sociedad civil identificada con un mercado exento de cualquier tipo de limitaciones— y la formación de organismos impulsados por los movimientos socialista y católico, capaces de limitar y regular el funcionamiento del mercado. Sólo cuando estos organismos —privados pero que ejercen una función pública— se han formado, se puede decir que el sistema hegemónico está plenamente en funciones. Este “sistema” funciona en un doble sentido: por un lado, canaliza las demandas económicas en proyectos políticos, y por otro, incorpora la lógica estatal en el espacio de la sociedad civil. Estos organismos son privados (voluntarios) pero ejercen una función pública, y Hegel, en su Filosofía del derecho, recoge plenamente su nuevo significado, colocando las corporaciones en la intersección entre sociedad civil y Estado.8 Por cuanto ejercen una función pública, los organismos de la sociedad civil son de facto parte del “Estado”, porque es a través de ellos que se realiza, por un lado, la “formación” del consenso, que resulta indispensable en la ausencia de una estructura del poder de tipo tradicional, y por el otro, la elaboración de una 8 Véase Jean-Pierre Lefebvre y Pierre Macherey, Hegel et la société, Presses Universitaires de France, París, 1984, pp. 48-52. La hegemonía reaLmente existente 23 perspectiva hegemónica alternativa a la de los “grandes”. Lo que quiero subrayar es que —en contra de lo que defiende el liberalismo— lo esencial de estos organismos no es su estatuto privado sino su función pública. La existencia de la sociedad civil como una esfera distinta del Estado, autónoma e independiente, no es más que una abstracción, una fictio iuris que históricamente se desvanece a lo largo de los siglos XIX y XX, a medida que la dimensión pública de los organismos privados es reconocida jurídicamente (me refiero a la imparable dinámica de sindicalización de las masas trabajadoras, pero también a la progresiva “organización” de la sociedad en todas sus esferas).9 Populismo y hegemonía En el artículo mencionado al principio, Emilio De Ípola y Juan Carlos Portantiero10 afirman que la característica de “realmente existente”, aplicada a los populismos, implica pasar del plano de los discursos al de las manifestaciones históricas.11 De esta manera, según ellos, se pone de manifiesto el carácter organicista y autoritario de todo populismo; lo que en el discurso populista (cuya formulación más clara los autores encuentran en Laclau)12 es la oposición totalitaria de un pue- 9 Véase más adelante, en la nota 42, el texto de Santi Romano ahí citado y el texto correspondiente. 10 De Ípola y Portantiero, “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes”, op. cit. 11 “El objetivo de estas notas es el de considerar la relación entre populismo(s) y socialismo tratando de superar a un enfoque por el cual a este último sólo se le ve en sus formas ‘realmente existentes’ y a los populismos en su forma discursiva, sin introducir un análisis de sus manifestaciones históricas” (ibid., p. 11). 12 Véase Ernesto Laclau, “Hacia una teoría del populismo”, en Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, Siglo XXI, México, 1978, pp. 165-233; De Ípola y Portantiero, “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes”, p. 13). 24 Fabio Frosini blo al bloque de poder, es en la realidad la subordinación del “pueblo-nación” al “Estado-nación”, de lo “nacional-popular” a lo “nacional-estatal”.13 El Estado, en cuanto capaz de articular lo “nacional” en función “de la acumulación y la reproducción de la sociedad”, no se pone en cuestión y la realización del populismo coincide con la absorción de las demandas populares por un Estado fetichizado y encabezado por un líder: El populismo constituye al pueblo como sujeto sobre la base de premisas organicistas que lo reifican en el Estado y que niegan su despliegue pluralista, transformando en oposición frontal las diferencias que existen en su seno, escindiendo el campo popular a base de la distinción entre “amigo” y “enemigo”.14 El límite más importante del populismo es entonces, por un lado, su necesidad de convertir las diferencias en oposiciones, pensando así el sistema hegemónico como algo compacto e impermeable, como exento de toda pluralidad interna; por el otro, su noción acrítica del Estado, como un elemento neutral que es suficiente “tomar” para poder cambiar su función.15 Esta crítica al “organicismo” populista es quizás demasiado unilateral, aunque se dirige oportuna y útilmente a un punto débil del argumento de Laclau: la identificación de la operación hegemónica por antonomasia con la sinécdoque pars pro toto, es decir, con la idea de la plebs como representante del populus en su conjunto. Siendo así, efectivamente la hegemonía de corte populista no tolera ningún tipo de pluralidad interna, dado que consiste en la reducción (aunque siempre provisional e incompleta) de un sistema articulado diferencialmente a un conjunto homogéneo hecho posible por una oposición binaria. 13 Ibid., pp. 11-12. Ibid., p. 11. 15 Los autores detallan esta descripción de los rasgos fundamentales del populismo con base en un análisis del discurso político de Juan Domingo Perón (ibid., pp. 12-13). 14 La hegemonía reaLmente existente 25 Sin embargo, la cuestión que quiero plantear es si —incluso en términos laclausianos— esta representación es realista. Quiero decir, ¿puede la idea de una reducción drástica de toda diferencia a una formación binaria capturar la peculiaridad de los populismos realmente existentes, por no hablar de los sistemas hegemónicos más en general? Seguramente este modelo no enfoca las dinámicas de los sistemas hegemónicos no populistas. Pero, ¿es la distinción entre hegemonía y populismo tan clara? Con esta pregunta quiero sugerir que también en los populismos realmente existentes el funcionamiento de la sinécdoque pars pro toto no es totalizante, por lo menos no lo es a lo largo del entero ciclo vital de dichos populismos. En un artículo sobre Laclau publicado en 2019, Gerardo Aboy-Carlès y Julián Melo16 formulan la propuesta de integrar en el modelo del populismo, junto a la sinécdoque pars pro toto, también la opuesta, totum pro parte, es decir, el caso de una subsunción de la parte por el todo. Esta segunda operación, a diferencia de la primera, sí absorbe las partes, pero también las deja seguir existiendo en el seno de un espacio más amplio. Típicamente, esta sinécdoque opera cuando no es la plebs que anula las diferencias internas del pueblo, redefiniendo así los límites de la comunidad política, sino que es el pueblo el que “incluye” —de manera más o menos pasiva— a la plebs en un proyecto en donde las antiguas identidades se quedan —aunque parcialmente transformadas y estratificadas— en el interior de la nueva, más amplia. Y, claro está, los dos sentidos de la sinécdoque siempre se mezclan y convierten de alguna manera el uno en el otro. En palabras de Aboy-Carlès y Melo: “La producción de identidades políticas constantemente nos arroja en este universo de muñecas rusas en el que, a distintos niveles, una lógica parece transformarse en la otra conforme varía la comunidad de referencia”.17 16 Gerardo Aboy-Carlès y Julián Alberto Melo, “Equivalencia, sobredeterminación, política”, en Pensamiento al Margen, núm. 10, 2019, pp. 28-43. 17 Ibid., p. 34. 26 Fabio Frosini Con base en esta consideración, la diferencia entre populismo y hegemonía termina por ser una cuestión de matices y de gradación. Se trata de determinar el predominio provisional y relativo de una dirección de la sinécdoque sobre la otra, teniendo en cuenta que ambas siempre están presentes en toda dinámica política. En este sentido, el análisis consiste en averiguar en qué medida se reproducen, en un modelo populista, tendencias “pluralistas”, y, al revés, en qué medida en un sistema hegemónico se van perfilando rasgos “totalitarios” de tipo populista. A este razonamiento me parece útil agregar un elemento presente en el último libro de Partha Chatterjee, I am the People. Reflections on Popular Sovereignty Today.18 Según Chatterjee, entre hegemonía y revolución pasiva hay la misma relación que entre el discurso moderno de la legitimidad y del constitucionalismo, por un lado, y la historia del Estado “realmente existente” por el otro;19 mientras los populismos son un “recurso táctico en la permanente revolución pasiva del capital”.20 Con base en estas premisas, se puede decir que la historia europea y luego mundial ha sido dominada por el populismo y la revolución pasiva, designando esta pareja la estrategia adoptada por las clases dominantes para impedir que el elemento “nacional popular” pudiera constituirse de manera autónoma respecto al “nacional-estatal”. Es evidente que Chatterjee comparte con De Ípola y Portantiero la oposición entre “nacional-popular” y “nacional-estatal”: en ambos casos lo “nacional-popular” funciona como sinónimo de una hegemonía virtual, potencial, de una hegemonía que sea la auténtica expresión de la autonomía histórica y política de las clases subalternas; mientras que en el elemento nacional-estatal se concentra el sentido de la hegemonía como Partha Chatterjee, I am the People. Reflections on Popular Sovereignty Today, Columbia University Press, Nueva York, 2020. 19 Ibid., pp. 45-49, 73-81. 20 Ibid., p. 121. 18 La hegemonía reaLmente existente 27 sinónimo de dominación. Efectivamente, en De Ípola y Portantiero la hegemonía no puede ser, por definición, “realmente existente”, dado que para ellos se identifica con el mismo socialismo (que es, por cierto, toto coelo distinto de los “socialismos realmente existentes”).21 De esto resulta que tanto en los dos autores argentinos como en Chatterjee, la hegemonía, entendida como autonomía de las clases subalternas, no se puede pensar como un “sistema” hegemónico, es decir no puede ser “realmente existente”. El sistema “realizado” no es propiamente hegemonía, sino un populismo que da cabida a las instancias de una revolución pasiva. Sea que la dinámica real de la hegemonía moderna se piense, como en Chatterjee, en términos de traición “pasiva” de las promesas jacobinas, sea que los procesos de inclusión del pueblo-nación en el poder del Estado se reduzcan a una dinámica también pasiva, como en De Ípola y Portantiero, la historia moderna no presenta en sí misma ejemplos de hegemonía que puedan vehicular las instancias de liberación y de emancipación de las clases subalternas. En resumidos términos, si la hegemonía burguesa no puede ser, por definición, una hegemonía en sentido propio (porque, en cuanto burguesa, siempre tiende al populismo/revolución pasiva), la hegemonía auténtica no puede ser, en última instancia, sino una “contra-hegemonía”, es decir una hegemonía eternamente virtual e inacabada (significativamente, tanto Portantiero como Chatterjee recurren a las expresiones lucha, proyecto, estrategia, acción “contra-hegemónica” cuando quieren referirse a la hegemonía en el sentido “nacional-popular”).22 21 “Nuestra convicción es que la fuerte presencia de una concepción organicista de la hegemonía caracteriza a los populismos reales —como también, por cierto, a los socialismos ad usum—, pero que en el caso de los populismos se trata de una relación congruente entre modelo ideológico y realidad que no puede ser, ni aun teóricamente, pensada como una ‘desviación’” (De Ípola y Portantiero, “Lo nacional popular y los populismos realmente existentes”, p. 12). 22 Véase Juan Carlos Portantiero, Los usos de Gramsci, México, Folios, 1981, pp. 23, 134, 152; Chatterjee, I am the People. Reflections on Popular 28 Fabio Frosini La hegemonía orientada hacia el futuro y el umbral maquiaveliano Considerar toda realización de los impulsos hegemónicos como una completa “inversión” de sus virtualidades iniciales, presupone una idea más diferencialista o negativista que dialéctica de realidad histórica. En cambio, hablando de interacción y coexistencia de las dos sinécdoques, he sugerido que no es posible oponer un “discurso hegemónico” teórico-abstracto a un “sistema hegemónico” concreto-histórico, porque en la política moderna tendencias distintas, e incluso opuestas, conviven; y en realidad esta convivencia no sólo es típicamente “moderna”, sino que explica la inestabilidad y la contingencia de todo sistema hegemónico. Todo sistema hegemónico está fundamentalmente sujeto al cambio; su aparente solidez esconde siempre una contingencia constitutiva. Para poder explicar por qué la contingencia es parte constitutiva de los sistemas hegemónicos —o sea de la política moderna— hay que recordar un aspecto mencionado al principio de estas notas: el hecho de que el “pueblo” moderno consiste en una coexistencia paradójica de igualdad jurídica y desigualdad económica, coexistencia a la que hace falta gestionar con un conjunto de reglas basadas en el consenso y no en tradiciones religiosas. De ahí surge una apertura constitutiva de la política moderna, apertura que toma la forma de una orientación hacia el futuro. Este último matiz se explica en general por la falta de un arraigo indiscutible en el pasado, pero también por una razón concreta, que ahora expondremos brevemente. Dada la doble naturaleza del pueblo y su desnivel interno, la política moderna no puede eludir el tema de la desigualdad, Sovereignty Today, passim., Chatterjee tiene también un pequeño apartado conclusivo en la misma obra titulado “Counterhegemony and Transformation” (pp. 151-52). Huelga decir que la idea de una “contra-hegemonía” no es gramsciana, porque incluye necesariamente un aspecto de resistencia y marginalidad que la ubica más en la esfera de la subalternidad que en la de hegemonía. La hegemonía reaLmente existente 29 de su origen y significado, de su función en el conjunto de la sociedad y del Estado. Tanto si se justifica por razones históricas como si se enmarca en un proyecto de moderación, o se propone finalmente su abolición, el problema de la desigualdad está en el centro de la política moderna y se vuelve en el curso del tiempo —con la formación de sindicatos y partidos de las clases subalternas— cada vez más importante. La elaboración de una perspectiva hegemónica consiste precisamente en brindar una solución a este problema. Desde el punto de vista de la burguesía como clase dirigente (y no sólo dominante), la solución hegemónica tendrá que compaginar las dos caras del pueblo —igualdad formal y desigualdad material— sin que entre ellas se produzca un antagonismo explosivo. Para obtener este resultado, la proyección hacia el futuro se vuelve esencial: se trata, en otras palabras, de aplazar la solución y, con ella, la manifestación del antagonismo, por medio de una política que ponga la promesa de una emancipación universal en una perspectiva futura.23 Asimismo, el “discurso hegemónico” teórico-abstracto, universalista, y el “sistema hegemónico” concreto-histórico, pueden convivir en un sistema temporal que extiende el presente hacia el futuro. Sobre este punto es preciso hacer una observación. En la orientación hacia el futuro, dos momentos se solapan materialmente, pues no coinciden del todo y se pueden distinguir analíticamente: la apertura o no-tradicionalidad de la política moderna (es decir, su pertenencia a un espacio autónomo respecto a la religión) y la necesidad de aplazar la eliminación del desnivel entre igualdad y desigualdad. Los dos momentos se pueden distinguir como, respectivamente, la fuerza crítica (revolucionaria) que permite romper con el pasado, y la construcción del poder burgués por medio de un discurso declinado 23 He argumentado detenidamente este punto en “Egemonia borghese ed egemonia proletaria nei Quaderni del carcere: una proposta di riconsiderazione”, en Un nuovo Gramsci. Biografia, temi, interpretazioni, coordinado por Gianni Francioni y Francesco Giasi, Viella, Roma, 2020. 30 Fabio Frosini en el tiempo futuro. Son dos aspectos de una misma realidad, que sin embargo se distinguen por la manera en que en ambos se organiza la relación entre discurso y sistema hegemónico: en el primer caso, la proyección hacia el futuro toma la forma de una ruptura con el presente, mediada por una exhortación a la acción común del pueblo en cuanto “fuerza” unitaria. En el segundo, en cambio, la proyección hacia el futuro sirve para desactivar los conflictos que, en el interior del pueblo, ya han comenzado a manifestarse. A continuación, examinaré el primer aspecto, mientras que el segundo será el objetivo del apartado siguiente. Maquiavelo brinda la posibilidad de visualizar el momento de la transición de la política tradicional a la moderna. En su obra este parteaguas se hace bien reconocible en la distinción, formulada en El príncipe, entre el “principado nuevo” y el “principado hereditario”, sobre todo el que se puede considerar como la forma “extrema” de este último, es decir el “principado eclesiástico”. Anticipando lo esencial de la política como hegemonía, Maquiavelo distingue el principado hereditario del nuevo basándose en el criterio de la “naturalidad”: en “los estados hereditarios” los pueblos están “acostumbrados [assuefatti] a la sangre de su príncipe”,24 de manera que el príncipe puede y debe limitarse a “no preterir los ordenamientos de sus antepasados, y después contemporizar con los accidentes: de modo que, si ese príncipe es de normal capacidad, siempre se mantendrá en su estado, a menos que lo prive de él una fuerza extraordinaria y excesiva”.25 El principado eclesiástico es un caso extremo en esta tipología, porque si estos principados 24 Nicolas Maquiavelo, El Príncipe, edición bilingüe, prólogo y notas por Luce Fabbri Cressatti, traducción de Stella Mastrángelo, Nordan Comunidad, Montevideo, 1993, p. 43 (cap. III). 25 Idem. La hegemonía reaLmente existente 31 se adquieren por la virtud o por la suerte […], sin la una ni la otra se mantienen; porque están sostenidos por los ordenamientos antiguos de la religión, los cuales han sido tan poderosos y de tan calidad, que mantienen a sus príncipes en ese estado cualquiera que sea su modo de proceder y de vivir. Sólo ellos tienen estados y no los defienden, tienen súbditos y no los gobiernan; y los estados que no defienden no les son quitados, y los súbditos que no gobiernan no se inquietan, ni piensan ni pueden alienarse de ellos.26 La imposibilidad de tan sólo imaginar la rebelión en nombre de otro régimen desciende, añade sarcásticamente Maquiavelo, del hecho de que estos principados son “regidos por causa superior que la mente humana no alcanza”.27 En conclusión, la naturalidad de los principados hereditarios toma en el eclesiástico la forma extrema de la sobrenaturalidad, que excluye cualquier tipo de alternativa. Al otro extremo se sitúan “los principados del todo nuevos en príncipe y en estado”.28 En este caso, observa Maquiavelo, se debe considerar que no hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de alcanzar, ni más peligrosa de manejar, que hacerse cabeza para introducir nuevos ordenamientos. Porque el introductor tiene por enemigos a todos aquellos que con los ordenamientos viejos medran, y por tibios defensores a los que con los ordenamientos nuevos medrarían.29 La situación es simétricamente opuesta a la anterior: aquí es casi imposible que el pueblo “imagine”, es decir, que consiga “ver” como parte de la realidad el todavía potencial orden nuevo que el príncipe quiere introducir. Por esta razón, la única posibilidad a disposición del príncipe nuevo para sobrevivir y consolidar su nuevo régimen está en una frenética labor de 26 Ibid., p. 111 (cap. XI). Idem. 28 Ibid., p. 71 (cap. VI). 29 Ibid., p. 75 (cap. VI). 27 32 Fabio Frosini exhibición, ante la mirada de sus súbditos, de “cualidades” que le “atraen censura o elogio”,30 multiplicando las últimas y evitando las primeras. Estas cualidades no son un mero espectáculo. Ellas, según el método de Maquiavelo —consistente en buscar la “verdad efectual de las cosas”—,31 son consideradas por cuanto tienen un efecto concreto: son entonces al mismo tiempo imágenes abstractas y acciones políticas (medidas, disposiciones, sanciones) concretas. El efecto común de todas estas cualidades (Maquiavelo lo repite a lo largo de todo el tratado) consiste en dar “buen gobierno” a las poblaciones.32 Ésta era una recomendación tradicional en la literatura sobre los príncipes; sin embargo, en Maquiavelo contiene un preciso matiz antifeudal, ausente en los demás.33 La capacidad de presentar una perspectiva de desarrollo civil y económico a las nuevas fuerzas productivas, permite al príncipe nuevo “parecer antiguo”34 a los ojos de sus potenciales seguidores. Este cambio del ser nuevo al parecer antiguo es hecho posible, paradójicamente, por la misma razón por la cual el poder del príncipe nuevo es inestable, o sea su falta de antigüedad: dado que “un príncipe nuevo es mucho más observado en sus acciones que uno hereditario”,35 las acciones que él cumple, “cuando se las conoce virtuosas, atrapan mucho más a los hombres y mucho más los obligan que la sangre antigua”.36 La obligación hacia el príncipe nuevo, siempre y cuando 30 Ibid., p. 141 (cap. XV). Ibid., p. 140 (cap. XV). 32 Ibid., p. 85 (cap. VII). 33 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, traducción de Ana María Palos revisada por José Luis González, 6 tomos, Era, México, 1981-2000, tomo 1, pp. 76-77 (Cuaderno 1, § 10): “Su ‘ferocidad’ es contra los residuos del feudalismo, no contra las clases progresivas; el príncipe debe poner fin a la anarquía feudal y esto es lo que hace Valentino en Romaña, apoyándose en las clases productivas, campesinos y mercaderes” (traducción modificada). 34 Maquiavelo, El Príncipe, op. cit., p. 201 (cap. XXIV). 35 Idem. 36 Idem. 31 La hegemonía reaLmente existente 33 él consiga conquistarla, no nace, como en el caso del príncipe hereditario, de una falta de alternativas; todo lo contrario, ella resulta de la producción de un horizonte nuevo, de una posibilidad de vida política y económica que antes no existía. Toda su existencia se debe al hecho de que el pueblo “ve” en la acción del príncipe nuevo un futuro posible también para él y elige activamente este futuro como un espacio en que él puede vivir mejor que en el presente. La historicidad de la sociedad civil El modelo esbozado teóricamente por Maquiavelo se vuelve políticamente efectivo algunos siglos después, con el jacobinismo. Aquí, observa Gramsci, la alianza entre ciudad y campo, de burgueses y campesinos bajo la dirección de los primeros, se realiza y coincide con una gran transformación progresiva del Estado francés.37 El fracaso del jacobinismo y la llegada de la Restauración no equivalen, sin embargo, a la vuelta a la tradición. Bajo la superficie de las fórmulas ideológicas, en el escenario político posrevolucionario los sistemas políticos liberales desarrollan una suerte de jacobinismo “de contenido”. Este desarrollo encuentra su perfección formal en el régimen parlamentario, que realiza en el periodo más rico de energías “privadas” en la sociedad la hegemonía de la clase urbana sobre toda la población, en la forma hegeliana de consenso permanentemente organizado (con la organización dejada a la iniciativa privada, o sea de carácter moral o ético, para el consenso “voluntario”, en una u otra forma. El límite hallado por los jacobinos con la ley Chapelier (o el maximum) es superado y ampliado a través de un proceso complejo, Gramsci, Cuadernos de la cárcel, op. cit., pp. 116-117 (Cuaderno 1, § 44). A propósito de Maquiavelo como teórico de la unidad política entre ciudad y campo véase ibid., p. 109. 37 34 Fabio Frosini teórico-práctico (jurídico-político-económico), por el cual se recupera el consenso político (se mantiene la hegemonía) ampliando y profundizando la base económica con el desarrollo industrial y comercial hasta la época del imperialismo y la guerra mundial.38 En estas líneas encontramos perfectamente delineadas las dos sinécdoques de la hegemonía en su entrelazamiento y antagonismo dinámicos. El empuje democrático del jacobinismo revolucionario choca con los “límites de clase”, que Gramsci resume en la negativa de los jacobinos (la ley Chapelier) a “reconocer a los obreros su derecho de coalición”.39 De esta derrota de las fuerzas democráticas surge una restauración liberal que Gramsci resume en el modelo esbozado por Hegel en su Filosofía del derecho: organizar “permanentemente” el consenso, limitando los antagonismos del mercado, y al mismo tiempo ampliar “la base económica” con el imperialismo. La democracia universalista de los jacobinos se convierte así en un sistema que intenta absorber el conflicto por medio de reformas económicas. El juego de las sinécdoques, invirtiendo su sentido, se cierra en un enfoque que moderniza para poder conservar: estamos delante de la revolución pasiva, cuyo nexo con la hegemonía resulta claro aquí. El choque se reproduce, sin embargo, también a lo largo del siglo XIX. La sinécdoque democrática, es decir la pars pro toto, se hace manifiesta como una continua irrupción de las masas plebeyas en el campo de la política y su reivindicación de acomodar la representación homogénea a la materia desigual. Esta reivindicación se lleva adelante por medio de un protagonismo de las masas populares tendencialmente autónomo, que tiene como objetivo la saturación del espacio público y se concretiza a lo largo del siglo en las diferentes insurrecciones y revoluciones democráticas. Por otra parte, la vertiente liberal, la totum pro parte, encarna el resultado neto de la revolución 38 39 Ibid., p. 123 (Cuaderno 1, § 48). Ibid., p. 117 (Cuaderno 1, § 44). La hegemonía reaLmente existente 35 jacobina, es decir, la elaboración del constitucionalismo y el rol dirigente de la burguesía en el proceso de substitución del ancien régime. No resultará difícil reconocer en la primera opción el predominio de lo “nacional-popular” y en la segunda la primacía de lo “nacional-estatal”. Ahora bien, si definimos el populismo como la movilización del pueblo a partir de una doble premisa: 1) un “espacio” estatal considerado como un “punto de inicio” que no se trata de discutir sino de conquistar, y por esta razón, 2) como una dimensión en que las desigualdades se han “cristalizado” y no se pueden cuestionar, la matriz histórica de todo populismo es, paradójicamente, el liberalismo mucho más que la tradición democrática (democrático-plebeya y jacobina radical). En este sentido discrepo de De Ípola y Portantiero, porque creo que los ejemplos de populismos realmente existentes que ellos, siguiendo a Laclau, proporcionan —en primer lugar el peronismo—, son un intento parcialmente fallido de forzar los límites del espacio liberal con una “inyección” de democracia, más que una fetichización del Estado como instrumento de dominio. Si ahora retomamos lo que se ha dicho al principio sobre la paulatina formación de organizaciones en la sociedad civil —las cuales, a pesar de su carácter privado, ejercen una función pública—, es difícil conceder que estas organizaciones hayan nacido históricamente (la narración ideológica es otra cosa) bajo el impulso de la lógica liberal del totum pro parte. Porque esta lógica tiene como objetivo la incorporación de las identidades previas en un conjunto más amplio, el “pueblo”, dentro del cual estas identidades ya no cuenten como tales, sino como “partes” de una totalidad. Ya he hecho referencia a “la ley Chapelier”, que suprimió las corporaciones medievales, pero al mismo tiempo vedó el derecho de coalición sindical. En otras palabras, la sociedad civil ideal del liberalismo es un espacio donde no existen “sectas” o “grupos”, un espacio totalmente “liberado” de formas de dependencias personales o colectivas (pensemos en 36 Fabio Frosini Rousseau),40 es decir totalmente desestructurado y atomizado; un espacio en donde, por lo tanto, la capa formal de la igualdad del “pueblo” no interactúa ni interfiere con la segmentación material de las desigualdades, las cuales, por consiguiente, quedan fuera del espectro “visible”. He dicho “sociedad civil ideal” porque en realidad una cosa así nunca existió: toda la época posrevolucionaria fue, en Europa, una lucha por la constitución de organismos capaces de limitar y canalizar, así como para contrarrestar los efectos más destructivos del mercado. La genialidad de Hegel consiste en haber captado precozmente el carácter inevitable de las corporaciones en cuanto núcleos de una articulación privado-pública que hacía falta aceptar y desarrollar, si se querían evitar, por un lado, los efectos devastadores del “sistema de las necesidades”, y por el otro los “excesos” democráticos del jacobinismo. Efectivamente, las corporaciones reciben la doble tarea de proteger a sus miembros en el plano económico y de “educarlos” y “prepararlos” para ser miembros responsables de lo “universal”, es decir del Estado.41 Se trató, en definitiva, de entrar activamente en el proceso de articulación de la sociedad civil, para evitar que ese proceso se fuera por derroteros no controlados por la burguesía. De ahí surge la naturaleza doble de los organismos de la sociedad civil, que son a la vez (a menudo, en las mismas formaciones) espacios en donde se ejerce el control de las fuerzas sociales por parte del Estado (por la mediación de funcionarios “informales”), y lugares que favorecen la creación de una alternativa global al poder de la burguesía. Es a partir de esta compleja dialéctica que el siglo XIX se puede leer como la historia de la reaparición de los organismos “sindicales” que habían 40 Véase Augusto Illuminati, Rousseau, solitudine e comunità. Una fondazione dei valori borghesi, Manifestolibri, Roma, 2002. 41 Véase Georg W. F. Hegel, Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho. O compendio de derecho natural y ciencia del estado, trad. de Eduardo Vásquez, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, p. 300 (§ 255). La hegemonía reaLmente existente 37 sido suprimidos en la lucha contra el ancien régime. Estos organismos “sindicales” (este vocablo hay que entenderlo en un sentido muy amplio) —escribe Santi Romano en un texto fundamental de 1909, La crisis del Estado moderno—42 engendran con su propio desarrollo la crisis del Estado que había surgido de la Revolución francesa y obligan a todas la clases sociales a organizarse: no sólo se forman ligas obreras sino también campesinas, los sindicatos de empresarios y de técnicos, las asociaciones de defensa de intereses de varios grupos sociales y, por cierto los partidos políticos… La crisis del Estado moderno es, en este sentido, más bien su transformación, porque todos estos organismos “sindicales” llegan a vertebrar un sistema de filtración de los intereses y conflictos económicos en la esfera política, sistema que termina por transformar los organismos “formalmente” responsables, comenzando por el parlamento. En definitiva, si se observa dinámicamente como teatro de una batalla entre la organización autónoma y el control desde arriba,43 la sociedad civil anula gradualmente su separación del Estado, y la “privacidad” de sus organismos se vuelve puramente formal: en un texto de 1932, Gramsci habla de la “sociedad civil” como “el conjunto de organismos vulgarmente llamados ‘privados’”.44 Gramsci, 1932 Llegamos así a 1932, es decir, al año más importante del trabajo carcelario de Gramsci. Es el año en que comienza un primer 42 Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi, Discurso de inauguración de la Universidad de Pisa, Vannucchi, 4 de noviembre de 1909. 43 Véase Fabio Frosini, “De la mobilisation au contrôle: les formes de l’hégémonie dans les ‘Cahiers de prison’ de Gramsci”, en Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, núm. 128-2, 2016, pp. 1-15, recuperado de <http://mefrim.revues.org/2918>. 44 Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 4, p. 357 (Cuaderno 12, § 1). 38 Fabio Frosini grupo de cuadernos monográficos (el 10, el 11, el 12, el 13 y el 16) y redacta una parte del Cuaderno 6, que es fundamental para la teoría del Estado y de la hegemonía.45 En los cuadernos monográficos, que mayoritariamente recogen textos escritos anteriormente, se notan unas variantes reveladoras en el desarrollo del pensamiento de Gramsci. El texto que acabo de citar, del Cuaderno 12, es efectivamente una variante, porque en la primera versión Gramsci escribe: “La sociedad civil, es decir, el conjunto de las organizaciones privadas de la sociedad”,46 sin cuestionar la “privacidad” de estas organizaciones. El punto es que a la altura de 1932 a Gramsci le ha quedado claro que toda distinción entre Estado y sociedad civil, como esferas donde se concentran respectivamente lo “público” y lo “privado”, ya no tiene sentido. Gramsci expresa dicha idea —este punto es muy importante— a propósito de la sociedad civil actual en general, no exclusivamente en relación con la sociedad italiana, dominada por el fascismo, o con la de algún país europeo democrático-liberal. En otras palabras, la debilitación progresiva de la separación entre Estado y sociedad civil y la transformación del parlamento en un organismo que representa los intereses sociales, en sentido corporativo, no es una peculiaridad de un régimen en particular. Ella es, por lo contrario, un elemento que caracteriza a todos, incluidos los que se consideran democráticos, como Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera. De hecho, en varias ocasiones Gramsci registra las analogías entre el tipo de régimen americano e inglés, y el italiano;47 y en un texto muy importante sobre la crisis del parlamentarismo, afirma 45 Sobre la dinámica de la escritura de los Cuadernos véase Gianni Francioni, “Un labirinto di carta (Introduzione alla filologia gramsciana)”, en International Gramsci Journal, vol. 2, núm. 1, 2016, pp. 7-48, recuperado de <http://ro.uow.edu.au/gramsci/vol2/iss1/22>. 46 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 2, p. 188 (Cuaderno 4, § 49). 47 Véase Cuaderno 3, § 26 sobre Estados Unidos y § 55 sobre Estados Unidos y Gran Bretaña La hegemonía reaLmente existente 39 que “incluso donde este [el Parlamento] ‘funciona’ públicamente, el parlamentarismo efectivo es el ‘negro’”. 48 Estas palabras aluden al progresivo deslizamiento de la función parlamentaria hacia órganos de asesoramiento técnico y gremios que representaban los intereses de diferentes partes de la sociedad, lo que en su conjunto caracterizó el giro corporativista del periodo de entreguerras,49 y que se acompañó, a raíz de la crisis económica de 1929, de un fuertísimo aumento del “intervencionismo” estatal en materia económica, con el “planismo” y con todo tipo de medidas para estabilizar y fortalecer la sociedad.50 Se trata entonces de un doble deslizamiento: por un lado, la sociedad civil se estructura desarrollando y profundizando su función pública; por el otro, el Estado toma el control de una serie de actividades que antes eran prerrogativa de las fuerzas sociales o del mecanismo “automático” del mercado. En todo caso, la distinción entre lo público y lo privado se debilita, y el resultado es un “bloque” en donde las diferentes instancias de auto-organización y control —o si se prefiere de hegemonía y populismo/revolución pasiva— se entrelazan, sobreponen y luchan entre ellas. El proceso de articulación de la sociedad civil expresa las instancias de autonomía y, en este sentido, es parte del elemento nacional-popular; pero al mismo tiempo en ello se refleja la voluntad “pedagógica” de la clase dominante, que por medio de estos organismos “privados” “educa” a los gobernados para que sean útiles para las necesidades del Estado. Por el otro lado, el “intervencionismo” estatal alcanza un grado considerablemente mayor de control sobre toda forma de actividad y “estataliza” la “educación” política de las masas, Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5, p. 167 (Cuaderno 14, § 74). Véase Charles S. Maier, Recasting bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany and Italy in the Decade after World War I, Universidad de Princeton, Nueva Jersey, 1975. 50 Véase Terenzio Maccabelli, “La ‘grande trasformazione’: i rapporti tra Stato ed economia nei Quaderni del carcere”, en Gramsci nel suo tempo, Francesco Giasi (coord.), Carocci, Roma, 2008, pp. 609-630. 48 49 40 Fabio Frosini pero al mismo tiempo está obligado a “absorber” los organismos que pretende controlar, y en este sentido tiene que aceptar el hecho de que estos organismos ya ejercen una función pública. En otras palabras, el Estado no controla a “un pueblo disperso y pulverizado” —para usar las palabras que Gramsci escribe en el primer texto sobre el “moderno Príncipe”—.51 El Estado más bien tiene que tratar con una serie de organizaciones que ya ejercen un papel relevante desde el punto de vista político, económico y social, y finalmente el Estado las absorbe a condición de apropiarse de algunas de sus demandas y al mismo tiempo de presentarse a sí mismo como el único actor autorizado para realizarlas. En este nuevo terreno, la distinción entre populismo/revolución pasiva y hegemonía se vuelve muy borrosa y abstracta. Efectivamente, es posible desarticular y rearticular al “pueblo”, y de esa manera hacer eficaz la sinécdoque del totum pro parte; es decir: es posible impulsar el proyecto liberal sólo a condición de aceptar el desafío de la otra sinécdoque, de la reivindicación democrática de la plebs como representante del populus. En este sentido, el fascismo en cuanto “modelo” de la nueva política a escala europea, no solamente ejerce una hegemonía “realmente existente”, sino que es el protagonista de una profunda renovación de ella. Esta renovación consiste esencialmente en el hecho de que el pueblo no es imaginado ya como una totalidad-comunidad indiferenciada, como una suma de “ciudadanos” sin cualidades, sino como una estructura de organizaciones que expresan una determinada voluntad política democrática. Esta voluntad ya no se puede disolver de nuevo en una situación de tipo “liberal”. La única posibilidad es canalizarla y transformarla en una fuente de alimentación para la política gestionada a nivel estatal. En consecuencia, el fascismo representa el pueblo realísticamente, como una red organizada de intereses parcialmente Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, tomo 3, p. 226 (Cuaderno 8, § 21). 51 La hegemonía reaLmente existente 41 contrastantes, que hace falta unificar bajo el lema de la “nación”. De esta manera, se pasa del pueblo moderno, entendido como coexistencia de una narración igualitaria y de una realidad desigualitaria, al pueblo entendido como una población concreta, caracterizada por una identidad igualitaria de tipo nacional que está formada por una serie compleja de desigualdades jerárquicamente funcionales a un diseño unitario y, a su manera, “igualitario”. A estas alturas, la hegemonía “realmente existente” resulta del solapamiento y fusión completa de los dos elementos que alimentaban la dinámica de los sistemas hegemónicos anteriores; es decir: por un lado, la canalización de las demandas económicas en proyectos políticos, y por el otro, la incorporación de la lógica estatal en el espacio de la sociedad civil. Con la política totalitaria estas dos lógicas han terminado por coincidir perfectamente: la elaboración política desde abajo y el control estatal desde arriba no se pueden distinguir. Esto quiere decir que el momento del control y el de la autonomía se han convertido en la misma cosa; dicho de otra manera: en toda la extensión de la sociedad se produce una batalla por la definición del sentido de cualquier tipo de iniciativa o de actividad, pública o privada (la distinción ya no es clara).52 Esta situación es lo que Gramsci enuncia con la expresión “guerra de posiciones” o “de asedio” en un texto del Cuaderno 6 (§ 138): La guerra de posiciones exige enormes sacrificios a masas inmensas de población; por eso es necesaria una concentración inaudita de la hegemonía y por tanto una forma de gobierno más “intervencionista”, que más abiertamente tome la ofensiva contra los opositores y organice permanentemente la “imposibilidad” de Véase Fabio Frosini, “La ‘politica totalitaria’ e la crisi dello Stato”, en Giuseppe Cospito, Gianni Francioni, y Fabio Frosini (coords.), Crisi e rivoluzione passiva. Gramsci interprete del Novecento, Ibis, Como-Pavia, 2021, pp. 243-269. 52 42 Fabio Frosini disgregación interna: controles de todo tipo, políticos, administrativos, etcétera, reforzamiento de las “posiciones” hegemónicas del grupo dominante, etcétera. Todo esto implica que se ha entrado en una fase culminante de la situación político-histórica, porque en la política la “guerra de posiciones”, una vez ganada, es decidida definitivamente. O sea, que en la política subsiste la guerra de movimientos mientras se trata de conquistar posiciones no decisivas y por lo tanto no son movilizados todos los recursos de la hegemonía y del Estado, pero cuando, por una u otra razón, estas posiciones han perdido su valor y sólo las que son decisivas tienen importancia, entonces se pasa a la guerra de asedio, compleja, difícil, en la que se exigen cualidades excepcionales de paciencia y de espíritu inventivo. En la política el asedio es recíproco, no obstante todas la apariencias, y el solo hecho de que el dominador deba desplegar todos sus recursos demuestra el cálculo que hace del adversario.53 A partir de este texto —extremadamente denso y complejo— se abre todo un escenario nuevo, en que la política totalitaria, es decir, la política que abiertamente se hace cargo de la identificación de espontaneidad (autonomía) y dirección (heteronomía), se convierte en el “tipo” dominante de la política. Como se ve, en este texto el ejercicio de la hegemonía se ha identificado con la guerra de posiciones y esta última con la condición de “doble asedio”: de las masas al poder y del poder a las masas. El Estado desborda definitivamente el límite de la esfera institucional del “gobierno” y ocupa permanentemente todo el espacio social. De esta manera, sin embargo, el poder se “expone” al constante peligro de una “resignificación” que puede acontecer en cada “célula” de la vida social. La política totalitaria apela a cada miembro de la población en cuanto partícipe de un proyecto político, que sin embargo pretende definir desde arriba. Pero en el momento en que se pide a cada 53 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, tomo 3, p. 106. La hegemonía reaLmente existente 43 uno ser el “representante” (formal o informal,54 esto es secundario) de este diseño, se le pide no solamente la capacidad de ejecutar, sino también el entusiasmo y la convicción, una forma de motivación activa. De ahí surgen nuevos problemas y la disputa hegemónica puede abrirse de nuevo. Bibliografía Aboy-Carlès, Gerardo, y Julián Alberto Melo, “Equivalencia, sobredeterminación, política”, en Pensamiento al Margen, núm. 10, 2019. Balestrieri, Giovanni G., “‘Equalità’ e ‘inequalità’ in Machiavelli”, en Teoria Politica, vol. XXIII, núm. 2, 2007. 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Thompson, Customs in Common En mayo de 1930, preso en las cárceles mussolinianas, Antonio Gramsci escribió una nota en la que cuestionaba una interpretación ampliamente difundida en Italia sobre la rebelión campesina de Davide Lazzaretti, “el Mesías del Monte Amiata”, fusilado en 1878 en la región de la Toscana tras invocar, con lenguaje religioso y profético, empuñando una bandera roja, la instauración de una república. Una interpretación que apelando al estado anímico y cultural de los rebeldes, “tendía a tratar * Doctora en ciencia política. Profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Autora de El Príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado, y, con Adolfo Gilly, de El tiempo del despojo. 47 48 rhina roUx de ocultar las causas de malestar general que existían en Italia dando de los episodios aislados de explosión de ese malestar explicaciones restrictivas, individuales, patológicas”. Días después, en otra pequeña nota, la mano del preso 7047 agregaba: La historia de las clases subalternas es necesariamente disgregada y episódica: hay en la actividad de estas clases una tendencia a la unificación aunque sea al menos en planos provisionales, pero esa es la parte menos visible y que sólo se demuestra después de consumada. Las clases subalternas sufren la iniciativa de la clase dominante, incluso cuando se rebelan; están en estado de defensa alarmada. Por ello, cualquier brote de iniciativa autónoma es de inestimable valor.1 Comenzaba así una reflexión sobre los criterios metodológicos para reconstruir la historia de las clases subalternas; una reflexión entrelazada con su investigación sobre la formación de los intelectuales italianos, acerca de la literatura popular y la cuestión de la lengua en Italia, y con su elaboración teórica sobre el Estado. En esa reflexión, Gramsci recuperó el término hegemonía, un vocablo de lejano origen griego traducido como “jefatura”, “dirección”, “conducción”, para combatir el marxismo economicista dominante en su tiempo, iluminando la moderna trama estatal en toda su complejidad: un ordenamiento político fundado en relaciones de dominio-subordinación que desborda lo que habitualmente se entiende por Estado (aparato gubernamental, parlamentos, policía, ejército), comprendiendo relaciones materiales, entramados simbólicos y organizaciones 1 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Era / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 1981, tomo 2, cuaderno 3, §12 y 14, pp. 25 y 27. En adelante todas las referencias a estos cuadernos, abreviados con la sigla C seguida del número de cuaderno y el parágrafo correspondiente, provendrán de esta edición publicada entre 1981 y 2000 en seis tomos. Para las fechas de redacción de los cuadernos sigo lo indicado por Giuseppe Cospito, “Verso l’edizione critica e integral del Quaderni del carcere”, en Studi Storici, año 54, núm. 4, 2011, pp. 881-904. sUbaLternidad y hegemonía... 49 de la llamada “sociedad civil”, y sostenido en la violencia y el consenso como una especie de corriente alterna y discontinua. Recuperando el concepto de hegemonía, central en la teoría política gramsciana, este ensayo expone una interpretación de la forma estatal mexicana. Aunque dicho concepto a menudo es entendido como “ideología dominante” o como si se redujera a un fenómeno cultural, este análisis sugiere que entendamos la hegemonía en términos menos esencialistas y más procesuales y dinámicos: como un concepto con el que Gramsci se refirió a ese marco común material y significativo, conformado en el litigio y la negociación, que enlazando a élites dirigentes y clases subalternas permite que la dominación sea consentida y se establezca un vínculo de mando-obediencia entre gobernantes y gobernados, recreado cotidianamente en las costumbres, el lenguaje y las mentalidades. En esa elaboración teórica, el término subalternidad no era, sin embargo, sinónimo de sumisión, pasividad o inferioridad. Alude, en cambio, a una ubicación activa en la relación estatal mando-obediencia, donde la organización, las formas de politicidad y los códigos culturales de las clases y grupos sociales subalternos condicionan las formas y el ejercicio de ese mando y, literalmente, moldean los vínculos de dominio-subordinación. Dominación y hegemonía El Estado no es una cosa, un aparato o un ente externo a la sociedad. El Estado es una forma de la vida social: un proceso relacional entre seres humanos que aparece en la vida cotidiana como si se tratara de un poder autonomizado de la sociedad. Lo que llamamos “Estado” es el proceso de integración-fragmentación, por medios políticos, de sociedades internamente desgarradas por relaciones de dominio-subordinación: relaciones de poder asimétricas, fundadas en la apropiación de trabajo vivo (es decir, de vida humana), mediadas (y ocultadas) por el dispositivo del intercambio mercantil entre voluntades jurídicamente 50 rhina roUx libres e iguales.2 La comunidad estatal, asentada en un territorio, ordenada jurídicamente y cuya unión está sancionada por rituales y mitos compartidos, se encuentra bajo el mando de una autoridad suprema que detenta con exclusividad el monopolio de la violencia física, de la imposición de penas y castigos. Una relación estatal no surge de los textos jurídicos o de la cabeza de los gobernantes. Se conforma en el litigio y la negociación entre las distintas fracciones de las clases dominantes, las élites dirigentes y el heterogéneo mundo de las clases subalternas, cuyas acciones y formas de politicidad están modeladas por la experiencia y encuadradas en entramados simbólicos cultivados en la historia. A ese proceso político de conformación de la moderna forma estatal, pensado desde el mirador de las vicisitudes del proceso histórico de unificación italiana, se refirió Gramsci con el concepto hegemonía: esa dirección intelectual y moral que, junto con el dominio (incluso con la fuerza armada) de las clases adversarias, era capaz de impulsar la formación en una multitud disgregada de una “voluntad colectiva nacional-popular”. Una noción de hegemonía que Gramsci había encontrado anticipada en su lectura de Maquiavelo: aquel secretario de la república florentina descrito por De Sanctis como un “predicador en el desierto” que, empeñado en la unificación estatal italiana revelando el arte de la política “a quien no sabe”, había visto frustrado su intento dado el cosmopolitismo de las élites cultas del Renacimiento.3 2 Los fundamentos teóricos de esta conceptualización se encuentran en el discurso crítico de Marx: un análisis teórico de las formas sociales de la vida moderna, que fundadas en relaciones de dominio/subordinación mediadas por el intercambio mercantil entre propietarios privados, aparecen como si se tratara de figuras autónomas, cosificadas, dotadas de vida propia. 3 Francesco de Sanctis, Historia de la literatura italiana, tomo II, Losada, Buenos Aires, 1953, p. 92 y ss. Sobre la lectura anticroceana de Maquiavelo, en quien Gramsci había encontrado una “prefiguración” de su propia noción de hegemonía y no al pensador divorciado del “vulgo” dibujado por Benedetto Croce, véase el estudio de Benedetto Fontana Hegemony and Power. On sUbaLternidad y hegemonía... 51 La “ferocidad” de Maquiavelo, escribía Gramsci en una de sus primeras notas carcelarias, se había manifestado “contra los residuos del feudalismo, no contra las clases progresistas”; y la jefatura militar del Príncipe, un requerimiento del proceso de formación y consolidación del poder, cuyo ejemplo había sido César Borgia en la Romaña, apoyado en las clases productivas, campesinos y comerciantes. Ésa era además la orientación que había encontrado en El arte de la guerra, donde, más allá de la técnica militar, el florentino había propuesto la creación de una milicia ciudadana reclutada entre los campesinos, “constituyendo una fuerza armada segura y fiel” (C1, §10). Analizando las fuerzas políticas del Risorgimento, Gramsci comparaba entonces a Maquiavelo, “el más clásico maestro de política de las clases dirigentes italianas”, con la incapacidad del partido de Mazzini y Garibaldi para imprimir un carácter “más marcadamente popular y democrático” al movimiento de unificación italiana, incorporando en un programa de gobierno reivindicaciones populares y en primer lugar las campesinas. La orientación moderada del Risorgimento, impresa por intelectuales provenientes de las “clases altas” (dirigentes de empresas, propietarios de fincas, empresarios comerciales e industriales), había resultado en cambio en una “revolución sin revolución” (o “revolución pasiva”). Una orientación que contrastaba con la “acción enérgica” de los jacobinos franceses, quienes haciendo suya la cuestión agraria y “empujando hacia delante a la clase burguesa mediante patadas en el trasero” habían garantizado la vinculación entre la ciudad y el campo, neutralizado la creación de ejércitos vandeanos y convertido a la burguesía no sólo en clase dominante sino hegemónica, dando una base permanente al Estado y fundando la sólida nación francesa moderna (C1, §44). La formación de una “voluntad colectiva” nacional-popular no sólo suponía trascender intereses corporativos inmediatos y colocarse en un plano universal, incorporando reivindicaciones de the Relation between Gramsci and Machiavelli, Universidad de Minnesota, Minnesota, 1993. 52 rhina roUx todos los grupos sociales a escala nacional. Suponía también la creación de un mismo “clima” cultural capaz de unificar a dirigentes y dirigidos. Ello no se lograba, sin embargo, con la imposición “desde arriba” de una concepción del mundo, intención que Gramsci en su análisis de las diferencias culturales entre el norte y sur italianos, había calificado de ilusorio “error iluminista”: Es ilusorio pensar que una “idea clara” oportunamente difundida se inserta en las distintas conciencias con los mismos efectos “organizadores” de claridad difusa. Es un error “iluminista” [...]. El mismo rayo luminoso pasa por prismas diversos y da refracciones de luz distintas; si se desea la misma refracción es precisa toda una serie de rectificaciones de los prismas independientes [...] los cambios en los modos de pensar, en las creencias, en las opiniones, no suceden por “explosiones” rápidas y generalizadas, suceden comúnmente por “combinaciones sucesivas” según “fórmulas” sumamente variadas (C1, §43). La formación de una “voluntad colectiva nacional-popular” suponía más bien transformar una visión del mundo en “fe” colectiva, poniendo en conexión las ideas y programas de las élites dirigentes con las ideas, creencias, aspiraciones y sentimientos populares, suscitando un imaginario común y un lenguaje compartido, intento del que Maquiavelo había sido para el sardo un lejano precursor.4 Sin reducir la construcción de un orden político a una identificación emotiva entre dirigentes y dirigidos, Gramsci reconocía así en la religiosidad una dimensión esencial de la acción política y de la vida estatal. La religión entendida, no en el sentido confesional sino en el sentido “Estado significa esencialmente dirección consciente de las grandes multitudes nacionales, o sea necesario ‘contacto’ sentimental e ideológico con ellas y en cierta medida ‘simpatía’ y comprensión de sus necesidades y exigencias”, escribió reflexionado sobre la ausencia de una literatura nacional-popular en la cultura italiana (C9, §24). Sobre la importancia del lenguaje en la formación de una voluntad colectiva nacional-popular, véase Peter Ives, Language and Hegemony in Gramsci, Pluto / Fernwood Publishing, Londres / Winnipeg, 2004 4 sUbaLternidad y hegemonía... 53 croceano, es decir, como “una concepción de la realidad con una moral conforme a esta concepción, presentada en forma mitológica” (C10, parte I, § 5). La construcción de una relación estatal no se reducía entonces a levantar un aparato de administración pública, un ejército y una burocracia. Suponía generar esa religión laica y civil en que se realizaba la plena identificación de los individuos en la pertenencia a una comunidad política y se verificaba la unión entre dirigentes y dirigidos.5 “Hay que insistir, contra una corriente tendenciosa y en el fondo antihistórica, que los jacobinos fueron realistas al estilo Maquiavelo y no abstraccionistas”, reiteró Gramsci años después en su cuaderno sobre el Risorgimento: “Estaban convencidos de la absoluta veracidad de las fórmulas sobre la igualdad, la fraternidad, la libertad y, lo que importa aún más, de tales verdades estaban convencidas las grandes masas populares que los jacobinos movilizaban y llevaban a la lucha” (C19, §24). El Estado mexicano, con sus códigos de mando-obediencia, su forma de legitimidad, su imaginario, sus rituales y sus símbolos, se conformó en las vicisitudes, los conflictos y las persistencias de la historia. En ese proceso de larga duración, atravesado por rebeliones indígenas, el despojo de más de la mitad del territorio nacional y una revolución campesina, se establecieron los fundamentos materiales, jurídicos y simbólicos de una forma estatal: la delimitación y control de un espacio territorial (suelo, subsuelo, mares y espacio aéreo); la construcción de una esfera pública secularizada (es decir: educación pública laica, constitución de los individuos como personas jurídicas, e incorporación en la jurisdicción estatal 5 “¿Pero ha existido alguna vez un Estado sin ‘hegemonía’?”, se preguntaba en 1932 reflexionando sobre la “historia ético-política” de Croce: “La combinación en la que el elemento hegemónico ético-político se presenta en la vida estatal y nacional es el ‘patriotismo’ y el ‘nacionalismo’ que es la ‘religión popular’, o sea el vínculo por el que se verifica la unidad entre dirigentes y dirigidos” (C8, §227). 54 rhina roUx de momentos del ciclo de la vida humana antes regulados por la Iglesia); la existencia de un mando supremo por todos reconocido; la centralización de las armas y la construcción de los grandes mitos unificadores de la nación. En las vicisitudes, conflictos y persistencias de esa historia se fue también conformando lo que desde la lectura gramsciana de Maquiavelo he llamado El Príncipe mexicano, representación simbólica de una comunidad estatal en cuya conformación participaron decisivamente las clases subalternas, y representación de un vínculo de mando-obediencia recíprocamente negociado: un intercambio no escrito de protección y tutela por obediencia y deferencia, tejido en la historia y en el imaginario de unos y otros, gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos; un intercambio no escrito pero reiterado cada vez en los rituales del mando y en las formas cotidianas del mando y la obediencia, de la resistencia y la insubordinación.6 Cultura material, experiencia, historia Antes de la Conquista española, el territorio que hoy se llama México era patrimonio de sus comunidades originarias, la prenda de su relación sagrada con la naturaleza, con los dioses, los antepasados y los descendientes. Esa noción de un patrimonio común —tierras, aguas, montes, pastos, bosques, ríos y lagos— persistió en el imaginario de las comunidades aun durante los siglos del virreinato, sobreviviendo en el derecho indiano y en los mitos, los rituales, las fiestas y el resguardo de los Títulos primordiales sobre la tierra, a los que Enrique Florescano analizó como reservorios de la memoria indígena.7 Ese antiguo sustrato cultural de la sociedad mexicana, nega- 6 Rhina Roux, El Príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado, Era, México, 2005 7 Enrique Florescano, Memoria mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 2000. sUbaLternidad y hegemonía... 55 do en las constituciones liberales, resistió en la cascada de rebeliones indígenas y campesinas que atravesaron la historia poscolonial: en la defensa de la tierra y los bienes comunales con que más de un centenar de insurrecciones enfrentaron en el siglo XIX el ciclo de acumulación por despojo abierto, con las reformas borbónicas, continuado en el juarismo y acelerado en los años de “modernización” porfirista. Frente a la fría utopía liberal de una sociedad de individuos abstractos, unida por los lazos invisibles del mercado, esas rebeliones antepusieron una y otra vez el mito redentor de una comunidad cuya representación simbólica fue la tierra. En esa representación, la tierra no significaba solamente un bien natural garante de la autosuficiencia material o un “modo de producir”. En la conservación de la tierra y los bienes comunales que impulsaron las rebeliones agrarias del siglo XIX estaba contenida la resistencia de un mundo de la vida que se negaba a ser disuelto, con su entramado de costumbres y reglas morales, su relación sagrada con la naturaleza, una vivencia lúdica del trabajo ajena al ethos puritano y una noción del tiempo ligada más a los ritmos de la cosecha que al tiempo lineal del “progreso”. Y estaba también contenida una lucha de las comunidades agrarias por derechos y jurisdicciones. En el violento proceso de centralización política y eliminación de fueros y autonomías que estaba inscrito en la conformación de una relación estatal, las comunidades peleaban por la conservación de las jurisdicciones político-territoriales que les permitían controlar sus territorios, administrar sus bienes e impartir justicia. No fue casual que la defensa de derechos comunales sobre tierras, montes y aguas estuviera innumerables veces acompañada de demandas de autonomía política. Ante la desaparición de las “repúblicas de indios”, forma con que la monarquía española reconoció derechos territoriales de las comunidades, la recuperación del ayuntamiento de raigambre liberal fue un ejemplo ilustrativo de los recursos utilizados por las comunidades agrarias para preservar sus identidades, derechos territoriales y formas de gobierno. En esa confrontación política, en que no dejaron de invocar derechos originarios 56 rhina roUx y títulos de propiedad amparados por la legislación colonial, las comunidades no sólo adoptaron para su sobrevivencia el discurso y las instituciones liberales (como la autonomía municipal, que acompañó durante la Revolución mexicana la expedición de las leyes agrarias zapatistas promulgadas en Morelos). Llegaron también a imaginar, abrevando en el pensamiento ilustrado y aun en los ecos que llegaban de la Comuna de París, la construcción de una república confederada de pueblos y comunidades en la que el concejo municipal, la rendición de cuentas y la revocación de mandato serían los instrumentos de ejercicio de la función gubernativa y de intervención de los pueblos en los asuntos públicos. El Plan Socialista con que los pueblos rebeldes de Sierra Gorda declararon en 1879 la guerra al gobierno porfirista, fue un ejemplo ilustrativo de esa imagen mítica. Considerando que “Dios creó la tierra para todos los hombres, y por lo mismo todos deben ser dueños del suelo”, el plan otorgaba a la nación la propiedad original del territorio; contemplaba el reparto, deslinde y restitución de tierras a los pueblos; las tierras comunales como bienes no enajenables administrados por concejos municipales; la gratuidad de los productos naturales del suelo común y una reforma política que daba a los concejos municipales sostenidos en los pueblos armados las funciones de administración y gobierno de los pueblos.8 Si la cultura popular, como sugería E. P. Thompson, no debe ser entendida como un conjunto estático de actitudes y valores, sino “dentro de un equilibrio particular de relaciones sociales, un entorno laboral de explotación y resistencia a la explotación, de relaciones de poder enmascaradas por los rituales del paternalismo y la deferencia”, situándola “dentro de la morada 8 El plan íntegro de la rebelión de Sierra Gorda, así como otros documentos y proclamas de las rebeliones agrarias del siglo XIX mexicano, se encuentra en Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México (1819-1906), Siglo XXI, México, 1988. sUbaLternidad y hegemonía... 57 material que le corresponde”,9 entonces la defensa de los bienes comunes expresaba no sólo el entramado material y simbólico que daba identidad a las comunidades agrarias. Expresaba también los significados conflictivos y divergentes que, en el contexto de relaciones de dominación, tenían para sus actores el trabajo y el tiempo, el bien común y la autoridad política, la moral y el derecho, la justicia y la injusticia. A ese proceso de formación y transmisión de la cultura popular, constituida en relación con la cultura de las élites, se refirió Gramsci cuando en su reflexión sobre la compleja relación entre la dominación, el Estado y la política de las clases subalternas, sugería voltear la mirada hacia el llamado “folklore”, la religión, el lenguaje y las corrientes populares del derecho natural, o sea de “aquel conjunto de opiniones y creencias sobre los ‘derechos propios’ que circulan ininterrumpidamente en las masas populares, que se renuevan de continuo bajo el impulso de las condiciones reales de vida y de la espontánea confrontación entre el modo de ser de las diversas capas” (C27, § 2).10 La noción de la tierra y de los bienes naturales como patrimonio común, que persistió en el imaginario colectivo, siendo uno de los resortes populares de la Revolución mexicana, reapareció transfigurada en el Artículo 27 de la Constitución de 1917. La negociación del mando La Revolución mexicana interrumpió una tendencia secular de despojo de bienes comunales e impuso en el orden jurídi- 9 Edward Palmer Thompson, Customs in Common. Studies in Traditional Popular Culture, The New Press, Londres, 1993, p. 27. 10 En esta perspectiva, observó Crehan, los Cuadernos de la cárcel sugieren las fuentes de un archivo alternativo en donde estarían depositados los trazos de las concepciones subalternas del mundo, “una guía para saber dónde deberíamos mirar” (Kate Crehan, El sentido común en Gramsci. La desigualdad y sus narrativas, Morata, Madrid, 2018, pp. 89-90). 58 rhina roUx co del Estado dos principios provenientes de la tradición de derecho público de la monarquía española, nutridos a su vez por la persistencia de socialidades comunitarias, que serían constitutivos de la relación estatal mexicana y fundamento de la legitimidad de sus élites dirigentes. En el Artículo 27, la Constitución de 1917 reconoció el derecho de las comunidades agrarias al usufructo de la tierra (bajo la forma del ejido) y el dominio primigenio de la nación sobre los bienes naturales comprendidos en su territorio: tierras, aguas, bosques, ríos, lagos, costas, salinas, minerales y petróleo. La guerra campesina no devolvió la autonomía a los pueblos, como planteaba el zapatismo en su Plan de Ayala, pero en el torbellino de la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución bolchevique levantó diques protectores de las comunidades agrarias, puso cercos al capital y, sin que sus actores se lo propusieran, forzó el establecimiento de principios constitucionales que sustentarían la existencia de una comunidad estatal. Ese marco constitucional definió el campo contencioso donde se restableció una relación estatal en el turbulento mundo de los años veinte y treinta: el proceso disputado y conflictivo de afirmación de un nuevo mando nacional y de construcción de una hegemonía. La fragmentación del país en múltiples poderes locales y regionales, la dispersión de las armas en ejércitos autónomos cohesionados por lealtades personales, las escisiones y rebeliones de militares de la nueva “familia revolucionaria”, y la extensión de la violencia agraria a regiones que habían permanecido inactivas durante la Revolución, revelaron que la rebelión encabezada en 1920 por el general Álvaro Obregón, nutrida de figuras provenientes del ala izquierda del constitucionalismo (los llamados “jacobinos”) y sostenida en las fuerzas sociales del zapatismo sobreviviente y del Partido Laborista de Luis N. Morones, había definido a la fracción militar triunfante de la Revolución, pero no se había garantizado el restablecimiento de un mando nacional por todos reconocido. sUbaLternidad y hegemonía... 59 Ese reconocimiento debía aún definirse en un campo de fuerzas multicolor y dinámico: en la confrontación y negociación entre las distintas fracciones de las clases dominantes, y entre la élite gobernante posrevolucionaria y el heterogéneo mundo material y cultural de las clases subalternas; pero también en las grandes batallas culturales emprendidas por la Iglesia, los intelectuales, los dirigentes posrevolucionarios y, durante el cardenismo, por los maestros rurales. En ese turbulento proceso, cuyo desenlace no estaba determinado de antemano, las comunidades agrarias intervinieron en el escenario donde se iba definiendo un mando nacional y condicionaron su obediencia. La rebelión delahuertista de 1924, cuya onda expansiva abarcó varios estados del centro y sur del país atrayendo a casi la mitad de las tropas del ejército federal, fue un ejemplo ilustrativo de las alianzas en que debió sostenerse la dinastía sonorense para conservar el mando (además del apoyo estadounidense en la regulación del tráfico de armas), pero también de las estrategias campesinas para imponer sus reivindicaciones aprovechando las fisuras de la “familia revolucionaria”: participaban en las milicias que, a cambio de promesas de tierra, eran organizadas por los caudillos regionales, y luego regresaban a sus pueblos y se servían de esas mismas armas para cumplir directamente y por sí mismos lo prometido. Por supuesto, en las condiciones de fragilidad en que había nacido la nueva élite gobernante, lograban lo que se proponían. Esa estrategia de los subalternos, utilizada innumerables veces en la historia mexicana, reapareció en la rebelión cristera y en los levantamientos militares de los generales Gómez y Serrano (en 1927) y Escobar (en 1929). El reparto de tierras ejidales no fue en aquellos años una concesión “desde arriba” a una masa campesina pasiva o solamente “utilizada”. La organización y movilización campesina, muchas veces organizada en milicias agrarias, no era solamente el soporte material de los caudillos regionales frente al poder central, sino la clave del 60 rhina roUx acceso campesino a la tierra.11 En ese proceso, que resultaba en constelaciones de fuerzas sociales inéditas, se iba también conformando un vínculo mando-obediencia recíprocamente negociado: un intercambio no escrito de protección y tutela por lealtad y deferencia tejido en la experiencia y en las formas cotidianas de mandar y obedecer, de hablar y callar, de litigar y negociar, de resistir o rebelarse, del hacer y entender la política. La profesionalización del ejército, la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y el desarme de las milicias campesinas contribuyeron a disciplinar a caciques y jefes militares regionales, y a desbrozar el camino para emprender, al comenzar los años treinta, el viraje “modernizador” del callismo, clausurando el reparto de tierras y parcelando ejidos. No lograron, sin embargo, suspender la violencia. Terminar de disciplinar a caciques y jefes militares regionales, centralizar las armas, subordinar a la Iglesia, eliminar poderes territoriales ejercidos fuera de la jurisdicción estatal (como las “guardias blancas” de los hacendados o los cuerpos armados privados de las empresas petroleras) y suspender la violencia, pasaban por el reconocimiento de un mando supremo en todo el territorio nacional, cuyo sustento no estaba en los aparatos sino en la tierra como derecho fundante de todos los derechos. La relación estatal, un proceso contencioso Gramsci reconoció en Hegel al verdadero filósofo del Estado, y en su filosofía política, la traducción teórica de las experiencias 11 De hecho, fue durante los gobiernos de Adalberto Tejeda y Lázaro Cárdenas (1928-1932) y a contracorriente de la tendencia nacional, cuando las organizaciones campesinas de Veracruz y Michoacán lograron arrancar la distribución de tierras más rápida de la república. Véase Heather Fowler, Movilización campesina en Veracruz (1920-1938), Siglo XXI, México, 1979, p. 129. sUbaLternidad y hegemonía... 61 políticas de la Revolución francesa con la que se había comenzado a pensar, no según las “castas” o los “estados”, sino según el Estado (C8, §187). Y es que la arquitectura conceptual de la filosofía política hegeliana, construida considerando no sólo la singularidad de la civilización moderna sino las contradicciones inherentes al despliegue de la sociedad industrial, culminaba en la idea del Estado como una “totalidad ética”: un complejo entramado de relaciones, deberes y derechos que, comprendiendo las esferas de la familia y la sociedad civil, tenía como fundamento articulador una constitución política capaz de incluir, trascendiéndolos, los intereses privados organizados en corporaciones, cuya integración orgánica en la vida estatal era la clave para Hegel de la “auténtica fuerza” y legitimidad del poder del Estado.12 En contraste con la llamada “teoría política del individualismo posesivo”, que utilizaba una figura propia del mercado para fundamentar la existencia de un orden político orientado al resguardo de intereses particulares,13 Hegel había fundamentado la función integradora —universal— del Estado conservando derechos corporativos. Se superaban así en el Estado las tensiones de la sociedad moderna, atomizada por intereses privados, al tiempo que se realizaba la libertad en su configuración más concreta: la libertad entendida no como el libre arbitrio de una voluntad caprichosa, sino como el pleno florecimiento y reconocimiento de los individuos y sus intereses en la pertenencia a una comunidad ética objetivada en costumbres, leyes e instituciones. En la estructura constitucional de ese Estado, coronada por el monarca, Gramsci no sólo encontró en los funcionarios encargados del poder gubernativo esa “aristocracia” que eran los intelectuales. Encontró también la proyección de un gobierno 12 Georg W. F. Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho (traducción y prólogo de Juan Luis Vernal), Edhasa, Barcelona, 1988, agregado al §290. 13 C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Trotta, Madrid, 2005. 62 rhina roUx sostenido en el consenso organizado de los gobernados, y no en el consentimiento “genérico y vago” afirmado en el instante de unas elecciones (C1, §47). Al mismo tiempo, en sus indagaciones históricas, Gramsci descubría el proceso social del que la filosofía política hegeliana era una refinada traducción. En contraste con los mundos antiguo y medieval, en los que la mínima centralización política y territorial había permitido que los grupos subalternos tuvieran vida e instituciones propias (salvo los esclavos antiguos y los proletarios y siervos medievales), en el Estado moderno —escribía en junio de 1930— quedaban subordinados a la hegemonía del grupo dirigente y dominante, aboliéndose autonomías que sin embargo renacían como partidos, sindicatos y asociaciones culturales (C3, §18). Si esto era así, entonces el cercamiento de tierras comunales mediante el cual se despojó a los productores de sus medios materiales de autosuficiencia, se había acompañado, para decirlo con palabras de Thomas, de la disgregación y el “cercamiento” de las clases subalternas en la trama estatal,14 aristas uno y otra de un mismo proceso histórico que, como demostró Federici, incluyó el “cercamiento” de los cuerpos de las mujeres y su reclusión en el ámbito doméstico.15 Siguiendo con crítica lucidez las huellas de Hegel, desde el otoño de 1930, Gramsci comenzó a elaborar teóricamente lo que con intención pedagógica llamaría Estado integral: una forma de ordenación política de la sociedad moderna que no se reduce al aparato gubernamental ni a los instrumentos institucionales de coerción física, sino que comprende relaciones materiales, entramados simbólicos e instituciones de la llamada “sociedad civil”, y que se sostiene no sólo en la violencia sino en el consentimiento de los gobernados. “La distinción entre sociedad política y sociedad civil es puramente metodológica, Peter D. Thomas, “Refiguring the Subaltern”, en Political Theory, vol. 46, núm. 6, 2018, recuperado de <https://doi.org/10.1177/0090591718762720>. 15 Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Tinta Limón, Buenos Aires, 2018. 14 sUbaLternidad y hegemonía... 63 no orgánica, y en la vida histórica concreta sociedad política y sociedad civil son una misma cosa”, escribió en octubre de 1930 reflexionando sobre “las relaciones entre estructura y superestructuras”, “el problema crucial del materialismo histórico” (C4, §38).16 Bajo diferentes formulaciones, las referencias al Estado como una “articulación orgánica” entre sociedad política y sociedad civil serían desde entonces abundantes en sus cuadernos carcelarios. “El Estado es todo el entramado de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados”, insistió todavía en 1933 resumiendo su visión de la moderna forma estatal (C15, §10). Sin embargo, lejos de considerar el Estado como si se tratara de un orden social estático, fijado de una vez y para siempre, Gramsci dibujaba en la diversidad de formas estatales procesos humanos atravesados por el conflicto, la resistencia y la lucha. Su análisis comparativo de la unificación italiana con las experiencias francesa, inglesa y alemana, expuesto en su cuaderno especial sobre el Risorgimento, considerando además la situación europea e internacional, daba cuenta de un modo de mirar el proceso estatal anclado siempre en el terreno histórico concreto. En dichos análisis, la hegemonía aparecía como un terreno material y simbólico disputado, y no como una formación ideológica acabada y monolítica; y las clases subalternas no aparecían como sumisas cautivas del Estado, sino mucho más activas y capaces de enfrentamiento. La compleja relación entre la dominación y la política de las clases subalternas, dentro de y en oposición a la relación estatal, fue abordada por Gramsci en 1934 en su cuaderno especial intitulado “Al margen de la historia (Historia de los grupos sociales subalternos)”, en el que recuperaba y afinaba diversas Un análisis detallado de las afinidades y diferencias entre la idea hegeliana del Estado y la concepción gramsciana del “Estado integral”, se encuentra en el estudio de Peter D. Thomas The Gramscian Moment. Philosophy, Hegemony and Marxism, Haymarket Books, Chicago, 2010, capítulo 5. 16 64 rhina roUx notas escritas desde 1930. Esbozó ahí los criterios metodológicos para reconstruir esa historia como una historia entrelazada con la de la sociedad civil y, por tanto, con la historia de los Estados: La unificación histórica de las clases dirigentes ocurre en el Estado, y la historia de aquéllas es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados. Pero no hay que creer que tal unidad sea puramente jurídica y política, si bien también esta forma de unidad tiene su importancia y no solamente formal: la unidad histórica fundamental, por su concreción, es el resultado de las relaciones orgánicas entre Estado o sociedad política y “sociedad civil”. Las clases subalternas, por definición, no están unificadas y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en “Estado”: su historia, por lo tanto, está entrelazada con la de la sociedad civil y, por este medio, de la historia de los Estados o grupos de Estados. Y esbozando un ambicioso programa de estudio en que “las relaciones orgánicas entre Estado o sociedad política y sociedad civil” aparecían atravesadas por el consentimiento, el conflicto y la lucha, la mano del preso 7047 agregaba: Por lo tanto, es preciso estudiar: 1) la formación objetiva de los grupos sociales subalternos a través del desarrollo y las transformaciones que tienen lugar en el mundo de la producción económica, su difusión cuantitativa y su origen en grupos sociales preexistentes, de los que conservan durante cierto tiempo la mentalidad, la ideología y los fines; 2) su adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes, los intentos de influir en los programas de estas formaciones para imponer reivindicaciones propias y las consecuencias que tales intentos tienen en la determinación de procesos de descomposición y de renovación o de neoformación; 3) el nacimiento de partidos nuevos de los grupos dominantes para mantener el consenso y el control de los grupos subalternos; 4) las formaciones propias de los grupos subalternos para reivindicaciones de carácter restringido y parcial; 5) las nuevas formaciones que afirman la autonomía de los grupos subal- sUbaLternidad y hegemonía... 65 ternos pero en los viejos cuadros; 6) las formaciones que afirman la autonomía integral, etcétera. La lista de estas fases puede hacerse aún más precisa con fases intermedias o con combinaciones de varias fases. El historiador debe señalar y justificar la línea de desarrollo hacia la autonomía integral (C25, §5). Ni establecida desde arriba ni impuesta desde abajo, la hegemonía en su elaboración gramsciana era pensada como un proceso disputado: un proceso que se va remodelando en la interacción conflictiva entre dominadores y dominados, obligando a las élites dirigentes a incorporar reivindicaciones y símbolos subalternos y a ejercer el poder político en las coordenadas del discurso público resultante. A contrapelo de la lectura convencional, William Roseberry propuso entonces utilizar el concepto de hegemonía no para entender el consenso sino para entender la lucha: Las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. Lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos.17 Si esto es así, entonces el concepto de hegemonía no sólo permite comprender el papel activo que cumplen las clases subalternas en la conformación del Estado, sino también la inherente fragilidad del proceso estatal, siempre dependiente de mantener la constitución fragmentada de los subalternos y 17 William Roseberry, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno, Era, México, 2002, p. 220. 66 rhina roUx de impedir lo que, con lenguaje soreliano, Gramsci llamaba “el espíritu de escisión”. El doble cuerpo del Príncipe La interrupción del despojo que habían logrado en los años revolucionarios los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, entre 1936 y 1938 se volvió auténtica inversión —en sólo tres años— de lo que había sido una tendencia secular. La reforma agraria cardenista, emprendida en medio del ascenso de la movilización obrera, después del triunfo político sobre el callismo y sostenida en una milicia rural de 60 mil campesinos, logró modificar aquella tendencia y desarticular el poder de la antigua oligarquía agraria, cuyas propiedades, después de la Revolución, se habían mantenido prácticamente intactas.18 La organización de ejidos colectivos con maquinaria agrícola y sistemas tecnológicos de irrigación de tierras en la Comarca Lagunera, el Valle del Yaqui en Sonora, el Valle de Mexicali, la región del Soconusco y las antiguas haciendas de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán, fueron parte de un proceso que se propuso elevar la productividad, resguardando el entramado hereditario de la comunidad agraria a la vez que haciéndola partícipe del disfrute de los bienes materiales y espirituales creados en la civilización moderna. Su complemento espiritual fue la educación socialista: un proyecto educativo opuesto al de la Iglesia, pero también al del pensamiento liberal, con el que se intentaba suscitar en el imaginario nacional la visión de una comunidad fundada en la libertad y la solidaridad, capaz de impulsar la realización de esa “utopía social de raíz campe- 18 Los datos registraron en frío lo que significó aquella inversión en caliente de una tendencia histórica: entre 1930 y 1940 las tierras ejidales pasaron de 13 a 47 % de las tierras de labor y de 13 a 57 % de las tierras de riego censadas. Véase Sergio Reyes Osorio et al., Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1974. sUbaLternidad y hegemonía... 67 sina” descrita por Adolfo Gilly en su estudio del cardenismo.19 La expropiación de la industria petrolera restableció a su vez un principio de la legitimidad política mexicana tejido en las vicisitudes de la historia: la de los bienes naturales como patrimonio común del pueblo mexicano, creando con ello uno de los grandes mitos unificadores de la nación. El reparto de tierras ejidales y la expropiación petrolera fueron los fundamentos materiales de afirmación del poder estatal mexicano. Con ellos, el cardenismo acotó y desmanteló buena parte del poder de caciques y caudillos regionales, eliminó el poder detrás del trono (el “maximato”), disciplinó el ejército y el partido, afirmó la existencia de un mando nacional, suspendió la violencia, fundó en el control estatal de la renta petrolera uno de los soportes materiales del equilibrio en la relación con Estados Unidos, y convirtió la institución presidencial en depositaria exclusiva del mando supremo del Estado en todo el territorio nacional (y todo ello sin las purgas, asesinatos y juicios sumarios que habían caracterizado en los años veinte los “ajustes de cuentas” de la “familia revolucionaria”). Un pacto no escrito de protección y lealtad se reafirmó en esos años en los códigos ocultos de mando-obediencia entre élites dirigentes y clases subalternas. Esos lazos de protección y lealtad, heredados de formas muy antiguas de la politicidad mexicana, amparados en las normas jurídicas del Estado y remodelados en los procesos cotidianos del litigio y la negociación, condicionaron en México todas y cada una de las dimensiones de reproducción del poder estatal: la suspensión de la violencia, la conservación en el mando de la élite gobernante posrevolucionaria, el establecimiento de reglas de transmisión pacífica del mando, la afirmación del mando estatal en todo el territorio nacional y la reproducción estable de la dominación. Revueltas de caudillos militares, organización de milicias campesinas, una larga disputa jurídica con Estados Unidos, 19 Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, Era, México, 2001. 68 rhina roUx la guerra cristera, el reparto de tierras y la organización de ejidos, la formación de sindicatos nacionales de industria (mineros, ferrocarrileros, petroleros), la conquista de contratos colectivos de trabajo por rama industrial, y la expropiación de la industria petrolera, en los años veinte y treinta, fueron los momentos clave de construcción de una hegemonía. En ese turbulento proceso histórico, cuyo desenlace no estaba definido de antemano, fue restableciéndose también en las prácticas cotidianas, en los rituales del mando y en el imaginario colectivo, la figura del Príncipe, una figura protectora con hondas raíces en la historia mexicana encarnada ahora en la institución presidencial. En su tríada constitutiva, el andamiaje institucional de esa forma estatal cristalizó el complejo de controles, acuerdos y equilibrios que fueron constitutivos de una forma política de la dominación: la estructura corporativa de regimentación y negociación con sindicatos, ejidos y organizaciones populares; el partido del aparato estatal (Partido de la Revolución Mexicana [PRM]) como mecanismo de circulación ordenada del mando entre los miembros de la “familia revolucionaria”, y en la cúspide, coronando la articulación interna de las instituciones del Estado y representando el mando supremo, la institución presidencial. Único legislador, jefe máximo de la burocracia estatal y comandante supremo de las fuerzas armadas, a la figura presidencial estaban subordinados todos los poderes e instituciones del Estado: los poderes Legislativo y Judicial, los cuadros de la élite gobernante, las gubernaturas de los estados, el partido, el ejército y la estructura corporativa de representación de intereses privados. Y a la institución presidencial, limitada en su mandato sólo por el tiempo, pertenecía también con exclusividad la facultad que resumía, como en la ficción jurídica de “los Dos Cuerpos del Rey” divulgada en la Europa de las monarquías absolutas, el carácter supremo de la soberanía y la sacralización del cuerpo político del Estado: la designación del sucesor. sUbaLternidad y hegemonía... 69 Lo que dio su peculiaridad a esa constitución estatal fue que sacó la tierra de los circuitos del mercado: un derecho protegido durante siglos por el manto protector de la Corona española, peleado en las rebeliones indígenas y campesinas que atravesaron la historia poscolonial, y arrancado por la Revolución mexicana. Al Doble Cuerpo del Príncipe —persona natural a la vez que representación simbólica del Estado— correspondió en la realidad de las relaciones sociales materiales la protección del ejido, el resguardo de los bienes naturales como patrimonio nacional, la educación pública laica y gratuita, y el control estatal de la renta petrolera. Epílogo Los fundamentos de la relación estatal mexicana, tejidos en la experiencia y la mentalidad de seres humanos antes de que fueran consignados en los textos jurídicos, comenzaron a resquebrajarse en la segunda posguerra. La industrialización, la difusión de relaciones salariales, la penetración del mercado en las tierras ejidales, la desintegración de ejidos colectivos y la apropiación privada de la renta de la tierra ejidal, minaron lentamente el entramado social en que se había sostenido una relación estatal. La forma cristalizada de ese proceso social fue el régimen del partido Partido Revolucionario Institucional (PRI), con sus redes clientelares, su intercambio de favores y prebendas, su paternalismo, su exaltación de la figura presidencial y sus secrecías. Y sin embargo la relación estatal, aun vaciada de sus nutrientes vitales, se conservó en el mundo de la segunda posguerra. No sólo porque se trataba del mundo del Welfare State, de la planificación estatal de las economías nacionales y de los llamados “Treinta Años Gloriosos”, sino porque la relación estatal surgida de la Revolución y anclada en las corrientes subterráneas de la historia se recreaba en los hábitos cotidianos, en los rituales del mando y en las mentalidades. 70 rhina roUx Esa relación estatal, erosionada ya en la segunda posguerra, comenzó a disolverse en el vendaval de una gran transformación mundial. La reforma del Artículo 27 constitucional, aprobada en 1992 junto con cambios en la legislación nacional sobre la propiedad y usufructo de minas, bosques y aguas, simbolizó el ingreso del territorio mexicano en un cambio de época. Esa reforma, que formalizó el ingreso de la tierra en los circuitos del mercado, abrió las compuertas de una nueva marea de despojo que comenzó a restablecer el dominio del capital no sólo sobre la tierra sino sobre todos los bienes comunes, materiales e inmateriales. El proceso, que comenzó a destruir a su paso mundos de la vida, acompañándose de la confiscación de derechos laborales y su reemplazo por políticas asistenciales clientelarmente dirigidas, desbordó formas anteriores de organización colectiva y expandió los circuitos informales del trabajo asalariado, imponiendo la fragmentación y la atomización de la sociedad. En ese proceso, que abrió un nuevo ciclo de concentración y centralización de capitales, se fue conformando una nueva fracción dominante del capital financiero asociado con capitales externos, subordinando a todas las otras fracciones del capital. Con todo, en la violencia de este proceso no asomó una república de ciudadanos autónomos regida por el gobierno impersonal de la ley, sino la destrucción de los fundamentos históricos de una forma estatal, destrucción que arrastró consigo a la figura del Príncipe, símbolo de la unidad y soberanía estatal. Desamparo, inseguridad, impunidad, la integración subordinada del territorio nacional en los circuitos productivos, mercantiles y financieros de Estados Unidos; la fragmentación del territorio nacional en múltiples señoríos regionales controlados por bandas armadas del narcotráfico (protegidos por redes de complicidad en el ejército, policías y gobiernos estatales y municipales); la expansión de los mercados del narcotráfico hacia otras actividades delictivas: la extorsión de migrantes, el tráfico de órganos, la tala de bosques, la minería y el robo de gas natural; la conversión del ejército en una suerte de policía nacional encargada de regular las disputas internas del narcotráfico y de contener las migraciones; una espiral de violencia cotidia- sUbaLternidad y hegemonía... 71 na vuelta pandemia y la proliferación de formas autónomas de organización y defensa comunitaria para la protección de sus vidas, bienes y territorios, son algunas de sus manifestaciones. Sin embargo, en medio de la tempestad, la figura del Príncipe parece resistirse al desvanecimiento, porque ella se encuentra enraizada en los hábitos y en las mentalidades: en la tenaz persistencia de códigos, rutinas y rituales del mando en todos los intersticios de la sociedad. Si el torbellino de este cambio epocal logra arrasar los fundamentos históricos de una forma estatal, sólo la experiencia de la nueva forma de dominación y de las nuevas formas de resistencia y oposición que en este proceso también se están gestando, podrá terminar de revelarlo. Ya es imposible un retorno de la vieja forma estatal en el nuevo mundo unificado de las finanzas y del vertiginoso cambio tecnológico; pero quizá sea posible imaginar el resguardo de las viejas reglas protectoras de la naturaleza y del mundo humano en la modernidad de los derechos civiles y en el disfrute de los bienes materiales e inmateriales producto del trabajo humano acumulado. 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Mientras que el liberalismo, clásico o contemporáneo, presenta como real una distinción analítica entre ambos, hasta el punto de confundir la operación del entendimiento con su referente concreto, para después concluir que el Estado no debe intervenir en el decurso “natural” * Profesor-investigador. Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 1 Fabio Frosini, Guido Liguori, et al., Le parole di Gramsci. Per un lessico dei Quaderni del carcere, Carocci, Roma, 2004, p. 215. 73 74 diana FUentes de la dinámica mercantil, Gramsci arguye que la libertad del mercado está lejos de ser la expresión espontánea o “automática del hecho económico”.2 Antes bien, sus flujos y circulación están siempre soportados por un entramado jurídico y coactivo que se reglamenta vía el Estado —específicamente: vía la sociedad política—. De modo que el mercado no opera ni se autorregula desde el vacío, pues no representa un territorio aséptico sólo fiel a su propia lógica. Por esto, la defensa liberal y neoliberal de la ausencia de intervención estatal es una estratagema que, bajo el manto del libre mercado, pretende ocultar su propio programa político y su efectiva intervención en el hecho económico.3 Ello no significa, en contraparte, que el Estado deba concebirse como una simple herramienta hecha a modo para el cabal cumplimiento de los fines del capital. Fuera de esta simplificación dicotómica, el ejercicio gramsciano conduce a pensar el carácter relacional entre sociedad civil y sociedad política.4 En consonancia con Marx, pero con una clara influencia hegeliana,5 para Gramsci el Estado es la expresión de la situación económica en la medida en que él es su forma estrictamente política. Ello supone una red de relaciones complejas en la que intervienen sujetos o grupos de sujetos inscritos en relaciones mercantiles o productivas específicas que configuran la sociedad civil, cuyo rasgo definitorio es la competencia egoísta. De modo que los agentes económicos de la sociedad 2 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, México, Era, 2001, cuaderno 13, §18, p. 41. 3 Ibid., cuaderno 13 §18, p. 41. 4 En 1976, Buci-Gluksmann utiliza la expresión “Estado alargado”, que desde entonces es utilizada de forma generalizada. Gramsci no la usó nunca, pero sí se refirió al “Estado en sentido orgánico y más largo”, ibid., cuaderno 6, §87, p. 763. 5 “Cuando se presenta al Estado como una unidad de diversas personas, como una unidad que es sólo comunidad, lo que se mienta es exclusivamente la determinación de la sociedad civil. Muchos doctrinarios del derecho público no han salido de esta comprensión del Estado”, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principio de la filosofía del derecho, II. La sociedad civil, Barcelona, Edhasa, 2005, §182. Agregado, p. 303. estado y hegemonía... 75 civil, como habría afirmado Hegel, son personas y grupos concretos que resultan un fin particular para sí mismos en tanto “todos los demás no son nada”;6 es decir, su móvil de acción son sus intereses privados. Por ello, en términos de Marx, la sociedad civil o sociedad burguesa —en traducción directa del alemán Bürgerliche Gesellschaft— es el espacio de las más viles apetencias, pues en él se dirime la competitividad de los propietarios privados que, bajo la dinámica general de acumulación de valor, sólo responden a dicha demanda de manera dislocada e irracional. En principio, en el capitalismo no hay un orden jerárquico que logre armonizar en plenitud los intereses de quienes pretenden dominar el mercado, como tampoco hay certezas de la presunta autorregulación mediadora de la anhelada mano invisible. Ésta es la diferencia específica de la forma del orden de lo público en la modernidad. Por ello, Hegel concluyó que el carácter normativo capaz de superponerse al egoísmo particular para armonizar la vida colectiva, debía provenir de un Estado fuerte. Gramsci, en cambio, siguiendo a Marx, considera que el Estado es la expresión de la situación económica; es la manifestación del conflicto entre grupos de clases. De manera que es falsa la explicación y justificación de la acción del Estado como una actividad neutra que interviene en favor de la efectiva resolución de los conflictos de grupos antagónicos. El Estado no logra sobreponerse a los intereses que atraviesan a la sociedad de clases, pues él mismo no resulta de la escisión del orden de lo político respecto de lo económico. Por el contrario, lejos de ser una estructura fija y vacía, o un orden vertical y absolutamente centralizado, el Estado implica redes de relaciones concretas que tienen lugar en lo que sí son dos espacios distinguibles en su especificidad, mas no por ello autosuficientes: sociedad civil y sociedad política. Las relaciones entre ambos, y la gradación de su peso específico en la composición estatal, son de orden 6 Ibid., p. 303. 76 diana FUentes histórico; el mayor o menor desarrollo de la sociedad civil, por ejemplo, no está aparejado con la historia de consolidación del Estado nacional ni con su estructura organizativa. La sociedad civil de naciones como Francia o el Reino Unido no surgió con la misma fuerza, capacidad de intervención política o composición que tuvo en otras naciones europeas, y mucho menos puede ser equiparada a la de distintas naciones latinoamericanas. En sentido opuesto, los procesos de consolidación de un Estado nacional con fronteras precisas o clara soberanía, tampoco han sido necesariamente el resultado de la acción política de una sociedad civil fuerte. De ahí que, a partir de la distinción entre sociedad civil y sociedad política, Gramsci y buena parte del gramscianismo posterior entren al debate sobre las posibilidades y límites de la revolución en Occidente o en los países con un fuerte y claro desarrollo de la sociedad civil, que la convierte en un agente múltiple de acción política. En otras palabras, esta separación conceptual es una herramienta teórica que permite reconocer, por ejemplo, las variaciones en los procesos de construcción de los Estados modernos. Ésta es la razón por la cual era necesario para Gramsci comprender la forma de relación política estatal que se consolidó durante el siglo XIX, es decir, aquélla que se complejizó después de 1870 en Europa. Aunque se sostiene que el Estado es la forma política concreta de un determinado sistema de producción, con eso no decimos mucho, o no lo suficiente, sobre las “relaciones de fuerza internas” de un país determinado, ni sobre las fuerzas internacionales o su posición geopolítica,7 entre otros muchos factores. Es por ello que nuestra comprensión del Estado no puede ser aplicada mecánicamente ni puede ser explicada sólo bajo la determinación general del modo de producción. De ahí el denodado historicismo que permitió a Gramsci evaluar el desarrollo y el cambio de las relaciones políticas contemporáneas, y comprender por último que el poder 7 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 4 p. 232 estado y hegemonía... 77 coercitivo es insuficiente —aunque también imprescindible— para la consolidación de las relaciones de poder estatal en la fase donde el Estado funciona como el organismo de un grupo para el que crea las condiciones más favorables de expansión; es decir, del Estado en fase “superestructural compleja”, fase en la que se han creado las condiciones de unidad entre fines económicos y políticos; momento en el que un grupo con pretensiones de dirección debe generar valores e intereses tan amplios como para atraer el apoyo de otros grupos y, con ello, obtener consensos. En otras palabras, es el periodo en que deben crearse formas culturales, morales, intelectuales e ideológicas que garanticen su papel hegemónico. Sólo en la medida en que se afiance la construcción del consenso a través de estos constructos, en tanto que actividad hegemónica, es que se fija la congruencia entre intereses económicos y la implantación generalizada de un modo de vida. En sus términos, es la fase más estrictamente política, que marca el paso de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, es la fase en la que las ideologías germinadas precedentemente devienen “partido”, se confrontan y entran en lucha, hasta que una de ellas, o al menos una combinación de ellas, prevalece, determinando por encima la unidad de los fines económicos y políticos.8 Gramsci pretende determinar cuál es la función del Estado en el momento de la lucha permanente por la hegemonía político-ideológica entre los grupos que representan distintos intereses de clase. Recuperando la referencia al parágrafo §11 del Cuaderno 4, pero en la segunda redacción del Cuaderno 13, se puede leer el desarrollo analítico del problema del Estado. Ahí se aclara que, para interpretar cabalmente las relaciones de las fuerzas operantes en un determinado periodo histórico, es necesario resolver la relación existente entre estructura y 8 Ibid., t. 5, p. 32. 78 diana FUentes superestructura,9 es decir, desde la dialéctica que permite distinguir “aquello que es permanente de aquello que es ocasional”, bajo una perspectiva histórica que comprenda de modo complejo la tensión, la concordia discors que le es inherente. Ello implica moverse en el ámbito de los dos principios que Gramsci extrae del Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Marx.10 El primero dicta que ninguna sociedad se pone tareas para las que no existan ya las condiciones necesarias o suficientes, o al menos una vía de su aparición o desarrollo; el segundo, que ninguna sociedad se disuelve o puede ser sustituida si antes no ha desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones.11 Esto explica por qué las crisis modernas para Gramsci representan la transformación de las relaciones políticas que articulan campos de fuerza específicos en un momento en el que se ha fracturado el aparato hegemónico. Se trata, en este sentido, de crisis de hegemonía o crisis de autoridad que representan un momento particular de una crisis orgánica. De ahí su conocidísima frase: “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados” (Q 3, 34). Opuesta a una secuencia causal y unidireccional, esta concepción de la crisis reconoce el potencial advenimiento de una nueva configuración de las relaciones de producción en el seno 9 Se debe recordar que para Gramsci la distinción estructura-superestructura no era una distinción conceptual fuerte de la que pudiera deducirse una oposición excluyente, sino que se trataba de una suerte de metáfora con fines casi ilustrativos usada por Marx, de la que no podría derivarse ninguna clase de separación o determinación unilateral, particularmente, del factor económico o material. 10 “Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad”, Karl Marx, Introducción general a la crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 2006, p. 67. 11 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5 p. 37. estado y hegemonía... 79 aún vivo de una formación social que se corresponde con la estructura técnica y la base material que le da sustento. Gramsci sintetiza este traslape, propio de los momentos de transición histórica de fenómenos de larga duración —como el paso de un modo de producción a otro—, para comprender tanto la continuidad como la fractura, y lo coloca en el análisis de procesos más circunscritos, históricamente más específicos y de orden político. Se trata de esa desavenencia en la que una parte de la vieja realidad social se resiste a desaparecer, pero ya no es suficiente para afrontar las nuevas necesidades sociales. Durante ese proceso, “en el interregno”, como espacio de indefinición, tienen lugar fenómenos anómalos a la vista de los momentos de estabilidad. De manera que el rasgo definitorio de la crisis de hegemonía es que en ella se opera una crisis de autoridad. Ello significa que la clase dominante ha perdido el consenso que le permitía ser dirigente y ahora se ve reducida a detentadora de la pura fuerza coercitiva: ahora es una clase dominante. Esto implica que los grupos subalternos se han apartado de las ideologías con las que se identificaban y que permitían un determinado consenso social. Para no perder el hilo conductor, debe recordarse que para Gramsci la forma específica que adquieren las relaciones sociales está condicionada objetivamente por las relaciones técnicas de producción y por un aparato instrumental —en este sentido desde el nivel estructural—; relaciones que en conjunto desarrollan un tipo de civilidad económica, ya que objetivamente requieren o solicitan “un determinado modo de vivir, determinadas reglas de conducta, una cierta costumbre”. Así, sin perder de vista el nivel de determinación estructural o material, se puede desarrollar una serie de principios de análisis12 para distinguir, en el estudio del estrato económico, los movimientos orgánicos y los movimientos de coyuntura. Los primeros son de largo alcance histórico y dan lugar a la crítica históri- 12 Esta metodología debe ser siempre inscrita en la dialéctica de los distintos en el sentido gramsciano. 80 diana FUentes co-social, en tanto que los segundos se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales, y dan lugar a la crítica de la política del día a día. De esta forma, Gramsci sienta las bases para el análisis de la relación entre economía y política, o entre economía y Estado. Se trata de un análisis que al trazar las transformaciones diacrónicas que consolidaron el Estado moderno, al mismo tiempo visibiliza sus rasgos sincrónicos, otorgando la posibilidad de aplicar las categorías derivadas de este procedimiento teórico al análisis de situaciones específicas —tal es el caso de la categoría de hegemonía—. De esta manera, Gramsci concibe principios generales de distinción para el estudio de las relaciones de fuerza, con los que es posible establecer una estratificación de momentos históricos y situaciones nacionales diversas, bajo la consideración de la variabilidad y especificidad de periodos o grados de interrelación. Se trata de una caracterización de tipos de relación política o de lucha de una clase o grupo social, en el momento del asentamiento de los Estados nacionales, que en Europa sucedió a fines del siglo XIX. El primer periodo y, en consecuencia, el primer principio de distinción, permite reconocer que la relación de fuerza social del desarrollo del Estado moderno estuvo estrechamente ligada a la estructura o vida económica, independiente de la voluntad de los sujetos; es decir: sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, los grupos sociales representaron una función y tuvieron una posición dada o claramente determinada en la producción. Es el momento más elemental: el económico-corporativo. Es la fase de dominio de la sociedad política —Estado y gobierno—, por lo que los elementos superestructurales son limitados o estrechos.13 “Por tanto Gramsci critica el sindicalismo revolucionario ‘en tanto eso se refiere a un agrupamiento subalterno, al que con esta teoría se le impide devenir dominante, salir de la fase económico-corporativa para elevarse a la fase de la hegemonía’”. Giuseppe Cospito, “Económico-corporativo”, en 13 estado y hegemonía... 81 Es en el seno de este momento económico-corporativo donde Gramsci localiza tres posibilidades distintas y sucesivas. En la primera, las relaciones de las fuerzas sociales se forman desde la identificación de los intereses de un mismo sector económico: “Un comerciante siente que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etcétera, pero todavía el comerciante no se siente solidario con el fabricante”. En la segunda se alcanza una conciencia solidaria de intereses entre los miembros de un mismo grupo social, pero todavía en el plano meramente económico. Y en la tercera se alcanza conciencia de que los propios intereses “corporativos” superan el círculo corporativo y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados.14 Esta última es la fase que abre paso a las relaciones de superestructuras complejas —afirma con contundencia Gramsci—; es decir: es la etapa más francamente política del desarrollo y cambio del Estado. Por esta razón, al momento económico-corporativo con estas tres posibilidades antes descritas, lo sucede la fase hegemónica de la sociedad civil, en la que ya se juega la relación de las distintas fuerzas políticas. Es decir, se trata del segundo periodo y criterio de distinción; en él se debe valorar el grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por varios grupos sociales. De este periodo, Gramsci nos dice: Marca el paso de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, es la fase en la que las ideologías se vuelven “partido”, se confrontan y entran en lucha, hasta que una de ellas o al menos una combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además la unidad de los fines económicos y políticos, así como la unidad intelectual y moral, situando todas las cuestiones en torno a las que bulle la lucha no en el plano corporativo, sino en un plano “universal”, Guido Liguori, Pasquale Voza, et al., Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci, Roma, 2011, p. 256. 14 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5, p. 36. 82 diana FUentes creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados.15 En la fase “superestructural compleja” del Estado, se han creado las condiciones de unidad entre fines económicos y políticos; es el momento de la hegemonía civil, como estrategia de consolidación. Es la fase de la “guerra de posiciones” para la que las modificaciones moleculares cambian progresivamente la composición de las relaciones históricas, sociales, políticas, etcétera. Es el momento en que el Estado sirve como un instrumento de clase que ejerce dominio no sólo de naturaleza jurídica o política, puesto que funciona como organismo destinado a crear condiciones de expansión de un grupo que presenta sus propios fines como universales y necesarios. En palabras de Gramsci: “La unidad histórica de las clases dirigentes tiene lugar en el Estado [...] tal unidad no es puramente jurídica y política, sino [...] es el resultado de las relaciones orgánicas entre sociedad política y sociedad civil”. A esta segunda gran fase es a la que Gramsci aplica su teoría del Estado ampliado, pues en ella se deben reconocer dos grandes planos superestructurales: sociedad civil y sociedad política. La sociedad civil corresponde al espacio de los organismos vulgarmente llamados privados, donde tienen lugar las funciones de “hegemonía”, que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad. La sociedad política corresponde al “dominio directo” o de mando, que se expresa en el gobierno jurídico y en las instituciones estatales. Ambas funciones, sociedad civil y sociedad política, son organizativas y conectivas,16 por lo que, tomando distancia relativa de la teoría clásica marxista sobre la función del Estado como herramienta de clase, Gramsci afirma que éste no produce una situación económica, sino que es la expresión de la situación económica a la vez que se podría 15 16 Ibid., pp. 36-37. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 4, pp. 357. estado y hegemonía... 83 hablar de él como agente económico, siempre que se le conciba desde esta doble constitución.17 En este marco, la categoría de hegemonía explica la relación recíproca entre la sociedad civil y la sociedad política; da cuenta del paso desde un estrecho interés particular —el económico-corporativo— al general, o, dicho de otra manera, del tránsito de lo económico a lo político, de la voluntad particular a la general. Y destaca la importancia política de la formación de la dirección moral e intelectual de un grupo dirigente. Así, el Estado, como la unidad orgánica entre sociedad civil y sociedad política, es un momento específico del desarrollo de las relaciones político-económicas, las cuales se caracterizan por un movimiento contradictorio en el que la revolución y la restauración son el reflejo de la lucha permanente por el dominio y el consenso. Dominio de la sociedad política y consenso de la sociedad civil, que son los mecanismos garantes de la hegemonía de una clase específica. De modo que Gramsci, al concebir la sociedad civil como un “aspecto del Estado”, enriquece la crítica marxista y abre la vía para reconocer el espacio en el que tiene presencia el conjunto de las organizaciones responsables de la elaboración o difusión de las ideologías; entre ellas, el sistema escolar, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones profesionales, la organización material de la cultura (periódicos, revistas, editoriales, medios de comunicación de masas),18 etcétera. 17 Ibid., p. 194. “Un estudio sobre cómo está organizada de facto la estructura ideológica de una clase dominante: es decir, la organización material tendiente a mantener, a defender y a desarrollar el ‘frente’ teórico e ideológico. La parte más importante y más dinámica es la prensa en general: casas editoras [...], periódicos, revistas de todo género [...]. La prensa es la parte más dinámica, pero no la única: todo aquello que influye o puede influir en la opinión pública directa o indirectamente le pertenece: las bibliotecas, las escuelas, los círculos y clubes de distinto tipo, hasta la arquitectura, la disposición de las calles y los nombres de éstas”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 2, p. 54. 18 84 diana FUentes Dividida en varios grupos y facciones entre los que la armonía y la comunidad son más bien ideales a los que se aspira, la sociedad civil tiene una naturaleza inherentemente antagónica, por lo que “la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras: como ‘dominación’ y como ‘dirección intelectual y moral’”. La sociedad civil es, en verdad, el portador material de la figura social de la hegemonía, por cuanto funciona como esfera de mediación entre la base económica de la reproducción de la vida social y la sociedad política. De ahí que un grupo social sea dominante sobre quienes le son antagónicos, y busque liquidarlos o subordinarlos, incluso por la fuerza armada si es necesario; pero se convierte en dirigente de aquellos que se alían o asocian con él. En un primer nivel, las relaciones que definen la sociedad civil marcan el conflicto y la lucha entre grupos, especialmente entre dominantes y subalternos; en otro, destacan la cohesión, el consenso y el propósito común que existe entre grupos opositores. La sociedad civil, por tanto, no es un espacio de libre expresión y organización absolutamente autónoma, tal y como lo ha delineado desde siempre el pensamiento liberal; antes bien, es la dimensión del Estado en la que los grupos sociales dirigentes deben ejercer un determinado grado de hegemonía, con la finalidad de que los grupos dominados-subalternos consientan su propia posición de subordinación a su autoridad. El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tomen en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía será ejercida, que se forme un cierto equilibrio de compromiso, esto es, que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero también es indudable que tales sacrificios y tal compromiso no puede afectar lo que es esencial, porque si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser económica [...].19 19 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5, p. 39. estado y hegemonía... 85 El monopolio de una clase o de un grupo dominante es la consecuencia de un determinado triunfo hegemónico. No obstante, toda hegemonía genera inmediatamente una contra-hegemonía —que no necesariamente emana de las clases subalternas—; es decir, se expresa una batalla permanente, una “guerra de posiciones” determinada por las complejas estructuras y asociaciones que constituyen la sociedad civil. En ella, la guerra de posiciones hace que la comprensión de los elementos ideológico-culturales cobre una importancia crucial para la formación de una dirección política emancipatoria. De ahí la relevancia metodológica, en el pensamiento de Gramsci, del estudio del folklor, de la distinción entre cultura popular y alta cultura, de la comprensión del pensamiento filosófico y, por supuesto, del papel social de los intelectuales como agentes ideológicos. Es también el fundamento de su interés por inaugurar una historiografía de las clases subalternas: sus orígenes y desarrollo. Interés que lo llevó al estudio lingüístico de la literatura popular, con la pretensión de comprender la generación y la diversidad de pensamiento en las formas culturales que adoptan los grupos sociales, particularmente los subalternos. Por estas razones, a partir del marco de la discusión sobre las dimensiones de la lucha política y acerca de las posibilidades de la construcción de alianzas, Gramsci resignifica el concepto de hegemonía, dándole un sentido y un uso dirigido a la comprensión de los mecanismos de dominio ideológico y las funciones de construcción de consensos. En verdad, como señala Peter Ives, el concepto de hegemonía no tiene en los Cuadernos una definición absoluta y acabada, pues su rendimiento teórico está siempre integrado o articulado con otros conceptos fundamentales, como los de revolución pasiva, guerra de posición, intelectuales, subalternidad, bloque histórico y sociedad civil.20 Y es precisamente desde el juego de esta relación teórico-orgánica que es posible asir y comprender sus distintos 20 Peter Ives, Language and Hegemony in Gramsci, Pluto, Michigan, 2004, p. 65. 86 diana FUentes alcances analíticos, que van de la economía a la literatura, de la religión a la antropología, de la psicología a la lingüística. Por otra parte, es importante recordar que la concepción ampliada del Estado en Gramsci presupone un criterio de análisis profundamente antieconomicista, alejado del determinismo de la materialidad económica como condicionamiento unicausal para la comprensión de la vida social y política. El Estado no es el simple reflejo o la capa superior y superflua de la dinámica general de la vida económica, pues deber ser comprendido también como un agente económico;21 por ello, al concebir a la sociedad civil y a la sociedad política como sus dos niveles superestructurales, tampoco se puede aceptar el conocido deslizamiento teórico que predominó entre quienes hicieron de Gramsci el “teórico de las superestructuras”. No se debe aceptar esta otra modalidad de escisión que induce a la eliminación del peso específico del hecho económico, hasta el punto de convertir la disputa por la hegemonía en una dinámica exclusiva de la sociedad civil, escindida de la sociedad política, y, sobre todo, separada de la dinámica económica, material o estructural. Gramsci es muy claro en ello e insiste en que si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser económica,22 en la medida en que si bien los intereses y compromisos del grupo dirigente se pueden gestionar e introducir en una relativa negociación con sus antagonistas, los límites de esa ductilidad política son de orden económico. Es por ello que Gramsci visualiza el Estado como un agente, lo que supone su efectiva intervención en la dinámica general de las disposiciones propiamente productivas o mercantiles, por ejemplo. Ello resulta de particular relevancia en los debates de la teoría y 21 “Habría que estudiar bien la teoría de Ricardo sobre el Estado como agente económico, como la fuerza que tutela el derecho de propiedad, o sea el monopolio de los medios de producción. Es cierto que el Estado ut sic no produce la situación económica, sin embargo, puede hablarse del Estado como agente económico en cuanto que precisamente el Estado es sinónimo de tal situación”. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 4, p. 194. 22 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5, p. 39. estado y hegemonía... 87 la ciencia política sobre el lugar del Estado y sobre los órdenes normativos, institucionales y políticos de las naciones contemporáneas en el actuar de la dinámica general del capital. Una de las consecuencias más relevantes de la teoría del Estado gramsciana es radicalmente opuesta al sentido liberal que se ha dado en las últimas décadas al lugar y campo de acción de la sociedad civil; espacio presuntamente deshabitado de los afectos e intereses de los organismos políticos —partidos, sindicatos, etcétera— y económicos, en tanto que territorio natural del ciudadano de a pie u ordinario, que no ha comprometido su agencia política con ninguna entidad institucionalmente reconocida en el campo de fuerzas de la disputa por las instituciones estatales, y cuya actividad productiva responde a una lógica que sólo es de competencia particular. Esta ciudadanización liberal, como habría dicho Hegel, presupone un ciudadano que es considerado un fin en sí mismo, pues se le comprende como sujeto de derechos y obligaciones particulares, ejercitables por fuera o por encima de una conflictividad que sólo se reconoce en los organismos políticos. Se trata de un abordaje teórico que presenta una ciudadanización despolitizada, por cuanto se la define como ajena a las disputas de esa conflictividad, es decir, que en última instancia la concibe como una sustancia inasible y despersonalizada que sólo adquiere consistencia en el momento en que, por ejemplo, toma cuerpo en las entidades denominadas “organismos no gubernamentales”. La sociedad civil, vista de este modo, también abstrae y homologa las determinaciones de orden económico y oculta, bajo el manto de la ciudadanización, las condiciones de la división social del trabajo y las relaciones de producción. Es por ello que la lectura liberal de las tesis gramscianas concluye que la sociedad civil es el hábitat natural del consenso, en tanto que la sociedad política representaría el lugar de la coerción y la dominación, omitiendo —como el propio Gramsci afirma— su propio programa político y su efectiva intervención en la urdimbre de la vida económica. En síntesis, se puede afirmar que la lectura que hace caso omiso de las funciones “organizativas y conectivas” que 88 diana FUentes Gramsci reconoce tanto en la sociedad civil como en la sociedad política, desarticula también el nexo que éstas tienen con el hecho económico; en esa medida, la ciudadanización liberal crea una operación ideológica en la que se pretende pasar por alto la conflictividad de orden material que se halla a la base de las relaciones sociales contemporáneas. Éste es el alcance de una lectura fuerte del concepto de hegemonía, pues con él Gramsci atiende a la sofisticación del ejercicio del poder político, por cuanto permite visibilizar cómo —tanto en la sociedad civil como en la sociedad política— se articulan los grupos y fuerzas efectivas que responden en grados diversos a la disposición de las tensiones que les presenta la realidad económica. Sistema escolar, iglesias, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación de masas, organismos no gubernamentales, en todos ellos se expresan, en estratos y jerarquías múltiples, y bajo determinaciones geopolíticas e históricas generales, las contradicciones propias de la sociedad capitalista, a la vez que ocultan relaciones de subordinación en las que no sólo opera de manera directa una forma de dominio coercitivo, sino también los consensos necesarios que permiten la dirección moral e intelectual de un grupo dirigente. Esto supone que la hegemonía no puede ser reducida al ejercicio de un determinado dominio, sea de orden político, sea de orden educativo, discursivo, etcétera. En ella también se manifiesta la composición interrelacional de las fuerzas que se han constituido como dirigentes, y que se ratifican con el ejercicio constante de la consolidación de un orden ético, esto es, de un tipo de comportamiento social y una comprensión del mismo. Despolitización de la sociedad civil en México El primer sexenio de la Cuarta Transformación abrió los espacios de pugna entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la llamada oposición, que agrupa al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimien- estado y hegemonía... 89 to Ciudadano y otros actores organizados en torno a Claudio X González. Tanto en el terreno abiertamente político como en la disputa por el proyecto de nación, los grandes nodos de la contienda han sido la Reforma Energética, los proyectos de desarrollo nacional (Tren Maya y refinerías), la Reforma Política, el debate sobre los Organismos Constitucionales Autónomos (particularmente el Instituto Nacional Electoral [INE] y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales [INAI]), los Fideicomisos, el Sistema Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt), el Foro Consultivo, la salud, el manejo de la pandemia de COVID-19 y la Reforma Educativa. En torno a dichos nodos se ha buscado crear un polo de oposición relativamente consistente, a fuerza de capitalizar tensiones, contradicciones y límites que cobren eco en el debate público y den resultados electorales, con el fin de disminuir las mayorías legislativas y el dominio en los puestos de representación popular de Morena. Con mayor o menor éxito y capacidad de incidencia, de entre todos estos estratos de conflictividad, la idea fuerza que ha logrado congregar a la variopinta oposición con miras a convocar a la movilización, ha sido la defensa de la democracia. Democracia asociada al pluralismo democrático, al sistema de partidos y, sobre todo, a la sociedad civil, es decir, a aquel marco teórico-político con el que desde hace más de dos décadas se sostuvo que la democracia en México se consolidó y puso fin al sistema autoritario del priismo, después de un periodo de transición que llevó casi dos décadas.23 Agrupados bajo distintos nombres —Va por México, Unidos por México, Frente Cívico Nacional, etcétera—, diversos actores políticos con clara filiación partidaria relacionada con el viejo régimen, o cuadros burocráticos identificables con los grupos de poder de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calde- 23 José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México, Colegio de México, México, 2012, p. 9. 90 diana FUentes rón y Enrique Peña Nieto, han intentado consolidar una fuerza política capaz de convocar a los sectores descontentos con el obradorismo, bajo el estandarte de la necesaria incidencia de la sociedad civil para un cambio de rumbo. Bajo esta premisa, dicho núcleo opositor ha intentado hallar en la defensa de las instituciones y los marcos normativos creados en el periodo de la alternancia presidencial entre PAN-PRI, los reductos para dar cuerpo a una fuerza política con una identidad suficiente para disolver en el ácido de la desmemoria las relaciones orgánicas de sus animadores más visibles. Relaciones que, desde el marco teórico del Estado ampliado gramsciano, visibilizan el entramado que, en el espacio de la sociedad civil, articula intereses económicos y agrupaciones de carácter corporativo. Todo ello por medio de una narrativa articulada, difundida y potenciada por los medios corporativos y sus intelectuales orgánicos;24 una narrativa que, como se hizo desde 2006, insiste en instalar en el sentido común la idea de que vivimos un régimen totalitario que amenaza la vida democrática y al que se debe oponer una ciudadanía activa. La presunción de la neutralidad político-económica de la ciudadanía ha sido uno de los rasgos de la teoría política liberal desde hace algunas décadas. Las teorías sobre el lugar y las características de la sociedad civil asociada a la democracia liberal, provienen de la ecuación que confirió a la primera la cualidad de ser un “terreno” que funciona como “el principal espacio para la potencial expansión de la democracia bajo regímenes democrático-liberales”,25 en oposición a los denominados regímenes “totalitarios”, y a las amenazas que represen- 24 El concepto de intelectual orgánico de Gramsci bien se puede aplicar a los académicos, periodistas, columnistas, etcétera, perfectamente identificados con las agendas de los medios corporativos con los que están articulados de manera orgánica, es decir, funcionan como creadores y difusores de ciertos órdenes de discurso cuya finalidad es crear tendencias de opinión que tengan un impacto efectivo en las tendencias electorales. 25 Jean L. Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 7. estado y hegemonía... 91 tan los mecanismos económicos y administrativos. Desde esta perspectiva, la sociedad civil se presenta como opuesta al Estado (sociedad política), y se asume que en ella se puede ejercitar fuertemente la vida democrática, en tanto que también se le distingue del campo de lo económico (sociedad económica).26 En esa medida, la sociedad civil es “una esfera de interacción entre economía y el estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública”,27 y cuyo rasgo fundamental es poseer capacidad de “autoconstitución” y “automovilización”. La sociedad civil, además, se separa de los partidos políticos, organizaciones políticas —como los sindicatos— y de las estructuras parlamentarias; y es diferente de la organización de la producción —como las cámaras industriales—, las empresas o las cooperativas. Y, lo que es muy importante, se sostiene que el lugar político de la sociedad civil no está relacionado con una aspiración al poder del Estado, sino con generar “influencia mediante la actividad de las asociaciones democráticas y la discusión no restringida en la esfera pública cultural”.28 Sobre estas bases, la teoría política liberal sobre la sociedad civil ha intentado franquear las determinaciones económicas y el modo en que éstas articulan la división social del trabajo, para colocar en el centro un “terreno” que, ajeno a la sociedad política ha sido, al mismo tiempo, el depositario de los procesos de “transición a la democracia”,29 que en Europa se 26 A diferencia del concepto de sociedad política, este otro concepto no proviene del pensamiento de Gramsci, sino de los teóricos liberales que reconocen el peso de la intervención de los agentes económicos en la vida política y que pretenden distinguir a través de este término con el fin de reconocer su espacio de acción y lo que presuntamente garantizaría los límites de su intervención en los asuntos públicos. 27 Ibid., p. 8. 28 Ibid., p. 9. 29 Ibid., p. 22. 92 diana FUentes relacionaron con la caída de la Unión Soviética, y en América Latina con el fin de las dictaduras militares. El concepto de transición, puesto en circulación por Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, se define como el “intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”; en tanto que por régimen se comprende “el conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos o excluidos con respecto a ese acceso, y los recursos o estrategias que pueden generar ese acceso”,30 lo que implica formas de institucionalización que indican su pertinencia y su práctica.31 La transición democrática se caracterizaría, entonces, por ser el momento de disolución de un régimen autoritario, la cual representa por sí misma una fase de contienda, en la medida en que se trata de un espacio de cambio. Bajo este paraguas teórico, en México se ha hablado de que la “transición a la democracia” habría comenzado en 1977, con la reforma político-electoral de López Portillo; después, entre 1996 y 1997, con la creación de los órganos y procedimientos electorales; y, finalmente, se habría expresado con toda nitidez en la elección presidencial y la alternancia del 2000. En palabras de José Woldenberg, uno de sus artífices más destacados: El nuestro era un sistema autoritario (no dictatorial, menos totalitario), al que le faltaban dos piezas para transmutarse en democrático: un sistema de partidos representativo de las diversas Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, tomo 4, Paidós, Buenos Aires, 1991, p. 19. 31 “Allí donde existe efectivamente un régimen, es improbable que los disidentes reales o potenciales pongan en peligro tales pautas, ya sea por su escaza organización, falta de información, despolitización manipulada o represión lisa y llana. A los fines de una sumaria comparación y generalización, se da un rótulo genérico a estos conjuntos de pautas, y se habla entonces de un régimen ‘autoritario’ o ‘democrático’” (Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, p. 19). 30 estado y hegemonía... 93 corrientes políticas que cruzaban el país y un sistema electoral capaz de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a los contendientes y a los ciudadanos.32 Con este marco general, sin embargo, entre los orquestadores de esta narrativa no existe un verdadero consenso sobre el origen y la naturaleza de dicho proceso en México.33 Antes bien, esta importación interpretativa de los procesos de “democratización” de Europa del Este al contexto nacional, velozmente mostró ser un contenedor a modo, al que se le filtraron todos los límites, desbordados por un exceso de formalismo institucional y leguleyo, que no reflejaban la realidad política y social de este país. Con los procesos electorales del nuevo milenio, 2006, 2009, 2012 y 2015, quedó claro que los celebrados órganos y procedimientos electorales no resultaron de esa presunta capacidad de influencia y discusión no restringida en la esfera pública de la sociedad civil, sino de pactos en distintos niveles entre actores claramente políticos —primordialmente PRI y PAN—, en colusión con las instituciones propias del Estado — sociedad política—, como la hacienda pública, el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como algunos agentes de los grupos empresariales más importantes del país. Estas dos décadas dieron un viraje a lo que de alguna manera podría reconocerse como la lucha por la construcción de organismos autónomos que garantizaran procesos electorales democráticos, hasta colocar en manos de gestores y técnicos operativos dichos organismos como resultado, no de la injerencia de esa “neutra” sociedad 32 José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México, pp. 8-9. 33 “A diferencia de otros procesos de transición —ya sea en América Latina, en España o Portugal o en Europa del Este—, no tenemos en México, ni tampoco entre los estudiosos y observadores extranjeros un diagnóstico básico ampliamente compartido acerca del origen, la naturaleza y la mecánica de la transición democrática en México”. José Francisco Olvera, El cambio político en México, Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo / El Colegio del Estado de Hidalgo, Hidalgo, 2007, p. 9. 94 diana FUentes civil, sino de los pactos y acuerdos de los partidos políticos, que por esa vía mantuvieron la centralización de los procesos electorales. Así se gestaron fraudes bajo estrategias conocidas y probadas, pero también se utilizaron enormes fondos privados para la compra del voto en favor, principalmente, del PRI y el PAN.34 En abierta alianza, actores políticos e intelectuales, grupos empresariales y grandes medios de comunicación, urdieron durante más de una década una narrativa desestabilizadora en contra del movimiento encabezado por Andrés López Obrador, bajo una ecuación que oponía su liderazgo y fuerza movilizadora a las instituciones democráticas del país y al proyecto de desarrollo nacional que se habría concretado durante las décadas de neoliberalismo. En clave gramsciana, las fuerzas políticas que detentaron, durante las últimas décadas del priismo —desde el sexenio de Miguel de la Madrid—, se recompusieron a partir de la nueva correlación de fuerzas que llegaría con los cambios de las relaciones entre capital y Estado provocadas por la globalización, en lo general, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en particular. A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con toda claridad en el de Ernesto Zedillo, la hegemonía política del PRI entró en un proceso de crisis que requirió de nuevas alianzas para intentar mantener su lugar de dirigente del proyecto nacional, pero que paulatinamente se fue disolviendo hasta el punto de que el componente de dominio autoritario —nunca ausente— fue cada vez de mayor escala y visibilidad. Es por ello que podemos afirmar que se trató de una crisis de hegemonía o crisis de autoridad,35 claramente 34 R. Llanos, “El Partido Revolucionario Institucional (PRI) compró votos con tarjetas de teléfono: perredistas”, en La Jornada, 10 de julio de 2012, recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2012/07/10/capital/034n1cap>. 35 “La crisis de hegemonía de la clase dirigente, que se produce ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna empresa política para la que ha impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas [...]. Se habla de ‘crisis de autoridad’ y esto es precisamente la crisis de hegemonía, o estado y hegemonía... 95 encuadrada en el cambio de los patrones de acumulación de capital que han tenido lugar en las décadas de neoliberalismo. En esta paulatina rearticulación, los últimos sexenios de la larga noche priista sentaron las bases sobre las que el primer gobierno electo democráticamente, esto es, por un claro voto mayoritario en 2000, se convertiría, al mismo tiempo, en un gobierno claramente gerencial, dispuesto no sólo a subordinar el desarrollo nacional a la dinámica de los procesos de globalización en el plano del intercambio mercantil, sino también a reducir el estado mexicano a un medio facilitador de los procesos de acumulación a pequeña y gran escalas. Así, mientras se celebraba el arribo a la democracia electoral, se asistió a un momento de vaciamiento democrático de la vida económica, política y social de este país; vaciamiento que progresivamente fue despojado de toda estrategia de corte nacionalista o de soberanía relativa. Cuando presuntamente se fortalecían los organismos y los mecanismos formales de la vida democrática, en el plano económico la capacidad de incidencia y resistencia de las clases subalternas a los procesos de privatización de los bienes públicos y de precarización efectiva de la vida ordinaria de las mayorías, in situ abrió una brecha entre las clases populares y las élites político-económicas; brecha que implicó una absoluta concentración del poder político en manos de los sectores económicos beneficiados por estos procesos, y en las de quienes sirvieron como sus operadores fácticos (partidos, medios de comunicación, asociaciones civiles). Es en este periodo, en el que, en términos de Gramsci, podemos hablar de revolución pasiva: mientras se fortalecían los mecanismos formales de la vida democrática —resultado de las demandas sociales emanadas desde 1968—, al mismo tiempo, en mancuerna con los grandes intereses del despliegue económico, se contenía y redirigía toda incidencia efectiva de los grupos subalternos en la vida pública. Sin esta concentra- crisis del Estado en su conjunto” (Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, t. 5, p. 52). 96 diana FUentes ción de poder, ejercido de manera claramente represiva, resultaría inexplicable el abierto de despojo de derechos laborales, la extinción del marco constitucional que protegía la propiedad ejidal, o la paulatina entrega de las funciones públicas del Estado a organismos privados. Más recientemente, en la vuelta de siglo, también resultaría incomprensible la capacidad de injerencia del narcotráfico en las instituciones estatales, tanto como los réditos obtenidos por los procesos de acumulación generados por la delincuencia organizada, que se han invertido en jugosas inversiones inmobiliarias o en otras vías de lavado de dinero. Distante resultaría al análisis crítico evaluar cómo, bajo un acuerdo cupular como el Pacto por México, se concretaron las reformas estructurales de Peña Nieto. La construcción ideológica de la transición a la democracia es una muestra de lo que Gramsci pensaría como una operación encauzada a construir una hegemonía; es decir, una orientación ética y moral sobre las bases de la ciudadanización “autoconstituida”, la cual sentaría las bases mínimas necesarias para conducir la vida nacional. Sin embargo, en un movimiento contrario y más potente, de forma simultánea y a través de abiertos pactos oligárquicos, se validaba la anulación de la capacidad de autodeterminación de esa ciudadanía. La relación claramente “organizativa y conectiva” de la sociedad civil, ahora vista bajo la lente gramsciana, muestra que en ese proceso se manifestaron con toda violencia las relaciones de subordinación a las que se somete a los grupos subalternos bajo las determinaciones materiales de la realidad económica. Los sectores más depauperados del país no sólo vivieron las violencias del empobrecimiento ordinario y la guerra contra el narco, sino también la efectiva despolitización de toda resistencia: ya fuera por la confrontación y represión, o por la nula incidencia efectiva de las mayorías en las grandes decisiones nacionales. Es decir, las consecuencias de una crisis de hegemonía que, incapaz de crear consensos, ejerció su dominio bajo la represión directa o indirecta contra cualesquiera formas de resistencia. El primer gran antecedente de ello fue el rescate bancario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y, entre estado y hegemonía... 97 los más recientes, los pactos y corruptelas con los que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex dejaron de ser paraestatales. En tanto, los movimientos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el magisterio, los electricistas, la demanda del cese a la guerra, los estudiantes #YoSoy132, las luchas de familiares de desaparecidos, Ayotzinapa: todos fueron reprimidos o contenidos políticamente para evitar cualquier injerencia que desestabilizara la relación cupular del poder político. Este proceso muestra que en México la sociedad civil no es el remanente que queda cuando se le limpia ese “territorio” de los agentes disonantes (partidos, sindicatos, etcétera); no es un sobrante infinito y neutro que se autolegitima por su presunta ajenidad al poder político (ya sean asociaciones voluntarias o movimientos sociales), presumiblemente ajenas a la conflictividad propia del Estado y las tensiones de la vida económica. Por el contrario, la sociedad civil es el espacio en el que estas relaciones se anudan y conforman grupos y alianzas concretas que no son ajenas a las determinaciones económicas, sino que participan de ellas de maneras diferenciadas. Así lo muestra el hecho de que durante las casi dos décadas de sucesión gubernamental entre PAN y PRI a principios de siglo, se erigió una narrativa formalista que depositaba en los organismos autónomos el lugar activo de la democratización del país —a pesar de su cuestionable funcionamiento—, al mismo tiempo que se consolidaba el despojo de todos los mecanismos de defensa de los derechos laborales, propiedad de la tierra, derecho a la salud, educación y soberanía popular, que siguen sin resarciese en los años de gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Por esto, una mirada crítica al concepto de sociedad civil nos permite utilizarlo como una categoría de análisis para comprender las complejas imbricaciones políticas y económicas que tienen lugar en los Estados modernos. Contribuye a entender y a distinguir los espacios de conflictividad que dan cuerpo y articulan intereses, proyectos y sus transformaciones coyunturales. Ayuda a comprender que el poder político no sólo emana del Estado (sociedad política), sino que también 98 diana FUentes se construye a través del ejercicio de intervención coordinada de grupos y agentes que, sin ser necesariamente parte de un gobierno, sí tienen capacidad de vincular y vehicular sus intereses estrictamente particulares —como los empresariales— con la orientación general que dan a un proyecto nacional las fuerzas dirigentes o dominantes del Estado. Visibilizar de esta manera la sociedad civil resulta crucial para entender que partidos políticos, medios de comunicación, organismos no gubernamentales, sindicatos, iglesias, todos sostienen —en estratos y jerarquías diferenciadas, y bajo determinaciones históricas y coyunturales particulares— articulaciones que crean determinaciones transversales, que abren o cierran espacios de intervención política en función de intereses muy concretos. Nos muestra la movilidad de esos agentes y el carácter siempre procesual de la política. Éste es el marco que muestra cómo la ciudadanización liberal de la vida democrática no ha sido más que una fachada formal que en 2017 tuvo que plegarse a la voluntad social y mayoritaria de un cambio de gobierno, pero no al revés. Es decir, no fue en ese plano formal y altamente disfuncional de los organismos estatales donde se sentaron las bases y los mecanismos democráticos que permitirían al empuje social del obradorismo hacerse del poder. En realidad, ha sido la fuerza contenida y traicionada del descontento colectivo de al menos las dos últimas décadas, la que obligó a un cambio de gobierno; de no haber sucedido dicho cambio, se hubieran pronosticado escenarios de ingobernabilidad en muchos estratos sociales. Esto es lo que, desde otro ángulo, se hace evidente en la presunta defensa de la vida democrática encabezada por la actual oposición; si bien ésta convoca al círculo rojo de opositores al obradorismo y a un creciente número de descontentos, no logra dar cuerpo a una fuerza organizada capaz de tener una incidencia contundente en los procesos electorales. Contradictoriamente, lo mismo sucede con las fuerzas del obradorismo; aunque sin duda son mayoritarias, no logran convertir su legitimidad y fuerza moral en relaciones orgánicas sólidas que garanticen la continuidad de su proyecto. En estado y hegemonía... 99 ambos casos, la ausencia de formas de organización política más allá de los procesos electorales o de las convocatorias aleatorias a la movilización, mantiene un orden cupular en los procesos de definición política. Ese parece ser el límite más visible de la 4T; es lo que vuelve cuestionable la perdurabilidad de su lugar de dirigente de la demanda social por democratizar el país y por consolidar procesos de justicia social; es lo que mantiene el debate público atorado en la legitimidad de la división de poderes, la confrontación con los medios, la afrenta por los organismos autónomos, las alianzas electorales; es decir, se permanece en la pugna por la narrativa —asunto no menor—, en lugar de avizorar formas de organización de base: campesinas, obreras, barriales, estudiantiles, indígenas, de mujeres, etcétera, que profundicen el sentido y las posibilidades de la transformación desde su propia inserción activa en el mismo. Esto es lo que vuelve prioritario instalar el debate sobre la democracia y el lugar de la sociedad civil en otro terreno. Hace falta desenmascarar la ecuación que hace de la vida democrática un legado amoldable a la coyuntura y limitado a procesos formales de elección representativa y seguimiento y fiscalización del Estado, para insistir en que los modelos de democracia seguidos hasta el momento favorecen prácticas que dejan fuera a los grupos subalternos, convalidando relaciones de explotación y dominación económica. A modo de conclusión, se puede afirmar que la crisis de hegemonía del Estado mexicano comenzó en el proceso que dio bases al modelo neoliberal, el cual requirió de un claro viraje que lo alejara del legado revolucionario. En ese proceso, el Partido Revolucionario Institucional dejó de ser dirigente y tuvo que apoyarse casi exclusivamente en su registro de domino o represivo, con un férreo control del discurso a través de los grandes medios de comunicación, ante la demanda popular por democratizar el país. No obstante, la demanda de justicia social encarnada en muy diversos movimientos y demandas sociales, forzó un cambio gubernamental que culminó en el triunfo de la 4T. Hasta qué punto este gobierno logrará crear las bases y los equilibrios necesarios para consolidar una 100 diana FUentes transformación de largo plazo que permita los consensos necesarios para una nueva orientación ético-política nacional, es decir, hegemónica, es algo que aún no queda claro. Lo evidente es que la restricción liberal de la ciudadanía ya no es suficiente mascarada para legitimar la centralización del poder político ni la alta desigualdad del poder económico; pero tampoco resulta satisfactoria la apelación a un pueblo para el que no se construyen los campos de acción política que le permitan hacer de la justicia social algo más radical y profundo que una política de Estado. Bibliografía Cohen, Jean, y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, Fondo de Cultura Económica, México, 2001. Frosini, Fabio, y Guido Liguori (eds.), Le parole di Gramsci. Per un lessico dei Quaderni del carcere, Carocci, Roma, 2004. Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, Era, México, 2001. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Principios de la filosofía del derecho, II. La sociedad civil, Edhasa, Barcelona, 2005. Ives, Peter, Language and Hegemony in Gramsci, Pluto, Reino Unido, 2004. Liguori, Guido, y Pasquale Voza (eds.), Dizionario Gramsciano 1926-1937, Carocci, Roma, 2011. Marx, Karl, Introducción general a la crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 2006. O’Donnell, Guillermo, y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario, tomo 4. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Paidós, Buenos Aires, 1991. Olvera, José Francisco, El cambio político en México. José Woldenberg, Serie Cuadernos de Divulgación, Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo / El Colegio del Estado de Hidalgo, Hidalgo, 2007. Woldenberg, José, Historia mínima de la transición democrática en México, El Colegio de México, México, 2012. LA SITUACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Matari Pierre Manigat* Introducción Desde el cambio de siglo, el acceso al poder de candidatos de izquierda en América Latina rompió con décadas de reformas estructurales, privatizaciones y liberalizaciones del comercio y de las inversiones, reformas que aumentaron la desigualdad, el desempleo y generalizaron la precariedad laboral. No es casualidad que los electores de muchos países votaran masivamente a favor de partidos y coaliciones de izquierda, y que apoyaran movimientos populares. Estos acontecimientos conforman la “ola rosada” o “ciclo progresista” latinoamericano, como es comúnmente designado. Ciclo sinusoidal que inició con el triunfo electoral de Hugo Chávez en diciembre de 1998. Las políticas de estos gobiernos han atendido —con éxitos variables— las profundas heridas sociales heredadas de los años ochenta y noventa. Muchos estudios han analizado estas experiencias en relación con las limitaciones impuestas por el capitalismo globalizado, la dinámica de clases subyacente a su acceso al poder estatal, las composiciones y tensiones internas de estos gobier- * Economista e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de El leviatán domesticado: las relaciones entre el capital financiero y el Estado. 101 102 matari pierre nos, sus relaciones contradictorias con las organizaciones y movilizaciones de las clases subalternas, así como la unidad y diversidad de sus ideologías. Sin embargo, la historia no se escribe solamente en las elecciones, partidos, ministerios o movimientos sociales, sino también en los campos, las minas, las fábricas, los servicios, los bancos y las casas de importación y exportación. El presente capítulo analiza los determinantes subyacentes de la política económica y social del gobierno de la Cuarta Transformación (en adelante 4T) en México. Considera la gestión del gobierno a la luz de los rasgos distintivos del régimen de acumulación que se consolidó entre finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990. Tales determinantes remiten a la incorporación del país al mercado mundial, en calidad de eslabón del espacio económico norteamericano. La intención no es elaborar una nueva tipología del “progresismo” a partir de la acción del gobierno de la 4T, ni clasificarla en una corriente de pensamiento determinada, o glosar sobre las desideratas e intenciones de su líder.1 Nuestra hipótesis es que las condiciones y límites fijados por el Consenso de Washington no sólo pusieron fin al desarrollismo y a las políticas “populistas” anteriores al presidente De la Madrid, sino que trazaron el horizonte de las políticas económicas en las condiciones contemporáneas de acumulación. El capítulo pone de relieve los rasgos permanentes de la forma estatal heredada por el gobierno de la 4T: la apertura a capitales extranjeros y el desarrollo del sector exportador exigen un modo de regulación en el que el Estado debe garantizar tres funciones que forman los tres pilares del nuevo orden económico: 1) una gestión de la fuerza de trabajo que asegura una política salarial favorable a las inversiones extranjeras y nacionales, acoplada a medidas de mantenimiento de la paz 1 Para un panorama de diferentes aspectos de la política económica de la Cuarta Transformación (4T), véase los trabajos reunidos en Violeta Núñez (coord.), La economía de la 4a Transformación, Juan Pablos, México, 2021. La sitUación de La poLítica económica... 103 social; 2) la independencia de una política monetaria orientada a la estabilidad de precios, y 3) una política fiscal clemente con los impuestos sobre el capital, la propiedad fundiaria y los patrimonios. El programa y la acción de gobierno de la 4T se concretan bajo un régimen de acumulación centrado en la exportación de mercancías y en la inversión extranjera directa (IED). Se trata, por consiguiente, de una voluntad política determinada por su situación. Por situación entendemos el conjunto de estructuras que comprometen a la política económica y social. La acción reformista declarada del gobierno de la 4T interviene en el interior de estructuras definidas por una geografía, un pasado y un entorno social especifico, las cuales determinan su situación singular. Tal manera de enfocar la problemática permite aprehender las continuidades y rupturas de la política económica de la 4T de una manera diferente a la propensión consistente en analizarlas como simples resultantes de un activo (o inexistente) voluntarismo considerado de manera etérea. El argumento se presenta de la siguiente manera. Las secciones 1 y 2 recuerdan las distintas etapas de las reformas neoliberales a partir de la salida de la crisis de la deuda. Las secciones 3 y 4 describen la redefinición de las relaciones de clase, así como las orientaciones de la política económica que deriva del Consenso de Washington. Más allá de una recapitulación de reformas, dichas secciones muestran cómo estas medidas acompañaron y reprodujeron un modo de distribución del Producto Interno Bruto (PIB) consistente con las condiciones de valorización del capital en México hasta el día de hoy. La Sección 5 examina la política monetaria; la Sección 6, la política fiscal, y la Sección 7 la política salarial y social, entre finales de 2018 e inicios de 2023.2 2 Consideramos la política en materia de infraestructuras del gobierno de la 4T únicamente desde el punto de visto de sus implicaciones financieras. 104 matari pierre Del TLCAN al TMEC: la actualización del régimen de acumulación La crisis de 1982 pavimentó la vía para la inserción de México en el mercado mundial en calidad de eslabón del espacio económico estadounidense. Marcó el ocaso de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y asentó las bases de un nuevo régimen de acumulación. David Rockefeller —arquitecto oficioso de la diplomacia económica estadounidense— explica cómo la crisis de la deuda externa facilitó que la Americas Society, el Consejo de las Américas y el Mexico-US Business Comittee presionaran al gobierno de Miguel de la Madrid en el sentido de una redefinición de su política comercial. México dio un paso en firme ingresando al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1986. The pressure of the debt crisis forced Latin countries to act. Miguel de la Madrid, the Young Harvard-educated president of Mexico, led the way. De la Madrid courageous initiatives were expanded and consolidated by his successor, Carlos Salinas de Gortari. The Council of the Americas played a role in this difficult and delicate process. In the early 1980s my nephew Rodman Rockefeller, Nelson’s oldest son became chairman of the Mexico-U.S. Business Committee, an organization affiliated with the Council of the Americas. Rod and the American members of the committee convinced their Mexican business and banking counterparts to abandon their traditional support for high tariffs and other protectionist policies -not an easy feat to achieve. The Mexican members then informed President de la Madrid that a reversal of Mexico’s traditional protectionist policy would have their full support. With important elements of the business establishment behind him, de la Madrid, in 1986, took the initial steps. These included unilaterally reducing tariffs, selling off some state-owned companies, and announcing that Mexico will join the General Agreement on Tariffs and Trade -steps that fundamentally alte- La sitUación de La poLítica económica... 105 red Mexico’s relationship with the rest of the world and set its course for the future.3 La redefinición de la política comercial parece tan imperativa que los acreedores exigen —desde el inicio de la crisis— compromisos escritos consignados en cartas de intenciones dirigidas al Fondo Monetario Internacional —cartas cuyos contenidos no siempre son divulgados—4 en materia comercial y de gasto público. El objetivo: generar excedentes en divisas y superávits fiscales primarios.5 Al igual que los demás deudores latinoamericanos, el pago anual del servicio entre 1982 y 1989 drena la mayor parte del valor de las exportaciones anuales y desangra los erarios. El cuadro 1 permite observar el carácter ciclópeo de esta absorción de divisas por pago del servicio de la deuda (medida en porcentaje del valor de las exportaciones en México y otros siete países de la región) que asfixió las condiciones de reproducción de la ISI durante la década de 1980. Con todo, no fue sino hasta el fin de la negociación del Plan Brady —iniciativa concertada por el gobierno estadounidense tras las preocupaciones suscitadas, entre la comunidad de acreedores, por la sangrienta represión de sublevamientos populares en Caracas en febrero de 1989—6 que la apertura comercial quedó afianzada. Junto con otros deudores latinoamericanos, el Estado mexicano obtuvo una conversión de su deuda bancaria de 47 000 millones de dólares en obligaciones nego- David Rockefeller, Memoirs, Random House, Nueva York, 2002, p. 467. “En México, las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en ocasiones se habían ocultado como secretos inviolables y su eventual filtración solía traducirse en una noticia sensacionalista” (Carlos Salinas de Gortari, México un paso difícil a la modernidad, Plaza y Janés, Barcelona, 2000, p. 21). 5 Véase Paulina Chávez, Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural de México: 1982-1994, Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 1996. 6 José Gurría, La política de la deuda externa, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 1993, p. 118. 3 4 106 matari pierre ciables hasta 30 años (Brady bonds) con una quita de 30 %.7 Para asegurar su éxito, la operación fue pignorada sobre bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Con ello, el plan Brady operó como vector de la conexión de estas economías con las grandes plazas del sistema financiero internacional. Recíprocamente, a cambio de la reducción del principal, los Estados deudores se comprometen a profundizar las reformas estructurales iniciadas, muchas veces, desde inicios de la década de 1980. Para finalizar la liberalización, México firma con8 Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en diciembre de 1992. El Tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Treinta años después, se siguen discutiendo sus consecuencias en los diferentes sectores económicos y campos de la vida social. Lo cierto es que entre 1995 y 2020, las exportaciones de México a Estados Unidos se multiplicaron por más de 5, creciendo a un ritmo anualizado de 6.66 %. Durante el mismo periodo, las exportaciones de Estados Unidos hacia México se cuadruplicaron, creciendo a un ritmo anualizado de 5.92 %. México destina, hoy por hoy, 80 % de sus exportaciones a Estados Unidos y recibe de su vecino la mitad de sus importaciones. Recíprocamente, Estados Unidos destina a México 15 % de sus exportaciones y recibe de allí 13 % de sus importaciones. Estas cifras no indican el peso real de los intercambios TLCAN en las economías de cada país: mientras la tasa de apertura (valor de las exportaciones y de las importaciones en porcentaje del PIB) era de 23.4 % en Estados Unidos en 2021, alcanzaba el 78 % en México (34 % en 1994). 7 William Cline, International Debt Reexamined, Peterson Institute for International Economics, Washington D.C., 2005, p. 234. 8 World Integrated Trade Solution, “México. Datos comerciales básicos: valor más reciente”, 2020, recuperado de <https://wits.worldbank.org/ countrysnapshot/es/MEX/textview>. La sitUación de La poLítica económica... 107 cUadro 1 Servicio de la deuda en porcentaje de las exportaciones de los grandes deudores latinoaméricanos (1982-1989) País 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Argentina 49.9 69.7 63.4 60.1 82.8 74.3 44.2 36.2 Brasil 81.8 54.6 45.3 39.1 46.2 41.6 45.7 36.3 Chile 71.3 54.5 59.9 48.4 40.6 36.3 25.8 27.1 Colombia 29.6 38.4 30.1 41.8 32.1 36.8 44.2 48.4 Ecuador 78.4 29.6 37.7 33 43.1 33.9 39.8 35.5 México 51.0 45.3 45.1 43.7 43.7 32.7 37.1 32.6 Perú 48.6 34.0 29.8 27.7 21.1 13.3 9.4 8.9 Venezuela 29.5 26.8 25.2 25.0 45.4 37.8 43.7 24.6 Fuente: Banco Mundial (1995). Junto con la liberalización comercial, el Plan Brady abrió paso a la liberalización de la circulación de capitales. El TLCAN prevé la liberalización de la inversión, la libre repatriación de ganancias y suprime las preferencias para los inversores na- 108 matari pierre cionales. Además de inaugurar el mercado “más grande mundo”, el TLCAN fue el primer acuerdo cuyas cláusulas son conformes al contenido específico de la globalización: norma tanto la circulación de mercancías como las inversiones. Carlos Salinas de Gortari intentó justificar históricamente esta incorporación al espacio económico de Estados Unidos: el desplome del bloque socialista y la consolidación de la hegemonía estadounidense —los dos acontecimientos que dominan la década de 1980— subvirtieron las condiciones geopolíticas y económicas de la diplomacia neoporfirista del siglo XX. Una brújula de la diplomacia económica de José Yves Limantour —cuyo espíritu subyace, sin la letra, a la política económica externa del México posrevolucionario— era impedir graves desequilibrios entre capitalistas extranjeros y, por consiguiente, entre los poderes de influencia de las potencias imperialistas.9 Pero a finales de la década de 1980, con la afirmación de Estados Unidos como única superpotencia, a diferencia de lo que había sucedido en el pasado, ya no contaríamos con la posibilidad de construir, respecto del coloso del norte, balances y equilibrios en el ámbito internacional, como lo hizo México al inicio del siglo XX con Europa y después con el campo socialista. Respecto de las oportunidades económicas que se esperaban luego de la reducción de la deuda [por ejemplo Plan Br- 9 Katz destaca la tensión entre el predominio de las inversiones estadounidenses y la concepción que tenían los científicos del desarrollo económico al final del Porfiriato. A propósito, relata la siguiente observación de un diplomático contemporáneo: “México está destinado a convertirse cada vez más en un campo de actividad para las empresas capitalistas de todos los países. Sin embargo, los cosmopolitas [por ejemplo Limantour y los científicos] ven precisamente en esta dependencia económica la garantía de su independencia política, ya que dan por supuesto que los grandes intereses europeos que inviertan aquí constituirán un contrapeso al apetito anexionista norteamericano, y prepararán el camino para la completa internacionalización y neutralización de México” (Friedrich Katz, La guerra secreta en México, Era, México, 1982, pp. 41-42). La sitUación de La poLítica económica... 109 ady], aunque la negociación había concluido a tiempo, estábamos a punto de quedarnos al margen de los nuevos mercados.10 Tres décadas más tarde, el nuevo acuerdo, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) —que entró en vigor en julio de 2020—, actualiza y adapta el TLCAN a las condiciones de acumulación del siglo XXI. Refuerza la integración de México al espacio norteamericano en el marco del neoproteccionismo que se perfiló con la salida de la crisis de 2008 y la reconfiguración del aparato productivo estadounidense. Desde una estricta perspectiva estadounidense, los determinantes de la actualización del TLCAN en TMEC pueden rastrearse en una contradicción observable desde las negociaciones de 1989-1992. A inicios de los noventa, Ross Perot —un billonario texano, que se lanzó como candidato independiente a la presidencia, enarbolando la bandera del proteccionismo— cristalizó las oposiciones al TLCAN. El Tratado, sostenía, amenazaba los empleos industriales en Estados Unidos. Abriría grande la puerta al dumping social. Su argumento central era “que los trabajadores estadounidenses, mejor entrenados, mejor pagados, protegidos por sindicatos libres y por una legislación social avanzada no pueden competir con los obreros mal pagados, sin sindicatos libres, sin protección ni seguridad social de México”.11 El argumento tuvo gran eco en los sindicatos, en la izquierda del partido demócrata y en la derecha del partido republicano. Perot perdió, pero obtuvo cerca de 20 % del popular vote en las presidenciales de noviembre de 1992; hazaña inédita en ese régimen bipartidista desde 1912. Las controversias de la campaña de 1992 merodearon en las últimas negociaciones previas a la firma del TLCAN —en diciembre— y durante 10 Carlos Salinas de Gortari, México, un paso difícil a la modernidad, p. 40. 11 Luis de Sebastián, “NAFTA, la polémica y sus lecciones”, en Estudios Centroamericanos, vol. 48, núm. 540, 1993, pp. 1003-1013, y Matari Pierre, “No es lo mismo ser borracho que cantinero”, en Nueva Sociedad, núm. 267, 2017. 110 matari pierre su aprobación por los poderes legislativos de los tres países en 1993.12 En suma, las controversias que suscitó la adopción del TLCAN expresaban una tensión inmanente con respecto a la globalización, es decir, una tensión entre la internacionalización de las tres formas del capital: ¿Mercado mundial de mercancías? Sí. ¿Mercado mundial de inversiones? Sí. ¿Mercado mundial del trabajo? No. Desde la aceleración de la globalización en la década de 1980, la liberalización y desregulación de los intercambios de mercancías y de capitales fueron acompañadas —en todas partes— de un endurecimiento de las condiciones de movilidad internacional de los trabajadores. Tales tendencias guían la actualización de las diplomacias económicas de las potencias, especialmente después de la crisis de 2008 y de las reestructuraciones correspondientes de las condiciones de acumulación. En Estados Unidos, lo anterior desembocó en el reforzamiento de medidas defensivas de los segmentos del mercado mundial controlados por sus corporaciones; reclamos de medidas ofensivas para la expansión de los nuevos sectores locomotores de la economía; exigencias de Salinas reclama para su gobierno el suministro de la estocada final que permitió al gobierno de Clinton vencer a Perot: “El 9 de noviembre se llevó a cabo el debate entre el vicepresidente Al Gore y Ross Perot […]. En el momento definitivo del debate, Gore mostró ante las cámaras de televisión un folleto llamado ‘Alianza’. Éste promovía un parque industrial en Texas [y] destacaba que la competitividad del proyecto se basaba en ‘sus bajos costos laborales’, así como en la ventaja de tener ‘las maquiladoras del otro lado de la frontera en México’. El cuadernillo concluía admitiendo que ‘con la esperada ratificación del TLC [...] se beneficiarían más las relaciones con México’. El parque industrial pertenecía a Ross Perot y a su hijo. El millonario texano enrojeció delante de las pantallas. Gore lo había exhibido. Poco se supo que, unas horas antes del programa, Colosio había pedido a nuestra oficina en Washington D.C. que le enviara materiales de apoyo al vicepresidente Gore. Entre ellos estaba el folleto ‘Alianza’. El debate se convirtió en una victoria contundente cuando sólo faltaba una semana para la votación [en el Congreso]” (Carlos Salinas de Gortari, México un paso difícil a la modernidad, pp. 186-187). 12 La sitUación de La poLítica económica... 111 políticas laborales y migratorias acordes con las nuevas condiciones de producción. Veinticinco años después de la victoria de Clinton, el TMEC actualiza y adecúa el TLCAN a las condiciones de acumulación de inicios del siglo XXI; es decir, a las condiciones posteriores a la gran crisis de 2008. Refuerza la integración de México al espacio de las corporaciones norteamericanas en el contexto de la reestructuración del aparato productivo de ese país y de las medidas neoproteccionistas posteriores a la Gran Recesión. El éxito de la candidatura de Trump en 2016 fue la expresión más contundente de este proceso. La acritud lapidaria con la cual el candidato republicano denunció el TLCAN —“el peor tratado comercial jamás firmado en la historia”— lo ayudó a triunfar desde posiciones que abrevaron en la campaña perdedora de Perot en 1992. La renegociación del Tratado tuvo lugar bajo las amenazas esgrimidas durante su campaña: restablecer aranceles; apelar al artículo 2.205 del TLCAN para denunciar el acuerdo si México y Canadá no aceptaban renegociarlo. La espada de Damocles parecía tanto más afilada que la crisis financiera de 2008-2009: había evidenciado el grado de dependencia del progreso del PIB mexicano a los vaivenes de la economía estadounidense: en 2009, el PIB de México registró una de las contracciones (-5.3 %) más severas de toda América. Si analizar las consecuencias del TMEC es todavía un ejercicio especulativo, los puntos que dominaron las renegociaciones —la determinación de los porcentajes y contenidos de las llamadas “reglas de origen” en la industria, especialmente en el sector automotriz; los plazos de exclusividad de que gozan algunos sectores de punta; la facilidad de la aplicación de reglas derogatorias que permiten la erección de aranceles, así como el tratamiento de las diferencias de niveles de salarios en determinadas ramas manufactureras en los tres países— concretizan la actualización del librecambio a las condiciones norteamericanas de acumulación posteriores a la gran crisis de 2008. En síntesis, si la fórmula: TLCAN = Bush + Clinton, resume el neoliberalismo triunfante de inicios de la década 1990, su 112 matari pierre versión actualizada: TMEC = TLCAN + Perot = Trump + Biden, corresponde al neoliberalismo remendado después de la crisis de 2008. Traduce la dialéctica librecambio-proteccionismo distintiva de una fase del capitalismo dominada por la exacerbación de la competencia entre bloques que se disputan un mercado planetario. La política económica de la administración Biden —entronizado en enero de 2021— se inscribe, en ese sentido, en los pasos de su predecesor. Y las cláusulas de la Inflation Reduction Act —aprobada por el Congreso en 2022 y consistente en una política industrial basada en créditos de impuestos y subvenciones para la fabricación, entre otros productos, de automóviles eléctricos en el interior del espacio económico norteamericano— es la aplicación estricta de una política de tipo Make America Great Again purgada —de momento— del fascismo paródico de Trump. Privatizaciones e inversiones extranjeras Al forzar la apertura comercial, la crisis de 1982 abrió “el camino mexicano de la transformación económica”, como lo llamó Aspe Armella. El exsecretario de Hacienda explicaba en 1992 ante un auditorio de la London School of Economics: “Uno de los elementos más importantes en la estrategia de ajuste y cambio estructural en México ha sido la desincorporación de empresas del sector público”.13 Una de las modalidades de privatización en los años ochenta —pagar deuda con títulos de propiedad de empresas públicas o swaps— operaba una suerte de desposesión sin acumulación, como lo reconocieron los mismos representantes de la parte deudora: “En pocas palabras, los bancos pedían que les entregáramos las empresas que está- 13 Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, FCE, México, 1993, pp. 154 y ss. La sitUación de La poLítica económica... 113 bamos privatizando a cambio de una reducción de la deuda”.14 Una vez entrado en vigor el plan Brady, las privatizaciones lanzadas a inicios de los años 1990 tuvieron por objetivo la generación de divisas extraordinarias para pagar el servicio de la deuda pública (la deuda interna, prioritariamente). Junto con el vasto parque de empresas públicas, las privatizaciones abarcarían a la banca nacionalizada en 1982;15 operación decisiva en la recomposición de las clases dominantes, como se indicará más adelante. A más largo plazo, determinaron las modalidades de penetración de los capitales extranjeros en la economía. En efecto, las implicaciones de las privatizaciones de los años 1990 pueden interpretarse a la luz del contenido del TLCAN; acuerdo pionero porque se conforma, como ya se señaló, al contenido de la globalización: librecambio + creación de un espacio de inversiones corporativas. Desde esta perspectiva, dos tendencias dominan la orientación de las inversiones extranjeras desde 1990. Por una parte, se observa una correlación entre las privatizaciones y la explosión de las inversiones de cartera. La compra de empresas privatizadas —especialmente de servicios públicos y de bancos estatales, como en México— constituye la expresión acabada de este proceso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el valor neto de las inversiones de cartera en América Latina durante el intervalo decisivo de las reformas estructurales (19891993) aumentó de 2 100 millones de dólares a 17 200 millones. Este proceso fue particularmente notable en las economías 14 Carlos Salinas de Gortari, México un paso difícil a la modernidad, p. 24. Los swaps fueron uno de los focos de litigios en las negociaciones con los deudores latinoamericanos hasta el Plan Brady. Véase Roberto Bouzas y Ricardo Ffrench-Davis, Conversión de deuda externa y financiación del Desarrollo en América Latina, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1990. 15 G. Delgado y José Valenzuela, “La banca privada”, en José Valenzuela (coord.), México: ¿Fin de un régimen?, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México, 1995, pp. 81-98. 114 matari pierre más desarrolladas de la región.16 A su vez, las inversiones de cartera potencian la volatilidad del sistema financiero (“capitales golondrinas”), como México lo descubrirá a sus expensas en diciembre de 1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, las corporaciones estadounidenses incorporaron las condiciones mexicanas de producción —salarios, condiciones de trabajo, política macroeconómica, régimen tributario, legislación medioambiental, etcétera— a sus estrategias de inversión. Esas corporaciones fueron responsables de aproximadamente la mitad del valor de las IED (46.8 % o 292 569 millones de dólares) que recibió México entre 1999 y 2021.17 No obstante, a diferencia de la “reprimarización” observable en el subcontinente, la integración de México al espacio norteamericano marcó un doble movimiento: el boom del agrobusiness exportador corre paralelo con el crecimiento de una industria de ensamblaje dirigida hacia el mercado estadounidense18 y, más generalmente hacia los mercados controlados por las corporaciones instaladas en este sector. Entre 1999 y 2021, “el 51.1 % de la inversión directa de Estados Unidos se dirigió al sector manufacturero”.19 Simultáneamente, se sigue observando la propensión de los 16 Gregorio Vidal, “Corporaciones, inversión extranjera y mercado externo en México”, en México y la economía mundial. Análisis y perspectivas, UAM, México, 2001, pp. 29-34, y Privatizaciones, fusiones y adquisiciones: las grandes empresas en América Latina, Anthropos, México, 2001. 17 Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión directa de Estados Unidos hacia México, Secretaría de Economía, 2021, recuperado de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664096/Distribucion_de_inversion_de_Estados_Unidos_2021_2T__1_.pdf>. 18 Menos que un régimen de acumulación “secundario-exportador”, la tendencia acusa un doble movimiento percibido por los primeros teóricos del imperialismo: las corporaciones invierten para producir para la exportación, al tiempo que afianzan su control sobre los mercados internos (reclamando barreras protectoras de su espacio económico). 19 Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión directa de Estados Unidos hacia México. La sitUación de La poLítica económica... 115 capitales exteriores a instalarse en ramas que producen para los mercados locales, aun cuando dicho fenómeno deja de ser predominante (como durante el periodo de la ISI). El cuadro siguiente (dividido en dos partes, 2a y 2b) compara la evolución del valor agregado del sector secundario en los PIB de México y otras grandes economías latinoamericanas entre 1994 y 2021. El cuadro 3 muestra la distribución de las inversiones extranjeras en México en 2018 por sectores de actividad. Mientras que el primer cuadro permite observar la importancia mayor, en términos relativos, de las inversiones extranjeras en el sector secundario en México (en comparación con otras grandes economías de la región), el cuadro 3 desglosa estas inversiones extranjeras industriales por grandes ramas. En todos los casos, sean cuales sean sus esferas, las inversiones extranjeras reclaman una disminución de los costos de producción, lo que entraña la modernización técnica de ramas enteras del aparato productivo, pero sobre todo una presión sobre los salarios reales. En México, la parte de los salarios en el PIB disminuye regularmente desde 1976 y constantemente desde 1994.20 Adicionalmente, las cotizaciones sociales patronales —en cuanto elemento de los costos laborales— disminuyeron sensiblemente para colocarse entre las más bajas de la región. Con base en esta revisión de los rasgos sobresalientes del régimen de acumulación —vertebrados por el lugar de la economía en el espacio económico norteamericano—, consideremos la redefinición de las relaciones de clase y la orientación de la política económica. 20 Fenómeno al cual también contribuyó la expansión de las relaciones asalariadas en el mundo rural, y el éxodo rural hacia ciudades maquiladoras del norte de México y de Estados Unidos. 116 cUadro 2a Valor agregado de la industria en porcentaje del PIB en Argentina, Brasil, Chile y México (1994-2007) País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Argentina 26.8 26.3 26.6 27.2 26.7 26.2 26 25.2 30.6 32.6 28.8 28.6 29.2 Brasil 35.4 23.4 22.3 22.6 22.1 21.7 23 22.6 22.5 23.1 24.3 24.2 23.5 Chile 36.6 38 30.8 30 27.3 27 27.8 28.5 28.5 29.7 32.8 34 38.7 México 32.1 32.7 33.9 34.2 33.9 34.1 37.1 33.2 32.7 31.2 32.9 32.8 34.2 Fuente: OCDE. cUadro 2b Valor agregado de la industria en porcentaje del PIB en Argentina, Brasil, Chile y México (2007-2021) País 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Argentina 27.4 26.3 25.3 25.3 25.2 24.4 24 24.3 23.2 22.1 21.8 23.7 23.2 22.2 23.6 Brasil 23.1 23.1 21.9 23.3 23.1 22.1 21.2 20.5 19.4 18.4 18.2 18.7 18.8 17.7 18.9 Chile 37.5 32 31.9 33.5 32.4 30.6 29.4 28.9 27.9 26.8 27.4 27.9 27.2 30 31.7 México 33.8 34.8 31.9 32.4 33.6 33.8 31.9 31.5 30 29.6 30.9 31.1 30.8 29.8 30.8 Fuente: OCDE. 117 118 matari pierre cUadro 3 Distribución de las inversiones extranjeras en 2018 (por sectores) Sector % de las inversiones Industria manufacturera 49.1 Electricidad, agua y gas 13.5 Comercio 8.9 Servicios financieros 7.9 Minería 4.4 Otros 16.2 Fuente: Secretaría de Economía, recuperado de <https://www. gob.mx/se/es/articulos/la-economia-mexicana-recibio-un-flujode-ied-por-31-604-3-millones-de-dolares-193205?idiom=es>. La redefinición de las relaciones económicas entre clases Al terminar con la ISI, la crisis de 1982 trajo consigo el desmantelamiento de la vieja forma estatal, antes de conducir a una redefinición de las relaciones de clase: entre los distintos grupos de la burguesía, y entre el conjunto de ésta y las clases trabajadoras. A escala latinoamericana, esta redefinición se vio favorecida por los cambios de tendencias y formas de la lucha de clases tras las derrotas de las izquierdas socialistas La sitUación de La poLítica económica... 119 entre 1973 y 1990. Mientras que la contención de la amenaza comunista requirió la instauración de dictaduras, a partir de la década de 1980 las transformaciones experimentadas por los Estados latinoamericanos tuvieron lugar, paulatinamente, dentro de democracias formales. Para garantizar el éxito de tales reestructuraciones, estas reformas debían realizarse bajo la autoridad de partidos que dispusieran de amplias bases transclasistas. De hecho, en la mayoría de los casos, viejas o nuevas fuerzas populistas lideraron esta redefinición de las relaciones de clase, como en Argentina, Brasil, Venezuela o Perú. En algunos casos, se pidió a los sindicatos vinculados a grandes partidos populistas que habían dominado la historia del periodo anterior, que impusieran a las clases trabajadoras políticas de ajuste estructural, en particular reformas del mercado laboral y la eliminación de los controles de precios de productos de la canasta básica de consumo. Estos aggiornamenti aceleraron los divorcios entre los partidos y movimientos (que otrora, habían defendido proyectos desarrollistas) y sus bases de apoyo popular. En cualquier caso, se apoyaron en tecnocracias liberales cuya gestación marcó una inflexión en la formación de las élites administrativas que embistieron las cumbres del poder estatal.21 En México, el cambio de composición técnica22 de la burguesía acompasó la apertura comercial, la internacionalización de 21 “El acontecimiento más importante para la americanización de la ciencia económico a nivel global fue el estallido de la crisis de la deuda del Tercer Mundo en 1982” (Sarah Babb, Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, FCE, México, 2001, p. 298). Para una descripción de las luchas que se libraron, en el interior del Estado, diferentes fracciones en torno de la orientación de la política económica (véase Miguel Ángel Rivera, Crisis y reorganización del capitalismo mexicano 1960-1985, Era, México, 1986, y Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neoliberal en México, Era, México, 1997). 22 Generalizando el alcance de la noción propuesta por Mario Tronti para estudiar la consistencia socio-material del proletariado, puede decirse que la composición técnica de la burguesía remite a las relaciones de propiedad, 120 matari pierre las inversiones y las privatizaciones. La nueva composición se vertebró en torno de los grupos mayormente vinculados con el sector financiero. En su cúspide reina una oligarquía cuyos intereses están entrelazados con los capitales extranjeros y cuyo campo de acumulación rebasa los límites nacionales. La absorción de México en el espacio económico estadounidense dilató —para ciertos grupos— el campo de acumulación: hoy por hoy, Estados Unidos constituye el principal destino de las inversiones de las corporaciones mexicanas. “La fracción oligárquica de la burguesía mexicana está constituida en la actualidad por alrededor de cien familias, que representan el núcleo del poder económico, las cuales tienen una estrecha articulación con” las grandes corporaciones financieras y no financieras de los centros.23 Más que en otros países de la región, el rol de los sectores financieros de los países del Centro en la nueva articulación y cohesión de la clase dominante en México, se reforzó con la aceleración de la concentración bancaria, la centralización de la propiedad en el sector —especialmente tras la crisis de 1994— así como con los elevados niveles de rentabilidad del capital bancario.24 El movimiento culmina en 2001 con la compra de Banamex-Accival por Citigroup por un monto 12 500 millones de dólares; transacción entonces celebrada como un monto récord de compra. El cuadro 4 permite verificar lo aquí planteado. El cambio de composición técnica de la burguesía corre sincrónica con la redefinición de sus relaciones con las clases trabajadoras. Dicho proceso tuvo lugar prioritariamente en el terreno de la distribución: a nivel de la fijación de los niveles así como a las condiciones de dirección y gerencia de las empresas financieras y no financieras. 23 Arturo Guillén, “La oligarquía financiera en México: surgimiento, consolidación y asalto al poder político” (en prensa). 24 Para un seguimiento de la rentabilidad del sector bancario entre finales de los treinta y 2010, véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Bank Profitability: Financial Statements of Banks, OCDE, París, 2011. La sitUación de La poLítica económica... 121 de salarios y, macroeconómicamente, a nivel de la repartición del PIB entre las clases fundamentales, o sea entre salarios y ganancias (o Excedente Bruto de Explotación en el sentido de las Cuentas Nacionales). Entre las crónicas del periodo, la revisión de TLC día a día. Crónica de una negociación (pp. 884 y ss.) permite seguir la evolución del posicionamiento de las principales centrales sindicales, encabezada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Al mismo tiempo, las centrales participan en el adiestramiento de los trabajadores para que moderen sus reivindicaciones salariales durante el intervalo clave de las reformas estructurales. La compresión arranca desde los años ochenta. Entre 1982 y 1988, “los salarios mínimos registraron una contracción real del 44 %, mientras que los salarios contractuales bajaron un 40.5 %”.25 La importancia de esta mediación sindical contribuye a explicar un aspecto singular de la historia social contemporánea: las clases propietarias y el Estado impusieron una de las políticas salariales más draconianas de América Latina, sin enfrentar grandes sublevaciones —en comparación con otros países de la región—, especialmente después de las crisis de 1982 y 1994. La participación salarial en el ingreso total disminuyó de aproximadamente 40 % a mediados de la década de los setenta hasta aproximadamente 28 % en 2015 […]. Con alzas y bajas […] la participación salarial retornó a principios de la década del 2000 al nivel que tenía a principios de la de los noventa y después reasumió una disminución gradual a partir de 2003.26 25 Arturo Guillén, El régimen de acumulación en México: caracterización, tendencias y propuestas para su transformación, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Santiago, 2021, p. 22. 26 Carlos Ibarra y Jaime Ros, “La disminución de la participación del trabajo en el ingreso en México, 1990-2015”, en El Trimestre Económico, vol. 86, núm. 344, 2019, pp. 853-899. 1994 122 cUadro 4 Concentración de la banca en América Latina (en porcentaje de los depósitos en 1994 y 2000) 2000 País Bancos en actividad % de los depósitos en los tres mayores bancos % de los depósitos en los diez mayores bancos Bancos en actividad % de los depósitos en los tres mayores bancos % de los depósitos en los diez mayores bancos Argentina 206 39.1 73.1 113 39.8 80.7 Brasil 245 49.9 78.8 193 55.2 85.6 Chile 37 39.5 79.1 29 39.5 82 México 36 48.3 80.8 23 56.3 94.5 Fuentes: Moguillansky, 2004; Stallings y Studart, 2001. La sitUación de La poLítica económica... 123 La gráfica 1 compara la evolución de la parte de los salarios en el Valor Agregado de Estados Unidos, Canadá y México entre 1970 y 2021. En general, la disminución de la parte de los salarios en el valor agregado en México es particularmente marcada en las ramas más expuestas al librecambio a partir de la década de 1990: para los proletariados agrícola, minero e industrial, como lo ilustran cifras desglosadas publicadas por Jaime Ros para el periodo 2003-2013. Véase cuadro 5. Aunada a esta modificación de la distribución del PIB, la redefinición de las relaciones de clase abarca a las capas medias. Severamente golpeadas por la crisis de los ochenta y la distribución regresiva del ingreso nacional, las capas medias registran un proceso de fragmentación, triplemente marcado por una pauperización, un estancamiento (merma de la movilidad social), pero también cierto enriquecimiento, especialmente de ciertas franjas que consideramos a continuación. Lo anterior alimenta las conocidas dificultades teóricas y metodológicas para definir esas capas sociales;27 debate que se actualizó, en México, poco después de la crisis de 2008.28 Lo cierto es que ahí, en esas capas medias, se ubican los trabajadores de cuello blanco, categoría que en virtud de ciertas características socioeconómicas29 lidera el avance de patrones de consumo de masa y el aspiracionismo correspondiente. La composición de estas categorías socio-profesionales es función del grado de do- 27 Recientemente, Viridiana Ríos precisó esta distancia entre percepciones y realidad: en México “el 61 % de la población se identifica como tal [clase media] pero solo el 12 % lo es” (en “No, no eres clase media”, en New York Times, 6 de julio de 2020). 28 Con la publicación de un estudio de Rubio y De la Calle, que sostienen que México es una vasta formación económica y social dominada… ¡por una vasta clase media! (Luis Rubio Luis y Luis de la Calle, Clasemediero: pobre no más, desarrollado aún no, Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., México, 2010. 29 Matari Pierre, “Las antinomias de la conciencia de clase de cuello blanco”, en Memoria, núm. 260, 2016, pp. 9-13. 124 matari pierre minación de la corporación en el sistema económico, así como de los cambios en el management corporativo. Oscilante, su conciencia política es sobre todo gaseosa: “No son radicales, ni liberales, ni conservadores, ni reaccionarios. Son inaccionarios”, decía el sociólogo Charles Wright Mills (a propósito de las mismas categorías socio-profesionales en Estados Unidos).30 En las últimas décadas, la indexación de parte de los ingresos de directores y altos ejecutivos al valor bursátil de las corporaciones, reforzó una mancomunidad entre propietarios-accionistas y las capas superiores del management corporativo —lo que también puede denominarse aristocracia de cuello blanco—. En torno a estos trabajadores de cuello blanco se nuclean grupos y categorías socio-profesionales —de niveles de ingreso muy dispares— que se benefician —desigualmente— del ensanchamiento de la oferta de bienes de consumo tras la aprobación del TLCAN. Hoy en día, los indicadores de niveles de consumo y de endeudamiento de los hogares integraron las definiciones oficiales de las clases medias. Por ejemplo, el ideal-tipo del clasemediero del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reembolsaba en promedio 1 600 pesos mensuales a su banco (cifras de 2010).31 Este particular reclama una breve precisión: en México las condiciones usureras que imponen las instituciones crediticias a los consumidores no solamente se refuerzan a medida que las sumas prestadas son pequeñas, y los plazos, cortos, sino que la importancia relativa de los reembolsos en la estructura de gastos de los hogares aumenta a un ritmo más que proporcional al de la categoría de ingreso. Si consideramos el solo pago de tarjetas de crédito, éste se convierte en el primer rubro a medida que 30 C. Wright Mills, White Collar. The American Midlle Clases, Universidad de Oxford, Nueva York, 1951. 31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Cuantificación de las clases medias en México. Un ejercicio exploratorio”, Inegi, México, 2010. La sitUación de La poLítica económica... 125 nos acercamos a la franja superior de las clases medias en el sentido del Inegi (cifras consolidadas 2010-2020).32 Lo cierto es que el modo de consumo y las variaciones de sus expectativas constituyen termómetros —groseros e indirectos— de las tergiversaciones políticas de las capas medias. Contribuyeron a la conversión de una parte importante de sus contingentes en clase-apoyo (en el sentido de Poulantzas) del salinismo triunfante a inicios de los años noventa y, más estructuralmente, del nuevo régimen de acumulación. En suma, la pauperización asalariada, la consolidación de la urbanización33 y el éxodo rural acelerado delinean los contornos objetivos de las clases del México neoliberal. Por clase social entendemos —para parafrasear la definición concisa del historiador Severo Martínez Peláez— un conjunto numeroso de individuos que “presentan modos de vida semejantes e intereses comunes, determinados, unos y otros, por el papel común” que dichos individuos desempeñan en el régimen de acumulación. Así, la dinámica de clases del nuevo régimen de acumulación queda enmarcada por la caporalización de un movimiento obrero acéfalo,34 la erosión de la base rural del Estado posrevolucionario35 y el afianzamiento del protagonismo de las capas medias en las enconadas luchas políticas que sacudieron el país en los años noventa y dos mil. Inegi, “Cuantificando la Clase Media en México 2010-2020”, Inegi, 2021, recuperado <https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/cmedia/doc/cm_desarrollo.pdf>. 33 Entre 1980 y 2010, la tasa de urbanización aumenta de 51.8 a 62.5 % (véase Jaime Sobrino, La urbanización en el México contemporáneo, Cepal, Santiago, 2011). 34 Rasgo distintivo de la conciencia de la clase obrera que José Revueltas señalaba, atinadamente, como principio de inteligibilidad de la historia social mexicana del siglo XX. 35 Clave de bóveda de la estabilidad de la forma estatal posrevolucionaria (véase Arturo Anguiano, El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos, Era, México, 2010). 32 70 gráFica 1 Salarios en porcentaje del valor agregado en México, Canada y Estados Unidos (1970-2021) México Canadá EE.UU. 126 60 50 40 30 20 10 0 Fuente: OCDE. 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 cUadro 5 Porcentaje de los salarios en el valor agregado entre 2003 y 2013 (por sectores) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31.7 30.1 29.8 29 28.8 28.6 30 28.8 28 28 28.6 Sector comerciables 22 19.7 19.3 17.7 17.1 16 17.4 15.6 14.2 14 14.9 Agricultura 18 18 18.6 18.1 16.8 16 16.7 16.7 16.1 15.5 16.4 Minería 8.9 7.1 5.9 5.6 5.7 5.6 8.1 6.6 5.4 5.9 7.2 Industria manufacturera 26.7 24.8 25.5 22.9 22.6 21.4 21.2 19.3 18.6 17.7 18 Sector no comerciables 35.3 34.3 33.9 33.6 33.5 33.7 34.6 33.9 33.8 33.9 34 Electricidad, gas y agua 27.1 25.8 24.4 24.4 23.7 24.1 23.7 23.6 25.4 25.9 24.8 Resto 36.2 35.2 35 34.8 34.8 35 36.1 35.3 34.8 34.8 35.1 Total Fuente: Ros, 2015. 127 128 matari pierre El Consenso de Washington y los límites de la política económica Los cambios anteriores —en la inserción de la economía al mercado internacional, las condiciones internas de acumulación y la dinámica de clases— reclamaron nuevas prácticas estatales. Además del imperativo de disminuir el empleo público, el rediseño exigió cambios en la conducta del aparato administrativo del Estado. Las décadas de 1980 y 1990 registran una mutación de la extracción y formación de las élites administrativas. Esta tecnocracia va a llevar a cabo las reformas más emblemáticas del Estado neoliberal: eliminación de servicios administrativos caducos (tras la apertura externa y la desregulación interna); disminución del empleo público (compresión de los efectivos); disminución de salarios de la función pública; transferencia de algunos servicios públicos hacia los estados (según el principio de subsidiaridad), pero no siembre con los recursos necesarios… Si bien regional, la originalidad de este proceso en México es que interviene en el contexto de la metamorfosis de la dictadura perfecta —para retomar la expresión de un gran escritor y fino observador liberal. Es decir, en un momento decisivo de la llamada larga “transición a la democracia”; tema que rebasa los límites de este trabajo. Lo cierto es que las amalgamas, connivencias y contubernios entre reformadores del Estado y beneficiarios de las privatizaciones conforman precisamente el contexto inmediato de la lucha y trayectoria políticas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La “mafia del poder” y los “amos de México”36 son dos caras de un mismo fenómeno: si la primera acampa en la superestructura estatal, los segundos —no siempre los mismos— dominan la infraestructura económica. Desde esta perspectiva, el carácter cajón de Andrés Manuel López Obrador, La mafia que se adueñó de México… y el 2012, Grijalbo, México, 2010, pp. 43-44. 36 La sitUación de La poLítica económica... 129 sastre que los comentaristas señalan —no sin razón— en el uso obradorista de la noción de corrupción, remite a fenómenos diferentes, pero entretejidos y afincados en ese periodo: la orientación general de la política económica; las piñatas (o subvaloraciones) a las cuales habrían dado lugar muchas privatizaciones; las coimas y puertas giratorias entre el sector público y las corporaciones privadas, sin olvidar el extenso haz de mecanismos de tráfico de influencias en diferentes niveles de los poderes públicos;37 la socialización de pasivos privados, como las deudas bancarias (como el caso emblemático del Fondo Bancario de protección del Ahorro [Fobaproa]); la permisividad de las autoridades tributarias con las corporaciones; la red de prebendas y sinecuras que gozan los voceros oficiosos de los “potentados” en los campos periodístico, intelectual y académico; los tentáculos de testaferros del crimen organizado en el corazón de la máquina de Estado... Todos fenómenos que imposibilitan distinguir las altas esferas económicas del poder estatal y que le otorga a la noción obradorista de corrupción una gran elasticidad.38 Lo anterior no sólo le imprime un tono moral al programa de AMLO —tal inflexión moral ya atravesaba los discursos cardenistas de 1988, 1994 y 2000— sino que permite: 1) ocultar la ausencia de reales alternativas a la ortodoxia macroeconómica; 2) imputar las heridas sociales y aumento de las desigualdades económicas a la “deshonestidad de los gobernantes y la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”;39 3) concentrar la acción gubernamental a nivel de la reorganización del aparato burocrático, de los poderes 37 El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 enfatiza este último aspecto. Una extensión análoga del concepto de corrupción, más allá de su delimitación por “la mayor parte de la literatura académica” al Estado y a los individuos sostiene el uso que hace la primera Secretaria a la Función Pública del gobierno de la 4T (Irma Eréndira Sandoval, “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 78, núm. 1, 2016, pp. 119-152). 39 Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino, Planeta, México, 2021, p. 70. 38 130 matari pierre públicos y de sus mediaciones con la sociedad.40 El aplomo y habilidad con la cual AMLO —cada mañana— malabarea con estos sentidos diferentes de la noción de corrupción tienen que ver con su tenacidad y rara abnegación; actitud que contrasta con la marcada propensión de políticos a arrastrarse ante las fuerzas del dinero y los atuendos simbólicos del poder. A su vez, contribuyen al refrendo de la confianza de amplios sectores populares hacia su acción —por lo menos hasta inicios de 2023, en el momento de la redacción de este trabajo— así como a las urticarias de sus críticos más virulentos: sicofantes que lo comparan con una larga lista de tiranos, aunque curiosamente no con El Incorruptible Robespierre… Ahora bien, el rol determinante de la nueva tecnocracia neoliberal se manifiesta en las direcciones de las instituciones a cargo de la intervención del Estado en la Economía: Hacienda, Banco Central, etcétera.41 A partir de los años 1990, esta tecnocracia va a conducir el decálogo del Consenso de Washington. Dicho Consenso comanda las funciones que debe cumplir el Estado: 1) Disciplina fiscal; 2) Reorientación del gasto público “hacia la educación y la salud (especialmente para beneficiar a los desfavorecidos) y la inversión en infraestructura”; 3) Reforma fiscal, con el fin de ampliar la base tributaria y reducir las tasas impositivas marginales; 4) Liberalización de las tasas de interés; 5) Institución de “tasas de interés determinadas por el 40 Es una decantación que reconoce explícitamente el propio López Obrador en el autobalance que hace a mitad de su mandato: “La crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal […] sino también por el predominio en ese periodo de la más inmunda corrupción pública y privada” (idem). 41 Véase Sarah Babb, Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo; Rogelio Hernández, Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional, El Colegio de México, México, 2016; Alejandra Salas-Porras, La economía política neoliberal en México, Akal, Madrid, 2017, y Horacio Reyes, “Renovación y ascenso del ideario liberal: la influencia de la escuela austriaca en la formación de la élite administrativa en México (1930-1982)”, tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, México, 2019. La sitUación de La poLítica económica... 131 mercado” y “tipos de cambio competitivos”; 6) Liberalización comercial; 7) Liberalización de los flujos de IED; 8) Privatización; 9) Desregulación (eliminación de barreras de entrada y salida); 10) Refuerzo de los derechos de propiedad.42 Una vez concretizadas las reformas que potenciaron la creciente dependencia de la economía con las IED, las inversiones de cartera y la demanda mundial de productos primarios, intermedios e industriales, el Consenso de Washington exige que el Estado mexicano asuma la inflación como meta exclusiva de la política monetaria, garantice una carga tributaria clemente sobre las rentas del capital, y conduzca una determinada gestión de la fuerza de trabajo. Para evaluar la naturaleza y el alcance de la ruptura con el neoliberalismo anunciada por el gobierno de la 4T, debemos comprender cómo el gobierno lleva a cabo estas tres políticas. La política monetaria Bajo el neoliberalismo, la política monetaria garantiza la distribución del valor agregado y la reproducción del sistema financiero. Desde 1971, las monedas emitidas por los bancos centrales de los Estados dominantes se basan —en última instancia— en la confianza en la capacidad del Estado para recaudar impuestos. Esta confianza se expresa en la garantía para el tenedor de bonos públicos de recibir intereses a la fecha de vencimiento. De esta forma, los bonos de las Haciendas parecen reemplazar a los metales preciosos como soporte de la propia relación monetaria. En la cúspide de la jerarquía de los Estados capitalistas, se asiste a una creciente autonomía del sistema crediticio en relación con las restricciones del mercado. Sin embargo, en las economías donde la moneda está 42 John Williamson, “What Washington means by policy reform”, en Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International Economy, Washington, 1990. 132 matari pierre anclada a una gran divisa, las cosas son muy diferentes. En América Latina, a excepción de las economías oficialmente dolarizadas —como El Salvador y Ecuador— la mayoría de las monedas están indirectamente atadas al dólar. El dólar es la moneda de reserva de los bancos centrales y la unidad en la que se realizan los préstamos de capital extranjero y se paga la deuda externa. El dólar cumple así la función de respaldo de las monedas nacionales y por ende de los sistemas financieros nacionales. La independencia de los bancos centrales significa en principio la eliminación de las relaciones institucionales entre las políticas de estímulo presupuestario y las políticas monetarias expansivas tildadas de inflacionistas. Sin embargo, un análisis cuidadoso de la política monetaria muestra menos la separación entre los objetivos del Banco y las necesidades de la Hacienda que los intereses contradictorios de las finanzas y la industria, es decir, entre los intereses inmediatos del capital financiero y el Estado. En América Latina, la reforma del estatuto de los bancos centrales se dio en un momento de alta inflación y grandes reformas institucionales entre finales de los ochenta y principios de los noventa.43 Entre 1988 y 1996, doce países latinoamericanos cambiaron legal o constitucionalmente los estatutos de su banco central, dándoles más independencia de manera a garantizar la estabilidad de precios y, sobre todo, para limitar el financiamiento del gasto público mediante la creación monetaria.44 En México, una reforma convirtió al Banco en una institución autónoma en 1993. La estabilización del valor externo del dinero, la lucha contra la inflación y la estabilidad finan- 43 Agustín Carstens, y Luis I. Jácome, “Latin American Central Bank Reform: Progress and Challenges”, Documento de trabajo 05/114, International Monetary Fund, 2005. 44 Eduardo Lora, “State reform in Latin America: A silent revolution”, en The State of the State Reform in Latin America, Universidad de Stanford / The World Bank, Nueva York, 2007, pp. 1-56. La sitUación de La poLítica económica... 133 ciera son los objetivos de la política monetaria (en ese orden). Los dos últimos objetivos están ligados al primero, ya que la inflación resulta, en gran medida, de la inestabilidad del tipo de cambio, en virtud de la propia estructura del sistema productivo. La estabilidad del tipo de cambio es tanto más importante que condiciona la repatriación de ganancias de las corporaciones extranjeras. Lo mismo puede decirse del valor de los bonos del Tesoro garantizados por el dólar. A decir verdad, gran parte de la deuda pública interna mexicana es interna sólo formalmente. En consecuencia, toda devaluación provoca su aumento de la misma manera que la deuda externa. Desde Guillermo Ortiz y Agustín Carstens, la orientación general de la política monetaria no ha variado, como lo ilustra la gráfica 2 que representa las evoluciones paralelas de las tasas de intereses promedias a corto plazo en México y Estados Unidos entre 1997 y 2022. La política monetaria es ciertamente el lado más conservador de las políticas económicas de los gobiernos progresistas latinoamericanos. De manera general, los sobresaltos de la política monetaria desde la salida de la crisis de la deuda externa constituyen un termómetro confiable de los conflictos en torno de las condiciones de reparto del PIB entre salarios/ganancias y entre las distintas fracciones del capital. En este sentido, la sobredeterminación del objetivo de control de la inflación por el de la estabilidad cambiaria muestra los límites estructurales que trazan la circulación internacional de capitales45 y las relaciones objetivas de clase a cualquier política económica. En México —la observación es extensible a otras experiencias de la ola rosada latinoamericana— una forma básica del antagonismo entre finanzas e industria es la oposición entre los Estados nacionales y aquellos de las corporaciones transnacionales (financieras y no financieras). La continuidad de la ortodoxia en el México de la 4T —como sucedió antes en Ecua- 45 En México, las cuatro principales fuentes de entrada de divisas son la industria automotriz, el turismo, el petróleo y las remesas. 134 matari pierre dor, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile y El Salvador, así como el retroceso de los zigzags erráticos de las políticas monetarias en Venezuela y Argentina46 o, más recientemente, el conato de enfrentamiento entre Gustavo Petro y el Banco de la Republica en Colombia— dan testimonio de la capacidad de las instituciones financieras para imponer sus condiciones a los poderes públicos. La disciplinada caza de Banxico a la política de la Reserva Federal desde el acceso al poder de la 4T y, más especialmente, en el último año y lo que va de 2023 ha sido su última y mejor ilustración, como lo muestra la gráfica 3. Y para responder a una pregunta del presidente de la República sobre la consideración del crecimiento económico entre los objetivos de la política de tasas de interés del Banco, un subgobernador de Banco Central reiteró —lacónicamente— el alfa y omega de Banxico desde inicios de 1990: “la mejor” contribución que puede hacer la política monetaria al crecimiento económico —dijo— es generar estabilidad de precios.47 Límites análogos conciernen la política fiscal: el santuario inviolado del Consenso de Washington. 46 Pese a sus intentos por establecer controles sobre sus cuentas de capitales. 47 Carolina González, “Banxico responde a AMLO: Subir tasa de interés contribuye a crecimiento económico”, en El Financiero, 10 de febrero de 2023, recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/ 02/10/banxico-responde-a-amlo-subir-tasa-de-interes-contribuye-a-crecimiento-economico/>. Por lo demás es cómico observar el argumentario de muchos críticos a AMLO en ese terreno: o critican la falta de voluntarismo del gobierno en materia macroeconómica, sin reflexionar sobre la noción e implicaciones de la independencia del Banco Central; o importan, de manera científicamente poco seria y políticamente oportunista, algunos argumentos a favor de la independencia del Banco Central para compensar su escasez de argumentos en los debates sobre la “autonomía” de otras agencias estatales. gráFica 2 Tasas de interés promedias a corto plazo entre 1997 y 2022 (México y Estados Unidos) 30 25 20 15 10 5 0 Fuente: OCDE. México EE.UU 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 135 136 gráFica 3 Tasas de interés mensuales a corto plazo en México y Estados Unidos (diciembre de 2018-enero de 2023) 12 10 8 6 4 2 EE.UU. 2023‐01 2022‐11 2022‐09 2022‐07 2022‐05 2022‐03 2022‐01 2021‐11 2021‐09 2021‐07 2021‐05 2021‐03 2021‐01 2020‐11 2020‐09 2020‐07 2020‐05 2020‐02 2019‐12 2019‐10 2019‐08 2019‐06 2019‐04 2019‐02 2018‐12 0 México Fuente: OCDE, recuperado de <https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-ratesm#indicator-chart>. La sitUación de La poLítica económica... 137 La política fiscal Dos grandes orientaciones definen la política tributaria del gobierno de la 4T: 1) la conservación de la estructura de recaudación heredada; 2) la lucha contra los “nichos” fiscales. Mientras la primera reafirma el statu quo, la segunda devela indirectamente la importancia de la práctica de la elusión fiscal entre la burguesía y de las élites del país. Ello quedó indirectamente demostrado durante la cruzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recuperar impuestos evadidos o “atrasados” en los límites del régimen tributario existente.48 Por ejemplo, en 2020, año del desplome de 8.2 % del PIB —durante la pandemia— la recaudación tributaria aumentaba sin embargo de 137 000 millones de pesos o 0.8 % respecto a lo recaudado por el SAT en 2019. En el mismo orden de hechos, está el fin del sistema de condonaciones de impuestos a los “grandes contribuyentes” (corporaciones);49 aun cuando esta cruzada no concierne, de momento, a todos los sectores de la burguesía y de las élites deudores del fisco. Con todo, queda una interrogación de fondo. En la América Latina de la segunda mitad de los años 2010, los impuestos al consumo representaban aproximadamente la mitad de la recaudación los impuestos a la renta y utilidades el 28 % y las contribuciones a la seguridad social el 15 %, mientras que en los países de la OCDE las cifras correspondientes son del 31, 33 y 27 % respectivamente. Para los ultraliberales, esta situación, lejos de representar una anormalidad, por el contrario, acerca la región a “un modelo fiscal ideal” que podría mejorar, añaden, si se rebajara aún más los impuestos a las empresas.50 Ahora bien, si América Latina es la región con la 48 A lo que habría que añadir, una mejora en la eficiencia y celo de la SAT para recaudar los impuestos pagaderos por “las personas físicas”. 49 Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino, Planeta, México, 2021, pp. 70-71. 50 Juan Carlos Hidalgo, “El mito de la baja carga tributaria en América Latina”, en El Cato, Massachusetts, 2005, recuperado de <http://www.elca- 138 matari pierre carga tributaria la más baja del mundo y la estructura fiscal más regresiva, la mexicana es la más regresiva de la región. Desde 1990, las reformas de la estructura tributaria han aumentado los impuestos indirectos, incluido el IVA. La “simplificación de la base imponible” enunciada en el Consenso de Washington no tiene otro significado.51 Paralelamente se han reducido los impuestos sobre la propiedad y la reforma de los impuestos sobre el ingreso ha fijado topes para los ingresos superiores y aumentos para los hogares de la clase media sujetos a tributación. Rompiendo con la estructura tributaria propia del período ISI, la tasa de impuestos sobre las ganancias de las empresas extranjeras se ha rebajado al mismo nivel que el de las empresas nacionales. Finalmente, las contribuciones patronales también han disminuido. La especificidad de los sistemas tributarios latinoamericanos expresa, de manera alternada, los determinantes estructurales de los regímenes de acumulación implementados en los años noventa: liberalización del comercio, estabilidad o ligero aumento de los impuestos directos, disminución de los impuestos sobre la propiedad, alza de los impuestos indirectos y finalmente estancamiento o caída de las contribuciones sociales (especialmente del empleador). El propio Banco Interamericano de Desarrollo ha admitido que los resultados de estas reformas fueron triviales en términos de tasas de crecimiento del PIB, ya que éstas prácticamente no cambiaron con respecto a aquellas observables antes de las reformas.52 ¿Entonces cuáles son las dificultades de fondo para emprender una reforma tributaria progresiva y de envergadura? En un to.org/publicaciones/articulos/art-2005-03-21.html>. 51 El aumento de los impuestos indirectos incluido el IVA (si no su tasa, al menos su participación relativa en la base imponible) corresponde al contenido de la “simplificación de la base imponible” enunciada como uno de los 10 mandamientos del Consenso de Washington. 52 Eduardo Lora, “Las reformas estructurales en América Latina. Qué se ha reformado y como medirlo”, documento de trabajo IDB-WP-346, Banco Interamericano de Desarrollo, 2012. La sitUación de La poLítica económica... 139 estudio comparativo sobre la relación de las corporaciones con los Estados desarrollados y en vías de desarrollo, Keen y Simone muestran cómo las corporaciones ejercen una mayor presión fiscal sobre estos últimos que sobre los primeros.53 En América Latina, este fenómeno es tanto más llamativo que se acopla al uso sistemático de la técnica de precios de transferencia; práctica que se ha convertido, en el contexto de la globalización, en un arma formidable para contrarrestar cualquier veleidad de aumentar las contribuciones del capital transnacional a los erarios. Por la posición de su economía en el mercado mundial, el Estado mexicano parece más vulnerable a este tipo de chantajes. Pero la particularidad de la cuestión tributaria en México procede quizás menos del lugar de la economía en la globalización, que de la importancia histórica de los recursos rentistas (petróleo, etcétera) en los ingresos públicos. Ganga que permitió a las clases dominantes liberarse del fardo de la tributación, la disponibilidad de estos recursos amplificó, en la era neoliberal, la heteronomía del Estado para con los intereses dominantes del sistema económico. Todavía en 2006, los ingresos públicos dependían hasta en un 40 % del petróleo, antes de desplomarse junto con la contribución de este sector al PIB. En ese sentido, a falta de reforma tributaria, pareciera que la 4T, apuesta por restablecer, a mediano plazo, la antigua autonomía financiera del Estado aumentando los ingresos petroleros, gracias a las considerables inversiones realizadas en ese sector. Sin embargo, desde un punto de vista comparativo, la reforma tributaria de Petro-Ocampo en Colombia —al nomás arrancar su gestión y aprovechando lo que politólogos y periodistas llaman “el momento de estado de gracia”— parece mostrar que existen márgenes para emprender reformas tributarias más ambiciosas en la región. 53 Michael Keen y Alejandro Simone, “Is Tax Competition Harming Developing Countries More Than Developed?”, en Tax Notes International, 2004, p. 1325. 140 matari pierre Desde esta perspectiva, la llamada “austeridad republicana” —además de designar el espíritu de la reforma de las agencias del aparato administrativo del Estado— aparece como una modalidad de transferencia entre partidas del erario, para financiar programas sociales y grandes obras de infraestructura, sin infringir la ortodoxia de la política financiera. Este intento por reequilibrar las relaciones del Estado con los diferentes grupos y clases sociales —en el interior de los límites monetarios y fiscales trazados por el Consenso de Washington— parece encontrar su confirmación en la gestión estatal de la mano de obra. La gestión de la mano de obra ¿Cómo dirigir la acción del Estado primero hacia los pobres, “los de la base de la pirámide” como dice López Obrador, si las políticas monetaria y financiera reproducen determinadas condiciones de explotación de la fuerza de trabajo y de valorización del capital? Para ello, consideramos la gestión de la fuerza de trabajo bajo el gobierno de la 4T. La noción recubre campos de intervención fraccionados y usualmente designados como política de ingreso, política social o política de empleo, según el caso.54 Observémoslos separadamente. Acerca de los vínculos entre la caída de la participación de los salarios en la industria y las IED, Jaime Ros concluía en 2015: en México, la pauperización obrera “no estimula la inversión porque los salarios pierden participación aún más rápidamente en Estados Unidos, ¡nuestro principal socio comercial y fuente de inversión extranjera!”. Y, más adelante, a la pregunta “¿hay una salida?”, contestaba: Sí, en la medida en que una redistribución en favor de los asalariados de menores ingresos impulse la inversión en los sectores de 54 Sobre esta noción véase Suzanne de Brunhoff, État et capital. Recherches sur la politique économique, Universidad de Grenoble, París, 1976. La sitUación de La poLítica económica... 141 bienes no comerciables y de bienes importables que producen para el mercado interno. En este caso, una forma potencialmente exitosa de fomentar la inversión privada consiste en la combinación de una política de tipo de cambio real alto y una política salarial que redistribuya en favor de los asalariados de bajos ingresos.55 Es precisamente en esta grieta que intenta introducirse la política salarial de la 4T; ejemplo de voluntad política determinada por su situación y facilitada, en este caso, por la actualización de las cláusulas del TMEC relativas a las diferencias de salarios en los sectores manufactureros directamente vinculados al espacio norteamericano. Y, en efecto, el aumento del salario mínimo —y especialmente de las tarifas de los salarios en las industrias de ensamblaje— figuran entre las mayores conquistas de la 4T. Los dos cuadros (6a y 6b) siguientes reproducen la evolución del salario mínimo en México entre 1999 y 2022. En un orden análogo de hechos, otra serie de medidas contribuyen a enfrentar situaciones de superexplotación de la mano de obra en el sector formal: la regulación de la subcontratación de personal que permite reducir artificialmente los salarios y prestaciones, las iniciativas por “regularizar” a la mano de obra doméstica informal y su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o, más recientemente, el aumento del derecho de los trabajadores vacaciones “dignas” (= días acumulables y pagados, acorde a la antigüedad). Sin embargo, al tiempo que estos esfuerzos colmatan situaciones tradicionales de la sobreexplotación, el proceso de destrucción creativa del actual régimen de acumulación abre paso a nuevas. Esto es especialmente el caso de los “jornaleros digitales”, como Natalia Radetich designa a los trabajadores de las llamadas plataformas austeras; categoría social en fuerte aumento —especialmente desde la pandemia— y cuyo estatuto y con- 55 Jaime Ros, “¿Por qué cae la participación de los salarios en el ingreso total en México?”, en Economía UNAM, vol. 12, núm. 36, septiembre-diciembre de 2015. 142 matari pierre diciones laborales autorizan formas renovadas y/o inéditas de superexplotación y despotismo laboral (como el “management algorítmico”).56 Consideremos ahora otra faceta de la gestión de la mano de obra: la política social. En la América Latina del primer “ciclo” progresista, la evolución de los indicadores sociales siguió directamente el precio de los recursos naturales exportados, por lo que algunos observadores han llamado a esta correlación el “Consenso de Commodities”.57 El Consenso de Washington consiguió que bancos e instituciones financieras internacionales se pusieran de acuerdo con los gobiernos latinoamericanos; el Consenso de materias primas permitió a estos gobiernos ponerse de acuerdo con sus pueblos. Pero todo transcurre como si ese Consenso, al desplazar el objeto del acuerdo, hubiera reforzado los términos del Consenso inicial al favorecer las condiciones sociales y políticas del régimen de acumulación implementado en los años noventa. La gran paradoja de la experiencia de los gobiernos del primer “ciclo” progresista es que la creciente demanda de productos primarios persuadió a las autoridades a no lanzar políticas industriales de tipo ISI. Por otra parte, el auge de las materias primas permitió a estos mismos gobiernos centrar sus programas sociales en las categorías de personas pobres o reputadas frágiles o vulnerables. Pero estos programas llevan, por así decirlo, las cicatrices del neoliberalismo, al dar por sentado que las categorías de pobreza y vulnerabilidad existen per se dentro de una lógica de Estado que produce ella misma estas categorías a través de su política económica, al tiempo que intenta erradicarlas a través de su política social. De modo que esta política social, sean cuales sean los beneficios que genere, constituye una extraña mezcla de paternalismo, moralización y tecnificación de la gestión de los pobres a los que se apoya de 56 Natalia Radetich, Cappitalismo. La uberización del trabajo, Siglo XXI, México, 2022. 57 Maristella Svampa, “‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”, en Nueva Sociedad, núm. 244, 2013, pp. 30-46. La sitUación de La poLítica económica... 143 acuerdo con una lógica de empoderamiento de los desvalidos.58 Ni el aumento del gasto social, ni el alza de los salarios directos e indirectos han tocado la rentabilidad de las empresas internacionales, a través de cuyas operaciones América Latina ingresa a la división internacional del trabajo. Y, como se sabe, con la caída de los precios de las materias primas y la desaceleración del crecimiento en China, todas las contradicciones del modelo neoliberal, que habían sido enmascaradas y en cierto modo continuadas en los países latinoamericanos de izquierda, volvieron a emerger. En México, el gobierno de la 4T no dispuso de tales márgenes financieros, ni de una coyuntura internacional favorable. Y la pandemia obligó brutalmente a rectificar la línea inicialmente trazada. Con todo —sin el endeudamiento externo reclamado urbi et orbi en 2020, tanto por economistas críticos aparentemente desinteresados, como por opositores anhelosos de ver a AMLO volver al redil de las instituciones financieras internacionales, endeudamiento que hubiera estrujado al gobierno si consideramos los niveles leoninos de las tasas de intereses internacionales desde 2022—, el aumento del gasto social es una realidad.59 Pero, ¿cuál? La 4T conduce su política social a través de tres canales: 1) créditos gratuitos o blandos a sectores determinados (como inicialmente el programa “crédito ganadero a la palabra” y, sobre todo, “Sembrando Vida”); 2) subvenciones de empleos (“Jóvenes Construyendo el Futuro”) y becas (“Jóvenes Escribiendo Futuro”, y 3) el “programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores”). Si algunos de estos programas reclaman un aumento directo del gasto so- 58 Bruno Lautier, “Gouvernement moral des pauvres et dépolitisation des politiques publiques en Amérique latine”, en Revue Tiers-monde, núm. 214, 2013, p. 26. 59 Roubaud, François, Mireille Razafindrakoto, Pierre Salama, y Alexis Saludjian, “A front renversé Bolsonaro versus AMLO dans la gestion de la Covid-19 Une approche d’économie politique comparée Brésil-Mexique”, documento de trabajo DT/2022/08, Développement, Institutions et Mondialisation (DIAL), 2022. 144 matari pierre cial —en gran medida financiado, tomando en cuenta la ortodoxia fiscal, con las transferencias de partidas que autoriza la “austeridad republicana”—, todos respetan el abecedario de la gestión de la mano de obra en condiciones capitalistas: hacer suya algunos elementos del valor de la fuerza de trabajo sin mermar las dos condiciones sine quibus non de la utilización de la mano de obra asalariada: la disciplina laboral y la inseguridad de empleo.60 En este sentido, los programas sociales son conformes al espíritu de programas ya existentes: ayudas que privilegian la individualización y la responsabilidad de los asistidos. Queda finalmente un hueso duro de roer: el cuestionamiento del régimen de pensión elaborado entre 1997 y 2007, y que instauró un sistema de capitalización en dos niveles: las administradoras de fondos para el retiro (Afores) recaudan las cotizaciones de los trabajadores; y las sociedades de inversión de fondos para el retiro (Siefore) colocan las cotizaciones en la Bolsa. Se trata según la OCDE de “la reforma más profunda de cualquier país [miembro del organismo]”.61 Las diferencias entre los montos cotizados y las prestaciones muestran que ese régimen erigió un sofisticado canal de transferencia de recursos a favor de instituciones financieras que esquilman a los derechohabientes, al tiempo que movilizan los montos para lucrar en el tráfico bursátil. El cuestionamiento de régimen por el gobierno de la 4T implicaría aceptar enfrentarse a dos pilares del sistema económico: la rentabilidad de las instituciones financieras y el bajo nivel de las contribuciones patronales. De momento postergadas, las discusiones sobre los niveles de miseria de las pensiones de una mayoría de trabajadores, del aumento de las prestaciones patronales a las cajas de jubila- 60 Una cuestión que reviste expresiones y dificultades analíticas diferentes en los sectores formales o informales del mercado del trabajo que no profundizan aquí. 61 OCDE, Panorama des pensions 2021 (version abrégée). Les indicateurs de l’OCDE et du G20, OCDE, París, 2021, pp. 18-19. La sitUación de La poLítica económica... 145 ción, y del alejamiento de estas sumas de las garras de instituciones bursátiles, han sido abordados de manera lateral y elíptica: aumentando el monto (6 mil pesos previstos en 2024) de prestaciones financiadas por el erario a los mayores de 65 años; demostración del compromiso y de la sensibilidad social de AMLO, pero manera de eludir un problema de fondo. cUadro 6a Evolución del salario mínimo general en México (en índice real y en pesos diarios) Fecha Salarios mínimos, general, índice real, dic. 2018=100 Salarios mínimos, general, pesos por día Diciembre 1994 109.9100 13.97 Diciembre 1995 95.4156 18.43 Diciembre 1996 98.5129 24.3 Diciembre 1997 85.1315 24.3 Diciembre 1998 94.2525 31.91 Diciembre 1999 83.9152 31.91 Diciembre 2000 84.7626 35.12 Diciembre 2001 86.8512 37.57 Diciembre 2002 86.9132 39.74 Diciembre 2003 87.3543 41.53 Diciembre 2004 86.5770 43.297 Diciembre 2005 87.5465 45.241 Diciembre 2006 87.5017 47.0506 Diciembre 2007 87.6105 48.88 Diciembre 2008 85.5394 50.84 Fuente: Banco de México 2022, recuperado de <https://www.banxico.org. mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=10&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA601&locale=es>. 146 matari pierre cUadro 6b Evolución del salario mínimo general en México (en índice real y en pesos diarios) Fecha Salarios mínimos, general, índice real, dic. 2018 = 100 Salarios mínimos, general, pesos por día Diciembre 2009 86.4056 53.19 Diciembre 2010 86.7771 55.77 Diciembre 2011 87.0173 58.06 Diciembre 2012 87.9120 60.75 Diciembre 2013 87.8505 63.12 Diciembre 2014 87.6952 65.58 Diciembre 2015 91.7837 70.10 Diciembre 2016 92.5294 73.0442 Diciembre 2017 104.8305 88.36 Diciembre 2018 100 88.36 Diciembre 2019 113.0099 102.68 Diciembre 2020 131.4747 123.22 Diciembre 2021 140.8342 141.70 Diciembre 2022 159.3568 172.87 Diciembre 2023 188.4163 207.44 Fuente: Banco de México 2022 recuperado de <https://www.banxico.org.mx/ SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=10&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA601&locale=es>. Conclusión Separar el poder político del poder económico: la fórmula resume la esencia del Plan Nacional de Desarrollo y arroja luces sobre los zigzags de la acción gubernamental desde enero de 2019. Tal objetivo: arrancar el poder estatal de las garras de La sitUación de La poLítica económica... 147 intereses privados, exige atender gangrenas ubicadas en diferentes niveles de los poderes públicos estatal. La acción gubernamental de la 4T ataca lo que he designado —en otro trabajo— como “mecanismos externos” de dominación del capital en el Estado. La Cuarta Transformación, si la hay, es fundamentalmente una transformación del aparato administrativo del Estado, una transformación que busca, a través de una reorganización de los poderes públicos, modificar las relaciones del Estado con los ciudadanos y las clases de ciudadanos. Si las medidas y discursos que acompañan esta experiencia gubernamental son más que suficientes para movilizar avisperos de intereses fácticos constituidos durante el intervalo de las décadas de 1980 y de 1990, no separan el poder estatal de los intereses que dominan la vida económica, ni son portadoras de una reorientación de la política macroeconómica. Los desarrollos de este capítulo intentaron definir la situación del voluntarismo económico del gobierno de la Cuarta Transformación: la relación existente entre el margen de acción del gobierno en el terreno económica y social, y las fuerzas que estructuran el sistema económico. Gestado entre las crisis de 1982 y 1994, el régimen de acumulación dominado por el capital financiero dinamitó las condiciones que otorgaba al Estado de las décadas de la posguerra de un considerable grado de autonomía a la hora de definir la orientación de su política económica y social. Con la consolidación del nuevo régimen, los poderes públicos participan, al margen de las luchas y alternancias electorales, en la reproducción de un orden económico basado en la apertura a los capitales extranjeros, la integración financiera, y el desarrollo de un sector exportador sujetado al espacio norteamericano. El capítulo concluye que las características del régimen de acumulación trazan el horizonte y límites de la política monetaria, fiscal, así como de la gestión de la mano de obra del gobierno de la 4T. Mientras la primera está orientada a la estabilidad de precios y del tipo de cambio, la segunda asegura condiciones tributarias acordes con las exigencias de valorización de los capitales. La tercera asegura una política salarial favorable a las 148 matari pierre inversiones extranjeras y nacionales, buscando restablecer la paz social. El conjunto de elementos que integran la gestión de la mano de obra muestra que la intervención pública emana, a la vez, de exigencias de la acumulación y de reivindicaciones sociopolíticas: son funciones del capital y productos de la lucha de clases. Reducirla a las primeras es hacer del Estado un simple capitalista colectivo, mientras que el unilateralismo opuesto abre grande la puerta a las ilusiones que pavimentan la historia de la izquierda reformista. En el caso de la 4T, las medidas voluntaristas tomadas en materia de aumento de salarios mínimos y de otros rubros de la gestión estatal de la fuerza de trabajo están situados por la actualización del lugar de México en el espacio económico norteamericano, actualización plasmada en el TMEC. En ese sentido, no es ni en las funciones de Banxico, ni en las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —cancerbero y fortaleza de la ortodoxia—, sino en los campos de acción que ocupan la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Trabajo que se juegan los avances sustanciales que podrá reclamar para sí (o no) el gobierno de la 4T en las elecciones decisivas de 2024. Bibliografía Anguiano, Arturo, El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos, Era, México, 2010. Aspe, Pedro, El camino mexicano de la transformación económica, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 1993. Babb, Sarah, Proyecto: México. Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, , México, 2001. Banco Mundial, World debt tables 1994-1995. External finance for developing countries, World Bank, Washington, 1995. 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Por una parte, el que se manifiesta como construcción de un sujeto político ampliado, a partir de un núcleo autónomo, capaz de expandirse a nivel ideológico y organizacional, incorporando a través del consenso y las alianzas a sectores y grupos afines o anteriormente adversarios, descolocando y desorganizando todo el campo opositor. Mientras que, por otra parte, la noción de hegemonía indica una forma del ejercicio del poder político y cultural de parte de un sujeto configurado como clase o grupo dirigente (y dominante) sobre un conjunto de grupos o clases subalternas a través de aparatos hegemónicos del Estado y de la sociedad civil.1 La noción de hegemonía se desdobla —para usar una fórmula clásica de la teoría política— como potencia y como potestas, como poder hacer y como poder sobre.2 * Sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Integrante del Comité directivo de la International Gramsci Society. 1 Massimo Modonesi, “Gramsci teórico de la subjetivación política. La triada subalternidad-autonomía-hegemonía”, en International Gramsci Journal, vol. 4, núm. 3, 2021. 2 Retomando la distinción de Spinoza utilizada en el debate teórico contemporáneo por autores como Toni Negri, John Holloway y Enrique Dussel. 153 154 massimo modonesi La segunda acepción, de uso más común, asimila la hegemonía al ejercicio del poder político estatal no solo legítimo sino fundado en el recurso al consenso más que a la coerción o a la amenaza de su uso. En este sentido el concepto ha sido utilizado en México, en el debate de la segunda mitad del siglo XX, en relación con la caracterización del régimen de la posrevolución mexicana y la configuración estatal y partidaria que le correspondía, es decir del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido de Estado. Mientras que en el régimen de la revolución interrumpida e institucionalizada el fin de la hegemonía se perfiló como tragedia en el 68 y sus alrededores, en el espejismo hegemónico neoliberal impulsado por Salinas de Gortari se asomó solo brevemente, como ilusión y como farsa. Entre 1994 y 2018, es decir un cuarto de siglo y todo lo que va del siglo XXI, fue más bien la palabra crisis la que designó el rasgo de época, sea por las condiciones de la economía, por la crisis de hegemonía del régimen priista y también por el breve ciclo de la transición pactada a la democracia que pretendía sucederle. En efecto, la transición democrática no pasó de generar un consenso superficial y efímero alrededor de una declaración de intenciones entre la segunda mitad de los años noventa y el año 2000, vaciándose casi inmediatamente de todo calado hegemónico en la deriva de los dos sexenios panistas y el retorno del PRI en 2012. En 2018 cambió radicalmente el escenario y se abrió un nuevo capítulo de la historia política mexicana con la elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia gracias a una masiva votación en contra de los partidos del Pacto por México (PRI, Partido Acción Nacional [PAN], y Partido de la Revolución Democrática [PRD]), de la supuesta transición democrática y de la continuidad del neoliberalismo. A casi cinco años de este acontecimiento, considerando la relativa estabilidad política y económica que, aun cuando tenemos presente la pandemia, ha acompañado el ejercicio gubernamental del obradorismo, ¿podemos desenterrar el concepto de hegemonía para pensar y caracterizarlo como una fuerza y una forma política hegemónica en el corto plazo, pero también La hegemonía deL centro obradorista... 155 hipotéticamente en el mediano o largo plazo, es decir, en la duración histórica a la que aspira? Sin saber cuál será el desenlace (decía Gramsci que sólo podemos prever el conflicto), registramos sin embargo rasgos y tendencias hegemónicas en el obradorismo y la Cuarta Transformación (4T), ya que la “cosa” obradorista —sobre cuya definición nominal volveré más adelante— se ha colocado momentánea pero firmemente en el centro del escenario político. Esta centralidad hegemónica se basa, valga la redundancia cacofónica, en un dispositivo político e ideológico centrista y en un dispositivo organizacional y de liderazgo centralista. Describiré rápidamente en las siguientes páginas cómo centralidad, centrismo y centralismo forman una triangulación hegemónica eficaz, por lo menos en el corto plazo. Centralidad hegemónica Es indiscutible que, incluso desde antes de las elecciones de 2018, en el interregno y el vacío político provocado por la agudización de la crisis de hegemonía que tuvo su ápice con el crimen de Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa, AMLO y el obradorismo tomaron paulatinamente la iniciativa y ocuparon el centro geopolítico del escenario. Esto ocurrió, como suele pasar, tanto por méritos propios como por deméritos de sus adversarios, es decir, por ausencia de una alternativa. A nivel electoral e institucional, el peso del obradorismo, más allá del acontecimiento extraordinario de 2018, se ha confirmado y consolidado en elecciones nacionales y locales en los años siguientes.3 En pocos años, el aparato de Morena se ha ramificado en todo el territorio mexicano y ha echado raíces en Mi lectura de la elección de 2018 y sobre la primera mitad del sexenio, publicadas originalmente en las revistas Nueva Sociedad, Jacobin, y Desinformémonos aparecen compilados en Massimo Modonesi, México izquierdo. Claroscuros de las izquierdas mexicanas (1968-2021), Bibliotopía, México, 2021. 3 156 massimo modonesi los palacios del poder, tejiendo relaciones y vínculos con grupos y sectores sociales de arriba y abajo. Por otra parte, las políticas públicas de la autoproclamada 4T han marcado el ritmo de la agenda política, empezando por el tema del aeropuerto, el anti-huachicol, la respuesta a la pandemia, las reformas laborales, el aumento de salarios mínimos, la polémica con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con otros entes autónomos, para citar las más sonadas. Mientras tanto, en un plano cotidiano, menos polémico y ruidoso, pero más profundo y consistente, la austeridad, la recaudación fiscal (sin reforma progresiva) y, en particular, las capilares políticas sociales llamadas del bienestar, han sellado la presencia y la legitimación de la acción de gobierno en la sociedad mexicana. A la derecha del desierto opositor, el panorama varía entre el fallido intento de movilización destituyente de un ala fascistoide y vociferante (Frente Nacional Anti-AMLO [Frenaaa]) y la falta de credibilidad y de éxitos electorales —por separado o en coalición— de los tres partidos de la transición pactada (PRI, PAN y PRD).4 La tarea contrahegemónica quedó a cargo de los medios de comunicación masiva, las legiones de opinólogos y el ejército de bots. Es notable la pobreza de argumentos de los primeros, viciados en buena medida por la deshonestidad intelectual y la hipocresía de quienes fueron corifeos de los gobiernos anteriores y ahora se dan baños de pureza, contando con la memoria corta de la compulsión opinionista de nuestros tiempos, asumiendo posturas que oscilan entre el clasismo elitista anticomunista y lo políticamente correcto liberal-social-democrático. Por otra parte, la avalancha de insultos y fake news que llenan las redes y los espacios de comentarios en las páginas web de periódicos y redes sociales, si bien ya 4 Massimo Modonesi, “Todos contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), AMLO contra todos. La paradoja de las derechas mexicanas”, en Nueva Sociedad, Buenos Aires, 2021. La hegemonía deL centro obradorista... 157 están generando anticuerpos, no dejan de viciar el ambiente y de alimentar el odio hacia el obradorismo.5 Si bien los principales medios de comunicación masiva han adoptado una descarada postura opositora, es evidente que las “notas”, más allá de sus connotaciones, muestran la incuestionable centralidad del presidente y su capacidad de orientar el debate político con iniciativas políticas o declaraciones polémicas. La famosa “polarización” gira alrededor de un eje central, tanto la ofensiva comunicacional masiva de oposición como la capacidad de respuesta obradorista. Las mañaneras, que ya habían rendido sus frutos comunicativos cuando AMLO era jefe de gobierno de la Ciudad de México, le permiten abrir y orientar cotidianamente el juego mediático a partir de sus dichos y posturas. Al mismo tiempo, el obradorismo, si bien no ha reformado el campo mediático y su concentración propietaria, ejerce su propia estrategia por los canales públicos y cuenta con el apoyo total de por lo menos un gran periódico nacional —La Jornada—, la benevolencia de algunos medios visuales, como por ejemplo La Octava, y con sus propias huestes de influencers y bots. Por algo, la asimetría comunicacional no ha afectado el consenso que, según los parámetros de medición de la opinión pública favorecen ampliamente a AMLO y su proyecto. Mientras escribo, apareció otra iniciativa política que se reviste de ciudadana (Méxicolectivo), pero es habitada por dirigentes políticos del Movimiento Ciudadano y representantes de la antigua sociedad civil liberal-conservadora cómplice de la simulación democrática de las pasadas dos décadas. La proliferación de estas acciones efímeras de nula resonancia popular, confirma la centralidad hegemónica ejercida por el obradorismo en este momento de la vida política nacional. Y, más allá de la cuestión comunicacional, por méritos políticos del obradorismo o por deméritos de sus adversarios, ni a su derecha ni a su izquierda han surgido oposiciones capaces de disputarle la hegemonía y la centralidad. 5 Véase nota 178. 158 massimo modonesi A la izquierda del escenario, el vacío contrahegemónico es más dramático, a pesar de que no cesan las ordinarias luchas ligadas a los derechos laborales, sociales, humanos, civiles o en defensa del territorio. Sin embargo, es notable la ausencia de una acumulación política, la conformación de un polo opositor de izquierda e inclusive la constitución discursiva de un lugar de enunciación visible y sonoro de una crítica respecto de los límites del reformismo centrista de la 4T que no sean voces individuales, fragmentadas, o de grupos de interés parcial, gremial o corporativo. Habrá que analizar con detenimiento el campo de las clases subalternas y sus señales de pasividad, de consenso pasivo y activo a la 4T, de activación antagonista, así como las reservas o potenciales de autonomía.6 A primera vista, como reflejo de la hegemonía obradorista, se observa un eclipse de las izquierdas tanto políticas como sociales.7 Este eclipse se produce a partir de la sobreposición de un obradorismo ensanchado al campo de las clases subalternas y de sus expresiones políticas, ideológicas y organizacionales, que se oscurecen y desaparecen de la vista temporalmente. Se observa, a grandes rasgos, la combinación entre la debilidad relativa y posiblemente sólo coyuntural de sujetos políticos y sociales autónomos y organizados y la fuerza de atracción, de generación de consenso pasivo, cooptación y control social por parte de las redes gubernamentales y partidarias de la 4T.8 Al mismo tiem- 6 No desarrollo voluntariamente este punto fundamental por la extensión que requiere. Sobre este tema estoy coordinando, junto a Benjamín Arditi, un proyecto de investigación que incluye una base de datos que registra todos los eventos de protesta del sexenio 2018-2024. 7 Apliqué la noción de eclipse para visualizar las relaciones entre la izquierda socialista y el nacionalismo revolucionario mexicano, incluido el obradorismo, en Massimo Modonesi, “El tercer eclipse de la izquierda mexicana”, en Jacobin América Latina, Buenos Aires, noviembre de 2020. 8 Desde la campaña electoral se observó una dislocación diferenciada, Massimo Modonesi, “Las organizaciones sociales independientes frente a la candidatura presidencial de AMLO”, en Desinformémonos, 26 de junio de 2018. La hegemonía deL centro obradorista... 159 po, la polarización, algo artificial pero que no deja de ser real, entre conservadores y transformadores en el discurso oficial excluye y descalifica a las posturas críticas desde la izquierda9 que, a su vez, se auto inhiben cuando aceptan la lógica de no ofrecer armas a los comunes enemigos de la derecha.10 En todo caso, es evidente que, por lo menos temporalmente, AMLO logró despejar el tablero a diestra y siniestra y, como mencionábamos, la centralidad hegemónica del obradorismo se presenta, en buena medida, por defecto, por default, por ausencia de contrincantes. Centrismo político e ideológico Una cara de la medalla del ejercicio hegemónico que sustenta la centralidad del obradorismo en el escenario político mexicano, es el centrismo político e ideológico que se manifiesta, por una parte, en políticas públicas y reformas legislativas de alcance limitado y, por la otra, en su sustento y proyección de mayor alcance cultural, en la concepción del mundo que le corresponde. La peculiar combinación de progresismo y conservadurismo que caracteriza el obradorismo ha sido un rasgo tan notorio que ha sido ampliamente registrado y comentado, aunque, ha desorientado y dificultado una caracterización orgánica.11 A nivel ideológico, AMLO ha insistido en que su concepción del mundo y su proyecto se basan en una genérica matriz hu- 9 Massimo Modonesi, “Las izquierdas negadas de la Cuarta Transformación (4T)”, en Nueva Sociedad, Buenos Aires, mayo de 2019. 10 Veáse al respecto, lo que reporta Hugo Núñez, “Las organizaciones rurales en tiempos de la 4T: ¿procesos de cooptación o el viejo dilema de las izquierdas mexicanas?”, en El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), año 36, número 227, mayo-junio de 2021. 11 El ejercicio más equilibrado de desbrozamiento de contradicciones, avances y limites desde una perspectiva progresista, se encuentra en el libro de Hernán Gómez, AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos, Océano, México, 2021. 160 massimo modonesi manista y, por otra parte, ha hecho reiteradas referencias a diversos momentos y corrientes políticas del pasado —el juarismo y el cardenismo en particular—. Al evidente nacionalismo anticonservador (liberal) y antioligárquico (popular), se han ido sumando siempre más evidentes elementos de cristianismo social —que no pertenecían a las corrientes históricas de referencia—.12 Lo que definitivamente no está presente es la tradición socialista, ni siquiera en la versión cardenista. En todo caso, desde esta perspectiva, habría que identificarlo como una forma de centrismo por cuanto su vocación, su proyecto y su programa son declarada y evidentemente de síntesis, de negación y superación de la contradicción derecha-izquierda y, en un plano más profundo, de la lucha de clases y del conflicto social.13 Salvo que, en un mundo derechizado y de cara a una sociedad clasista y oligarquizada por sus raíces capitalistas y neoliberales, esta postura se encuentra —no por vocación ni por esencia, sino por simple lógica de simetría— colocada geométricamente en el centro-izquierda del espectro político. Si bien AMLO no rechaza la confrontación entre oligarquía y pueblo, al contrario de lo que sostienen la mayoría de los opinólogos de derecha y de la apariencia de un discurso y una performance propia de la polémica política cotidiana —en la cual por lo demás las intervenciones de López Obrador suelen ser defensivas y reactivas— la sustancia político-ideológica del obradorismo es la reconciliación nacional, el anhelado bien de todos. Nada más lejos del principio antagonista de la lucha de clases, que actualmente es impulsada por las derechas re- 12 Carlos Illades, Vuelta a la izquierda. La cuarta transformación en México: del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría, Océano, México, 2020. Una lectura a partir de la continuidad del nacionalismo revolucionario aparece en Rogelio Hernández, “La resistencia de una idea: el nacionalismo revolucionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a López Obrador”, en Foro Internacional, vol. LX, núm. 2, cuadro 240, 2020. 13 Lo cual no implica que su trayectoria sea ajena a las luchas sociales, Massimo Modonesi, “Las luchas sociales en la formación y dinámica del gobierno obradorista”, en Desinformémos, 8 de abril de 2019. La hegemonía deL centro obradorista... 161 vanchistas mientras que los progresismos, en México como en la mayoría de los países latinoamericanos, se posicionan más bien como paladines del orden liberal democrático.14 Como lo denuncia constantemente AMLO, el “clasismo” no le pertenece, viene del otro lado: ellos —la oligarquía— emprenden en nombre del anticomunismo15 una lucha de clases que el humanismo obradorista quisiera encauzar pacíficamente en el formato del “por el bien de todos, primero los pobres”, es decir, primero el “bien de todos”. López Obrador sostiene, desde hace más de dos décadas, que el bien de todos, la armonía o la paz social, se puede alcanzar sólo atendiendo el problema de la pobreza a través de una redistribución de la capacidad de consumo, de acceso a bienes y servicios, sin modificar sus causas sistémicas, es decir la explotación y la exclusión. Por lo demás como señala Jaime Ortega “el gobierno de la 4T es, ante todo, una reforma del Estado, más que una desestructuración o modificación de la economía de mercado o un choque con los grupos económicos principales”.16 También Armando Bartra, un insigne intelectual obradorista, considera que la 4T se manifiesta como un cambio de régimen político, es decir, de la forma estatal más que de discontinuidad respecto del neoliberalismo, al que asume más bien como un proceso en curso que debe profundizar en el siguiente sexenio.17 Ahora bien, con todo y todo, más que las moderadas aspiraciones redistribucionistas de nivelación de las desigualdades, es la retórica popular lo que marca el tono izquierdista del obradorismo. En el antagonismo oligarquía-pueblo, el pueblo es vestido con ropajes distintos: es asimilado a los pobres (los 14 Massimo Modonesi, “La normalización de los progresismos latinoamericanos”, en Jacobin América Latina, 2 de julio de 2022. 15 Carlos Illades y Daniel Kent Carrasco, Comunismo y anticomunismo en el debate mexicano, El Colegio de México, México, 2022. 16 Jaime Ortega, “Despejar la ecuación: el México de López Obrador y la ‘cuarta transformación’”, en Polis Revista Latinoamericana, vol. 21, núm. 61, 2022. 17 Armando Bartra, infra. 162 massimo modonesi sectores populares), a la población en general (el pueblo demográfico), es el soberano elector (el pueblo político), y sólo eventualmente es el pueblo participativo y movilizado. Constantemente invocado como justificación del obradorismo, acariciado verbalmente y ensalzado por sus virtudes antropológicas, sólo ocasionalmente es convocado a hacerse presente en las urnas o en a las calles. En todo caso, se define en última instancia descontando al restringido grupo de privilegiados reacios a la redistribución de la riqueza y sus aliados y/o empleados. La postura nacional-popular es, por lo tanto, organicista e integradora, en línea con la tradición del pensamiento político del nacionalismo revolucionario mexicano y del populismo latinoamericano en general. El pueblo es, en el discurso obradorista, protagonista en la medida en que es empoderado por el gobierno y el Estado que lo representa. Más allá del ritual discursivo, a nivel programático y de políticas públicas, por transformadora que digan que es o que parezca ser de cara al neoliberalismo en el que vivimos —en el cual muchos nacieron y que empañó nuestra visión histórica de largo plazo—, el Estado subsidiario de las políticas redistributivas obradoristas corresponde a un pálido reflejo del otrora welfare socialdemocrático e inclusive del Estado posrevolucionario mexicano. Sin menospreciar el impacto sobrevivencial y de dinamización de la economía popular de los bonos,18 hay que reconocer que al pueblo subsidiado no se le proporcionan los medios de producción ni se le garantiza el goce de los derechos que garanticen su plena reproducción social. Las medidas soberanas, centradas en el sector energético, por válidas que sean, sirven para apuntalar una labor estatal que parece más paliativa que 18 El debate respecto del alcance de la política social no está cerrado respecto del manejo de cifras e interpretaciones véase al respecto la postura de Yáñez (en Blanca Heredia y Hernán Gómez [coords.], 4T Claves para descifrar el rompecabezas, Grijalbo, México, 2021) o por otro lado el balance pro 4T de Milton Gabriel Hernández, Vientos de cambio en la Cuarta Transformación. Logros y avances históricos en el gobierno de AMLO, Ce-Acatl, México, 2022. La hegemonía deL centro obradorista... 163 curativa, es decir, reformista, en el sentido histórico, socialdemócrata, de la palabra, o si se quiere usar otras fórmulas más polémicas, neoliberalismo progresista o socialiberalismo. Por ello, frente a los delirios politicistas de las derechas mexicanas, como ocurrió con Lula y otros gobernantes progresistas latinoamericanos, los mercados, los empresarios y los organismos internacionales muestran apreciar los obranomics, la estabilidad y el rigor monetarista de la política económica obradorista que, al decir de los economistas, para bien o para mal, permanece en el cauce neoliberal.19 Salvo después, como también lo vimos en diversas experiencias latinoamericanas, no desdeñar la oportunidad de propiciar, por las buenas o por las malas, el retorno de las derechas que representan directamente al capital. Sin embargo, justo por ser centrista y contar con una firme cobertura popular —sólo inferior, se jacta el presidente, a la de Modi en la India—, la 4T, sin ser revolucionaria ni transformadora en el plano socioeconómico, como los fueron las otras tres transformaciones anteriores —Independencia, Reforma y Revolución—, no deja de lograr algo impresionante a nivel político y cultural en el corto plazo, algo que puede sopesarse y medirse a través del criterio de la hegemonía. Como señaló acertadamente Blanca Heredia, la atención hacia los de abajo es “mínima a nivel material pero máxima a nivel simbólico”.20 En efecto, a mi parecer, donde el obradorismo está haciendo más historia no es en el terreno de las políticas públicas sino en el plano discursivo y en sus impactos culturales, un ámbito en donde aparenta estar más a la izquierda de lo que está programática e ideológicamente. El discurso obradorista no sólo ha abierto la caja de pandora reaccionaria de las clases dominantes —y sus anexos clase medieros—, sino que ha iniciado 19 Véase el consenso en este sentido de economistas de diversas escuelas en Violeta Núñez (coord.), La economía de la 4ª Transformación, Juan Pablos, México, 2021. 20 Blanca Heredia y Hernán Gómez, 4T Claves para descifrar el rompecabezas, p. 68. 164 massimo modonesi un proceso que, si bien no alcanza a ser una “revolución de las conciencias” —como lo pretenden el presidente y sus seguidores— coloca una serie de cuestiones de ruptura, o por lo menos de discontinuidad, en el terreno de la cultura política.21 Todas ellas emanan de la personalidad de AMLO, que provoca rechazo porque tiene calado: la austeridad, la honestidad, la moralidad, el estilo plebeyo y coloquial, la obstinación o terquedad en los principios, el elogio de los valores populares tradicionales. Que no son un performance o una puesta en escena,22 sino un estilo personal de gobernar —como el que atribuía Cosío Villegas a Echeverría—23 que aspira a consolidarse como cultura política, siendo que sedimenta a nivel simbólico, emocional. Como dirían algunos simpatizantes: el obradorismo es un “estado de ánimo”, “un sentimiento”.24 Por ello, paradójicamente, es más frágil la apuesta hegemónica justo donde es más penetrante y difusa, ya que habrá que ver que tan hondo puede llegar a depender tanto del estilo personal de un dirigente, ahora presidente. Un ejemplo personal a modo de prédica —que recuerda la actuación, valga la ironía del doble sentido, de Pepe Mujica en Uruguay—, que no parece ser replicado de igual manera, con el mismo rigor o intensidad a nivel de grupo dirigente o de movimiento social y político. 21 Bartra infra; Sergio Tamayo, La revolución de las conciencias. Resonancias históricas, cultura del disenso y disputa del poder, UAM, México, 2022. 22 Cristina Puga, “La puesta en escena de la Cuarta Transformación”, en Estudios Políticos, núm. 53, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2021. 23 Daniel Cosío Villegas, El estilo personal de gobernar, Joaquin Mortiz, México, 1974. 24 Gustavo Gordillo, “Obradorismo”, en Dan las convicciones a su libertad alas, 25 de noviembre de 2022, recuperado de <https://gustavogordillo. blogspot.com/2022/11/obradorismo.html>. De obradorismo como sentimiento también habla Milton Gabriel Hernández, “¿Qué es el obradorismo?”, en La Jornada de Oriente, 17 de enero de 2023, recuperado de <https://www. lajornadadeoriente.com.mx/puebla/que-es-el-obradorismo/>. La hegemonía deL centro obradorista... 165 Centralismo (superliderazgo, gobierno y partido) Y aquí aparece la otra cara de la medalla obradorista: la forma específicamente centralista y centralizada del sujeto político. Como ha resultado evidente desde su separación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la centralización obradorista ha sido edificada intencional y sistemáticamente como un proyecto centralista alrededor del liderazgo del AMLO, que podríamos definir de superliderazgo por el nivel de concentración de poder y de las cualidades carismáticas que se le reconocen y atribuyen. Alrededor del fulcro del líder, que contiene el corazón del proyecto —lo que lo mantiene en vida—, se mueven un brazo izquierdo: Morena; y un brazo derecho, que es el que actualmente carga el peso político más relevante: el gobierno y los círculos dirigentes —más o menos cercanos al presidente— que lo instrumentan. La ocupación del aparato estatal ha sido un pasaje crucial en la construcción de hegemonía, por cuanto permitió el ejercicio de determinadas políticas públicas, pero también porque, a través de ellas y gracias a la simple repartición de puestos, desde ahí se tejieron alianzas más allá del perímetro inicial del obradorismo triunfante en 2018, que de por sí se había ampliado a lo largo de la campaña en vista de la probable victoria. La atracción centrípeta del Estado-gobierno opera en relación con los grupos políticos existentes, incluidos los que temporalmente están situados en la oposición, y también con los grupos empresariales que, como es sabido, no resisten ni rechazan las sirenas del presupuesto público ni las prebendas que estructuralmente les garantiza, desde ya décadas, la forma capitalista del Estado contemporáneo. La apuesta centrípeta del estatalismo obradorista reviste la forma de la hegemonía hacia adentro, como constitución de las alianzas y ensanchamiento del sujeto político, y hacia fuera como forma de generación de consenso social hacia diversas clases sociales. De ahí que la apuesta estratégica fundamental, como ha sido señalado, pasara por tomar la rien- 166 massimo modonesi das del aparato estatal y garantizara su autonomía relativa.25 Lo que por otra parte —como ya mencioné— ha operado no sólo frente a los grupos de poder económico sino frente a diversas instancia de “mediación” de la sociedad civil que incluían negocios privados a costa del presupuesto público, organizaciones de corte clientelar, pero también una serie de espacios colectivos surgidos de luchas y que sigue sosteniendo demandas populares y formas de autoorganización desde abajo.26 El brazo izquierdo del centralismo obradorista es Morena, el partido que pretende contener el movimiento —como contenedor y como contención— para soltarlo en contadas ocasiones electorales y plebiscitarias y de movilización controlada, aun cuando no dejara de reflejar expresiones de respaldo genuino y espontáneo a la 4T —como se vio en 2022 se vio en la consulta sobre revocación del mandato o del cuarto informe presidencial—. Un juego de matrioskas en donde el Amlito —el muñequito de la discordia— es tan grande que contiene el gobierno que, a su vez, contiene el grupo dirigente que contiene al partido que finalmente contiene al pueblo. La inversión de las proporciones llama la atención: se origina en la concentración del poder propio de la delegación o, si se quiere, del mandato representativo propio de la democracia liberal, pero se agiganta por los mecanismos de lo que ha sido llamado populismo. Al mismo tiempo, habiendo algo excedente, nada garantiza que, en otras condiciones, no se desborde aquel pueblo, cuyos contornos van cambiando y cuyos humores no son tan predecibles. Dicho sea de paso, el ejercicio del poder de todo liderazgo popular, en particular de aquellos de carácter y vocación centrista, se manifiesta no sólo y no tanto en la capacidad de convocar a la movilización, sino la de saber y poder ordenar y hacer efectivo el repliegue, la desmovilización. Perón se volvió Perón 25 Blanca Heredia y Hernán Gómez, 4T Claves para descifrar el rompecabezas, p. 115 y ss. 26 Gustavo Gordillo, “La gobernabilidad realmente existente”, en Blanca Heredia y Hernán Gómez, 4T Claves para descifrar el rompecabezas. La hegemonía deL centro obradorista... 167 el 17 de octubre de 1945, no tanto y no sólo porque convocara a las masas —vía Evita— a pedir su liberación, sino porque supo y pudo mandarlas a sus casas como le imploraban sus colegas militares que lo habían encarcelado. Ahora bien, el centralismo como dispositivo político eficaz en términos de hegemonía, se nutre necesariamente de un juego, un pulso —un “muñequeo” diría el propio AMLO— que permite la agregación, la hegemonía frente a los aliados, la capacidad de expandir el consenso en el perímetro del propio campo de fuerzas. En éste, la construcción del sujeto obradorista tiene su trayectoria desde 2005, que es conocida y ha sido narrada en detalle27 —y en la cual no me detengo—; es una historia que combina movilización y control (es decir desmovilización relativa). El pasaje de 2018 comportó una obvia inflexión no sólo por la evidente contención de toda pulsión hacia la movilización entendida como protesta, sino por dos ajustes simultáneos. El ensanchamiento del obradorismo que implica, adentro y afuera de la franquicia Morena, la presencia de grupos, individuos e intereses que no promueven el cambio sino la conservación, es decir, que garantizan la conservación limitando el alcance del cambio, haciéndolo funcional al diseño de una mera reconfiguración del statu quo. Por otra parte, a nivel funcional, el partido-movimiento se convierte en un apéndice y no encarna el fulcro dinámico del proceso político que está centrado y motorizado no sólo en el superliderazgo de AMLO, sino en un grupo dirigente que radica en las instituciones, en los palacios de gobierno y de legislación de la capital y del país. En un clima de exaltación acrítica y de culto al superliderazgo,28 el papel del partido, como 27 Héctor Quintanar, Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional. Antecedentes, consolidación partidaria y definición ideológica de Morena, Itaca, México, 2017. 28 Con intentos acrobáticos de teorizarlo y canonizarlo, véase, por ejemplo, Bernardo Cortés, “¿Qué es un liderazgo popular?”, en La Jornada, 31 de diciembre de 2022. 168 massimo modonesi entidad colectiva por excelencia, es de retaguardia, es agencia electoral tanto por su manejo de las candidaturas —por medio de encuestas sin la participación de la militancia—, de los arreglos cupulares, como de contacto con la base electoral. Como algunos dirigentes de Morena de la primera hora señalan con preocupación, se convierte en partido de Estado,29 aun cuando queda por profundizar el análisis sobre el tipo de mediaciones que establece, además de la electoral, es decir, en qué medida es una instancia de intermediación clientelar ligada a políticas sociales, y qué tanto está ligada a los grupos locales, es decir, a los gobernadores morenista y, por lo tanto, no termina expresando una estatalidad plenamente nacional. En estos años dos datos han sido evidentes y de notable relevancia en términos de la construcción, el desarrollo y la persistencia de Morena. Por una parte, la masiva incorporación de grupos o de dirigentes, principalmente de origen priista, pero también de la derecha y la izquierda —así como de la “maldita” sociedad civil y del empresariado—. Por otra parte y como correlato, la capacidad de sostener equilibrios, aun precarios dentro de Morena, con un mínimo de rupturas, aparentemente ligadas a la frustración de intereses políticos inmediatos y no a quiebres estratégicos y, menos aún, ideológicos.30 Es por lo menos sorprendente, a la hora del siempre difícil y frustrante ejercicio de gobierno, la ausencia de explícitos cuestionamien- 29 Carlos Figueroa, “Congreso de Morena en México: refundación como partido de Estado”, en Nodal, octubre de 2022, recuperado de <https://www. nodal.am/2022/10/congreso-de-morena-en-mexico-refundacion-como-partido-de-estado-por-carlos-figueroa-ibarra/>. 30 Es el caso de la Convención Nacional Morenista (en <https://morenademocracia.mx/>), en la cual, no obstante, se vierten preocupaciones legítimas, como registra, Miguel Ángel Ramírez, “La cultura política de los militantes de Morena: ‘fortalecer al partido desde las bases’”, en Revista Tlatelolco: Democracia Democratizante y Cambio Social, vol. 1, núm. 2, enero-junio 2023, recuperado de <https://puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/ la-cultura-politica-de-los-militantes-de-morena-fortalecer-al-partido-desde-las-bases/>. La hegemonía deL centro obradorista... 169 tos por izquierda en el seno de un movimiento que dice ser heredero de las luchas sociales y democráticas desde la época de Juárez, pasando por la Revolución mexicana, el cardenismo, el 68, etcétera. Las críticas que afloran parecen centrarse más en la forma que en el contenido, aunque obviamente estén conectados.31 Ahora bien, este formato que calca el modelo de partido de Estado, más allá de lo que se opine sobre sus finalidades o sobre sus mecanismos, es eficaz en términos hegemónicos, ya que habilita la expansión subjetiva del consenso tanto entre los aliados como hacia los adversarios, y constituye un formidable dispositivo de poder capaz de ocupar el espacio político y de controlar los mecanismos de su funcionamiento. Presidencia, aparato estatal y partido, salvo los mínimos fisiológicos sobresaltos provocados por disidencias internas o por las oposiciones, funcionaron como un reloj en estos cuatro años, un impecable instrumento de ejercicio del poder y de su reproducción. ¿Pero, dónde y cuándo vimos algo similar? Dejando a un lado el debate sobre el contenido, es decir, el neodesarrollismo o la nostalgia echeverrista que algunos atribuyen a AMLO, el formato político del obradorismo recuerda —en el corto plazo, insisto— aquel 31 Aunque aparecieron en distintos momentos voces que problematizan la cuestión, aún a partir de una firme militancia obradorista, como, por ejemplo, intelectuales del calibre de Pedro Miguel (“La crisis de Morena” y “Rescatar Morena”, en La Jornada, 1 y 29 de noviembre de 2019) y Armando Bartra (infra) o más jóvenes como Adrián Velázquez, “El Movimiento de Regeneración Nacional: un balance a contrapelo”, en Revista Común, 28 de octubre de 2022. Escribe Velázquez: “El problema es que, si los cargos de representación son usados exclusivamente como moneda de cambio para establecer alianzas, se priva a esta militancia de ir ocupando posiciones importantes. La militancia debe ser el semillero de los elencos partidarios y no sólo en quienes se descarga el trabajo territorial. Todo el trabajo que pueda llevar a cabo el Instituto Nacional de Formación Política será insuficiente si las estructuras del partido empiezan a ser percibidas por la militancia como algo ajeno o inalcanzable. La disyuntiva aquí es clara: o bien Morena es un partido en el que una burocracia habla en nombre del pueblo o bien es un órgano de participación del pueblo a través del partido”. 170 massimo modonesi que sostuvo la hegemonía priista por décadas. Mutatis mutandis, porque es evidente que en aquel entonces las oposiciones no gozaban de la libertad y del poder de facto del que gozan las derechas políticas y civiles que abanderan el anti-obradorismo militante de nuestros días. Otra diferencia importante es que aun cuando Morena tiene a la figura de AMLO, la precariedad de su existencia como partido de Estado parece depender del superliderazgo. Finalmente, la precariedad política, propia de la fluidez del voto, no garantiza la temporalidad larga de realización plena de un partido de Estado al viejo estilo, sino más bien de la que podríamos llamar una disposición a operar como partido de Estado en un régimen de alternancia. Finalmente, la cuestión participativa no parece ser un criterio de historicidad para la 4T, así como no lo fue para las otras transformaciones en las cuales las instancias de autoorganización popular sostuvieron parte del esfuerzo combativo, pero fueron sacrificadas en nombre de la edificación de regímenes que, si bien interiorizaban parte de sus reivindicaciones, les expropiaron la esperanza del autogobierno, es decir, de la edificación de una forma estatal socializada. La participación que se manifestó como movilización y organización de las clases subalternas queda en la historia de bronce de las gestas heroicas de los líderes (Hidalgo, Juárez y Cárdenas, por ejemplo) y termina siendo encapsulada en formas partidarias y estatales. Algo que parece, en la historia de México, como la recurrencia al formato contradictorio de la revolución pasiva,32 para usar una polémica expresión de Gramsci, que para el caso del obradorismo y la 4T no calza plenamente, aunque ilumina algunos de sus aspectos cesaristas y transformistas. 32 Como lo han señalado autores como Adam Morton y Enrique Semo, véase Massimo Modonesi, “Usos del concepto gramsciano de revolución pasiva en América Latina” en Observatorio latinoamericano y caribeño, núm. 1, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe / Universidad de Buenos Aires, 2017. La hegemonía deL centro obradorista... 171 Conclusión y apertura Recapitulando y concluyendo, la hegemonía obradorista se presenta y se realiza como centralidad, centrismo y centralismo. Se desdobla entre la configuración de un sujeto ampliado, con distintos círculos concéntricos que remiten en última instancia al superliderazgo de AMLO y que incluyen núcleos duros y partes blandas, cuya configuración será puesta a prueba a la hora de definir la candidatura presidencial hacia la elección de 2024. A la par que esta hegemonía interior, se despliega una forma exterior de hegemonía como dirección y como gobierno, como capacidad de ejercer el poder por medio del consenso, el cual se plasma en políticas públicas y en discursos que, orientados hacia los sectores populares y gracias al efecto AMLO, generan un efecto cultural de sedimentación hegemónica y, como contraparte, provocan una reacción de parte de las oposiciones partidarias y de las porciones de las que siguen siendo las clases dominantes mexicanas, que si bien no dejan de prosperar y de hacer negocios, apuestan a volver a tener bajo control el aparato estatal. En efecto, la polarización no surge del obradorismo sino, por el contrario, de una reacción que lo amenaza y lo limita, sin que, por el momento, se convierta en asedio. Al mismo tiempo, si asimilamos la 4T a los proyectos-procesos progresistas latinoamericanos actuales —amén de su carácter tardío respecto de los de la primera ola—33, la centralidad que actualmente ocupa el obradorismo no sólo puede resultar amenazada por la derecha, sino que la tendencia centrista y el centralismo puede abrir una fisura a la izquierda. Y de esta fisura bien pueden brotar formas de rebelión, ese recurso antagonista extra-ordinario, desordenado pero potente, al cual suelen acudir las clases subalternas latinoamericanas para abrirse paso en la historia cuando encuentran todos los caminos cerrados. No sólo a 33 Massimo Modonesi, “México: el gobierno progresista tardío. Alcances históricos y límites políticas de la victoria de AMLO”, en Nueva Sociedad, núm. 276, Buenos Aires, agosto-septiembre de 2018. 172 massimo modonesi partir de una deducción comparativa, sino de la experiencia de los conflictos sociales y las crisis políticas en México y América Latina, lo menos probable es que se mantenga de forma prolongada la estabilidad y la acumulación hegemónica que logró el obradorismo en sus primeros años de gobierno. Bibliografía Cortés, Bernardo, “¿Qué es un liderazgo popular?”, en La Jornada, 31 de diciembre de 2022. Cosío Villegas, Daniel, El estilo personal de gobernar, Joaquin Mortiz, México, 1974. Figueroa, Carlos, “Congreso de Morena en México: refundación como partido de Estado”, en Nodal, octubre de 2022, recuperado de <https://www.nodal.am/2022/10/congreso-de-morena-en-mexico-refundacion-como-partido-de-estado-por-carlos-figueroa-ibarra/>. Gómez, Hernán, AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos, Océano, México, 2021. 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EL PAÍS QUE PENDE DE UN HOMBRE cLases sUbaLternas, popULismo y hegemonía en tiempos de López obrador César Enrique Pineda* En la conciencia, en la rabia y en la acción [de las clases subalternas] lo primero es la indignación moral, la antigua frase inicial de todas las rebeldías: “esto no es justo”. Adolfo Gilly La hegemonía obradorista es hija de la crisis, no sólo del sistema autoritario mexicano, sino también de lo que llamamos “el régimen de la alternancia” y, aún más, del agotamiento de la izquierda histórica, tanto partidaria como antisistémica en nuestro país. Es parte de una crisis hegemónica en México. A la vez, el obradorismo puede explicarse como el liderazgo de un fenómeno de masas cuyo antagonismo contra las elites se expresa sólo por la mediación y dirección unipersonal, fruto de la debilidad de las clases subalternas y de su insuficiencia para representarse a sí mismas, catalizando y encauzando una inusual irrupción política. Dicho antagonismo se funda en una importante producción e interpelación simbólica de sectores que se asumen como agraviados por las élites —especialmente * Sociólogo y doctor en ciencias políticas y sociales. Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. 175 176 césar pineda partidarias—, pero también agrupados por la identidad popular en un discurso que pone al centro un sujeto tendencialmente excluido, difuso e inorgánico. Ese agravio y movilización popular no son fruto de la manipulación discursiva estratégica, sino de un largo proceso de descomposición política que ha erosionado no sólo los mecanismos de representación simbólica, sino toda la institucionalidad del Estado mexicano, haciendo que el conflicto entre partidocracia y multitudes se exacerbe y dependa de la mediación de un solo hombre colocado entre élites en crisis y débiles clases subalternas. Es una peculiar y potencial forma de salida de la crisis de hegemonía en México. Dichas tesis son expuestas en este texto. Apoyados por el pensamiento y en las categorías gramscianas, una visión crítica de las teorías del populismo, así como de cierta sociología del liderazgo y de las emociones, reflexionamos sobre el fenómeno social de apoyo, movilización y politización en torno del liderazgo hegemónico de Andrés Manuel López Obrador. Desde un enfoque interpretativo sociohistórico y relacional —que dialoga con ciertos datos de opinión pública— exploramos la compleja emergencia de una fuerza política contradictoria que ha cambiado el tablero político en México, subsumiendo a la izquierda histórica institucional, aislando a la izquierda antisistémica y descolocando por completo a partidos opositores y a analistas de todos los signos políticos. Este texto busca aportar ciertas hipótesis explicativas sobre el fenómeno disruptivo en clave popular que encabeza López Obrador, y comprender su hegemonía sobre las clases subalternas. Pensar a los subalternos en tiempos de crisis El apoyo popular al tres veces candidato y luego presidente de la República, López Obrador, es un fenómeno incómodo. No se ajusta a las expresiones de ciudadanía que consideran legítimas los teóricos de la democracia liberal representativa. Tam- eL país qUe pende de Un hombre... 177 poco se expresa dentro de las coordenadas de la lucha de clases o de una rebelión popular antisistémica. No puede interpretarse fácilmente como un movimiento social tradicional debido a la excesiva centralidad del liderazgo carismático obradorista, así como a su acción colectiva predominantemente electoral y episódica. Y sin embargo, el fenómeno de participación, movilización masiva y apoyo popular al presidente no cesa. Aunque abundan caracterizaciones académicas, periodísticas o militantes —de sus simpatizantes o de sus detractores—, todas orbitan alrededor del hoy presidente y líder de lo que él mismo denominó como Cuarta Transformación (4T). López Obrador, su discurso y gobierno son objeto de un incesante —y tortuoso— debate público. No así sus seguidores. El fenómeno socio-político popular ha sido relegado a variable dependiente y secundaria de una interpretación mayoritaria: el populismo. El conjunto de teorías e interpretaciones dominantes se concentran en el conflicto dualista entre democracia y populismo, siendo este último el reverso, el espejo, la sombra, el síntoma o la enfermedad de la primera.1 Los estudios del populismo tienden a desarrollarse además en un campo de poca precisión del objeto de estudio. Paul Taggart, uno de los teóricos del populismo, reconoce que el término es muy “controvertido” y lo considera un “embarazoso concepto escurridizo que oscila entre un gran significado y una vaciedad conceptual fundamental”.2 En su libro Populismo: una introducción, Cas Mudde y Cristóbal Kaltwasser3 reconocen que no sólo está a discusión el concepto sino la existencia misma del populismo. A pesar de que existe un universo inabarcable de estudios sobre el populismo, a grandes rasgos el concepto puede enten- 1 Benjamín Arditi, La política en los bordes del liberalismo: diferencia, populismo, revolución, emancipación. La política en los bordes del liberalismo, Gedisa, Barcelona, 2010. 2 Paul Taggart, Populism, Open University Press, Buckingham, 2000 3 Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populismo: una breve introducción, Alianza, México, 2019. 178 césar pineda derse en tres dimensiones distintas: 1) un fenómeno político morboso de las democracias representativas, por lo que se acentúa la discusión normativa sobre las amenazas a ellas y acerca de las contradicciones propias del populismo —preámbulo autoritario—; 2) como una narrativa, cultura política e incluso ideología —no necesariamente coherente— desplegada por líderes carismáticos, por lo que comúnmente varios trabajos se centran en las estructuras discursivas de los hombres fuertes que encabezan fenómenos de masas, incluyendo además su tipo de comportamiento, personalidad y liderazgo; 3) como una forma de gobierno, programa político, o un conjunto de políticas públicas y, en ocasiones, hasta como una política económica. Fenómeno político, discurso, ideología, acción política, estrategia comunicacional, personalidad del líder, forma de gobierno, son explicados a través de un concepto que parece puede nombrar e interpretar todo. Si bien existe un amplio debate —que incluso ha llegado a ser un lugar común— sobre la hipertrofia del concepto, así como sobre su inutilidad y vaguedad, también parece ser que, aun cuando el populismo es difícil de capturar analíticamente, los teóricos pueden encontrar fácilmente “al populista” y su discurso. Las teorías del populismo parecen en efecto describir con precisión las principales líneas y estructuras discursivas de numerosos líderes en América Latina, incluido López Obrador. Y es el liderazgo carismático y su discurso lo que parece sobredeterminar la comprensión sobre el apoyo popular masivo al dirigente. Sin embargo, la secreta capacidad de seducción del populismo es, por un lado, una explicación mágica, una narrativa fabulada sobre una extraordinaria retórica manipuladora de un líder carismático, y por el otro, el encantamiento emocional e irracional de las masas por el discurso sencillo que las interpela y que las nombra como pueblo. Aquí, más que una tentativa de explicación teórica, se repite la leyenda hecha cuento de los hermanos Grimm, El flautista de Hamelin. Por supuesto, es no sólo una tesis insatisfactoria para explicar la movilización de eL país qUe pende de Un hombre... 179 millones —su voluntad de acción—, sino además un insuperable obstáculo para comprender el fenómeno. La carencia teórica de los estudios del populismo es su excesivo interés en los procesos de interpelación discursiva del líder carismático y, por tanto, la grave omisión de una teoría de la acción colectiva popular que responda a dicho discurso. Si bien no hay populismo sin populista, tampoco hay populismo sin plebs, o sin multitud4 —siguiendo la noción de Zavaleta Mercado—.5 Las teorías del populismo han renunciado a la tercera variable en su fórmula: explicar la actitud del “pueblo” ante el liderazgo. Creer que sólo el discurso estratégico del líder a través de recursos retóricos produce acción, es desconocer que la disposición a actuar de esa multitud es un proceso de voluntad de praxis tensado entre experiencia vivida y fenómeno percibido, entre espontaneidad y decisión consciente frente a las relaciones de dominación,6 voluntad que se vuelve atribución de sentido como agravio o injusticia7 durante el desenvolvimiento dinámico y contingente del conflicto o de la lucha.8 Y que en esa voluntad de acción son tan importantes los discursos del líder como los de las élites, así como los de otros liderazgos existentes o potenciales. Esta voluntad de acción es un proceso, y comprenderlo es entender las razones populares para volverse hostiles ante los gobernantes. 4 Usamos aquí libremente la noción de multitud de Zavaleta como forma política más amplia que la clase, pero sin la característica hegemónica y dirigente que dicho autor le confiere. 5 René Zavaleta (comp.), Bolivia, hoy, Siglo XXI, México, 1983. 6 Massimo Modonesi, Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) / Prometeo Libros / Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010. 7 Adolfo Gilly, Historias clandestinas, Itaca, México, 2009; Barrington Jr. Moore, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 1989. 8 Edward Palmer Thompson, Historia y antropología social, Instituto Mora, México, 1994 180 césar pineda Esa animadversión hacia las élites con poder político y/o económico puede, a nivel de significantes o atribución de sentido, ser relativamente abierta (significante vacío) como plantea Ernesto Laclau,9 pero no puede desprenderse por completo de las relaciones de dominación existentes, donde las acciones de las clases dirigentes necesariamente pasan por la construcción de sentido de los gobernados a partir de su experiencia. El tipo de antagonismo que deriva de la significación que identifica a sus adversarios es determinante para caracterizar el fenómeno. Así, el antagonismo que emerge en una crisis que dirige su acción y discurso contra las élites gobernantes y el establishment —el poder constituido y simbólico hegemónico— es totalmente distinto a dirigir la acción y discurso también contra otros sectores subalternos o identidades políticas no hegemónicas. Es esto lo que abre una enorme brecha entre la movilización popular y el fascismo. Empero, los teóricos del populismo más conocidos postulan una tesis —limitada— sobre el origen del fenómeno populista: una crisis o déficit de representación.10 Esto liga el fenómeno directamente a la crisis de la democracia, aunque contradictoriamente sería el fallo democrático el que abre paso al populismo, y no sería éste un fenómeno exógeno que amenaza a una democracia que funciona. No sería la causa de la crisis sino la consecuencia.11 Algunos más, de manera crítica, cuestionan en efecto la retórica de la defensa de la democracia frente al populismo, “sin hacerse cargo de si la democracia misma contribuye a las condiciones de la producción del populismo”.12 Podemos agregar 9 Ernesto Laclau, La razón populista, Fondo de Cultura Económica (FCE), Buenos Aires, 2005. 10 Jan Werner Müller, ¿Qué es el populismo?, Grano de Sal, México, 2017. 11 Fernando Vallespín y Máriam M. Bascuñán, Populismos, Alianza, Madrid, 2017. 12 Álvaro Aragón, “Democracia y populismo”, en Ángel Sermeño, Álvaro Aragón y Concepción Delgado, Populismo y declive democrático. Síntomas eL país qUe pende de Un hombre... 181 que una crítica racional al populismo hecha desde sus teóricos más relevantes, no se encarga además de revisar si la crítica del populismo a la democracia contiene algo de veracidad con algo de sentido común: las élites existen, actúan y en ocasiones, fallan. Las élites son parte del drama político que denuncian. Soslayan entonces que la acción de las élites, en efecto, puede producir un agravio generalizado entre los gobernados y que en múltiples momentos históricos las clases dominantes pierden el consenso y el consentimiento de las clases subordinadas, es decir, se produce una crisis de la relación entre las clases populares y el Estado. Es esto uno de los elementos fundamentales de la conocida definición de crisis hegemónica de Antonio Gramsci.13 El límite autocrítico de los teóricos más serios del populismo es que es inconcebible para éstos un punto de partida donde la democracia liberal representativa sea parte de un entramado de relaciones de dominación. Es decir, que los sistemas democráticos representativos puedan ser parte de una producción de consenso activo de los gobernados que justifica y perpetúa la dominación de la clase dirigente. Es impensable que los sistemas democráticos puedan ser parte de la producción de hegemonía cuando, en las sociedades contemporáneas, la democracia es su principal instrumento. Lo que en la tradición liberal es una crisis provocada por la debilidad de la correcta representación de los gobernados, en la tradición heterodoxa del marxismo de Gramsci, la crisis de hegemonía es un proceso de relativa disgregación del orden, valores y creencias dominantes que antes producían consenso, una crisis de significación.14 de un cambio de época, Gedisa / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2022, pp. 54. 13 Juan Carlos Portantiero, Los usos de Gramsci, Folios, México, 1981. 14 Fabio Frosini, “¿Qué es la ‘crisis de hegemonía’? Apuntes sobre historia, revolución y visibilidad en Gramsci”, en Las Torres de Lucca, vol. 6, núm. 11, 2017, pp. 45-71. 182 césar pineda La hegemonía, desde la visión gramsciana, no sólo es liderazgo, dirección cultural y visión del mundo, sino también una relación específica entre masas e instituciones y una serie de compromisos entre gobernantes y gobernados. Así, la crisis de hegemonía es, en parte, el deterioro y debilitamiento relacional de esos vínculos objetivos y subjetivos donde las denominadas por Gramsci clases subalternas15 “no creen ya en lo que antes creían”, produciendo ese hiato entre gobernados y gobernantes. La clásica visión politológica de las que nacen las teorías del populismo, escinde la relación entre economía y política. En cambio, hegemonía en el pensamiento gramsciano “es resultado de una articulación política o de un conjunto de prácticas políticas que articulan un determinado modo de estructuras de producción o económicas con un modo de reproducción social, y articulan estado y sociedad civil”.16 Por tanto, crisis hegemónica es también el fracaso de la clase dirigente para mantener la armonía entre lo que desde otra tradición se denomina régimen de acumulación y modo de regulación (político) y el consenso sobre ambas esferas articuladas entre sí.17 Partir de la crisis y no del discurso del líder, no sólo significa apuntar a una explicación que descentra su figura y amplía nuestro marco de comprensión. Partir de la hegemonía pone en el centro el conflicto y la interacción de clases dirigentes 15 Gramsci utiliza de manera flexible, clases, sectores o grupos subalternos para expresar más que una característica sociodemográfica o de explotación, una categoría relacional y dialéctica en vínculo con la dominación o la clase dominante, siendo ésta a la vez hegemónica. El término retomado del lenguaje militar refiere a grados inferiores en la cadena de mando, subordinados. Véanse los trabajos de Modonesi citados en este texto, así como el trabajo de Guido Liguori, “Gramsci y las clases subalternas” (2017). 16 Luis Tapia, “Hegemonía y bloques históricos en América Latina”, en Gramsci. La teoría de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en América Latina. Actas del Simposio Internacional Asunción, 27-28 de agosto de 2019, Centro de Estudios Germinal, Asunción, 2019, p. 352. 17 Joachim Hirsch, El Estado nacional de competencia, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México, 2001. eL país qUe pende de Un hombre... 183 y clases subalternas y sus vínculos subjetivos. La crisis no es sólo una escenografía donde se desarrolla el conflicto —como parecen entender los teóricos del populismo— sino que la crisis de hegemonía es el conflicto mismo, donde los vínculos entre ambos polos se debilitan, fracturan o estallan en mil pedazos en un antagonismo abierto. La perspectiva de la crisis de hegemonía, además, da centralidad política y subjetivad a las clases populares. Así, las clases subalternas no son un subproducto de un conflicto entre el líder populista y la democracia, sino uno de los campos antagonistas de un conflicto estructural, donde en efecto, un liderazgo carismático las dirige, debido a la propia debilidad orgánica de dichas clases. Debilitadas las clases dirigentes, pero sin que las clases subalternas dispongan de una fuerza y organización suficientes para representarse a sí mismas, el conflicto se dirime necesariamente mediado, gestionado y con una enorme influencia de un liderazgo que va moldeando potencialmente una nueva hegemonía. La construcción social de la hegemonía obradorista no se explica sólo verticalmente en la relación líder-seguidores, sino también en la relación competitiva entre liderazgos partidarios institucionales y extra-institucionales, en la insuficiencia del sistema político tradicional para dar cabida a las clases subalternas como sujetos políticos, pero en especial, en la ruptura de las relaciones de consenso, legitimidad, lealtad y confianza de éstas frente a la clase dirigente. Por lo tanto, nuestra investigación se centra en el proceso de conflictividad que se va constituyendo como crisis de hegemonía y alinea con igual importancia a las clases dominantes, las clases subalternas y al líder carismático. De la interacción y relacionalidad de estos tres sujetos políticos, de sus acciones y de los significados de las mismas, de los resultados contingentes de sus decisiones, del proceso dinámico y contencioso en la mediana duración, podemos interpretar la crisis de hegemonía en México. Cómo se produjo ese inusual alineamiento en la crisis hegemónica, puede ayudarnos a comprender, quizá de mejor manera, las razones del enorme apoyo social, políti- 184 césar pineda co y multitudinario con el que cuenta Andrés Manuel López Obrador. Régimen de la alternancia y descomposición: el fracaso estructural liberal El régimen de acumulación de capital, en su fase neoliberal, está articulado a un modo de regulación política que profundizó aún más la centralidad del Estado para generar mercados, así como proteger y promover el despliegue del capital, asegurando su reproducción ampliada. El abandono total o parcial para tomar decisiones del Estado en la esfera productiva, el posicionamiento del Estado neoliberal en el conflicto distributivo abiertamente a favor del capital y en contra del trabajo, así como la expropiación decisoria sobre controles democráticos en la economía, dejan un estrecho campo para la deliberación y decisión de las democracias representativas. El hecho de que las estructuras de los Estados, la Ley Mercatoria mundial —una serie de acuerdos y tratados que protegen los intereses globales del capital—, así como el capital financiero y el hegemón mundial, con su influencia y amenaza de coerción, aseguren la continuidad del despliegue del capital en todas las sociedades nacionales, hace que decisiones torales para la reproducción social ya estén definidas de antemano. “El capitalismo hizo posible concebir la democracia formal como una forma de igualdad cívica que pudiera coexistir con la desigualdad y dejar las relaciones económicas entre la ‘élite’ y la ‘multitud obrera’ en su sitio”.18 Es esto lo que somete a crisis a los sistemas representativos e incluso a toda la esfera que llamamos política una vez abandonada la anomalía del pacto 18 Ellen Wood, Democracia contra capitalismo: la renovación del materialismo histórico, Siglo XXI / Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)-UNAM, México, 2000, p. 248. eL país qUe pende de Un hombre... 185 capital-trabajo de los Estados de compromiso que se vivieron en la posguerra. El orden del capital, que pareciera no ser materia de la discusión democrática, hace que los sistemas representativos liberales devengan sólo en dispositivos de legitimación de dicho orden.19 La ausencia de opciones electorales que impliquen un verdadero cambio de timón o reordenar los modos de regulación social de manera sustantiva, vacían de contenido y de interés a los sistemas políticos. Así pues, los sistemas democráticos liberales postsoviéticos, sin opciones partidarias de clase, o sin alternativas programáticas en lo económico, han sido reducidos a elegir entre opciones progresistas o reaccionarias que gestionan el mismo régimen de acumulación. Los sistemas políticos son, en los hechos, democracias de mercado, concentradas esencialmente en garantizar la producción de riqueza privada ilimitada. Los votantes y las clases subalternas, en muchas latitudes, desconfían de las clases políticas, que les parecen —sean de un partido u otro— demasiado parecidas entre sí, no por analfabetismo político, sino porque el orden del capital permanece intocado en la alternancia de los partidos competitivos, y las consecuencias de ello desgarran las sociedades con enormes brechas de desigualdad. La percepción popular superficial sobre la semejanza de proyectos políticos en el gobierno tiene un sustrato objetivo y estructural real. Las democracias representativas están fallando en su función de producir consenso, al estar subordinadas a un régimen de acumulación que produce bolsones de ganadores y enormes segmentos de perdedores y excluidos de la bonanza económica. La producción de consenso que mantuvo estables las democracias liberales, se sostuvo a través de las políticas redistributivas que les dieron sentido y legitimidad a los sistemas 19 Joachim Hirsch y Gerardo Ávalos, La política del capital, UAM, México, 2007. 186 césar pineda representativos. Sin esa base material, la legitimidad de los sistemas partidarios pende de un hilo. Si la relativa futilidad de la alternancia política entre partidos progresistas y conservadores somete a crisis a las democracias representativas liberales, en México la alternancia política a partir del año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el Poder Ejecutivo, constituyó un peculiar nuevo régimen. Por un lado, emergió una democracia procedimental que cumple con los cánones mínimos de partidos competitivos: sufragio efectivo, cargos elegibles y elecciones libres.20 Es decir, una nueva forma de acceso y distribución del poder político que no existía en México. Pero por otro lado, se mantuvieron muy importantes continuidades de los pilares que sostenían el viejo régimen autoritario de partido cuasi único: 1) el pacto de impunidad con el ejército que dejó intocados sus crímenes cometidos en el pasado y que siguió cometiendo; la estructura de justicia militar que los protege, así como la persistencia del uso contrainsurgente de esa institución contra los movimientos sociales; 2) la sistemática intervención del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales en el Poder Judicial, orientados al uso faccioso de la justicia contra opositores y movimientos sociales así como para evadir responsabilidades en delitos cometidos por funcionarios públicos; 3) el uso sistemático de la represión y violaciones graves a los derechos humanos en la protesta social, con el uso de la fabricación de delitos, el encarcelamiento, la brutalidad policiaca e incluso la desaparición y el asesinato, lo cual se extendió desde el poder federal a muchos gobiernos locales estatales; 4) el respaldo y manipulación desde el Estado de los viejos mecanismos de control corporativo con recursos gubernamentales para el uso electoral, así como para asfixiar y disolver disidencias dentro de las organizaciones sindicales y campesinas; 5) el desvío de recursos estatales hacia campañas 20 Robert Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999. eL país qUe pende de Un hombre... 187 de los partidos en el poder, o bien mecanismos ilegales privados para compra de votos y, en buena parte del periodo, gastos excesivos de campañas y compra de publicidad electoral y periodística para implementar campañas negras.21 El viejo régimen no murió del todo entre 1988 y 2018 (los 30 años del régimen de la alternancia). Ocurrió una larga, larguísima agonía, en la que el partido dominante, más que desmoronarse, sufría desprendimientos a cuentagotas; en vez de reforma democrática, se entregaron y distribuyeron parcelas de poder entre partidos. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) —entonces la oposición al partido de Estado— no lograron construir un nuevo sistema político, sino que se adaptaron al viejo, emulando muchas de sus prácticas. Esta prolongación de dinámicas y estructuras antidemocráticas y corrompidas, cuestionan de manera profunda la democracia misma, así como la actuación de las principales fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD, que nos habrían hecho pasar de un sistema autoritario centralizado a una partidocracia con prácticas ilegales y antidemocráticas. En otros trabajos hemos sugerido que todo ello se debe a que la transición hacia un nuevo régimen en México difiere de todos los procesos de democratización que tuvieron lugar en otras partes del mundo. El viejo régimen priista se vio forzado a realizar paulatinas y progresivas reformas que incluyeran a las disidencias, para evadir un cambio político abrupto y radical que lo expulsara del poder. Dicha apertura fue una estrategia zigzagueante para afrontar la impugnación al régimen proveniente de sectores de la burguesía, las clases subalternas 21 Carlos Martínez Assad, “Los gobernadores y el sistema político”, en Octavio Rodríguez (coord.), México ¿un nuevo régimen político?, Siglo XXI, México, 2009, pp. 197-225; Alberto Aziz Nassif, “El desencanto de una democracia incipiente. México después de la transición”, en Octavio Rodríguez (coord.), México ¿un nuevo régimen político, Siglo XXI, México, 2009; Arturo Anguiano, El ocaso interminable: política y sociedad en el México de los cambios rotos, Era, México, 2014. 188 césar pineda y la izquierda nacional popular. La erosión paulatina de la hegemonía del régimen autoritario se debe a la importancia de los movimientos antisistémicos y democratizadores que lo desafiaron, pero también habla de la insuficiencia y debilidad de los mismos para obligar al viejo régimen a una transformación estructural del Estado. Así, lo que se vivió en México es un proceso de liberalización política forzada que evitó una ruptura sistémica, aceptando a regañadientes construir un sistema competitivo de partidos, pero controlando el cambio político lo suficiente para no reformar al Estado en su conjunto.22 La apertura política, concentrada en la arena electoral, dejó intocadas prácticamente todas las esferas estatales fuera de ésta. En México no hubo una caída o implosión del régimen autoritario, como sucedió en Europa del Este o en la Unión Soviética. No se puso fin a un régimen autoritario para regresar a la democracia —como sucedió en Sudamérica—, porque en nuestro país no se había interrumpido la institucionalidad democrática por el poder militar, sino que nunca existió una verdadera trama democrática a la cual retornar. Finalmente, en México no hubo un pacto explícito y programático para la democratización, como sí lo hubo —a pesar de sus evidentes límites y contradicciones— en la España post-Franco, o en el Chile plebiscitario contra Pinochet. La ausencia de un proyecto de democratización o de un pacto explícito con las fuerzas políticas democratizadoras para una reforma integral del Estado mexicano, dejó a la voluntad y en las manos del régimen autoritario negar cambios sustantivos —en el Poder Judicial, el ejército, la sociedad civil corporativizada, en el partido oficial—, de modo que permitieron el uso faccioso del Estado para mantenerse en el poder, quizá postergando sus cambios y preparándose para un posible retorno al gobierno —como luego sucedió— si acaso llegaran a perderlo. De hecho, es de destacar que el Revolucionario Institucional es 22 César Enrique Pineda, “Régimen autoritario deformado”, en Memoria, núm. 258, 2016. eL país qUe pende de Un hombre... 189 un inusual partido en el mundo que sobrevivió a una alternancia política, después de una derrota electoral. El proyecto de sustitución de un régimen de partido cuasi único fue exitoso para la repartición de poder entre las élites partidarias, que a pesar de numerosas contradicciones, lograron un pacto progresivo y distributivo en las reglas de acceso al poder político —obligado a su vez por distintas crisis— para integrar lo que denomino el régimen de la alternancia. Es decir, no una democracia formal liberal, sino simplemente un régimen que alterna a sus élites en el ejercicio gubernativo con un fuerte carácter oligárquico, si entendemos oligarquía como gobierno de los pocos. Una oligarquía plebiscitaria.23 Pero, por otro lado, el proyecto de construcción, o reforma radical del Estado mexicano hacia una democracia liberal representativa, fracasó; en vez de superar la lógica del viejo régimen, éste se degradó. La reforma estructural del Estado pareció posible una vez que el partido autoritario dejó el poder presidencial, lo que, idealmente, permitiría completar la transición democrática que era, además, indispensable para sostener la continuidad y legitimidad del régimen de acumulación, que ya estaba en marcha en México, integrándose al mercado mundial y transformando al Estado en la estructura protectora de las inversiones y el gran capital. Pero mientras la élite tecnocrática del PRI tenía un sofisticado plan de transformación económica neoliberal (por decirlo así, su perestroika), no tenía ni la misma voluntad ni la agenda de transformación política (su propia glasnot). Fue en este desajuste entre régimen de acumulación de capital y modo de regulación política, donde también pudieron avizo- 23 Es común en la teoría de la democracia asumir que “los ciudadanos no gobiernan; son gobernador por otros, quizá por otros que cambian de manera regular, pero siempre otros” (Adam Przeworski, Qué esperar de la democracia, Siglo XXI, México, 2010, p. 51). Véase también Cornelius Castoriadis, Una sociedad a la deriva: entrevistas y debates (1974-1997), Katz, Buenos Aires, 2006. 190 césar pineda rarse los signos de la crisis de hegemonía. Un agresivo plan de ajuste neoliberal —aunque prolongado por décadas— fue dinamitando las bases de subordinación orgánica y subjetiva de las clases subalternas en México, ello sin sustituir con nuevos dispositivos hegemónicos los de antaño: clientelismos, compra de votos, utilización facciosa del Estado a favor del partido gobernante, etcétera, pero ya sin la protección social que implicó el modelo del desarrollo estabilizador. Visto en la mediana duración, la prioridad del viejo régimen fue asegurar la continuidad del neoliberalismo, proyecto ya en marcha desde 1982, a pesar de un posible cambio de estafeta en el poder. Esto sólo fue posible con una doble maniobra hegemónica: su alianza total con la oligarquía empresarial que se había beneficiado de los tiempos de bonanza del régimen autoritario —y sus nuevos integrantes—, así como su progresiva asociación, colaboración o incluso co-gobierno con el Partido Acción Nacional; todo ello para asegurar la gobernabilidad y, en especial, para aislar a la izquierda nacional-popular. Es decir, una recomposición de clase en la que las élites partidarias y la oligarquía empresarial, hija de la estructura centralizada de capital en México,24 explícita o implícitamente construyeron un consenso para decidir el rumbo del país, excluyendo o tratando de excluir a la izquierda institucional. La turbulenta alianza del Revolucionario Institucional con Acción Nacional comienza con la decisión de la dirección de este último partido para colaborar con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).25 Con esto el PAN no sólo se alejaba de las protestas en las calles, encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, sino que 24 Oliva Ángeles, y Josefina Morales (coord.), Crisis financiera en México y el mundo 1971-1997, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, México, 2014. 25 Esperanza Palma, Las bases políticas de la alternancia en México: un estudio del PAN y el PRD durante la democratización, División de Ciencias Sociales y Humanidades-UAM, México, 2004. eL país qUe pende de Un hombre... 191 renunciaba a toda acción de protesta ciudadana, como las que había protagonizado Manuel Clouthier, candidato de Acción Nacional. La renuncia a la “resistencia civil” contra el régimen, anunciaba su connivencia con el salinato pero también cierta reacción conservadora ante el cardenismo. El colaboracionismo del blanquiazul con el régimen autoritario fracturó a las fuerzas democratizadoras en 1988 y abrió un largo periodo de pactos de cohabitación con el PRI para la distribución limitada del poder —pactos iniciados en 1991 en Guanajuato—, para luego constituirse en una coalición parlamentaria de facto, así como en una coalición de gobierno simbólica en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), que incluyó al panismo en su gabinete. A pesar de todo, esta cercanía con el partido autoritario y el Ejecutivo no melló la identidad opositora de larga data del PAN, que siempre había sido una oposición dócil ante el partido dominante, en última instancia leal a su hegemonía. El liderazgo empresarial de Vicente Fox renovó la identificación antipriista de Acción Nacional al arrebatarle el poder en el año 2000 y fortaleció su credibilidad ante un sector del electorado, cansado del viejo régimen. La expectativa generada por la alternancia fue de una importancia histórica. De ahí la decepción que provocaría la gestión de Vicente Fox. Por el otro lado, la mancuerna del gran empresariado con el Revolucionario Institucional era evidente antes de la alternancia a los ojos de una parte de la población. Sin embargo, la actuación subordinada, silenciosa y disciplinada del empresariado —después de los desacuerdos en los años setenta— comenzó a modificarse haciéndolos emerger como un actor político explícito, especialmente en las coyunturas electorales. La decisión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de actuar no sólo a favor de los candidatos de Acción Nacional, sino en contra de López Obrador en el año 2006 de manera “abierta y 192 césar pineda agresiva, transgrediendo incluso la legalidad”,26 modificó el escenario nacional. La política del capital nunca fue tan explícita. La convergencia programática de PAN y PRI en materia económica, legislativa y co-gobierno, no pareció ser tan polémica y visible hasta que derivó en coalición antiobradorista. El símbolo de dicha unión fue su votación conjunta en la Cámara de Diputados en 2005 para desaforar al entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Esta unión —que en el PRI no fue unánime— anunciaba un largo proceso de acercamientos y alianzas que han llevado a ambos partidos a firmar un pacto programático neoliberal (Pacto por México en 2012) y luego formar una coalición electoral (Va por México en 2020). Los actores de las clases dominantes y las élites políticas no sólo se habían reordenado y reagrupado en la alternancia, sino que cada vez más, ante los ojos de la nación, fueron develando sus vínculos, alianzas, posturas y posicionamientos. En 2006 se configurarán, por su propia actuación, decisión y visibilidad como un polo antagonista contra el emergente obradorismo. Esa alineación de partidos y empresarios no sólo no pasó desapercibida, sino que es uno de los elementos constitutivos del discurso anti-élites de López Obrador, quien bautizará como “mafia en el poder” a la convergencia de empresarios y gobernantes en el “PRIAN”, o sea a la unión programática partidaria de ambas fuerzas políticas. Nombrará en cada caso, sin embargo, a una élite realmente existente. La articulación de actores políticos —condición elemental del liderazgo hegemónico desde una perspectiva laclauniana—,27 su alineamiento frente a la transición primero y frente al obradorismo después, pareció, a principios de siglo, dar por 26 M. Aguilar, “El Consejo Coordinador Empresarial: proceso electoral federal, México 2006”, en Juan Luis Hernández y Aldo Muñoz (coord.), Democracia reprobada: la elección presidencial de 2006, Universidad Iberoamericana, México, 2010. 27 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, Siglo XXI, Madrid, 1987. eL país qUe pende de Un hombre... 193 cerrado un cambio de régimen orientado hacia un bipartidismo neoliberal tecnocrático y elitista. Sin embargo, las élites partidarias del régimen de la alternancia (2000-2018) fueron víctimas de sus propias maniobras hegemónicas y de su alianza. La continuidad neoliberal asegurada por la convergencia PRI-PAN-oligarquía empresarial, implicó que las presidencias de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) mantuvieran el statu quo económico intocado, de manera voluntaria. Empero, el atípico régimen político de la alternancia significó también mantener vivo y relativamente intacto al viejo partido de Estado, haciendo que el cambio en la presidencia implicara en los hechos un acuerdo de impunidad con las anteriores gestiones, sin desarmar los dispositivos de poder clientelar, corporativo, territorial y la influencia metalegal del otrora partido dominante. Sin viraje económico ni reforma alguna que afectara los intereses del gran empresariado —financiero, industrial o de los medios de comunicación— y sin tocar los intereses políticos del ejército o del PRI, Vicente Fox optó por asegurar la gobernabilidad en detrimento de una reforma del Estado.28 Así, el enorme entusiasmo con que una buena parte de la población vio al foxismo como posibilidad de cambio “hoy” —como decía su slogan de campaña— fue disolviéndose ante el evidente continuismo de su gestión. Esto deterioraría su propia imagen, que pasó en 2001 de tener un 49.3 % de evaluación positiva sobre su liderazgo, a sólo 24.7 % en 2006. En el primer año de su gestión, 49.7 % pensaba que el presidente Fox tenía en sus manos “las riendas” del país, mientras que para 2006 sólo 34.2 % lo pensaba. Pero quizás el dato más importante del desencanto mayoritario sobre el primer gobierno de la alternancia es el 28 Mario Alejandro Carrillo y Rigoberto Ramírez, “De Clouthier a Anaya. Un recuento. El Partido Acción Nacional en el sistema político mexicano”, en El Cotidiano, año 34, núm. 214, 2019, pp. 42-59. 194 césar pineda siguiente: al finalizar su gobierno, para el 56.5 % cumplió sus expectativas “menos de lo que esperaba”.29 Esto, sin embargo, no afectaría demasiado el nivel de votación por su sucesor, Felipe Calderón. Empero, hubo un importante cambio subjetivo de sus votantes. Mientras que en el año 2000 la expectativa era de cambio, para 2006 se votó por la estabilidad.30 Esto será decisivo para comprender que las expectativas de transformación social ya no serán encauzadas por la derecha, como en el año 2000, sino por el liderazgo de López Obrador, quien les había arrebatado la representación simbólica del cambio político. Después, el calderonato no sólo mantuvo la decisión continuista, sino que, como es bien sabido, estructuró su gobierno alrededor de la militarización y el combate al narcotráfico. Pero el apoyo a tal decisión menguó por completo la confianza popular hacia el presidente, ya que el fracaso de la guerra implicó, a nivel subjetivo, una crisis de confianza en el liderazgo y, objetivamente, el deterioro de la vida cotidiana ante la violencia de los grupos criminales. Hubo un lento desplazamiento de la condena contra la guerra. A inicios del sexenio de Felipe Calderón, 75.3 % de los mexicanos pensaba que el gobierno federal iba ganando la lucha contra el narcotráfico. Para 2010, sólo pensaba eso el 39.3 %.31 Al terminar el sexenio calderonista, la encuestadora Parametría encontraba ya que 56 % de la población prefería que no hubiera violencia en el país, aunque se tolerara al Consulta Mitofsky, “Evaluación final de gobierno. Presidente Vicente Fox (2006)”, en Consulta Mitofskty, noviembre de 2006, recuperado de <https://www.mitofsky.mx/post/evaluacion-fox>. 30 Alejandro Moreno y Patricia Méndez, “La identificación partidista en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 en México”, en Política y Gobierno, vol. 14, núm. 1, 2007, pp. 43-75. 31 Zoraida Gallegos, “Pedían a FCH atacar pobreza y no al narco”, en El Universal, 9 de julio de 2014, recuperado de <http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/pedian-a-fch-atacar-pobreza-y-no-al-narco-1022054.html>. 29 eL país qUe pende de Un hombre... 195 narcotráfico. Para 2017, con el presidente Peña Nieto, la cifra había aumentado a 68 % de quienes preferían la tolerancia al combate.32 La ciudadanía fue quitando su respaldo a una estrategia fratricida. Así, esta guerra politizó a enormes segmentos poblacionales. Después de una década, la experiencia de la guerra había cambiado la opinión mayoritaria de los mexicanos, no sólo en relación con el crimen organizado sino en torno de sus gobernantes y su capacidad de dirigir al país. Finalmente, otro proceso terminó por demoler las relaciones de mando-obediencia en un enorme segmento poblacional. La corrupción de los partidos es, a la vez, una crisis intensa de dirección dentro de las fuerzas políticas, pero también un proceso de descomposición originado por la fragmentación del poder político y la desinstitucionalización partidaria. Es una crisis organizacional y, en el caso del PRI, un lento proceso de desintegración. La liberalización forzada del viejo régimen incorporó a Acción Nacional y la Revolución Democrática, favoreciendo el crecimiento y posterior control burocrático de ambos partidos por sus corrientes pragmáticas. La expectativa de acceder al aparato de Estado terminó por debilitar a las corrientes doctrinarias de dichos partidos, relativamente firmes en su horizonte democratizador y reformador del Estado. Esto trasladó la dirección partidaria de la entonces oposición a corrientes y dirigentes utilitarios que, sin el contrapeso de los sectores duros, tuvieron un creciente margen de discrecionalidad. El crecimiento electoral implicó cambios organizativos y tensiones cada vez más fuertes, tanto en Acción Nacional —entre Expansión, “Los cárteles del narcotráfico tienen más poder que el presidente: encuesta”, en Expansión, 9 de mayo de 2017, recuperado de <https://expansion.mx/politica/2017/05/09/los-mexicanos-creen-que-los-carteles-tiene-mas-poder-que-el-presidente-encuesta>. 32 196 césar pineda gobierno federal y partido—33 como entre corrientes al interior del PRD. La enorme asimetría del partido dominante frente a los dos principales partidos opositores y las condiciones de desventaja estructural —nunca resueltos del todo por la ausencia de una verdadera transición o pacto democratizador— obligó a ambos partidos a estrategias radicalmente pragmáticas que fueron trastornando la identidad y organización partidaria, convirtiéndolas en máquinas electorales conforme crecían, capturando cada vez más parcelas de poder a nivel estatal y nacional. La conversión del PRD en partido “atrapatodo” es el mejor ejemplo. El crecimiento pragmático del Sol Azteca, sin embargo, encubría un fenómeno que es evidente: el lento desgajamiento del partido de Estado. Dicha fuerza no colapsó pero, desde 1988, ha ido resquebrajándose estado por estado, sindicato por sindicato, municipio por municipio, y aún hoy continúa dicho proceso. Este fenómeno mórbido es parte de la descomposición del sistema político en su conjunto, donde “lo viejo no termina de morir, sin que lo nuevo pueda nacer”, definición clásica de crisis de Gramsci. Por otro lado, los partidos manipularon abiertamente las reglas electorales para incumplir los topes de gastos, haciendo fluir recursos ilícitos a través de los institutos políticos, fuente evidente y creciente de corrupción y dirigidos hacia la compra de votos de manera masiva. Hacer trampa entre partidos se volvió la norma.34 Pese a que, desde los noventa, no gobierna ya una sola fuerza partidaria, todas gobernaron de manera si- 33 Alberto Espejel, “De la concentración del poder en los grupos fundadores a la distribución entre grupos emergentes. La democracia interna del Partido Acción Nacional en México (1939-2012)”, en Revista Debates, vol. 7, núm. 2, 2013, pp. 115-136. 34 Joy Langston “¿Por qué los partidos hacen trampa? Cambios en las normas electorales en México después de la democratización”, en Política y Gobierno, vol. 27, núm. 2, Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., División de Estudios Políticos, 2020. eL país qUe pende de Un hombre... 197 milar. Si bien se consolidaron las reglas formales de corte electoral para la competencia, las reglas informales determinaron las elecciones. A esta descomposición del sistema tripartito del régimen de la alternancia, hay que sumar una crisis de dirección. En Acción Nacional, la derrota electoral de 2012 llevó a esa fuerza hasta el tercer lugar, obligándola a un replanteamiento autocrítico no sólo de sus estrategias de campaña sino del ejercicio de gobierno, especialmente el de Felipe Calderón. La derecha partidaria representada en el PAN debió estrellarse en los resultados del calderonato: la aprobación que tenía Vicente Fox en las 32 entidades políticas de la federación, con Felipe Calderón cayó en 26 de ellas, en promedio 11.4 % menos, aunque en entidades como Durango o Tabasco la caída era de más del 30 % y en muchos estados más del 20 %. Aunque la aprobación del propio Calderón no fue muy baja (50 % al final de su sexenio), la evaluación por materia del ejercicio de gobierno debió prender los focos rojos del panismo: 78 % pensaba que la situación económica era peor; 75 % pensaba lo mismo en el ámbito de la seguridad, y 69 % en la esfera política.35 El intento del ex presidente por decidir sobre la vida interna de su partido, una vez que había agotado su capital político como jefe del Ejecutivo, y la evaluación sobre los resultados de su gobierno aunada a los crecientes casos de corrupción dentro de las filas panistas gobernantes, abrieron una disputa de dirección en Acción Nacional, que aún hoy no concluye, entre maderistas, calderonistas y seguidores del entonces emergente liderazgo de Ricardo Anaya, que de joven promesa se convirtió rápidamente en pesadilla partidaria. La crisis total, sin embargo, no está del lado del panismo —la fuerza que mejor resistió la alternancia política— sino en el Partido Revolucionario Institucional. Hay un consenso entre 35 Véase “Evaluación final de gobierno. Presidente Felipe Calderón. Noviembre de 2012”, en Consulta Mitofsky, recuperado de <https://www.mitofsky.mx/post/ev-felipe-calderon>. 198 césar pineda los investigadores de dicho partido sobre la situación inédita del PRI. La circunstancia de que perdiera la elección en el año 2000 sometió a crisis a dicho instituto —que había sido descabezado—, debido al papel de máxima autoridad que había desempeñado el poder presidencial de dicho partido. Un partido sin vida democrática, que era más una correa de transmisión del jefe del partido: el presidente. Esto llevaría a un traslado de la autoridad al siguiente peldaño en el escalafón de poder: los gobernadores, que asociados entre sí formaron una trama federada de poderes locales.36 La ciencia política tradicional creyó ver un síntoma de democratización en un nuevo PRI federado, con corrientes y contrapesos internos, que además provocó cierta deliberación democrática. Lo que sucedió en realidad es un proceso de descomposición de los poderes locales: la fragmentación del poder central en parcelas de poder en cada estado, las cuales dependían de liderazgos caciquiles y despóticos. Feudalización más que democratización del Partido Revolucionario Institucional. Ello produjo un extraño fenómeno. El regreso del PRI al poder hizo que de nuevo el Ejecutivo Federal estuviera en manos del viejo partido dominante. Pero el presidente no era ya el centro del poder del partido ni de la nación, sino la representación del poder feudalizado de los gobernadores, del cual el mismo Peña Nieto era rehén. La unidad momentánea de la federación de gobernadores logró retornar al poder en las elecciones de 2012, convertidos ya muchos de ellos en pequeños reyezuelos despóticos. Esto llevaría a una oleada compulsiva de gobiernos de pillaje en cada estado donde gobernó el PRI, sin que el poder central 36 Rosa María Mirón, El PRI y la transición política en México, Gernika / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 2011; Guadalupe Pacheco, “Los gobernadores priistas y la federación del PRI: Cambios en el CPN, 1996-2007”, en Argumentos, vol. 24, núm. 66, México, 2011, pp. 213-245; Tiziana Bertaccini, “México y la transición inconclusa: el regreso del Partido Revolucionario Institucional”, en Tiempo Devorado, vol. 2, núm. 1, 2015. eL país qUe pende de Un hombre... 199 —concentrado en sus propias acciones de corrupción y vínculos ilegales— pudiera contenerlos. Lo que se vivió en México desde pocos años antes de que Peña Nieto llegara al poder y durante su gestión, fue una verdadera metástasis de corrupción, rapiña y descontrol ya no sólo de los partidos sino de las estructuras del Estado.37 Señalado por el caso de corrupción de “la Casa Blanca”, o debido al escándalo del montaje llevado a cabo por el Ejército en el caso Tlatlaya —una masacre de civiles, modificada para hacerla parecer un enfrentamiento—, la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto cayó por los suelos, representando un colapso de credibilidad de su gobierno, y junto a él, de su partido, de los gobernadores del pillaje y del sistema de partidos en su conjunto. El desacuerdo con su gobierno creció de 50 % en 2013 hasta 74 % al final de su gestión.38 El presidente más impopular en 30 años. Sin embargo, para entonces, en 2018, 75.2 % desaprobaban también a Vicente Fox, y 70 % a Felipe Calderón. La secuencia de decisiones y acciones de la partidocracia mexicana les acarreó una pérdida de consentimiento profunda y mayoritaria. No sólo el descontento, sino el agotamiento de las relaciones de mando-obediencia en amplios sectores de la población mexicana. La Encuesta Mundial de valores refleja ese proceso. Los encuestados que no tenían “ninguna” confian- A 20 exgobernadores se les ha fincado responsabilidades y llevados a proceso por cargos como lavado de dinero, peculado, cohecho, evasión y defraudación fiscal, operaciones ilícitas, desvío de recursos, aprovechamiento ilícito del poder, sobornos, asociación delictuosa, daño patrimonial, malversación de bienes del Estado, vínculos con el narcotráfico, responsabilidad por tortura, encubrimiento, tráfico de influencias, abuso de autoridad o enriquecimiento ilícito. De los 20 exgobernadores, electos, interinos, o sustitutos, 14 de ellos fueron nominados por el Partido Revolucionario Institucional, 2 por el Partido Acción Nacional, 1 más por una coalición de partidos —aunque es ex priista— y uno más, independiente. 38 Consulta Mitofsky, “Evaluación final de gobierno. Enrique Peña Nieto”, en Consulta Mitofsky, septiembre de 2018. 37 200 césar pineda za en los partidos: pasó del 39.1 % de la población en el año 2000 a 43 % en 2012. El periodo presidencial panista que, como hemos dicho, sobrevivió mejor a su gestión. Sin embargo, después de la oleada de descomposición gubernativa y de la oleada de saqueo nacional, esta desconfianza total había crecido hasta 62.6 %.39 Esto converge con los estudios que hablan de una explosión de volatilidad en el voto, caída en la identificación partidaria de los electores y desalineamiento total de los partidos tradicionales en esa misma coyuntura.40 El descrédito total del sistema partidario como un lento proceso de erosión de la confianza en la clase política, coincide con una evaluación negativa sobre muchos rubros de lo que se considera una democracia en consolidación. Para 2017, sólo 26.2 % confiaban en las elecciones, 13.8 % en los partidos políticos, 58 % pensaban que existía una muy baja libertad de prensa, y 62 % una muy baja libertad de expresión. Hasta 70 % consideraban que existía una muy baja protección de los derechos humanos básicos, y 65.5 % opinaron que tenían poca o ninguna confianza en que el Poder Judicial castiga a los culpables de delitos o corrupción.41 La percepción generalizada de los mexicanos sobre la clase dirigente es inequívoca: mientras que, en 2006, 64 % de la población pensaba que el país era gobernado por grupos poderosos en su propio beneficio, para 2018 esta mayoría había llegado a 88 %.42 Para las grandes mayorías el ejercicio político de gobierno estaba desacreditado y corrompido por completo. Recuperado de <https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>. Oniel Francisco Díaz, “El sistema de partidos mexicano después de la elección crítica de 2018. Desalineamiento, cartelización y desinstitucionalización”, en Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. 25, núm. 5, pp. 33-71. 41 Mollie J. Cohen, Noam Lupu y Elizabeth Zechmeister, The political culture of democracy in the Americas, 2016/17, Barómetro de las Américas / USAID, Vanderbilt, 2017. 42 Véase la página “Latinobarómetro”, <https://www.latinobarometro. org/latOnline.jsp>. 39 40 eL país qUe pende de Un hombre... 201 El agotamiento del régimen de la alternancia de los tres partidos dominantes se debe a su descomposición en cuanto director y gestor del aparato estatal; a una incapacidad crónica para actuar institucionalmente entre ellos mismos y hacia los gobernados; a la ausencia de un horizonte, programa o proyecto de refundación estatal al terminar el viejo régimen, que los hizo actuar de manera continuista y prácticamente igual que el viejo partido dominante. El respeto hacia la clase dirigente se erosionó. La legitimidad de la autoridad prácticamente desapareció. La crisis de hegemonía fue profunda. Comenzaron a desgajarse en silencio millones de conciencias que provocarían una crisis generalizada de representación, aunque sin iniciativa autónoma para sustituirla. Y no podían tenerla: la izquierda partidaria se había agotado y la izquierda antisistémica había sido aislada o disuelta. Sin éstas, las clases subalternas quedaron dispersas y desorganizadas: sin capacidad propia para afrontar a las élites que les habían agraviado. El agotamiento de la izquierda histórica No sólo los partidos de derechas entraron en crisis. El agotamiento de la izquierda partidaria en México es un fenómeno no reconocido, que se dio, sin embargo, mucho antes del colapso del régimen de la alternancia en 2018. La izquierda institucional nació en 1989 con el proyecto de la revolución democrática —que sustituía y daba fin al horizonte socialista—, el proyecto insignia de la izquierda del siglo XX.43 Todos sus esfuerzos se orientaron entonces hacia la democratización del régimen a través de la derrota electoral del partido de Estado por medio de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, que amalgamaba a la izquierda socialista histórica, los movimientos sociales y 43 Massimo Modonesi, La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana, UNAM / Casa Juan Pablos, Ciudad de México, 2003. 202 césar pineda el pequeño núcleo de ex dirigentes del PRI disidentes frente al régimen.44 Pero la noche del 2 de julio del año 2000, el proyecto político de revolución democrática había fracasado. La democratización la había logrado la derecha electoral. El liderazgo unificador de Cárdenas se había desgastado en tres campañas presidenciales. Regresar al horizonte socialista, después de la disolución de la Unión Soviética, parecía impensable. Tras haber sido segunda fuerza electoral en 1997, el PRD había quedado relegado a un lejano tercer lugar, aglutinando al electorado fiel a las izquierdas: unos seis millones de personas, lo que representaba apenas 16.64 % de la votación. Había perdido casi millón y medio de votos, debido a la campaña que convocó al voto útil a favor de Vicente Fox. La situación del sol azteca era simbólica: derrotado por la derecha, gobernaba en tres estados que en realidad habían sido triunfos electorales encabezados por tres ex priistas que recientemente habían salido de aquel partido; el único triunfo de aquel día era el de la Ciudad de México, con el electo jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, apenas por cuatro puntos porcentuales por arriba de su competidor, Santiago Creel. Por ello se habló de la necesidad de refundar el partido mismo. Refundación que nunca se realizó. El fin del liderazgo cardenista fue también el agotamiento del ciclo de movilización popular, campesina y estudiantil que desde 1986 criticaba al régimen autoritario. El PRD se formó, en efecto —al menos en sus inicios—, como un partido en movimiento, o si se prefiere, con la participación de varios movimientos sociales en su interior. El PRD fue también un movimiento democratizador municipal, que en Michoacán, Ta- 44 Víctor Hugo Martínez González, Fisiones y fusiones, divorcios y reconciliaciones. La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 1989-2004, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México / Plaza y Valdés / Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM / Facultad de Contaduría y Administración-UNAM, 2005. eL país qUe pende de Un hombre... 203 basco, Guerrero o Oaxaca luchaba desde la base para expulsar al PRI del poder, enlazando a numerosas organizaciones sociopolíticas, generalmente campesinas e indígenas. Era un partido que permitía que distintas organizaciones y luchas sociales disputaran el poder local al partido dominante. En la Ciudad de México, el movimiento estudiantil y el urbano-popular conformaron en buena medida las bases sociales del voto cardenista que le dio el triunfo en 1988. El cardenismo era un vehículo de expresión político-electoral de fuertes movimientos sociales. Doce años después, esa movilización democratizadora con clara inclinación hacia la izquierda, muchas veces radical en la base, había menguado. La promesa de un partido en movimiento, que podía avanzar hacia la izquierda después de lograda la democratización, se degradó en partido clientelar, con cada vez mayor influencia de una segunda oleada de ex priistas descontentos; las bases perredistas desmovilizadas fueron cada vez más institucionalizadas y descabezadas, debido a la enorme migración de dirigentes sociales a puestos y cargos gubernamentales a partir de 1997. Con la tercera derrota cardenista, el núcleo histórico de militantes e intelectuales de la izquierda histórica —comunista, socialista y radical— que participó en ese partido, comenzó a disolverse, y las corrientes perredistas ideológicas a desdibujarse aún más en una estructura capturada por el faccionalismo e incluso por el fraude electoral interno como forma de control del aparato burocrático. Visto a la distancia que nos da el tiempo, observamos que las maniobras salinistas aislaron y reprimieron la movilización ciudadana, electoral y social expresada electoralmente a través del PRD, impidiendo su crecimiento y consolidación. Luego la apertura zedillista terminó neutralizando a las corrientes radicales en el seno de dicha fuerza —las de la intransigencia democrática o el movimiento de salvación nacional—, y su participación electoral a partir de 1997 legitimó al naciente régimen de la alternancia. La izquierda partidaria no pudo re- 204 césar pineda sistir las acciones de coerción y hegemonía provenientes del régimen. Empero, el proyecto de la revolución democrática no sólo fracasó ante la embestida del salinismo, primero, y de la apertura y cooptación zedillista después, sino también por su incapacidad para construir una fuerza política y un horizonte propios, una vez que desaparecieron las condiciones que habían dado paso a su integración. Sostenemos que el proyecto histórico de la izquierda partidaria terminó aquella noche de la elección del año 2000; no así su aparato electoral, que aún hoy perdura, aunque al borde de la desintegración. Ante la crisis programática de la revolución democrática, el agotamiento de un ciclo de liderazgo y movilización popular, ante el irreversible abandono del horizonte socialista y la acelerada crisis burocrático-clientelar, el PRD se había desfondado y comenzó a depender del único factor que lo mantendría a flote durante más de una década: Andrés Manuel López Obrador. Es esa crisis la que aceleró la captura del aparato partidario por las corrientes más corruptas y pragmáticas. La estrategia de paulatina conversión del PRD en partido atrapatodo, estrategia diseñada y promovida por el propio López Obrador cuando fue dirigente de la institución (1996-1999), pero abrazada y llevada a sus últimas consecuencias por Nueva Izquierda, se convirtió en el salvavidas del desastre electoral del año 2000 junto a la emergencia como figura nacional desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del propio López Obrador. Así, las corrientes pragmáticas necesitaban de la popularidad obradorista, y él necesitaba del aparato partidario controlado por ellas de cara a la contienda presidencial de 2006. Ese matrimonio por conveniencia se extendería hasta 2012. El proyecto partidario había sido reducido en buena medida a un aparato atrapatodo y a un líder carismático sin un horizonte programático claro. El crecimiento del PRD comenzó a depender prioritariamente de la descomposición del Revolucionario Institucional, y eL país qUe pende de Un hombre... 205 puso fin a su convergencia con las luchas populares, que no ayudaban a construir mayorías debido a su radicalidad y a su composición de clase. El vaciamiento del proyecto perredista, su institucionalización como parte del nuevo régimen, así como su creciente moderación —de tintes tecnocráticos y de mercado— provocaron un progresivo alejamiento y en ocasiones ruptura de los movimientos y luchas sociales con esa expresión partidaria. El PRD quería desalinearse de dichos movimientos, y varios de éstos cuestionaban y se alejaban de ese partido. A inicios del siglo XXI, la tensión, alejamiento y desconfianza frente al PRD de numerosas luchas sociales, anunciaba cierta bifurcación de caminos políticos entre acción electoral partidaria y movimiento social, y cierta escisión estratégica entre las clases subalternas movilizadas y organizadas. Así sucedió con el movimiento indígena (expresado en el ejercicio autonómico de facto del zapatismo y en las demandas del Congreso Nacional Indígena [CNI]); también ocurrió contradictoriamente en numerosas luchas comunitarias en defensa de la tierra y el territorio (un centenar de movimientos campesinos, indígenas, populares y vecinales en todo el país) que se enfrentaron a proyectos mineros, obras de infraestructura y afectaciones ambientales, en ocasiones, impulsadas o defendidas por los propios gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática. El conflicto que llevó a la represión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Texcoco inició precisamente con la protesta frente a una autoridad municipal de extracción perredista. El movimiento de los estudiantes normalistas de corte radical chocó con el represivo gobierno perredista en el estado de Guerrero. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a pesar de llamar en numerosas ocasiones al voto de castigo contra el PRI y el PAN —reivindicando en muchas de sus secciones su independencia— mantuvo su desconfianza crítica ante la expresión partidaria perredista primero y morenista después. 206 césar pineda Más recientemente el ciclo de movilización feminista, esencialmente juvenil y universitario que se expresó a partir de la “primavera violeta” en abril de 2016, se desplegó de manera independiente a las expresiones partidarias y progresivamente más crítica ante la lucha institucional,45 aunque la diversidad del feminismo en las calles parece limitar estas posiciones a su sector más antisistémico. La expresión de numerosos movimientos, organizaciones y manifestantes no encontró cabida ya en el perredismo, pero tampoco, a partir de 2012, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque siempre existieran vasos comunicantes, activistas y militantes que transitaban de un campo de acción política a otro. La izquierda radical y antisistémica fue madurando por su cuenta numerosos aprendizajes, prácticas, críticas, formas de organización y sentidos comunes que constituyen saberes populares y alternativas sociales. Es de destacar que todos esos elementos programáticos fueran relativamente ajenos a la construcción y despliegue del fenómeno de masas obradorista y al proceso constitutivo de su expresión orgánica, Morena. La izquierda social y radical, por su lado, tampoco logró interpelar o arrebatarles triunfos a los nuevos gobiernos del régimen de la alternancia. El ciclo de movilización radical en México fue bloqueado por las mismas élites partidarias y por los gobiernos del régimen de la alternancia que confrontaron a López Obrador. El resultado fue la exclusión de prácticamente todos los actores sociopolíticos que representan a sectores, organizaciones, proyectos y horizontes de una parte de las clases subalternas. La clase política impidió una reforma integral del Estado al incumplir los Acuerdos de San Andrés, primero por el Ejecutivo, luego en el Legislativo y finalmente en el Poder Judicial. 45 Daniela Cerva, “La protesta feminista en México. La misoginia en el discurso institucional y en las redes sociodigitales”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 65, núm. 240, 2020, pp. 177-205. eL país qUe pende de Un hombre... 207 A la demanda del reconocimiento de la autonomía indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el CNI, el cierre de caminos truncó la vía institucional formalmente democrática a sólo unos meses de realizada la primera alternancia. La exclusión de los pueblos indígenas del marco constitucional, la cerrazón política para procesar el conflicto armado en Chiapas, y el cierre de la política parlamentaria, hablan de la constitución de un régimen partidocrático que se rehusó a reconocer otras formas de poder político construidas por las clases subalternas y, en este caso, por los pueblos indígenas. Si la multitudinaria e histórica movilización zapatista a la Ciudad de México fue derrotada por el desprecio legislativo, la insubordinación y protesta popular de otros sectores fue respondida con un alto grado de represión. En pleno régimen formalmente democrático, se siguió tratando a la protesta social como en el viejo régimen. Aunque no hay aquí espacio para narrar los numerosos episodios conflictivos y represivos durante las gestiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, queremos señalar los efectos contradictorios de dicha política. El primero es que ante un sinnúmero de conflictos sociales, la represión —detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, brutalidad policiaca, contrainsurgencia— se impidió que varias de estas fuerzas sociales se constituyeran como referentes políticos nacionales para las propias clases subalternas o bien que las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas, pudieran consolidarse creciendo y representando a sus sectores, localidades, o comunidades frenando de tajo su autoorganización. Al darse la alternancia, la posibilidad de la apertura democrática en los sindicatos o en el sector rural abría el posible camino para que los movimientos sociales se desarrollaran y crecieran, y maduraran la representación y organización de las clases subalternas en un nuevo campo de oportunidades políticas. El régimen de la alternancia lo impidió, debilitando y hasta desintegrando varias de las fuerzas radicales y anti- 208 césar pineda sistémicas, y desatando una oleada de persecución, hostigamiento y represión. Sin embargo, esta batalla entre el nuevo régimen democrático con los movimientos sociales dañó también la credibilidad en los nuevos gobernantes, cuestionó su capacidad de dirimir el conflicto y, en ocasiones, provocó un juicio negativo sobre su actuación, considerada injusta o desproporcionada. La batalla contra los movimientos sociales, después de 18 años, fue mostrando la cara autoritaria de los gobernantes de la alternancia, lo cual fue otro factor de erosión de su hegemonía. Hacia el fin de su gestión, Vicente Fox fue severamente evaluado por lo que fue una verdadera rebelión antiautoritaria representada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. 74.7 % de los mexicanos reprobó la actuación presidencial, frente a un 16.1 % que estaba de acuerdo con su proceder. En menor medida, el conflicto aeroportuario —encabezado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)— también provocó una evaluación negativa del gobierno foxista; 51.2 % de los encuestados reprobaron la actuación del presidente. La condena a los gobiernos no necesariamente significa apoyo a los sectores movilizados, pero deja en claro la atribución de sentido negativo hacia los gobernantes, y la claridad popular y sus opiniones políticas y morales sobre cómo se ejerce el poder. En el caso de Felipe Calderón, el conflicto provocado por la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro para disolver el Sindicato Mexicano de Electricistas, también provocó una reacción negativa ante la actuación del presidente. 48.8 % lo reprobó mientras 38 % aprobaba su decisión. Aquí, el sector de apoyo se concentraba en los votantes panistas, mientras que los votantes de otras fuerzas políticas o independientes oscilaban entre un 45 % y 60 % de condena. Pero fue Peña Nieto —su agresivo empuje de reformas de corte neoliberal— quien al parecer desató la furia y la desaprobación total de su gestión, lo que desató conflictos sociales. La reforma educativa, por la que la CNTE lo confrontó a tal grado eL país qUe pende de Un hombre... 209 que produjo una masacre en Nochixtlán, Oaxaca. En 2016, ésta fue reprobada por 50.3 % de los mexicanos. Aunque la propia CNTE tiene una mala imagen frente a la población en general —sólo 26 % tenía en 2016 una opinión favorable sobre ella—, 39 %46 se pronunciaba en contra de sancionarlos por oponerse a la reforma, y 86 %47 opinaba tres años antes que se debían negociar sus demandas antes de usar la fuerza pública para desalojarlos del zócalo —cosa que hizo el gobierno peñista. La reforma laboral, que enfrentó a Peña con el sector sindical, tuvo 64.6 % de opiniones desfavorables. La reforma energética, cuya crítica fue protagonizada por el Movimiento de Regeneración Nacional, y en especial por el propio López Obrador, alcanzó un 72.8 % de rechazo. La liberación del precio de la gasolina, que provocó una oleada nacional de protestas con tomas de gasolineras y concentraciones de repudio espontáneas en 2017 (624 protestas y saqueos en todo el país entre enero y marzo de ese año) reunió a 78.9 % de la opinión de los mexicanos en contra del llamado “gasolinazo”.48 Son estas últimas movilizaciones multitudinarias las que muestran un cambio en el carácter de la protesta social, que pasó del enfrentamiento focalizado del régimen con las organizaciones radicales de la izquierda social a convertirse en movilizaciones generalizadas, protagonizadas por multitudes inorgánicas y hostiles al sistema político en su conjunto. Fue la crisis nacional e internacional provocada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre 46 La Capital, “Consideran encuestados que PF perdió el control en Nochixtlán”, en Parametría, 10 de julio de 2016, recuperado de <http://www. parametria.com.mx/estudios/consideran-encuestados-que-pf-perdio-elcontrol-en-nochixtlan/>. 47 “Aprueban desalojo de maestros del Zócalo para conmemorar la Independencia”, en Parametría, 13 de septiembre de 2013, recuperado de <http:// www.parametria.com.mx/estudios/aprueban-desalojo-de-maestros-del-zocalo-para-conmemorar-la-independencia/>. 48 Consulta Mitofsky para El Economista, “24 trimestres de gobierno. Evaluación final de Enrique Peña Nieto”, noviembre de 2018. 210 césar pineda de 2014, y hasta las protestas del gasolinazo, lo que provocó la caída estrepitosa de la credibilidad y aprobación del gobierno de Peña Nieto. El desmoronamiento y rechazo que muestran los sondeos en la opinión pública, representan una condena generalizada de esa administración. Pero en clave hegemónica, es claro que el liderazgo y capacidad del peñismo para conducir al país quedaron quebrados sin poder restituirse en el resto del sexenio. En el caso de las movilizaciones de Ayotzinapa, además de su carácter multitudinario, nacional e internacional, es destacable el carácter de los cuestionamientos de la opinión pública. Mientras que prácticamente todos los mexicanos tuvieron conocimiento de la desaparición de los normalistas (92 %),49 la desaprobación por la respuesta de los distintos niveles de gobierno era alta: 55 % reprobaba algo o mucho la actuación de Peña Nieto ante la desaparición, mientras que sólo 20 % lo aprobaba algo o mucho; la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno de Guerrero tenían niveles de desaprobación similares: oscilaron entre 51 % y 57 %. Hasta el 70 % de los encuestados pensaba que los responsables de las desapariciones y asesinatos quedarían impunes. La credibilidad sobre la actuación del Estado era muy baja, demostrando la creciente desconfianza frente al gobierno de Peña y, junto con él, su partido y, en buena medida, el sistema político en su conjunto. La población, altamente informada, responsabilizaba de las desapariciones a todos y cada uno de los niveles de gobierno involucrados, representados por distintos funcionarios que se medían con muy responsable o algo responsable. El presidente municipal perredista de Iguala, José Luis Abarca (84 %); la policía municipal (83 %); el ex gobernador perredista Ángel 49 “Ayotzinapa: altos niveles de atención y pocas expectativas de justicia 16”, en Parametría, 10 de noviembre de 2014, recuperado de <http://www. parametria.com.mx/estudios/ayotzinapa-altos-niveles-de-atencion-y-pocas-expectativas-de-justicia-16>. eL país qUe pende de Un hombre... 211 Aguirre (75 %); el grupo criminal de tráfico de estupefacientes Guerreros Unidos (72 %), y el presidente Enrique Peña Nieto (63 %).50 Si seguimos con minuciosidad la opinión pública sobre Ayotzinapa, es porque podemos interpretar que fue ahí donde en buena medida se quebró por completo la hegemonía del régimen de la alternancia. Y es que Ayotzinapa mostró una radiografía del funcionamiento del Estado a toda la nación: policías capturadas por el narcotráfico; las consecuencias de la política atrapatodo del PRD; la magnitud de la catástrofe de la desaparición en México; la incapacidad o connivencias del Poder Ejecutivo estatal y federal. Ayotzinapa mostró el funcionamiento real del régimen de la alternancia y la enorme desconfianza y separación que se había formado entre los gobernados y sus gobernantes. Pero si la crisis política desnudó al poder estatal en su conjunto, también mostró el carácter de la multitud que salió a las calles primero en Ayotzinapa y luego en las protestas contra el aumento del precio de las gasolinas. La izquierda institucional no estaba presente en esas movilizaciones como actor central u organizador. El PRD había entrado en una crisis final, tanto por su responsabilidad en las desapariciones como por su alianza con el gobierno de Peña Nieto y con Acción Nacional a través del Pacto por México, y en especial por la salida de López Obrador de ese partido. Pero en esas multitudinarias movilizaciones, más allá del normalismo, víctima de la agresión y de las desapariciones, no cumplieron tampoco un rol relevante las organizaciones y fuerzas de la izquierda radical o antisistémica. Agotadas por la represión, en ocasiones divididas por verdaderas diferencias ideológicas o sectarias, reducidas en muchos casos a su mínima expresión, aisladas, en silencio o inmóviles frente al inédi- 50 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta Nacional de Opinión Pública: caso de la Normal Rural Ayotzinapa”, LXII Legislatura. Cámara de Diputados, diciembre de 2014. 212 césar pineda to ciclo de protestas, la izquierda extraparlamentaria no pudo, no quiso o no logró ser el vehículo de expresión ni organizativo de esas multitudes indignadas y rabiosas contra el régimen. La multitud se expresó y se desbordó esos años al margen no sólo de la izquierda partidaria, sino también más allá de los referentes de los movimientos antisistémicos, las luchas y movimientos sociales. Era una multitud sin cabeza: expresión espontánea cuya enorme diversidad, pero también dispersión, eran a la vez su fuerza y su debilidad. Una multitud que no tenía referentes políticos que le dieran su propia forma, figura y voz, pero que tenía la claridad de su repudio. En ambos ciclos de acción colectiva, el grito de ¡Fuera Peña! y la exigencia de su renuncia, a pesar de ser manifestaciones con demandas muy claras (la aparición con vida de los 43, y terminar con el proceso de liberalización de precios de gasolinas), son un claro indicio del agotamiento de la relación mando-obediencia ante el Ejecutivo, y en realidad del repudio al sistema político en su conjunto. El agravio y la indignación se convirtieron en rabia contra el sistema político. Ello fue fruto de un largo proceso de politización que no encontró ni cauces partidistas ni organizativos en la izquierda antisistémica, pero tampoco la renuncia presidencial ni la respuesta ante sus demandas.51 Lo que sucedió en México fue la destrucción de las mediaciones políticas, entendidas éstas como dispositivos hegemónicos. Ello implicó la descomposición misma de la trama político-estatal para mantener asegurado un relativo consenso de los subalternos. Un fenómeno mórbido por la incapacidad de la clase dirigente para constituir formas eficaces de convencimiento y cooptación, dejando cada vez más desnudas las relaciones de dominación que subyacen tras el régimen de la 51 César Enrique Pineda, “Ayotzinapa: indignación y antagonismo. Movimiento estudiantil y política asamblearia”, en Massimo Modonesi, Militancia, antagonismo y politización juvenil en México, UNAM / Itaca, México, 2018. eL país qUe pende de Un hombre... 213 alternancia. Pero también, ante el aumento de mecanismos de imposición y dominación directos, la desarticulación y asfixia que impidieron a las clases subalternas constituirse en sujetos políticos por sí mismos. El doble fracaso —de la izquierda institucional y de la izquierda antisistémica— para representar, encauzar y dar voz a las clases subalternas allanó el camino a un tipo de representación no anclada en la izquierda histórica. Una representación que sintetiza la multiplicidad de los agraviados donde su propia diversidad y debilidad les impide constituirse en un sujeto colectivo por sí mismos. Es una representación no orgánica, no esencialmente programática, que se desenvuelve más en el campo simbólico y en la relativa dignificación de los excluidos del poder. Eso es también el obradorismo, el fenómeno que desplazó a la izquierda histórica de la representación de los subalternos en su enorme descontento y rabia frente al sistema político. Obradorismo, antagonismo y polo popular El obradorismo es, en parte, un vehículo de expresión antagonista de las clases subalternas contra los partidos del régimen de la alternancia y, en mucho menor medida, contra la élite económica. López Obrador se convirtió en el emblema opositor a ese régimen, porque desde ahí se le atacó y se intentó descarrilar su candidatura en 2004 con el proceso de desafuero en su contra. El régimen desató un conflicto más allá de los cánones liberales de competencia democrática, abriendo, sin desearlo, el paso a la política extraparlamentaria de López Obrador y, con ésta, a la participación popular. Obrador fue convertido en outsider del sistema cuando la clase política de la alternancia quiso expulsarlo de su seno, quebrando no sólo la institucionalidad democrática sino además poniendo en cuestión el pacto partidario para la llamada 214 césar pineda transición en una suerte de golpe de Estado preventivo.52 Ese ataque fue visto como un agravio no sólo para el candidato sino para un enorme sector de la población. La acción presidencial autoritaria cohesionó a la opinión pública en su contra y a favor de Obrador. Su excepcional liderazgo, en parte, es un resultado no esperado de la acción de quien le atacó. El conflicto sobre el desafuero catapultó a Obrador al centro de la atención nacional. En agosto de 2004, 62 % de los mexicanos habían escuchado del desafuero. Para abril de 2005, llegaba a 82 %, cuando López Obrador hablaba en la Cámara de Diputados. Y mientras que al principio 40 % de los encuestados consideraban el proceso como injusto, al año siguiente la desaprobación llegaba a 52 %, y sólo 21 % apoyaba el juicio en su contra.53 Este antagonismo, esta disputa, que escindió en dos campos al sistema político, es el espacio de despliegue para la acción colectiva del obradorismo movilizado. Por antagonismo entendemos un proceso de conflicto, una experiencia colectiva de impugnación;54 una contienda política pública y colectiva;55 un sistema de interacción contenciosa cuyos actores se articularon precisamente a partir de la acción de las élites y su agrupamiento, lo que definió la conflictividad: de un lado, los partidos, líderes y poderes fácticos del régimen de la alternancia, agrupados como un bloque antiobradorista. Del otro, una multitud inorgánica, irrepresentable, pero moviliza- 52 Guillermo Almeyra, Desafuero: la conquista y las hipótesis (I y II), en Rebelión, 2005, recuperado de <https://rebelion.org/desafuero-lo-conquis tado-y-las-hipotesis-i-y-ii/>. 53 “El desafuero de López Obrador (Encuesta Nacional) Tercera Entrega”, en Parametría, 6 de abril de 2005, recuperado de <http://www.parametria. com.mx/estudios/el-desafuero-de-lopez-obrador-encuesta-nacional-tercera -entrega>. 54 Massimo Modonesi, Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) / Prometeo Libros / Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010. 55 Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly, Dinámica de la contienda política, Hacer, Barcelona, 2005. eL país qUe pende de Un hombre... 215 da y crecientemente politizada a través del proceso de conflicto con esas élites, multitud que sólo puede expresarse a través de la mediación del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. La constitución del obradorismo se encuentra entonces en el momento fundante del proceso del desafuero, pero también en la interacción que representó la movilización popular, convocada por el propio Obrador en su apoyo en dicha coyuntura. Movilizaciones inéditas por la participación masiva; movilizaciones que modificaron el escenario político y a sus actores, y que se reúnen luego en la campaña presidencial de 2006. La campaña negra de Acción Nacional y los empresarios contra López Obrador, el polémico resultado interpretado como fraudulento en aquellos comicios y en las movilizaciones posteriores, que culminan en la Convención Nacional Democrática, representan ese ciclo fundante marcado por el fuego del conflicto, pero en especial de la movilización, politización y atención al conflicto electoral nacional. Todo este ciclo, que al final es una derrota, representa un enojo multitudinario creciente ante la estrategia desesperada de veto de las élites contra Obrador: desafuero-campaña negra-fraude electoral se instalan como experiencia colectiva de cierre de filas ante el líder, que se defiende ante un poder que lo rebasa, pero a la vez como experiencia colectiva de antagonismo. El desafuero se vive como un ultraje, la campaña sucia como agravio y el fraude como rabia popular, como una experiencia in crescendo, un cúmulo de agravios intolerables que politiza —y radicaliza— a sus propios seguidores, los cuales deben ser contenidos —y desmovilizados— por el propio Obrador. La figura de López Obrador defendiéndose a sí mismo en el Congreso de la Unión en 2005, contra una mayoría parlamentaria en su contra, así como dirigiendo la protesta popular después de la elección con un discurso confrontativo que desconocía la legitimidad de Felipe Calderón como presidente, encarna uno de los elementos de significado y de atribución de sentido del liderazgo carismático: el heroísmo. Entre el desa- 216 césar pineda fuero y la elección presidencial sucedió un quiebre en la atribución de sentido sobre el liderazgo de López Obrador, que saltó de ser un dirigente partidario y jefe de Gobierno relativamente popular, a convertirse en la representación antagonista contra los abusos del nuevo régimen, en la representación antiestablishment: un valiente líder que desafiaba al sistema político en su conjunto, al Congreso y al presidente mismo en un contexto donde el desafío al poder era algo profundamente deseado, anhelado y postergado entre ciertos sectores subalternos. López Obrador en todo momento construyó una narrativa simbólica sobre sí mismo que tomó distancia del lábil liderazgo cardenista, y buscó demostrar ante sus seguidores y ante la nación una estatura moral superior en comparación con los representantes del régimen; de ahí su lema de campaña “honestidad valiente” y su frase repetida desde el año 2000 y hasta su ejercicio de gobierno: “No somos iguales”.56 Esta confrontación con el PRIAN, la mafia del poder, los fifís, la oligarquía, todas frases suyas, no sólo son una caracterización e impugnación anti-élites, sino al mismo tiempo la propia construcción simbólica del líder que está dispuesto a confrontarlas, señalándolas, denostándolas desde cierta enunciación impugnadora. Este tipo de narrativa no destaca porque sea muy elaborada, porque aporte nueva información sobre la situación política, ni porque la situación de pobreza o la corrupción de las élites sea un discurso elocuente o extraordinario. Lo inusual es que un líder político lo diga abiertamente, en la esfera público-político-estatal, haciendo un discurso de impugnación contra los poderosos que quizá muchos entre la multitud obradorista quisieran gritarlo ante las élites. 56 Más del 70 % de la población mexicana consideraba honesto y fuera de la trama de corrupción a López Obrador al inicio de su gestión. Véase “Encuesta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI)-Reforma 2019-2022”, en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, 6 de octubre de 2022, recuperado de <https://contralacorrupcion.mx/ encuesta-mcci-reforma-2022/>. eL país qUe pende de Un hombre... 217 El desafío discursivo a la partidocracia, o al régimen, le atrajo una masiva credibilidad como dirigente. Si el liderazgo carismático es una relación57 y se fundamenta en que los seguidores crean y obedezcan voluntariamente al líder, para explicar esa relación de obediencia no hay que buscar sólo en lo que creen sino en lo que rechazan, y no sólo indagar a quién siguen y en quién confían, sino a quiénes repudian: la oligarquía partidocrática del régimen de la alternancia. El discurso antioligárquico constituye, por oposición, la emergencia del sujeto subalterno como identidad negada y excluida tanto del mundo triunfante de la globalización neoliberal como de la esfera política institucional del régimen de la alternancia. El carácter disruptivo y políticamente incorrecto de López Obrador representa en cierta medida la aspiración medianamente radical desde abajo para señalar al poder sus abusos y desmanes. Debido a su impulso acusador y arrojado, sintetiza la insubordinación discursiva y el juicio moral que muchos desearían expresar pero que sólo pueden hacerlo a través del voto y apoyo a su figura. Es el vehículo de expresión que, sin otros referentes, organizaciones, liderazgos, partidos de izquierda, se vuelca alrededor de las iniciativas, decisiones y posturas del líder. Voz que permitió expresar simbólicamente el agravio, el desacuerdo y la indignación popular ante las acciones del régimen de la alternancia primero, y contra la oposición una vez que Obrador llegó al poder. Este enojo e indignación masiva que no tenía otros cauces de expresión, no son fenómenos irracionales, como la literatura dominante del populismo parece sugerir. La teoría de la acción colectiva y la protesta social postula que ciertas emociones involucran siempre apreciación y evaluación, es decir, 57 Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; Martín D’Alessandro, “Liderazgo político”, en Luis Aznar y Miguel de Luca (coords.), Política. Cuestiones y problemas, Emecé, Buenos Aires, 2006, pp. 305-336. 218 césar pineda cognición y juicio moral. Por eso se habla de “emociones reflexivas”, que involucran una atribución de sentido, aprobatoria o de rechazo, basado en creencias, intuiciones o principios éticos.58 La indignación, definida como “ira justa”,59 es una emoción sancionadora sobre lo incorrecto de la actuación de los gobernantes; una emoción madurada a fuego lento en la experiencia de los tres gobiernos de la alternancia. Las emociones reflexivas son profundamente racionales y políticas y, en el caso que analizamos, nos parece que se produjeron a través de la comunicación informal creciente en redes sociales y en medios no dominantes ante un largo proceso de conflicto y descomposición nacional de una forma de gobernar. Se produjeron en la convergencia de la evaluación negativa sobre los gobiernos de la alternancia, en la percepción generalizada de rechazo al sistema partidario, en la condena de los desaguisados autoritarios, pero especialmente en el conflicto nacional contra Obrador, y en la movilización popular como experiencia política de un sector del obradorismo. Así, el agravio popular es un largo proceso en nuestro análisis que también es parte de la crisis de hegemonía, porque se deterioraron los compromisos mutuos entre gobernantes y gobernados, es decir, el sistema de autoridad.60 La multitud agraviada es el núcleo del primer obradorismo, el cual emerge, en la primera candidatura presidencial, con el fenómeno que ha sido malinterpretado como un simple crecimiento de la izquierda electoral. En esos años sucedió algo más: surgió una movilización multitudinaria que era más grande que la izquierda histórica existente tanto electoralmen- 58 James Jasper, “Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación”, en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, núm. 10, año 4, Universidad Nacional de Córdoba, 2013, pp. 46-66. 59 James Jasper, The Emotion of Protest, Universidad de Chicago, Chicago, 2018. 60 Barrington Jr. Moore, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión. eL país qUe pende de Un hombre... 219 te como en la movilización en las calles, fenómeno masivo que vino a sustituir a dicha fuerza. Es aquí donde debemos diferenciar entre un obradorismo plenamente electoral, que reside en el apoyo y la acción sólo a través del voto, y el obradorismo movilizado —el fenómeno multitudinario dispuesto a salir a las calles y a la acción colectiva, el obradorismo partidario u organizado. Debemos dimensionar entonces que el crecimiento electoral resultado de la candidatura de Obrador en 2006 fue de 138 % frente a la votación partidaria previa. Y que las distintas movilizaciones de ese momento reunieron entre un 1 millón 200 mil y dos millones de personas. Esta movilización y expresión electoral no agrupaba solamente a las bases históricas de la izquierda partidaria, ni sólo a agrupaciones clientelares —que también conforman el obradorismo—, sino a un espectro mucho más amplio, cuya politización emanaba del conflicto electoral, del liderazgo obradorista, de la coyuntura masiva de participación. Millones de personas que se desalinearon del voto periférico por el Revolucionario Institucional, o nuevas generaciones cuya primera experiencia política se realizaba a través de dichas protestas, contexto de conflicto y liderazgo unipersonal. La multitud de agraviados desbordó al aparato partidario que ya estaba en crisis y descolocó a las organizaciones de la izquierda histórica y antisistémica. Esta oleada de participación popular arrebató el protagonismo a las luchas sociales tradicionales, a los viejos militantes, a los sectores radicales en resistencia al neoliberalismo con una forma de participación plebeya y popular-electoral, poco cercana a la cultura radical, socialista o autonomista que tejían la izquierda hasta esos años de manera marginal. Una multitud reunida alrededor de la impugnación al régimen contenida siempre por el pacifismo obradorista y por la lógica electoral. Participación extraparlamentaria para influir en el sistema de representación formal. La multitud movilizada le dio una enorme legitimidad y centralidad al propio López Obrador: señalado enemigo peli- 220 césar pineda groso desde arriba, nombrado líder para impugnarlos desde abajo. Ello terminó por debilitar o cuestionar otros liderazgos a la izquierda de López Obrador —como el EZLN— o a su derecha —la corriente pragmática de Nueva Izquierda—, cuyo margen de acción en ambos casos se estrechó. La efervescencia popular cohesionada alrededor de una figura única puso en crisis tanto organizativa como política a todas las izquierdas. La organización por fuera del PRD de las redes ciudadanas, luego de los comités hacia la Convención Nacional Democrática y, finalmente, de las representaciones del “Gobierno legítimo”61 que encabezó simbólicamente López Obrador después de declararse ganador a Felipe Calderón, son parte de la constitución organizativa más allá de la izquierda histórica partidaria —disuelta en los hechos y como proyecto, como ya hemos analizado— y siendo ajena casi por completo a la izquierda antisistémica, por ser construida esencialmente como maquinaria electoral. Las estructuras propias de lo que formó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por tanto, aunque con la participación de ciertas corrientes, liderazgos, militantes, activistas e intelectuales de la izquierda histórica partidaria, sindical y social, se integran con el peso decisivo de una nueva oleada de participación popular de base y dirigentes antes ajenos al campo político, con un cuerpo de líderes leales a López Obrador, de los expriistas disidentes de segunda ola —y algunas de sus bases sociales— así como cada vez más ex integrantes del mismo régimen de la alternancia al que Obrador combatía, junto a personalidades del mundo empresarial, académico y artístico poco identificados programática e históricamente con la izquierda. Esta singular composición habla no sólo de una estructura burocrático-partidaria heterogénea y contradictoria, sino de una expresión política totalmente nueva que engulló, en todo 61 Héctor Quintanar, Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional, Itaca, México, 2017. eL país qUe pende de Un hombre... 221 caso, a la izquierda histórica partidaria o lo que quedaba de ella, quitándole por completo la centralidad que tuvo en el pasado. No se trató del trasvase de la izquierda institucional a un nuevo partido, sino la construcción partidaria de una nueva fuerza donde la izquierda histórica sólo es un componente más, y en ocasiones, uno secundario. La separación de Obrador del PRD, originada por el creciente conflicto con Nueva Izquierda, que durante el sexenio de Felipe Calderón se apoderó casi por completo del aparato partidario y que había girado hacia una política burdamente colaboracionista, desnudó la crisis del PRD y el pragmatismo y tamaño sobredimensionado de dicha corriente. Empero, la escisión entre el movimiento obradorista y la estructura partidaria, aunque liberó a López Obrador de las ataduras burocráticas perredistas, también desinstitucionalizó aún más un fenómeno político muy heterogéneo, integrado por una diversidad multitudinaria irreductible, por pedazos de redes y estructuras que se desprendieron de otros partidos, por estructuras del viejo PRD y redes clientelares y a actores e intereses muchas veces contradictorios en el interior de lo que se comenzó a convertir en una fuerza política sólo unida o entretejida por el liderazgo obradorista, resultado de una “mixtura pragmática entre la vieja política y la nueva”, así como de la “ausencia de una discusión ideológica sustantiva”.62 Por otro lado, los distintos nucleamientos de los movimientos sociales o de la izquierda antisistémica naufragaron uno a uno, desintegrándose o no llegando nunca a constituirse del todo, por lo que el ascenso de un segundo obradorismo, en la coyuntura de mayor descomposición de la clase política, durante el mandato peñista (2012-2018) no fue encauzado desde la radicalidad de las luchas sociales ni de la izquierda antisistema. Es paradójico que cuando las condiciones de mayor indignación contra la clase política y el sistema político en su 62 Hernán Gómez, 4T claves para descifrar el rompecabezas, Grijalbo, México, 2021. 222 césar pineda conjunto llevaron al colapso casi total de la hegemonía del régimen, la izquierda insurreccional o antisistémica no lograra encauzar el profundo, masivo e histórico descontento popular, ni aparecer como un referente político de importancia mientras la multitud se expresaba en las calles. El enojo y la rabia del segundo obradorismo se caracteriza por una creciente hostilidad hacia los poderes establecidos, producto de una experiencia colectiva sobre la fallida guerra, los gobiernos de pillaje y los ataques que recibieron los sectores organizados que resistían al neoliberalismo o que eran víctimas de sus efectos. El segundo obradorismo comienza a emerger no sólo en la construcción organizativa, sino en una nueva oleada de movilización popular contra las reformas estructurales del Pacto por México. Masivas protestas que implicaron un nuevo ciclo de significación y politización multitudinaria. La desaprobación de todos los gobernantes, su crisis de credibilidad, el comportamiento de presidentes, gobernadores y hasta de presidentes municipales emanados del PRI y el PAN, el continuismo de dinámicas del viejo régimen encontró cada vez más representación en la división del campo político originado en 2004. La polarización63 escindió al país en quienes identificaron a los partidos gobernantes como uno solo, o al menos muy parecidos entre sí, como un solo bloque, de un lado, y las clases subalternas agrupadas por el rechazo mediado por López Obrador, por el otro. Para los sectores más politizados del obradorismo, la firma del Pacto por México representó claramente la unidad de la partidocracia en clave neoliberal y la prueba de que el discurso dirigente representaba fielmente el conflicto político nacional. Que el antagonismo, rechazo, repudio, condena o desaprobación multitudinaria a la partidocracia sea el eje aglutinador del obradorismo, lo comprende perfectamente el presidente de 63 Rodrigo Castro, “The AMLO Voter: Affective Polarization and the Rise of the Left in Mexico”, en Journal of Politics in Latin America, vol. 15, núm. 1, 2022. eL país qUe pende de Un hombre... 223 la República, quien ha hecho del ejercicio de gobierno una extensión de la confrontación como modo de asegurar su propia legitimidad. El agravio es muy profundo y sigue siendo un poderoso movilizador, un constante cierre de filas alrededor del líder, lo que permite confrontar a los partidos otrora gobernantes. Enojo que se actualiza en cada ataque y crítica —justificados o no— de los partidos opositores al gobierno de la 4T. Una vez más, es la relación dinámica del conflicto, vigente aún, la que renueva el apoyo popular. El hecho de que la coalición opositora niegue los fracasos y errores de sus gobiernos, sólo enardece el enojo original. El conflicto de las clases subalternas con los gobernantes es un fuego que López Obrador, pero también sus opositores, han mantenido encendido, empujando a miles a defender las posiciones de la llamada 4T. El segundo obradorismo de 2018, que implicó un crecimiento electoral de 90 %, tiene igualmente un carácter defensivo ante los desmanes de las élites. Un freno de mano multitudinario ante una situación crecientemente intolerable. Podemos interpretar también que Obrador fue la única defensa de las clases subalternas ante una élite partidaria fuera de sí y una realidad abrumadora, avasallante en términos sociales que desintegra las condiciones políticas para el agrupamiento y la expresión política institucional o extraparlamentaria. Los efectos de las fuerzas centrífugas del mercado, y la guerra contra el narcotráfico, erosionaron desde la base las expresiones autónomas de las clases subalternas. Una masa impresionante de indignados, pero también de desvalidos, integran las bases sociales del obradorismo: los damnificados del régimen de acumulación de capital en su forma neoliberal, pero también las víctimas de un Estado que no tiene ya la capacidad de proteger y proveer. Es la irrupción política intempestiva de una multitud en condiciones excepcionales: la crisis estatal. Es el manotazo popular a los excesos intolerables de un poder identificable por sus errores, su fracaso, su corrupción o su despotismo. La crisis de hegemonía no es sólo debilitamiento de las clases dominantes sino esencialmente intervención y acción de las clases subal- 224 césar pineda ternas. La crisis es precisamente el des-orden político donde la multitud no puede ser contenida dentro de los parámetros institucionales formales y, por tanto, de los sistemas de mediación de la democracia liberal representativa. Este desborde somete a crisis a toda la representación democrática. La crisis de hegemonía mexicana no es sólo una ruptura subjetiva entre gobernados y gobernantes; es además un proceso de disgregación del Estado mismo y/o sus instituciones y dispositivos para asegurar el orden y su reproducción política, económica y cultural.64 Que las estructuras estatales sean incapaces de impartir justicia, de mantener la vigencia del Estado de derecho, de proteger a sus habitantes de la violencia generalizada y de otros fenómenos mórbidos, permite comprender cómo, después de pasar por gobiernos de otros signos, López Obrador fue visto como única alternativa ante el relativo colapso nacional, que implica para muchos una situación invivible. El desorden estatal como gran crisis de seguridad y violencia produce un estado de excepción de facto y señala el fracaso dirigente de la partidocracia para conducir al país. El hecho de que el Estado no sea ya capaz de proteger y proveer va más allá de la crisis política partidaria; abre una brecha de desinstitucionalización y debilitamiento de la estatalidad misma. Es esto lo que aumenta el carácter paternalista que una parte del obradorismo establece como relación con el líder, cuya preocupación por los pobres parece constituir una fuerte conexión simbólica con ellos. Si frente a las élites partidarias Obrador es un valiente impugnador de quienes agraviaron a las clases subalternas, frente a éstas aparece como su benefactor y protector. Las tareas estatales de protección y provisión que el Estado no puede otorgar son buscadas en la figura del líder. 64 César Enrique Pineda, “Ayotzinapa: fracaso estructural, crimen de Estado y horizonte de justicia”, en Revista Común, 2022, recuperado de <https://revistacomun.com/blog/ayotzinapa-fracaso-estructural-crimende-estado-y-horizonte-de-justicia/>. eL país qUe pende de Un hombre... 225 El compromiso de reciprocidad entre las clases subalternas movilizadas y su líder parece ser un intercambio de apoyo popular por protección, intercambio expresado de muy distintas formas simbólicas: desde el cariño y admiración espontáneos expresados en innumerables episodios que rayan en la devoción, hasta la expresión más politizada y menos optimista de ser el “mal menor” entre algunos de sus votantes. En otros sectores politizados del obradorismo, esto pareciera traducirse de manera programática en el regreso del Estado benefactor o en los ideales socialdemócratas —un tanto desdibujados— del Estado de compromiso y su función redistribuidora, urgente en el contexto de extrema desigualdad neoliberal. En muchos de sus seguidores, la poderosa memoria del nacionalismo revolucionario sigue vigente; emula los símbolos de los gobiernos que supuestamente emanaron de la Revolución mexicana y reivindican los derechos consagrados o perdidos durante el siglo XX. López Obrador pareciera ser el arma defensiva de muchos sectores subalternos. El estado defensivo es una de las características gramscianas de la subalternidad. Por último, una vez ocupado el Ejecutivo Federal desde 2018, cada vez fue más claro que la figura misma del origen social del hoy presidente (un López) coincide con una alta representación popular con la identidad de su líder: es uno de ellos. El advenimiento de los progresismos en América Latina hizo cada vez más visible que la ocupación misma de un lugar simbólico de poder, ha sido considerado como un triunfo propio de las clases subalternas: los Morales, los Chávez, los López, representan la ocupación del poder formal como un acto mismo de justicia, ante la exclusión histórica de los indios, los humildes o las clases bajas y populares. Es por ello que —aun cuando es evidente que Obrador no sólo recibió votos de los pobres, sino también de algunos sectores medios— la identidad popular del líder es un poderoso factor movilizador.65 65 Aunque existen varios estudios sobre el apoyo de todos los grupos económicos al triunfo electoral obradorista, es significativo que el grado de 226 césar pineda La multitud obradorista ha defendido una y otra vez a su gobierno, no porque desconozcan sus límites y algunas de sus contradicciones —como muestran varias encuestas66 y estudios—, sino porque consideran que el gobierno de la 4T, a pesar de sus fallos, es su triunfo sobre las clases dominantes, o al menos sobre la partidocracia que tanto desprecian. Y es que el conflicto —incompresible para la otrora clase gobernante pero también para la academia y la intelectualidad dominante— no está constituido sólo por razones evaluativas de las acciones de gobierno y su corrupción, ni sólo por la polarización política en dos campos antagónicos, sino también por la escisión de la estratificación de clase y color de piel que atraviesan el conflicto mismo;67 por la cultura tecnocrática y proempresarial de los gobiernos de la alternancia que se vivieron como experiencias colectivas cada vez más alejadas de aprobación por tipo de ocupación devela en efecto un fuerte apoyo en ciertos sectores, el más alto entre estudiantes 65.9 %, ama de casa 64.6 %, campesinos 63.4 % o empleados 62.9 % o trabajadores informales 60.6 %. Mientras que la aprobación se reduce en sectores empresariales 43.9 % y trabajadores por cuenta propia o profesionistas, es decir sectores medios (33.9 %) (Rolando Ramos, “Aprobación de AMLO cae a 61 % durante febrero de 2022”, en El Economista, 28 de febrero de 2022, recuperado de <eleconomista.com.mx/ politica/Cae-a-61-aprobacion-del-Ejecutivo-20220227-0088.html>). 66 A pesar de un alto grado de aprobación (62 %), los encuestados saben evaluar de manera diferencial al presidente: mientras su honestidad sigue siendo un atributo evaluado positivo (64 %), su capacidad para dar resultados es mucho más baja (52 %) aunque su liderazgo se mantiene también vigente: (61 %) (Alejandro Moreno, “Gira por EU ‘da alas’ a AMLO: Aprobación repunta a 66 % en noviembre”, en El Financiero, 1 de diciembre de 2021, recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/01/girapor-eu-da-alas-a-amlo-aprobacion-repunta-a-66-en-noviembre/>). 67 Según la encuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), las principales causas de discriminación en 2021 fueron la pobreza (16.4 %) y el color de piel (16.2 %). A pesar de ser razones de discriminación minoritarias, es evidente que se tratan de marcadores de ausencia de estatus. Son estos identificadores los que se politizan en el campo antagonista del conflicto político. Véase <https://www.copred.cdmx. gob.mx/comunicacion/nota/copred-presenta-resultados-de-la-edis-2021>. eL país qUe pende de Un hombre... 227 la realidad subalterna, por la humillación que los gobernantes infligieron a los gobernados en la oleada de saqueos, abusos, privilegios y despilfarros, mientras que los gobernados sufrían el colapso y la tragedia nacional. Lo novedoso del conflicto es que se ha extendido no sólo por la insistencia rijosa del presidente sino por la reacción oligárquica de quienes fueron expulsados del poder, pero también —y esto es esencial— de las propias bases sociales de los partidos que antes gobernaban. Durante cuatro años de gobierno, desde el clasismo, el racismo y la aporofobia, se ha ofendido y humillado al presidente, pero también, profundamente, a sus bases sociales. Fueron reducidos en la narrativa dominante de medios, opinadores, intelectuales y líderes opositores a masa ciega, obtusa, iletrada, seducida por el discurso mesiánico del presidente. Este feroz ataque sólo profundiza el agravio original. Y es que como ha dicho Adolfo Gilly68 sobre las relaciones de dominación en las clases subalternas, “el agravio pide venganza, la humillación, desquite”. De ahí que algunos intelectuales estén asustados por la insubordinación de las bases obradoristas, que se expresan políticamente de manera incorrecta, plebeya, insolente, a través del vehículo discursivo de expresión callejera y en la voz del propio presidente. Lo “popular”, así, no aparece como fruto de las manipulaciones del discurso estratégico de un líder populista, sino de las fracturas sociales históricas69 y de las narrativas y contranarrativas que endurecen el conflicto entre multitudes subalternas y la partidocracia que salió del poder. Lo popular configura una ambigua identidad que excluye a quien tiene poder y privilegios, e incluye a toda aquella identidad que se expresa desde un lugar de exclusión.70 68 Historias clandestinas, Itaca, México, 2009. Pablo Vargas, “La grieta política mexicana: polarización de proyectos políticos 1988-2018”, en Espiral, vol. 28, núm. 80, 2021, pp. 115-145. 70 Carlos Durán, “Liderazgo populista y acción colectiva en América Latina”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 12, núm. 1, 69 228 césar pineda Así, más que la búsqueda obsesiva del sujeto pueblo de la teoría del populismo, se conformó de manera contradictoria, a raíz del conflicto creciente con el régimen de la alternancia, un “polo popular” —término también propuesto por Gramsci— a partir de un campo de posiciones heterogéneas que “comparten una situación de negatividad respecto del orden vigente”.71 Ese polo popular es una construcción social ambigua y abierta que sólo es posible en la antinomia gobernantes-gobernados, oligarquías-pueblo, los de arriba-los de abajo, clase dominante-clases subalternas. La política popular que de ahí emerge puede ser parte de todas las formas antielitistas de control de cambio social.72 Pero la identidad popular también se construye desde la otredad: el polo antagonista que rechaza identificarse con el carácter amenazante de las expresiones plebeyas, con la piel oscura, con lo pobre y los pobres, con la ausencia de distinción de clase; dicho polo se agrupa tendencialmente entre los votantes de los partidos tradicionales y las clases medias. A la inversa, la identidad popular sirve de crisol para el agrupamiento de víctimas y agraviados: una convergencia irreductible y heterogénea, pero unida por el conflicto contra los gobernantes, vinculada más que de manera programática, orgánica o clasista, a través de un largo proceso de dependencia a su dirigente. Y es que la característica principal del obradorismo es la de una multitud que irrumpe políticamente sólo cuando el líder la convoca a ser parte activa del conflicto. La multitud obradorista gira de manera radial alrededor de su figura, como parte de una política extraparlamentaria, para hacer política en la 2008, pp. 125-141. 71 Martín Retamozo, “Posmarxismo: entre el populismo y lo nacional popular en América Latina”, en Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 3, núm. 12, 2018, pp. 16-40. 72 Alain Touraine, “Las políticas nacional-populares. Populismo y neopopulismo, el problema de la Cenicienta”, en Maria Machinnon y Mario Alberto Petrone (coords.), Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la cenicienta, Eudeba, Buenos Aires, 1998, pp. 329-359. eL país qUe pende de Un hombre... 229 esfera público-estatal instituida, exclusivamente a través de su personal mediación, iniciativa, ideas políticas y moralidad. Así, el obradorismo movilizado no llega a constituirse en sujeto por sí mismo. Es un movimiento que no cuenta con estructuras, deliberación y espacios propios de decisión. Episódico, su acción depende de las necesidades de confrontación con los opositores del régimen de la 4T, así como de la búsqueda de legitimación y apoyo a decisiones que ya han sido tomadas previamente. El obradorismo movilizado es el centro del antagonismo con las élites partidarias y fuente de legitimidad conflictual encabezada por Obrador que se activa en momentos álgidos de confrontación y vuelve al estado de latencia en los tiempos ordinarios de la gobernabilidad. La multitud irrumpe, sí, pero sólo cuando el presidente lo decide. El obradorismo electoral, por otro lado, es un fenómeno de desalineación partidaria, con un amplio sector de votantes inestable, desencantado y alejado de identificación con las fuerzas políticas hasta hace poco dominantes del régimen de la alternancia. El obradorismo electoral es la base de legitimidad gubernativa, como en cualquier sistema democrático; depende del vaivén de las preferencias electorales de las mayorías y es ahí donde los contenidos programáticos son más débiles y la lealtad al presidente, más frágil.73 El obradorismo partidario, dirigido de manera creciente y alarmante por una nueva burocracia que mantiene una política atrapatodo, funciona una vez más como maquinaria electoral sin dirigir sus energías y recursos a hacer madurar al sujeto político popular de la multitud obradorista. El obradorismo parti- 73 Una encuesta registra que, en el apoyo a la 4T, hay un porcentaje menor de encuestados (21 %) que se consideran de izquierda y mayor identificado como apartidista (25 %). Aunque el porcentaje de apartidistas se distribuye también entre opositores al gobierno de la 4T, es significativo que el aumento a la 4T crece, con un perfil de votante que no tiene arraigo ideológico (Alejandro Moreno, “Cuatroteístas, obradoristas y morenistas”, en El Financiero, 10 de febrero de 2023, recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ alejandro-moreno/2023/02/10/cuatroteistas-obradoristas-y-morenistas/>). 230 césar pineda dario está obturado por la maquinaria burocrática, que impide su expresión, autoorganización y maduración política.74 El carácter subalterno de la multitud obradorista es, en suma, su debilidad crónica para darse su propia forma y figura, para expresar su voz por sí misma. Es una multitud desvalida en términos de autorrepresentación popular; necesita la cristalización de identidad y horizonte a través de la dirección de López Obrador, por cuanto están rotos o son débiles o inexistentes los mecanismos que le permitirían hacerlo por sí misma. Así el propio líder, sea por evaluación política y utilitarismo, sea por convicción programática, sea por insuficiencia, contiene y vuelve pasiva a la multitud obradorista dentro de un marco restrictivo de participación. Así pues, si en México hay un fenómeno populista, es producto de la exacerbación de una profunda crisis hegemónica que no pudo resolverse ni por la vía institucional ni por la vía autoritaria; constreñido a desenvolverse en la democracia liberal, y ante la debilidad crónica de las clases subalternas, tampoco pudo encauzarse hacia su insubordinación radical y autónoma. Erosionadas las mediaciones del sistema político, pero también las correas de transmisión y reproducción estatal, la crisis hegemónica, las fuerzas en pugna y las salidas a la disputa, pasan, necesariamente por la decisión y forma de hacer política de un solo hombre. Si la hegemonía —siguiendo a Gramsci—, además de ser un modo de ejercer el poder estatal puede ser también un proceso de subjetivación, de constitución de un sujeto popular,75 a pesar La caída en la identificación partidaria decrece en los partidos del régimen de la alternancia, pero ha crecido desde que la 4T es gobierno, pasando de un 31 % en las elecciones de 2018 a un 41 % en noviembre de 2022 (Enkoll, Amlómetro. Cuarto año de gobierno, Enkolll, México, 2022, recuperado de <https://www.enkoll.com/wp-content/uploads/2022/11/AMLOMETRO-CUARTO-ANO-DE-GOBIERNO-301122.pdf>). 75 Masssimo Modonesi, “Gramsci teórico de la subjetivación política. La tríada subalternidad-autonomía-hegemonía”, en International Gramsci Journal, vol. 4, núm. 3, 2021, pp. 3-21. 74 eL país qUe pende de Un hombre... 231 de la disposición real de las clases subalternas para actuar, tanto su debilidad como su mediación a través del líder parecieran producir una lábil representación simbólica popular cuya fuerza no termina de derrotar a la partidocracia, ni toca necesariamente a la poderosa oligarquía empresarial mexicana, ni tampoco produce el avance de las clases subalternas hacia su propia autonomía. Y es que el intento obradorista de establecer un nuevo modo de regulación —otra forma de gobierno— dentro del mismo régimen de acumulación, en medio del crecimiento incesante y desbordado del capital, bien puede ser un despropósito. Hasta ahora, el proyecto de la cuarta transformación actúa en la teórica complementariedad Estado-mercado, entre rol arbitral y consensual y de compromiso entre clases. Un equilibrio inestable entre soberanía e intereses imperialistas, entre fuerza estatal regulatoria y capital trasnacional, entre mayoría progresista y reorganización de las derechas mexicanas. Una mediación entre poderes de facto del pasado y cambios políticos simbólicos. Un juego inestable entre política institucional y extraparlamentaria, entre oligarquías partidarias y polo popular movilizado. La peligrosa política del equilibrismo de Obrador se centra en la gestión estatalista y no en el protagonismo popular, no en la acción y maduración de la multitud politizada y forjada durante la crisis hegemónica. A pesar de su discurso, la cuarta transformación no es un proceso de protagonismo desde abajo. De hecho, el obradorismo no es autodeterminación popular sino su negación. El polo popular es instrumentalizado para lograr los fines presidenciales: López Obrador mantiene su centralidad personal, obstruyendo que el sujeto de cambio social sean los de abajo. La 4T pierde así la dimensión emancipatoria de lo político, dirigiéndose hacia el modo tradicional que hizo colapsar a otros progresismos, degradando el polo popular a mero apoyo al verdadero sujeto de cambio: el presidente mismo. De no madurar y fortalecerse las clases subalternas, bien podría restaurarse el régimen de la alternancia, degradarse 232 césar pineda en un giro autoritario de derechas, o ser el polo popular subsumido en una nueva hegemonía estatalista que lo subordine. Es significativo que la salida a la disputa histórica de la crisis hegemónica dependa más de un hombre que de la fuerza, horizonte y organización de las clases subalternas. Esa contradicción podría llevar al desastre al obradorismo y, junto con él, al país entero. 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Lo que vivimos hoy en México es una mudanza, una transición no lineal ni homogénea, pero de clara direccionalidad; en ella pasamos del predominio de un bloque histórico dominado por el gran capital y las trasnacionales, al progresivo predominio de otro bloque histórico, encabezado por las clases antes subalternas, por los trabajadores, por el 99 %. * Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco. 239 240 armando bartra La 4T es un cambio de régimen político, es una reforma en curso del orden social y es también la paulatina deconstrucción del modelo de desarrollo neoliberal, tanto de sus instituciones y políticas como de las estructuras económicas en que se materializó. Todo ello encuadrado en la “construcción de una voluntad colectiva nacional popular”, lo que —en sus Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno— Gramsci llamó “una revolución intelectual y moral”, y que nosotros llamamos “revolución de las conciencias”. La señal más clara de que estamos en una transición hegemónica es la airada resistencia a los cambios que protagonizan los privilegiados del viejo orden y sus personeros. La estentórea alharaca de la cleptoburguesía latrofacciosa y las trasnacionales predadoras, de los mercenarios medios de comunicación por ellos controlados, del siempre conservador Poder Judicial, de los partiditos políticos del antiguo régimen y sus titiriteros… Que hubo un quiebre y hay un nuevo curso, lo documenta, sobre cualquier otra señal, el clamor de las derechas: tanto de la clase antes dominante, paulatinamente acotada, como de sectores subalternos que habían encontrado acomodo en el viejo bloque histórico y que hoy defienden sus módicos privilegios, incluyendo el de tener el monopolio de la crítica ilustrada. El tránsito hegemónico en curso, su direccionalidad y sus tensiones no se explican sin su historia, la cercana y la remota. Pensar en términos gramscianos es pensar en hegemonía y contrahegemonía: “El rasgo esencial de la filosofía de la praxis consiste precisamente en el concepto de hegemonía”;1 es decir: en dominación y resistencia, en poder y contrapoder; ello supone analizar el curso de la sociedad a través de los cambios en la relación de fuerzas. Mudanzas en la balanza social, que por lo general se despliegan en tiempos largos, en procesos históricos prolongados; Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Lautaro, Buenos Aires, 1950, p. 245. 1 méxico en La transición hegemónica... 241 aunque en las crisis se pueden modificar abruptamente las relaciones de resistencia y dominación, el tránsito de un bloque histórico a otro resulta de cursos dilatados en que se suceden avances y retrocesos, momentos de quiebre y periodos de estabilización. Al estudiar un período histórico [encontramos] crisis que a veces se prolongan por decenas de años. Esta duración excepcional significa que en la estructura maduran contradicciones incurables y que las fuerzas políticas que obran […] en la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan sin embargo por […] superar […]. Estas fuerzas incesantes y perseverantes forman el terreno sobre el cual se organizan las fuerzas antagónicas.2 Intentaré pues responder a la pregunta por la hegemonía de la 4T, exponiendo en grandes trazos el lento derrumbe del viejo régimen, la caída en cámara lenta del orden que empezó a construirse en la posrevolución y que se mantuvo por una centuria. Trataré de mostrar el progresivo desgaste de una hegemonía que por décadas parecía no tener fisuras, el paulatino aflojamiento de los amarres clasistas que mantenían unido al añejo bloque histórico. Una dislocación que se dio a través de sucesivas crisis de hegemonía que lo sacudieron una y otra vez sin que en su momento lograran derrumbarlo. Hasta que llegó la debacle política definitiva dramatizada por la elección del uno de julio de 2018, cuando 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por la esperanza, concepto generoso pero impreciso que puede leerse como un nuevo régimen, un nuevo orden social, un nuevo modelo de desarrollo, una nueva ética y una nueva cultura ciudadana. Las que aquí llamo crisis de hegemonía, que para el caso de México son quiebres donde el orden dominante perdió consenso y donde avanzaron las oposiciones, pero sin que se desploma- 2 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Lautaro, Buenos Aires, 1962, p. 67. 242 armando bartra ra el viejo régimen, son “catárticas” en un sentido gramsciano en tanto que “momentos ético-políticos” en que se “transita de la necesidad a la libertad”. Son, en mis términos,3 experiencias sociales puras y duras, vivencias colectivas multitudinarias que yo he llamado radicales o desnudas, porque en ellas lo singular y contingente de la coyuntura deviene universal. Momentos liminares y fractales en que una nueva luz ilumina nuestro entorno revelando posibilidades antes inimaginables. Las crisis como catarsis sociales son el momento de lo imposible hecho posible, y sin ellas no hay historia. “La fijación del momento catártico [sostiene Gramsci] deviene […] el punto de partida de toda la filosofía de la praxis”,4 y en este ensayo trato de ubicar los cinco momentos catárticos, las cinco experiencias sociales colectivas puras y duras que desgastaron al viejo régimen y fueron mostrando a los opositores la posibilidad de un México otro y las vías para abrirle paso. En 1968 descubrimos que el descrédito moral tiene valor contestatario; en los setenta y primeros ochenta del pasado siglo nos dimos cuenta de que puede haber un gremialismo libre; en 1988 supimos que las elecciones son una vía transitable para el cambio de régimen; durante el túnel neoliberal (19882018) aprendimos que resistir ya es ganar; en lo que va del nuevo siglo vimos que la palanca del cambio está en combinar movimiento social y acción partidista… El “ogro filantrópico” El viejo régimen mexicano, el orden surgido de la Revolución de 1910, ilustra inmejorablemente el concepto gramsciano de hegemonía, entendida como dominio de clase, como dirección 3 Armando Bartra, Experiencias desnudas. El lugar del acontecimiento en la historia, UAM, México, 2018. 4 Antonio Gramsci, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Lautaro, Buenos Aires, 1958, p. 49. méxico en La transición hegemónica... 243 cultural e ideológica sustentada en el consentimiento y no sólo en la coerción y la violencia. El Estado posrevolucionario, el “ogro filantrópico”5 de Octavio Paz, repetía una y otra vez la mentira que Federico Nietzsche atribuyó a todos los Estados hace ya 150 años: “Yo, el Estado, soy el Pueblo”.6 Y a principios de los años sesenta, después de la cruenta represión de 1959 a una huelga nacional ferrocarrilera, el militante comunista y escritor José Revueltas, en un libro de publicación semiclandestina titulado Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, formulaba una caracterización del sistema surgido de la Revolución que sin duda hubiera complacido a Gramsci: Resulta así que el fruto de la revolución mexicana no es una clase burguesa nacional que se realiza en el Estado, sino un Estado nacional no-burgués en el que se realizan todas las clases […]. De este modo la organización de la consciencia burguesa […] viene siendo […] la organización de todas las consciencias.7 Años después, a principios del siglo XXI, cuando el viejo régimen se prolongaba en el presunto gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox, proveniente del dizque opositor Partido Acción Nacional (PAN), formulé en un libro colectivo cuyo tema era la nueva izquierda en América Latina, una caracterización que seguía a la de Revueltas. Partiendo de que México ingresó al siglo XX con una revolución campesina triunfante a la postre usufructuada por un corriente proto-burguesa, en ese texto explico cómo ésta reconstruyó al Estado y desde ahí a la sociedad. Así por más de setenta años los sucesivos gobiernos se proclamaron de izquierda, pues se consideraban herederos de la revolución: patrimonio Octavio Paz, El ogro filantrópico, Joaquín Mortiz, México, 1979. Federico Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, Edaf, Madrid, 1968, p. 33. 7 José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, Logos, México, 1962. 5 6 244 armando bartra histórico que le daba identidad a las instituciones del Estado, al partido “casi único”, a las corporaciones gremiales y al discurso de la llamada “gran familia revolucionaria”; pero también al arte público, a lo rituales cívicos, a los libros de texto, a la parafernalia nacionalista y a la cultura política de los mexicanos rasos.8 En el origen del nuevo orden mexicano está una prolongada revolución popular que sacudió a millones de mexicanas y mexicanos, de modo que la gran burguesía emergente no podía simplemente someter a los trabajadores alebrestados; necesitaba integrarlos como subalternos, lo que hizo del régimen político posrevolucionario un ejemplo privilegiado de “bloque histórico” multiclasista fundado en la hegemonía más que en la coacción. Bloque histórico es un concepto gramsciano inseparable de “la teoría de las relaciones de fuerzas”, enfoque dinámico que da historicidad a los conceptos y dinamismo a su empleo analítico, pues no hay hegemonía sin resistencia sociocultural y eventualmente política. No hay hegemonía sin contrahegemonía, de modo que los bloques históricos se desgastan, debilitan y derrumban en cursos habitualmente prolongados con momentos de crisis hegemónica y momentos de recuperación. Y un consentimiento social tan consolidado y persistente como el que sustentó el muégano clasista posrevolucionario mexicano no se desgasta de un día para otro. Fijando fechas para un proceso que es más bien fluido, yo diría que el desplome del viejo régimen se prolongó por medio siglo. 8 Armando Bartra, “Añoranzas y utopías. La izquierda mexicana en el tercer milenio”, en Rodríguez Garabito et al. (coords.), La nueva izquierda en América Latina, Norma, Bogotá, 2004, p. 287. méxico en La transición hegemónica... 245 Un derrumbe en cámara lenta Para que con la elección de 2018 diera inicio una cuarta etapa de la historia de México cimentada en una nueva hegemonía y presidida por un emergente bloque histórico, fueron necesarios las luchas y esfuerzos acumulados de cuando menos dos generaciones. El ocaso del viejo régimen duró medio siglo y estuvo marcado por la acumulación de rupturas sucesivas que fueron carcomiendo sus cimientos sociales, políticos y morales, es decir, desgastando su hegemonía; impactos que iban debilitando las bases de un orden cada vez más injusto y autoritario, pero que por décadas se proclamó heredero de la Revolución de 1910. 1968. Crisis moral. Desde fines de julio de 1968 los jóvenes estudiantes de la Ciudad de México salieron a la calle agitando demandas democráticas. El 2 de octubre fueron masacrados por el ejército y la policía mientras celebraban un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. El “movimiento del 68” representa la primera gran crisis de hegemonía que conmovió al viejo régimen: constituye su estrepitosa derrota moral. Responsable confeso de la masacre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio rostro al descrédito de la “Revolución institucionalizada”, pues un gobierno que asesinaba a los jóvenes no podía reclamarse heredero de la gesta libertaria iniciada en 1910. Después del 2 de octubre, el viejo régimen ya no recompuso su imagen, y el desafecto moral de los subalternos no dejó de incrementarse: “Dos de octubre no se olvida”.9 1970-1988. Crisis social. Empezando por las huelgas del porfiriato y la Revolución de 1910, los movimientos sociales tachonaron el siglo XX, y desde la tercera década de la pasada centuria, los gobiernos posrevolucionarios fueron sacudidos por rebeldías populares. Sin embargo, el despliegue de luchas obreras, campesinas, magisteriales y de colonos urbanos que, 9 Salvador Martínez (coord.), Voces y ecos del 68, Porrúa, México, 2009. 246 armando bartra durante los años setenta y primeros ochenta, retaron a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), provocó el desgaste y descrédito de la base gremial que mantenía a los trabajadores del campo y de la ciudad encuadrados dentro del viejo régimen. Fueron electricistas, telefonistas, ferrocarrileros, mineros, petroleros…, que reivindicaban salarios y condiciones laborales, pero también libertad sindical; fueron campesinos que exigían tierra; fueron colonos que reclamaban vivienda y servicios; fueron maestros que se movilizaban por sus condiciones de trabajo y por democracia gremial. Siempre fieles al PRI y obedientes al gobierno, las grandes corporaciones forjadas en la posrevolución siguieron ahí, pero las llamadas “insurgencias” pusieron en crisis la hegemonía del gremialismo oficialista al mostrar que podía haber un gremialismo libre.10 1986-1988. Crisis Política. Desde el principio de los ochenta, el pensamiento llamado “neoliberal” que en nombre del libre mercado preconiza la apertura comercial irrestricta, la desregulación de la economía, la privatización de los servicios públicos y el achicamiento del Estado, cobró fuerza dentro del PRI desplazando a quienes reivindicaban el legado cardenista, definido por el crecimiento hacia adentro y la inclusión social impulsados por políticas públicas nacionalistas. División que en 1988 condujo a la fractura política del viejo régimen y a una crisis de la dimensión política e ideológica de su hegemonía que se había cimentado en el llamado “nacionalismo revolucionario”. En 1986 los herederos de la herencia cardenista formaron la Corriente Democrática (CD) del PRI, la cual propuso a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia de la República en la elección de 1988. Descartado éste por los tecnócratas, la CD abandonó el PRI en 1887 y, a través de un Frente Demo- 10 Armando Bartra, “Añoranzas y utopías. La izquierda mexicana en el tercer milenio”, en Rodríguez Garabito et al. (coords.), La nueva izquierda en América Latina, Norma, Bogotá, 2004, pp. 293-297. méxico en La transición hegemónica... 247 crático Nacional (FDN), lanzó formalmente la candidatura del “hijo del general”. A ella se sumaron, en el transcurso de 1988, las izquierdas históricamente opositoras que para entonces estaban integradas en el Partido Mexicano Socialista. Sin organización previa, sin dinero y con los medios de comunicación en su contra, el FDN desarrolló una campaña exitosa, entre otras cosas porque su candidato era el hijo de Lázaro Cárdenas, tenido por muchos como el mejor presidente de la posrevolución. Y todo indica que el retador ganó la votación, de modo que tuvo que “caerse el sistema” para que los resultados favorecieran a Carlos Salinas. La fractura del partido del gobierno en 1987 y el descalabro electoral de 1988 representan la crisis de la hegemonía político electoral del viejo régimen y para los opositores una lección: al PRI se le podía ganar en las urnas.11 1988-2018. Crisis del modelo de desarrollo. Las recetas del Fondo Monetario Internacional: ajuste macroeconómico, desregulación, privatización y apertura comercial irrestricta adoptadas por el gobierno desde fines de los ochenta del pasado siglo, produjeron una economía empobrecedora y al servicio de las empresas trasnacionales, a lo que se añadió el progresivo desmantelamiento del Estado social que mal que bien atendía algunas necesidades de la población. Y con el neoliberalismo apareció la resistencia al neoliberalismo: movimientos sociales que, junto con el pobre comportamiento de la economía, provocaron el temprano descrédito de un modelo de desarrollo que prometió prosperidad y trajo más pobreza y más desigualdad.12 El uno de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un alzamiento indígena sacudió a Chiapas y al país entero. Como durante la Colonia, pero ahora visibilizados por el 11 René Torres, La senda democrática en México, Gernika, México, 2019, pp. 109-186. 12 Andrés Manuel López Obrador, Hacia una economía moral, Planeta, México, 2019, pp. 43-63. 248 armando bartra Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los pueblos originarios llegaron a contradecir, ya no al colonialismo, sino al neoliberalismo.13 Nueve años después nacía el movimiento “El campo no aguanta más”, que el último viernes de enero de 2003 tomó la capital de la república con 100 mil campesinos que denunciaban “la devastación del agro mexicano a causa de las políticas de ajuste estructural y libre comercio” y exigían un cambio de rumbo en el campo y en el país.14 No fueron los indígenas y los campesinos los únicos en rebelarse contra el rumbo que estaba tomando México; también lo hicieron, en diferentes momentos, telefonistas, electricistas, trabajadores universitarios, deudores de la banca. Las promesas de prosperidad primermundista explican en parte que, por largos años, los conceptos, valores y sentires del neoliberalismo fueran parte de la hegemonía que daba sustento al viejo orden: efímera manipulación ideológica, política y cultural que pronto cedió ante la multiplicación y radicalidad de las resistencias. 1988-2018. Crisis del sistema electoral. Desde 1988, las leyes electorales han tenido sucesivas modificaciones. Pero el progresivo descrédito del sistema con que se elegía a los gobernantes no se debió tanto a las insuficiencias de la ley como a las prácticas viciadas: a la forma torcida como en la elección de Carlos Salinas, en la elección de Felipe Calderón y en la elección de Peña Nieto se manipularon los comicios para favorecer o frenar a ciertos candidatos. 1988, 2006, 2012, tres momentos cruciales de la prolongada campaña de las oposiciones de izquierda contra la imposición. Largo combate por los votos y la forma de contarlos que culminó en 2018, cuando el mecanismo perverso fue desbordado en las urnas. 13 Armando Bartra, Los nuevos herederos de Zapata. Un siglo en la resistencia 1918-2018, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2019, pp. 224-256. 14 Ibid., pp. 257-275. méxico en La transición hegemónica... 249 En 1988 vimos que al partido de Estado se le podía ganar con votos, pero por tres veces buscaron convencernos de que el esfuerzo electoral era inútil, pues el triunfo de la izquierda jamás sería reconocido. El nocaut comicial de 2018 echó por tierra la última mentira del viejo régimen —su invencibilidad electoral— y con ella terminó simbólicamente y políticamente una hegemonía que había durado cien años.15 Desde mediados del siglo XX, numerosas grietas iban debilitando la antes robusta estructura del viejo régimen: el movimiento juvenil de 1968 mermó su capital simbólico; las insurgencias populares de los setenta y ochenta desgastaron su base social gremial; la elección de 1988 fue un golpe a la invencibilidad del PRI; los alzamientos y resistencias desatadas a fines del siglo XX y principios del XXI desacreditaron el modelo neoliberal; los cuestionados comicios de 1988, 2006 y 2012 exhibieron las sucias prácticas electorales de los partidos del sistema. El viejo orden estaba tocado, pero no cedía… Hasta que el primero de julio de 2018 colapsó. Esa noche, los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que habían sufragado por López Obrador festejaron en calles y plazas el triunfo de un sueño compartido, la realización de una esperanza por muchos años postergada. Lo que se celebraba era el último episodio de una transición que parecía interminable: el esperado derrumbe en cámara lenta del viejo régimen, y la progresiva acumulación de fuerzas políticas, sociales y morales que finalmente lo hizo posible. Lo que se celebraba era el fin de una hegemonía, el ocaso de un bloque histórico y el inicio de una nueva época en la historia de México. Sólo el inicio, apenas el inicio. La elección de 2018 fue fin y principio, fue el parteaguas…, nada menos, pero nada 15 René Torres, La senda democrática en México, Gernika, México, 2019, pp. 347-688. 250 armando bartra más. Banderazo de salida de una etapa histórica inédita cuyo desarrollo dependerá de nosotros, de todos nosotros.16 Consciencias en revolución “El moderno Príncipe —escribió Gramsci— debe ser y no puede dejar de ser, el abanderado y organizador de una reforma intelectual y moral”.17 Es decir: no puede haber 4T sin una “revolución de las conciencias” que transforme profundamente las ideas, valores y sentires de las mexicanas y los mexicanos. Después de la Revolución de 1910, y por un largo siglo, vivimos bajo un orden autoritario, clientelar y corporativo, rasgos que pese a su indudable respaldo popular también estuvieron presentes durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En las tres décadas del neoliberalismo a estas lacras se añadieron aculturación, individualismo, consumismo... Rasgos nefastos del viejo régimen que fueron gramsciano sentido común durante cerca de cien años y calaron profundamente en nuestras conciencias. Cambiar los modos rutinarios e inerciales de pensar, valorar y sentir por otros generosos, solidarios, críticos y propositivos, es tarea mayor de la 4T y, principalmente, del “nuevo Príncipe”18 de por acá que es Morena. La “reforma intelectual y moral” de que hablaba el italiano y que nosotros llamamos “revolución de las conciencias” es permanente, y sus contenidos específicos dependen de la fase del proceso de transformación en que nos encontremos. La revolución de las conciencias fue necesaria para derrocar electoralmente al viejo régimen; se fue desarrollando cuando 16 Armando Bartra, “Una nueva esperanza”, en Diego Prieto (coord.), México grandeza y diversidad, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México, 2021, pp. 437-457. 17 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Lautaro, Buenos Aires, 1962, p. 31. 18 Ibid., p. 25. méxico en La transición hegemónica... 251 menos desde el parteaguas moral que fue el movimiento de 1968 y que se materializó en los 30 millones de votos que tuvo López Obrador en 2018. La revolución de las conciencias necesaria para ir desmontando el viejo orden y sentando las bases de la 4T, se ha ido desarrollando en los últimos años y se muestra en el respaldo de 60 % o 70 % que tiene el gobierno del “cambio verdadero”. La revolución de las conciencias necesaria para llevar adelante la nueva etapa de la 4T, que comenzará en 2024 con las reformas de segunda generación, que pueblo y gobierno tendremos que impulsar en el segundo sexenio de Morena, tenemos que ir construyéndola desde ahora. Antes de 2018 la tarea era resistir al viejo régimen; en 2018 y 2024 la tarea es desmontarlo; de 2024 en adelante la tarea será construir algo nuevo…, y el talante intelectual y emocional propio de cada etapa es distinto, de modo que la revolución de las conciencias debe ser una revolución permanente. “El nuevo príncipe” Las transformaciones que están sentando las bases de la 4T y que deben consolidarse en lo que resta del sexenio, son impulsadas desde arriba y desde abajo: desde el Estado y desde la sociedad. Unas son tarea del gobierno; las otras son tarea de todos, pero principalmente del partido de la 4T que es Morena, de los gremios y en general de la ciudadanía organizada. López Obrador sintetizó su tarea transformadora con una metáfora: “Mover al elefante reumático” que es el Estado mexicano. Y pienso que lo está moviendo por el rumbo correcto. Pero la “elefanta reumática”, que siguiendo la metáfora sería la sociedad mexicana, se ha movido muy poco. Salvo —por un rato— el feminista, los movimientos de resistencia se homogeneizaron y —a excepción del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, su desdoblamiento en la Central Internacional de 252 armando bartra Trabajadores y el sindicato de la General Motors— los gremios tanto de la ciudad como del campo están pasmados. Y ello no se debe a que el neoliberalismo los desarticuló, argumento con el que algunos buscan explicar su inmovilidad; pese a la represión, el ninguneo y la falta de respuesta, con los gobiernos autoritarios y antipopulares hubo más activismo social que ahora. Perdimos las calles y corremos el riesgo de que las gane la derecha acompañada por la izquierda despistada. Como ya ocurre aquí con los amparos judiciales que bloquean las políticas del gobierno, y como ocurre y ha ocurrido en algunos países latinoamericanos. Cuando la izquierda llega al poder, la iniciativa política se traslada de los movimientos y los partidos que eran de oposición al nuevo gobierno. Deriva indeseable que sin embargo se repite en casi todos los “gobiernos progresistas” de Nuestra América, como lo ha observado Juan Carlos Monedero.19 Y los partidos de izquierda decaen o se desfondan Así lo señalan autores de diferentes países que transitaron o transitan por el “progresismo”: “El papel histórico que se le atribuyó al Movimiento al Socialismo como articulador político entre organizaciones sociales y liderazgo […] perdió sentido por la relación directa entre estas organizaciones y el presidente”,20 escribió el boliviano Juan Carlos Pinto, quien fuera funcionario del gobierno de Evo Morales. “En abril de 2006 creamos el partido [Alianza País] y en enero de 2007 llegamos al poder. En este contexto fue inevitable tener mucha gente que no era leal a una visión o un proyecto político sino al poder”, me dijo en entrevista personal Rafael Correa, ex presidente de Ecuador. “El Partido Socialista Unificado de Venezuela […] es 19 Juan Carlos Monedero, “Democracia y partidos políticos en tiempos de neoliberalismo en América Latina”, en Daniel Filmus y Lucia Rosso (coords.), Las sendas abiertas en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Buenos Aires, 2019, pp. 187-195. 20 Juan Carlos Pinto, ¿Qué está cambiando en Bolivia?, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, La Paz, 2018, p. 58. méxico en La transición hegemónica... 253 un partido organizado básicamente como fuerza electoral, que no elabora política, ni de carácter general ni hacia los espacios particulares de intervención social”, escribió Roberto López Sánchez.21 Sobre el partido que hoy gobierna en México, declaró en 2020 su entonces presidente Alfonso Ramírez Cuellar: Morena ha tenido un retraso muy importante en el debate ideológico y político. El carácter predominantemente electoral que le imprimió la pasada campaña nos llevó, en los hechos —y con justa razón— a poner en el centro la estructura distrital y la promoción y defensa del voto, mientras que, en los consejos estatales y los municipales las instancias estatutarias dejaron de funcionar. Después de las elecciones nuestra obligación era entrar en un proceso organizativo de nuestros afiliados, establecer institucionalidad, depurar padrones, garantizar el funcionamiento colegiado de todas las instancias, crear espacios de convivencia en todos los niveles. Pero no se hizo.22 Es decir: México no ha sido la excepción. Que el mal sea de muchos no debiera consolarnos, pues el cambio social profundo es el que se hace abajo y en gran medida está pendiente. Por décadas nos organizamos y movilizamos para resistir contra los gobiernos, ahora tenemos que organizarnos y movilizarnos para construir junto con el gobierno. Y no sabemos bien cómo. A fines de los años veinte y principios de los treinta del pasado siglo, el movimiento revolucionario en Europa refluía, avanzaba el fascismo y los acosados partidos comunistas trastabillaban. La situación era distinta a la que se vive hoy en Nuestra América, donde los procesos emancipatorios siguen 21 Roberto Antonio López, El protagonismo popular en la historia de Venezuela, Escuela de Formación Popular Nuestra América, Maracaibo, 2009, p. 32. 22 Armando Bartra, Llegó el coronavirus y mandó parar todo. Apuntes desde el encierro. La 4T en el año de la pandemia, Para Leer en Libertad, México, 2021, p. 115. 254 armando bartra avanzando; sin embargo, las reflexiones de Gramsci sobre las insuficiencias de los partidos mantienen su pertinencia. Los partidos nacen, se constituyen y organizan para dirigir las situaciones en momentos históricamente vitales […]. Pero no siempre saben adaptarse a las nuevas tareas y las nuevas épocas, no siempre saben adecuarse al ritmo de desarrollo del conjunto de las relaciones de fuerza […]. Cuando se analizan estos desarrollos en los partidos es necesario distinguir el grupo social, la [base partidista], la burocracia [y la dirección]. La burocracia es la fuerza conservadora más peligrosa; si ella termina por constituir un cuerpo solidario y se siente independiente de la [base partidista], el partido deviene anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su contenido social y queda como en las nubes.23 Pasar de contrahegemónicos a hegemónicos, de resistentes a constructores, de reactivos a proactivos, del no al sí…, requiere de una revolución de las conciencias que sin duda inspira a López Obrador y a quienes lo acompañan en el gobierno, pero que no se ha dado en la sociedad y que Morena tampoco impulsa. Algunos piensan que el gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer. Quizá. Pero lo que es seguro es que la sociedad no está haciendo todo lo que debería hacer. Y esto no es culpa del gobierno sino culpa nuestra, culpa de las y los de a pie. La combinación de principios, conceptos, valores y sentires que conforman la nueva hegemonía es un curso, un proceso mayormente plebeyo que se impulsa desde abajo. Hagamos nuestro trabajo, no busquemos culpables; sigamos en esto a Gramsci, quien se desmarcaba de la sociología explicativa y apostaba por la política transformadora. 23 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, pp. 77-78. méxico en La transición hegemónica... 255 Bibliografía Bartra, Armando, “Añoranzas y utopías. La izquierda mexicana en el tercer milenio”, en Rodríguez Garabito et al. (coords.), La nueva izquierda en América Latina, Norma, Bogotá, 2004. , Experiencias desnudas. El lugar del acontecimiento en la historia, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2018. , Los nuevos herederos de Zapata. 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LA HEGEMONÍA AUSENTE La oposición ante La 4T en méxico1 Benjamín Arditi* El objetivo de este capítulo es examinar la conformación de un polo opositor en México capaz de disputar el liderazgo y el apoyo público al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y eventualmente desplazarlo para modificar el rumbo que tomó el país con la llamada Cuarta Transformación o 4T. Los actores de la oposición incluyen a los partidos que integran la coalición Va por México, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes conformaron el Frente por México para las elecciones generales de 2024; grupos que realizan actos públicos o mediáticos de tanto en tanto, como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaa); empresarios que financian actividades de crítica y denuncia del gobierno, invitan a asistir a actos de protesta y los apoyan material, presencial o simbólicamente; dueños, editores y columnistas de medios de comunicación, e intelectuales públicos que forman parte de la comentocracia nacional. * Profesor de teoría política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 1 Este capítulo forma parte del proyecto “Participación política y movilización social en el sexenio obradorista” (PAPIIT IN300622) de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM. 257 258 benjamín arditi Mi pregunta guía es si durante el gobierno de AMLO hubo una pretensión hegemónica por parte de la oposición, esto es, si ella impulsó algo que se asemejara a lo que Antonio Gramsci y los gramscianos denominaron un liderazgo moral e intelectual. Para responder a la pregunta, examino lo siguiente: el comportamiento de Va por México en relación con el gobierno de la 4T; una carta pública firmada por políticos, intelectuales, empresarios y comentaristas días antes de las elecciones intermedias de 2021, y el papel de los medios privados y sus columnistas. No me voy a detener a explicar qué se entiende por hegemonía y cómo se la diferencia de otro tipo de acción política. Otros capítulos del libro se explayan en esto. El de Massimo Modonesi, “La hegemonía del centro obradorista (centralidad, centrismo, centralismo)”, lo aborda en relación con la 4T. Me centro en dos cuestiones. Una es que las acciones de los partidos y grupos de oposición expresaban una vocación de poder sin un proceso de autocrítica y sin ofrecer al electorado una narrativa creíble acerca de qué había que cambiar y hacia dónde debía ir el país. Si hubo algún intento por lograr un liderazgo moral e intelectual, fue mediante una hegemonía en paralaje: su esfuerzo por capturar la imaginación de la gente dependió menos de los partidos que de medios privados (y de los influencers en redes sociales, pero no me ocuparé de ellos aquí). Buena parte de las notas periodísticas y columnas firmadas criticaron sistemáticamente al gobierno de López Obrador y la 4T con el beneplácito de los propietarios de los medios de comunicación. La segunda cuestión es que si lo que le interesaba a la oposición partidista era sólo el ejercicio del poder, entonces confundieron hegemonía con ganar elecciones sin forjar un liderazgo moral e intelectual, y sin siquiera ofrecer una propuesta que no fuera sacar a Morena de la presidencia. En ese caso, la hegemonía no era lo que estaba en juego en sus luchas contra el gobierno. La hegemonía aUsente... 259 Empresarios y la formación de “Va por México” López Obrador ganó las elecciones presidenciales de 2018 con el 53 % de los votos y una participación del 63 % del electorado. Sus adversarios del PRI y el PAN obtuvieron 16.4 % y 22.2 % de la votación, respectivamente. La coalición liderada por Morena obtuvo la mayoría absoluta en la cámara baja del Congreso (308 de los 500 diputados) y una mayoría en el Senado (69 de 128 senadores), aunque con su alianza informal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) alcanzó los 75 senadores. Estos resultados llevaron a la jibarización de los partidos que habían sido los puntales del sistema político mexicano: el PRI, el PAN y el pequeño PRD. En 2021 el PRI, el PAN y el PRD formaron una alianza para las elecciones intermedias de junio de ese año, con el propósito de recuperar parte del terreno electoral que habían perdido. Un cuarto partido de la oposición, el Movimiento Ciudadano (MC), declinó participar. La coalición fue auspiciada y negociada por dos líderes empresariales opuestos a AMLO: Gustavo de Hoyos, quien fuera titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), habló sobre su papel en la conformación de esta alianza, y Claudio X. González, un conocido empresario que había liderado la asociación civil “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”. De Hoyos señaló que sostuvieron innumerables reuniones con líderes del PAN, PRI y PRD en la casa del señor González. Los dos empresarios estaban conscientes de que la oposición estaba fracasando en su intento por resistir y frenar a AMLO y convencieron a los dirigentes de los tres partidos de que la única manera de mejorar sus posibilidades de triunfo era sumando fuerzas.2 El nombre de la coalición fue “Va por México”. De Hoyos describió sus dos objetivos estratégicos: derrotar a Morena en 2 Álvaro Delgado, “La coalición va por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2022. Es el plan. ‘Debe irse’: De Hoyos”, en Sinembargo.mx, 11 de mayo de 2021. 260 benjamín arditi las elecciones de 2021 y sacar al partido del gobierno en las elecciones generales de 2024. Sus objetivos tácticos también eran dos: remover a AMLO en el referéndum revocatorio de 2022 (luego optaron por boicotear el referéndum, pidiendo a la ciudadanía que no participara en él), y colocar a los empresarios opuestos a AMLO en la dirección de las cinco asociaciones empresariales.3 Era la primera vez que los medios se referían a los empresarios De Hoyos y González como líderes de facto de un conglomerado de partidos, sin ser integrantes de ninguno de ellos.4 Durante décadas el sector privado tuvo acceso privilegiado a quienes estuvieran en el gobierno, independientemente del partido que estuviera en el poder; pero los empresarios también evitaban entrometerse de manera muy visible en el día a día o en la parte operativa de la política, posiblemente para proyectar un aire de independencia y ecuanimidad. Esto cambió con la llegada de AMLO y Morena. Personalidades de la industria, la banca, el comercio y los medios de comunicación salieron del clóset político para enfrentarse con la 4T. Empresarios e intelectuales públicos apoyaron a Va por México, al igual que académicos y personalidades de los medios. Más de 400 de ellos firmaron el “Manifiesto por la República, la Democracia y las Libertades”, carta abierta publicada en la prensa nacional una semana antes de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021.5 Personas con una trayectoria destacada sin duda firmaron esa carta por una preocupación ge- 3 Véase ídem.; Darío Celis, “El contragolpe de Sí por México”, en El Financiero, 20 de agosto de 2021, y Emmanuel Carrillo, “Gestión de AMLO es nociva; impulsaremos su destitución en 2022: De Hoyos”, en Forbes, 29 de junio de 2021. 4 El Financiero, “Sí por México anuncia coalición para 2024; el objetivo es ‘echar’ a Morena”, 20 de octubre de 2021. 5 Véase Aristegui Noticias, “Llaman intelectuales a voto estratégico contra Morena para ‘rectificar el rumbo’”, 31 de mayo de 2021; hay versión facsimilar en Latinus, “Más de 400 intelectuales llaman a votar en contra de Morena el 6 de junio”, 31 de mayo de 2021. La hegemonía aUsente... 261 nuina por el derrotero que había tomado el país. Vale la pena examinarla, no porque fuera un documento particularmente memorable o porque tuviera un impacto en las preferencias de voto. No fue memorable y probablemente tampoco incidió en el resultado de las elecciones. Pero el documento recibió amplia cobertura mediática por parte de medios de comunicación privados y sintetiza muchas de las críticas a AMLO y su gobierno por parte de la comentocracia. Elecciones de 2021 y el Manifiesto por la República La postura política de los firmantes de esta carta denominada Manifiesto era clara: López Obrador había conducido al país en la dirección equivocada y había que hacer algo para detenerlo. Su narrativa se construyó sobre afirmaciones que funcionaron como su propia evidencia. Esto no es inusual; la mayoría de las declaraciones políticas proceden de esta manera. Quienes suscribieron el documento acusaron al gobierno de autoritario y populista mientras replicaban, como la imagen en un espejo, el estilo de confrontación que criticaban como parte del supuesto populismo de AMLO. El primer párrafo señala: México se debate entre la democracia y el autoritarismo, entre las libertades y el abuso de poder, entre el conocimiento y la demagogia, entre la responsabilidad y el capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la presidencia autocrática, entre el camino de las instituciones y el arbitrio de una sola voluntad. La carta se nutre de un conjunto de oposiciones binarias, como democracia vs. autoritarismo y conocimiento vs. demagogia… que dan origen a dos sistemas de equivalencias que delimitan polos identitarios en el campo político. La primera describe cómo los firmantes veían a AMLO y su gobierno (autoritario, caprichoso, centralista), y la segunda cómo se veían a sí mismos (demócratas, responsables, federalistas). Se con- 262 benjamín arditi traponen en términos binarios para dividir el espacio político en dos campos: el de un gobierno visto por los firmantes como peligroso para la democracia y las instituciones, y el de una oposición que decía defender la democracia y las instituciones. Enfrentan una positividad con una negatividad, a la gente buena de la oposición contra el mal gobierno de AMLO. Esto se asemeja a la manera en que la literatura concibe a dos de los rasgos definicionales del populismo: la división del espacio del conflicto en dos campos y un calificativo moral para distinguir a la gente buena de las élites malas. ¿Éste sería un indicador del populismo de los opositores a AMLO? No necesariamente, comenzando por el hecho de que el Manifiesto invierte quiénes son unos y otros: las élites malas eran la gente común de Morena en el gobierno, mientras que la heterogénea oposición de gremios empresariales, partidos de oposición, medios de comunicación y académicos eran el pueblo bueno. AMLO no era ajeno al lenguaje divisivo y de confrontación desde la época en que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se enfrentó con medios de prensa, comentaristas, autoridades electorales y a la oposición. Esta última utilizó sus discursos como prueba de su instinto autoritario y desprecio por las instituciones democráticas. Los exabruptos y el discurso polarizador de AMLO eran a menudo irritantes e innecesarios, pero no lo convertían en un Daniel Ortega o un Vladimir Putin. No hubo censura de la prensa, encarcelamiento de periodistas, represión de mítines opositores u hostigamiento, prisión o exilio de opositores que adquirían figuración pública. No se puede decir lo mismo de alguien como el ex presidente Vicente Fox del PAN, quien persiguió abiertamente a López Obrador en 2004-2005 mediante una chicanería jurídica para frustrar su primera candidatura presidencial. Lo hizo a pesar de la fragilidad jurídica de su iniciativa y sólo desistió cuando se dio cuenta del costo político que esa persecución tenía para él y sus aliados. Esto atentó contra el Estado de derecho y la idea de un campo de juego político medianamente parejo: Fox La hegemonía aUsente... 263 usó la fuerza del Poder Ejecutivo para detener el crecimiento de un adversario en las preferencias electorales. En cuanto a las instituciones, Jorge Zepeda Patterson escribe que AMLO trató de imponer, romper o neutralizar a otros poderes para ampliar el margen de maniobra del Ejecutivo y facilitar la implementación de sus proyectos políticos. Ésta es una crítica justa y da cierto apoyo a la narrativa de los críticos del presidente. Pero Zepeda también nos recuerda que sus predecesores del PRI y el PAN hicieron lo mismo. La diferencia entre AMLO y los demás es que aquél quería fortalecer el Ejecutivo de una manera más abierta y menos apegada a las formas indirectas de la política mexicana.6 Los presidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), dice Zepeda, intentaron colocar a sus fieles en el consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), y Peña Nieto logró que el Congreso nombrara a uno de los miembros de su gabinete, Eduardo Medina Mora, como Magistrado de la Corte Suprema. AMLO podrá hablar fuerte y de manera directa, pero acató los fallos judiciales, como cuando el tribunal electoral rechazó a sus candidatos a gobernadores en los estados de Guerrero y Michoacán. La aceptación de los mandatos judiciales hace más difícil acusar a AMLO de tener la actitud arrogante hacia el Estado de derecho y el debido proceso que se supone son rasgos que caracterizan a los autoritarios y los populistas. El gobierno mostró su voluntad de realizar elecciones libres y competitivas, pues López Obrador podrá haber querido doblarles la mano a otros poderes, pero su comportamiento no encaja bien con su caracterización como líder autocrático que llevaba al país hacia una dictadura. Jorge Zepeda, “AMLO, el demócrata camuflado”, en Milenio, 29 de abril de 2021, recuperado de <https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/amlo-el-democrata-camuflado?fbclid=IwAR0ZCQlPPsfqnsGbTqOB3RT1rNdvUtkFqD-mVBZcYa5t33lOFbA_1NqK7_Y>. 6 264 benjamín arditi Oposición sin renovación y cuestionamientos sin propuestas Mencioné que los firmantes del Manifiesto querían un cambio de rumbo en el país, lo que equivale a pedir a los votantes que hicieran lo correcto por el bien de México. No hay nada cuestionable en esto. Es algo cotidiano en las democracias y no hay duda de que es una demanda legítima dada la pluralidad de perspectivas que hay acerca de qué es lo correcto. ¿Qué pensaban los firmantes que era lo correcto en 2021? Fueron claros en esto: “se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo”. Era además un objetivo puntuado por un sentido de urgencia: “Hoy el voto libre todavía puede determinar el resultado, pero si se desperdicia la oportunidad de este proceso quizá ya no será lo mismo en la siguiente elección”. Hacer lo correcto, entonces, significaba ganarle a Morena en las elecciones de 2021, sea porque había llevado al país en la dirección equivocada o porque temían que AMLO pondría fin al régimen de 1997 que tanto costó construir. Es un régimen caracterizado por la independencia de las autoridades electorales y con procesos electorales libres y competitivos como único mecanismo legítimo para cambiar a un gobierno. Había más que una pizca de alarmismo en esto, pero aun así la expresión de pasiones políticas es algo habitual en las democracias electorales. Para lograr su objetivo, le pidieron a la gente: “Voten con sentido estratégico y opten por las candidaturas más competitivas, de tal manera que no se diluya la votación opositora”. Tomada al pie de la letra, esta es una tesis principista: una democracia saludable necesita una oposición fuerte para poner límites al gobierno si se cree que este último se ha desviado de las buenas prácticas. Agregar que “si se desperdicia la oportunidad de este proceso quizá ya no será lo mismo en la siguiente elección” refleja la preocupación de que las cosas podían deteriorarse hasta el punto de poner en peligro una alternancia La hegemonía aUsente... 265 pacífica. Pero pedirle a la gente que no diluya el voto de los partidos de oposición para así derrotar a AMLO y Morena en las urnas no fue una celebración del pensamiento y la práctica política de una democracia liberal. La votación estratégica en junio de 2021 implicaba votar por candidatos de la coalición formada por PRI, PAN, PRD, por candidatos de Movimiento Ciudadano, o por cualquiera de los candidatos de estos partidos por separado. Los firmantes del documento pidieron a la ciudadanía que confiaran en partidos que estaban manchados por años de fechorías y por la impunidad en sus muchos matices. Le dijeron a la gente que apostara por una oposición partidista fuerte, independientemente de la historia que traían a cuesta sus partidos y al margen de lo que proponían y representaban. La consigna era ganarle a Morena, no ofrecer una alternativa para los pobres, los indígenas, las mujeres y los vulnerables, todos ellos víctimas de los gobiernos liderados por los mismos partidos por los que los firmantes pedían votar. Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas es un ejemplo del tipo de político (y de partido) auspiciados por los firmantes. En 2021 era presidente del PRI y antes ocupó cargos como diputado federal y gobernador de Campeche, su estado natal. Poco después de que asumió la Presidencia del PRI en 2019, el periódico Reforma reveló que entre 2015 y 2017 el entonces gobernador Moreno Cárdenas construyó una mansión de 1 900 metros cuadrados avaluada en 43 millones de pesos (2.45 millones de dólares a la tasa de cambio promedio de la época), a pesar de haber declarado que sólo percibía cerca de cinco millones de pesos anuales (poco más de 250 000 de dólares) entre su sueldo como gobernador y sus ingresos por actividades empresariales.7 Otra nota de Reforma reportaba que el presidente del PRI adquirió 15 inmuebles adicionales en Campeche, todos ellos pagados en efectivo sin declarar el origen de los fondos. Su valor combinado ascendía a cerca de 100 millones de pesos, 7 Horacio Jiménez, “PAN alerta ante la en El Universal, 29 de marzo de 2019. OEA posible reelección de AMLO”, 266 benjamín arditi pero el dirigente del PRI maquilló su valor en su declaración patrimonial diciendo que valían 6.5 millones de pesos.8 La probabilidad de que estos inmuebles hayan sido adquiridos como resultado de actos de corrupción se vuelve más probable dado que no hay rastros del destino de 3 851 millones de pesos de recursos federales transferidos a Campeche cuando Moreno Cárdenas era gobernador. Hay pistas que permiten conectarle, al menos circunstancialmente, con los fondos que desaparecieron durante su gestión. Una investigación hecha por Animal Político revela que durante el periodo 2004-2015, el monto de recursos públicos mal manejados por el gobierno de Campeche, o cuyo destino fue poco claro, ascendía a 70 millones de pesos al año. Ese monto no parece muy significativo como gastos difíciles de comprobar. Pero en 2016, durante el primer año de Moreno Cárdenas como gobernador, los gastos no comprobados se incrementaron en 400 %, pasando de 70 millones a casi 300 millones de pesos, y en 2018 a 3 430 millones de pesos. Luego de que pidió licencia en 2019 para competir por la presidencia del PRI, las irregularidades descendieron a un monto muy inferior: 45 millones de pesos al año.9 Es posible que haya una explicación inocente, como, por ejemplo, que el dinero faltante sólo reflejaba la incompetencia administrativa de Moreno Cárdenas como gobernador o que se debiera a la corrupción de subalternos. Pero no se puede pasar por alto que el crecimiento de las irregularidades en las finanzas públicas de Campeche coincide con el enriquecimiento del presidente del PRI. Tampoco se puede pasar por alto que Moreno Cárdenas se vio involucrado en un escándalo por grabaciones comprometedoras, filtradas de manera anónima, a la gobernadora de 8 Claudia Guerrero, “Disfraza ‘Alito’ valor de bienes”, en Reforma, 23 de septiembre 2019. 9 Zedryk Raziel y Arturo Ángel, “En Campeche, gobierno de Alejandro Moreno gastó 3 mil 800 mdp sin comprobar su destino; Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Fiscalía General de la República (FGR) indagan boquete”, en Animal Político, 2 de junio de 2022. La hegemonía aUsente... 267 Campeche en 2022. En una de ellas el titular del PRI declaraba que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”.10 La inferencia de todo esto es que la conducción política del PRI durante el gobierno de AMLO era un peligro para México. El electorado pareció reconocerlo dado el desastroso desempeño del PRI desde que Moreno Cárdenas tomó las riendas de su partido: perdió elecciones en 10 estados del país,11 y en 2023 ese número subió a 11 cuando el PRI perdió por primera vez en la historia la gobernatura del Estado México, quedándose sin una implantación nacional que sirviera como viento de cola para impulsar al partido en elecciones federales. Uno pensaría que el propio PRI intentaría cambiar a su presidente; que el PAN y el PRD, sus socios políticos en Va por México, tomarían distancia de él para evitar quedar salpicados por las acusaciones de corrupción contra el líder del PRI; que los empresarios De Hoyos y González, los mentores de la coalición, estarían escandalizados de apoyar a un personaje tan corrupto o se darían cuenta de que el retorno de su inversión era demasiado bajo para justificar la continuidad de su apoyo al PRI; o que los firmantes del Manifiesto reconsiderarían su postura de pedir a la ciudadanía “que no se diluya la votación opositora”. Pero nada de esto ocurrió. La dirigencia del PRI respaldó a Moreno Cárdenas, y sus aliados le brindaron cobertura política. Meses después votaron para que siguiera siendo el presidente del partido hasta 2024. Jesús Zambrano, el titular del PRD, minimizó el contenido de esas grabaciones y la acumulación de investigaciones por enriquecimiento ilícito de su socio político. Declaró que las gra- 10 Francisco Manetto, “‘A los periodistas hay que matarlos de hambre’: el ‘audiogate’ del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) complica los planes de la oposición”, en El País, 25 de mayo de 2022. 11 Yared de la Rosa, “En 4 años, Morena arrebató 21 estados al Partido Acción Nacional (PAN), PRI y Partido de la Revolución Democrática (PRD); gobernará a 56 % de los electores”, en Forbes, 6 de junio de 2022. 268 benjamín arditi baciones fueron filtradas a la prensa por “personas sin ética política ni moral”.12 Zambrano hacía un acto de contorsionismo político: exoneraba a Moreno Cárdenas de la responsabilidad de demostrar su inocencia y desplazaba el problema ético y moral de “Alito” Moreno hacia quienes hicieron pública la información. Marko Cortés, presidente del PAN, hizo lo mismo al afirmar que “espiar y difundir grabaciones para presionar y amedrentar son actos propios de una dictadura”, para luego agregar que “exigimos que pare ya la persecución política que busca doblar a la oposición”.13 Al igual que Zambrano, para el presidente del PAN el problema no era la corrupción o las declaraciones escandalosas de su socio político de matar de hambre a los periodistas para que dejen de incomodarles. El problema para uno y otro era que esa información se hizo pública, con lo que estos dirigentes confundieron la ética con la conveniencia política. La postura de Marko Cortés en este caso es particularmente escandalosa. En 2022 calificó la filtración de grabaciones que involucraban a su aliado Moreno Cárdenas como una “persecución política”. Pero un año antes celebró que se hicieran públicos videos donde se veía a dos hermanos del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo cuyo origen y destino era turbio o por lo menos no lo suficientemente claro. En esa ocasión el líder del PAN no dijo que “espiar y difundir grabaciones” constituyen “actos propios de una dictadura”. Al contrario, declaró que “entre aportaciones al movimiento y préstamos, López Obrador justifica la corrupción entre él y sus más cercanos. Es muy grave la corrupción y el cinismo con el que miente este gobierno”.14 En otras palabras, la dirigencia de los tres partidos de la coalición Va por México adoptó un doble rasero: 12 Víctor Chávez, “‘Va por México’ no se raja: PAN y PRD cierran filas con ‘Alito’ tras filtración de audios”, en El Financiero, 2 de junio de 2022. 13 Idem. 14 Karla Guerrero, “Video de hermano de López Obrador, acto cínico: PAN”, en Milenio, 9 de julio de 2021. La hegemonía aUsente... 269 interpretó las acusaciones de corrupción de gente cercana al gobierno como verdaderas a priori y las revelaciones sobre ilícitos cometidos por su tercer integrante no como un problema de corrupción, mentira, cinismo o falta de ética política, sino como ataques para debilitar a la oposición. El poder por encima de los valores democráticos Esto deja al descubierto la incapacidad y el desinterés de los partidos de Va por México para entender que su supervivencia política no dependía sólo de juntar sus respectivas fuerzas en una coalición. También tenían que cambiar su modo de ver y hacer política, y seleccionar más cuidadosamente a quienes ocupaban puestos en la dirigencia de sus formaciones políticas. Por eso hay que preguntarse si el respaldo de los firmantes del Manifiesto a una oposición que se resistía a cambiar era una propuesta de principios para defender la democracia y las instituciones. Apoyar a un partido o a una coalición sin importar consideraciones normativas suponía un acto de fe en nombre de una visión formalista de la política como mero juego de victorias y derrotas donde el adversario es ya de por sí malo por el hecho de ser adversario. Si hubo una postura normativa entre los firmantes del Manifiesto fue la proposición puramente negativa de que cualquier cosa era mejor que Morena. Lo que el Manifiesto le pedía al electorado no era reivindicar valores democráticos liberales sino embarcarse en un ejercicio de política basado en la lógica del poder; ponía a su consideración la derrota del gobierno y no una manera de entender la gestión de la cosa pública en favor de las mayorías. Máxime que quienes pedían el voto estratégico admitían que muchas cosas estaban mal antes de la presidencia de López Obrador. Lo dicen en su Manifiesto: “No se trata de regresar a la indeseable situación previa a la presente administración en la que hubo abusos, corrupción y frivolidad”. Pensaron que un pasado tan censurable era malo, pero preferible a lo que 270 benjamín arditi vino con AMLO. Sus firmantes optaron por ignorar que el PRI y el PAN, las opciones que veían como mejor posicionadas para derrotar a Morena, habían sido los partidos gobernantes en las administraciones caracterizadas por “abusos, corrupción y frivolidad” y por lo tanto directamente responsables de “la indeseable situación previa a la presente administración”. El caso de Moreno Cárdenas es emblemático de un partido que se resistía a dejar atrás “la indeseable situación previa” mientras se autoerigía en paladín del Estado de derecho y los valores democráticos. El respaldo que recibió de sus aliados del PAN y el PRD indica que ellos tampoco estaban preparados para dejar atrás la “indeseable situación previa”. El apoyo de los empresarios González y De Hoyos a Va por México revela su indiferencia por quienes formaron parte de esa coalición con tal de que ella sacara a Morena del gobierno. No entendían que no entendían lo que debían hacer para darle una opción real a los votantes. Los redactores y firmantes del Manifiesto tampoco entendían que si querían el apoyo del electorado debían ofrecer algo más que declaraciones públicas diciendo que las cosas iban a mejorar con una victoria de Va por México. Simplemente pidieron a los mexicanos que confiaran en ellos y aceptaran que Morena estaba llevando al país en una dirección catastrófica. Lo hicieron sin presentar evidencia alguna para sustentar estas afirmaciones. Esto también se aprecia en artículos acerca del impacto de la reforma del organismo electoral INE propuesta por el gobierno en 2022. La oposición la interpretó como un intento por desmantelar la democracia. Alejo Sánchez Cano lo dijo en su columna para El Financiero, sin advertir a los lectores que era un escrito especulativo y partisano, no un análisis político. Según Sánchez Cano, “ya sentado en la silla presidencial, se despliegan cotidianamente todas las capacidades del grupo en el poder para establecer un nuevo modelo político orientado hacia la dictadura”. Para el columnista, la dictadura no era una opción que podía ocurrir o no en un futuro cercano, La hegemonía aUsente... 271 pues comenzó a desarrollarse desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018. El proyecto de ley de reforma electoral, conocido popularmente como “Plan B” puede haber sido deficiente y hasta peligroso para el buen funcionamiento del INE (fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia); pero en vez de indicar los artículos problemáticos, el columnista optó por afirmar su peligrosidad sin argumentar por qué. López Cano también denunció, como otros columnistas, la contratación de médicos cubanos para trabajar en zonas rurales. Dijo que si Morena perdía las elecciones en 2024 y movilizaba a sus seguidores para mantenerse en el poder por la fuerza, veríamos a los supuestos médicos cubanos que operarán en las zonas rurales para preparar a la gente en caso incluso con armas, si hay que defender la causa. Las brigadas de adoctrinamiento cubanas representan la punta de lanza de un proyecto político que jamás entregará el poder por la vía pacífica.15 El autor de la nota no deja la menor duda de que esos médicos eran parte de un plan para indoctrinar a la población y que el gobierno de AMLO no tenía intención de entregar el poder (“jamás entregará el poder por la vía pacífica”). No mencionó fuentes o siquiera argumentos capaces de sustentar su afirmación. Le presentaba a sus lectores una versión más burda de lo que planteaban los firmantes del Manifiesto. En uno y otro caso se trataba de derrotar al gobierno sin importar cuáles eran las fuerzas políticas encargadas de hacerlo o qué había que ofrecerle a la sociedad para lograrlo. 15 Alejo Sánchez, “Primero muerto que perder el poder”, en El Financiero, 26 de mayo de 2022, recuperado de <https://www.elfinanciero.com. mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2022/05/26/primero-muerto-que-perder -el-poder/>. 272 benjamín arditi La vocación hegemónica ausente I: la oposición se traslada a los medios No cabe duda, pues, que la oposición cuestionó y denunció al gobierno de López Obrador de manera sostenida y en todos los foros que pudo. Sus intervenciones públicas están llenas de descalificaciones y de rechazos a lo que hacía el gobierno, con razón o sin ella, afirmando que el país iba rumbo a un régimen autoritario, que las grandes obras de infraestructura del gobierno (el Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico) tendrían efectos negativos para el medio ambiente, la economía y el empleo, y que la política económica había reducido drásticamente la inversión privada en el país. La evidencia no estaba ni está de su lado, pero ése es tema para otro escrito. Había una cierta esquizofrenia en el comportamiento de los opositores. Atacaban retóricamente, pero durante los primeros tres años del gobierno de la 4T, el Movimiento Ciudadano apoyó 91 % de las iniciativas legislativas de Morena, el pequeño PRD, 82 %, y el PRI y poco más de 75 % cada uno, lo que permitió la aprobación de cinco reformas constitucionales y 23 leyes.16 En 2022 lograron frenar la reforma eléctrica del Ejecutivo sin proponer una agenda legislativa propia al respecto. Sin propuestas es difícil capturar la imaginación de la gente o demostrar una inclinación por un proyecto hegemónico que a todas luces estaba ausente en su quehacer. La oposición tampoco realizó actos de masas durante los primeros años del gobierno de Morena. En 2020, el ultraderechista Frenaa hizo un plantón de varias semanas con tiendas de campaña semivacías en el zócalo de Ciudad de México. Los partidos de oposición realizaron una decena de marchas, las más significativas en noviembre 16 Claudia Téllez y Rita Cerón, “Morena y la oposición facilitaron a AMLO el primer tramo de su gobierno”, Instituto Mexicano de la Radio (IMER), 24 de mayo de 2021. La hegemonía aUsente... 273 de 2022 y en febrero de 2023, en protesta por lo que describían como un ataque del gobierno al Instituto Nacional Electoral y a la democracia. Pero no hubo más. Sin agenda legislativa o acciones en las calles, la visibilidad de la oposición se desplazó a los medios de comunicación privados, que le sirvieron de megáfono para atacar al gobierno. Si hubo un intento por desarrollar algo que se asemeje a una práctica hegemónica, ello ocurrió a través de los medios. Paso ahora a examinar esto. Una manera de ver el papel de oposición de los medios es el uso de encabezados engañosos que a menudo es lo que lectores y televidentes retienen en su memoria. Mis ejemplos son un artículo de Héctor Molina en El Economista, “Huachicol deja quebranto a Petróleos Mexicanos (Pemex) por más de 1 622 millones de pesos”,17 y otro de José Luis Caballero, también en El Economista, “Robo de gasolinas, en el nivel más alto desde 2019”. Sugieren que la administración de AMLO fracasó en su esfuerzo por acabar con el huachicol o robo de combustibles que genera enormes pérdidas para la petrolera estatal Pemex. Pero al leer la nota de Molina se ve que el robo de combustible pasó de 2 068 pesos en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, a 175 millones de pesos en 2021.18 Eso indica que en el periodo 2019-2021, el valor monetario de las pérdidas por robo de combustibles disminuyó en un 95 %, algo que no se percibe leyendo el titular de la nota. El artículo de Caballero es engañoso por otro motivo. Tomó como fecha base marzo de 2019, esto es, el primer trimestre de la administración de López Obrador y dos meses después que comenzó la operación contra el huachicol. El robo bajó a 8 mil barriles diarios para luego estabilizarse en unos 4 200 al día y subir de nuevo a 6 700 en abril de 2022. Hubo un aumento del robo entre 2019 y 2022, sin duda, pero la gráfica incluida en el artículo indica que el monto robado pasó de 72 mil barriles diarios en 17 Héctor Molina, “Huachicol deja quebranto a Pemex por más de 1 622 millones de pesos”, en El Economista, 14 de septiembre de 2021. 18 Idem. 274 benjamín arditi el último año de Peña Nieto a los ya mencionados 6 700 diarios en 2022, con el punto más bajo, siendo julio de 2020 con 3 400 barriles diarios.19 En otras palabras, el robo se redujo. Los encabezados usados por El Economista son lo suficientemente engañosos para plantear que los secretarios de redacción del periódico confundían la cobertura informativa con el proselitismo. También está el caso de Javier Alatorre, conocido presentador de TV Azteca. La oposición acusó al jefe epidemiológico del gobierno, el doctor Hugo López Gatell, de tener una política sanitaria destinada al fracaso. Alatorre, en un estilo que recuerda al de Fox News en Estados Unidos, le dijo a la audiencia en medio de la pandemia del COVID-19 que no le creyera al gobierno: “Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.20 Esto no era simplemente un caso de fake news por parte del conductor de un noticiario. Era una conducta delictiva que ponía en riesgo la salud y la vida de las personas. Esto no podría haber ocurrido sin la luz verde del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, el cuarto hombre más rico de México, quien también es dueño de la red nacional de tiendas de electrodomésticos Elektra, a través de la cual mexicanos que trabajan en el extranjero suelen enviar remesas en efectivo a sus familias. AMLO restó importancia al comentario de Alatorre. Tal vez lo hizo para evitar una escalada de las tensiones con el Salinas Pliego, quien mantenía un litigio con el gobierno por impuestos que se negaba a pagar desde 2006. Andando el tiempo perdió el caso y tuvo que devolver 2 600 mi- 19 José Luis Caballero, “Robo de gasolinas, en el nivel más alto desde 2019”, en El Economista, 24 de mayo de 2022. 20 Reporte Indigo, “Javier Alatorre pide no hacerle caso a López-Gatell; Internautas reaccionan”, 18 de abril de 2020. La hegemonía aUsente... 275 llones de pesos, o cerca de 128 millones de dólares.21 El monto real ascendía a 2 772 millones de pesos, que pagó finalmente en octubre de 2022, pero según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe otros 31 385 millones de pesos. Como dice Matheu Tourliere: De ese monto, 26 mil 980 millones de pesos derivan de créditos fiscales determinados en una maniobra contable que Grupo Elektra realizó en 2010 en el desmantelamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación: el grupo adquirió por 600 millones de pesos unas sociedades de papel escindidas de Mexicana de Aviación —causando un desfalco multimillonario para los trabajadores— y las utilizó para descontarse más de 28 mil millones de pesos de impuestos entre 2010 y 2013.22 Es posible que el ataque de Alatorre contra López Gatell fuera parte de una maniobra de Salinas Pliego para presionar a López Obrador debido a su pleito con el SAT. El propósito sería evitar el pago de impuestos que le debía al gobierno por una maniobra contable que, como dice Tourliere, se arrastraba desde hace casi 15 años y dejó aún más desprotegidos a los trabajadores que habían quedado desempleados luego de la quiebra de Mexicana de Aviación. Salinas Pliego tenía intereses financieros y políticos para atacar al gobierno de AMLO. Durante el gobierno de López Obrador, la gerencia y los propietarios de medios describieron sus críticas del gobierno como un ejercicio de la libertad de expresión o como el cumplimiento de su rol como contralores de los funcionarios electos. Pero cuando se trataba de AMLO, muchos columnistas, presumiblemente siguiendo su conciencia o la línea editorial dictada por los propietarios (o por lo menos con la anuencia de éstos) confundieron su responsabilidad como comunicadores con sus pre- 21 Alfonso López, “Salinas Pliego ha gastado años en los tribunales para evitar el pago de impuestos”, en Sinembargo.mx, 23 de enero de 2022. 22 Mathieu Tourliere, “Salinas Pliego paga al SAT 2 mil 772 millones de pesos, pero aún debe 31 mil millones”, en Proceso, 21 de octubre de 2022. 276 benjamín arditi ferencias políticas. En El Financiero, columnistas como López Cano, Pablo Hiriart, Macario Schettino, Raymundo Riva Palacio, Leonardo Kourchenko, Luis Pazos y otros presentaban sus opiniones como si fueran hechos. Acusaron a AMLO de fomentar la lucha de clases, convertir a México en una nueva Venezuela, ser un administrador incompetente e imponer políticas públicas desastrosas por no brindar un paquete de ayuda a las medianas y grandes empresas durante la pandemia, generalmente sin aportar pruebas. Hiriart es uno de los exponentes más notorios de la narrativa de que AMLO llevaba al país hacia el socialismo y el desastre. El columnista se benefició del patrocinio de gobiernos anteriores a cambio de sus servicios. Recibió 1.4 millones de dólares por servicios de publicidad y comunicación del gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018.23 Hiriart cuestionó la prioridad que el gobierno dio a los trabajadores por cuenta propia al inicio de la pandemia, calificándola como un ejemplo de cómo AMLO impulsaba la lucha de clases y el “socialismo marxista, no democrático”. Agregó: “Ante el fracaso de su presidencia López Obrador ha emprendido una huida hacia el socialismo”, una afirmación que luego remató diciendo que “barbaridad tras barbaridad, el gobierno federal pavimenta el camino hacia el estatismo socialista”.24 Otro columnista de El Financiero, Kourchenko, también advirtió sobre una maniobra comunista orquestada por el gobierno. Cuestionó la contratación de médicos cubanos durante la pandemia para atender a gente en lugares remotos. Dijo que eran caballos de Troya plantados por el gobierno cubano para dar cobertura a operadores políticos comunistas que buscaban construir comités revolucionarios de base; repitió la Expansión, “36 periodistas recibieron 1 081 mdp con Peña, según lista del gobierno de AMLO”, 23 de mayo de 2019. 24 Pablo Hiriart, “El gobierno enfila hacia el socialismo”, en El Financiero, 19 de mayo de 2020. 23 La hegemonía aUsente... 277 misma acusación en 2022.25 Luis Pazos se refirió al gobierno con igual desparpajo y ausencia de evidencia al decir que la corrupción la justifican, piensan que quedarse con el dinero recaudado de los impuestos o de empresas estatales, les corresponde para repartir riqueza entre el pueblo. Mediante la monopolización de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la importación y distribución de medicinas, entre otras acciones, sus servidores consolidan lo que llaman “dictadura del proletariado”.26 El fantasma del comunismo revivía varias décadas después del final de la Guerra fría. Un caso aparte es el de Carlos Alazraki, un acaudalado publicista que escribía la columna “Las cartas de Alazraki” en El Universal hasta que dicha columna fue cancelada en enero de 2023. Una manera amable de describir a Alazraki es llamarlo provocador, como hace Hernán Gómez Bruera.27 Una descripción más apegada a los hechos es llamarle “perro de ataque”, una función que El Universal solía reservar para otro periodista, Ricardo Alemán. Este último fue despedido de El Universal, Milenio y otros medios luego de retuitear un mensaje desafiando a los seguidores de Morena para que alguno de ellos emulara el gesto del fan que mató a John Lennon haciendo lo mismo con AMLO.28 Alazraki tomó la estafeta de Alemán. 25 Véase Leonardo Kourchenko, “¡Lo lograron! Médicos cubanos en México”, en El Financiero, 9 de junio de 2020; y su otro artículo “¡Y dale con el petate de los médicos cubanos!”, en El Financiero, 10 de mayo de 2022. 26 Luis Pazos, “AMLO contra AMLO”, en El Financiero, 6 de julio de 2022, recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-pazos/2022 /07/06/amlo-contra-amlo/>. 27 Hernán Gómez, “La ridícula defensa de Alazraki”, en El Universal, 3 de julio de 2023, recuperado de <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ hernan-gomez-bruera/la-ridicula-defensa-de-alazraki/>. 28 Sinembargo.mx, “Televisa y Canal Once despiden a Ricardo Alemán por retuitear mensaje que pide matar a AMLO”, en Sinembargo.mx, 6 de mayo de 2018, recuperado de <https://www.sinembargo.mx/06-05-2018 /3415708>; Expansión, “Un tuit de Ricardo Alemán encendió las redes sociales”, en Expansión, 6 de mayo de 2018, <https://politica.expansion. 278 benjamín arditi Ni uno ni otro es relevante por su lógica argumentativa, algo inexistente en sus artículos, sino porque ilustran la desvergüenza. Tomo esta expresión de Ruth Wodak, quien la asocia con un giro discursivo en la política contemporánea, especialmente en las derechas europeas (sus ejemplos son Hungría y Polonia, y su caso de estudio Austria), y que es parte del empobrecimiento del debate público al convertir los ataques ad hominem en algo aceptable y cotidiano.29 Alazraki es un arquetipo de este giro en México. Lo cito de manera extensa para que se pueda apreciar el nivel de su prosa y la ausencia de argumentos: Las basuras de los diputados de la bancada de los Morenarcos aquí en la ciudad de México, liderados por nuestra excelsa regenta, piensan hacer en estos días, un madruguete en el Congreso para modificar los atributos del Instituto Electoral de la Ciudad de México [...]. Y al ser mayoría, estas basuras van a lograr modificar la ley para quitarle autonomía y recursos. Son ineptos, mentirosos, chantajistas, muy corruptos, engañabobos, populistas, y destructores de la democracia. Tu presidentito prefiere apoyar a las dictaduras que a sus socios demócratas. Chalasquitas: ¿te queda claro que el PRI y el PAN gobiernan mejor que los Morenarcos?30 Y les explico por qué son una basura asquerosa: porque ustedes aprobaron quitar el apoyo que el gobierno otorgaba a los jóvenes cineastas que salían de las diferentes carreras de cine para producir sus primeros largometrajes. mx/presidencia/2018/05/06/un-tuit-de-ricardo-aleman-encendio-las-redes-sociales>. 29 Ruth Wodak, “Entering the ‘post-shame era’: the rise of illiberal democracy, populism and neo-authoritarianism in Europe”, en Global Discourse, vol. 9, núm. 1, 2019, pp. 195-213. 30 Carlos Alazraki, “Carta dirigida al Chalaskas Gómez (La 4T te goleó)”, en El Universal, 26 de mayo de 2022. La hegemonía aUsente... 279 Por mediocres, ignorantes, borregos, mentirosos, ratas, vengativos y resentidos. Basuras de diputados Morenarcos: acaban de hundir el futuro de muchos futuros cineastas. Espero les dé mucha alegría. Malditas basuras de cuarta.31 Su lenguaje está plagado de descalificaciones, insultos y ataques personales, con un uso discrecional de palabras en mayúsculas para indicar una subida del tono de voz. El articulista grita cuando le dice al gobierno “basuras de cuarta”. Tilda al gobierno y a AMLO de basura asquerosa, ratas, resentidos, corruptos, Morenarcos (que condensa la referencia a integrantes del partido Morena y a narcotraficantes), presidentito, mediocres, ignorantes, mentirosos, y por supuesto, no podía faltar el calificativo de populistas. Este lenguaje es doblemente preocupante porque estuvo acompañado de una carga de odio avalada o al menos tolerada por uno de los dos periódicos más leídos del país. Los intelectuales públicos, políticos y empresarios que sostuvieron la tesis de que AMLO usa un lenguaje divisivo justificaron la agresiva violencia discursiva de columnistas como Alazraki con su silencio o invocando la libertad de expresión. Luego de saberse que la columna de Alazraki fue cancelada, Hiriart de El Financiaro le dedicó un artículo con el epígrafe “Con un solidario y afectuoso abrazo para Carlos Alazraky” [sic], avalando así un discurso de odio hacia la 4T.32 El lenguaje de Alazraki ilustra una de las aristas del esfuerzo de los medios por pintar al gobierno como una desgracia para la democracia y la institucionalidad del país y así crear una opinión pública contraria a la 4T. Sus artículos son la cara visible de la violencia discursiva contra el gobierno. La prosa de Hiriart, Kourchenko o Pazos ilustra la decisión de dueños y 31 Carlos Alzraki, “Carta dirigida a los diputados de Morenarco. (Son unas basuras)”, en El Universal, 16 de junio de 2022. 32 Pablo Hiriart, “Convocan a realizar ‘la hazaña por México’”, en El Financiero, 30 de enero de 2023. 280 benjamín arditi editores de medios privados de no exigir a sus columnistas que presenten evidencias para respaldar sus ataques al gobierno. Esto da sustento a mi hipótesis de la transformación del sentido común y de que, si la hubo, la construcción de una contrahegemonía durante el gobierno de López Obrador pasó del terreno político electoral a los medios de comunicación privados. Fue tal la cantidad de notas con afirmaciones sustentadas sólo en la facticidad de su enunciación que muchos escritores y locutores emulaban lo que decía Humpty Dumpty, personaje de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll: “Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos”. Así Hiriart, quien paradójicamente titula su columna “Uso de Razón”, podía decir lo que quisiera sin preocuparse por respaldar sus juicios. Por ejemplo, afirma lo siguiente: Todas las iniciativas importantes y polémicas del gobierno federal, desde que inició, están encaminadas al establecimiento de una dictadura […]. Hasta ahora no han podido por la decencia de jueces, magistrados, legisladores, algunos medios de comunicación y el despertar de la sociedad. También por su ineptitud.33 Estas líneas describen lo que ocurre en México como si se refirieran a Irán, Rusia o Nicaragua. También afirmó, de nuevo sin aportar pruebas, que el gobierno de López Obrador estaba apoyado por los narcos: Si algún gobierno ha protegido al Cártel del Pacífico, es decir al del Chapo Guzmán y socios, es el actual […]. Ese cártel intervino en las elecciones de 2021 en favor del partido gobernante en México. Lograron gobernadores morenistas en casi toda la franja del Pacífico, desde el Suchiate hasta la garita de San Isidro.34 33 Pablo Hiriart, “Nos acecha la dictadura”, en El Financiero, 13 de febrero de 2023. 34 Pablo Hiriart, “¿Y si es inocente?”, en El Financiero, 9 de febrero de 2023. La hegemonía aUsente... 281 No pasó desapercibido el hecho de que Hiriart escribió esto durante el juicio que las autoridades estadounidenses seguían a Genaro García Luna, acusado (y encontrado culpable) de proteger a narcotraficantes y de enriquecimiento ilícito desde que fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones creada por el presidente Vicente Fox, y secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, ambos del PAN. La intención de Hiriart parece haber sido desviar la atención de los lectores para que asociaran al gobierno de AMLO con el narco y así darle un respiro a Calderón, quien se había mudado a Madrid a causa de su preocupación por lo que pudiera salir a luz acerca de él durante el juicio de García Luna. La vocación hegemónica ausente II: ¿la política electoral requiere de hegemonía? Los medios privados fueron operadores de una hegemonía que eludía a los partidos de Va por México, sea por desidia o incompetencia. El eje de este intento de logar un liderazgo moral e intelectual en paralaje fueron los columnistas de opinión. Falta, claro, ver qué revelarán las futuras investigaciones sobre los medios. Necesitamos información acerca del número de columnas que cuestionaban políticas y acciones del gobierno, de notas periodísticas tendenciosas (como las que mencioné acerca del huachicol, los médicos cubanos o que el país iba camino a la dictadura), de participaciones que cuestionaban al gobierno en programas radiales y televisivos, y de la cobertura que se hacía de las actividades de la oposición durante la presidencia de AMLO. También hace falta una cuantificación del impacto que tuvieron las columnas firmadas, editoriales y notas periodistas de estos medios en distintos segmentos de la población: cómo fue su llegada entre habitantes de zonas urbanas y rurales, su impacto en la población de acuerdo con su nivel de ingreso, género, edad y nivel educativo, etcétera. Por último, la evaluación del papel de los medios debe incluir investigaciones 282 benjamín arditi acerca del papel que tuvieron los influencers, bots y trolls opositores en las redes sociales. Todo esto nos permitirá evaluar más rigurosamente el peso que tuvieron los medios privados y las redes en la búsqueda de una hegemonía contraria a la 4T. El volumen de información crítica de la 4T daba la impresión de que los fracasos del gobierno eran evidentes en sí mismos y de tal magnitud que debían contribuir a que López Obrador perdiera apoyo popular. Pero hay que ser cautelosos respecto a esa percepción. Es cierto que Morena tuvo una merma en diputaciones y alcaldías (especialmente en CDMX) en las elecciones intermedias de 2021; pero la votación en los estados permitió pintar la geografía política con el color guinda del partido de gobierno en 20 de los 32 estados del país, que en 2023 subieron a 23 si se consideran sus triunfos en coalición con partidos pequeños. Las encuestas revelaron un apoyo consistente para López Obrador y su gobierno, a pesar del desgaste acumulado por las críticas incesantes de los medios al ejercicio del poder durante cuatro años: la aprobación de AMLO en sus primeros cuatro años nunca bajó de 54 %, y a mediados de su quinto año de gobierno llegó a 57 %.35 Los propios medios dieron señales de que el apoyo que le brindaron a la oposición no se tradujo en un avance de ésta en las preferencias ciudadanas. Tan es así que a partir de 2023 comenzaron a expresar públicamente su preocupación de que la oposición no tuviera una narrativa capaz de convencer al electorado y hacerle repuntar en las encuestas para lograr la alternancia con Morena en 2024. ¿Qué hacer? Inicialmente los medios apostaron por Va por México como alternativa para enmendar el rumbo del país, y sus columnistas le dieron una cobertura amplia y positiva al llamado del Manifiesto por la República a votar por la coalición opositora en 2021. Pero al acercarse las elecciones de 2024 comenzaron a reconocer que la falta de ideas y la historia de acusaciones por corrupción y Alejandro Moreno, “Paso a pasito: AMLO llega a 2023 con 56 % de aprobación, según Encuesta EF”, en El Financiero, 3 de enero de 2023. 35 La hegemonía aUsente... 283 autoritarismo entre los partidos de la oposición eran un lastre para sacar a Morena de la presidencia, máxime si se consideraba la ausencia de propuestas dirigidas a los más pobres. No ofrecían una agenda para competir con Morena. El cambio en la línea editorial en los medios refleja esta preocupación. En un mismo día, Hiriart36 y Kourchenko37 publicaron artículos titulados “El problema es ‘Alito’” y “Alito, el impresentable”, respectivamente. Su propósito era aislar al dirigente del PRI, presentándolo como el principal obstáculo para la unidad y el avance de la oposición, lo cual a su vez era una manera de expresar su preocupación por las chances de éxito de Va por México. Días después, Salvador Camarena, también de El Financiero, resaltó el problema de la calidad de los liderazgos impulsados por Va por México, diciendo que no podían calificar todos los cuestionamientos que les hacía el gobierno como actos de persecución política. Mencionó el caso de Sandra Cuevas, la titular de una de las alcaldías de la Ciudad de México. En 2018, Cuevas expresó simpatía hacia Morena, pero participó en los comicios de 2021 con el apoyo del PAN, PRI y PRD. Fue acusada, entre otras cosas, de privar de libertad y hacer golpear a policías y de almacenar en oficinas de su alcaldía propaganda electoral ilegal en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Camarena dijo: “No creo necesario abundar sobre lo que ha caracterizado el estilo de gobernar (es un decir) de esta alcaldesa en poco más de año y medio”, y que le “toca a la oposición explicar si ven a la alcaldesa como activo o pasivo. ¿Su gestión será un ejemplo de lo que ofrecen para las elecciones de 2024? ¿Creen genuinamente el discurso de que Cuevas es víctima de persecución del ayuntamiento?”.38 “El problema es ‘Alito’”, en El Financiero, 2 de febrero de 2023. “Alito, el impresentable”, en El Financiero, 2 de febrero de 2023. 38 Salvador Camarena, “¿Qué va a hacer la oposición con Sandra Cuevas?”, en El Financiero, 9 de febrero de 2023, recuperado de <https:// www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2023/02/09/que-va-ahacer-la-oposicion-con-sandra-cuevas/>. 36 37 284 benjamín arditi Un crítico habitual del gobierno, Óscar Mario Beteta, también puso en la agenda el vacío propositivo de la oposición. En su artículo “La sociedad: si no es con el PRI, ni con el PAN, ¿será con Morena?”39 Beteta alabó un documento elaborado por el Colectivo por México, un grupo de políticos de varios partidos. Dijo: “El enfermo es el mismo, el diagnóstico es el mismo. Los síntomas que ellos detectan pueden ser graves y alarmantes. Lo indispensable e inaplazable es determinar quién y cómo lo va a salvar”. Dejaba en claro que este diagnóstico, o el “qué”, era encomiable pero políticamente irrelevante para la oposición si ella no planteaba a su vez el “quién” y el “cómo”. Manuel J. Clouthier, hijo del empresario y candidato del PAN a la presidencia en 1988, fue más lejos en un artículo de opinión titulado “La alianza opositora”, señalando que Va por México “es una alianza muy limitada y que genera mucha desconfianza ya que se limita a ser un acuerdo electoral y no incluye una alianza legislativa ni de gobierno. Es decir, no se sabe para qué se están aliando estos partidos, no sabemos en qué sí tienen coincidencias”.40 Refiriéndose a un tweet en el que el empresario Gustavo de Hoyos dijo que lo bueno era que PAN, PRI y PRD estaban unidos para el 2024, dijo Clouthier: “¿Unidos para qué? ¿Unidos en qué? ¿Sólo para sacar a Morena? Creo que este concepto no les alcanza tampoco”. Por último, cuando diversas figuras de la oposición se presentaron como posibles candidatos presidenciales a mediados de 2023, la senadora por el PAN, Xochitl Gálvez, fue la que más rápido subió en las intenciones de voto, en buena parte por su estilo de confrontación con AMLO. Eso entusiasmó al Frente Amplio por México. Pero en concordancia con 39 Óscar Mario Beteta, “La sociedad: si no es con el PRI, ni con el PAN, ¿será con Morena?”, en El Financiero, 3 de febrero de 2023, recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/2023/02/03/ la-sociedad-si-no-es-con-el-pri-ni-con-el-pan-sera-con-morena/>. 40 Manuel J. Clouthier, “La alianza opositora”, en El Universal, 3 de febrero de 2023, recuperado de <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ manuel-j-clouthier/la-alianza-opositora>. La hegemonía aUsente... 285 lo que he estado sosteniendo en este capítulo, el columnista Enrique Quintana advirtió que es un error decir que nada de lo que hace el gobierno es bueno, y que si la senadora Gálvez se queda en las descalificaciones y no logra articular un relato de país, está condenada al fracaso en 2024.41 Estos señalamientos dejaban en claro que los problemas de la oposición no eran triviales. Había preocupación por la falta de solvencia de sus líderes y la ausencia de algo que se pareciera a un proyecto de país y a una hegemonía. Pero cabe preguntarse si el liderazgo político e intelectual o la reforma ética y moral asociados con la hegemonía son compatibles con una política estructurada en torno a los ciclos electorales. Si la oposición era incapaz de generar un proyecto de renovación capaz de competir con la 4T, ¿no sería porque la hegemonía no es lo que le concierne a un conjunto de fuerzas opositoras en el terreno electoral? Si la respuesta es afirmativa, habría que cambiar el foco de la pregunta sobre la hegemonía. Respondo a esta pregunta con tres argumentos. Primero, cuestionar la vocación hegemónica de la oposición no significa que su acción colectiva esté atrapada en un bucle de Escher en el que los actores políticos buscan ganar elecciones por el hecho de ganarlas. Ésa es la lógica dominante en la oposición. Pero como dice Clouthier, también hay que saber para qué se quiere ganar. Si es para desplazar a Morena del gobierno, dice, ello no basta. La oposición debe encontrar eco en la gente, como lo hizo López Obrador en la campaña electoral de 2018 al centrar su mensaje en la corrupción y la desigualdad. De otro modo, la unidad de la oposición será, en el mejor de los casos, para sacar a un partido del gobierno y reemplazarlo por otro. El segundo argumento consiste en preguntarse cuánto se puede pedir a una oposición en materia de iniciativas que apunten hacia una política hegemónica. Gramsci entiende la 41 Enrique Quintana, “Xóchitl necesita una nueva narrativa”, en El Financiero, 24 de julio de 2023. 286 benjamín arditi hegemonía como algo más que una alianza coyuntural entre partidos para lograr una victoria electoral. Implica ejercer liderazgo moral e intelectual antes del momento de la “toma” del poder por la vía electoral. Gramsci pensaba la hegemonía a través de una guerra de posiciones dentro de los aparatos del Estado y las instituciones generadoras de consenso, lo cual requiere una narrativa y una manera de pensar la acción colectiva a mediano y largo plazo. Esto no siempre resulta compatible con ciclos electorales que se repiten cada tres y seis años, por lo que son un obstáculo para desarrollar propuestas de más largo aliento. Máxime si los medios de información, que operan día y noche, intensifican cada suceso y con ello la atención de los partidos y el público migra de un tema controversial a otro cuando el anterior no ha sido resuelto todavía. En esta vorágine, la oposición tiene poco tiempo para embarcarse en una búsqueda de liderazgo político e intelectual; ni siquiera muestra interés por ello. Las ideas brillan por su ausencia entre acusaciones contra el gobierno y las exigencias del cronograma electoral. Incluso asumiendo que hubiera esa vocación hegemónica, ¿la oposición tiene recursos para elaborar propuestas educativas, fiscales, monetarias, migratorias, de integración regional o de inversión? Dejando de lado el tema nada banal de la calidad de los cuadros dirigentes de los partidos, el financiamiento público que reciben diputados y senadoras sólo alcanza para contratar a un puñado de asesores que hagan las investigaciones que les ayude a entender y discutir los proyectos de ley, las reformas constitucionales o las iniciativas gubernamentales. Es cierto que también pueden recurrir a investigaciones de instituciones públicas, o a centros privados que ponen a disposición sus propias pesquisas, aunque, claro, con la limitación de que los temas que investigan reflejan las agendas de esos centros y no la de los legisladores. La disyuntiva es clara. Se le pide a la oposición ir más allá de la mera descalificación de las políticas y proyectos gubernamentales —se les debe exigir que así sea— y que la vocación de La hegemonía aUsente... 287 poder no sea simplemente para cambiar las caras de los gobernantes. Pero también nos preguntamos si se puede exigir que esos aparatos electorales cuenten con tales proyectos e incluso demuestren su voluntad y capacidad hegemónica. La oposición a la 4T no tiene lo primero y tampoco se ha embarcado en lo segundo, excepto en paralaje, a través de los medios de comunicación. Ello se debe en parte a su ya mencionada dificultad de compaginar las aspiraciones hegemónicas con la calidad de sus liderazgos, los recursos humanos y cognitivos disponibles y los tiempos de los ciclos electorales. Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano no tienen una visión de país y tampoco gozan de la confianza del electorado. Los empresarios que han invertido su tiempo y dinero en estos partidos, tampoco. Aun así, Clouthier dice que deben proponer algo más allá de la unidad para ganar, planteando para qué quieren ganar. Su “para qué” implica, entre otras cosas, establecer “prioridades de gobierno y legislativas, y a su vez, se hagan con y para la sociedad”. En sus primeros años de existencia, Va por México y la coalición Frente Amplio por México, que incluye a los partidos y organizaciones sociales, ni siquiera propuso un esbozo de agenda legislativa o de qué piensa hacer en caso de ganar la presidencia en 2024. El tercer y último argumento respecto a la ausencia de vocación hegemónica de la oposición consiste en preguntarse si tal vez debemos bajar las expectativas de lo que puede hacer la oposición. No se trata de conformarse con que denuncien todo lo que venga del gobierno, que compitan sólo para ejercer el poder o que sueñen con enriquecerse y favorecer a clientes empresariales, mediáticos, políticos o intelectuales. Ella es deficitaria en materia de ideas y propuestas para atraer al electorado, pero tal vez no le corresponde plantear la lucha por la hegemonía en su sentido gramsciano, aunque sólo sea en términos de un proyecto tentativo de país, ya que eso es algo que se hace generalmente desde el gobierno. La oposición no cuenta con los recursos informativos, intelectuales, humanos, logísticos y financieros a disposición de los ocupantes del Po- 288 benjamín arditi der Ejecutivo. Un partido que gana la presidencia echa mano a recursos humanos y logísticos de las secretarías, institutos, procuradurías, administración tributaria, fideicomisos, bancos de desarrollo, empresas estatales y fondos sectoriales. La tarea de esas instancias es traducir las propuestas de un partido o coalición victoriosa en programas a partir de las ideas fuerza desarrolladas durante la campaña electoral. Pero para ello hay que contar con esas ideas, que serían un esbozo de una contrahegemonía. Morena y López Obrador las tuvieron en 2018: eran el combate a la corrupción y la priorización de las necesidades de los más pobres. Ambas fueron el esbozo de un proyecto hegemónico. La ciudadanía estaba harta del despilfarro y la arrogancia de los gobiernos del PRI y el PAN. El sexenio de Enrique Peña Nieto, del PRI, fue particularmente escandaloso por su corrupción e insensibilidad con los que sufren. AMLO propuso recortar el gasto en seguros médicos privados para funcionarios; limitar el número de choferes y automóviles pagados por el gobierno; reducir las partidas para su comida, teléfono, gasolina y viajes; los gastos en publicidad oficial, y los salarios de los funcionarios mejor pagados para que nadie ganara más que el presidente de la República. Esto tuvo el nombre de “austeridad republicana”. La otra idea, “primero los pobres”, era en respuesta a más de tres décadas de desigualdad generada por un modelo económico cuyo éxito se medía por la fortaleza de indicadores macroeconómicos a expensas de una mejor distribución de la riqueza. En parte, la desigualdad del país se explica porque los seis presidentes del PRI y el PAN que precedieron a López Obrador vieron al gasto social como la Cenicienta de su política de desarrollo. También impusieron un estricto control sobre el salario mínimo en nombre del control de la inflación. Reducir el gasto y controlar los salarios de los de abajo fue un acto de fe para la clase política y el empresariado. Pero según la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el costo para las mayorías fue terrible: el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 55 % desde que se empezaron a implementar las La hegemonía aUsente... 289 políticas de ajuste en México en 1982.42 Otro estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que quienes percibían el sueldo mínimo en 1987 debían trabajar 4 horas y 53 minutos para adquirir los productos de la canasta básica de alimentos (criterio que define la línea de pobreza urbana), mientras que, en 2017, 30 años después y con buenos indicadores de crecimiento y estabilidad macroeconómica, necesitaban trabajar 24 horas y 31 minutos.43 Mientras esto ocurría, el Producto Interno Bruto (PIB) per capita del país a precios actuales entre 1982 y 2017, aumentó casi 450 %, pasando de 2 612 dólares a 9 434 dólares.44 En 2019, el índice Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, era de 0.458, lo que hace de México un país próspero con demasiados pobres, apenas menos desigual que Chile y Costa Rica entre los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).45 No sorprende, pues, que la propuesta de reducción de la corrupción y de la desigualdad encontraran eco en el electorado. Durante los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, el salario mínimo subió 100 %, un incremento que no fue anulado por la tasa de inflación anual en ese periodo: 2.83 % en 2019, 3.15 % en 2020, 7.36 % en 2021 y 7.82 % en 2022.46 42 Forbes, “Poder adquisitivo del salario mínimo cayó 55 % desde 1982: Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)”, 6 de diciembre de 2018. 43 Mirtha Hernández, “Pérdida acumulada de 80 % del poder adquisitivo”, en Gaceta UNAM, 15 de enero de 2018. 44 Banco Mundial, “Producto interno bruto (PIB) per capita (US$ a precios actuales)-México”, en Banco Mundial, recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd?locations=mx>. 45 “Desigualdad en los ingresos”, en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2020. 46 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Índice nacional de precios al consumidor diciembre de 2022”, Comunicado de prensa núm. 11/23, en Inegi, 2023; Banco Mundial, “PIB per capita (US$ a precios actuales)-México”. 290 benjamín arditi Posiblemente existió la voluntad, pero no la capacidad hegemónica por parte del gobierno de la 4T. Lo digo en el sentido de la hegemonía como un esfuerzo por instituir otro tipo de relaciones entre los ciudadanos, las instituciones y la manera de producir y distribuir la riqueza. Pero hubo algo que al menos se le parecía. Gustavo Gordillo describió a la 4T y el obradorismo como un estado de ánimo. Lo entiende como encarnación de “un sentimiento ciudadano de abandono y que constata las carencias de la democracia liberal y del neoliberalismo. Ese estado de ánimo que se expresa en un líder carismático”.47 Esto no es algo muy dramático, pero sí significativo: el obradorismo funcionó como vehículo para la esperanza de quienes viven con la frustración de ser los daños colaterales crónicos de un modelo crecimiento que luego de más de tres décadas no logró mejorar la distribución de la riqueza. Gordillo también menciona las transformaciones simbólicas que hizo la 4T (convertir la residencia oficial del presidente en un museo, la austeridad en gastos de funcionarios, etcétera), y dice que su mayor éxito fue hacer visibles a quienes fueron excluidos del pacto neoliberal de los últimos 35 años. Yo no menospreciaría la dimensión material de la 4T. Por ejemplo, el mayor incremento del salario mínimo desde 1987 y la institución de nuevos derechos, como el de la pensión universal para los adultos mayores de 65 años. La 4T fue más la gubernamentalización de un estado de ánimo que una hegemonía exitosa. Echó mano a los recursos del gobierno para convertir ese estado de ánimo en políticas públicas. Mientras eso ocurría, ¿qué hizo la oposición? Una manera de responder fue indagar más acerca del desgano o incluso la incapacidad de sus partidos para ofrecer algo que pudiera responder a las expectativas del electorado y con ello competir con la 4T. Se empantanó en su zona de confort, la de declaraciones airadas acerca del carácter negativo del rumbo del país. Su 47 Gustavo Gordillo, “Obradorismo”, en Dan las convicciones a su libertad alas, 25 de noviembre de 2022. La hegemonía aUsente... 291 pretensión de ser la alternativa a Morena se limitó a denunciar permanentemente lo que hacía o dejaba de hacer AMLO, a describir la 4T como un proyecto autoritario, nefasto e incompetente, y a centrar su presencia pública en la cobertura que le brindaban los medios de comunicación. No sólo renunciaron a la pretensión de embarcarse en un proyecto hegemónico; tampoco se ocuparon de ensamblar un nuevo estado de ánimo a partir de sus propias ideas fuerza para articular una propuesta de cambio simbólico y material en las condiciones de vida de la gente. 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La globalización neoliberal y el capitalismo mundial A estas alturas está claro que el neoliberalismo ha sido y continúa siendo un programa político mundial, acompañado de una ideología ultraliberal de mercado, para canalizar las transformaciones del capitalismo mundial e imponer una globalización capitalista específica, desigual, excluyente y bárbara, dominada por el capital corporativo y financiero internacional. Su programa ha estado dinamizado por políticas económicas, propaganda ideológica y presión política para remodelar * Doctor en sociología y profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de investigación: teoría social histórico critica, Estado integral, movimientos sociales y crisis de hegemonía en América Latina. 299 300 LUcio oLiver a las élites dirigentes de los Estados e introducir, por medio de reglamentaciones estatales y con el apoyo de las empresas de comunicación, información y tecnología, la privatización de bienes y servicios públicos nacionales y la subordinación de los Estados. Sólo aparentemente dicha política se sustenta en un mercado máximo y un Estado mínimo, pues en realidad los Estados que han abrazado dicha política han sido los vehículos para que las sociedades nacionales y las administraciones públicas se pongan al servicio cuasi exclusivo de la valorización y la acumulación del gran capital mundial. Si consideramos las anotaciones de Gramsci en el parágrafo 18 del Cuaderno 13, se puede apreciar que el fenómeno no es una novedad y que ha aparecido recurrentemente en diversas coyunturas históricas en las que la acumulación de capital, las relaciones de clases y las crisis económicas y políticas, han necesitado cambios para buscar una salida a las contradicciones del movimiento orgánico del capitalismo, y para reforzar el dominio del capital en las relaciones de fuerzas mundiales y nacionales. Gramsci dice: Se afirma que la actividad económica es propia de la sociedad civil y que el Estado no debe intervenir en su reglamentación. Pero dado que en la realidad efectiva sociedad civil y Estado se identifican es necesario fijar el hecho de que también el liberalismo es una reglamentación de carácter estatal, introducida y mantenida por la vía legislativa y coercitiva, es un hecho de voluntad consciente de sus propios fines y no la expresión espontánea, automática del hecho económico. Por tanto, el liberalismo es un programa político destinado a cambiar, en la medida en que triunfa, al personal dirigente del Estado y el programa económico del mismo Estado, esto es, a modificar la distribución del ingreso nacional.1 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Cuaderno 13, párrafo 18, Era, México, 2000. 1 La renovación poLítica crítica... 301 El capitalismo nacional de posguerra vivió una gran crisis a inicios de los años de 1970, al verse incrementado el costo para el capital de sostener sus lucros en economías sin crecimiento económico y presionadas por Estados democráticos con políticas públicas universales de bienestar, democracia y derechos sociales. El capital encontró una salida a la crisis en la globalización neoliberal, cuyas políticas mundiales fueron el paso pleno a la financiarización de la economía y a la libertad irrestricta de comercio e inversiones en el mercado mundial; a la reforma de los sistemas administrativos para dinamizar la tercera y cuarta revoluciones científico-técnicas —con grandes saltos tecnológicos en la producción, en las comunicaciones y en las computadoras—; a la transnacionalización de las corporaciones, su fusión y expansión sin límites aduaneros nacionales; a la sobreexplotación competitiva de los trabajadores, con restricción de derechos sociales; a la focalización de las políticas públicas, al desempleo estructural y a la reorganización de las formas y métodos productivos, de servicios y de comercio de las grandes empresas, así como al aceleramiento de la robótica y el cambio científico técnico, con la informática, las comunicaciones digitales y las nuevas tecnologías. Para ello fue preciso la canalización financiera de los activos empresariales a las bolsas de valores, abrir nuevos mercados para el capital por medio de las privatizaciones de las empresas estatales y la focalización reductora de las políticas públicas. La presión para introducir transformaciones radicales concentradoras del capitalismo mundial hizo presente la crisis estructural del capital mundial, lo que para intelectuales críticos como Istvan Mészáros era ya un fenómeno inevitable.2 Ello dio lugar al dominio cuasi absoluto, en la expansión del capitalismo mundial, de las grandes oligarquías financieras transnacionales. De ahí en adelante el mundo estaría en manos de 2 István Mészáros, La crisis estructural del capital, Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación, Venezuela, 2009. 302 LUcio oLiver tales oligarquías, sus intelectuales y administradores políticos, los bancos multinacionales, la tecnocracia de las bolsas de valores, los dirigentes de los organismos transnacionales y las cúpulas presidenciales y los bloques de poder de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea; todo ello “protegido”, sustentado y dinamizado por la maquinaria militar industrial heredada de la posguerra y modernizada al correr de los años. Neoliberalismo en América Latina En América Latina, la transnacionalización de las economías se produjo a partir de la asociación e integración de los grupos económicos nacionales y extranjeros en nuevos grupos monopólicos empresariales y financieros. Los Estados nacionales, la industrialización y el mercado interno de los países mayores de la región sufrieron un ataque agresivo por parte del nuevo bloque dominante. Éste impulsó la fusión y transnacionalización de empresas y fábricas, desestructurando las cadenas productivas internas y presionando a los bancos centrales a la elevación de las tasas de interés y al recorte de los gastos sociales. De ahí derivó el surgimiento en nuestra región de economías endeudadas rentistas, de maquilas, agro-extractivistas, montadoras de automotrices, de autopartes, y el incremento de la sobreexplotación de los trabajadores asalariados. Con ello dio un salto la economía de exportación basada en la especialización productiva para el mercado mundial. Junto a los problemas de la expansión mundial del capitalismo, los nuevos grupos dirigentes de las clases económicamente dominantes se plantearon el problema del Estado, dado que la reinserción latinoamericana a la globalización coincidió con la democratización de la política, cuyas exigencias en América Latina se contrapusieron a la subordinación a las corporaciones por la vía de la participación popular. Las clases políticas progresistas reclamaban ser escuchadas en las instituciones y cuestionaron las políticas neoliberales de desnacionalización y La renovación poLítica crítica... 303 desindustrialización, agudización de la desigualdad, precarización y fragmentación de la economía interna, aunada al despojo de poblaciones y territorios. De manera abierta o velada, se manifestó que aún existía una fuerza acumulada de los grupos sociales populares que tenían como horizonte y referencia el Estado nacional desarrollista, al que seguían considerando un elemento para superar los problemas nacionales. Las décadas de los años ochenta y noventa del pasado siglo fueron el escenario de lucha entre las nuevas fuerzas empresariales del nuevo capital transnacional y las fuerzas políticas y sociales en resistencia, vinculadas a la sociedad civil y a la economía nacional de los países de nuestra región, que veían una opción de defensa en los Estados nacionales desarrollistas. La revolución pasiva mundial y su frustración en América Latina El gran capital financiero mundial se propuso extender a América Latina la revolución pasiva —tal como lo había hecho en Asia— llevando a cabo la reforma del Estado para hacerlo mínimo, eficiente y buen administrador, bajo la figura de los Estados nacionales de competencia,3 promotores de la valorización del capital corporativo y financiero, de la transnacionalización de la economía y de economías integradas a la acumulación mundial de capital. Destaca su labor ideológica, que puso en el centro la noción de que el desarrollo de las sociedades se gesta en el mercado, y que el dinamismo de éste es el medio adecuado para resolver los problemas sociales centralizados en torno al incremento del consumo individual. Su objetivo fue generar un mercado renovado y ampliado de clases medias, contraponiéndolo a los reclamos y manifestaciones populares que exi- 3 Joachim Hirsch, El Estado nacional de competencia, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México, 2002. 304 LUcio oLiver gían salarios dignos, políticas públicas universales, políticas sociales, respeto a los territorios y comunidades, democracia, desarrollo y soberanía nacional. En la década perdida de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),4 que comprende los años ochenta y se extiende hasta los noventa, en la mayoría de los países latinoamericanos triunfaron las nuevas élites políticas transnacionalizadas y se impuso el programa económico, político y cultural de la globalización neoliberal; se fragmentó la economía, y las clases trabajadoras, los campesinos y las comunidades sufrieron una derrota histórica en la que vieron debilitadas sus concepciones críticas, organización autónoma y autodeterminación. En ese sentido, la revolución pasiva mundial logró procesos importantes de expansión capitalista en la producción, el intercambio y el consumo de todo el orbe, pero no logró trasladarse a los países latinoamericanos para que éstos pudieran hacer efectiva su propia revolución pasiva nacional. El incremento del consumo y la nueva producción masiva se dio en el contexto de una dependencia redoblada, de un acentuamiento del dominio del capital financiero, de la expoliación de recursos, poblaciones locales y mano de obra por parte de las grandes corporaciones; de la fragmentación y maquilización de la economía por la transnacionalización, y un incremento descontrolado de la crisis del empleo, la informalidad del trabajo, el colonialismo interno y la desigualdad social.5 La presión sobre la relación de fuerzas que amenazaba al poder supremo del capital por la resistencia de los trabajadores y las masas populares, se tradujo en el diseño, por par- 4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Década de 1980: crisis de la deuda”, 2023. 5 Pablo González, De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Pensar América Latina en el siglo XXI, Siglo XXI / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), México / Buenos Aires, 2009; Pablo González, Colonialismo interno (una redefinición), Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 2003. La renovación poLítica crítica... 305 te de la gran oligarquía transnacional, de un ataque mundial a los proyectos nacionalistas desarrollistas que tenían como eje el capitalismo nacionalista de Estado, y dio lugar al apoyo renovado por los órganos financiero-económicos para la aplicación de las nuevas políticas neoliberales. La modernización promovida por el neoliberalismo adoptó una forma reaccionaria, antipopular, concentradora y centralizadora del capital, y precarizadora de la sociedad mayoritaria. Los vehículos de ese proceso fueron las instituciones económico-financieras mundiales, las políticas estatales de las grandes potencias capitalistas, los foros intelectuales y políticos de la derecha estadounidense y europea, que realizaron la labor de diseñar e impulsar los cambios estatales para construir y expandir la hegemonía del gran capital. En esa lucha se generalizaron los nuevos Estados transnacionalizados de competencia, que además de priorizar la acumulación mundial del capital, buscaron ser la referencia en la búsqueda de la hegemonía ideológico-política de sus oligarquías, para lo cual ponían en primer plano su programa de modernización y sus concepciones del neoliberalismo. Su imagen fue la de que, frente a los problemas históricos de la periferia, la salida estaba en favorecer a los capitales y a los empresarios y trabajadores eficientes y competitivos. Por el lado de la nueva sociedad política de las élites convertidas al neoliberalismo, se impulsaron múltiples proyectos de modernización urbana; integración regional con Estados Unidos; acuerdos militares de alineamiento geopolítico a la gran potencia americana; tratados de libre comercio de los países periféricos con los del centro; reformas políticas elitistas de los Estados y una transformación de las concepciones sociales. Los nuevos Estados nacionales de competencia impulsaron políticas para priorizar la democracia liberal dinamizada por partidos conservadores estatalizados, así como la destrucción y desagregación de las organizaciones de los trabajadores y el despojo de comunidades. 306 LUcio oLiver La modernización, la privatización y la transformación eficientista de las instituciones públicas fueron el medio para frenar la participación popular en el control social sobre los presupuestos estatales, terminar con las reivindicaciones populares y viabilizar las nuevas concepciones capitalistas. Los parlamentos latinoamericanos estimularon una mayor delegación política de los representantes institucionales, a partir del acceso a la representación de grupos de presión privados y la formación de entidades autónomas cuyo capital se ventilaba en las bolsas de valores. Las instituciones públicas de atención a la ciudadanía incluso plantearon que los usuarios eran en realidad clientes de las tecnocracias públicas y no derechohabientes de las instituciones estatales, por lo que debían someterse a los requerimientos para demostrar confiabilidad financiera y así ejercer sus derechos. A fines del siglo pasado se popularizó el denominado american way of life como un patrón demagógico canalizador de aspiraciones de las y los ciudadanos de los países latinoamericanos; se menospreciaron los procesos económico-productivos y las culturas locales, lo que generó fenómenos de desigualdad social creciente, incremento de la pobreza y subordinación nacional a las estrategias de Estados Unidos y España. Así se procuró dar impulso en toda América Latina a una modernización que aspiraba a ser una revolución pasiva, misma que resultó frustrada e incompleta en los últimos 20 años del siglo pasado. Los gobiernos progresistas: un intento de paliar las contradicciones agudizadas por la modernización capitalista en la región He leído y escuchado con interés la aplicación de la noción de revolución pasiva de Gramsci referida a los gobiernos progresistas del siglo actual. En general me parece desacertada, pues deja de lado el fracaso de finales del siglo XX de los intentos de La renovación poLítica crítica... 307 modernización realizados por las clases capitalistas nacionales y las élites dirigentes al servicio de la globalización. Su fracaso se expresó en el aumento de la desigualdad y la absoluta crisis de crecimiento económico nacional y regional de finales del siglo. Los gobiernos progresistas vinieron después y accedieron al poder público como resultado de las luchas destituyentes de las masas populares. En realidad, fueron gobiernos administradores de la crisis de la inserción latinoamericana en la globalización neoliberal; ellos evidenciaron el desengaño de los proyectos neoliberales e iniciaron la crítica a las políticas concentradoras de los grupos transnacionales. Fueron proyectos de grupos políticos populares que acudieron a los Estados con miras a aplicar políticas sociales para compensar la precarización y, a pesar de que enarbolaron una cierta crítica al programa social neoliberal, a buscar conciliarla con su programa político. En ese sentido, más adelante enunciaré una tentativa de caracterización del progresismo y el desarrollismo contemporáneos. En los países centrales, la revolución pasiva de los neoliberales también produjo resultados contradictorios: incrementó la desprotección social y nacional, creando el desempleo estructural juvenil y la crisis ambiental. Y en América Latina, lo que hizo fue generar las crisis sociales y políticas de los Estados, crisis que estallaron en el siglo XXI. El declive de la hegemonía capitalista transnacional en América Latina La crisis mundial se evidenció en la pérdida de la hegemonía de las tecnocracias neoliberales dirigentes. Inició por el rechazo social a las políticas de concentración de la acumulación de capital; la denuncia del bajo crecimiento y la reducción del empleo, los cuales fueron resultado de las contradicciones de las economías, los conflictos intermonopólicos, las crisis financie- 308 LUcio oLiver ras y la recesión económica de las economías centrales, pero que pronto se trasladó al ámbito político cultural de las grandes masas, lo que dio lugar a la xenofobia y los nacionalismos reaccionarios de élites económicas tradicionalistas y masas empobrecidas, tanto en Estados Unidos como en Europa. En América Latina existió un elemento fundamental para que se cuestionara el neoliberalismo: la inconformidad activa y las luchas populares contra la reducción de los derechos y libertades, por la precarización de los salarios y de los ingresos de las mayorías, tanto como por las políticas dañinas a las poblaciones y al ambiente del extractivismo transnacional. Los dirigentes de los Estados de competencia se enfrentaron a la merma de la hegemonía liberal de mercado. En pocos años se multiplicaron las críticas de masas a los sistemas políticos democrático-liberales fundados en la gobernabilidad impuesta a una ciudadanía carente de derechos y ausente de gobernanza. Se larvó una descomposición del Estado por la exclusión relativa de las demandas de las mayorías populares en las instituciones públicas, por la subordinación de las decisiones de política económica y de las políticas de seguridad al poder e intereses de los grupos de poder legales e ilegales que empezaron a tener una influencia determinante en la economía, en los Estados y en las sociedades nacionales. Quizá la principal causa del declive de la hegemonía neoliberal en América Latina fue el fracaso del intento de revolución pasiva: el incumplimiento de las promesas de una modernización para todos y su incapacidad para dignificar la vida de los pobres. El neoliberalismo se evidenció como un programa político y una ideología para un sector restringido y desnacionalizado de la sociedad, incapaz estructuralmente de cohesionar al conjunto social, e indiferente ante los problemas sociales y políticos de Latinoamérica. Se propagó por toda la región una crítica a la descomposición de los Estados y a los fenómenos inusitados de precarización del trabajo, desempleo masivo y expansión de la violencia, provenientes del poder privilegiado de grupos legales e ilegales sobre una población popular so- La renovación poLítica crítica... 309 breexplotada y precarizada. Entre fines del siglo XX e inicios del presente siglo, se produjeron varios procesos destituyentes de las élites y varios procesos constituyentes innovadores que cambiaron la fisonomía política e histórica de los gobiernos latinoamericanos. Así, el surgimiento de gobiernos progresistas en gran parte de los países latinoamericanos no fue portador de un nuevo intento de revolución pasiva, sino una expresión del fracaso de la revolución pasiva neoliberal en América Latina, del declive de su hegemonía transnacional y del cuestionamiento popular de la distancia creciente entre dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados. Además, cabe recordar que, a la par que los gobiernos progresistas, en algunos países se afirmaron en el poder político fuerzas políticas de derecha que, ante el fracaso y las contradicciones de la revolución pasiva neoliberal, buscaron mantener por la fuerza la subsunción de las naciones a la globalización neoliberal y sostener el proyecto de los Estados de competencia por medios autoritarios, militaristas y de fascismo societal. La crisis de hegemonía y la lucha de posiciones como categorías analíticas para el México actual La hegemonía civil en cuestión Gramsci fue más lejos que sus correligionarios al concebir de una manera sumamente original las dificultades y requisitos del proceso de transformación social de su época. Pensó en una concepción de hegemonía civil como impulso a un movimiento político crítico de masas populares asociado a una política de lucha de posiciones que incidiera en la construcción de una voluntad colectiva nacional popular. Esta última concepción no ha sido aún parte de las políticas de los gobiernos progresistas ni ha prevalecido todavía en los movimientos sociales que bregan por el cambio social de América Latina. En México mismo, 310 LUcio oLiver me parece, todavía existe una gran incomprensión popular de cómo llevar a cabo una política en democracia que genere elevación ideológico-popular, catarsis, organización y lucha de los movimientos sociales, dirección colectiva, soberanía y multipolaridad a partir de una autodeterminación política popular. Además, ¿podría haber hegemonía popular ético-política o cultural y política sin una profunda reforma intelectual y económica que permita el ejercicio de una soberanía limitada pero eficiente de un Estado nacional? ¿Cómo es el juego de poder entre el capital financiero global, las corporaciones y los Estados dirigidos por gobiernos progresistas? ¿Qué ofrece el actual gobierno en México bajo la crisis del Estado y ante las dificultades para que la propia sociedad afirme su autonomía como sociedad civil, en contextos de políticas que mantienen rasgos cesaristas y de restauración del Estado histórico del siglo XX? ¿Es posible una visión gramsciana del estado de cosas actual en México? ¿Cómo seguir e interpretar, desde la óptica de Gramsci, lo que ha sucedido en México una vez que accedió al gobierno la fuerza política encabezada por Andrés López Obrador? La cuestión principal por destacar es la propuesta de cambio de régimen político conducido por el gobierno en tanto que portavoz de un programa de restauración progresista del Estado, programa que se asume como popular y concreta una política de recuperación de la perdida autonomía relativa del Estado; un programa que aspira a democratizar el sistema político y su relación con la sociedad, como base de un mejoramiento económico y social de la población trabajadora del país.6 6 Andrés Manuel López Obrador, “Discurso de toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador”, en La Jornada, 2 de diciembre de 2018. La renovación poLítica crítica... 311 El planteamiento del actual presidente es sumamente complejo y abarcador: basándose en que durante la dirección neoliberal de los anteriores 35 años no se modificó el régimen político del presidencialismo autoritario ni se abrió paso a la transformación democrática del Estado, sino que se dio continuidad a una descomposición creciente del viejo poder político autoritario, la cual se utilizó para generar espacios de poder de élites y del crimen organizado en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, en el Poder Judicial y en los órganos autónomos del Estado. Se expandió la corrupción, se privatizaron bienes y políticas públicas, se quitaron derechos sociales y se abrió paso a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; a la par que se aplicaron y viabilizaron políticas de inserción del capitalismo dependiente mexicano en la globalización, y se generó un alineamiento geopolítico a Estados Unidos de América. Hasta ahora, en los cuatro años de gobierno de AMLO, las políticas progresistas que se legitiman como populares se han llevado a cabo, sobre todo, por las determinaciones de la sociedad política en combate con las otras fuerzas de la sociedad política que actúan en la sociedad y en las instituciones, a las que se ha calificado de elitistas y reaccionarias. A su vez, el “pueblo” sigue siendo una entidad abstracta, caracterizada todavía por una fuerte despolitización y carente de organización autónoma, a pesar de que, en términos de los beneficios y apoyos de las nuevas leyes y las nuevas políticas, es un pueblo al que se ha dignificado y que ha mejorado su situación y su economía (no mucho, sin embargo, pues sigue habiendo un 60 % de trabajo informal en la sociedad y continúa un gran desempleo en el campo). Por ello, en la situación actual, el pueblo no es todavía un actor con autonomía relativa de las transformaciones en términos de organización y elevación ideológico-política propia. Teóricamente, sin embargo, nada dice que sea un error que el cambio inicie por la sociedad política, en tanto abra caminos para continuar acompañado por una sociedad civil crecientemente participativa —lo que en México aún es muy débil e 312 LUcio oLiver incipiente—. La cuestión política es que en un momento coincidan sociedad política y sociedad civil, tanto espacial como temporalmente, en una situación de correspondencia para empujar las transformaciones. En todo caso, lo que es evidente es que la gran mayoría de la población trabajadora apoya el programa y las medidas, aun cuando no esté organizada por sí misma y tenga una relación débil con el movimiento y partido Morena, caracterizado por su pragmatismo y la pobreza ideológica de sus debates y prácticas. Por otra parte, amplios sectores de las clases medias se han opuesto a las políticas progresistas y han apoyado a las fuerzas políticas del viejo régimen, buscando defender sus ingresos y sus negocios, a pesar de que buena parte de éstos eran en realidad consecuencia de políticas del Estado anterior para mantener un nivel de consumo y acumulación, de desigualdad y diferencia respecto a las grandes mayorías de la ciudad y el campo. Por lo demás, sectores importantes de la izquierda intelectual y política han antepuesto una perspectiva intelectualista con respecto al programa de cambios del gobierno, aduciendo que no está orientado a cuestionar y modificar el capitalismo dependiente y que está equivocado en relación con los avances de la teoría histórico-crítica y con la experiencia político-social de las resistencias y luchas sociales. En el campo, también las comunidades originarias que forman parte del movimiento neozapatista y del Consejo General Nacional Indígena, se han opuesto a las nuevas políticas y al cambio de régimen, argumentando que ello no parte de un diálogo con las comunidades, no modifica el colonialismo interno ni el carácter capitalista de la economía y la sociedad.7 En términos de la sociedad civil, me parece, sin embargo, que la cuestión central de la situación actual de México está dada por las características coincidentes con el programa de 7 Yásnaya Elena Aguilar, “La autonomía de los pueblos indígenas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, en NACLA Report, 5 de junio 2021. La renovación poLítica crítica... 313 Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que aún tiene el sentimiento, el pensamiento y la acción real de las grandes masas de la sociedad civil. En ese sentido, se puede apreciar que éstas profesan concepciones que tienen asiento en un sentido común vinculado a la memoria histórica nacional popular del país, pues considera que los gobiernos neoliberales afectaron negativamente a la sociedad y que el gobierno actual está cumpliendo con un programa popular, cuyas políticas recuperan los planteamientos originales de la Revolución mexicana, sobre todo en cuanto a viabilizar el compromiso de las instituciones con el pueblo, el carácter universal y nacional de las políticas públicas, la orientación general de las empresas públicas nacionalizadas y, en lo que respecta a las políticas sociales, en beneficio de sectores antes olvidados o excluidos de la sociedad. En ese sentido, todo causa la impresión de que las mayorías apoyan las políticas del presidente, quien propugna acabar con los privilegios y la corrupción, llevar a cabo megaproyectos que incidan en el crecimiento económico, socializar una política de austeridad en los órganos públicos de gobierno, moralizar al ejército e involucrarlo en tareas económico-administrativas estratégicas (puertos, aeropuertos, trenes de alta velocidad, etcétera), para mantenerlo a la vez en el ámbito de la seguridad y el combate a la violencia de los cárteles del narcotráfico, al variado crimen organizado y a las economías ilegales. Es la memoria histórica del sentido común mexicano, acumulada por el sector popular de la sociedad civil, la que está incidiendo en que las grandes masas populares favorezcan, tanto pasiva como activamente, las políticas de cambio del gobierno. Un aspecto de la memoria histórica transformada en cultura política de masas, es que en el horizonte popular el gobernante es el que hace política popular y el pueblo el que apoya y manifiesta su conformidad con su dirección del país. Estamos, por tanto, ante el horizonte y la memoria popular del Estado de la Revolución mexicana, en los que no entra la noción de que el pueblo tiene que organizarse y elevar su conciencia propia, ni constituirse en una fuerza ideológica autónoma y auto- 314 LUcio oLiver determinada políticamente para participar en la dirección de las transformaciones y en la defensa del programa de cambio y de la soberanía nacional. A la vista de las políticas de cambio de régimen y de recuperación progresista del Estado de estos cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, se puede apreciar, empero, que ni su programa ni sus concepciones progresistas están cerradas a una gran cantidad de iniciativas surgidas de la sociedad civil, aun cuando no dependa de ellas. La cuestión central de una nueva hegemonía popular: autonomía ideológica y autodeterminación política popular Gramsci escribió en sus Cuadernos que el problema de la autonomía ideológico-histórica de las masas no conlleva ni deriva de la apropiación por parte de éstas de una teoría acabada y cerrada, sino que es resultado de la crítica colectiva del sentido común y de construir una apreciación autónoma respecto de las problemáticas centrales del país. En México éstas son el autoritarismo de Estado, la insuficiencia de la transformación democrática del régimen político, el Estado corrupto, la desigualdad social extrema, el carácter delegativo de la representación política, la modernización excluyente y opresora de las mayorías, el despojo de territorios, la continuidad del colonialismo interno, la discriminación y la insuficiencia de las formas productivas en el campo; pero también la función dual del autoritarismo militar —el ejército es una fuerza impositiva y opresora a la vez que el protector de la patria— y las contradicciones del capitalismo dependiente. Las tesis políticas del gobierno del nacionalismo desarrollista y la soberanía negociada no se superan, haciéndolas avanzar a posiciones críticas en la cabeza de las masas, sino hasta que se recuperan y muestran políticamente sus límites para mejorar a la sociedad. La renovación poLítica crítica... 315 Cuando se plantea la cuestión de que la sociedad civil es la depositaria de la soberanía y que en una sociedad con contradicciones centrales vinculadas al capitalismo y la separación Estado-sociedad, las masas deben apreciar con claridad que los políticos y dirigentes de la sociedad son sólo portavoces de un determinado orden de concepciones, corrientes ideológico políticas e intereses de grupos sociales manifestados en un programa político, sólo entonces las masas estarán en condición de cuestionar y superar su subalternidad ante la hegemonía capitalista en crisis. Me pareció muy interesante la conferencia magistral del colega Fabio Frosini en la Asociación Gramsci México en 2022. En ella planteó que bajo la actual transformación capitalista mundial se han generado procesos que modifican las formas históricas tradicionales de la relación entre sociedad civil y sociedad política; e hizo observar la imbricación entre instituciones estatales amplias, sobre todo aquellas relacionadas con las políticas públicas universales progresistas, y que la creciente autonomía crítica de la sociedad civil está planteando nuevos modos de construir la autodeterminación política popular. El gobierno progresista actual ha sido un recuperador jacobino de la ideología nacionalista popular en México; se ha centrado en luchar contra la oligarquía política previa y sus intelectuales, quienes defienden lo privado-elitista y menosprecian lo público y popular. Pero cabe resaltar que para el gobierno de AMLO el problema no es el capitalismo histórico, hoy transnacionalizado, o el capital financiero mundial, sino los mecanismos de las élites que han sostenido la corrupción de Estado, que han descompuesto la moral pública y han estimulado una moral individualizante y un intelectualismo de élites que separa a las masas de los dirigentes políticos. Lo público y lo popular, la transformación inacabada del Estado y las instituciones, la persistencia de la desigualdad extrema, la violencia que permanentemente acecha al Estado y a la sociedad, todo eso para el gobierno es resultado del poder de las élites legales e ilegales y de su influencia en el Estado. 316 LUcio oLiver Eso llevó, desde su perspectiva, a un entrelazamiento negativo del poder económico y el poder político; a la descomposición de las instituciones, y al individualismo cínico de la clase capitalista. Hay en esa concepción una evidente preocupación por enfrentar a fondo la corrupción de Estado, asociada a una falta de crítica de la dinámica del capitalismo mundial y del capitalismo dependiente en México, una visión complaciente con las grandes corporaciones transnacionales y con respecto al capital financiero, y no se propone que la sociedad tenga un peso estratégico decisorio para empujar hacia una economía social, hacia una democracia popular y al control social de las políticas pública. Gramsci no veía equivocado de por sí que un programa progresista encabezara la lucha de las masas por la democracia, siempre y cuando la libertad y los derechos prevalecieran en las instituciones y permitiera que la sociedad civil desarrollara su autonomía y su capacidad de dirigir a la sociedad (Cuaderno I, parágrafo 44).8 Para él estaba claro que el sector popular avanzado de la sociedad civil tendría que participar al lado de las corrientes progresistas de la democracia, y a la par distinguirse por su pensamiento crítico radical entre las masas y por propiciar que éstas tuvieran un órgano de poder propio, para que la sociedad civil pudiese participar con sus propias posiciones en la disputa por la política, por el programa nacional y social, por la comunicación, la ciencia y tecnología, la fiscalización, el control territorial, las instituciones y la cultura. ¿Cómo se plantearía hoy en el contexto coyuntural mencionado de México la lucha de posiciones? ¿Hay posibilidades para una mediación creativa entre una política estatal progresista, la construcción de la autonomía ideológica y la autodeterminación política popular? Hoy, después de la experiencia del primer ciclo progresista en América Latina (de 1989 a 2013), tenemos la impresión de que es posible un avance político po- 8 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Era, México, 2000. La renovación poLítica crítica... 317 pular más complejo, vinculando, eso sí, a la crítica de masas a sus propias tradiciones políticas nacionales y a la lucha de posiciones, y no a una estrategia insurreccional en que las masas tomen por asalto de forma espontánea el poder político. La lucha de posiciones es parte de un proceso abierto en el que podrían afirmarse una economía social, una democracia popular, un control social de las políticas públicas y una clarificación de la contradicción del desarrollo nacional popular de la sociedad civil y su oposición a los intereses de las corporaciones y el capital financiero, pero ya no como conflicto velado por la contraposición entre lo público y lo privado, sino como lucha entre sociedad y capital. La lucha de posiciones, en ese sentido, es parte de un movimiento histórico crítico en la sociedad, una autonomía ideológica y una autodeterminación política, para la que democracia signifique que lo popular se haga sujeto de lo público, de la democracia y el Estado; que la economía social se convierta en eje de la producción y la acumulación; que el trabajo social tenga un peso decisorio en las directrices económico-estratégicas; que la sociedad civil construya sus órganos de poder, crítica, comunicación, ciencia y tecnología, y de fiscalización, control territorial, institucional y político-cultural. Es el movimiento histórico el que le da contenido y forma en continua profundización a la lucha por la democracia y el que abre un proceso de conformación de una voluntad colectiva, de un nuevo hombre-masa crítico con personalidad autodeterminada que se transforma en sujeto activo de la política. ¿Es la ideología del presidente actual un impedimento? No lo creo, en tanto haya libertad de expresión, comunicación y organización en la sociedad. A fin de cuentas, el problema no es la “contrahegemonía”, sino una hegemonía propia de los sectores avanzados de las grandes masas populares. Para ello, empero, está la cuestión de la generación de una capacidad de dirección de los sectores populares avanzados de la sociedad civil en todos los asuntos públicos; para tal efecto es requisito afirmar los derechos y libertades, la libertad de información y organización, la exposición y circulación de todos los datos eco- 318 LUcio oLiver nómicos, políticos e ideológico culturales. Democracia sindical y democracia en las organizaciones sociales, políticas, religiosas, ideológicas en que tiende a organizarse la sociedad civil. Todo lo anterior requiere una transformación democrática del Estado actual, que está recuperándose, para dar lugar al avance hacia un nuevo Estado democrático popular; asunto no logrado por las grandes luchas sociales de los trabajadores en 1959, los médicos en 1966, los estudiantes en 1968 y la población en las luchas locales por la democracia. Para el gobierno actual, la cuestión central por resolver es el cambio del régimen político y la transformación democrática del país, con lo que coincide el movimiento histórico popular que reclama avanzar hacia un Estado democrático-popular. Pero en ese objetivo no está suficientemente presente y clara la manera de profundizar la lucha contra la desigualdad y contra la subordinación del capitalismo dependiente a las transnacionales, sino que se centra en la transformación del régimen político del Estado que cobijó el poder corrupto y autoritario de las élites dirigentes. Para AMLO, el nuevo poder debe nacer de la separación del Estado respecto del poder económico y de las políticas públicas; pero eso de por sí no genera un carácter popular avanzado del Estado; puede ser popular sin que el pueblo organizado sea dirigente con su propia autonomía, dirigido por un Estado jacobino no autoritario sino democrático. Así, el programa del gobierno actual es el programa democrático de una pequeña burguesía nacionalista y popular honesta, nada más y nada menos, para un país que hasta ahora no ha conocido la democracia moderna sino un Estado autoritario capitalista popular que se había encaminado hacia una democracia a medias, la democracia liberal. Me parece que la perspectiva de Gramsci ayuda a entrever cómo continuar el movimiento histórico hacia la democracia popular, para ubicar los objetivos y las tareas de una lucha de posiciones, de una reforma intelectual y moral de la sociedad, y para crear una nueva voluntad colectiva crítica de masas encaminada a afirmar la transformación del país. La renovación poLítica crítica... 319 Me parece que ahí están las nuevas preguntas relativas a la superación de la subalternidad popular: una de ellas es si es posible que las políticas económico-corporativas que siguen siendo prioridad en el movimiento popular, confluyan con la construcción de fuerzas políticas unitarias con autonomía ideológica crítica y autodeterminación política popular. Bibliografía Aguilar, Yásnaya Elena, “La autonomía de los pueblos indígenas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, en NACLA Report, 5 de junio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Década de 1980: crisis de la deuda”, en Cepal, 2023, recuperado de <https://biblioguias.cepal.org/CEPAL75/decada80>. González, Pablo, Colonialismo interno (una redefinición), Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003. , De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Pensar América Latina en el siglo XXI, Siglo XXI / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, México / Buenos Aires, 2009. Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, Era, México, 2000. Hirsch, Joachim, El Estado nacional de competencia, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2002. López, Andrés Manuel, “Discurso de toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador”, en La Jornada, 2 de diciembre de 2018. Mészáros, István, La crisis estructural del capital, Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación, Venezuela, 2009. Hegemonía y 4T. Un debate gramsciano, de Diana Fuentes y Massimo Modonesi (coordinadores), se terminó de imprimir en noviembre de 2023. Se tiraron 1 000 ejemplares. El cuidado de la edición estuvo a cargo de David Moreno Soto y Maribel Rodríguez Olivares. Formación de originales: Caricia Izaguirre Aldana.