CAP LIB MODERNIZACION Y REESTRUCTURACION

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Paola Alexandra Sierra-Zamora Manuel Bermúdez Tapia Compiladores Catalogación en la publicación Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Crimen Organizado Transnacional. Fronteras y actores en el hemisferio / Editores Eva María Rey Pinto y Diego Rodríguez Samora – Bogotá: Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, 2020. Editorial: Editorial Planeta Colombiana S.A. 1 volumen: 322 Páginas, ilustraciones; 15x23cm. ISBN: PENDIENTE 1. Sobre la Seguridad y la Defensa en Colombia: asuntos sobre el desarrollo jurídico en Colombia 2. Contexto Internacional de Seguridad: una lectura desde el enfoque multidimensional 3. La dimensión continental de la Seguridad y Defensa Nacional 4. La Nación, la Seguridad y la Defensa Nacional en Colombia: una aproximación jurídica 5. Aproximación a la configuración de los intereses nacionales en Colombia 6. Identificando relaciones internacionales entre Estados en función a las políticas de sus gobiernos 7. Los principales Campos de Acción de la Política de Seguridad y Defensa en Colombia 8. Modernización y reestructuración de la Seguridad y Defensa Nacional: análisis propositivo para una Ley de Seguridad y Defensa en Colombia 9. Conclusiones Generales: Evaluación de la Seguridad y Defensa Nacional como Política de Estado THEMA: PENDIENTE DEWEY: PENDIENTE Título: Evaluación Jurídica de la Seguridad y Diseño de cubierta Defensa Nacional como política de Estado Vicente Gómez Primera edición, 2020 Compiladores © Paola Alexandra Sierra-Zamora © Manuel Bermúdez Tapia Autores © Paola Alexandra Sierra-Zamora © Manuel Bermúdez Tapia © CR (RA) Darío Enrique Cortés Castillo © CR (RA) Cipriano Peña Chivatá © Jean Carlo Mejía Azuero © Juan Carlos Hoyos Rojas © MY Diego Fernando Cano Cuevas © Capitán de Navío José Gregorio Blanco Causíl © CR Lester Raúl Álvarez Domínguez © Lina Vanessa Jiménez Barrera © Tania Lucia Fonseca Ortiz © Erika Paola Ramírez Benítez © Carlos Alberto Ardila Castro ISBN 10 ISBN 13 © 2020 Editorial Planeta Colombiana S. A. Calle 73 N.º 7-60, Bogotá. D. C., Colombia LIBRO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN © 2020 Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Departamento de Estrategia ESDEG-SIIA Carrera 11 N° 102-50 Bogotá D.C., Colombia Proceso de arbitraje: 1er. concepto Evaluación: 29 de agosto de 2019 2do. concepto Evaluación: 18 de septiembre 2019 Impreso en Colombia Correctora de estilo Vanessa Motta Diseño y diagramación Haidy García Rojas Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial. El contenido de este libro corresponde exclusivamente al pensamiento de los autores y es de su absoluta responsabilidad. Las posturas y aseveraciones aquí presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representa la posición oficial, ni institucional de la Escuela Superior de Guerra, de las Fuerzas Militares o del Estado Colombiano. CONTENIDO PRESENTACIÓN 13 PRÓLOGO 15 Capítulo I SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA 19 Introducción 21 1. Responsabilidad del Mando 23 2. La Justicia Penal Militar en Colombia 25 3. La Justicia Transicional para miembros de las Fuerzas Armadas 26 4. Algunas cuestiones que se tienen sobre la JEP respecto de Militares de la Fuerza Pública 28 5. Seguridad y Defensa Nacional en El Derecho Comparado 35 5.1. Filipinas 36 5.2. Salvador 37 5.3. Irlanda del Norte 39 Conclusiones 39 7 Capítulo II CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 41 Introducción 43 1. Principales Ideas del Enfoque Multidimensional 45 2. Sistema Mundial: crisis económica, redefinición de la hegemonía global 47 3. Crisis de La Democracia Liberal 56 4. Amenazas Transnacionales a La Seguridad Nacional 62 5. Calentamiento Global: Una Amenaza Transversal 65 6. Migraciones Ilegales 67 Conclusiones 68 Capítulo III LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 71 Introducción 73 1. Mecanismos de Confianza Mutua 86 2. Seguridad y Defensa en El Hemisferio: algunos estudios de caso, securitización en El Hemisferio 94 3. Los objetivos de seguridad hemisférica 96 4. El Nuevo Contexto Continental 97 5. Estados Unidos y El Hemisferio 99 6. Comparativa Estrategia de Seguridad Argentina, Perú y Brasil 106 7. Ley de Seguridad y Defensa en Colombia 109 Conclusiones 116 Capítulo IV LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA 119 Introducción 121 1. Colombia Frente al Escenario del Posconflicto 122 2. La Violencia en Colombia dentro del Posconflicto 127 8 3. Capacidades de la Fuerza Pública garantizando la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales 130 4. Políticas Públicas en Colombia frente al fortalecimiento territorial 132 5. Defensa y Seguridad Nacional como un fin del Estado para la construcción y el mantenimiento de la paz 135 6. Los asuntos sobre la Política de Seguridad y Defensa entre las zonas limítrofes de Colombia 139 7. Crimen Organizado Transnacional que amenacen la seguridad y el funcionamiento del Estado 142 Conclusiones 145 Capítulo V APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA 147 Introducción 149 1. Aproximación a la definición de los Intereses Nacionales 151 1.1. Antecedentes de La Conceptualización del Interés Nacional 152 1.2. Perspectiva Teórica del Interés Nacional 153 1.3. Definición del Interés Nacional 155 1.4. Clasificación de Los Intereses Nacionales 159 1.5. La consecución del interés nacional: Fin último de la estrategia de un Estado 162 2. Los Intereses Nacionales de Colombia: una discusión oportuna 168 2.1. Antecedentes Generales 169 2.2. Definición de los Intereses Nacionales 172 3. Nuevos factores para la configuración de los intereses nacionales 175 Conclusiones 181 9 Capítulo VI IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS 183 Introducción 185 1. El Surgimiento del Estado y las relaciones con otros Estados 186 2. El Surgimiento del hombre y su desarrollo en la pre-historia 186 3. El Surgimiento del Estado en la Era Antigua 187 4. La caída de los Estados con la Edad Media 192 5. El Resurgimiento de Los Estados en la Edad Moderna 194 6. La legitimidad del Pueblo en la gestión del Estado en la Edad Contemporánea 195 7. Políticas de Estado 201 8. Políticas de Gobierno 204 9. Políticas Públicas 206 10. La Política Internacional 208 11. La Geopolítica 211 12. La Diplomacia 212 13. El Derecho Internacional Humanitario 213 14. La Seguridad Nacional e Internacional 214 Conclusiones 216 Capítulo VII LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA 219 Introducción 221 1. Campos de Acción Atinentes a Las Fuerzas Armadas 224 2. Disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad 229 3. Control institucional del territorio 230 4. Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana 230 5. Institucionalidad para La Defensa y La Seguridad 232 6. Campos de acción orientados al ámbito subregional y continental 234 6.1. Disuasión y Diplomacia para La Defensa de La Seguridad 10 234 6.2. Institucionalidad para La Defensa y La Seguridad 235 7. Campos de acción en relación con el medio ambiente 238 8. Disuasión y Diplomacia para La Defensa y la Seguridad 239 10. Campos de acción en el plano internacional 242 Conclusiones 244 Capítulo VIII MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA 247 Introducción 249 1. Propósitos de La Reforma 250 2. Áreas Particulares 257 2.1. Concepto de Poder Nacional 257 2.2. Nuevas Amenazas 259 3. Escenario del Postconflicto en ámbitos de Seguridad y Defensa 265 Conclusiones 268 Capítulo IX CONCLUSIONES GENERALES: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 271 AUTORES 277 REFERENCIAS 283 11 PRESENTACIÓN La presente obra denominada EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA COMO POLÍTICA DE ESTADO es resultado del proyecto de investigación titulado “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina, perteneciente al grupo de investigación “Masa Crítica” reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247 en colaboración con el Proyecto de Investigación titulado: “Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques interdisciplinarios – FASE II”, que forma parte de la línea de investigación “Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos”, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como Tipo A1 por COLCIENCIAS y registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS y el proyecto “Nuevas 13 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Amenazas en el siglo XXI: Fronteras y Derechos Humanos”, de la línea de investigación “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en A por COLCIENCIAS vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), adscrito a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. 14 PRÓLOGO El estudio de la Seguridad y Defensa Nacional en un país democrático y participativo como lo es Colombia, se ha convertido en un tema de vital trascendencia, en los últimos años, para la mayoría de los gobiernos nacionales sobre todo en la región latinoamericana. Problemas que pueden evaluarse en una perspectiva transversal como también paralela y autónoma surgen en una época en la cual los contextos nacionales son cuestionados desde el ámbito interno como también externo. De este modo, el narcotráfico, los negocios vinculados a actividades de lavado de activos y el tráfico de personas constituyen amenazas a las soberanías nacionales y provocan en el ámbito interno una serie de problemas interdependientes que van provocando la necesaria redefinición de la Seguridad y Defensa Nacional. Por ello, evaluar el contenido de un texto que plantea el análisis de estos temas en una perspectiva muy particular e interdisciplinaria constituye un honor que nos obliga a plantear el análisis de cada uno de los capítulos. En el capítulo de La seguridad y defensa en Colombia de Paola Alexandra Sierra-Zamora, Manuel Bermúdez Tapía, Tania Lucia Fonseca 15 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Ortíz y Anderson Joao Roa Domínguez, se ejecuta un análisis constitucional sobre la defensa nacional colombiana y se evalúa el accionar de las entidades que conforman las Fuerzas Militares. El análisis de la jurisdiccion penal militar es un elemento que permite identificar el contexto sobre todo que se ha vinculado con el conflicto armado interno y por ende consituye una referencia comparativa que para el Perú, resulta ser muy interesante, especialmente por la época de terrorismo de los años ochenta del siglo pasado y por la derogación de parte de la legislación del fuero penal militar propiciada por el Tribunal Constitucional. El análisis de la Seguridad y Defensa Nacional desde una perspectiva comparada e internacional es desarrollado por Dario Cortes Castillo en el capítulo que ejecuta El Contexto internacional de seguridad: una lectura desde el enfoque multidimensional resaltándose el período de evaluación contemporáneo donde las premisas teóricas han sido modificadas por las mismas circunstancias de los países en le empleabilidad de sus mecanismos de interacción, detallándose los soft y smart power. Sin embargo, producto de esta misma situación de interacción entre países, resulta interesante evaluar el contexto del cambio climático que constituye uno de los problemas de mayor alcance a nivel global. El capítulo La dimensión continental de la seguridad y defensa nacional de Cipriano Peña Chivatá permite apreciar un contexto muy particular, especialmente desde la perspectiva de la hegemonía de los Estados Unidos de América en el continente, porque permite la ampliación de los conceptos terminológicos empleados a lo tradicional en la determinación de las condiciones de cada “Estado-Nación” y por ello el análisis de los bloques regionales es un elemento que detalla la importancia de la temática evaluada. Complementariamente en el capítulo sobre La nacion, la seguridad y la defensa nacional en Colombia de Paola Alexandra Sierra-Zamora y Lina Vanessa Jiménez Barrera, evaluamos los conceptos teóricos más referenciales al ámbito nacional colombiano. Se permite evaluar dos períodos muy específicos: el conflicto armado interno y el posconflicto, donde la paz se constituye en un recurso sumamente valioso para el país, para el Estado, para la administración pública y para la población. 16 PRÓLOGO La evaluación de los intereses nacionales en el ámbito de la Seguridad y Defensa Nacional es expuesto en el capítulo Aproximación a la configuración de los intereses nacionales en Colombia por Erika Ramírez Benítez y Carlos Ardila Castro donde se hace un análisis de conceptos básicos como soberanía, integridad terroritorial y protección del Estado que son importantes de detallar en una referencia directa a la incidencia negativa que ha ejecutado el conflicto armado interno colombiano porque en esencia, la legitimidad del Estado ha sido cuestionada severamente. Paola Alexandra Sierra-Zamora y Manuel Bermúdez Tapia desarrollan un texto de derecho internacional aplicado al contexto de la geopolítica ejecutada por los gobiernos nacionales en Identificando relaciones internacionales entre estados en función a las políticas de sus gobiernos, texto que permite identificar las variables en las cuales esta interacción produce resultados y en donde se evidencia un mismo patrón histórico en la humanidad: el uso de la fuerza de los Estados se basa en gran parte en la empleabilidad de sus recursos militares para así ampliar su hegemonía ante otros estados. Diego Cano al desarrollar Los principales campos de acción de la política de seguridad y defensa en Colombia propone una metodología aplicativa con la cual la teoría logra ser ejecutada en una realidad y por ello es que se analiza la legislación colombiana. Finalmente, el capítulo Modernización y reestructuración desarrollado por Paola Alexandra Sierra-Zamora, Tania Lucía Fonseca Ortíz y Jean Carlo Mejía Azuero permite analizar los nuevos frentes de acción que exigirán la evaluación constante de la Seguridad y Defensa Nacional, especialmente porque la provisión de estas circunstancias negativas es prácticamente una realidad contemporánea. De este modo, se termina el estudio jurídico con un capítulo de conclusiones generales a cargo de Paola Alexandra Sierra-Zamora, José Gregorio Blanco Causíl y Lester Raúl Álvarez Domínguez, dando así una terminación triunfal sobre la evaluación jurídica que merece este tipo de obra con toda pertenencia y sobresaliendo en términos generales a una obra que requería un estudio jurídico como el detallado a continuación 17 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Finalmente, se presenta un texto articulado en forma metodológica que desarrolla en forma orgánica el análisis de temas vinculados a la seguridad y defensa nacional, analizando tanto variables internas como externas a la realidad de Colombia, tanto en la evaluación de antecedentes como tomando una provisión a futuro, respecto de cómo variarán las circunstancias de análisis en los próximos años. Siendo un honor participar en el prólogo del presente texto me permito hacer la referencia comparada con la realidad peruana, donde el perfil institucional nacional no ha permitido evaluar aspectos de vital importancia a los intereses nacionales, especialmente cuando se asumió una época de extrema violencia que perjudicó de modo directo e indirecto la economía nacional, la convivencia de la población y se generó un detrimento en el proceso de desarrollo del país y cuyas consecuencias hasta la fecha resultan visibles porque la fragmentación poblacional es un factor propio de la evaluación de la Seguridad Nacional. Juan T. Falconí Gálvez Ex Vice Ministro de Justicia de la República del Perú Ex Director General de la Academia de la Magistratura, Perú Especialista en Gestión y Gobierno 18 CAPÍTULO I SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA* Paola Alexandra Sierra-Zamora Manuel Bermúdez Tapia Tania Lucia Fonseca Ortíz Anderson Joao Roa Domínguez * Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina perteneciente al Grupo de Investigación Masa Crítica reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247. 19 Introducción En el ámbito de la defensa, se refiere, a las condiciones adecuadas que permite a un Estado “asegurar sus intereses primarios ante posibles amenazas o acciones del exterior”, en este ámbito actúan los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional en Colombia. Es así, que a nivel administrativo en Colombia, la seguridad y la defensa están comandados por el Ministerio de Defensa, cuyo principal objetivo es la formulación y adopción de las políticas, planes generales, planes y proyectos del sector administrativo Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática (Congreso de la República, 2000). Adjunto al Ministerio de Defensa, se encuentran organizadas tanto las Fuerzas Militares de Colombia (FFMM) como la Policía Nacional. Según la Constitución Política de Colombia, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (Asamblea Nacional Constituyente, 2010). Por otro lado, las Fuerzas militares de Colombia están adjuntas al Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional de Colombia, la Armada de la República de Colombia y la Fuerza Aérea colombiana). Así lo dispone el artículo 217 de la Constitución Política: 21 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Las Fuerzas militares de Colombia tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Por ende, la estructura de seguridad y defensa en Colombia comprende un sector central y otro descentralizado. Por otro lado, el presidente de la República de Colombia, por mandato constitucional en el artículo 115: “como Jefe de Estado, es el Comandante en Jefe, tanto de las Fuerzas Militares, como de la Policía Nacional”. (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 115) Pese a los objetivos que deben perseguir las Fuerzas Armadas de Colombia, en el marco del conflicto interno1 (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 11-24), dichos organismos también fueron protagonistas de múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales y humanos de la población colombiana, a lo cual fue previsto en el Acuerdo Final para la Paz un tipo de responsabilidad penal (Sierra Zamora y Jiménez Barrera, 2019, pp. 1-14) para los participantes y fue regulado este aspecto por medio de la llamada “responsabilidad del mando”, figura contemplada en el derecho internacional, y en la cual establece que, un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. Este capítulo de libro se centrará en la temática sobre la siguiente pregunta de investigación ¿Verdaderamente los requisitos previstos en el artículo 24 del Acto legislativo 01 de 2017 para que se configure la responsabilidad de mando resultan conformes a los estándares del Derecho Internacional? Por lo anterior, el presente capítulo tendrá un desarrollo metodológico de tipo doctrinal-hermenéutica ya que mediante la revisión y análisis de textos, cifras estadísticas e informes sectoriales se construyen un análisis de micro problemas que responden al desarrollo de cada acápite de la investigación, los cuales se responden con la construcción de una síntesis personal sobre el tema objeto de investigación. 1 Si lo que se requiere es profundizar en el conflicto armado de Colombia, véase: Cubides Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P. A. & Mejía, J. C (2018). Reflexiones en torno a la Justicia Transicional en Colombia: Fuerzas Armadas, Víctimas y posacuerdo. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23 (2), 11-24. 22 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA 1. Responsabilidad del Mando La responsabilidad del mando (en adelante RDM) es una figura del derecho penal internacional, concretamente del artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La jurisprudencia reconoce dos tipos: la directa, cuando la superior toma decisiones directas para la comisión del delito, como por ejemplo cuando se lo ordena a sus subordinados. La indirecta es cuando el superior conoció o tuvo razones para hacerlo que el subordinado estaba cometiendo delitos o cuando no tomó las medidas necesarias para prevenir el delito o sancionar al perpetrador. Es importante evidenciar la forma de responsabilidad porque de ahí dependerá también el procedimiento que se tome2 (Chacón, 2015). Como señala Olásolo y Cantor (2018): Así, la norma 153 del estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el DIH consuetudinario señala que “los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados”. Lo dispuesto en el Acuerdo (Jaramillo, 2014), plantea tres condiciones para el surgimiento de la responsabilidad de un superior por los actos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por sus subordinados: (I) debe existir un control efectivo sobre la conducta realizada por el subordinado; (II) la conducta omisiva del superior debe ser juzgada a la luz del conocimiento que él tuviese del hecho ilícito, con base en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta; y finalmente, (III) se deben considerar los medios que el superior tenía a su 2 El acatamiento de las medidas de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables por parte el Estado colombiano hace parte de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por esto mismo, decimos que depende del procedimiento que se implemente y el escenario en que se aplique. Para más información, consúltese: Chacón Triana, N. (2015). Acatamiento de la medida de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, por parte de Estado colombiano en los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Chacón, N. T., Cubides Cárdenas, J., Díaz Mantilla, L. F., Martínez Lazcano, A. J., Vargas Díaz, D. R & Vivas Barrera, T. G. (2015). Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Universidad Católica de Colombia. 23 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes. Así, el derecho internacional ha planteado que deben concurrir tres elementos para que haya RDM: que el superior (I) tenga conocimiento de las atrocidades de sus subalternos, (II) goce de mando efectivo sobre ellos, y (III) deje de tomar las medidas razonables y necesarias para prevenir o sancionar esas conductas. El acuerdo de paz (Fernández Osorio y Pachón Pinzón, 2019) y la reforma constitucional de la JEP prevén esos tres requisitos, pero la regulación específica de dos de ellos es muy problemática3. En este sentido, puede verse, que el Acto Legislativo 01 de 2017 responde a un prototipo esencial de derecho penal tradicional (Vargas, 2010, p. 81)4, con una contraprestación igual a cualquier sistema jurídico, el de sancionar a los máximos responsables y de los crímenes más graves y representativos. Aunque se hace indispensable rescatar, que el Acuerdo Final acuñe que la figura de la RDM no fue estructurada para sancionar a quienes detentando la autoridad y el control en una estructura criminal idean y planifican la acción criminal para que sus subordinados la ejecuten, sino para sancionar a quienes, teniendo esta misma posición de dominio, omiten adoptar las medidas para evitar o para reprimir su realización, conociendo o debiendo conocer que tales delitos serían cometidos por sus dependientes. Por lo tanto, esta figura para unos (Fuerza Armada) y para otros (FARC-EP) se establece en diferentes proporciones y en diferentes condiciones. Así las cosas, los hechos que se hayan cometido dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad; que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir; que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones en esa área y 3 4 Para más información, véase: http://lasillavacia.com/blogs/responsabilidad-del-mando-y-jep-un-debate-complejo-y-polarizado-59906 Para más claridad, véase: Vargas, M. F. M. (2010). Kant, el primer sistematizador para el derecho penal. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 4 (2), p. 81. 24 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA que tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir los hechos. Todo este proceso, si se dan las condiciones establecidas, podría conllevar a la ruptura de la “responsabilidad de mando” y los beneficios una vez aceptado el caso por la JEP serán: la renuncia a la persecución penal (No se iniciarán nuevos procesos por estas conductas); se hará el tránsito a cosa juzgada material y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz; se eliminan los antecedentes penales de las bases de datos; se anula o extingue la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa derivada de la conducta penal; se impide el ejercicio de la acción de repetición y del llamamiento en garantía contra los agentes del Estado sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral (Sanabria-Moyano y Beltrán Orjuela, 2020) y “ningún agente del Estado podrá ser reintegrado a la Fuerza de la que salió. La persona queda por fuera de la institución militar o policial donde estaba”. 2. La Justicia Penal Militar en Colombia La Corte Constitucional se ha enfrentado a varios debates velando porque esta articulación interinstitucional sea armónica, legal y reglamentaria. Así, se ha dispuesto en reciente pronunciamiento que esta articulación ha tenido unos devenires porque, hay factores que favorecen tanto a las FARC como a las Fuerzas Armadas colombianas. Con esto, queremos aclarar, que los principios rectores de la JEP hacen parte de esta articulación interestatal a la que hemos hecho referencia. La Corte Constitucional, por lo pronto en sentencia C – 674 de (2017) dice: Artículo transitorio 24. Responsabilidad del mando. Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal. 25 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, o después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes. 3. La Justicia Transicional para miembros de las Fuerzas Armadas Por lo tanto, la justicia transicional se conoce como el mecanismo que tienen los Estados con conflictos armados internos que posibilita la reparación de las víctimas a las violaciones masivas de los derechos humanos ocasionadas por grupos al margen de la ley (Bernuz y García, 2015, p. 9). O como lo dice Teitel (2003): La Justicia Transicional pude ser definida como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tiene el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores (p. 69). Pero cabe resaltar, y como lo señala Rettberg (2005): La Justicia Transicional es uno de los temas de mayor relevancia para la construcción de la paz, definida como el tipo de arreglos judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten la transición de un régimen autoritario a una democracia o de una situación de guerra a una de paz (p. 1). En consecuencia, la justicia transicional en Colombia implica una necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en escenarios de 26 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA posacuerdo dentro del tránsito de un periodo de violencia a otro de fortalecimiento de la paz (Cabrera Cabrera, L. y Corcione Nieto, M. (Eds.), 2018). Aunque, se sabe que con el fin de un conflicto armado no llega la paz como consecuencia inmediata de los acuerdos con grupos insurgentes tras periodos de violencia (Valdivieso Collazos, 2012). y, por lo tanto, traerá consigo incontables controversias por el tipo de Gobierno que se pretenda establecer. Por ello, el posacuerdo sería una etapa de construcción de un nuevo Estado, en el cual se solventen los problemas que han originado y prolongado el conflicto colombiano (Calderón Rojas, 2016, pp. 227-257). Es aquí, donde se encuentra un punto de quiebre, pues se hace indispensable afirmar que el conflicto en Colombia se ha extendido a lo largo de su evolución, al no consolidarse una paz verdadera, una paz rígida y, sobre todo, una paz estable (Azuero, 2014, pp. 89-98). Con estos antecedentes, se debe precisar que para la materialización de una verdadera paz en este territorio es necesario otorgar a las víctimas de este conflicto un papel fundamental dentro de los procesos encaminados hacia ese fin, no para entorpecer los avances logrados, sino como factores determinantes para su legitimación (Cubides Cárdenas, et al, 2017). De aquí deriva la importancia de que los instrumentos de justicia transicional no solo apunten a superar las consecuencias de conflictos sino también a facilitar la terminación de los mismos. Así entonces, en Colombia se pretende anular las capacidades operativas de enormes ejércitos no convencionales, e incluir al mismo tiempo ajustes a favor de las víctimas, para así obtener la verdad detrás de sus procesos de victimización y la reparación de sus perjuicios, no solo desde el punto de vista económico sino abarcando también la reparación moral (Melamed y Janiel, 2017). En este sentido se puede ver que el Estado colombiano no busca a través de la justicia transicional lograr superar un pasado de violencia generalizada y de profundas violaciones sistemáticas a los derechos humanos (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359-379) como en otras experiencias vistas, sino superar un presente aún permeado por estas condiciones, y lo hace mediante la implementación de complejos mecanismos para la 27 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO desmovilización de actores armados e instrumentos para lograr su incorporación a la sociedad civil (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349-360). Esto significa que la justicia transicional no solo tiene que ver con la garantía de la justicia retributiva penal con respecto a los crímenes cometidos en el pasado, sino que pretende dar cuenta de una noción mucho más amplia de justicia (Corcione Nieto, Fernández Osorio, Cabrera-Cabrera y Rojas Yaima, (2019) en la que el conocimiento de lo que pasó, la reparación de los daños causados a las víctimas por los crímenes y el diseño de instituciones que garanticen que los horrores del pasado no volverá a repetirse, ocupan también un lugar primordial (Rincón Triana, 2010, p. 25). Por consiguiente, la justicia transicional pretende garantizar los derechos de las víctimas conciliando y sopesando sus demandas de justicia, verdad y reparación y la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición, con la necesidad de lograr acuerdos que permiten alcanzar la paz y el establecimiento de la democracia (Najar & Ibáñez, 2017, p. 68). Y en un segundo momento, tras haber realizado un estudio sobre la normatividad activa desde una perspectiva simbólica, mostrar a la comunidad la ejecución normativa, política y judicial que se tiene en Colombia. En un tercer momento, examinar el desarrollo de las Comisiones de la Verdad en un panorama amplio y concreto para el progreso de la presente ponencia. Finalizando, con un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) y unas breves conclusiones. 4. Algunas cuestiones que se tienen sobre la JEP respecto de Militares de la Fuerza Pública Responsabilidad del Mando en el marco de la Ley 1922 de 2018 y la Sentencia C 674 de 2017 y la implementación de estándares internacionales. 28 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA Ahora, teniendo en cuenta el punto de vista procesal constitucional nacional (Pinilla Malagón y Cubides Cárdenas, 2016, pp. 84-105)5, legal y reglamentario se tiene en consonancia, que el punto de partida del Estado colombiano es el de sancionar, investigar y castigar a los máximos responsables de violaciones graves a derechos humanos y de derecho internacional humanitario (Chacón, et al, 2018, pp. 152-161)6, pero no podemos dejar de lado el contenido de la ley 1922 de 2018, pues se enmarca en un desarrollo procesal penal donde este tipo de sanciones quedan abiertas a interpretación del juez sin delinear el marco jurídico por el cual se debe proceder ese tipo de sanción. Así pues, la figura de la RDM no envuelve necesariamente la condición de máximo responsable, sino que, por el contrario, es un acto delictivo especifico que se sanciona con los criterios específicos a un grupo determinado de personas, el que se acogió al proceso de transición que ocurre en Colombia y sólo sí se logra probar este tipo de responsabilidad (Cubides Cárdenas, et al, 2018)7. Esto, a fin de cuentas, hace que esta figura delictiva no coincida con los estándares internacionales plausibles para este tipo de conductas, por ejemplo, con el Estatuto de Roma. Conforme a lo anterior, se puede traer a estudio el artículo 28 del Estatuto de Roma donde se encuentra legitimada la figura delictiva de la responsabilidad del mando, mandato general de criminalización, disposición que debería criminalizarse a través de las estructuras de derecho penal de cada Estado (Romero Sánchez, et al, 2015), pero que, en este 5 6 7 Para más información sobre el estudio dogmático constitucional colombiano, véase: Pinilla Malagón, J. E. y Cubides Cárdenas, J. (2016). El control de constitucionalidad: construcción dogmática en Colombia y Argentina, pp. 84-105. En: Cubides Cárdenas, J., Pinilla Malagón, J. E., Torres Ávila, J., & Vallejo Almeida, G. (2016). Derecho público en el siglo XXI: regulación del mercado, contratación pública y derechos humanos. Universidad Católica de Colombia. Para profundizar en La protección de los derechos humanos a la luz de las nuevas obligaciones internacionales, véase: Chacón, N. T., Pinilla, J. M. y Hoyos, J. C. R. (2018). La protección de los derechos humanos a la luz de las nuevas obligaciones internacionales frente a la lucha contra el terrorismo/ The Protection of Human Rights in the Light of New International Obligations in the Fight Against Terrorism. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23, pp. 152-161. Para profundizar, véase: Cubides Cárdenas, J., Vivas, T. & Sierra-Zamora, P. (2018). Exordio conclusivo: de la responsabilidad internacional y la protección ambiental. En: Cubides Cárdenas, J., & Vivas Barrera, T. G. (2018). Responsabilidad Internacional y protección ambiental: en tiempos de paz, en medio del conflicto armado y etapas de posconflicto. Bogotá. Universidad Católica de Colombia. 29 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO caso específico de transición en Colombia, la figura delictiva se queda corta al evidenciar y dejar por sentado que no imputa necesariamente a los máximos responsables de los delitos más graves en el marco del conflicto armado, sino que, la RDM empezaría a variar conforme a la libre interpretación judicial que se surta en los procesos que se lleven a cabo. Por un lado, para los militares de la fuerza pública (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 1-149)8, por ejemplo, se trata de una regulación especial que prioriza los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Lo que hace, que en el marco de las estructuras de poder organizadas jerárquicamente (como el Estado colombiano), quienes tienen el mando efectivo de una organización omiten adoptar medidas razonables y adecuadas para prevenir o para reprimir las conductas delictivas de sus subordinados, cuando aquellos cuentan con los elementos necesarios de juicio para conocer de comisión de delitos (Cubides Cárdenas, 2017)9. Como lo señala Ramírez, Tamayo & Cojín: Al no quedar explícitamente en la norma, los mandatos del derecho internacional frente al conocimiento presunto existen un vacío normativo sobre la responsabilidad de mando en algunos casos concretos, lo que genera que no se tenga como referencia lo establecido en el derecho internacional penal del Artículo 28 del Estatuto de Roma, literal a, cuando expresa cómo debe ser el conocimiento presunto por parte de los mandos respecto de las omisiones (Ramírez, Tamayo y Cojín, 2018,). Pero bien lo señala Ramírez: 8 9 Para profundizar, véase: Cubides Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P. A., & Núñez, M. D. (2017). El fuero militar en el derecho colombiano vs. El derecho ecuatoriano. En: Cubides Cárdenas, J. (2017). El fuero militar: Justicia Interamericana y Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 1ª. Ed. Bogotá: Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova, Colombia, pp.1-149. No puede dejarse de lado, el papel fundamental que contiene acogerse a estándares internacionales. Si bien es cierto que Colombia tras la ratificación de varios tratados internacionales debe cumplir a cabalidad cada postulado, también es muy cierta la analogía que sobre esa articulación debe hacerse. Para más información, véase: Cubides Cárdenas, J., Reyes García, D. I. & Castro Buitrago, C. E (2017). El Control De Convencionalidad (CCV) Y Sus Relaciones Con La Fuerza Pública En Colombia. En: Agudelo Giraldo, Ó. A., Castro Buitrago, C. E., Cubides Cárdenas, J., Reyes García, D. I., León Molina, J. E., Torres Ávila, J., & Woolcott Oyague, O. D. (2017). Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 30 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA Para la CPI tiene responsabilidad de mando todo aquel que se encuentre en condiciones materiales de prevenir los crímenes de sus subordinados, y no solo aquellos que cumplan con las complejas condiciones concomitantes planteadas en el Acto Legislativo, que incluyen tener una capacidad expresa y legal de evitar y reprimir los hechos. Esta compleja formula “nacional” podría derivar en la impunidad de varios mandos que materialmente pudieron impedir violaciones de derechos humanos y la formula podría ser tomada por la CPI como falta de disposición para llevarlos a juicio, habitual forma de la Corte para encontrar su jurisdicción (2018, p. 48). Por lo tanto, al seguir a cabalidad con estos principios rectores, y sin dejar de lado los principios de las operaciones para el mantenimiento de la paz (Vallejo, 2011, pp. 79-98)10, estaríamos frente a graves violaciones de derechos humanos que le JEP no podría en alguna medida juzgar bajo su competencia sino que entraría la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) a juzgarlos; porque al contemplar la JEP esta figura delictiva específica y sistemática, examinando sólo el escenario de conflicto armado interno colombiano11, los perpetradores indirectos podrían ser juzgados por la CPI cuando ésta así lo requiera. En este sentido, estos terceros intervinientes no combatientes podrían quedar por fuera de la competencia de la JEP sin que, por ello, se les vulneren los principios constitucionales rectores que contiene la Constitución Política de Colombia y se daría paso a la competencia de la CPI si ésta lo requiere (Llano & Silva, 2018, pp. 59-73)12. Traemos a colación, el concepto de responsabilidad del mando que deviene de los principios rectores de la jurisdicción especial para la paz (en adelante JEP)13 recientemente declarada en la Ley 1922 de 2018 y que palabras más, palabras menos, hace que la JEP se aparte de la mayoría de los tribunales penales internacionales que juzgan crímenes atroces. 10 11 12 13 Para más información, véase: Vallejo, G. A. (2011). Principios de las operaciones de mantenimiento de la paz. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 5 (1), pp. 79-98. Si lo que se quiere es profundizar en temas de desminado, véase: Macías Montoya, J. A., & Corcione Nieto, M. A. (2020). Sobre el desarrollo teórico conceptual y las reflexiones sobre las deliberaciones que ocupan al constitucionalismo, véase: Llano, J. V., & Silva, G. (2018). Globalización del Derecho Constitucional y Constitucionalismo Crítico en América Latina/Constitutional Law Globalization an Critical Constitucionalism in Latin America. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23, pp. 59-73. Para más información, véase: Ley 1922 de 2018. 31 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Lo que hace, además, que la JEP contenga un proceso de sanciones poco retributivas en la nueva justicia transicional (Daza, 2012, pp. 9-22)14 que se enmarca hoy por hoy en Colombia (Cubides Cárdenas y Sierra Zamora, 2018, pp. 631-644)15 y que sean sanciones propias de un proceso penal homogéneo. Dice la Corte Constitucional: La fórmula de la responsabilidad de mando del Estatuto de Roma no debe ser entendida como un tipo penal autónomo ni como una estructura rígida e inamovible que deba ser incorporada directamente en el derecho interno, sino como un deber de penalización que puede materializarse a través de las categorías que el constituyente o el legislador estime convenientes para enfrentar ese fenómeno específico. Y en este escenario, la cuestión relevante no es si la figura de la responsabilidad de mando se convierte en una estructura autónoma de imputación, ni si se reproducen los criterios de imputación previsto en el Estatuto de Roma, sino si se recoge y se criminaliza adecuadamente el fenómeno que se pretende atacar. Así pues, la fuente jurídica de la responsabilidad del superior no radica tanto en el artículo 28 del Estatuto de Roma, ni en el artículo 86 del Protocolo I adicional a la Convención de Ginebra, ni la Regla 153 de las Normas Consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario, sino el principio subyacente a todas estas normas, que exige responsabilizar a los superiores, militares y no militares, por su omisión en el deber de prevenir y reprimir las conductas criminales de sus subordinados, habiendo tenido conocimiento o debiendo haber conocido de tal circunstancia (Sentencia C-674 de 2017). Dado lo anterior, deberíamos hablar de la responsabilidad de los superiores y no de la responsabilidad de los mandos que se lleguen a derivar en una situación concreta. Aplicándoselos a los dos sectores, de un lado los miembros de las FARC y del otro, a los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. Es así, como se impulsa la figura del control efec14 15 Para más información, consúltese: Daza, A. G. (2012). La Justicia Restaurativa Establecida En La Ley 906 De 2004 Frente Al Fin Del Pro Ceso Penal. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 6 (1), pp. 9-22. Para mayor claridad, véase: Cubides Cárdenas, J & Sierra-Zamora, P. (2018). Reparación Integral De Las Victimas En La Justicia Transicional: Historia, Debate Y Actualidad Dentro Del Acuerdo De Paz Firmado Por El Gobierno De Colombia Y Las FARC-EP. En: Velandia Canosa, E. A. (2018). Derecho Procesal Constitucional. Bogotá: Legis. pp. 631-644. 32 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA tivo que vamos a analizar más adelante, solo para decir, que ese control ejercido sobre los subalternos no sólo serían de responsabilidad por los hechos conocidos sino por los actos o conductas que los responsables deberían haber sabido (Sañudo-Ospina, 2017, pp. 103-111). Claus Roxin (2000) sostiene que existen situaciones en las que surgen límites entre el dominio de la acción y el dominio de la voluntad. En este espacio, el agente no tiene dominio ni de la una ni de la otra y, sin embargo, participa activamente en la realización del delito. Por lo tanto, cabe plantear su autoría, aunque la acción típica la lleve a cabo otro partícipe. En ese sentido, es coautor todo aquel que tenga la posibilidad de frustrar la comisión del ilícito, omitiendo su función dentro del grupo criminal. Solo si todos los coautores actúan en forma coordinada se produce la consumación del delito (López, 2012, pp. 90-117). Así lo dicen Alonso y Curbelo (2018): La relación superior-subordinado es definida en relación con los superiores militares en el art. 28(a) ECPI de la siguiente manera: “[e]l jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo”. Por su parte el apartado (b) de la misma disposición añade en relación con los superiores civiles que “[e]n lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo […]” siempre y cuando “(ii) [l]os crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo” (pp.733-760) Por lo tanto, el Acuerdo de Paz creó el llamado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”16, que establece, entre otras instituciones, la JEP, entidad encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia17. La JEP tiene por objeto esclarecer y sancionar 16 17 Para más información, véase: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/Paginas/PR-Sistema-integral-de-Verdad-Justicia-Reparacion-y-no-Repeticion.aspx Gobierno De Colombia Y Farc-Ep, Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, cit. nota n° 1, pp. 143. 33 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO las conductas constitutivas de graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) (Sierra Zamora, et al, 2016)18 o al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas “con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado” (Dussán y Avellaneda, 2018, pp. 163-176)19; y, por otro lado, decidir sobre la concesión de admitías, indultos y otros beneficios recogidos en el Acuerdo (Loyo, 2017, pp. 444-500)20. Y es de resaltar, que la incorporación que se hace entre el Acuerdo de Paz y el Acto Legislativo 01 de 201721. El Acuerdo Final dice: “[s]e entiende por control efectivo de la respectiva conducta, la posibilidad real que el superior tenía de haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos, en relación con la ejecución de la conducta delictiva, tal y como se establece en el derecho internacional”22. Se deja en claro, que para fijar la RDM para militares de la fuerza pública se aplicará el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 164-188) 23, y las reglas 18 19 20 21 22 23 Para más información, véase: Sierra-Zamora, P. A., Cubides Cárdenas, J., & Carrasco Soulé, H. (2016). El Control De Convencionalidad: Aspectos Generales En El Sistema Interamericano De Derechos Humanos Y En El Derecho Colombiano. En: Cubides Cárdenas, J., Cárdenas Contreras, LE, Carrasco Soulé, H., Castro Buitrago, CE, Chacón Triana, NM, Martínez Lazcano, AJ, Pinilla Malagón, JE, Reyes García, DI, Sánchez Baquero, MN & Sierra-Zamora, PA (2016). El Control De Convencionalidad: Fundamentación E Implementación Desde El Sistema Interamericano De Derechos Humanos. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Para más información, consúltese: Dussán, C. C. y Avellaneda, M. B. (2018). Acceso a la Justicia Alternativa: Un Reto Complejo/Access to the Alternative Justice: a Complex Challenge. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23, pp. 163-176. Sobre la relación entre el Acuerdo y la lucha contra la impunidad ver: Loyo, J. (2017). La justicia transicional en Colombia: ¿Un instrumento creado para erradicar la impunidad?. Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, 5, pp. 32-61, p. 40 et seq. En: Olasolo, H., & Cantor, J. C. (2018). La Responsabilidad del Superior en el Acuerdo de Paz en Colombia a la luz del Derecho Internacional. Política criminal, 13 (25), pp. 444-500. El cual crea la JEP, lo incorpora en su artículo transitorio 5-16. El art. 17 hace especial relación al tratamiento diferenciado para Agentes del Estado, que se explicará más adelante durante el desarrollo del artículo. Sólo se adelantará información al decir que el trato para Agentes del Estado y para las FARC-EP no será la misma, pues la forma de participación tanto de uno como del otro, son distintas en el marco del Acuerdo de Paz de Colombia, el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Gobierno de Colombia y Farc-Ep. (2016). Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, cit. nota n° 1, P. 164. Para profundizar, véase: Cubides Cárdenas, J.; Suárez, J & Sierra-Zamora, P. (2018). El derecho internacional humanitario y la corte interamericana de derechos humanos en la protección de los derechos de verdad, justicia a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, pp. 164-188. En: Cubides 34 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal24. El gran problema que afronta el Estado de Colombia en este momento coyuntural es que el Código Penal colombiano no recoge explícitamente la figura de la RDM por lo que se restringe de manera oblicua su ámbito de aplicación (Palacio, 2011, pp.129-138)25. Conforme a lo anterior, la aplicación en este ámbito también cobija al bloque de constitucionalidad colombiano (Vivas, 2012, pp. 29-68)26, porque como se dijo anteriormente, Colombia, al ser Estado Parte de varios tratados internacionales (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 256-283)27 se obliga multilateralmente a cumplir con los postulados internacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018). 5. Seguridad y Defensa Nacional en El Derecho Comparado La seguridad y defensa nacional son elementos concebidos como primordiales dentro de la conformación de las naciones, puesto que los mismos conceden o dan cierto nivel de confiabilidad y protección a todas las personas que integran la nación. La seguridad nacional está referida a las manifestaciones externas, que los sujetos integrantes de la nación pueden percibir, y que se manifiesta en la sensación de tranquilidad o de inseguridad de los ciudada- 24 25 26 27 & Fajardo (2018). Cuestiones Dialécticas en torno a los derechos humanos y la paz. Brasil: Instituto Memoria Editora y Projetos Culturais. Gobierno de Colombia y Farc-Ep. (2016). Acuerdo de 24 de noviembre de 2016. Art. Transitorio 24. Para más información, consúltese: Palacio, J. I. (2011). El estado actual de la omisión en la teoría del delito como forma de conducta penalmente relevante. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 5 (2), pp. 129-138. Para más información, consúltese: Vivas, T. G. B. (2012). Control Al Juicio De Proporcionalidad De La Corte Constitucional Colombiana. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 6 (2), pp. 29-68. Para profundizar, véase: Cubides Cárdenas, J., González, J. y Sierra-Zamora, P. (2017). Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia y discriminación con enfoque de género en los precedentes del sistema interamericano. pp. 256-283 En: Martínez, A. J. (2017). Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ediciones Nueva Jurídica: Bogotá. 35 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO nos, ya que depende de la percepción por parte de la ciudadanía de la sensación de paz, peligro o amenaza para con la nación, y por ende para con la seguridad de sus ciudadanos. La misma es parte inherente de la política de la nación y está directamente vinculada con el poder nacional, el cual le proporciona los medios para que se pueda llevar a cabalidad. A partir de esta concepción, en el presente capítulo, se pretende tomar en cuenta los elementos necesarios que ostentan la seguridad y la defensa nacional en el derecho comparado para tenerlos en cuenta al caso colombiano y de esta manera mejorar los propósitos de protección en la Nación (Cubides Cárdenas y Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 309-325), por ello, se desarrollará la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué estrategias de seguridad nacional en el derecho comparado prevalecen para tenerlas en cuenta en el ordenamiento jurídico colombiano? 5.1. Filipinas La tarea de hacer cumplir y mantener la paz, así como asegurar de la seguridad ciudadana (Quintero Cordero, S. P., 2020) e interna es una de las funciones más importantes del gobierno. En Filipinas, la Policía Nacional Filipina (PNP) y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) conjuntamente cumplen este deber. La Policía Nacional Filipina (PNP) es un órgano civil y el principal instrumento de seguridad del país. Dependiendo del Ministerio del Interior y Gobierno Local (DILG), la PNP tiene la misión de prevenir el crimen, mantener la paz y el orden público, y asegurar; con la ayuda de la ciudadanía; la seguridad pública e interna. Las áreas en las que se desempeñan las unidades de apoyo operativo de la PNP son las siguientes: grupo marítimo, laboratorio de investigación criminal, grupo de inteligencia, oficina policial de seguridad y protección, grupo de seguridad para la aviación, grupo contra el narcotráfico, grupo de detección, y grupo de control de la circulación. La PNP tiene aproximadamente 120.000 efectivos. Para responder al fenómeno creciente de los crímenes internacionales, el Centro Filipino para los Crímenes Transnacionales fue creado en 36 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA enero de 1999. Este centro desarrolló un proyecto basado en la capacitación nacional para la lucha contra la criminalidad región de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN). Entre sus recursos de investigación poseen un banco central de datos compartido con otros instrumentos gubernamentales en donde archivan información sobre criminales, sus métodos, detenciones y sentencias. Las Fuerzas Aéreas llevan a cabo operaciones para proteger la soberanía y la integridad territorial del país, mientras el Ejército se ocupa de operaciones terrestres. Las Fuerzas Armadas tienen aproximadamente 100.000 efectivos en las tres ramas: 65.000 en el Ejército, 15.000 en las Fuerzas Aéreas, y 20.000 en la Marina. La Marina se encarga de defender las aguas territoriales del país, proteger la zona económica exclusiva, apoyar en las operaciones de seguridad interna, hacer cumplir las leyes marítimas, y llevar a cabo operaciones de rescate durante ocasiones de desastres y otras emergencias. Las Fuerzas Aéreas llevan a cabo operaciones aéreas para proteger la soberanía y la integridad territorial del país, mientras el Ejercito se ocupa de operaciones terrestres. Las Fuerzas Armadas tienen aproximadamente 100.000 efectivos en las tres ramas: 65.000 en el Ejercito, 15.000 en las Fuerzas Aéreas y 20.000 en la Marina. Mientras las Fuerzas Armadas de Filipinas se responsabilizan directamente de la defensa externa del país, sus recursos limitados son utilizados a la vez para cumplir con tareas de seguridad interna, particularmente en combatir los grupos rebeldes como el Nuevo Ejército Popular (NPA) y las organizaciones separatistas musulmanas en el sur del país. 5.2. Salvador Los objetivos de la Defensa Nacional son: “Mantener la soberanía del Estado y la integridad del territorio definidos por el Art. 84 de la Constitución”, en el cual se define el espacio terrestre, aéreo y marítimo que pertenece a El Salvador, sobre los cuales el Estado ejerce jurisdicción y soberanía. El territorio salvadoreño tiene el imperativo de ser irreductible. “Desarrollar y mantener un Sistema de Defensa Nacional moderno 37 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO y adecuado a la realidad de El Salvador”; y “Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”. “Mantener la inviolabilidad de la Soberanía y la independencia de El Salvador y el ejercicio de su libertad de acción, así como la integridad de su patrimonio material e identidad nacional, tanto en el campo interno como en el externo”; además, cumpliendo los objetivos y finalidades enunciadas anteriormente, junto con los establecidos en la Constitución de la República relacionados con la Defensa Nacional, constituyen objetivos nacionales permanentes, los cuales son las aspiraciones políticas, económicas y sociales del país. Estos objetivos, al interpretarlos y conjugarlos con la disponibilidad de recursos y las necesidades en materia de Defensa Nacional, son desarrollados por el Gobierno legalmente constituido, quien los traduce en objetivos nacionales actuales, convirtiéndolos en las metas que el gobierno puede y se propone alcanzar en un período determinado. En términos generales, los objetivos nacionales actuales son la esencia para estructurar la Política de Defensa de un período determinado, de la cual se deriva la Política Militar correspondiente. El Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador es uno de los organismos superiores de la Fuerza Armada de este país. Es presidido por el Ministro de la Defensa, quien tiene como función principal asesorar al Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, en lo relativo a la política de defensa nacional. Asimismo, ejerce la Dirección Superior de la Secretaría de Estado, y es el conducto de comunicación de todas las órdenes y disposiciones emanadas de la Comandancia General hacia los diferentes escalones de mando de la Fuerza Armada, a través del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El Ministerio de la Defensa Nacional está integrado por el Ministro y el Viceministro del ramo, las Direcciones Administrativas y las Jefaturas de Departamento con su personal subalterno. Asesoran a esta Secretaría de Estado, la Junta de Jefes de Estado Mayor y otros entes que precise en su misión, tales como los Estados Mayores Especiales. 38 SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN COLOMBIA: ASUNTOS SOBRE EL DESARROLLO JURÍDICO EN COLOMBIA 5.3. Irlanda del Norte Las Fuerzas de Defensa Irlandesas incluyen la Armada, la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Reserva de la República de Irlanda. Michael D. Higgins, como presidente de Irlanda, es formalmente comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Irlandesas, pero en la práctica responden al Gobierno irlandés a través del ministro de Defensa. Las Fuerzas de Defensa consisten en: • Fuerzas de Defensa Permanentes • Ejército • Servicio naval • Cuerpo aéreo • Reserva de las Fuerzas de Defensa; Reserva del Ejército y Reserva del Servicio Naval Conclusiones La JEP en su ámbito de aplicación junto con la misión legal y reglamentaria que se está llevando a cabo en Colombia, deberá articular interinstitucional y legalmente los postulados normativos a los que enfrenta cada día. Pues como se pudo demostrar en el presente artículo de investigación, esta articulación deberá cumplir tanto con los postulados internacionales al ser Colombia Estado Parte y ratificar por medio de tratados internacionales la competencia tanto del Derecho Internacional Humanitario como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; así, podrá evidenciarse, que la competencia que recaiga sobre la JEP para investigar, sancionar y juzgar crímenes atroces a lo largo de su jurisdicción sea equivalente a los postulados nacionales que Colombia implementa mediante su bloque de constitucionalidad. Aunque la RDM se derive tanto del elemento subjetivo como de su elemento objetivo (estudio que no pertenece al eje central de la presente 39 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO investigación y que por lo pronto no se desarrolló), es necesario esclarecer que este tipo de medida en concordancia con los postulados a los que se enfrenta nacional e internacionalmente, deberán ser entendidas dentro de todas las medidas necesarias, razonables, legales y reglamentarias que Colombia como Estado, dentro de una nueva justicia transicional (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9)28 abarca para el adecuado desarrollo interinstitucional que quiere integrar en el desarrollo del Acuerdo de Paz (Fernández-Osorio, A., 2019) (Cubides Cárdenas, 2017)29. Por lo mismo, y teniendo en cuenta el ámbito de aplicación al que hicimos referencia con anterioridad, se deberá reglamentar por alguna vía (bien sea legislativa o jurisprudencial) la figura de la RDM para militares de la fuerza pública ya que para los miembros de las FARC esta figura está delimitada al Acuerdo de Paz (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 178-193)30 y es claro que su ámbito de aplicación empezará a jugar un rol muy importante y fundamental para el debido desarrollo de la competencia de la JEP. Porqué, porque como dijimos con anterioridad, ese ámbito de aplicación tanto para unos como para otros derivará de los postulados internacionales y de los terceros intervinientes que se queden por fuera de la competencia de la JEP y sean juzgados a competencia de la CPI, a petición de este. 28 29 30 Para más información, véase: Sierra-Zamora, P. A. (2018). La tutela de los Derechos Humanos en situaciones de postguerra: el caso colombiano. Working Paper. Revista Científica “General José María Córdova, 2, pp. 3-9. Para más información, consúltese: Cubides Cárdenas, J., Barreto Cifuentes, P. A., Castro Buitrago, C. E., Castro Ortiz, J., Chacón Triana, N., Garay Acevedo, C. P. y Rodríguez Bejarano, C. (2017). Desafíos contemporáneos de la protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2017. Para más información, véase: Cubides Cárdenas, J. C., Ynfante, J. C. y Benítez, E. R. (2018). La Implementación del Acuerdo de Paz y la Seguridad en Colombia en el Posconflicto/The Peace Agreement Deployment and Security in Colombia in the Post-Conflicto. Utopía y Praxis Latinoamericana, 23, pp. 178-193. 40 CAPÍTULO II CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL* Coronel (RA) Darío Enrique Cortes Castillo * Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación “Educación Militar, liderazgo y doctrina” perteneciente al Grupo de Investigación Masa Crítica reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247. 41 Introducción La seguridad es la condición sine qua non; un Estado no puede consolidar las bases para su desarrollo político, económico y social. Por ello, la identificación oportuna de las amenazas que, en un momento dado, puedan afectar a un grupo humano es imprescindible para la estabilidad social y la materialización de los proyectos de vida de los ciudadanos. A lo largo del siglo XX, producto de los desenvolvimientos propios del sistema internacional, las disputas entre los Estados fueron leídas como la principal fuente de riesgo para la seguridad nacional. Por lo anterior, el tratamiento militar y las políticas disuasivas fueron el enfoque preponderante en las estrategias de seguridad nacional y en los debates académicos en torno al tema. Sin embargo con la consolidación de la globalización como fenómeno mundial, produjo la emergencia de nuevas amenazas transnacionales entre las que se encuentran el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas, los ciberataques y el terrorismo31; amenazas que al ser analizadas en su profundidad permiten evidenciar problemáticas de distinta índole como la pobreza, los Estados fallidos, el hambre, las necesidades básicas insatisfechas, las epidemias y las migraciones entre otras; todas ellas, problemáticas que amenazan la seguridad de los Estados cuyo tratamiento supera la aplicación del poder duro (Hard Power) 32, 31 32 Para más información, véase: Thornton, R. (2011). Counterterrorism and the neo-liberal university: providing a check and balance? Critical Studies on Terrorism, 4(3), 421-429, https://doi.org/10.108 0/17539153.2011.623419 Añorve Daniel, El poder duro es la habilidad de un actor para influenciar a otro por medio de amenazas o recompensas (zanahoria o garrote). Mas allá del poder suave, del poder duro y del poder inteligente. Revista Relaciones Internacionales de la UNAM. 2016. 43 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO o del empleo militar de la fuerza. En este sentido se da paso a un panorama que dio origen a nuevos enfoques en seguridad, que sin soslayar la utilización de la fuerza legítima amplió el tratamiento de las amenazas con otras formas de aplicación del poder como el Soft33 o el Smart power34. La seguridad toma una perspectiva multidimensional en la que se asume que además de las amenazas militares hay otras amenazas (económicas, medioambientales, migraciones masivas, etc.), que las mismas son transfronterizas y globales, que vivimos en un mundo interdependiente y que, por tanto, las estrategias para abordar esa nueva realidad no pueden ser las estrictamente militares, sino que hay que introducir estrategias diplomáticas, civiles, policiales y de cooperación al desarrollo, entre otras. (Font y Ortega, 2012) Por lo expuesto el presente escrito tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo del contexto internacional de seguridad (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 1-149), realizando una lectura desde el enfoque multidimensional, para lo cual, se abordarán las principales características del enfoque multidimensional propuesto en 2003 por la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) que cambió la política de seguridad para las Américas ejecutada desde 1945, avanzando con la descripción del orden internacional y la crisis que a nivel internacional vive la democracia liberal como sistema político hegemónico, complementando la caracterización con las dinámicas del crimen transnacional (Sierra Zamora, Jiménez Barrera, 2019, pp. 1-14), la delimitan de las amenazas del orden ambiental como la crisis energética y el calentamiento global. Finalmente se desarrolla el tema de las migraciones y algunas conclusiones sobre el tema. 33 34 Ibídem. El poder suave recurre a medios como la definición de la agenda, la persuasión y la atracción. Para él: “Un tomador de decisiones debe considerar la formación de preferencias y la definición de la agenda como medios para moldear el entorno antes de recurrir a la primera cara del poder, a la del mando. Colomer y Tamanes. El poder inteligente es la habilidad de combinar poder duro y blando. Es un repertorio de estrategias. A veces funciona y otras no. Estudios de política exterior. Jun 2016. 44 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 1. Principales Ideas del Enfoque Multidimensional Para los países miembros de la OEA la constatación de nuevas expresiones de inseguridad que superaban la actuación protagónica de los Estados y en particular por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de Norte América, ocasionó que en el trigésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General desarrollado en Bridgetown (Barbados) los Ministros de Relaciones exteriores y jefes de Delegación reconocieran que las amenazas a la seguridad del hemisferio son de diversa naturaleza por lo que el enfoque para su tratamiento debe ampliarse. Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. (OEA, 2002) Desde este contexto, con carácter de urgencia se realizó el 28 de octubre de 2003 en la Ciudad de México, la Conferencia especial de seguridad en la que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos aprobaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, documento que actualizó la vieja política de seguridad regional ejecutada desde el año de 1945. La actual declaración introdujo un nuevo elemento con el objetivo de generar una política acorde con las nuevas realidades que a nivel regional e internacional (Cubides Cárdenas, et al, 2018) afectan a los países del hemisferio. Es así, como se introduce el enfoque multidimensional que amplía el espectro e incluye a los fenómenos “políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” como potenciales amenazas a la seguridad regional (OEA, 2003). El anterior paradigma en seguridad nacional (Cubides Cárdenas, et al, 2019, pp. 309-325) entendía como amenazas todas las agresiones militares provenientes del exterior que afectaran la integridad territorial y la soberanía de los Estados. El nuevo paradigma multidimensional, tiene como mérito “ofrecer una visión coherente e integral del conjunto de 45 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO amenazas a la seguridad que nuestras naciones y nuestros ciudadanos deben enfrentar y la manera integrada y coherente de hacerlos” (Blackwell, 2015). Esta ampliación trae a su vez una serie de retos institucionales, toda vez que la seguridad nacional traspasa la esfera predominante del estamento militar e integra a las demás instancias de la estructura estatal, lo que implica fuertes debates en la delimitación de funciones y coordinación intergubernamental. Nuestra nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. (OEA, 2003) De esta manera la política en seguridad propuesta por la Organización de los Estados Americanos, son multidimensionales, con arquitectura flexible y enfocada en la seguridad de la persona humana (Chillier y Freeman, 2005, p. 10). La declaración, si bien, referencia de forma taxativa posibles amenazas que podría afectar el hemisferio como la trata de personas, los ataques cibernéticos, el terrorismo, la delincuencia, entre otras, afirma que cada Estado tiene la posibilidad de establecer sus propias amenazas y los mecanismos idóneos para enfrentarlas, lo que estructura al sistema de seguridad (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349360) como una arquitectura flexible al no reducir las posibilidades de actuación de los Estados miembros. Por otra parte, el enfoque multidimensional entiende que la razón de la seguridad nacional no es otra que persona humana, como titular de derechos fundamentales (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9). Este nuevo lugar de localización permite evidenciar que las diferentes problemáticas sociales, económicas, políticas o ambientales que afectan a las personas repercuten indudablemente en su desarrollo individual, entendido este como las capacidades y libertades que permitan la obtención de condiciones de vida digna (Font y Ortega, 2012, p. 170). 46 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL Finalmente, con la diferenciación expuesta sin negar las características positivas del enfoque multidimensional, es necesario resaltar que una no delimitación coherente de las amenazas y una definida delimitación de las tareas por parte de las instituciones (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 11-24) puede llegar a securitizar la agenda política y social de los Estados, dándole un tratamiento militar a problemáticas que por sus características no son susceptibles del mismo (Romero Sánchez, et al, 2015). 2. Sistema Mundial: crisis económica, redefinición de la hegemonía global Una de las mayores amenazas a la seguridad nacional de los Estados, son las afectaciones que se causan a sus sistemas políticos y económicos producto de los fuertes coletazos que se ocasionan por la inestabilidad de los centros de poder, como efectos negativos de la globalización. La globalización es un proceso de interconexión mundial (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 164-188), que se estructuró sobre la base de una única potencia hegemónica (EE. UU) y la expansión del mercado mundial a través de la consolidación del neoliberalismo como modelo económico, lo que implicó un fuerte proceso de privatización, desregulación económica y fortalecimiento de los sistemas financieros, en un claro intento de superar la ralentización de la economía de los años anteriores. Este proceso global fue posible por el avance tecnológico en las telecomunicaciones lo que permitió descentralizar la producción, redefiniendo una nueva división internacional del trabajo, en donde los centros de producción se desplazaron a las periferias del Norte Global. Sin embargo, este suceso político, económico y social no fue homogéneo, motivo por el cual la competencia a nivel global se ha realizado sobre un capitalismo desigual que no ha producido los mismos beneficios a todos los actores (Dabat, Hernández y Vega, 2015, p. 69). Por lo que se podría señalar que: 47 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO La globalización es un proceso de larga duración asociado con la mundialización del capitalismo. Es especialmente desigual en sus manifestaciones, logros y consecuencias. Lejos de la homogenización del mundo, la globalización incrementa el desequilibrio en todas las escalas. Vivimos en un mundo de desequilibrio global y de agudización de las contradicciones entre el Centro y la Periferia. (Delgado, 1997) En consecuencia, la globalización ha presentado dos momentos, que condicionan la correlación actual de fuerzas a nivel internacional y las disputas entre bloques de influencia global. Primero, la consolidación de la hegemonía neoliberal representada por el bloque occidental orientado por los Estados Unidos y la subordinación de la Unión Europea. Segundo, se presentó el ascenso de un bloque contrario a los intereses de occidente alejados en cierta medida de la lógica neoliberal como lo son la China, Rusia e India. Estos últimos, enfocaron sus esfuerzos en la innovación tecnológica con proyección hacia futuro como la fusión nuclear, la computación cuántica, los medios de transporte de alta velocidad, etc. En este sentido en el ámbito de reorganización del sistema internacional (Rodríguez, 2014) el ascenso de estos nuevos actores en la escena global ha llevado a un permanente declive de los Estados Unidos como única potencia mundial, unipolaridad que se consolidó con la caída de la URSS en 1991 y llegó a su fin con los atentados a las Torres Gemelas en 2001. Con la llegada a la presidencia del republicano George Bush la economía norteamericana ingresó en un estadio de desregulación y especulación sin precedentes, creando una “banca en la sombra” que llevaría a la crisis económica de 2008, la más fuerte que haya vivido el capitalismo desde 1929. Esto condujo a un debilitamiento de las capacidades productivas de los Estados Unidos permitiendo el ascenso de China, Rusia, India, Japón y Brasil como potencias económicas con proyección para rivalizar con los norteamericanos por la hegemonía global; dibujado un nuevo mapa geopolítico y de alianzas a nivel internacional que demarca un mundo multipolar en donde se consolidan distintos centros de influencia global (Dabat, Hernández y Vega, 2015). 48 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL El declive relativo de Estados Unidos como potencia diplomática y económica, y el aparejado auge de potencias como China, Rusia, India, Japón y Brasil por mencionar aquellas que, al menos en la primera década del siglo XXI, exhiben un importante crecimiento económico, una ampliación en sus esferas de influencia diplomática en sus respectivas regiones, y/o unas reestructuraciones importantes en sus aparatos militares nos muestra el probable advenimiento de un nuevo orden multipolar. (Mijares, 2009) Esta multipolaridad, ha generado nuevas tensiones a lo largo del globo entre EE.UU. dirigido por su presidente Donald Trump y los líderes de las naciones competidoras, como lo son los desacuerdos con los países europeos en cuanto a la financiación de la OTAN, la guerra comercial con China (generando desconfianza en los mercado), la desestabilización regional en la península de Corea, las permanentes tensiones con Rusia, el rompimiento del acuerdo nuclear con Irán, la guerra de Siria, las alianza incondicional con Israel (cuestionada por la sistemática violación de derechos humanos a la población palestina) (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 631-644) y con Arabia Saudí (responsable de la expansión del pensamiento islámico radical, wahabismo, y de la agresión a Yemen) sin aportar estabilidad a la región del medio oriente. De igual forma, se presentan tensiones en América Latina por la crisis política de Venezuela y los choques con los gobiernos centroamericanos por la crisis de los migrantes y la construcción del muro fronterizo con México. En este contexto de incertidumbre política, los riesgos de una nueva crisis económica siguen latente producto de una expansión económica desincronizada a nivel global, en donde los centros del poder occidental sufren de una ralentización de sus economías, un alto endeudamiento de los gobiernos y la reducción en la liquidez del sistema bursátil, situación que para algunos economistas avecina un nuevo período de recesión económica para 2020. En el 2007 Putin dio su discurso de Múnich donde desafió la unipolaridad y la hegemonía Occidental. En 2008, a pesar del apoyo de Estados Unidos a Georgia, Rusia intervino en Osetia y Abjasia. En 2014, nos reunificamos con Crimea, e intervenimos en Siria. Paralelamente, se produjo el ascenso del modelo chino –como dice Zhang Weiwei– apareciendo un nuevo modelo hegemónico en el horizonte. (Dugin, 2019) 49 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO De esta manera en la definición del orden unipolar y multipolar, la disputa de los espacios geopolíticos y de influencia por cada uno de los países protagónicos, alcanza las latitudes del hemisferio occidental. La presencia de potencias extracontinentales como Rusia, China e Irán sobre las áreas de influencia de los Estados Unidos de Norte América y, en particular, la por ellos definida como el ‘mediterráneo americano’ enciende las alarmas, al identificarse multiplicidad de formas de influir en la región. El mar Mediterráneo tiene además la particularidad de encerrarse en una gran área marítima integrada, dada la posición más oriental de Suramérica, y en esa medida se hace necesario para los Estados Unidos una posición de supremacía que no puede ni delegar ni negociar si quiere mantener una posición fuerte para controlar las amenazas a su seguridad, estabilidad y proyección estratégica. (Patiño, 2014) Las iniciativas y propuestas de las potencias extracontinentales en la región pasan desde la asesoría militar en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional a la asistencia y ayuda humanitaria, suficientes pretextos para justificar la presencia de asesores, así como de capacidades navales y aéreas en la región. Para el caso ruso las alianzas pasan por los acuerdos de cooperación técnico militar con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, en los que se contempla la instalación de la estación terrestre del sistema global de navegación por satélite (Glonass), despertando el interés de los países de la región. Los desafíos y preocupaciones a la seguridad hemisférica se profundizan aún más con el alineamiento de países latinoamericanos que con gobiernos progresistas de corte neomarxista se articulan y aperturan los espacios a quienes comulgan con la tesis de multipolaridad. Con la anuencia de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela el triángulo estratégico para la presencia militar extracontinental es una realidad. El giro ruso hacia América Latina se vio también favorecido por el auge de los gobiernos de izquierda en la región que tuvo lugar a principios de la década de 2000, lo que impulsó la reapertura de las relaciones de Rusia, en particular, con los gobiernos de Cuba y del llamado «socialismo del siglo XXI», como Venezuela, Bolivia o Nicaragua, todos ellos agrupados en el bloque de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). (Pastor, 2019) 50 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL En este orden de ideas la influencia rusa en el continente americano se ha centrado en la aplicación de las diversas formas de poder, dirigiendo los esfuerzos en la batalla cultural disputando la hegemonía ideológica que implanta la democracia liberal norte americana. La maniobra rusa contempla la difusión del pensamiento ruso, de su cultura y el desprestigio del modelo capitalista impuesto por el régimen norte americano. Rusia ha encontrado una forma asequible económicamente de ganar la batalla por las mentes de los pueblos latinoamericanos a través de acciones de soft power. Estas van dirigidas a presentar una alternativa a la ideología de democracia liberal propugnada y propagada por los EE. UU. en la región, a través tanto de la fundación Russkij Mir (mundo ruso), creada en 2007 con el apoyo del Kremlin, con el fin de difundir la lengua y cultura rusas en el extranjero, como con la implantación, en 2009, del canal de noticias Russia Today y la agencia Sputnik, ambos con emisión en lengua española, con el objetivo de desplegar su guerra de información y ofrecer una alternativa a la ideología occidental que Putin tanto deplora. (Pastor, 2019) Sin embargo, las preocupaciones en seguridad hemisférica se incrementan ante la ascendente inestabilidad del sistema de gobierno en Venezuela y la presencia de los intereses rusos, chinos e iraníes en este país. La frecuente violación de los Derechos Humanos (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 256-283) por parte del régimen así como los problemas humanitarios y la violación de los derechos constitucionales ha producido la reacción de los países del continente y en especial de los Estados Unidos de Norte América quienes observan la posibilidad de intervenir militarmente para solucionar la inestabilidad del país. Sin embargo, las declaraciones del gobierno Trump, ha producido a la vez la respuesta del Kremlin advirtiendo que una acción militar por parte de los norteamericanos producirá la respuesta rusa. Sergei Ryabkov, afirmó que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela tendría consecuencias “catastróficas”. “Les estamos advirtiendo, consideramos que sería un escenario catastrófico sacudir los cimientos del modelo de desarrollo de América Latina” […] Hemos apoyado y 51 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO seguiremos respaldando a Venezuela, que es nuestro amigo y nuestro socio estratégico”. (ANSA, 2019) Por lo expuesto ante las preocupaciones retos y desafíos provenientes de actores y factores de inseguridad que promueve el nuevo orden globalizado, las clásicas formas de aplicación del poder de manera dura o blanda también conocido como hard power o soft power, se ha ampliado a la adopción de otras formas aún más audaces como es la del poder inteligente o smart power, haciendo que el abanico de iniciativas en el diseño de las políticas de seguridad amplíen y diversifiquen los medios y los modos para alcanzar o defender los intereses vitales u objetivos nacionales. El poder inteligente no solo debe hacer frente a los otros o limitarse a actuar frente o versus otros actores tradicionales o emergentes, extranjeros o transnacionales, sino que debe ejercerse con o sobre socios domésticos y socios no humanos, que a fin de cuentas son fundamentos de cualquier poder humano. (Añorve, 2016) El alcance de las novedosas formas del poder trasciende lo exclusivamente terrenal u objetivo, remontándose a los escenarios espaciales, el ciber, las redes sociales, lo cultural, lo subjetivo. La disputa entre la unipolaridad y la multipolaridad acude a la conquista de los corazones y las mentes de los ciudadanos pretendiendo definir la manera de controlar al ser humano. Según Dugin (2019), este tipo de proceder proviniendo de la potencia hegemónica en el marco de la doctrina de ‘dominio de amplio espectro’, se expone como el modelo con el que pretenden garantizar la unipolaridad a cualquier costo. Para dominar completamente el mundo, Occidente no debe solo usar el poder duro o el poder militar, sino también el poder suave, cultural, tecnológico, las redes de información y los servicios sociales, controlando otras sociedades desde adentro, no solo desde afuera. Esa es la idea de un dominio de amplio espectro – dominio del aire, el cosmos, el espacio, el mar, la tierra y el interior del cerebro humano. Ese es el proyecto de controlar el comportamiento humano, la psicología, el ser y la mente humana, al codificarlos por diferentes metodologías. (Dugin, 2019) 52 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL Por otra parte, el esfuerzo por ampliar los espacios geopolíticos de influencia, han conducido a actores como China y Rusia al empleo de diversas formas de aplicación del poder. Para el caso del hemisferio occidental los métodos acuden como el caso chino a la armonización del hard power mediante la intervención económica con el soft power de la expansión cultural. Aunque China introduce elementos del hard power como son las intervenciones económicas, lo hace con un sentido social. La idea sería contrarrestar el planteamiento que desde los medios occidentales se da acerca del expansionismo chino como una amenaza, implementando recursos culturales como la lengua. […] La experiencia de la diplomacia cultural de China en América Latina desde el punto de vista de los institutos Confucio, la académica Cao Ting, remarca que los institutos Confucio son los métodos más suaves de la diplomacia pública. (Rodríguez y Shouguo, 2013) En concordancia el gobierno chino reafirmando y promoviendo la profundización de la multipolaridad y la globalización e identificando la emergencia de amenazas a la seguridad de naturaleza estatal como no estatal promueve la salvaguarda de la paz mundial y el fomento del desarrollo. El modelo planteado para occidente y especialmente para América Latina y el Caribe alineado con los cinco principios de coexistencia pacífica “respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no intervención en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio reciproco, y coexistencia pacífica” se concreta mediante el establecimiento de la asociación Chino-ALC de cooperación integral fundamentada en los principios de “igualdad, beneficio recíproco y desarrollo conjunto” (República Popular China, 2016) verificando de esta manera una clara aplicación de las variables del soft power. La cultura china es considerada por diversos autores como el principal recurso de soft power del gigante asiático (Lee 2011: 31; Cho y Jeong 2008: 470; Glaser y Murphy 2009: 13), debido a la atracción que por milenios ha generado en el mundo su complejidad y riqueza filosófica. En el centro de esta, se encuentra el Confucianismo, antigua filosofía centrada en Confucio […], a partir de principios como el respeto de la familia en tanto núcleo de 53 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO la sociedad, la preocupación por las virtudes y la ética, la primacía del grupo sobre el individuo, el énfasis en la unidad, la armonía y el orden, la importancia del trabajo y la educación, entre otros (Cho y Jeong 2008: 470). Estas ideas se han incorporado también en las orientaciones de la política exterior actual china, en la medida que se buscaría la armonía en el mundo, el orden y la paz internacional, a través de un soft power. (Rodríguez y Leiva, 2013) Además de los actores definidos, el escenario de retos y desafíos a la seguridad hemisférica se ve alterado con la presencia a partir del año 2005 del gobierno Iraní en la región. A partir de este año la política exterior del gobierno Ahmadineyad enmarcada en el antiimperialismo y la multipolaridad, situó en el hemisferio su atención en los gobiernos alineados con el pensamiento revolucionario bolivariano de Venezuela y en los países agrupados en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela identificados con la ideología del socialismo del siglo XXI y declarados antiimperialistas y contra hegemónicos se constituyeron para el país persa en la puerta de entrada para afianzar su presencia en la región. Las relaciones entre Irán y los países latinoamericanos, se concretaron en Venezuela con la operación del Banco Universal como filial del Bando de Desarrollo de Exportaciones iraní, el establecimiento de una ruta aérea semanal entre Caracas - Damasco - Teherán. En materia económica en 2006 se firmaron 26 acuerdos en diferentes áreas que incluyeron la creación de una empresa de petróleos conjunta y la instalación de una refinería en Siria. Para el año 2010 los acuerdos entre estas dos naciones se contaban en 340, “muchos de ellos en el sector privado y en el campo como la producción de automóviles y tractores, vivienda, vuelos comerciales directos, cemento, productos lácteos, minería y excavaciones, cultural, tecnología y académicos, entre otros” (Moya, 2010, pp. 25-48). Para los demás países de la esfera neomarxista las relaciones se dieron en materia energética, financiera, comercial, minera, agropecuaria y salud. Una vez establecidas las relaciones comerciales con los países del eje socialista latinoamericano las alianzas se trasladaron al ámbito diplomático, logrando mutuos apoyos entre los que se destacan la oposi- 54 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL ción de los gobiernos de la Habana y Caracas en el 2006 a la resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica frente a las violaciones de Irán por su programa nuclear. Por su parte el gobierno iraní a raíz de las declaraciones de intervención militar en Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump en el 2019 expuso por intermedio de su canciller Mohamad Yavad Zarif, y su embajador en Venezuela Reza Tabatabaei, que una intervención en Venezuela representaría un problema urgente y sensible para el mundo ofreciendo a la vez el apoyo al gobierno de Maduro frente a toda intervención extranjera o golpe de Estado (Hispantv, 2019). Para los Estados Unidos de Norte América la intromisión rusa, china e iraní se constituye en un tema de permanente denuncia, discusión y análisis. Para la sesión 115 del Senate armed services committee, del Congreso de los Estados Unidos el Almirante Kurt W. Tidd comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en su informe destaca la expansión de las potencias extrahemisféricas en el continente desafiando el orden internacional (Sierra-zamora, et al, 2016) y los principios democráticos. China, Rusia e Irán buscan expandir su influencia y desafiar el orden internacional y los principios democráticos de transparencia, buen gobierno y estado de derecho en el extranjero, y mucho más cerca de casa. […] Para Rusia, China e Irán, América Latina no es una ocurrencia tardía. Estos actores globales consideran que el ámbito económico, político y de seguridad de América Latina es una oportunidad para lograr sus respectivos objetivos a largo plazo y promover intereses que pueden ser incompatibles con los nuestros y nuestros socios. Su visión de un orden internacional alternativo plantea un desafío para cada nación que valora la no agresión, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, los mismos principios que subyacen en el sistema interamericano de paz y cooperación. Algo de lo que están haciendo, aunque no es una amenaza militar directa, justifica un examen. (Tidd, 2017) Complementando, para los Estados Unidos de Norte América la presencia china y rusa en el hemisferio va más allá de leves preocupaciones. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Inteligencia de 2019, 55 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO para el gobierno norteamericano los esfuerzos de los adversarios por ganar influencia en la región plantean serios desafíos del orden político, económico y militar al emplear dentro de sus actividades maniobras tradicionales no tradicionales, híbridas y asimétricas (DNI, 2019). A manera de corolario se podrá exponer que las disputas a nivel internacional y la debilidad de la economía global, podrían constituirse desde el enfoque multidimensional en amenazas a la seguridad nacional de los Estados en los próximos años, ya que los coletazos de una crisis económica pueden afectar en mayor o menos nivel a los gobiernos, lo que obliga a tomar en cuenta la variable económica si se desea preservar la estabilidad de los mercados nacionales y las condiciones de vida de sus ciudadanos. 3. Crisis de la democracia liberal La democracia representativa liberal está en crisis y prueba de ello son los avances de gobiernos y movimientos políticos nacional-populistas que cuestionan los valores propios sobre los cuales se ha construido la hegemonía occidental, haciendo uso de un discurso demagógico en un claro intento por obtener el apoyo popular que los consolide al interior de los gobiernos nacionales. Muestra de esto se evidencia elección presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos o con el notable protagonismo de líderes populistas en Europa, como Boris Johnson y Nigel Farage, líderes del Brexit en Gran Bretaña, Geert Wilders en Países Bajos, Marine Le Pen en Francia, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, la vicepresidenta de Polonia, Beata Szydlo y la líder y parlamentaria del partido ultraderechista alemán, Alice Weidel. (Rayran, 2018, p. 46) De igual forma, se presentan los casos de Jair Bolsonaro en Brasil quien llegó a la presidencia con un discurso cuestionable en materia de derechos humanos y minorías pero que sintonizó con un gran número de brasileños presentándose como un candidato anti-establecimiento. 56 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL Caso similar se presenta con la agrupación política VOX en las parlamentarias de Andalucía en España. Estos populismos surgen con el beneplácito de la clase media, en respuesta a las promesas no cumplidas de la democracia liberal y a las problemáticas originadas por los desarrollos del neoliberalismo como modelo de económico inherente al liberalismo, que, si bien ha generado una gran riqueza y fortalezas económicas a algunas naciones, igualmente ha incremento la desigualdad y la reducción de derechos laborales y de conquistas de los derechos alcanzados por la clase media, las mujeres y sectores no hegemónicos. El populismo encuentra su principal granero de votos en unas clases medias a las que se les ha arrebatado el sueño americano de prosperidad si uno trabaja y se esfuerza. Esas clases medias, además, ven que el poder político solo se preocupa de las minorías, no de sus problemas. En este contexto, el ambiente político y social se enrarece, se revoluciona. La cuestión es si ese movimiento traerá consigo un fortalecimiento de la democracia o si, por el contrario, la debilitará, puesto que en ese río revuelto es donde pescan los partidos populistas (Woods, 2018). Por otra parte, la democracia liberal ha sido presa de poderes económicos que, a través de la financiación de campañas, logran que los gobiernos de turnos se encuentren más interesados es satisfacer los intereses de quienes los financiaron que de quienes los eligieron, esta recurrente práctica política ha llevado al debilitamiento de los políticos los cuales han vaciado sus idearios y programas. Este vaciamiento e inoperancia en la resolución de problemáticas sociales por parte de los gobiernos condujo a que un gran número de ciudadanos hoy no se sientan representados por las instituciones ni logren definir una clara diferencia entre los candidatos que se presentan a las elecciones, alentando de esta manera la protesta social y la emergencia de partidos reactivos. El reciente ascenso de los populismos, a partir de la década de los años 70 del pasado siglo, se produce a partir del giro histórico que imprime la aceleración de la mundialización económica y de la caída de los regímenes comunistas. Este giro ha producido y sigue produciendo fracturas sociales y tensiones ins- 57 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO titucionales en los sistemas democráticos que se expresan bajo la forma de protestas, movimientos sociales y, finalmente, partidos políticos reactivos contra las limitaciones de los sistemas democráticos para dar respuestas efectivas a complejas demandas sociales y políticas. (Rodríguez, 2018) De igual forma, la crisis económica de 2008 producto de la especulación irresponsable del sistema financiera, que implicó programas de inversión de capitales públicos por parte de los gobiernos a los bancos privados responsables de la debacle, mientras que se inició un plan de reducción del gasto que implicó el desmejoramiento de las condiciones de vida de una gran cantidad de personas en especial de la población europea. La desconexión entre el sistema político y los ciudadanos contrajo la crisis de los partidos políticos electorales, podemos citar el caso de España con el surgimiento de Podemos y Ciudadanos o la candidatura poco ortodoxa de Donald Trump en los EE. UU. que si bien llegó a las presidenciales bajo el manto legal del partido republicano no fue apoyado por las cabezas de dicho partido. Esta coyuntura produce que las personas prefieran gobiernos en muchos casos autoritarios que den solución a sus demandas, a cambio de libertades, que vivir en una democracia en donde son los grupos de poder los que se benefician de las actuaciones de los gobiernos. La clara paradoja de este movimiento de apoyo a los nacional-populismos está en que estos gobiernos más allá de la retórica discursiva y el debilitamiento de la democracia no responden a intereses populares, por el contrario, son otra cara de la moneda del sistema económico. El accidentado proceso de transición de sociedades autocráticas y oligárquicas a formas modernas e industriales, aparecen movimientos populares que no se integran al sistema político de acuerdo al modelo democrático liberal, sino que adoptan expresiones populistas. […] Ello ocurre debido a que los canales de participación que la sociedad ofrece no son suficientes o son inadecuados. (Cuñarro, 2017) Desde otra perspectiva se puede exponer que la crisis del capitalismo y su modelo neoliberal alienta la emergencia de nuevas tesis que 58 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL desde el pensamiento crítico se estructuran para hacer frente al modelo de desarrollo calificado de opresor, extractivista, patriarcal y explotador. El capitalismo neoliberal y globalizado caracterizado por la economía de mercado, la privatización de las empresas estatales, la liberación del comercio, y la desregularización de las relaciones laborales comprendido inicialmente como un modelo económico en su actuación se constata como una teoría que trasciende de lo meramente económico para abarcar los ámbitos ideológicos y las formas de gobierno (Cárdenas, 2015). Entender al neoliberalismo como ideología implica asumir que sus piezas y elementos básicos constituyen el discurso dominante de nuestro tiempo, que las élites económicas y políticas consideran como dogma verdadero. […] Como forma de gobierno, el neoliberalismo se basa en valores empresariales, como la competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Se estima que las instituciones estatales deben funcionar bajo los parámetros de competencia, eficiencia y eficacia de las empresas privadas, y que en lugar de promover el bien común o el desarrollo de la sociedad civil y de la justicia social, el gobierno debe impulsar la transformación de la mentalidad burocrática y sustituirla por visiones empresariales para garantizar el libre mercado. […] En cuanto a las medidas económicas del neoliberalismo, éstas se caracterizan por desregular la economía, liberalizar el comercio y la industria y privatizar las empresas estatales. (Cárdenas, 2015) De esta manera el capitalismo neoliberal bajo los preceptos de la democracia liberal al exponerse como la ideología triunfante y de pensamiento único sobre el que debe reposar la guía de la humanidad, al exponerse como con un cúmulo de ideales, normas preceptos, verdades y valores universales como el individualismo, el consumismo, y la opulencia, reaviva las tesis del choque de paradigmas al alentar el planteamiento de alternativas; alter y anti globalizadoras, anti imperialistas, anti capitalistas y anti neoliberales que desde la revolución cultural pretende dar la batalla por las cosmovisiones. En la actualidad, el capitalismo enfrenta una crisis ecológica, de desempleo, de pauperización cuya solución desborda los límites de la sociedad capitalista. Se trata de la actualidad de la crítica de Marx al capitalismo, mediante la 59 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO cual esté denuncia al mercado capitalista como un automatismo mortal que subvierte las propias fuentes de la productividad sobre la cual fundamenta su eficacia: el hombre y la naturaleza. El capitalismo conlleva intrínsecamente en su dinámica un aumento acumulativo de la destructividad que tendencialmente lleva a la catástrofe del sistema entero. (Samour, 1998, p. 610) En este sentido desde el marxismo renovado, critico o humanista se libra la batalla contra la alienación y cosificación de la que señalan ha sido objeto la humanidad, bajo los designios del capitalismo neoliberal. La batalla cultural se define como la estrategia ideal para eliminar los fundamentos ideológicos del neoliberalismo, por lo que las líneas de acción deben conducirse en doble sentido, por un lado con el empeño de los intelectuales orgánicos se libra la lucha por la transformación de los valores y las verdades demoliendo los preceptos construidos por el modelo de familia, iglesia, institutos de educación, agremiaciones, partidos políticos y medios de comunicación alineados con el modelo de sociedad capitalista, mientras por el otro lado ampliando el sujeto clásico de la revolución del proletariado al sujeto colectivo de los movimientos sociales y ajustando el discurso a los factores ambientales, de género, de igualdad y de sabiduría de los pueblos ancestrales, estructuran las propuestas que permitan construir un nuevo modelo de sociedad sin clases, un modelo de economía colectiva y un modelo de Estado en el que no sea necesario el Estado al gobernar el pueblo como fuerza hegemónica. La lucha de liberación se libra hacia la conquista de una sociedad sin clases que suprima la doble explotación, del hombre por el hombre y del hombre sobre la naturaleza, “donde haya libertad y autogobierno de la comunidad y sea innecesario el Estado como aparato de dominación”. En lo económico los planteamientos se encuadran en la conformación de un Estado social en el que los medios de producción sean de la colectividad y en el que se supriman las condiciones de alienación. (ELN, 2006) En la lucha contra el capitalismo neoliberal las expresiones populistas del marxismo critico o neo marxismo despiertan el interés de analistas de diversas latitudes al constatarse la modificación discursiva de sus objetivos que alineados con la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci 60 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL promueven el logro de la hegemonía que para el caso español promueve el movimiento “Podemos”. El populismo de izquierda –neomarxismo– no ha dejado de creer en el colapso ni en el papel que para acelerarlo debe ejercer la intelligentsia. Como ha clarificado en alguna ocasión Íñigo Errejón, cofundador de Podemos, a la hegemonía política se llega mediante la hegemonía cultural. (Redondo, 2018) Para el caso colombiano y refiriendo a los estudios adelantados por Cortés y Cerón (2019), el modelo esgrimido por el marxismo critico o humanista se concreta en la caracterización que se hace del capitalismo y en los objetivos y las tareas contenidas en el programa de la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) los cuales respecto al “capitalismo como paradigma se sitúa en una situación de profunda crisis estructural y civilizatoria que ha arrastrado a la humanidad a una situación de doble explotación del hombre por el hombre y del hombre sobre la naturaleza” (p.56). Respecto a los objetivos y las tareas sus aspiraciones no difieren mucho de las piedras angulares del marxismo como son la eliminación de la propiedad privada, la eliminación de las clases sociales y la dictadura del proletariado. Desde su postura humanista acude a un discurso más sutil con el que pretende deslindarse de la fracasada ortodoxia. La lucha de liberación se libra hacia la conquista de una sociedad sin clases que suprima la doble explotación, del hombre por el hombre y del hombre sobre la naturaleza, “donde haya libertad y autogobierno de la comunidad y sea innecesario el Estado como aparato de dominación”. En lo económico los planteamientos se encuadran en la conformación de un Estado social en el que los medios de producción sean de la colectividad y en el que se supriman las condiciones de alienación. (ELN, 2006) Por lo expuesto el debilitamiento de la democracia liberal, es un elemento para tener en cuenta por parte de los gobiernos como amenaza a la seguridad nacional desde un enfoque multidimensional, ya que al mirar la historia gran parte de los fascismo y gobiernos autoritarios, de 61 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO distinto corte ideológico, iniciaron su ascenso desde el juego mismo de la democracia y períodos de crisis del capitalismo como el que se vive actualmente a nivel global. 4. Amenazas transnacionales a la Seguridad Nacional Para la identificación de las preocupaciones retos y desafíos a la seguridad hemisférica, se deben considerar varios factores que inciden de manera significativa en la persistencia de viejos peligros y la gestación, conformación y evolución de las amenazas que emergen y afectan el sistema internacional contemporáneo. En este sentido la globalización con sus características de interconexión y liberación de los mercados favorece la actuación de agentes no estatales, vulnerando la seguridad externa e interna de los Estados. El carácter de transnacional de sus actuaciones amalgama multiplicidad de expresiones de inseguridad sobrepasando la capacidad de respuesta de cada Estado en la protección de sus intereses. El interés por el tratamiento de estas ocupa los libros blancos de defensa nacional, como es el caso argentino: Nuevas manifestaciones de conflictos y peligros, de raíz histórica o emergente, bajo la forma del narcotráfico, el terrorismo, los fundamentalismos, la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la transferencia de armamentos excedentes y tecnologías intangibles, el crimen organizado, el contrabando de armas, e incluso, el deterioro del medio ambiente y las migraciones, por falta de espacios aptos para la subsistencia, entre otros. Debido a la interdependencia, estos sucesos adquieren carácter transnacional, siendo percibidos por los Estados como cuestiones que hacen a su seguridad o a sus intereses. (Bartolomé, 2005) Con el influjo de la globalización, la transnacionalización de los mercados y los desarrollos tecnológicos en las telecomunicaciones, el crimen organizado ha evolucionado sobrepasando las antiguas fronteras nacionales (Peña Chivata, C., Sierra Zamora, P. A., & Hoyos Rojas, J. C., 2019). Es así, como los gobiernos asisten hoy a la identificación de amenazas que afectan sus territorios, que corresponden a redes de 62 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL criminalidad internacional, como el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el terrorismo, entre otras. Lo que ha permitido la creación de un mercado paralelo internacional que mueve una gran cantidad de capitales a nivel global y se entrecruzan con las economías legales, lo que dificulta en muchos casos su seguimiento. Estas amenazas, si bien, se encontraban en el panorama internacional desde los años ochenta, sólo fueron reconocidas oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 con la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Con esta convención, la problemática adquiere un reconocimiento global, entendiendo que, si la acción delincuencial ha sobrepasado las fronteras de los Estados nacionales, la respuesta ya no puede ser convencional e individual, por el contrario, requiere de la cooperación de todos los países afectados. En dicho documento se realizan las definiciones conceptuales que permiten dar cuenta del fenómeno delictivo y se trazan algunos protocolos para hacer frente a la trata de personas en especial de mujeres y niños, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes por tierra, agua y aire. La Convención nos facilita un nuevo instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como problema mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional podremos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades. (Annan, 2004) Sin embargo, pese a todos los esfuerzos y acuerdos, cobra importancia la manera como las organizaciones del crimen organizado transnacional evolucionan con la misma dinámica global. Con la apertura de mercados, la evolución de las comunicaciones, los movimientos transfronterizos de personas y la disminución del control estatal, favorecen la transformación de las organizaciones del crimen transnacional que pasaron de grandes carteles del narcotráfico a redes sociales más sencillas y dinámicas. 63 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Ya no se requieren grandes organizaciones jerárquicas como los carteles del narcotráfico colombianos y las mafias sicilianas (Linares, 2008). Por el contrario, el crimen organizado se estructura a través de redes sociales, más fluidas, flexibles y con un alto grado de adaptación, que evoca el comportamiento de las corporaciones transnacionales que operan a través de redes y nodos que funcionan a nivel global. (Cajiao, et al, 2018) De esta manera las redes sociales le permiten al crimen transnacional la interacción entre estructuras, actuar con mayor flexibilidad, evadir la acción de las autoridades y adaptarse a los cambios. En su dinámica pueden incorporar a la organización cooperantes espontáneos e informales procedentes de diversas nacionalidades, así como estructuras de diverso tipo u actores que deben ejecutar tareas específicas los cuales son utilizados circunstancialmente para los propósitos de la organización, constituyéndose y desapareciendo a su antojo. El mundo social de relaciones desarrollado en torno al crimen organizado vuelve a romper categorías monolíticas o cerradas y, además, es un elemento definitorio trascendental. Dichas relaciones no solo se realizan entre redes criminales, sino que se enmarcan en un mundo social muy diverso donde se integra el mundo legal e ilegal. (Alda, 2018) Para el hemisferio las preocupaciones del crimen transnacional organizado se multiplican al identificar la debilidad de los gobiernos que presos de la corrupción abogan por el usufructo personal, abandonando el interés común de los conciudadanos de gobernar, ejercer justicia y garantizar la seguridad. La falta de valores y principios de la institucionalidad se constituyen en el abono ideal que requieren las organizaciones criminales, que ven como sus funcionarios se venden al mejor postor. La impunidad o la incapacidad de los Estados y sistemas judiciales para castigar o hacer cumplir las leyes son factores determinantes que incentivan el establecimiento de estructuras y redes criminales. En este caso, la impunidad, determinada por la corrupción de los sistemas de justicia y la inoperancia de estos facilitan el funcionamiento de las redes criminales y desincentivan el cumplimiento de las leyes. (Cajiao, González, Pardo y Zapata, 2018) 64 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL Estas amenazas a la seguridad nacional, en muchos de los casos surgen al interior de los países ante la ausencia de garantía reales en la condición de vida de los ciudadanos. Si bien la delincuencia organizada no es una respuesta exclusiva de la degradación de las condiciones sociales, políticas y económicas; esta situación sí alimenta y profundiza la criminalidad haciendo más difícil la respuesta institucional. Es por ello, que, desde el enfoque multidimensional en seguridad, las nuevas amenazas transnacionales, si bien deben recibir un tratamiento militar y de policía dependiendo el tipo de amenaza, el problema se debe abordar de igual forma desde la respuesta estatal en su conjunto. 5. Calentamiento Global: una amenaza transversal El calentamiento global no es exclusivamente un problema ambiental, por el contrario, es una problemática que transversaliza todas las esferas sociales (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359-379). Salvo una guerra de proporciones globales, el calentamiento global es hoy la mayor amenaza a la vida como la conocemos. Si bien, el efecto invernadero es un fenómeno natural que cumple con la función de regular la temperatura de la tierra, la actividad humana ha alterado los niveles de gases de efecto invernadero lo que ha producido el aumento descontrolado de la temperatura, aumento que de no ser tratado como un problema de seguridad nacional por parte de los Estado, los cuales deben avanzar en la reducción de los mismo, puede traer consecuencia sin precedentes a la seguridad de las personas. Resulta útil pensar en el cambio climático como si fuera un multiplicador de amenazas, es decir, un factor que puede actuar por diversas vías para exacerbar las causas ya existentes de conflictos e inseguridad. De la misma manera, las condiciones, políticas, instituciones y medidas que sirvan para aliviar y manejar eficazmente esas tensiones pueden considerarse fuerzas reductoras de las amenazas. (ONU, 2009) La crisis del calentamiento global es en sí misma una crisis del orden energético, ya que no se puede enfrentar la problemática sin encontrar 65 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO alternativas limpias a los combustibles fósiles. Para un mundo como el actual con enormes requerimientos de petróleo, su no utilización de este o la reducción de las reservas implica hoy la ralentización de la economía (Mediavilla, 2012). Por tanto, la no readaptación de las fuentes energéticas de los países puede afectar el desarrollo económico y social de los mismos en el mediano plazo. Una ralentización de la economía, como nos lo ha demostrado la crisis económica del 2008, afecta negativamente las condiciones de vida de las personas lo que diversifica las fuentes de amenazas a la seguridad de los Estados. Por otra parte, el calentamiento global amenaza con afectar los sistemas de seguridad social con el posible aumento de las enfermedades producidas por la falta de agua potable, baja calidad de los alimentos, aumentos de agentes infecciosos, etc. De igual forma, según los expertos, el calentamiento puede generar dificultades en al abastecimiento de agua y alimentos, contaminación de aire, tormentas desmedidas y fuertes sequías, lo que producirá una afectación humana elevando el número de migrantes naturales junto a sus efectos negativos (NRDC, 2008). El cambio climático es una amenaza para los derechos humanos. Todos los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos reconocen el vínculo intrínseco que existe entre el medio ambiente y el goce efectivo de una serie de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda. (ONU, 2009) Cómo toda problemática a la seguridad nacional desde el enfoque multidimensional, la vulnerabilidad humana tiende a acrecentarse cuando existen ciertos factores: Individuos y comunidades son vulnerables de manera diferente. La riqueza, el nivel educativo alcanzado, la raza, el género, la edad, la clase, la discapacidad y el estado previo de salud son factores determinantes de la falta de resiliencia y de una capacidad insuficiente para anticipar, afrontar y adaptarse a los cambios externos. La densidad de población, el tipo de asentamiento y el nivel de desarrollo económico y cultural, así como la calidad y disponibilidad de asistencia médica y de otros servicios públicos son factores determinantes a los cambios ambientales”. (Moreno, 2018, p. 230) 66 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL De esta manera, los efectos del cambio climático al ser abordado por las Naciones Unidas destaca que este fenómeno se constituye en seria amenaza para la humanidad, el bienestar humano, la estabilidad de los Estados, la existencia de los Estados soberanos, la disponibilidad de los recursos naturales, los asentamientos poblacionales, la seguridad alimentaria, el uso de las tierras y el desarrollo económico. Las actuales condiciones ambientales, permiten prever que el calentamiento global es un fenómeno irreversible, más es mitigable; todo depende de las actuaciones de los gobiernos para prevenir en mayor medida sus efectos adversos. El enfoque multidimensional, al entender este tipo de problemáticas como un potencial amenaza a la seguridad nacional, permite elevarlo al orden de las prioridades apremiantes de las agendas gubernamentales con el objetivo de preservar la integridad de las generaciones futuras. 6. Migraciones ilegales La globalización ha permitido el aumento en el flujo de mercancías, capitales, información y en muchos casos de mano de obra calificada. Sin embargo, al tiempo que la interconexión se amplía, las fronteras nacionales se han ido cerrando al tránsito de personas, migraciones que en muchos casos son entendidas como riesgos a la seguridad de los Estados, aumentando la ilegalidad y con ellos los problemas que este fenómeno acarrea (Bravo, 2015). Siguiendo a Avilés (2005), las causas que aproximan a la migración como un riesgo a la seguridad se enmarcan en cuatro aspectos como son: La actividad de los inmigrantes contra el gobierno de su propio país ocasionando tensiones internacionales. Grupos de inmigrantes pueden representar una amenaza directa para la seguridad del país receptor. Esta amenaza puede venir de grupos terroristas o de la delincuencia organizada. 67 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Pueden producirse conflictos xenófobos si ciertas comunidades inmigrantes son percibidas como una amenaza para el bienestar social del país receptor. Por último, debe tenerse presente la posibilidad de que la inmigración sea percibida como amenaza a la identidad cultural del país receptor. al poner en riesgo la homogeneidad lingüística. (Avilés, 2005) Actualmente, podemos encontrar, entre otros, tres focos de migraciones ilegales y descontroladas. Las guerras del Oriente Medio y África que ha aumentado exponencialmente la migración hacia Europa, la crisis social centroamericana que presiona la frontera sur de los Estados Unidos y a México en un efecto revote y la migración de venezolanos hacia los países de Suramérica como consecuencia de la crisis política por la que atraviesa el país. La vulnerabilidad en que se presentan estas migraciones que no responden directamente al deseo de migrar sino a las condiciones adversas de sus países de origen, permite por una parte la afectación directa a las sociedades receptoras y por la otra la proliferación del crimen organizado, quien ve en esta problemática una oportunidad para acrecentar sus negocios. A medida que las crisis políticas, económicas, sociales o ambientales, afecten directa o indirectamente la seguridad de los Estados y del sistema internacional como resultado de la globalización, las migraciones podrán convertirse en una constante que indudablemente puede afectar a un gran número de sociedades convirtiéndose en un riesgo indiscutible a se seguridad nacional, regional y global. Conclusiones El enfoque multidimensional amplía la visión de las potenciales amenazas que en un momento dado afectan a un Estado. Es así como, los factores políticos, económicos, sociales y ambientales son entendidos desde un enfoque de seguridad, lo que sobrepasa la capacidad militar para hacerle frente a las amenazas que de allí surgen. 68 CONTEXTO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD: UNA LECTURA DESDE EL ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL La actuación de las expresiones del Crimen Organizado Transnacional, supera las capacidades de actuación independiente de los Estados exigiendo por parte de la comunidad internacional la articulación de esfuerzos para hacer frente a las estructuras del terrorismo, los ataques cibernéticos, el narcotráfico, la trata de personas, las migraciones, la explotación y tráfico ilegal de minerales, el tráfico de armas de destrucción masiva y el lavado de activos. La complejidad de los retos, desafíos y problemas a la seguridad hemisférica exige el tratamiento definido de los actores y los factores de inseguridad so pena de dar una inadecuada interpretación de las estrategias u acciones que deben contemplar las políticas en seguridad. Bajo este esquema la seguridad nacional de un Estado está definida desde los efectos propios del proceso globalizador, ya que es desde allí de donde surgen el mayor número de amenazas, al tiempo que es a través de la cooperación regional e internacional en donde se puede encontrar su solución. En un mundo interconectado como el actual los problemas Estatales son en gran medida problemas internacionales. Por otra parte, analizar la seguridad desde la multidimensionalidad es atender a problemáticas sociales que en un primer momento pueden no presentar una vinculación directa con la seguridad nacional, pero que de no ser atendida puede escalar a una amenaza real. Por lo anterior, la estrategia de seguridad nacional se ha complejizado al colocar a la estructura estatal en su conjunto como responsable de las actuaciones gubernamentales para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Las preocupaciones y desafíos en seguridad hemisférica provenientes de actores Estatales y no Estatales reafirman la vigencia del modelo de seguridad multidimensional. La presencia de las potencias extracontinentales en el hemisferio con el empleo de multiplicidad de maniobras simétricas, asimétricas e hibridas complejiza aún más el escenario de seguridad continental. El reacomodamiento del orden mundial entre unipolaridad y multipolaridad se trasladó de latitudes lejanas como Siria y el Oriente Medio, al ámbito de influencia de los Estados Unidos de Norte América, en 69 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO América Latina. Con el caso venezolano las potencias emergentes encontraron en la región un escenario ideal para la medición de las capacidades de influencia, alterando de manera significativa el estado de seguridad americano. La naturaleza de las amenazas y preocupaciones a la seguridad hemisférica definen una frontera entre el clásico tratamiento duro para la solución de los antagonismos por la adopción de nuevas formas de aplicación del poder entre los que se considera el poder blando y el poder inteligente. Desde esta perspectiva la adopción de las acciones a seguir para el tratamiento de los problemas en seguridad hemisférica abre un abanico de variables que superan el exclusivo tratamiento coercitivo. La presencia de potencias extracontinentales en América expone la debilidad de la hegemonía del modelo capitalista y de la democracia liberal. La emergencia de gobiernos populistas de corte neo marxista o de ultraderecha, que se alinean con culturas foráneas, supone la ausencia de un modelo que articule el consenso, la autoridad y la coerción. El planteamiento de la seguridad multidimensional (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018) permite superar las divergencias entre la vigencia de la seguridad humana sobre la seguridad del Estado. Desde este nuevo concepto los intereses vitales de las naciones fundamentados en la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, y la vigencia del orden constitucional, no riñen con la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud, a la vivienda, desde el enfoque multidimensional las dos tesis se complementan. La globalización como fenómeno universal contrario a la anhelada estabilidad y desarrollo de las naciones, ha promovido por sus características el debilitamiento de los Estados en el tratamiento de las nuevas expresiones de inseguridad. Los efectos de las actividades del Crimen Organizado Transnacional se manifiestan en la descomposición del tejido social, la desestructuración y desnaturalización de las instituciones gubernamentales, la depredación del medio ambiente, la suplantación de la autoridad, el recrudecimiento de la violencia. En su intención conduce a los sistemas de gobierno a un estado de debilidad o colapso del cual se benefician. 70 CAPÍTULO III LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL* Coronel (RA) Cipriano Peña Chivatá * Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina perteneciente al Grupo de Investigación Masa Crítica reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247. 71 Introducción La llamada seguridad hemisférica en el continente americano tiene gran cantidad de elementos a debatir. Estos van desde los condicionantes históricos, geográficos, políticos, doctrinarios, hasta los propiamente militares. De igual manera, la existencia de posiciones hegemónicas preponderantes, como la política de Estados Unidos, imprime un sello particular a la seguridad hemisférica, donde en muchas ocasiones esta debe adaptarse a sus planteamientos, debido a la predominancia de este país como superpotencia en el plano estratégico-militar, conformando un “uni-polarismo” casi absoluto. Ahora bien, como la Segunda Guerra Mundial y los atentados del 11 de septiembre han provocado puntos de inflexión en cuanto de las doctrinas de seguridad y defensa en el hemisferio. Sin embargo, elementos como priorización de seguridad nacional de ciertos países, el surgimiento de nuevas amenazas y la preferencia de diseños de seguridad global que trascienden y buscan determinar las políticas y compromisos a nivel hemisférico ha suscitado múltiples tropiezos a la hora de alcanzar un consenso en materia de seguridad y defensa en el mismo. De esta manera, el hilo conductor del trabajo es la revisión de las convergencias y diferencias entre las doctrinas de seguridad y defensa del hemisferio, haciendo hincapié en los alcances y limitaciones de estas dentro de un análisis que incorpora diversos conceptos del paradigma realista, la interdependencia compleja y los conceptos de seguridad regional y cooperativa. 73 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Para cumplir con este cometido, el trabajo presenta, en primer lugar, una revisión de literatura de la seguridad y defensa hemisférica sobre esta base, en segundo término, el capítulo analiza, en su cuerpo principal los casos de Estados Unidos, Canadá, Perú Argentina y Brasil a través del manejo del tema de la seguridad. En tercera instancia se presenta el caso del Estado colombino y las implicaciones que conllevan el no tener aún una Ley de seguridad y defensa Nacional. Finalmente se concluye con una serie de reflexiones de las posibles enseñanzas para el Estado colombiano dado el caso en que se sancionará una ley de Seguridad y Defensa Nacionales. En el marco de la posguerra fría, la cual se ha caracterizado por una permanente dinámica transformadora en el sistema internacional y con el aumento de la interdependencia, los centros de poder se han desplazado paulatinamente hacia actores sin tradición protagónica, lo que ha obligado a reestudiar su rol regional y global debido a la creciente ascendencia sobre los demás Estados y los organismos internacionales. Ahora bien, es necesario señalar que, en el hemisferio, los conceptos de seguridad y defensa nacionales conservaron una amplitud muy significativa, aún para las presentes épocas, caracterizadas por una tendencia a la expansión del concepto de defensa. En Latinoamérica, al amparo del concepto de seguridad nacional, la defensa nacional y la seguridad (Cubides Cárdenas, 2018, pp. 164-188) interior tendieron y tienden a confundirse y a expandirse hasta incluir virtualmente la totalidad de la política de los respectivos países. Por otra parte, la defensa nacional es definida sobre la base del concepto de seguridad nacional, como el conjunto de medidas tendientes a su logro. De ese modo, la defensa nacional participa de la amplitud de este último concepto (Ugarte, 2001, pp. 13-55). Entendiendo la dinámica de la seguridad y defensa nacional hemisférica, se debe primero alcanzar un consenso sobre lo que estos conceptos significan. Ugarte por ejemplo; refiriéndose a la “Seguridad Nacional”, es decir, a la seguridad del Estado-nación ante las nuevas amenazas que pueden pesar sobre el mismo, nos genera una nueva discusión en uno de los aspectos que más profundo debate han suscitado; En una primera aproximación a la seguridad nacional, se encuentra que a través de la 74 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL misma se procuran conjurar las amenazas que puedan pesar sobre los valores esenciales que hacen a la existencia e identidad del Estado con los fines que debe cumplir: independencia, soberanía, e integridad territorial entre otros imperativos de un Estado. Así las amenazas puede ser consideradas de carácter interno cuando pone en riesgo la institucionalidad, el equilibrio de poderes, la integridad territorial (Sierra Zamora y Jiménez Barrera, 2019, pp. 1-14), la gobernanza e incluso la dinámica de desarrollo y bienestar de todos los residentes dentro del territorio patrio o en el caso que proviniera como un adversario o antagonista externo; estarán estas amenazas constituidas por la actividad de un Estado o de Estados que desean afectar los intereses nacionales del primer Estado, o de parte de su territorio, o, cuando menos, de imponerle dependencia y sumisión. Cabe señalar que los valores esenciales antes referidos, son, indiscutiblemente, valores mínimos que hacen a la propia existencia del Estado-nación como tal (Ugarte, 2001, pp. 13-55). Por otra parte, en cuanto en términos de seguridad es obligatorio pensar en defensa, ya que, si la seguridad es una sensación y la otra son acciones asumidas para garantizar la primera, estos conceptos están estrechamente correlacionados y no se pueden disociar ya que sin uno no se obtendrá el otro. Cabe aclarar que el hablar de “Defensa” (Cubides Cárdenas, 2017, pp, 256-283) no quiere decir hablar de estrategias militares exclusivamente, sino de acciones de distinta índole que asume el Estado, o el individuo para generar condiciones de seguridad nacional y que comprometen el poder nacional. Por excelencia la defensa se constituye en el instrumento político de mayor peso para preservar los intereses nacionales, cuando está en riesgo la seguridad nacional. Antes del presente siglo XXI, se expresaba claramente que existía una disociación entre el concepto de seguridad interior y defensa exterior, y así se hacía hincapié en el año 1986 por parte de las Naciones Unidas cuando definía la seguridad como “La situación en la que un Estado se considera resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, obteniendo con ello, libertad de acción para proseguir con su desarrollo y progreso”. Ponencia presentada en el V Congreso de Relaciones Internacionales en FLACSO, (2017). 75 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Bajo el precepto anteriormente expuesto de las Naciones Unidas, se debe revisar cómo en el hemisferio, sobre todo la región latinoamericana, se han propuestos mecanismos de seguridad y defensa o mecanismos de confianza mutua inspirados en el concepto de seguridad colectiva. Los antecedentes tanto de los bloques de poder regional altamente ideologizados y anti-poder hegemónico representados por Unasur como Mercosur, pasan a conformar un abanico de acuerdos que emergieron o se fortalecieron en el presente siglo como una estrategia para generar cohesión regional, política económica y social preferencialmente. En este sentido, UNASUR, ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños) asumen que Suramérica es una subregión de alta interdependencia ideológica y de economías complementarias y, por ende, los lazos culturales e históricos y tradiciones que relacionan a sus Estados, van más allá del tema económico altamente influenciado por las principales potencias. Buzan y Wæver (2003) realizan aportes teóricos importantes en el tema de regiones. Otra variable determinante en el concepto de región está fundamentada en la toma de decisiones individuales en materia de política internacional, con capacidad de afectar al vecindario y crear situaciones problemáticas que no pueden solucionarse de manera independiente, por lo que requieren de soluciones multilaterales (Bröckling, et al, 2010). Es decir, un tema como la seguridad o amenaza contra la Amazonía, los recursos naturales o el medio ambiente, por ejemplo, concierne a toda la región, dada su importancia geoestratégica y la capacidad para desestabilizar el equilibrio de poder global, teniendo en cuenta por los intereses geoestratégicos globales que existen sobre esta región o recursos. De concretarse o materializarse un riesgo o amenaza de estabilidad en esta región se crea un efecto multiplicador en la seguridad global. En este orden de ideas, la seguridad se convierte en factor importante de estabilidad para los países miembros de la región. Buzan y Wæver (2003) afirman que los complejos de seguridad se caracterizan por conformar un conjunto de unidades cuyos procesos principales de securitización o desecuritizacíón; o ambos, están tan interrelacionados 76 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL de manera tal, que razonablemente no pueden ser analizados o resueltos distanciados uno del otro. Además, los autores, fundamentados en el marco teórico de la escuela de Copenhague, concluyen que las dinámicas de seguridad en los complejos regionales de seguridad pueden ser vistas desde tres ángulos que denominan “tipos de complejo de seguridad”. De este modo, se entiende que en el contexto teórico del tema se pueden observar varias aristas e interpretaciones en su estudio. Por una parte, el tradicional concepto de seguridad nacional, entendido como “aquellas amenazas que puedan pesar sobre los valores esenciales que hacen a la existencia e identidad del Estado: independencia, soberanía e integridad territorial de un Estado” (Ugarte, 2001). Por otra, en un significado que es más amplio, y traspasa la protección del daño físico, pues a través de una variedad de medios, en su estudio abarca la protección de intereses vitales políticos y económicos cuya pérdida amenaza valores fundamentales y la vitalidad del Estado. A partir de la década de los ochenta, el abanico conceptual se hizo más amplio y comenzó a incluir nuevos parámetros en su conceptualización. Es así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, amplió el concepto (PNUD, 1994). La seguridad hemisférica y los temas predominantes. Antes de los atentados del 11 de septiembre, había una agenda de seguridad hemisférica común entre los países miembros. Estos temas balanceaban las preocupaciones nacionales de seguridad, con las amenazas regionales y subregionales. Al mismo tiempo, había un equilibrio entre una ‘agenda tradicional’, con las ‘amenazas emergentes’, e incluso se consideraban superadas las amenazas de la Guerra Fría provenientes del enfrentamiento ideológico. Es importante tener presente que, durante los noventa, aunque los países siempre pusieron como prioridad su respectiva seguridad nacional, esta no entró en contradicción con los planteamientos sobre seguridad hemisférica o internacional. El continente americano no vivió una carrera armamentista nuclear, aunque, en este sentido, Argentina y Brasil desarrollaron programas de carácter científico que después fueron desactivados (Benítez Manaut, 2004, p. 30). 77 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Esto se debió a que en la década de los sesenta fue firmado el Tratado de Tlatelolco, que logró construir una Zona Libre de Armas Nucleares en América Latina, con lo que este factor está fuera de las preocupaciones de los gobiernos y los organismos internacionales. Un conflicto regional propio de la Guerra Fría, en Centro América, se ha superado mediante procesos de negociación paz como en Nicaragua (1990), El Salvador (1992) y Guatemala (1996). Otros conflictos tradicionales como la disputa territorial entre Honduras y El Salvador, fue solucionada diplomáticamente en 1992, reconociendo los gobiernos el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En Centroamérica se da un progresivo avance en la definición de una seguridad subregional, tanto en el nivel de la definición de amenazas como en las estrategias de cooperación intergubernamental para su combate, mediante el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática y la configuración de la Comisión de Seguridad de Centroamérica. Igualmente, en el ámbito de la defensa, Centroamérica configuro la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CIFAC) como mecanismo de cooperación. Uno de los debates no resueltos ente los países, y que ha concentrado los trabajos de la Comisión de Seguridad Hemisférica desde su creación en la OEA en 1995, es sobre la definición. El concepto y las posturas nacionales van desde la definición de amplias agendas de seguridad, propias de los postulados de seguridad nacional de muchos países (Sierra Zamora, et al, 2016), como por ejemplo México, país que insiste en incorporar temas de “desarrollo” (por ejemplo, la pobreza como fuente de inseguridad); Canadá con su planteamiento doctrinario de ‘seguridad humana’ (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349-360); y muchos países del Caribe, donde las amenazas se perciben en problemas como desastres naturales (Cubides Cárdenas, et al, 2018), catástrofes en materia de salud como el Sida, hasta conceptos más estrechos, relacionados con amenazas propiamente militares (como las sostenidas por Colombia) o vinculadas al ámbito de la defensa. Las discusiones entre los gobiernos se dan fundamentalmente en el orden en que deben ser catalogadas las amenazas: pobreza, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, desastres naturales, etc. 78 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Todos estos fenómenos son parte de la nueva agenda de seguridad hemisférica. A fin de siglo hay condiciones en el hemisferio occidental que favorecen la cooperación, entre los Estados y se destacan que los países gozan de sistemas políticos democráticos y economías de mercado abiertas a los flujos del comercio internacional. Se ha desarrollado el concepto de “seguridad cooperativa”35, desde que a inicios de los años noventa Estados Unidos, Canadá y algunos países latinoamericanos, como Chile, Argentina y Colombia, organizan foros en los organismos del “sistema interamericano”, que tiene su cabeza en la Organización de Estados Americanos (OEA). La seguridad cooperativa se inicia con la “defensa de los sistemas democráticos de gobiernos”, adoptada en Santiago de Chile, en la reunión de la OEA de 1991 sobre avances y límites de la seguridad hemisférica. Los elementos determinantes de la seguridad hemisférica se configuraron desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Junta Interamericana de Defensa (JID)36 en 1942. En aquella época Estados Unidos necesitaba el respaldo diplomático de los países del hemisferio, y en relación con países como Canadá, Brasil y México se dio el apoyo con un amplio respaldo logístico y con tropas. En el caso de Canadá, su participación fue muy intensa por pertenecer a la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), alojando incluso a la familia real inglesa en su territorio; México fue vital por ser la frontera sur de Estados Unidos, colaborando tanto con elementos logísticos como con el hecho de proporcionar aeropuertos y puertos a las necesidades de Estados Unidos, inteligencia contra Japón y Alemania y en la campana del Pacífico en 1945, con la ayuda de un escuadrón aéreo; en el caso de Brasil, su respaldo militar fue muy importante en Italia. Terminada la guerra se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, que se configura como uno de los referentes principales para la acción concertada de los países en materia de seguridad. En 1948 se constituye 35 36 Para más información, véase: Delgado Morán, J. J., Jiménez Reina, J., & Jiménez Reina, R. (2020). Seguridad cooperativa como medida de prevención y respuesta de la Unión Europea. Revista Científica General José María Córdova, 18(29), 61-85. https://doi.org/10.21830/19006586.520 Interamerican Defense Board (2002). History. IAD, Washington. Actualmente la Junta Interamericana de Defensa está integrada por 22 países, de los 34 que forman parte. 79 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO la Organización de Estados Americanos (OEA) y, a partir de ella, se establecen en su seno las directrices de lo que será el funcionamiento del aunado “sistema interamericano” (Bermúdez Torres, 2000). Suramérica, complejo de seguridad regional. Ahora bien, como se había mencionado previamente, para entender la propuesta de seguridad que como región tiene América Latina frente a problemas comunes tipo narcotráfico, inestabilidad política y crimen organizado, es necesario identificar los procesos de interdependencia entre los Estados latinoamericanos (Romero Sánchez, et al, 2015). De la solidez de una propuesta en tal sentido, se derivaría el desarrollo de una política de Estado, más que una política de Gobierno, que haga factible y le dé perdurabilidad a la lucha contra estos asuntos que afectan la seguridad en la región, y por lo cual tendría el apoyo de las organizaciones internacionales existentes o de las relaciones bilaterales o multilaterales entre los países producto de ese aumento de su interdependencia. Sin embargo, en el caso latinoamericano, aunque existe ese grado de interdependencia entre los Estados, alimentado por factores de historia común, procesos culturales y tradiciones similares, economías dinámicas entre los países vecinos de la región y una realidad social común, el fortalecimiento de la región como un todo en la política exterior de estos países no es una prioridad en la agenda regional (Ahcar, et al, 2013, p. 5). El Consejo de Defensa Suramericano fue propuesto por Brasil en 2008, con ocasión de la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR en Brasilia. Después de superar algunos obstáculos para su creación, el Consejo de Defensa fue establecido oficialmente en marzo de 2009. Su propósito es mantener poderes externos lejos de cuestiones de seguridad en América del Sur, para consolidar la región como una zona de paz y negociación, y para resolver los conflictos regionales. Ciertamente, aunque tiene extensas fronteras con 10 Estados de la región, las amenazas a la seguridad de Brasil no provienen del reequipamiento de las fuerzas armadas de las naciones vecinas, las diferencias ideológicas entre los Gobiernos y las rivalidades geopolíticas, sino de actores externos a la región, como se comentó en acápite anterior. Además, Brasil ha impulsado la integración por medio del IRSA (Iniciativa 80 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL para la Integración Regional Suramericana), que nació precisamente en Brasilia en el 2000 teniendo como principio rector en cuanto al tema de seguridad la proscripción del uso de la fuerza, o cualquier acción vinculada con las armas de destrucción masiva (incluyendo nucleares), y se toma el compromiso de erradicar las minas antipersonales de todo el territorio regional. Así mismo, los países suramericanos se comprometen a fomentar la confianza, la cooperación y la consulta permanente en las áreas de seguridad y defensa (BID, CAF & FONPLATA, 2011). Por otro lado, alrededor de un tema prioritario en su agenda de política exterior regional se impulsan a través del Sistema SIVAM/ SIPAM, iniciativas estratégicas lideradas por Brasil especialmente, que han sido implantadas desde mitad de la década de los ochenta a saber: el Programa Calha Norte y el Sistema para la Protección de la Amazonía (SIPAM) son un brazo operativo de connotaciones estratégicas regionales (García, 1992). La década de los años noventa coincide con los inicios de la posguerra fría y en Colombia, con la administración del presidente César Gaviria (1990-1994). Ello supuso navegar sobre nuevos paradigmas ya que perdió su razón de ser la alianza automática latinoamericana con respecto al capitalismo y los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo internacional, que en su momento supuso la implementación de la doctrina de seguridad norteamericana en la región o planes desarrollistas como la Alianza para el Progreso para sofocar la expansión de las rebeliones sociales. Como bien lo declarase Giorgi Arbatov, consejero de Gorbachov, para la revista Time (en 1988), los soviéticos “estamos en el plan de hacerles una cosa terrible a los Estados Unidos. Los vamos a privar de enemigo” (González & Galeano, 2014, p. 76-97). En este nuevo escenario, el tema del narcotráfico, la lucha contra los carteles de droga que ya estaba en auge en el país y la protección de los derechos humanos se convertiría en el más importante enemigo al cual los Estados Unidos habrían de combatir. En el contexto de la lucha comunista, el caso colombiano “servirá potencialmente como modelo de intervención externa en los asuntos del Hemisferio. Asimismo, allí se puso en juego cómo y cuánto 81 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO aporta nuestra área (América Latina), región (Sudamérica) o zona (Cono Sur) a la resolución del caso” (Tokatlián, 2001, pp. 139-173). Un hecho que ilustra el clima de distensión internacional durante el Gobierno de Gaviria fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, país al que ya Colombia no consideraba un enemigo ni un peligro para sus asuntos internos, luego de varias décadas de desencuentros. Asimismo, la aceptación colombiana de asumir la presidencia del Movimiento de los No Alineados a partir de 1994, implicó la cristalización de nuevas metas y paradigmas en el escenario de un mayor acercamiento Sur-Sur. Ya desde su discurso de posesión César Gaviria había manifestado que Colombia “debía ajustarse a las nuevas realidades de la política internacional”, que implicaban también la apertura económica y la modernización del Estado (González y Godoy, 2010). Durante el Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) las relaciones con la Casa Blanca tuvieron un capítulo inusual, pues el escándalo del proceso 8000, que lo involucraba en la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico, tuvo como consecuencia la descertificación del país en la lucha contra las drogas (1996 y 1997) y la cancelación de la visa a un presidente colombiano en ejercicio. Incluso se dio una particular situación de cooperación judicial (Ambos, et al, 2007) selectiva entre la policía colombiana y la norteamericana en la lucha contra las drogas mientras simultáneamente la relación entre los Gobiernos se mantuvo distante. El Gobierno de Estados Unidos intensificó recursos diplomáticos y coercitivos contra el país, a saber: Elevación del perfil intervencionista de los funcionarios estadounidenses en asuntos colombianos, órdenes ejecutivas para afectar transacciones de empresas, descertificación, presión sobre la extradición, supresión de visas, presiones sobre el Congreso y amenaza de recurrir a graves sanciones económicas y a métodos de fuerza de alcance extraterritorial (Ramírez, Restrepo & Viña, 1997, pp. 135-153). Otro fenómeno que atrajo la atención hemisférica bajo el concepto de seguridad fue el incremento y masificaciones de las acciones de los grupos armados organizados en Colombia. Tanto guerrillas altamente 82 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL ideologizadas como grupos armados ilegales de derecha, atacaron no solo las estructuras institucionales del Estado, sino se sirvieron de las mismas formas y fuentes de finanzas relacionadas especialmente con el narcotráfico generando condiciones de inestabilidad regional por su estrecha relación con la delincuencia transnacional y con actores y amenazas de carácter global. Se puede afirmar que el vertiginoso crecimiento de las estas organizaciones delictivas no solo comprometía la seguridad hemisférica sino el equilibrio de poder y seguridad global por su estrecha relación con organizaciones terroristas internacionales (Calderón Sánchez, 2012). Según estudios de Planeación Nacional, hace dos décadas (entre 1991 y 1996) el 41 % de los ingresos de las FARC-EP, es decir, 479 millones de dólares, provino del negocio ilegal de las drogas. Asimismo, se estima que, a su vez, los grupos de autodefensa obtenían 200 millones de dólares, un 70 % de sus ingresos, de estas actividades (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 195). Según Restrepo (2001): Washington: [Tenía] tres tipos de intereses estratégicos en la región y en el Hemisferio: mantener la lucha represiva contra las drogas, asegurar la estabilidad de la región Andina frente a sus actuales sacudimientos sociales y políticos y, finalmente, establecer un área de libre comercio americano al modo del NAFTA, que le facilitara una hegemonía indiscutible en los mercados del área (Leal, 2004 p. 324). Seguridad compartida. El concepto de seguridad compartida nació en 1982 como consecuencia del informe, realizado bajo los auspicios del primer ministro sueco Olof Palme, titulado: “Seguridad compartida: un programa para el desarme”. El Informe de O. Palme, pone de manifiesto el llamado “dilema de la seguridad”, es decir, que la búsqueda de la seguridad a escala nacional provoca inseguridad a escala internacional, como lo establece Ugarte (2001): “Vivimos en un medio en que cada Estado se siente obligado a exhibir su voluntad de ir a la guerra en defensa de lo que considera sus intereses nacionales vitales. El poder militar se considera el símbolo de esta determinación, pero al mismo tiempo otras naciones interpretan la continua expansión de 83 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO los arsenales nacionales como una prueba de intenciones hostiles, y este círculo vicioso socava la seguridad de la comunidad internacional en su totalidad”. (pp. 13-55) Ahora bien, en el contexto hemisferio occidental, y especialmente para la América Latina contemporánea, existen pocas nociones que presenten características más difusas y que a la vez tengan tanta incidencia en la vida de los pueblos como la noción de seguridad (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 631-644). Desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, los países de la región quedaron insertos desde la Segunda Guerra Mundial en la lógica de la seguridad global y durante la postguerra se ajustaron al nuevo mundo bipolar. Sin embargo, durante los últimos tres lustros las bases del sistema regional de seguridad fueron erosionándose: ha cambiado el poder relativo de los Estados Unidos en el plano global y regional, disminuyendo aún más su influencia en el régimen de seguridad como resultado de sus propias políticas; muchos países de la región han diversificado sus vínculos internacionales, particularmente en el plano de sus relaciones militares y algunos han desarrollado una capacidad de producción bélica que les permite reformular sus vinculaciones externas (Cubides-cárdenas, et al, 2018, pp. 11-24). En Sudamérica, esta situación fue acompañada durante los años 60, por la adopción en las FF. AA. de doctrinas de seguridad nacional que las impulsó a trasladar su visión de confrontación internacional al plano interno; a ocupar por largos períodos el gobierno; y a desarrollar desde éste un proceso de militarización que permeó los ámbitos político, económico y social de los países de la zona. Las transformaciones políticas que han llevado a procesos de transición a la democracia en la mayoría de los países sudamericanos han recibido como legado relaciones cívico-militares signadas por percepciones muy diferentes de los problemas políticos y de seguridad que deben enfrentar sus naciones (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018). En América Central, durante los años 80, se han estado desarrollando agudos conflictos sociopolíticos y confrontaciones armadas internas, encadenadas a intereses y actores internacionales. 84 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Para Parales (1989) las definiciones de seguridad prevalecientes en Estados Unidos han propiciado el componente militar como un medio determinante en la resolución de esos conflictos. El planteo de una concepción de seguridad compartida en la región supone la doble tarea de aunar conceptos y políticas entre los países que la componen y también al interior de cada una de las sociedades nacionales (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9), la puesta en vigencia de esquemas de seguridad compartida requiere, también, contar a lo menos con la aquiescencia pasiva de la gran potencia que ha tenido una influencia dominante en la región. En los ámbitos de seguridad; el factor estadounidense es central para entender los márgenes de fórmulas de seguridad alternativa en América Latina. Desde el punto de vista de la seguridad regional, la percepción del interés y la disminución de la influencia estadounidense no son homogéneas. La Cuenca del Caribe, que incluye a América Central, sigue siendo considerada crucial por Estados Unidos y, en consecuencia, este país sigue desempeñando una activa presencia en esa zona. En América del Sur, en cambio la percepción del interés norteamericano es menos central y sus medios de influencia se han trasformado aparentemente o han declinado significativamente. Esto permite distinguir situaciones que podrían constituirse en ámbitos de seguridad subregional distinguibles, aunque interrelacionados (Cubides Cárdenas, et al, 2019, 309-325). Los mecanismos de seguridad relacionados con el sistema de seguridad interamericano han estado centrados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Aunque este tratado mantiene su vigencia formal, a consecuencias de la guerra de las Malvinas su carácter de mecanismo de defensa colectivo quedó deteriorado y ha sido muy cuestionado. Es evidente que el concurso estadounidense es esencial en estos mecanismos del sistema interamericano. En esas condiciones el TIAR mantiene su valor teórico para la protección contra un ataque extracontinental de una potencia enemiga de Estados Unidos, probabilidad casi imposible fuera de una eventual conflagración mundial. En todo caso esta alianza todavía inscribe de algún modo a los países latinoamericanos en el sistema de defensa occidental, aunque esta percepción es mucho más nítida en las FF.AA. latinoamericanas que 85 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO para sus gobiernos civiles. Históricamente, los organismos multilaterales dentro del sistema militar interamericano han contribuido a una efectiva integración militar, afectada por la ideologización política y cambio sistemático de los sistemas de gobierno regional e interese estracontinenetales que mantienen vigencia regional. La Junta Interamericana de Defensa (JID) ha desempeñado funciones secundarias de asesoría formal del sistema; el Colegio Interamericano de Defensa (CID) ha tenido un papel menor en la educación militar, con mayor incidencia en la socialización de las élites militares centroamericanas. Las instancias periódicas de encuentro entre las ramas de las Fuerzas Armadas americanas y las conferencias de comandantes en Jefe; han tenido un mayor desarrollo, intensificando la comunicación entre FF.AA. y teniendo principalmente un ámbito de socialización de la seguridad los puntos de vista estadounidenses. Mucho más importantes fueron los vínculos bilaterales entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y las de cada país latinoamericano. Sin embargo, a través de los años no se han conseguido niveles más altos de institucionalización, ni formas de operación integradas del sistema militar interamericano. Más aún, los lazos bilaterales entre Estados Unidos y las FF.AA. latinoamericanas se debilitaron a partir de la década de los sesenta. Los vínculos de aprovisionamiento de armas y de entrenamiento militar, que constituían el núcleo de la relación, disminuyeron su intensidad o dejaron de existir. En síntesis, este peculiar sistema de seguridad colectiva con una incipiente estructuración multilateral y múltiples vinculaciones bilaterales no ha logrado integrar sólidamente los intereses de la defensa de todos sus miembros por el alto grado de fragmentación ideológica regional. 1. Mecanismos de confianza mutua La confianza se encuentra sustentada en un activo que posee un alto grado de intangibilidad. La confianza se construye en el proceso paulatino. La confianza es incremental. Sin embargo, ella se pierde bruscamen- 86 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL te. La reversión del proceso es acelerada. Los Mecanismos de Confianza Mutua (en adelante MCM) buscan establecer un patrón de relación que otorgue crédito a las declaraciones de intención y transparente las conductas. Están diseñadas para evidenciar los actos que buscan afectar la seguridad, la integridad u otro interés vital, y diferenciarlos de otras acciones. De allí el vínculo esencial entre MCM y los procesos de verificación. Las MCM buscan conferir estabilidad a las relaciones. Establecen un proceso por medio del cual se da satisfacción concreta a los compromisos que se deben materializar en el futuro. Las MCM buscan cambiar una historia de desconfianza que implica un alto grado de riesgo, por una situación, en la cual, sobre la base de acciones que se evalúan respuestas que llevan a la estabilidad y luego a la distensión. De este modo, los cambios internacionales han generado incertidumbre en los países latinoamericanos. Esta se expresa tanto en la reconceptualización de la seguridad, en la redefinición de las amenazas, como en las misiones que deben cumplir las FF.MM. El establecimiento de regímenes internacional de cooperación posibilita establecer un marco de acción conjunta y colaborativa en el hemisferio. Las medidas de confianza mutua y de seguridad se ubican en este campo. El desarrollo de las Medidas de Fomento de la Confianza Mutua y la Seguridad (MCM) es uno de los puntos principales de la agenda de seguridad internacional de América Latina. Ha sido un tema destacado de las reuniones Ministeriales de Defensa de las Américas, tanto en Williamsburg (1995) como en Bariloche (1996) y en Cartagena (1998). Los acuerdos alcanzados y las resoluciones adoptadas en la reunión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos sobre el tema, que se realizó en Santiago de Chile, entre el 8 y 10 de noviembre de 1995 y en El Salvador en febrero de 1998, poseen una alta significación. La “Declaración de Santiago sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad” marca un hito, tan significativo como el compromiso de Santiago sobre la Promoción de la Democracia del año 1991. Ello se evidencia al constatar los párrafos correspondientes de la Declaración de la II Cumbre de las Américas celebrada en Santiago en abril de 1998. La Asamblea 87 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en el mes de junio de 1999 en ciudad de Guatemala, ratificó el compromiso regional y hemisférico en estas materias (Aravena, 2000, pp. 18-32). Por consiguiente, para las relaciones hemisféricas occidentales resulta de vital importancia pues, estas medidas son un tema central de la diplomacia preventiva. Su desarrollo posibilita establecer un proceso acumulativo de transparencia que se traducirá en la generación de Acuerdos de Seguridad con énfasis en los aspectos cooperativos en la región y el hemisferio. Su aplicación efectiva da lugar al desarrollo de un código de conducta que materializará, por medio de acciones específicas, la búsqueda de estabilidad y la seguridad en esta región. El equilibrio de poder y dinámica geoestratégica global tiene efectos colaterales en la realidad Suramérica. En las últimas dos décadas han resurgido en el mundo nuevos y latentes conflictos relacionados con la indefinición de diferendos fronterizos o intención expansionista de los Estados y fenómenos como el separatismo, la secesión la anexión e incluso el resurgimiento de regiones autónomas y movimientos globales fundamentalistas producto de la fragmentación ideológica política y religiosa ejercen cada vez más presión e influencia en la estructura de los Estados (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359-379). La lucha por el espacio vital ya no es de carácter fronterizo, sino que se amplió a cualquier parte del globo hasta donde lleguen los intereses especialmente de las principales potencias y las corporaciones internacionales. Esta realidad geoestratégica, amenaza no solo la estabilidad global, sino que se han convertido en la base de la confrontación regional y si bien es cierto son escasos los conflictos regionales a nivel de los Estados, es evidente que hay un incremento significativo del sentimiento anti-imperialista (negación de toda intervención estadounidense en la Región), ligado a los interés y estrategias expansionistas económicas e ideológicas del viejo bloque de poder del pacto de Varsovia que encontraron en el movimiento bolivariano y en el socialismo del siglo XXI, entre otras motivaciones, la forma de influir en la región y dar fuerza al movimiento neo marxista humanista que busca debilitar el ya cuestionado sistema interamericano de seguridad y los protocolos regionales para la disolución 88 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL pacifica de los conflictos y mecanismos multilaterales de integración, consenso y diálogo hemisférico como es el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En una línea de tiempo muy cercana y desde la segunda guerra mundial tomado como punto de referencia hasta nuestros días, el mundo ha venido fortaleciendo toda seria de acuerdos internacionales para prevenir la guerra y en especial la guerra nuclear citada por Herman Khan en la teoría de la escalada. El tratado interamericano de asistencia recíproca (TIAR) y el Pacto de Bogotá, entre otros hacen parte de esa iniciativa no solo de la disolución pacifica de los conflictos, sino de un América en paz bajo la premisa de la seguridad colectiva ante posibles amenazas hacia el continente. La forma no solo de evitar la guerra sino mantener un ambiente de interdependencia idealista respetando la autonomía soberana de los Estados y libre autodeterminación de los pueblos, es construyendo a través de mecanismos de confianza mutua (MCM) relaciones de interdependencia en todos los campos de poder entre los Estados. Una de las definiciones más aceptadas sobre la MCM es la de Johan Holst y Karen Melander, para quienes “las medidas de confianza mutua (MCM), implican la comunicación de evidencia creíble sobre ausencia de amenazas temidas […] solamente pueden ser implementadas con el consentimiento de los Estados cuya actividad militar es notificada u observada”. Así mismo John Borowski distingue tres categorías de mecanismos de Confianza Mutua (MCM), que resultan importantes para entender su naturaleza, propósitos y alcances. Primero, medidas de intercambio de información que tienen por objetivo, aumentar el conocimiento mutuo y entendimiento sobre actividades militares, de modo de asegurar que existe una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Segundo, medidas de observación e inspección, cuyo propósito es permitir una evaluación independiente del carácter de las actividades militares y así, aliviar o confirmar las sospechas. Tercero, medidas de restricción de las actividades militares, cuya finalidad es impedir el empleo o despliegue de fuerzas militares en modos potencialmente amenazantes (Caro y Varas, 1992). 89 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO No obstante, Caro, establece que existe en Latinoamérica instrumentos o mecanismos de carácter multilaterales que, aunque no constituyen en sí mecanismos para el fomento de confianza y seguridad (MFCS), son elementos complementarios válidos para la formulación, aplicación y diseño de medidas específicas tendientes a promover y mantener la confianza mutua entre los Estados: Un ejemplo claro de las MFCS está en la carta de la OEA; el Tratado de Tlatelolco para la proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe de 1967; es un tratado internacional que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe y es ratificado por los países signatarios creando así la iniciativa de la primera zona poblada desnuclearizada del planeta. En la Carta de la OEA, suscrita en mayo de 1948, y modificada en virtud del Protocolo de Buenos Aires de febrero de 1967 y del Protocolo de Cartagena de Indias de diciembre de 1985, contiene disposiciones que ayudan a fortalecer la confianza (MCM) entre los Estados de la región. La Carta tiene en su contenido como propósitos y principios fundamentales el afianzar la paz y seguridad continentales, promover la solución pacífica de conflictos, consolidar como sistema político hemisférico, la democracia representativa dentro del respeto a la no intervención en temas de seguridad interna de los Estados y el compromiso en la limitación de armamentos. En la Declaración de Ayacucho de 1974 firmada por los dignatarios del gobierno de Perú, Bolivia, Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, y raíz de los actos conmemorativos de la batalla de Ayacucho se reafirman los MCM de Latinoamérica y se fortalecen las iniciativas para la implementación de los MFCS. En el Compromiso de Mendoza de 1991 firmado por Argentina Brasil y Chile ratificando las medidas de fomento de la confianza dispuestas por los Estados partes de la Convención de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxicas, se reafirman los MCM en el continente y se adquieren compromisos sobre su Destrucción. Al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA), Latinoamérica ha venido desarrollando, una discusión permanente desde 90 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL el ámbito conceptual y práctico, sobre las medidas de fomento de confianza y sobre el cumplimento o no de los países signatarios de estos mecanismos y las nuevas amenazas o enfoques de los Estados en su implementación. En 1992, Chile propuso a la Conferencia de Desarme de Ginebra una discusión específica sobre MFCS. En 1994, en Buenos Aires, Argentina, en el seno de la OEA impulsó una de reunión de expertos sobre MFCS. En 1995, en la declaración de Santiago sobre MFCS, “Los gobiernos del Hemisferio otorgaron entre otros puntos una especial prioridad a la identificación de los riesgos, amenazas y desafíos que enfrentan las Américas de cara al próximo milenio, así como el fomento de un clima internacional de confianza y paz mediante la cooperación, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de la OEA. En 1998, se redactó la Declaración de San Salvador, que, entre otras cosas, amplió las disposiciones de años anteriores sobre aspectos políticos, fronterizos, tamaño y composición de las fuerzas, contabilidad y gastos militares y debates institucionalizados de las reuniones de expertos. En 2003, en la declaración de Miami EUA se realizó una reunión de expertos sobre MFCS. En 2005, 2006 y 2008 se realizaron, respectivamente, el Primero, Segundo y Tercer Foro sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad en la Organización de Estados Americanos. En esta breve descripción de la línea de tiempo sobre la evolución de los mecanismos de confianza en el continente podríamos registrar algunas conclusiones previas. Esta iniciativa del concepto de los MCM está estrechamente relacionada con la evolución constructivista de las relaciones internacionales y hace parte de la arquitectura del sistema internacional. Las tensiones y fragmentación ideológica global inciden fundamentalmente en la actitud de los Estados para la implementación o alejamiento de estos preceptos. En el nuevo escenario y equilibrio de poder global hay muchos factores e intereses geoestratégicos que inciden en la definición de estos mecanismos. El continente americano está siendo sometido al igual que el Estado a toda serie de presiones y antagonismos por cuanto en un mundo globalizado América se convierte en un pivote geográfico que atrae ideologías e intereses relacionados no 91 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO solo con la delincuencia organizada transnacional, sino con el terrorismo y nuevos factores y amenazas de carácter global aspecto que genera división ideológica en el continente y revive escenarios de crisis regional. El nacimiento de bloques de poder altamente ideologizados en el continente ha impedido la integración y el desarrollo, así como la implementación de los MFCS. En este escenario de alta fragmentación ideológica en el continente, caracterizado por tensiones anti-hegemónicas y de equilibrio de poder unipolar se inicia un proceso de disolución de los bloques y mecanismos de confianza inspirados en el marco de la OEA y de la ONU. Hay un cuestionamiento abierto a la incapacidad de estos organismos de mantener la estabilidad y seguridad global. Podríamos citar un sin número de factores que inciden el debilitamiento del sistema internacional. El escenario de la guerra fría cambió y los conflictos internos, la problemática social, el choque de las civilizaciones, la seguridad humanista, la disolución de la URSS, los atentados del 11 de septiembre de 2001; así como la degradación de las acciones de las organizaciones terroristas, la delincuencia organizada trasnacional, el terrorismo, el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, migraciones masivas, la religión y el fanatismo, entre otros; se convirtieron en las nuevas amenazas para la humanidad. Algunos analistas consideran que la anarquía en el sistema internacional y la globalización son quizá los dos aspectos que más han incidido en las relaciones de poder, la política la economía el desarrollo y la estabilidad del mundo. Es en este escenario regional de tensiones y fragmentación ideológica el 23 de mayo de 2008 en Brasil, se crea un de un bloque de poder regional; la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); nace como un mecanismo alternativo eminentemente latinoamericano de integración regional. En diciembre de 2008 en Salvador de Bahía (Brasil), los jefes de Estado de la UNASUR acordaron poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad de UNASUR. Este órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa, según dijeron los ministros de defensa, no será una alianza militar clásica, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no organizará un Ejército propio 92 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL ni se inmiscuirá en las decisiones de compra de armas que tome cada país. El nuevo organismo prevé adoptar un método estandarizado entre los Estados, para medir las compras de armas de cada país, coordinar sus efectivos militares en misiones de paz y de ayuda humanitaria, y potenciar la capacidad regional de producción de sistemas de defensa y tecnología militar. La creación del Consejo de Defensa Suramericano que constituye en el principal instrumento para la implantación de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (MFCS), y busca según sus estatutos evitar la posibilidad de conflictos armados internacionales entre los Estados miembros, y así mismo, dicho consejo será el núcleo del nuevo pensamiento estratégico y de políticas de defensa en América del Sur, desde una visión conjunta y de cooperación entre los países de América Latina. Rápidamente este nuevo organismo de carácter regional se convierte el principal movimiento de debilitamiento y cuestionamiento de la OEA y establece relaciones y mecanismos de presión regional para presionar la salida de Latinoamérica de las bases militares norteamericanas e impedir que después de la salida del Ecuador se instalen en Colombia. Los momentos de tensión regional se incrementan y la desconfianza demostrada a través de la política exterior de los Estados es evidente. Para el caso de Colombia se establecen relaciones de interdependencia compleja con sus vecinos y se presiona para que haya una ruptura de las relaciones del país con los Estados Unidos. Rápidamente UNASUR encuentra identidad ideológica con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, fundada en 2004, por Venezuela, con PETROCARIBE creada por Venezuela en 2005, la CELAC y otros organismos que si bien es cierto fueron creados bajo preceptos de integración económica, también es cierto que rápidamente mostraron bases ideológicas fundamentalmente anti americanas y que se fortalecieron con el nuevo discurso regional del Socialismo del siglo XXI. UNASUR, en particular, registraba convertirse en el principal inspirador de los MFCS para consolidar a Suramérica como una zona de paz; construir una identidad suramericana en materia de defensa; generar 93 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa, entre otras medidas que propician una reestructuración integral y ambiciosa de la visión estratégica militar del subcontinente. Desde 2009 hasta nuestros días, UNASUR ha liderado un sinnúmero de Cumbres extraordinarias a través del CDS con la intensión de liderar procedimientos y protocolos de MFCS que restrinjan la presencia de los Estados Unidos en la región. El acercamiento y vinculación de Venezuela con MERCOSUR y su salida de la CAN van en la misma línea de tensión y fragmentación ideológica antiamericana. 2. Seguridad y Defensa en el hemisferio: algunos estudios de caso, securitización en El Hemisferio Como lo registramos en el enunciado anterior el problema de la seguridad ha estado presente global y regionalmente, de forma implícita o explícita; desde los albores de la disciplina de las Relaciones Internacionales (RRII) y con más énfasis, desde la Primera Guerra Mundial en estrecha vinculación con las ideas de paz y de interés nacional de los Estados-nación. En este sentido, el problema de la seguridad nacional de los Estados Unidos ha sido incluso el referente fundamental del desarrollo de la teoría de las relaciones internacionales y de la política exterior, principalmente del mainstream, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. En los trabajos de exponentes de la disciplina como E.H. Carr, Hans J. Morgenthau, Reinhold Niebhur, Henry Kissinger, Morton O. Kaplan, Robert Keohane, Joseph Nye o Kenneth Waltz, por citar algunos ejemplos significativos, no se entra a debatir qué se entiende por seguridad, sino que la discusión gira en torno a otras ideas como las de poder, estabilidad o interés nacional como medio o fin que garantiza la seguridad de los Estados. A tal punto cobra importancia la seguridad en la disciplina que, Kees Van der Pijl, ha llegado a afirmar que las Relaciones Internacionales son una disciplina securitizada. Una postura singular en los debates entre la ampliación y la profundización del concepto de seguridad en la post-Guerra Fría, aunque 94 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL buena parte de las discusiones ya se inician en la década ochenta, la renovación de los debates sobre seguridad no se produce hasta los años noventa, y en particular hasta el final de la Guerra Fría y la subsiguiente toma de conciencia sobre las limitaciones presentes en los enfoques clásicos de los Estudios internacionales de Seguridad (EIS), los Estudios Estratégicos y las Relaciones Internacionales para responder a las dinámicas de cambio estructural que se derivan de la desaparición del escenario bipolar. En este sentido, conviene señalar la necesidad de responder a los desafíos que se plantean en un orden de post-Guerra fría y el deseo continuo de hacer la disciplina relevante a las preocupaciones contemporáneas. Siguiendo a Barry Buzan y Lene Hansen en su obra “The Evolution of International Security Studies” (2009), con el impacto producido por el fin de la Guerra Fría se alteran tanto las preguntas de la agenda de seguridad como los propios actores que inciden en ella. La creciente consideración de la guerra como un método costoso tras la Guerra de Vietnam, sumado a la preocupación creciente por cuestiones como el medio ambiente o la economía internacional, son factores que van influyendo poco a poco en el declive de las cuestiones militares como núcleo de las preocupaciones de seguridad y que terminan por aflorar con la desmilitarización que aprueba Gorbachov al asumir el poder. Así, con la desaparición de la Guerra Fría como meta-evento que articula los EIS durante sus primeras cuatro décadas de recorrido, se abre una ventana de oportunidad analítica y política para debatir la propia noción de seguridad que hasta entonces había quedado eclipsada por la lógica bipolar. El nacimiento de la teoría de la securitización se produce, pues, en un momento caracterizado por la intensidad de los debates internos en el seno de la disciplina, en el que los EIS abordan el debate “ampliación” (widening) y “profundización” (deepening) de la seguridad vis a vis de los enfoques tradicionalistas, por un lado, y entre los propios defensores de estas nuevas concepciones de la seguridad, por otro. Frente a las visiones estrictamente militaristas que predominaron durante la Guerra Fría y que tienden a ser englobadas dentro de los Estudios 95 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Estratégicos, emerge un gran debate en torno a la ampliación de la agenda de la seguridad incluyendo otros ámbitos como, por ejemplo, el desarrollo o el medio ambiente. Así, la ampliación del concepto de seguridad no solo extiende el campo de conocimiento y comprensión necesario para dedicarse a los estudios de seguridad, sino que tiene importantes implicaciones teóricas, políticas y normativas. Para los teóricos con visiones más ortodoxas que apuestan por concepciones más estrechas de la seguridad, cuanto más se amplía el concepto de seguridad por parte de las corrientes críticas, más incoherente es el propio concepto de seguridad, se vuelve menos práctico y tiene menos poder explicativo, ya que se pierde claridad sobre su significado exacto y sus fronteras. Por otro lado, desde una lectura política, al ampliar la noción de seguridad también se acrecentaría con ello el campo de actuación de los órganos del estado en esta materia (ejército, policía, etc.). A nivel normativo, por su parte, la ampliación podría acarrear la elevación de la “seguridad” a un tipo de bien universal bajo el cual deberían regirse todas las relaciones sociales. 3. Los objetivos de seguridad hemisférica El propósito central del sistema, la alianza contra la amenaza extra hemisférica mantiene su vigencia sólo si corresponde a la definición de seguridad de los Estados Unidos; Estado dominante en la alianza regional y global. Este objetivo central marca asimismo el límite que no pueden traspasar los países miembros, sin incurrir en presiones y/o cuestionamientos por parte de la estrategia de la potencia dominante. En la práctica ese propósito de prioridades desde el concepto y estrategia liderada a nivel hemisférico para contener el expansionismo ideológico del comunismo se tradujo en la adopción de la perspectiva de la seguridad nacional que introdujo la preocupación antisubversiva en las FF.AA. latinoamericanas interfiriendo, como en algunos casos se dio, los sistemas políticos democráticos e introduciendo a los militares en la perspectiva del ejercicio del poder o del control permanente del sistema político. 96 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL En términos de la relación entre los miembros del sistema, y el sistema de seguridad regional Vs. seguridad nacional no ha logrado garantizar la prevención de los conflictos de seguridad interna de los Estados como tampoco ha logrado prevenir los conflictos mismos de amenaza externa entre los Estados. Podríamos incluso afirmar que el concepto de seguridad nacional ha exacerbado ideológicamente las tensiones a nivel regional y hemisférico e incluso desde los sesenta hasta nuestros días ha motivado a procesos de securitizarían regional y conformación de bloques de poder como ya lo expresábamos anteriormente altamente ideologizados e influenciados por intereses geoestratégicos globales. Para Portales (1989) los intereses de la potencia dominante hemisférica continúan siendo evitar los conflictos -si no se trata de una situación que estimen ha traspasado el límite aceptable para sus intereses de seguridad- (pp. 10-20), pero los medios de que dispone para conseguirlo son limitados. El funcionamiento multilateral del sistema no ha desarrollado formas de prevención y resolución de conflictos eficaces y los vínculos bilaterales entre Estados Unidos y los países de la región ya no son suficientes para garantizar por sí solos la paz intrarregional. Como balance se puede afirmar que el sistema militar interamericano, tal como existe hoy día, no garantiza en forma eficaz el logro de los objetivos de defensa de los países de la región. La persistencia o renacimiento de los conflictos fronterizos no disueltos, los fenómenos de separatismo, secesión anexión o autonomía de las regiones, los fenómenos transfronterizos, el nuevo orden global y la anarquía en el sistema internacional entre otros se constituyen en nuevos factores de inestabilidad que atraen intereses geoeconómicos y geopolíticos al hemisferio y al equilibrio de poder regional. 4. El Nuevo Contexto Continental Las dificultades de estructuración de un sistema militar inter- americano integrado alejado de la OEA (TIAR), debido a las diferentes perspectivas de una potencia con orientación global fundamentalmente; y de 97 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO algunos de los países de la región, que buscan con afán una identidad ideológica proscrita por la visión de occidente y que aún no han logrado superar las crisis del bipolarismo de las relaciones internacionales, hacen muy poco factible que se puedan volver a intentar mayores grados de formalización de un régimen hemisférico y más bien existe la tendencia a revivir las tensiones de la guerra fría, pero en un escenario americano con muchas presiones especialmente a nivel del Gran Caribe. Hay una gran discusión respecto al equilibrio de poder Global. Algunos autores afirman que el sistema internacional ha perdido los rasgos de bipolarismo que lo caracterizaron durante fines de los cuarenta y los cincuenta, y que algunos países latinoamericanos emergen con una nueva presencia en la escena regional y aún los países más pequeños afirman su entidad nacional, utilizando sus recursos para lograr márgenes de autonomía para sus políticas. Como contra-argumento algunos autores afirman que el mundo no ha cambiado y que las tensiones de la guerra fría, como ya lo registramos, cambiaron fue de escenario y el paso por el unipolarismo global fue tan efímero como las alianzas estratégicas, dando paso a un mundo multipolar caracterizado por las nuevas amenazas y crisis globales. En este contexto cabe más bien plantearse la búsqueda de nuevas formas de seguridad compartida entre los países latinoamericanos que no excluyan campos de cooperación más específicos con EE. UU., basados en los temas de coincidencia efectiva entre Latinoamérica y la potencia del Norte. Este es el salto estratégico del concepto de seguridad colectiva inspirado en la estrategia de seguridad hemisférica con cargo a la OEA (TIAR), al concepto de seguridad cooperativa inspirado por las Naciones Unidades (OTAN), en donde la caracterización de la amenaza global sigue siendo la misma y que guarda estrecha relación con la fragmentación ideológica global entre el Este y el Oeste en donde la estrategia puede ser cualquiera incluida la expansión económica, el medio ambiente, el control de los recursos naturales, el ciberespacio y en fin, cualquier tema, incluida la seguridad humana y seguridad multidimensional; con el fin de garantizar los intereses de las principales potencias a nivel global. De ahí que la agenda no deba estar 98 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL centrada en la reconstrucción de un sistema militar interamericano, sino en la búsqueda de regímenes de seguridad compartida a través del desarrollo incremental de nuevas formas estructuradas de cooperación en materia de seguridad, que eventualmente puedan transformarse en regímenes especializados de cooperación para llegar finalmente a regímenes comprehensivos. Las posibilidades de cooperación regional en materia de defensa deben partir de la coincidencia de los intereses entre las partes. La distinción entre los ámbitos de la Cuenca del Caribe y América del Sur puede servir de punto de partida para la identificación de los intereses compartidos entre los estados miembros y su relación con Estados Unidos. El ambiente de anarquía internacional o de multilateralismo en el equilibrio de poder global, afecta significativamente la estabilidad de la región y la presencia de nuevos actores de desestabilización global en el continente quebrantan la ya debilitada relación y disolución de los conflictos en forma pacífica. Algunos fenómenos como la globalización en todos sus campos de actuación y el desarrollo de las tecnologías así mismo; parecieran se constituyen en factores de inestabilidad en donde los Estados Nación están siendo muy cuestionados por no tener la capacidad autónoma de garantizar su seguridad y defensa nacionales, sino que para el caso hemisférico países considerados potencias emergentes o potencias regionales están siendo sometidos o grandes presiones por lo bloques de poder global, las corporaciones internacionales, el neo indigenismo, el choque de las civilizaciones entre otros y en especial por fenómenos como el neo marxismo o marxismo humanista. 5. Estados Unidos y El Hemisferio Estados Unidos tiene dos conceptos geopolíticos de seguridad en el hemisferio. El primero es una geopolítica estrecha, solamente vinculada al TLCAN37; y el segundo es un concepto ampliado que integra a 37 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North American Free Trade. 99 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO todo el continente. En américa del norte se busca por parte de Estados Unidos que el TLCAN también pueda convertirse en un futuro sistema de seguridad de América del Norte. Canadá está de acuerdo implícitamente en lo anterior, debido a que tiene firmados más de ochenta acuerdos a nivel de defensa con Estados Unidos, el más importante de ellos es el NORAD38. Como resultado de estos acuerdos, más de 600 militares canadienses colaboran directamente en territorio de Estados Unidos con Canadá, uno de los problemas que centran la atención es la posibilidad de que se dé un proceso de inestabilidad política a causa del posible separatismo de Quebec. Uno de los temas más importantes donde se ha desarrollado y fundamentado la cooperación entre ambos países en la lucha contra el terrorismo. Lo anterior lleva a que ambos países tengan muchas coincidencias en materia de seguridad internacional. Por otra parte, Canadá, considera que la OEA desempeña un papel crítico en la protección de la gobernabilidad democrática en la región, en particular, garantizando el respeto de la Carta Democrática Interamericana. Canadá respalda, de múltiples formas, el fortalecimiento de la capacidad de la OEA para desempeñar este papel esencial: El compromiso político de alto nivel, incluyendo la participación personal del Ministro de Estado para Asuntos Exteriores (Américas) en los esfuerzos de mediación de la OEA para resolver la crisis política de Honduras en 2009; Apoyo financiero para las misiones de observación electoral y apoyo técnico para las instituciones democráticas y participación canadiense en misiones de observación electoral. Canadá presentó una resolución ante la Asamblea General de la OEA en junio de 2009 que identificó de qué manera se puede fortalecer el papel de la OEA en la promoción y el fortalecimiento de la democracia, y la seguridad, como parte del seguimiento de la Carta Democrática Interamericana. Canadá también se ha comprometido con la cooperación hemisférica en la lucha contra el crimen. En agosto de 2009, el primer ministro Stephen Harper anunció la creación de un Programa de Fomento de la 38 NORAD es el acrónimo de North American Aerospace Defense Command(Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial). 100 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Capacidad para Combatir el Crimen, el cual incluye apoyo para proyectos dirigidos a combatir el crimen organizado transnacional. Canadá participa de manera activa en las reuniones de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y en las reuniones de Ministros de Justicia, Procuradores Generales y Otros Ministros de las Américas (REMJA). Dando seguimiento a la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública en las Américas. Canadá ofreció aportar al estudio de viabilidad de la OEA acerca de la mejor manera de fortalecer la capacitación y la educación del personal encargado de asuntos de seguridad pública en la región. Tabla 1. Cuadro comparativo seguridad y defensa en EE. UU. - Canadá Seguridad y Defensa Estados Unidos Canadá Definición El desafío central para la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos es el resurgimiento de la competencia estratégica a largo plazo por lo que la Estrategia de Seguridad Nacional clasifica como poderes revisionistas. Cada vez está más claro que China y Rusia quieren conformar un mundo coherente con su modelo autoritario: obtener autoridad de veto sobre las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad de otras naciones. Los dirigentes canadienses consideran que el interés nacional necesariamente se intercepta y depende de los intereses nacionales de otros Estados. Definida ampliamente, la seguridad nacional de Canadá es la seguridad global. Actores Departamento de Defensa Nacional Departamento de Defensa Nacional 101 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Seguridad y Defensa Estados Unidos Objetivos Defensa de la patria del ataque. a) Mantener las ventajas militares de la Fuerza Conjunta, tanto a nivel mundial como en regiones clave; b) Disuadir a los adversarios de la agresión contra nuestros intereses vitales; c) Permitir que las contrapartes interinstitucionales de los Estados Unidos promuevan la influencia y los intereses de los Estados Unidos; d) Mantener balances de poder regionales favorables en el IndoPacífico, Europa, el Medio Oriente y el hemisferio occidental; e) Defendiendo a los aliados de la agresión militar y reforzando a los socios contra la coerción, y de manera justa; f) Compartir responsabilidades para la defensa común; g) Disuadir, prevenir o disuadir a los adversarios estatales y los actores no estatales de adquirir, proliferar, o usar armas de destrucción masiva; h) Evitar que los terroristas dirijan o apoyen operaciones externas contra los Estados Unidos, patria y nuestros ciudadanos, aliados y socios en el extranjero; i) Hay que asegurar que los dominios comunes permanezcan abiertos y libres; j) Establecer una Base de Innovación de Seguridad Nacional sin igual del siglo veintiuno que k) Apoya efectivamente las operaciones del Departamento y mantiene la seguridad y solvencia. 102 Canadá Canadá ha identificado la seguridad humana como un objetivo clave en la era de la post Guerra Fría. La razón central para este énfasis es la arraigada creencia entre funcionarios del Departamento de Relaciones Exteriores de que la economía y la seguridad están fuertemente relacionadas en el mundo globalizado de hoy. LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Seguridad y Defensa Estados Unidos Canadá Amenazas El concepto de seguridad ha sido redefinido desde el final de la Guerra Fría. Los dirigentes de Canadá señalan que las amenazas más grandes que se enfrentan son de naturaleza no tradicional. Estas amenazas trascienden fronteras, políticas y afectan regiones enteras, incluso a todo el planeta. Algunos ejemplos incluyen la delincuencia organizada internacional, guerras civiles y étnicas, enfermedades y el calentamiento global. Fuente: Elaboración propia Los Estados Unidos han sido constantes partícipes en la política exterior de los países de la región. Así mismo, debido a la prioridad que en la agenda norteamericana ha tenido el tema de la seguridad, la dimensión de su participación ha sido relevante. Sin embargo, se observa que en los procesos de seguridad en lo que respecta a capacidad militar, la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas estas dinámicas han sido predominantemente bilaterales. En primera instancia, América Latina no es una propuesta integrada en términos políticos y económicos. La diversidad en las políticas de gobierno y los procesos económicos y comerciales no están bien definidos en la región como un todo, sino que, por el contrario, cada país propició separadamente políticas económicas distintas y con diferentes actores. Sin embargo, los Estados Unidos sí han tenido gran incidencia en los procesos políticos suramericanos y en temas de seguridad nacional de los países y regional también, y desde la posguerra fría el enfoque ha sido el fortalecimiento de la democracia y la corrección del endeudamiento elevado de Latinoamérica. Al observar la alianza entre Estados Unidos y Colombia, nos remontamos a la promulgación del “respice polum”, paradigma prevalente en la política exterior colombiana desde 1923, año 103 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO en la cual fue propuesta por Marco Fidel Suárez después de la perdida de Panamá y ante la crisis económica social y política que vivía el país a raíz del conflicto armado interno. En materia de seguridad, la sociedad de los dos Estados llevó a Colombia a ser el único país latinoamericano en participar en la Guerra de Corea; posteriormente se convirtió en el principal impulsor de la sanción en la OEA a Cuba, y en aceptar a solas la ayuda norteamericana en la lucha contra las drogas mediante el controvertido “Plan Colombia”, señalado por muchos como la fórmula perfecta para regionalizar el conflicto colombiano y abrir las puertas a lo que Arlene Tickner ha llamado como “intervención por invitación” (Tickner, 2007, pp. 90-111). A través de diferentes medios o modos, así como métodos los EUA, han mantenido e impulsado la relación con los países latinoamericanos: desde el macartismo, utilizado como medida de intervención en los procesos políticos y económicos comunistas que se dieron en América Latina, hasta la observación cercana y una marcada incidencia en las estrategias de la fuerza pública para combatir los fenómenos de criminalidad regional. En materia militar, la Escuela de las Américas en otrora; según los detractores de la estrategia de contención del comunismo inspirada por el gobierno americano, contribuyó desde 1946, a expandir la teoría de seguridad nacional afectando los movimientos insurgentes que en su momento enarbolaron las banderas de lucha del partido comunista internacional y que en Latinoamérica empuñaron las armas para enfrentar a los gobiernos en la búsqueda de transformaciones sociales. En la narrativa discursiva de los marxistas leninistas se busca deslegitimar las estrategias de seguridad colectiva inspiradas por los Estados Unidos a través de campañas de información estratégica buscando relacionar estas iniciativabas con preseuntas violaciones de derechos humanos o la creación de centros de entrenamiento regional desde donde se estarían generando niveles de adoctrinamiento que van en contra de preceptos y estándares globales de respeto al Derecho Internacional Humanitario y derechos humanos (Ortega, 2011, pp. 243-260), esta estrategia de desligitimación pretende mostrar dos caras de la moneda y a través de esta debilitar no solo los preceptos de seguridad colectiva sino generar un 104 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL discurso y narrativa antiamericana y fortalecer movimientos de presión y de desobediencia regional, circunstancia que en especial ha afectado en la seguridad enormemente a Colombia. Otro ejemplo de la iniciativa de seguridad colectiva regional, es la Alianza para el Progreso, programa promovido por la administración Kennedy en 1961 con el cual se pretendía crear condiciones para el desarrollo y la estabilidad política en el continente americano en el marco de la Guerra Fría y la contención del pensamiento comunista por considerarlo una amenaza para la seguridad y estabilidad regional. A través de este programa, Estados Unidos empieza una intervención sistémica en una escala regional con la intención de orientar el cambio social de América Latina e impedir el avance de las ideas comunistas (Contreras & Rojas, 2010, pp. 159-212). Posteriormente, el enfoque en materia de seguridad de los Estados Unidos en América Latina gira en torno al narcotráfico en la región, pues considera este fenómeno es una amenaza no solo para los Estados Unidos, sino para la región, por cuanto esta actividad delictiva es fuente de financiación de las organizaciones subversivas y en especial de la delincuencia organizada internacional. Ya no en términos regionales, el interés de Estados Unidos en América Latina se concentró históricamente en los países grandes o cercanos y en los temas que fueron percibidos, según la época, como amenazas a la seguridad nacional o al bienestar de los ciudadanos norteamericanos. En breve, el interés se definió de acuerdo con un bien conocido patrón que puede resumirse en pocas palabras: grande, cerca y de nivel de amenaza percibida. De este modo, México siempre acaparó más atención que Brasil o Guatemala. Chile en los setenta, bajo el gobierno de la Unidad Popular, Nicaragua y el Salvador en los ochenta y Colombia en los noventa sólo alcanzaron un lugar de primer orden en la agenda de Washington para la región por su potencial de amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Además, los países menos relevantes conforme a este patrón sufrieron el rigor de políticas de standard doble diseñadas y promovidas por Estados Unidos para otros ámbitos, como fue el caso de Argentina y Chile por las presuntas violaciones a los derechos humanos producidas en los setenta. 105 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 6. Comparativa Estrategia de Seguridad Argentina, Perú y Brasil La ley 24.059 de Seguridad Interior (LSI) de Argentina establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior la seguridad interior es definida por el artículo 2° de la LSI como: “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”, mientras que el artículo 3° prescribe que tales objetivos se alcanzan a través del “empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación. Por su parte Perú en su carta magna la siguiente expresión: “El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en el ámbito interno y externo. Toda persona natural o jurídica está obligada a participar de la Defensa Nacional de conformidad con la ley”, por lo cual tomaremos al igual que en el caso de Colombia la seguridad y la defensa como una concepción indisoluble. Por otra parte, Brasil históricamente ha tenido una actitud pacífica y diplomática en sus relaciones exteriores, abogando siempre por la negociación para la solución de controversias entre los Estados. Sin embargo, en un mundo de elevada complejidad, lleno de inestabilidades y amenazas de orígenes estatales y no estatales, crece de importancia el desarrollo de una Defensa Nacional sólida y muy bien estructurada. l documento inicial de la Política de Defensa Nacional (PDN) de la República Federativa de Brasil fue aprobada en el año de 1996 y estableció la primera iniciativa para guiar los esfuerzos de toda la sociedad brasileña en el sentido de reunir las capacidades a nivel nacional, con el fin de desarrollar políticas para asegurar la soberanía del país, su integridad y la consecución de los objetivos nacionales. 106 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL El año 2005, la PDN recibió su primera actualización y asimismo la Estrategia Nacional de Defensa la complementó y, posteriormente, hubo una nueva actualización en 2012, entonces bajo el nombre actual de Política Nacional de Defensa (PND). La PND brasileña es el documento de nivel más alto del país en cuestiones de defensa y sigue recibiendo nuevos perfeccionamientos, en consecuencia, de un ambiente interno, regional y global en constantes cambios, con el objetivo de promover su adaptación a las nuevas circunstancias tanto nacionales como internacionales. Es precisamente en la evolución de estos contextos que se basa esta política, además de tener su Norte en los principios constitucionales consagrados en la Constitución Federal de la República Federativa de Brasil de 1988. Tabla 2. Cuadro comparativo seguridad y defensa Argentina – Perú - Brasil Seguridad y defensa Argentina Definición Garantizar Perú Brasil El Estado garantiza la La Defensa Nacional, la seguridad seguridad de la nación considerada como el interior mediante el Sistema de conjunto de actitudes, Defensa Nacional. medidas y acciones del Estado, con énfasis en la expresión militar, para la defensa del territorio, de la soberanía y de los intereses nacionales contra principalmente las amenazas externas, potenciales o manifiestas 107 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Seguridad y defensa Argentina Objetivos Perú Brasil Seguridad Preservar la Garantizar la de los independencia, soberanía, el habitantes soberanía, integridad patrimonio nacional que viven del territorio y los y la integridad en territorio intereses nacionales. territorial; defender argentino. Maximizar el poder los intereses nacionales nacional y proyectarlo, y las personas, los para mantener al país bienes y los recursos libre de amenazas brasileños en el o en condiciones exterior; contribuir de enfrentarlas a la preservación de exitosamente. la cohesión y de la Mantenimiento de unidad nacionales; la independencia, contribuir a la soberanía, integridad estabilidad regional; territorial y defensa contribuir al de los intereses mantenimiento de nacionales. Optimizar la paz y la seguridad el funcionamiento del internacionales; Sistema de Defensa Nacional. Mantener Fuerzas Armadas con capacidad de prevención y disuasión. Disponer de Fuerzas Armadas en condiciones de contribuir al mantenimiento de la paz internacional. 108 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Seguridad y defensa Argentina Actores Perú Fuerzas a) El Consejo de policiales y Seguridad Nacional; de seguridad b) El Sistema de Brasil Ministerio de Defensa Inteligencia Nacional; c) El Sistema Nacional de Defensa Civil; d) Los Ministerios, Organismos Públicos y Gobiernos Regionales Amenazas No se men- Existen en el Marco cionan legal y en su Libro No se Mencionan Blanco de la Defensa las siguientes amenazas, las cuales se distinguen por externa e internas Fuente: Elaboración propia. 7. Ley de Seguridad y Defensa en Colombia La noción de seguridad se consolida en el nacimiento del concepto de Estado. Desde Westfalia 1648 hasta nuestros días, pasando por la liga de las naciones, la sociedad de las naciones el Estado sigue siendo el principal actor del sistema internacional contemporáneo. Para hablar de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional tendríamos que definir primero ¿Qué es la seguridad?, ¿Que es la Defensa? finalmente resaltar porqué es importante la Ley de Seguridad y Defensa Nacional. La política de seguridad y defensa nos habla más de los medios y los modos de que se vale el gobierno o el gobernante de turno para 109 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO alcanzar los objetivos e intereses nacionales que bien pueden estar registrados en la Constitución Nacional o que el mismo gobernante impone después de un estudio profundo sobre los intereses nacionales o que fueron definidos en forma consensuada. Un Estado está obligado a planificar su futuro y cuando la sociedad decidió subordinar sus intereses y aspiraciones nacionales al Estado (estructura), le impuso no solo unos intereses vitales permanentes o transitorios, sino que le impuso unos objetivos e imperativos estratégicos no solo para preservar la estructura del Estado y sus instituciones, sino para garantizar su soberanía, el control territorial la protección de la población y el bienestar y desarrollo sostenible. Cada Estado crea los principios básicos que conforman un Estado nación, referidos en un territorio, población, gobierno, soberanía e intereses nacionales. Ahora bien, dentro del entorno internacional anárquico como lo registramos en otro apartado de este escrito, cada Estado busca su supervivencia y emplea medios y modos para proteger sus intereses nacionales frente a las amenazas que pueden ser de carácter interno o externo o la combinación de las mismas en lo que hoy se denominan amenazas; asimétricas, híbridas (terrorismo) o incluso ciberamenazas. La seguridad nacional nace entonces como una precondición básica para la existencia ordenada del Estado y sus instituciones; es lo que hoy denominamos la estructura del Estado. La seguridad nacional asume con la aparición del Estado, su naturaleza política, que la ubica como un fenómeno social circunscrito a todo proceso político (Serrano, 2001), entendiendo la política como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los Estados y que en su aplicación busca el bienestar el desarrollo y bien común. La importancia del concepto de seguridad nacional la define Thomas Hobbes; en la construcción del Estado moderno y que hoy es base de las relaciones internacionales y quien recalca en su momento que la función primordial del Estado (Fernández Osorio, A., Cufiño Gutierrez, F., Gómez Díaz, C. y Tovar Cabrera, G., 2019) es la defender a sus habitantes de la invasión y de las amenazas. Este es un mecanismo de defensa que legitima al gobierno y fortalece los lazos de lealtad y unidad nacional. En 110 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL conclusión, el único y exclusivo fin del Estado es la seguridad entendida como la certeza que tienen sus subordinados de gozar de la libertad en el marco de la ley y los acuerdos internacionales. En el pasado los asuntos de seguridad tenían un enfoque exclusivamente militar por cuanto la estructura del Estado estaba estrechamente relacionada con las victorias o derrotas en el campo militar. En la actualidad y después de los cambios en el sistema internacional a raíz de las guerras y los conflictos, el enfoque de la seguridad está más orientado a los temas sociales, económicos, ideológicos, ambientales o políticos y el enfoque militar que sigue siendo fundamental se establece como un instrumento del poder político y medio del poder nacional. Para W. Lipperman define la Seguridad Nacional como la capacidad que tiene un Estado nación de proteger y defender sus intereses nacionales legítimos entendidos fundamentalmente en preservar la integridad territorial y la soberanía política; evitar la guerra o mantener los mismos a través de la guerra. La Escuela política internacional realista concluye que una Nación está segura cuando su gobierno tiene el suficiente poder nacional (Vásquez, 1992, p. 87) y la capacidad militar para impedir el ataque de un adversario externo o restablecer su autoridad cuando está siendo amenaza incluso en forma interna. Respecto a la defensa la perspectiva realista del Hans Morgenthau otorga al Estado el papel protagónico de la defensa y protección ante las amenazas. Esta misma escuela de pensamiento realista incluso los idealismos asumen que el Estado es racional y que está dentro de su función principales mantener el orden interno jerárquico, así como las instituciones. El Estado regularmente en el sistema internacional se enfrenta a la anarquía de este en un ambiente hostil de constante competencia por la supremacía del poder, la riqueza los recursos naturales y los intereses geoestratégicos. En esta lógica de supervivencia de los Estados sus relaciones internacionales se rigen por una distribución inequitativa del poder lo cual lo obliga a reducir la vulnerabilidad relativa (Morgenthau, 1986, p. 24). En el caso de la defensa Stephen Walt argumenta de los estudios de seguridad giran en torno a la defensa y al fenómeno de la guerra y define la seguridad como el estudio de la amenaza a al uso y 111 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO control de la Fuerza Militar (Cardona, 2016), pues solo cuando el Estado ha garantizado su supervivencia puede perseguir con tranquilidad el desarrollo y los objetivos comunes de la nación. Los cambios en el sistema internacional pareciesen cambian el enfoque de este análisis de la escuela realista más sin embargo la inclusión de nuevos temas y enfoques de la seguridad no han logrado destruir la coherencia intelectual del enfoque realista y los nuevos acontecimientos, conflictos y amenazas a la seguridad global (Russell, 2000, pp. 148173) nos indican que los Estados se niegan a perder su posicionamiento como los principales actores del sistema internacional y si bien es cierto su capacidad soberana está siendo cuestionada también es cierto que el mundo no reconoce a otro actor legitimo para interactuar en el sistema internacional. La teoría sobre seguridad y defensa nacional ha evolucionado tanto que los términos de defensa y seguridad cobran cada vez mayor importancia y aunque han pasado al campo político radicalmente su conceptualización narrativa y discurso son la diferencia entre el protagonismo o la periferia del sistema internacional. William Taylor reafirma estos conceptos cuando menciona que la seguridad nacional no solo es la de proteger a las personas, el territorio si no que representa la protección de los intereses políticos y económico, que de no existir amenazan los valores fundamentales del Estado. La teoría de la interdependencia (Aguayo, 1990, p. 26) o más bien ‘dependencia mutua’ aumenta de manera progresiva con la globalización y aunque esta realidad genera impacto y costos en la soberanía como perdida en la autonomía de los Estados, también esta realidad obliga a presentar una estrategia de seguridad y defensa nacional (Verdes-Montenegro, 2015) que sea entendida y aceptada en el sistema internacional, que obedezca a estándares y protocolos globales afines al derecho internacional, que genere confianza y credibilidad, que atraiga el desarrollo y la inversión y se constituya en un instrumento de credibilidad de la política exterior. Estamos hablando de la necesidad de construir una Ley de Seguridad y Defensa Nacional que sea la base de la estructura del Estado proteja los intereses nacionales y procure el bienestar y el bien 112 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL común. Una Ley que no dependa del gobernante de turno, sino que éste la asuma dentro de su política como el derrotero de su planeamiento estratégico para el logro de los objetivos e intereses nacionales (Romero, 1992, pp. 106-121). Richard Ullman teórico de gran influencia en los asuntos de política exterior y seguridad nacional en USA, nos amplía el concepto de Seguridad Nacional y nos dice que en la actualidad hay un sinnúmero de eventos que causan degradación en la estructura del Estado y que generan una presión persistente en el proceso de toma de decisiones dentro de los actuales gobiernos (Portales, 1986, pp. 279-334). Quizá el autor que logra encausar en su análisis no solo el concepto de seguridad y defensa nacional y la importancia que para nuestro análisis tiene una Ley de Seguridad y Defensa Nacional es Barry Buzan. Este teórico clasifica la seguridad nacional en cinco ejes rectores. La seguridad militar; la seguridad ambiental; la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad política. Bajo estos cinco ejes rectores cualquier Estado podría diseñar en la ley de seguridad y defensa nacional la estrategia que le permita la supervivencia en el sistema internacional y el logro de los objetivos e intereses nacionales (Carrasco, 1997). La defensa del Estado no solo puede ser considerada como un requerimiento netamente militar. En el enfoque de la seguridad multidimensional se establece cuáles son los imperativos estratégicos y el carácter ambiental, económico, social, político y humano entre otros que afectan la seguridad y la defensa nacional. La seguridad humana complementa en gran medida la definición de la seguridad nacional y es en la actualidad un elemento esencial de la estrategia del Estado frente a las amenazas a la SDN. La ley de Seguridad y Defensa de un país (Piñeyro, 1981) puede considerarse como el conjunto de grandes opciones y principios políticos, estratégicos y militares que define y adopta para garantizar sus intereses nacionales y su propia seguridad. Incluye todas las decisiones que un Estado adopta relativas a la organización y la activación de sus capacidades militares necesarias para preservar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y la defensa del territorio nacional (Blair, 1993), al tiempo 113 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO que garantiza el cumplimiento de sus compromisos internacionales y el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Según Cobo se trata, por tanto, de una formulación política que hacen las autoridades nacionales al máximo nivel sobre papel a la que una nación está dispuesta adoptar en el entorno internacional, la estrategia a seguir para cumplir con sus compromisos militares y la política industrial y de defensa a adoptar para garantizar a las Fuerzas Armadas dotarse de los recursos necesarios para cumplir con su misión. Se trata, por tanto, de una verdadera política de Estado, quizás la más importante, por lo que cada nación define y adopta la suya de acuerdo con su propio análisis del entorno de seguridad, su nivel de ambición en cuanto al papel a desempeñar en el panorama internacional y la voluntad de su sociedad de proporcionar respuestas eficaces y eficientes a los riesgos y amenazas para su seguridad (2016, pp. 15-58). La seguridad es un asunto político con varias dimensiones, que se articuló con la democracia liberal una vez culminó el largo proceso de formación del Estado moderno en su concepción occidental al finalizar la Segunda Guerra Mundial (Manaut, 2003, pp. 49-70). Con ello, la institucionalización de los conflictos y la negociación de los intereses pasó a ser la esencia de la política en su visión moderna y la seguridad una de sus partes integrales. Sin embargo, el pronto inicio de la “guerra fría” y sus desarrollos frustró lo que hubiese sido una proyección democrática de la seguridad, ya que ésta recuperó y mantuvo su acentuada dimensión militar anterior. En este contexto, el desgreño en el manejo de la seguridad por parte de los gobiernos nacionales definió sus características en Colombia (Buitrago, 2011). Durante las dos últimas décadas, la seguridad del Estado colombiano ha estado en el primer plano de los problemas nacionales. Sin embargo, al considerar el contexto indicado, esta situación se gestó durante más de medio siglo. Por esta razón, no es fácil entender lo ocurrido en esas décadas -incluidos recientes acontecimientos que han sido percibidos como nuevos, si no se recuerdan antecedentes que muestran sus raíces y posterior articulación con lo que se considera inédito-. 114 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL Lo referente a la formalización de un sistema institucional para la defensa y la seguridad nacional, la ley les asigna y precisa funciones a las distintas entidades y funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, para el manejo coordinado y eficiente de estos asuntos. Establece nuevas y precisas responsabilidades al Presidente de la República, a los Ministros, al Congreso, al Comando General, a los Comandantes de las Fuerzas y a la Dirección de la Policía Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, a Planeación Nacional, a los gobernadores, a los alcaldes, así como a los Consejos de Seguridad y Defensa Nacional (Dockendorff & Duval, 2013, pp. 31-49) de distinto nivel. Se estimula la colaboración armónica de la Fiscalía con el Gobierno, en lo que tiene que ver con intercambio de información reservada a efecto de combatir con más eficacia las organizaciones criminales. Adicionalmente, el Consejo Superior de la Judicatura hará un seguimiento especial a los procesos judiciales que adelanten los jueces o tribunales para el juzgamiento de delitos relacionados con el orden público y presentará al Gobierno y al Congreso dos veces al año informes de rendimiento de los despachos judiciales en esta materia (Galindo, 2004). Así mismo, la Ley robustece la autoridad civil para el manejo de la seguridad, en cabeza del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional. En particular, se ratifica por delegación presidencial la dirección de la Fuerza Pública por parte del Ministro de la Defensa (Hristoulas, 2010, pp. 112-160), y se refuerzan sus funciones de dirección, desarrollo y planeación de las políticas de seguridad y defensa, al tiempo que se le dota de una instancia clave para su desempeño, como es la presidencia de la nueva Junta de Inteligencia Estratégica. La Ley también organiza en detalle el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional, buscando hacer de ella un asunto público manejado y controlado democráticamente. Establece la Ley que el Gobierno tiene la obligación perentoria de señalar objetivos de seguridad y defensa nacional, y elaborar planes y estrategias para alcanzarlos, lo cual permitirá hacer evaluaciones periódicas y comprensivas de la gestión del Gobierno 115 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO en estos temas. El Departamento Nacional de Planeación deberá elaborar la metodología para estos efectos. Finalmente, la Ley establece nuevos procedimientos operacionales, algunos de los cuales han suscitado una infundada alarma entre algunos sectores de la opinión. El primero de ellos es el teatro de operaciones, figura que ya existe en muchos países democráticos en el mundo. Estos serán activados por el Presidente de la República y allí sus órdenes aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las de los gobernadores y alcaldes de la zona. El Comandante operacional, encargado por el Presidente, coordinará con las autoridades civiles el registro de la población residente o que arribe a la zona. Conclusiones Las dificultades para alcanzar un consenso en el ámbito hemisférico en materia de seguridad y defensa son múltiples. Las dos principales son: a) la importancia que los distintos países otorgan a su seguridad nacional como elemento prioritario; b) la preeminencia de desafíos de seguridad global que trascienden y buscan determinar las políticas y compromisos a nivel hemisférico Las naciones de América Latina confrontan amenazas internas de seguridad de muy distinto tipo. De una manera clara, a amenaza terrorista (de origen interno) solo tiene prioridad en los países andinos; el narcotráfico de igual manera subordina las agendas de seguridad de los Andes, el Caribe, Centroamérica y México; el crimen organizado emerge como variable en prácticamente todo el hemisferio; y factores de riesgo tradicionales como disputas fronterizas, conflictos por recursos naturales (como el agua, por ejemplo entre México y Estados Unidos) o la migración, tema que confronta a Estados Unidos con casi todos los países de América Latina y el Caribe, se agregan a la lista de problemas. Estados Unidos, después del 11 de septiembre, ha elaborado la estrategia de seguridad doméstica-territorial (Homeland) como elemento prioritario en su estratégica de seguridad nacional. A esta estratégica 116 LA DIMENSIÓN CONTINENTAL DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL responde su diseño global de defensa frente a la amenaza terrorista internacional, y para responder a esta amenaza se está reorientándose su política de seguridad hemisférica. Canadá y México, por la determinante geográfica, se vuelven prioritarios en esta estratégica, y la misma abarca un número importante de medidas que pueden tener impacto en el nivel hemisférico. Por su parte Colombia necesita establecer no solo una política como se ha hecho desde siempre, sino que se torna indispensable la sanción de una ley y seguridad de defensa, con fin de establecer en ella los intereses de la nación, los objetivos y las amenazas para las cuales el Estado colombiano debe estar preparado. Tras analizar tanto el origen como algunos autores que registran la evolución del concepto de seguridad y defensa nacional podemos afirmar que el enfoque continental y global de la SDN hace parte de un proceso continuo e incesante de las amenazas que afectan a los Estados, su condición política, económica, social y militar y la capacidad de estos para garantizar y defender sus intereses nacionales. Esa misma capacidad del Estado le permite garantizar su desarrollo o estabilidad. Le Ley de Seguridad y Defensa Nacional, le permite al Estado el equilibrio requerido para asegurar, mediante el empleo del poder nacional, la obtención y el mantenimiento de los objetivos nacionales. En el juego y equilibrio de poder continental tanto la Estrategia de Seguridad Nacional como la Ley de Seguridad y Defensa nacional son la base de la supervivencia del Estado. Si bien es cierto el mundo gira bajo el precepto de la seguridad colectiva y cooperativa, también es cierto que la fragmentación ideológica Global y Regional persisten y los bloques de poder y corporaciones internacionales se convierte en la base de las alianzas internacionales. La concepción estratégica de la seguridad y defensa nacional en el decisor político implica desarrollo, bienestar, calidad de vida y bien común. La ley de Seguridad y Defensa nacional (Francisco, 2003, pp. 74-87) es la sumatoria de los intereses objetivos y aspiraciones nacionales que garantizan una condición permanente de soberanía, libertad, paz, justicia social, y legitimidad y reconocimiento internacional (Galeano & Zubiría, 2018, pp. 80-111). Los cambios 117 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO del mundo globalizado, interdependiente, heterogéneo, multicultural y socialmente en permanente choque hacen necesario que los Estados tengan claro el concepto de seguridad nacional y en tal virtud registren en la Ley de Seguridad y Defensa Nacional (Esquivel, 2007) cuál es su rol y protagonismo en el sistema internacional. 118 CAPÍTULO IV LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA* Paola Alexandra Sierra-Zamora Lina Vanessa Jiménez Barrera * Capítulo de Libro que expone resultados del Proyecto de Investigación titulado: “Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques interdisciplinarios – FASE II”, que forma parte de la línea de investigación Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como Tipo A1 por COLCIENCIAS y registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS. 119 Introducción Colombia ha enfrentado un conflicto armado interno por más de 50 años de manera ininterrumpida. En el marco del actual proceso de diálogo, negociación y acuerdo que adelantan las organizaciones guerrilleras, con el Gobierno nacional, surgiendo la posibilidad de lograr un nuevo estado de seguridad y paz para el territorio colombiano. Frente al escenario de posconflicto se propone la construcción de una paz estable y duradera, en el cual establece proyectos de seguridad y defensa nacional en los territorios de las áreas limítrofes más afectadas, para que este principio constitucional no se convierta en una utopía para el Estado colombiano. En ese sentido se promueve las capacidades de seguridad y defensa por parte de las fuerzas armadas y la policía nacional, estas encargadas de la protección interna y externa del país frente al crimen organizado transnacional el cual afecta la soberanía del país. El presente capítulo tiene como propósito de establecer cuáles serían las funciones de las fuerzas armadas, que permitan un eficaz tránsito de una situación de guerra a una de consolidación de la paz en las zonas más afectadas por el conflicto armado, con relación a las políticas públicas de desarrollo que propone el Estado para promover un territorio fuera del conflicto. Se desarrollará por medio de una metodología de investigación39 frente al funcionamiento de la seguridad 39 Encuentre más sobre metodología de investigación en: Agudelo Giraldo, Ó. A., León Molina, J. E., Prieto Salas, M. A., Alarcón Peña, A. y Jiménez-Triana, J. C. (2018). La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación. Universidad Católica de Colombia, núm. 5, pp. 45-67. 121 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO y defensa prestadas por el Estado y las fuerzas militares con relación a las problemáticas del posconflicto y el crimen organizado, resolviendo la interrogativa ¿Cuáles son las acciones en materia de seguridad y defensa frente a las problemáticas de posconflicto por parte de las fuerzas armadas necesarias para la consolidación de la paz? Principalmente se desarrollara en tres (3) puntos claves; El primero tiene el objetivo de dar una perspectiva de la transición de conflicto a posconflicto; El segundo está encaminado hacia el estudio de las políticas públicas que el Estado colombiano propone para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el conflicto armado; El tercero tiene con propósito realizar un estudio principal el análisis de las funciones de las fuerzas armadas con relación a los asuntos de seguridad y defensa dentro del territorio, además enfatizando en la problemática del crimen organizado que afecta la seguridad ciudadana; para finalizar se retoman unas breves conclusiones. 1. Colombia frente al escenario del posconflicto En primera instancia, se entiende que el posconflicto es aquella superación total de los diferentes conflictos internos que renacen de manera natural dentro de un territorio en específico; generando víctimas y afectados; Para llegar a un esclarecimiento más concreto se retoma la definición que plantea Molano-Rojas: El posconflicto en Colombia: Reflexiones y propuestas para recorrer la transición es precisamente eso: un esfuerzo por esbozar algunas líneas de acción y recomendaciones en torno a lo que podría ser la vía hacia una fase de posconflicto, entendido como un proceso más que como un resultado. (2015, pp. 11-13) De esta manera, el conflicto armado interno ha sido una de las historias más nefastas en los últimos sesenta años para el territorio colombiano, trayendo consigo millones de víctimas, pérdidas económicas y retrasos en el desarrollo social (Cubides Cárdenas, Sierra Zamora y Azuero, 2018, pp. 11-24). 122 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA Desde los inicios del conflicto armado se ha marcado por el uso de violencia máxima por parte de los grupos al margen de la ley (González, 2014, pp. 7-23), considerándose único método para poder llegar a una transformación dentro del pensamiento social, cabe recordar que los principales actores de esta problemática en su mayoría han sido los partidos políticos y los movimientos guerrilleros o también llamados grupos revolucionarios, los cuales se han enfrentado para poder llegar a la supremacía del gobierno (Yaffe, 2011, pp. 187-208). Durante este periodo, el territorio colombiano ha pasado por varias etapas de violencia, marcando cada población civil, ya que la aparición de las guerrillas40 se entrelaza con el surgimiento del paramilitarismo y narcotráfico en Colombia (Rivas Nieto y Rey García, 2008, pp. 43-52), iniciando una confrontación armada que hasta la fecha sigue repercutiendo dentro del territorio colombiano. Asimismo, las consecuencias de las acciones que ejecutaban los grupos paramilitares y las acciones que ejecutaban los grupos vinculados al narcotráfico se convirtieron en uno de los fenómenos de violencia cuyos actos se han reflejado en incalculables masacres, asesinatos, torturas, desapariciones, amenazas, masivos desplazamientos forzados, quebrantamientos a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; particularmente evidenciados en las zonas donde no se tiene mayor vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano (Huhle, 2001, pp. 63-81). Sin embargo, la definición sobre el termino posconflicto hace referencia concretamente a la ayuda humanitaria que, mediante la cooperación internacional entre Estados logra contribuir la ayuda a las personas y comunidades más afectadas por el conflicto interno armado, como responsabilidad del Estado al atender las consecuencias inmediatas del conflicto sobre el territorio (Henríquez, 2014, pp. 179-197). Como bien se establece dentro del Acuerdo Final de paz: 40 Encuentre más información frente a la historia de las guerrillas en: Lair, E. (2000). Colombia: una guerra contra los civiles. Colombia internacional, (49-50), pp.135-147. 123 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y ROM, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. (2016, pp. 6-10) Respecto a lo anterior se concibe que a causa de esta problemática de injusticia dentro del territorio son diversas las comunidades civiles que han sido víctimas, además, sumando la incapacidad del Estado para poder satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos. A lo largo del tiempo, dentro de la gubernatura de Juan Manuel Santos, se logra la firma del acuerdo final para la paz en el 2016, con el grupo guerrillero las FARC-EP (Olave, 2013, pp. 338-363)41, viéndose como el principio de la disolución y erradicación de los grupos paramilitares, con el proceso de la dejación de las armas (Echeverri & Restrepo, 2007, p. 63), por ejemplo, el tráfico de armas (Aguirre, 2011, pp. 36-59) dentro del posconflicto cesa la necesidad de volver a usar el armamento ilegal. Por otro lado, las fuerzas militares regulares utilizarán el comercio legal para adquirir sus armas en el contexto de su deber constitucional, pero al cesar la existencia de fuerzas irregulares se esperaría que el comercio ilegal se acabara; para así lograr un cambio radical dentro del país colombiano, además, cumpliendo con la legitima defensa de los derechos humanos y fundamentales inherentes de cada ciudadano (Cárdenas Contreras, et al, 2016), garantizando uno de los principios más importantes de la Constitución Política de Colombia (Quinche, 2008, pp. 2-13), Articulo 242, el cual establece promover la prosperidad de la 41 42 Lea más en: Olave, G. (2013). El proceso de paz en Colombia según el Estado y las Farc-Ep. Discurso & sociedad, (2), pp. 338-363. Encuentre más en: Colombia. (1991). Constitución política. 2da Ed. Legis. Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 124 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA población colombiana, además en conexidad con el Articulo 2243, el cual obliga al Estado colombiano a ejercer acciones para mantener la soberanía y que la guerra no vuelva a repetirse. En efecto, para lograr el perfeccionamiento del acuerdo final de paz busca brindar una estructura de mejores condiciones de estabilidad dentro de la seguridad ciudadana (Acero, 2005, pp. 133-150), con el objetivo de brindar protección de los derechos humanos (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9) frente a los actos de lesa humanidad44; suponiendo la plenitud de una paz estable y duradera, así logrando cumplir cada uno de los puntos establecidos dentro del acuerdo, comprometiendo al Estado colombiano a lograr crear un ambiente de democracia y dignidad (Rueda, Salgado & Gentili, 2016, pp. 451-453), desempeñando con las condiciones de bienestar y tranquilidad, erradicando la pobreza en diferentes sectores del país y fortaleciendo la participación de todos los colombianos en la construcción de la paz (Sierra Zamora, et al, 2016), vinculándolos a nuevas experiencias laborales, haciéndolos partícipes de la política, de los asuntos públicos, brindándoles seguridad, confianza dentro de la realidad del posconflicto (Cubides Cárdenas, Sierra Zamora, et al., 2019, pp. 309-325). También estipulado en el punto dos (2) del acuerdo final de paz: Participación política: Apertura democrática para construir la paz. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. 43 44 para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Lea más en: Colombia. (1991). 2da Ed. Legis. Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entienda más sobre los actos de lesa humanidad en: Ferreira, M. (2007). Crímenes de Lesa Humanidad: Fundamentos y ámbitos de validez. Derechos humanos, 6, pp. 1-37. 125 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Como se mencionó anteriormente, el pluralismo y la ampliación de la democracia, reconoce el rol fundamental del derecho a la participación política de las víctimas por el conflicto armado (Velásquez y González, 2003, pp. 10-11), entendida como la posibilidad de elegir y ser elegido, así como el respeto a la oposición, para construir una democracia sólida. Como lo define Fisas, quien lo propone como “un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones para buscar el bien común y la no repetición de los conflictos” (2010, pp. 1-20), siendo un elemento clave para conseguir la paz, lo que genera sin duda el interés por determinar las medidas de cumplimiento del proceso de paz, con relación a los acuerdos que se desarrollan dentro del territorio afectado, para poder llegar a la finalidad del acuerdo final de paz (Sierra Zamora et al, 2018, pp. 349-360). Para finalizar, es claro que el posconflicto requiere de una mayor vigilancia por parte del Estado, logrando reforzar los niveles de seguridad dentro de las poblaciones más afectadas (Carrión, 2004, pp. 109-119), alcanzando también un cambio radical dentro del territorio como, por ejemplo, la disminución de los cultivos ilícitos en Colombia (Solomon, et al, 2005, p. 5) fue uno de los propósitos principales dentro de conflicto armado, como se ha mencionado anteriormente, la producción de drogas ilícitas es una problemática que afecta directamente a la economía del país, ya que la mayor parte del campo colombiano (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018) existen cultivos de drogas ilícitas; esta estrategia consistió en la fumigación y destrucción de áreas sembradas, para asi lograr llegar a un control masivo conforme a la profundización del fenómeno del narcotráfico, y a las exigencias de los países consumidores para que se ejerza control punitivo sobre los centros de producción y distribución de drogas, lo que significa sin duda, que el papel de las Fuerzas Militares o Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército Nacional (Fernández Osorio, A., 2018), es fundamental para que se consolide un verdadero y duradero proceso de paz (Romero Sánchez, et al, 2015). Por esta razón el concepto de seguridad humana propuesto por la ONU, retomado por Pérez, reúne una serie de elementos primordiales dentro de la seguridad que propone el posconflicto: “la seguridad 126 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA humana significa proteger las libertades vitales. Representa proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. Implica también crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia” (2011, pp. 129150), cumpliendo las finalidades y el rol esencial del acuerdo final para la paz, siempre bajo los criterios de la seguridad humana, logrando una materialización verdadera, legitima y eficaz de la paz (Sierra Zamora y Jimenez-Barrera, 2019, pp. 1-14). 2. La violencia en Colombia dentro del posconflicto Como se ha mencionado anteriormente, el territorio colombiano ha tenido varias etapas de violencia, entendiendo aquellas manifestaciones como conductas violentas o tratos crueles de un sujeto a otro, provocando un daño físico, psicológico o económico. Para llegar a una definición más concreta del término, se retoma Aróstegui estableciendo que: La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. (1994, pp. 17-55) Dentro de esta gran problemática de la lucha contra el conflicto armando el cual ha afectado a la sociedad rural colombiana, violándoseles derechos humanos y sometiéndolos a diversidad de agresiones tales como: Homicidio: este acto ilícito se define como aquel acto de matar a una persona humana con dolo. Dentro de la legislación penal se considera un delito el cual consiste en una acción u omisión contra el bien jurídico de la vida de una persona física, ya sea con o sin intención. Es una conducta reprochable, jurídicamente tipificable y por regla general culpable, con excepciones como en casos de inimputabilidad, o sea no culpable pero sí penalmente responsable, por la violación del derecho fundamental de 127 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO vida el cual se estipula dentro de la Constitución Política de Colombia (Restrepo, 1996, p. 736). Tortura: se considera todo acto ilícito por el cual se inflija con dolo o sin dolo a una persona, produciéndole dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o recibir castigo por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (Villán, 1985, p. 377). Tratos Crueles e Inhumanos: dentro de la jurisprudencia internacional se entiende que ningún ser humano debe estar sometido a los actos crueles e inhumanos por lo cual se entiende que son actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física o emocional de una persona (Zapatero, 2013, pp. 5-26). Con respecto a lo anterior, se entiende que existen diversos criterios para clasificar la violencia. Pero en el caso de Colombia, es posible categorizarla dependiendo la modalidad, activa o pasiva, en que ejerce un individuo, atendiendo al tipo de daño causado, o de víctima, o de agresor, o finalmente de escenario en el que ocurre. En primer lugar, la violencia puede ser activa donde hay violencia por acción, en otras palabras, realizar de una acción, con intención de causar daño a un tercero, o pasiva, por omisión, es decir realizar una acción sin intención o dolo hacia un tercero (Amar, Kotliarenko y Abello, 2010, pp. 5-20). En segundo lugar, la violencia (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359379) según el tipo de daño producido en una persona o víctima, se suelen distinguir por el daño que se causa, como, por ejemplo: violencia física se logra entender como la acción que causa un delito dentro de la jurisdicción penal, llamado lesiones personales, las cuales constituyen un daño en el cuerpo o en la salud física o psíquica de una persona, 128 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA causadas por la conducta de otro, además la violencia física resulta efectos psicológicos negativos a largo plazo que experimenta la víctima de palizas o golpes iterados (Almenares, Louro & Ortiz, 1999, pp. 285-292). En tercer lugar, la violencia emocional, también conocida como abuso mental o psicológico, tratándose de cualquier omisión u acción que causa o puede causar directamente un daño psicológico. Suele valerse del lenguaje, tanto verbal, como, por ejemplo: atemorizar, aterrorizar, amenazar, rechazo, aislamiento, insultos, entre otros (Liz, 2010, pp. 29-39). En cuarto lugar, se encuentra la violencia sexual, haciendo referencia a un acto de coacción o amenaza con el fin de que se lleve a cabo un abuso sexual, además, es cualquier comportamiento en el que una persona es utilizada para dar estimulación o gratificación sexual, sumando los daños físicos y emocionales provocados por el actor o abusador (Wilches, 2010, pp. 86-94). En quinto lugar, se encuentra la violencia económica, la cual consiste en la acción realizada por un individuo afectando la economía de otro en la utilización ilegal o no autorizada de los recursos económicos o las propiedades de una persona (Romero, Herrera, & Espitia, 2011, pp. 59-77). Para finalizar, retomando la clasificación de aquellos actos ilícitos, los cuales diversidad de personas o comunidades padecieron a diario durante muchos años dentro del conflicto interno armado. Concibiendo asi que en el posconflicto esta clase de actos ilícitos cesarían, pero hasta el momento, estos no han desaparecido, desatando aún más la inseguridad para aquellas víctimas de este conflicto, por lo cual logra manifestar que el Estado colombiano está ante una democracia escasa y sin ideales, donde las normas vigentes no son suficientes para prevenir esta clase de actos que atentan contra los derechos humanos (Benítez, 2007, pp. 31-46). Sin embargo, el proceso de la construcción de paz en Colombia se ha enfocado directamente en los nombramientos políticos, como aspecto base, pero esta condición no es suficiente para la existencia de un territorio sin violencia. 129 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 3. Capacidades de la Fuerza Pública garantizando la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales La fuerza pública se entiende como la capacidad del Estado para contrarrestar amenazas externas o internas que atenten contra la soberanía e integridad del territorio nacional y en defensa de los ciudadanos que lo habitan por medio de la defensa nacional (González y Posada, 2001, pp. 3-22), además, la constitución de Colombia describe la fuerza pública, como la organización de las fuerzas militares, principalmente establecida para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional y para mantener el orden social, en el ejercicio de los derechos y libertades de cada ciudadano (Schultze Kraft, 2012, pp, 405-433). La fuerza pública está conformada por las Fuerzas Armadas (Chernick, 1996, pp. 4-8)45 y por la Policía Nacional (Rojas & Méndez, 2007, pp. 99-111)46, las cuales ejercen el monopolio de la fuerza de manera legítima; es decir, actúan dentro de los parámetros legales. En este orden de ideas, la postura estratégica por parte de las auto defensas de Colombia les permite cumplir con el mandato constitucional que le ha sido otorgado, es decir, responder a las diferentes amenazas que se puedan presentar a lo largo del conflicto armado. Dentro de las capacidades limitadas que adquiere la fuerza pública (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 256-283) permitiendo diseñar un modelo de seguridad y defensa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico para la recuperación del territorio y de las hectáreas que les fueron arrebatados 45 46 Las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos encargados de velar por la defensa y el orden de la Nación. Entre sus funciones prioritarias se encuentran las que demanda la Constitución del año 1991, tales como velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la independencia, así como velar por el mantenimiento del orden constitucional. La Policía Nacional, por su parte, es la encargada de mantener el orden público interno, es un cuerpo armado al igual que las Fuerzas Armadas, pero es de naturaleza civil. Entre sus funciones principales está la del mantenimiento del orden y las condiciones necesarias para el libre ejercicio del derecho y las libertades públicas, el asegurar a los individuos una convivencia pacífica dentro del territorio nacional y guardar el orden público interno; es decir, perseguir y capturar a los delincuentes. 130 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA a los campesinos (Ibáñez & Querubín, 2004, pp. 1-114) habitantes del campo colombiano. De tal modo que la misión principal de las fuerzas militares las cuales están organizadas de acuerdo al artículo 21747 de la constitución política de Colombia, el cual su propósito es reducir la amenaza del terrorismo y del crimen organizado dentro de las zonas rurales (Meza, 2004, pp. 117131), siendo esta la más afectada por el conflicto armado y de la misma manera abre el tránsito hacia un escenario de paz prometiendo a la transformación estratégica que define la seguridad democrática (Hernández, Valencia y Giraldo, 2007, pp. 39-64), en muchas regiones colombianas, en este sentido las fuerzas públicas intentan evitar que las problemáticas presentadas dentro del control territorial, apoyando a la mayor parte de las regiones ricas en recursos naturales y erradicando el desarrollo nacional dentro del escenario de posconflicto en los territorios donde abunda la pobreza (Oslender, 2004, pp. 35-52). En efecto, las características que se encuentran dentro de las capacidades de la fuerza pública garantizando la soberanía e integridad del territorio nacional, protegiendo los intereses nacionales, estando instituidas para proteger los derechos fundamentales a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (Ramírez-Orozco, 2014, pp. 23-43). Este mandato constitucional por el cual las fuerzas públicas están regidas busca asegurar que este deber se cumpla con estricto apego a la ley y respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Conforme a los principios de efectividad y competitividad (Cutanda, 2003, pp. 83-121) se encuentran sustentados en un conjunto de valores que deben estar presentes en la conducta de todos los miembros de las fuerzas armadas, como son el respeto (consideración por todas las personas y sus compañeros), lealtad (fidelidad a la patria, la Institución y la 47 Lea más en; Colombia, Constitución política. (1991). 2da Ed. Legis. Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. 131 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO ley), prudencia (capacidad práctica para tomar decisiones), solidaridad (capacidad para responder a acciones humanitarias), honestidad (actuar con decencia, decoro, compostura y honradez), valor (coraje y osadía para enfrentar desafíos y retos) y constancia (perseverar hasta obtener los objetivos) (Velásquez, 2008, pp. 80-94), y en efecto el restablecimiento de la seguridad es la mayor prioridad de toda la organización del Estado. Para finalizar, el rol clave que desempeñan las fuerzas de seguridad dentro del contexto de postconflicto es defender los derechos de las víctimas, bajo los parámetros de la ley, y traspasar la barrera del conflicto que ha atañido por varios años al territorio colombiano. 4. Políticas Públicas en Colombia frente al fortalecimiento territorial Inicialmente, el Estado colombiano tiene la obligación de cuidar los patrimonios y los ciudadanos de su territorio, por lo cual retoma Borda frente a la definición que retoma la ONU estableciendo las principales responsabilidades de los Estados. Los Estados son los titulares de los deberes que impone el derecho internacional en materia de derechos humanos y poseen la mayor parte de responsabilidad en cuanto al suministro directo del derecho a la educación en la mayoría de las circunstancias. Mediante la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a impulsar medidas en el plano nacional una legislación compatible con sus tratados de obligaciones y deberes. Todos los países del mundo han ratificado al menos un tratado que abarca ciertos aspectos del derecho. (2007, p. 73) En efecto, se entiende que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos, cumpliendo con el respeto, protección y seguridad dentro de todo el territorio colombiano. Por lo cual dentro del posconflicto se pretende la reconstrucción de todo el territorio afectado por esta problemática, proponiendo así un fortalecimiento para aquellas comunidades y la reparación de las víctimas. 132 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA Como bien está estipulado en el punto uno (1) del acuerdo final para la paz: Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Con respecto a lo anteriormente mencionado el punto sobre reforma rural integral, el cual reconoce los territorios afectados por el conflicto (Bello, 2003, pp. 2-8) y la necesidad de trasformación del territorio colombiano y de su aporte en la construcción de la paz, se contempla la creación de un fondo de tierras para campesinos que no dispongan de tierra suficiente y la formalización de la propiedad para aquellos que sí la tienen, pero no cuentan con escrituras (Echeburúa, Corral y Amor, 2002, pp. 139-146). Además, para lograr el cumplimiento del mismo, el Estado propone elaboraciones sociales que las diferentes entidades colaboradoras del Estado (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 164-188) pueden llegar a la elaboración de planes de desarrollo integrales para el campo colombiano, como por ejemplo el plan de desarrollo territorial, el cual tiene la proyección de brindar un escenario fuera de la guerra (Jaramillo, 2012, pp. 21-39), para todas aquellas poblaciones que lo necesiten, para así brindar un desarrollo y mejoramiento en la calidad de vida, garantizando un ambiente propicio para el crecimiento de los menores, y con capacidad de trabajo (Calderón Rojas, 2016, pp. 227-257). De la misma manera, el plan de desarrollo está ligado con el cambio dentro del territorio, para así lograr un cambio dentro de la producción económica y de ambiente, ya que al garantizar la sostenibilidad económica y garantizando los ingresos se permite llegar a un cambio dentro de cada persona (Perfetti, Hernández, Leibovich y Balcázar, 2013, pp. 8-56). Además, retomando a Perfeti, Hernández, Leibovich, & Balcázar dentro de su investigación: 133 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO La sola existencia de líneas de crédito para la compra de tierra no sería suficiente para asegurar que por medio del mercado de tierras se pueden ampliar en forma efectiva las oportunidades de acceso a los productores pobres sin tierra o con tierra insuficiente. Para ellos es necesario fortalecer los programas de subsidio integral de tierras que considere la entrega gratuita de la tierra y la financiación adecuada del proyecto productivo. (2013, p. 110) En efecto, estas políticas públicas formuladas y ejecutadas intentan tomar como centro de construcción una interacción entre las comunidades, la administración y los grupos de interés, estas políticas públicas, ya que estas nacen principalmente por las demandas y necesidades de los grupos más necesitados, para que así el Estado les pueda brindar la ayuda básica de atención y los diferentes recursos y se logre un resultado dentro de la sociedad (Cubides Cárdenas y Sierra Zamora, 2018, pp. 631-644). También lo retoma Espitia et al, dentro del análisis sobre la reforma tributaria, “Incrementar los recursos propios de los entes territoriales para el mejoramiento de las redes secundaria y terciaria requiere emprender una reforma tributaria encaminada a fortalecer sus finanzas y a hacer que esa tributación mejore la asignación de los recursos” (2017, pp. 149-174). Además, dentro de la organización necesaria que necesitan las políticas públicas para su función, se encuentra que la primera es el estudio sobre el territorio el cual se ha de aplicar el proyecto social, cultural, político y económico; la segunda se encuentra en la proyección del tiempo para poder lograr el propósito, para así lograr “Priorizar proyectos que procuren el uso de materiales alternativos para la construcción y el mantenimiento de las vías terciarias valorando sobre todo su economía, durabilidad e impactos ambientales” (Cabrera, 2017, pp. 85-101). Para finalizar, se entiende que las políticas públicas responden a necesidades que tienen las personas siendo este un origen específico y representan dinámicas que tienen causales específicas o dinámicas claras para lograr el propósito que se tenga: Señalando que los recursos nacionales asignados a mejoras de las redes secundaria y terciaria se dedicarán primordialmente al fortalecimiento técnico de los entes territoriales, a fortalecer su capacidad de diseñar buenos pro- 134 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA yectos, y solo excepcionalmente a la financiación de la construcción de las obras. Excepciones que se basarían fundamentalmente en la demostrada incapacidad de los entes territoriales para generar recursos propios con destino a la red vial y que se priorizarían de acuerdo con ese criterio. (Villasmil, 2017, pp. 121-128) Asimismo, hay que tener claro que la política pública debe ser integral y articulada con otras políticas para poder garantizar una atención global a la problemática y a sus consecuencias. Además, la política pública para las comunidades afrodescendientes, las minorías étnicas, o los desplazados, entro otros, son herramientas útiles para abordar una problemática permitiendo al ciudadano tener una atención integral y la posibilidad de una solución a su problema. 5. Defensa y Seguridad Nacional como un fin del Estado para la construcción y el mantenimiento de la paz Inicialmente, el significado del término seguridad se entiende desde la definición que retoma Buitrago como “La seguridad es un pilar de la conservación de los valores constitucionales para que los Estados alcancen los ideales de justicia, prosperidad y progreso, teniendo una la estabilidad y la continuidad del bienestar de sus ciudadanos” (1992, pp. 6-34). Igualmente, la defensa nacional se retoma desde la definición que proponen Valencia y Daza “son las actividades políticas y militares que realiza un Estado, para evitar los ataques militares dentro y fuera del territorio o amenazas que puedan venir de diferentes grupos armados o guerrilleros, como grupos terroristas o movimientos sociales” (2010 pp. 429-439). Como ya se han mencionado anteriormente, los roles y funciones que cumplen las fuerzas militares colombianas dentro del posconflicto, especialmente durante el necesario período de transición de la paz (Cubides Cárdenas, et al 2018), asumiendo plenamente su rol como garantes de la seguridad externa, también, la Policía se fortalece lo suficiente para 135 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO responsabilizarse de la seguridad ciudadana y el orden público en todo el territorio nacional. De esa manera se entiende que la defensa y seguridad nacional realiza actividades relacionadas legalmente a la seguridad de un territorio, teniendo consigo objetivos estratégicos como logrando el bien de toda la ciudadanía. Se proponen como objetivos estratégicos: • • • • Diplomacia para la Defensa y la Seguridad: es basa en el estudio de los intereses y las relaciones que se dan entre unos Estados y otros, cuyo objetivo es representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación con otro Estado u organismo internacional, por el cual Colombia logra garantizar la defensa frente a las amenazas sobre la soberanía ciudadana (Montoya Ruiz, 2017, pp. 27-58). Protección de la población ciudadana: tiene como propósito proteger a la población y anticipar las amenazas a la seguridad, a partir de la comprensión y caracterización de los riesgos y los contextos en que estos se presentan (Oviedo, 2002, pp. 331-338). Fortalecimiento de la administración de justicia en el territorio: el buen funcionamiento de la justicia y el control institucional permite como resultado de la estrategia de seguridad integral y la garantía de los derechos ciudadanos (Araujo Oñate, 2011, pp. 247-291). Acción unificada: las Fuerzas Militares están en su obligación de trabajar junto con la Policía Nacional, en operaciones contra los grupos armados ilegales que decidan no participar en el proceso de paz, desmovilización y reinserción de los grupos ilícitos, también contra los grupos que decidan seguir delinquiendo los cuales están estrechamente relacionados con el narcotráfico o bandas criminales de extorsión. En este orden de ideas se entiende que las fuerzas militares y Policía nacional son los responsables de cuidar y proteger la ciudadanía dentro de las problemáticas emergentes (De Francisco, 2005, p. 171). 136 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA Retomando lo que establece Romero: Las fuerzas armadas dentro de sus tácticas contra la lucha por el narcotráfico y para enfrentar las guerrillas revolucionarias con formas institucionales de control, protegiendo el desalojo violento de los campesinos de las tierras, único sustento de vida mínima. (2004, pp. 337-341) Del mismo modo, teniendo en cuenta que el posconflicto y la transición de paz, el cual no garantiza el final de problemáticas como: narcotráfico, cultivo de drogas ilícitas, trata de blancas, entre otros actos ilícitos, que exigen la presencia de las fuerzas armadas y la policía, como lo establece Arcaya, “la participación de las Fuerzas Armadas en el sistema de decisiones políticas y su justificación en una doctrina de su función como garantes de la institucionalidad” (1996, p. 278), las cuales luchan contra esta problemática, ya que posiblemente continuarán operando poderosos grupos de narcotraficantes y otras manifestaciones del crimen organizado; cuya capacidad desestabilizadora y de generación de violencia está a cargo de los grupos armados al margen de la ley. Planes binacionales de seguridad fronteriza: La seguridad fronteriza, amenazada por el crimen transnacional y por organizaciones ilegales de diferente índole que afectan a Colombia y a sus países vecinos, requiere una respuesta coordinada, conjunta, combinada y transnacional (Gutiérrez, Tobón, Suárez, Vanegas y Duncan, 2016, p. 2). Asimismo, logran desarrollar un rol fundamental dentro del desarrollo de las labores asociadas con la rehabilitación y reconstrucción del país con miras a facilitar su desarrollo socio-jurídico y económico, generando de esta manera nuevas oportunidades para la población civil, especialmente en zonas rurales, de tal forma que no se garantice un retorno a la violencia o el incremento de la criminalidad. Arévalo Naranjo agrega además que: El fortalecimiento en la construcción de significado [de las víctimas] sobre el proceso mismo de reparación, y los sentidos que éste encierra para la reconstrucción de sus historias y proyectos de vida, es de vital importancia para conocer qué puede ser útil y qué no dentro del proceso, de tal forma que, aunque se mantengan directrices o principios fundamentales para el 137 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO desarrollo de las medidas de reparación, no se pueden perder de vista la particularidad y las necesidades de cada persona, familia y comunidad en el proceso. (2010, pp. 29-39) Con relación a lo anterior, se abstrae que las Fuerzas Militares junto con la Policía Nacional deberán garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno voluntario de los desplazados internos y de los refugiados colombianos a sus zonas de origen, o a las zonas establecidas por el gobierno para este fin (Sanabria, & Forero, 2012, pp. 111-127). Mantenimiento de paz: El sector defensa capitalizará las oportunidades que esto otorga para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional haciendo parte de Operaciones de Paz y de otros escenarios relevantes (Fernández Osorio, A., 2017) (Álvarez Calderón, C. E. y Duque Cruz, F. A., 2020). En este proceso de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto (Forero, 2003, pp. 2-13) prestada por las fuerzas militares con proyectos gubernamentales y nacionales e internacionales para asi generar nuevas relaciones y experiencias de cooperación militar de gran valor para la construcción de paz en el posconflicto48. Finalmente, en el marco de estas iniciativas de acompañamiento a procesos de retorno, reconstrucción, y consolidación de la paz, dada la experiencia adquirida durante el conflicto, las Fuerzas Militares y la Policía nacional, podrían asumir labores de desminados fines humanitarios, sin olvidar sus funciones principales de seguridad, dándose en un proceso participativo con las comunidades más afectadas y los actores desmovilizados (Theidon, & Betancourt, 2006, pp. 92-111), puede igualmente representar un aporte significativo a la reconciliación. 48 Lea más en: Camacho, M. A. M., & Rico, M. E. D. (2016). Posturas en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia. El ágora USB, 16(1), pp. 193-213. 138 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA 6. Los asuntos sobre la Política de Seguridad y Defensa entre las zonas limítrofes de Colombia En medio de los cambios e incertidumbres globales y regionales, también se han venido produciendo una serie de acercamientos y distanciamientos entre países vecinos que marcan de manera de las fronteras, la vecindad y la integración, entre Estados (Koff, 2008, p. 119-134). Principalmente las zonas limítrofes o fronteras en Colombia son zonas abandonadas y poco estudiadas, con diversidad natural, lo que para el gobierno colombiano son zonas distantes de su patrimonio, que simplemente cumplen un papel de límites de soberanía con otros Estados, pero a raíz del conflicto armado, cada vez más son problemática de seguridad y defensa nacional (Álvarez Calderón, C. y Fernández-Osorio, A. (Eds.), 2018) (Fernández Rozas, 1993, p. 81). Inicialmente se entiende que la seguridad fronteriza es la defensa a las problemáticas que se presentan en los límites entre cada Estado, como la amenazada por el crimen transnacional49 y por organizaciones ilegales o grupos al margen de la ley de diferente índole que afectan a Colombia y a sus países vecinos, requiriendo mayor atención dentro de la por parte de la cooperación entre Estados (González, 2003, pp. 115-147). Como bien lo retoma Villalta Vizcarra sobre la cooperación entre Estados: La Cooperación Judicial Internacional se ha convertido en la actualidad, y en este mundo globalizado, en uno de los instrumentos más eficaces y necesarios para el combate de la delincuencia organizada transnacional, así como en cualquier actividad de auxilio judicial, propiciada por el continuo y cotidiano hecho del tránsito de personas entre los Estados, lo que ha provo- 49 Los crímenes transnacionales son crímenes que tienen un efecto real o potencial a través de las fronteras nacionales y crímenes que son interestatales, pero ofenden los valores fundamentales de la comunidad internacional, además, la delincuencia organizada transnacional se refiere específicamente a la delincuencia transnacional cometida por organizaciones delictivas. También, los delitos transnacionales también pueden ser delitos de derecho internacional consuetudinario o delitos internacionales cuando se cometen en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en situaciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Encuentre más información en: Chabat, J. (2010). El Estado y el crimen organizado transnacional: amenaza global, respuestas nacionales. Istor: revista de historia internacional, 11 (42), pp. 3-14. 139 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO cado su evolución hacia la incorporación de nuevas estructuras y mecanismos de cooperación judicial internacional. (2013, pp. 50-54) No obstante, dentro de la cooperación entre Estados, se proponen erradicar en las fronteras el delito transnacional y el terrorismo, a través de la multiplicación de la capacidad de control por parte de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, mediante el fortalecimiento por parte del Estado colombiano, en el incremento de operaciones militares y policiales coordinadas con el fin de promover la seguridad interna y externa del territorio. Con relación a lo anterior, para Colombia la situación en las fronteras se ha convertido en un problema que desborda la capacidad accionaria de las Fuerzas Militares, como ya se ha mencionado anteriormente, el enfoque de seguridad que le da el gobierno nacional, no se considera el adecuado para el interés nacional. Pese a la realidad del conflicto armado, el Estado ve las fronteras como aquel mecanismo que utilizan los grupos al margen de la ley para facilitar el tráfico ilegal de armas, drogas, entre otros (Cuesta Zapata & Trujillo Montalvo, 1999, pp. 27-54). Figura 1. Mapa Límites Terrestres de Colombia Fuente: Tierra Colombiana [sitio web]. Disponible en tierracolombiana.org. 140 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA En revisión a la perspectiva geográfica limítrofe en Colombia, se evidencia que desde Arauca (Arauca), a lo largo del piedemonte de la cordillera Oriental, hasta Puerto Asís (Putumayo), hay más de la mitad de Colombia; estos territorios no se encuentran dentro de la mayor vigilancia dentro del control de seguridad por parte del Estado, del mismo modo, no se adopta una estrategia de protección cuya función principal es el mantenimiento indispensable para la seguridad nacional. Por otro lado, dentro del comercio activo fronterizo como Maicao (La Guajira), Cúcuta (Norte de Santander) o Ipiales (Nariño), se reconoce que una gran parte de las fronteras, con escasa comunicación y seguridad, tiene mayor indicie en pobreza, según el DANE: En relación con la línea de pobreza monetaria extrema tenemos 26 mil personas en relación con la línea de pobreza monetaria, además, tenemos 197 mil personas alrededor del país. Estamos hablando con 3.5 millones de colombianos que se encuentran por debajo de la línea de Pobreza monetaria extrema (2019). Entendiendo así que, en los lugares anteriormente mencionados, la tasa de pobreza esta por más del 27%, lo que quiere decir que estos lugares son los más propicios a tener problemáticas en la seguridad y defensa, ya que dentro de estos territorios no se alcanza a cumplir el propósito constitucional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con el fin de neutralizar las amenazas internas y externas del territorio; además, trayendo consigo diferentes problemáticas y abusos ilícitos con relación al conflicto interno armado. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares está en la obligación de garantizar que la adquisición de equipos para el desarrollo de capacidades estén sujetos a ese requisito y a su conformidad con la estrategia militar general para así llegar a la protección del territorio nacional en sus fronteras, además, fortaleciendo el marco jurídico que fortifique esta línea de acción, también en la promoción de proyectos de ayuda humanitaria para los territorios más afectados por el conflicto armado. 141 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 7. Crimen Organizado Transnacional que amenacen la seguridad y el funcionamiento del Estado Inicialmente, conforme con el concepto de Crimen Organizado Transnacional, y de acuerdo con Blanco y Sánchez García de Paz, el Crimen Organizado Trasnacional: Ha existido desde la segunda mitad del Siglo XIX, asociado a la expansión del comercio mundial, el imperialismo europeo, la urbanización, las migraciones masivas y el desarrollo de la tecnología”. No obstante, antes de que este fenómeno lograra expandirse por diversos continentes, el crimen organizado era “una amenaza para la seguridad nacional, la cual requiere de respuestas extraordinarias por parte del aparato gubernamental. (2000, p. 5) Bajo este concepto y con relación a lo anterior se entiende que el crimen organizado empezó en lo interno de las naciones débiles, en donde los estatutos y leyes judiciales no son lo suficientemente fuertes para terminar los actos ilícitos del crimen organizado, también estas problemáticas nacen en poblaciones donde falta educación, empleo, salud, seguridad, ya que son los principales factores para la creación y consolidación de grupos ilegales que atentan no solo contra la sociedad sino contra la gobernabilidad de un Estado. Por otro lado, crimen organizado no es una novedad para Colombia, tras la firma del acuerdo final de paz; la multiplicación de grupos criminales ha aumentado en un gran número, además, el trabajo de todas las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía parece insuficiente ante la proliferación de bandas delincuenciales dedicas desde el hurto hasta la extorsión o el narcotráfico. En el escenario del Posconflicto los grupos armados al margen de la ley constituyen una de las principales amenazas para la construcción de paz en el territorio nacional, entendidas asi como las organizaciones ilegales. 142 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA Figura 2. Intensidad de la Presencia Narco-paramilitar 2008-2017 * Se analizan 275 municipios identificados en el primer semestre de 2017 en relación con datos de 2008-2015. ** Este mapa indica los municipios afectados, no áreas bajo el dominio de estas estructuras. *** Elaborado por Carlos Eduardo Espitia Cueca Unidad Investigativa de los Conflictos de Indepaz. Intensidad alta: municipios registrados en el primer semestre de 2017 y que entre el 2008 y el 2017 presentaron actividad narcoparamilitar durante siete y diez años. Intensidad media: municipios registrados en el primer semestre de 2017 que presentan actividad en los últimos años y/o que entre el 2008 y el 2017 lo hicieron durante cuatro o seis años. Intensidad baja: municipios registrados en el primer semestre de 2017 y/o entre el 2015 y el 2017. Intensidad alta Intensidad media Intensidad baja Fuente: Indepaz, 2017. Como lo demuestra el mapa anterior, la presencia paramilitar después de la firma del acuerdo final de paz, aún sigue afectando gran parte del territorio colombiano. Esta delincuencia dentro del territorio colombiano ha llegado a tal extremo de “evolución” y “perfeccionamiento”; traspasando los límites de control del Estado. El crimen organizado en Colombia se clasifica en distintas clases de delincuencia organizada, por ejemplo: 143 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO • • • Narcotráfico: se encarga del comercio de sustancias tóxicas, que engloba la distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud, este delito se considera el gran flagelo para Colombia (Viera, 2017, pp. 151-163). Delitos contra la propiedad (robos y hurtos): es la actividad de apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajeno que, a diferencia del robo, es realizado sin fuerza tipificada para acceder o huir del lugar donde se encuentran las cosas, ni personas (Borrero Figueroa, 2017). Tráfico de Armas de Fuego: El uso de armas de fuego por parte de delincuentes pone en peligro la seguridad de los ciudadanos en todos los países del mundo. Además de su uso en robos a mano armada y asesinatos, estas armas también se asocian a un amplio abanico de delitos como corrupción, delincuencia medioambiental, trata de personas, piratería marítima, delincuencia organizada y actividades terroristas (Ospina-Díaz y Sanabria-Rangel, 2017, pp. 237-267). De lo anterior, el autor Díaz Barrado, Romero Serrano y Morán Blanco, expone que “el aumento del crimen organizado transnacional es debido al tráfico y al consumo de todo tipo de estupefacientes” (2010), convirtiéndose esto en un círculo vicioso, en el que, debido a la complicidad mutua entre productores, vendedores y consumidores, se hace aún más difícil el accionar de las autoridades de la fuerza pública, prohibiendo la desarticulación de dichos grupos criminales (Dammert & Bailey, 2005, pp. 133-152). En definitiva, puede inferirse que la creación y fortalecimiento del crimen organizado transnacional no solo atenta contra la seguridad del país, también a las instituciones democráticas y la actividad económica de los Estados; sino que, además, al momento de traspasar las fronteras 144 LA NACIÓN, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA: UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA se convierte en un fenómeno que logra atentar contra la estabilidad y la seguridad del Hemisferio, convirtiendo en este caso al continente Americano en una amenaza directa para el resto del mundo (Bermejo Marcos, 2009, pp. 1-10). Conclusiones La construcción de la paz no compete solamente los tratados y el derecho internacional que pretende prohibir la guerra, sino también el conjunto de las dimensiones sociales como económica, educativa, cultural, mediática, psicológica, entre otras, que deben ser tratadas como herramientas para prevenir la violencia dentro de los territorios, ya que por medio de esta se le puede lograr mostrar a la comunidad diferentes caminos que sirvan para el desarrollo de las comunidades. Logrando asi construir un Estado de sensibilidad y de conciencia colectiva, respeto por los acuerdos logrados y la toma de decisiones a todos los niveles, mediante el diálogo y el respeto mutuo, de la justicia y de la democracia. También la importancia de la participación de las fuerzas armadas y la policía nacional condiciona a lograr un nuevo proceso de paz, y sometiendo aquellos grupos que se dedican a realizar actos ilícitos que afectan la reconstrucción de la paz, en el contexto del posconflicto, además, adquieren un nuevo significado y relevancia en el tránsito a la consolidación de la paz, siendo el más importante el garantizar la defensa y seguridad humana en todo el territorio nacional, creando las condiciones para la prevención de la vulneración de derechos fundamentales de la población. Esto significa que el Ejército Nacional debe invertir todos sus esfuerzos humanos y de recursos, centrándose en el tema de la seguridad de los ciudadanos y del Estado. Es claro entonces que el Ejército Nacional no puede actuar solo, sino que se está hablando de la presencia de todas las instancias del Estado, representadas en los organismos de defensa de los derechos humanos, de representantes de los principales poderes para así lograr a la superación del conflicto armado en Colombia. 145 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO De igual forma, resulta importante entender que la defensa del Estado y la sociedad debe tener como propósito en primer lugar la seguridad humanitaria, es decir que debe ser organizada en el marco de las instituciones de la sociedad política y de las organizaciones de la sociedad civil que permitan a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Para terminar, el futuro del país el Estado Colombiano debe empezar a preparase desde ya, visualizando las perspectivas políticas, sociales, económicas y prácticas de la nueva patria sin conflictos, donde impere los derechos humanos de cada ciudadano, comprometido una sociedad que sea propine desarrollo para la construcción y no la destrucción, la recuperación y reproducción de las de las tierras del territorio campesino, para que así cesen las problemáticas internas y se logre la continuidad de la paz. CAPÍTULO V APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA* Erika Paola Ramírez Benítez Carlos Alberto Ardila Castro * Capítulo de libro resultado de investigación resultado del proyecto “Nuevas Amenazas en el siglo XXI: Fronteras y Derechos Humanos”, de la línea de investigación “Políticas y modelos de seguridad y defensa” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en A1 por COLCIENCIAS vinculado al Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), adscrito a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. 147 Introducción A partir de la Paz de Westfalia, se constituyeron unas entidades conocidas como Estados-nación, los cuales incorporaron una serie de elementos para su reconocimiento. En el caso del Estado (Montesquieu, 1748), comprende un territorio delimitado en donde proyecta su soberanía, en el cual reside una población. De igual manera, tiene un Gobierno que centraliza la función de administrar y organizar los recursos del Estado (Weber, 1919), lo cual está regido por un sistema de leyes que da un sustento legislativo y jurídico. Lo anterior, se resume en que el poder público se separa en el ejecutivo, legislativo y judicial que en el deber ser lo esperado es que se mantengan independientes. Finalmente, este ente mantiene el monopolio legítimo de la fuerza y, además, debe tener el reconocimiento internacional por parte de otros Estados (O’Donnell, 2008, pp. 5-30). Entendiendo lo anterior, surgen unas metas que se establecen con el fin de mantener a dichas entidades y a cada uno de los factores que lo componen. Esto puede traducirse en los intereses que defina cada Estado, de lo que quiere preservar frente a una serie de riesgos y amenazas que proceden de diversas circunstancias. Actualmente, la globalización y los cambios que han acontecido en el Sistema internacional (Sierra Zamora, et al, 2016), entre otros aspectos, han generado que se contemplen preocupaciones y una serie de amenazas internas y externas que llevan a los Estados a desarrollar medios y modos para preservar y proteger su interés nacional, principalmente en cuanto a su supervivencia. Teniendo presente que, si bien los Estados son independientes, existen variables 149 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO (geopolíticas, medioambientales, entre otros) que les influyen en conjunto. En estos dos puntos, la seguridad se convierte en un aspecto transversal y necesario para la estabilidad y garantía. En el caso colombiano, la discusión sobre la definición de los intereses nacionales se encuentra actual y está ligada al debate general de la determinación teórica de los mismos. Su identificación es fundamental para entender lo que el Estado busca y defiende. Entender este tipo de paradigma y lo que desencadena es el propósito de este escrito, además de entrever que, existe la Carta Política que consolida los fines del Estado (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349-360), no hay en concreto un documento que homogenice y establezca una serie de definiciones desde el Estado colombiano en lo referido a interés nacional, seguridad, defensa, entre otros aspectos. Lo que se une a la necesidad de consolidar una ley de seguridad y defensa que guie y oriente, por ejemplo, desde el ámbito de político y de defensa lineamientos propios del Estado. Además, que incorpore los demás ámbitos: económico, social, cultural, medioambiental, entre otros. De este modo, a partir de lo expuesto se plantea la siguiente cuestión: ¿De qué manera se han configurado y se han preservado los intereses nacionales en Colombia en el marco de la seguridad? En este sentido, se puede interpretar que el interés nacional de Colombia se ha reconocido desde el orden constitucional en donde se consolidaron unos fines. Los cuales se orientaron desde lo vital como la supervivencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y la protección del Estado; hasta lo estratégico en donde se desarrollan y fortalecen dichos intereses junto con aspectos económicos, sociales, humanitarios, geopolíticos, entre otros. De igual manera, su preservación se encuentra enmarcada en la seguridad -interpretándolo desde la perspectiva neorrealista- con la cual se salvaguarda el interés nacional; sin embargo, no se concibe solo desde la defensa, sino que incorpora elementos políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros, articulados por medio del entramado de las instituciones del Estado. La temática es fundamental al abordar un discusión compleja y actual respecto a los intereses nacionales, que ocupan no solo un espacio 150 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA relevante para la esfera de las relaciones internacionales en lo que refiere a la política exterior del Estado, sino que es pertinente para la propia definición de los objetivos que se plantee cada entidad estatal en su orden interno. De este modo, el presente escrito se realiza bajo un enfoque cualitativo, aspecto metodológico que permite desde una perspectiva crítica y descriptiva profundizar en el tema, lo cual es elaborado utilizando herramientas como el análisis documental. 1. Aproximación a la definición de los Intereses Nacionales Al remitirse a la conceptualización de lo que se entiende por interés nacional, hay que tener en cuenta el reconocimiento de que lo referido al Estado-nación, desde la consolidación de éste a partir de la Paz de Westfalia de 164850. Así mismo, a partir de este hecho se generaron una serie de cambios en la configuración del derecho internacional (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 164-188) y a nivel general en otros aspectos, como: I) un nuevo orden territorial con fronteras mejor delimitadas; II) la libertad de conciencia religiosa; III) “contribuciones a la teoría del Estado y a la evolución del derecho de gentes, ya no como un derecho común a los pueblos, sino como un derecho entre los Estados” (Bremer, 2013, p. 21). Específicamente, teniendo en cuenta la perspectiva de Bremer (2013), Westfalia generó una contribución significativa en dos perspectivas. En primer lugar, desde el derecho internacional, se forjaron las bases de “un sistema de Estados fundado en la soberanía, la territorialidad, la igualdad jurídica entre los Estados y la doctrina de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano” (p. 30). 50 Aconteció en el marco de un siglo que dio paso a trasformaciones profundas, referida a los Tratados de paz de: i) Osnabrück el 15 de mayo de 1648 y, ii) Münster el 24 de octubre de 1648, con los cuales se dio fin a la guerra de los treinta años. Dicho enfrentamiento tuvo una serie de causas mencionadas por Bremer (2013) siendo algunas: i) el conflicto religioso entre protestantes y católicos junto con la emergencia del calvinismo, ii) la crisis del Sacro Imperio Romano Germánico en el marco de la rivalidad existente entre la dinastía de los Hasburgo (España y Austria) y de los Borbones (Francia). 151 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Esta serie de principios constituirían posteriormente la línea base del derecho internacional para la organización del Sistema Internacional en general. En segunda medida, desde las ideas políticas, la configuración del Estado moderno y el acuerdo en el ámbito religioso para la libertad de creencias, pero desde las perspectivas de tres corrientes: la católica, la protestante y la calvinista. 1.1. Antecedentes de la conceptualización del Interés Nacional En relación con lo anterior, a partir de la obra El Leviatán de Thomas Hobbes que se publica en 1651 (Bobbio & Romaní, 1992), surgen conceptos ligados a lo moderno como la soberanía, en su momento centrándose en el continente europeo, y siendo una idea que se fortaleció tiempo después con la Revolución Francesa. Así mismo, se encuentran unas aproximaciones históricas que no ligaban directamente al interés con lo nacional, sino que se reconocían como “superiores o esenciales” los cuales debían defenderse y preservarse, en donde pensadores como Tucídides y Nicolás Maquiavelo (Skinner, 1986, pp. 172-174) fortalecían dichas ideas. De este modo, un primer acercamiento a la categoría de lo “nacional” desde la teoría de Jean Jacques Rousseau con la “voluntad general” o de la conocida perspectiva de la “razón de Estado” de Maquiavelo formalizada posteriormente por Giovanni Botero y ampliada en su conceptualización por el cardenal Richelieu quien enfocó este concepto a la supervivencia y preservación del Estado. A su vez, el ámbito económico se tuvo en cuenta a partir de la Revolución Industrial junto con la toma de decisiones, la organización, entre otros aspectos (Herrero de Castro, 2010). Como caso específico en el marco histórico, pensadores como Herrero de Castro (2010), mencionan que lo entendido por interés nacional fue modificado con el acontecer de la Primera Guerra Mundial en conjunto con sus consecuencias, ya que la percepción idealista de Woodrow Wilson quien se inclinaba a reconocer que no todo era válido (los medios) para reservar este tipo de interés, así como de la concepción de 152 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA un interés global que se generalizaba en el Sistema Internacional. Lo anterior, se vio materializado desde la creación de la Sociedad de Naciones como un espacio en donde los Estados constituían una defensa al interés común, brindando protección mutua en caso de amenaza; pero, que fue quebrantado con esta Guerra, ya que algunos Estados fueron excluidos, y la intención de lo común fue desdibujada por la preservación propia del interés nacional frente a esa categoría que se quiso constituir de interés global51. A partir de este hito con el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, dieron paso a nuevas percepciones, teniendo en cuenta el contexto y la transformación inmersa del Sistema Internacional. Es por ello, que en el siguiente acápite se retoman las principales corrientes que han tratado la temática. 1.2. Perspectiva teórica del Interés Nacional Para entender este concepto, es necesario comprender las diversas acepciones que han existido para la definición propia de este término. Por lo cual, a continuación, se traen a colación diversas escuelas de pensamiento que han forjado esa discusión compleja que ha existido para a la conceptualización de lo entendido por interés nacional. Desde la perspectiva realista, se ha podido interpretar que los Estados se han comportado de forma individual y egoísta. Hans Morgenthau (1986) mantuvo presente la consideración de que el concepto de interés ha sido definido en términos de poder y de supervivencia, junto con el planteamiento de “los peligros de definir los intereses nacionales sin guardar relación con los recursos reales y potenciales disponibles” (p. 5). Asimismo, este autor parte de la consideración de que el contexto político es fundamental para determinar el tipo de interés en un periodo particular de la historia, a su vez, es relevante para incluir una serie de objetivos que fueron, son o serán protegidos y preservados por las naciones (p. 20). 51 Para más Información, véase: Thornton, R. (2015). The Changing Nature of Modern Warfare, The RUSI Journal, 160 (4), 40-48, https://doi.org/10.1080/03071847.2015.1079047. 153 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO De forma particular y teniendo en cuenta el giro que tuvo hacia la perspectiva neorrealista al reconocer el rol principal que tiene el Estado, pero evidenciando la existencia e importancia que tienen otros actores del Sistema Internacional (Waltz, 1988, p. 142). Además, teniendo presente que si un Estado no ejerce o proyecta poder para garantizar sus intereses los demás impondrán los propios, lo cual está ligado a la idea de vincular la seguridad como parte importante de la supervivencia del Estado, entendiendo que: La política exterior y la diplomacia deben tener como objetivo principal, la definición, protección, promoción, defensa y consecución de los intereses nacionales, en un escenario de anarquía, en el cual los Estados dependen sólo de ellos, para garantizar su seguridad. (Herrero de Castro, 2010, p. 24) Así mismo, sostiene Bobbio y García (2001) otra corriente teórica que se encuentra es el liberalismo, en donde se entendía por interés nacional del Estado en relación con la Sociedad Internacional que la consecución de la paz y la armonía entre las naciones eran los principales intereses para la garantía de la seguridad y el bienestar común (p. 26). Desde esta teoría, los intereses nacionales “de los Estados pasan a ser en buena parte de las situaciones, comunes y compartidos por diversos Estados. Por lo cual, el interés nacional no debe promoverse sin tener en cuenta los efectos que se causarán a otros actores” (p. 28). Es así como en el neoliberalismo, prima el ámbito económico desde la promoción de la economía de mercado como parte del Estado y vinculada como posibilidad de realización de sus objetivos. En una posición intermedia, Donald Nuechterlein desde la perspectiva de Reinhold Niebuhr, Arnold Wolfers, entre otros, relaciona que existen quienes, al conciliar la corriente realista con la liberal, subrayan la importancia a la hora de determinar el interés nacional y sobre todo de su definición y protección (González, 2004). Hay que tener en cuenta que también establece González (2004), se ha transitado de “una etapa de enorme estabilidad en torno a éstos a una (actual) en la cual se ha introducido cierta relativización en el concepto y sus contenidos, que además ha afectado a su maleabilidad” (p. 35). 154 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA En este contexto, la defensa de los intereses nacionales por parte de los Estados (Romero Sánchez, et al, 2015) sigue siendo vital, pero existen situaciones y contextos en los cuales el Estado debe ser lo más eficiente posible, por ejemplo, debe reaccionar en menos tiempo a las demandas o inputs que recibe (p. 35). De igual modo, los desafíos y amenazas que existen se han multiplicado y difuminado ya que las fronteras, la comunicación, entre otros aspectos, no son límites para los actores ilícitos e ilegales que amenazan la esfera estatal y sobre todo a esos intereses nacionales. 1.3. Definición del Interés Nacional Varios académicos han situado al interés nacional desde su importancia para la política exterior de un Estado, siendo un concepto básico para el desarrollo de la política internacional. Específicamente, los Estados tienen unos propósitos o razones para existir y unos objetivos por alcanzar, que en otras palabras podrían entenderse como intereses (Rubio García, 1974). De este modo, Torres (2010) citando a Reynolds (1977) menciona “la noción de interés nacional, para describir las metas de política extranjera de las naciones-estados o los objetivos a que sirven las acciones internacionales del gobierno de un Estado” (p. 13). Ha existido una distinción entre el “interés nacional” con los “intereses nacionales” que puede verse explicada desde la perspectiva de Reynolds (1977): Estos (que son llamados con frecuencia, y de forma que se presta a confusión, “intereses nacionales”, en plural, y que deben distinguirse claramente del “interés nacional” en singular) comprenden el conjunto de fines determinados, normalmente a corto plazo, que los políticos, en un momento dado intentan conseguir. (p. 47) En este sentido, en singular, se puede considerar que son las metas fijas de Estado que se mantienen en el tiempo y están ligados a la vitalidad o supervivencia de la entidad estatal. En plural, se entiende que pueden cambiar en un plazo más definido dependiendo del conductor político, 155 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO es decir, del gobierno y del contexto que se presente en el ámbito nacional y el internacional (Torres, 2010). En relación con ello, ha existido la concepción de que existe una variedad de posiciones a la hora de definir lo que se entiende por interés nacional, en razón a que existe una multiplicidad de ideas para su conceptualización. De este modo, se plantean diversas posturas académicas relacionadas por Rubio García (1974) en cuanto a la definición y el dominio doctrinal, así: Tabla 1. Definición del Concepto de Interés Nacional Concepto Línea doctrinal Definición Autor Frankel Los fines generales y permanentes por los que actúa una nación. B. Marshall Aquellos amplios objetivos políticos que se hallan por encima de las controversias políticas internas. Padelford y Lincoln El concepto del interés nacional no es fácil de definir. Lerche La identidad del interés nacional con las aspiraciones nacionales de un pueblo profundamente sentidas y frecuentemente inarticuladas. George F. Kennan. Demasiado amplio, demasiado complejo en su significado, demasiado polifacético. A. Beard No es posible una definición precisa del interés nacional, debido a las interpretaciones hechas del mismo y del hecho de que, con frecuencia, esas interpretaciones hayan ido unidas a actividades de grupos de intereses especiales. Posibilidad de definición Dificultad de la definición Interés Nacional Imposibilidad de la definición Fuente: Elaboración propia con datos de Rubio García (1974, pp. 64-65). 156 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA Como se plasma en la tabla 1, las tres corrientes evidencian lo complejo que es definir lo entendido por interés nacional, pero para ello, es necesario tener en cuenta la naturaleza del concepto. Es decir, “el interés nacional es el interés de Estado en conjunto”, por ello, representa a toda la población dejando claro que debe apartarse de los intereses particulares de un individuo o de un grupo específico. De este modo, representa los valores nacionales del Estado-nación en su conjunto, como expresa Tucídides: “el más seguro de los vínculos -ya sea entre Estados o entre individuos- es la identidad de interés” o como en otro sentido expresa Max Weber “dos intereses -materiales y espirituales-, no las ideas, dominan directamente las acciones de los hombres” (p. 65-66). En la tabla 2, se explica el carácter que tiene el interés nacional respecto a los cambios del contexto, de acuerdo con lo expresado: Tabla 2. Variantes permanencia del concepto de Interés Nacional Concepto Permanencia Permanente Autor Definición Hans No se ve afectado por circunstancias Morgenthau de tiempo y de lugar. -Los cambios en las condiciones políticas, económicas, militares, ideológicas, entre otras, afectan dicha concepción. Interés Nacional Relativa Padelford y Lincoln -Tiene una persistencia fuerte: permanece por largo periodo de tiempo. -Es lo que el Gobierno y el pueblo consideran como vital para la independencia y bienestar. 157 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Concepto Permanencia Autor Definición -En continuo funcionamiento a pesar de los cambios en la política exterior. Relativa Lerche -Independiente de la lucha política interna y no se ve afectado por políticas de otros Estados. -No es totalmente inmune al cambio. Interés Nacional Escéptica -Pretensión de un Estado sobre otros Estados, correspondiendo a objetivos específicos de los grupos Haas y Whit- gobernantes. ing -Los objetivos de la política cambian según alteran los intereses de las clases dirigentes. Fuente: Elaboración propia con datos de Rubio García (1974, pp. 67-69). Es sabido que, a nivel general, cada Estado configura sus propios intereses orientados a la supervivencia y preservación de este. En algunos casos, como menciona Rubio García (1974) cuando se observa el conjunto internacional se puede encontrar que: I. El interés nacional puede coincidir con intereses de otros Estados, II. Los intereses nacionales de diferentes Estados pueden armonizarse sin llegar a coincidir, III. Los intereses nacionales pueden diferir, pero no ser incompatibles, IV. En otras ocasiones pueden ser excluyentes mutuamente. De este modo, como expresa Rosenau (2006), el interés nacional puede constituirse como herramienta desde dos puntos para: I) el análisis político, con el fin de describir analizar, evaluar la forma en que 158 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA se adecúa y organiza la política exterior; II) la acción política, utilizado como medio para proponer, justificar o realizar políticas. Finalmente, se entiende que el interés nacional se encuentra ligado particularmente a cada uno de los Estados del Sistema Internacional (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 265-283), los cuales están relacionados a la política exterior. El Estado está orientado a la defensa de los intereses nacionales, y de igual manera, definen los medios y modos para su preservación interna y proyección hacia el exterior. A pesar de la complejidad que existe para definirlo, la escuela realista es quien más se ha aproximado a una definición concreta y la corriente neorrealista ha articulado a la seguridad como factor relevante. Para su conceptualización existen elementos que pueden influir en la definición de los intereses de un Estado (Cubides Cárdenas, et al 2018, pp. 11-24), pese a que hay límites como los que aporta al realismo al decir que estos son fijos, otras corrientes que tienen en cuenta los cambios del contexto en diversos ámbitos y que señalan la importancia de tener presentes dichos factores. Asimismo, desde la perspectiva de Torrijos y Balaguera (2016), puede entenderse que los Estados a nivel general convergen en la priorización del interés nacional primario, es decir, a la supervivencia del Estado lo cual se encuentra ligado a la seguridad. “Con respecto al interés nacional secundario, este tiende a variar de acuerdo con las visiones de los tomadores de decisiones, que, en este caso, oscilan entre mantener la posición internacional del país y promover el desarrollo y el bienestar económico y social de la población” (p. 317). 1.4. Clasificación de los Intereses Nacionales Para clasificar estos intereses nacionales, existe un término fundamental: priorizar. Por lo cual, se encuentran diversas categorías para categorizarlos como: vital, estratégico, primario, secundario, permanente, específico, entre otras, pero en este escrito se relacionan las principales categorías, así: 159 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 1.4.1. Vitales Se puede entender que este es el lugar del interés nacional, en razón a que recoge los factores que tiene un Estado y los cuales debe preservar frente cualquier tipo de amenaza (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9) que atente contra estos y sobre todo contra la supervivencia, en cuanto a su integralidad territorial, soberanía, entre otros. Brodie (1971) concebía este tipo como los intereses por los cuales hay que luchar, pero subrayaba que existía un problema a la hora de decidir por cuales vale la pena luchar, el autor termina resolviendo la cuestión enunciando que se debe lidiar solo por las cuestiones que se considere puedan afectar la seguridad de la nación frente a diversas amenazas. Reynolds (1977) menciona que existen tres componentes principales, a saber: la supervivencia del Estado, la consecución de riqueza que puede entenderse como el bienestar económico y la conservación y el fomento de los valores en la comunidad nacional (p. 59); así como la seguridad. Desde la Red de Seguridad y Defensa (Cubides Cárdenas, et al, 2019, pp. 309-325) de América Latina (RESDAL) (s.f.), se nombran: primarios, destacando que son los que tienen “una importancia fundamental para la supervivencia de un país” y que son de carácter permanente. En este sentido, por lo general, pueden encontrarse los siguientes: Figura 1. Intereses Nacionales: vitales o primarios • • • • • Supervivencia y preservación del Estado. Soberanía nacional e independencia del Estado. Integridad territorial. Protección de la vida y libertad de la población. Identidad cultural. Fuente: RESDAL (s.f.). 160 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA 1.4.2. Estratégicos Son los que ayudan a preservar los intereses vitales, pueden entenderse como claves, “los cuales se consideran importantes, pero no cruciales para el bienestar de un país y que en su mayoría involucran también asuntos económicos, político e ideológicos” (González, 2004). Se tiene en cuenta que tiene menor permanencia, ya que tienen una relación con elementos del contexto y la situación estratégica que pueden ser factores variables (RESDAL, s.f.). Figura 2. Intereses Nacionales: estratégicos • • • • • • Preservar los vitales. Mantener la paz y la seguridad. Asegurar el desarrollo económico y social. Preservar el medio ambiente. Promover la investigación científica en el país. Promover relaciones de cooperación con los demás Estados. Fuente: RESDAL (s.f.). Como menciona Nuechterlein (1975) citado por Esquivel (2015), “los intereses estratégicos están definidos por cuatro factores: 1) la geografía: 2) la disponibilidad de recursos escasos: 3) la tecnología militar, y 4) el limitar los daños que puedan afectar al territorio propio”. 1.4.3. Geopolíticos La preservación y control de recursos estratégicos y de sus áreas de influencia, las cuales se encuentran relacionadas con el territorio y sus recursos naturales en general. Desde la perspectiva de Brzeziński (1997) se entiende que los Estados tienen intereses geopolíticos, que al definirlos se tiene una premisa clara para la formulación de la geoestrategia entendida como la gestión estratégica de estos. Como menciona Esquivel (2015) “todo interés geopolítico se deriva del interés nacional, pero no todo interés nacional es geopolítico” y coincide con los intereses estra- 161 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO tégicos “determinados por los factores geográficos, la disponibilidad de recursos escasos y los avances de la tecnología militar”. 1.4.4. Humanitarios No es una categoría reconocida, pero la RESDAL (s.f.) define que se da la existencia de situaciones en las cuales están en riesgo principios de la humanidad como la solidaridad o el respeto a la vida humana (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 631-644). Por lo general, se presentar cuando acontecen catástrofes naturales o conflictos por diversos motivos como étnicos o religiosos, entre otros. 1.5. La consecución del Interés Nacional: Fin último de la estrategia de un Estado Los intereses nacionales deben estar alineados a las políticas de Estado que se encuentran en el marco de la estrategia nacional (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 1-149). Para entender dicho aspecto, es necesario saber que se entiende por estrategia, por ello, Liddell-Hart (1974) menciona que es el arte de la aplicación de los medios militares para dar cumplimiento a los fines de la política, encontrándose también a Kissinger, Beaufre y Buchan (1969) quien la considera como el arte de la aplicación de los medios tendientes a alcanzar los objetivos fijados por la política (pp. 80-90). Por lo general, la estrategia consta de niveles que articulan lo estratégico, lo operativo y lo táctico, entendiendo específicamente que en el primer nivel se encuentra “la Estrategia Nacional se entiende como la organización de los recursos del Estado para alcanzar los objetivos de la Nación” (Garay Acevedo & Ramírez Benítez, 2017, p. 413). De este modo, es necesario tener en cuenta lo mencionado por Arteaga y Fojón (2007): La reflexión estratégica se dedica a identificar y priorizar los intereses nacionales (su materialización constituye los objetivos), a seleccionar y usar los instrumentos de influencia del potencial nacional para conseguir los anteriores (los medios), y a articular la forma de conseguirlos en función de las limitaciones y oportunidades del contexto (políticas o estrategias). La estrategia como articulación de fines, medios y políticas es una ciencia y un arte. (p. 30) 162 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA Establecer cuáles son las variables para la construcción del concepto del interés nacional dentro de los Estados-nación modernos, ha sido un debate constante de los pensadores estratégicos (Cubides Cárdenas, et al, 2018). Para consolidar un escenario compresible, se abordan aproximaciones que permiten edificar una base sólida para avanzar en el entendimiento del interés nacional desde la estrategia. En esta esfera de la estrategia nacional se configuran las directrices para los diversos ámbitos que la constituyen como lo económico, cultural, político, social, de defensa, entre otros. Además, desde el modelo estratégico de Deibel (2007) se encuentra la relación, en la primera fase “Evaluar” se tiene en cuenta el contexto internacional y nacional, para que en la segunda fase que consiste en el “Analizar”, se determinen las oportunidades existentes y los medios de poder e influencia, con lo que se identifican unos fines que son los intereses nacionales concretados en el tercer paso “Planear” por medio de objetivos como cursos de acción que se constituyen como políticas (Sierra Zamora y Jiménez Barrera, 2019, pp. 1-14). Figura 3. Conectando Valores Domésticos e Intereses Nacionales STRATEGIC Assess ENVIRONMENT I N T E R N AT I O N A L DOMESTIC Assumptions Assumptions MEANS Opportunities and threats Analyze Power and influence ENDS National interests Plan Objectives Statecraft Courses of action P O L I C I E S Fuente: Deibel (2007, p. 135). 163 Instruments EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO De este modo, Deibel (2007) define cuatro variables que influyen en el ethos nacional a la hora de construir los intereses que cimientan la estrategia, en ese caso, norteamericana. Dichas variables hacen parte de la creación de la cultura estratégica de un Estado. Es importante resaltar que el poder de los Estados debe estar enfocado a la consecución y preservación de estas variables si se quiere mantener la gobernabilidad en su interior y la gobernanza en el Sistema Internacional. Figura 4. Variables Estratégicas para La Construcción del Interés Nacional Conseguir o preservar el territorio Establecer y fomentar un modelo económico Preservar y fortalecer un sistema político Preservar y proyectar un sistema de valores Fuente: Elaboración propia con datos de Deibel (2007). La primera variable está ligada a un hecho natural y que los fundadores de la Geopolítica reconocieron, la inevitable dependencia que las sociedades humanas tienen del territorio que se habita, siendo el concepto del determinismo geográfico. Los Estados deben coordinar su poder nacional para preservar el territorio, asimismo, debe generar una coordinación que le permita según sea las circunstancias ganar territorio (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018), lo cual debe estar dentro de las normas del Derecho Internacional (Deibel, 2007). Si se hace una revisión histórica de los grandes imperios mundiales, esta fue una de sus mayores preocupaciones, llegando al momento en que la perdida de dicho territorio ocasiono su caída. La segunda variable está ligada a una actividad esencial que se desarrolla dentro de los territorios de los Estados y en el Sistema Internacional: la economía. Desde la antigüedad la actividad económica desarrollada por 164 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA las sociedades marcó un espacio de supervivencia y desarrollo de estas. En el libro “Armas Gérmenes y Acero” Diamond (2006), resaltó la importancia de la actividad económica en el desarrollo de las sociedades humanas, señalando la vocación económica que determinó alcanzar el interés y el desarrollo de estas (Sierra Zamora, et al, 2019, pp.359-379). Una de las principales tareas del Estado es decidir cuál es el modelo económico que se adapta a sus necesidades y al entorno geográfico donde habita su población (Deibel, 2007). De igual forma, el poder del Estado y sus componentes, tendrían que cooperar para fomentar dicho modelo y proyectarlo al Sistema Internacional, entendiendo que hoy en día la interdependencia económica es un hecho que determina la prosperidad de los Estados. La tercera variable tiene que ver con las creencias de las naciones, específicamente con los valores que fundan el ethos de estas. Se debe tener en cuenta que en una sociedad interactúan diferentes grupos sociales, los cuales están conformados por individuos que tienen diferentes formas de definir lo que para ellos tiene valor, una vez definidas e interiorizadas, se plantea un ejercicio de dialogo para establecer dichos valores comunes en la sociedad (Deibel, 2007). Cuando un Estado tiene claro cuáles son los valores sociales que lo funda está en la obligación de preservarlos y aún más proyectarlos. Este ejercicio permite que haya una cohesión social dentro del mismo y a su vez potencializa su poder dentro del Sistema Internacional. La última variable formulada por Deibel (2007) es la preservación y el fortalecimiento del Sistema Político del Estado. Entendiendo desde la visión sistémica, que un Estado está conformado por una sociedad, una élite política y los poderes de este. La construcción del interés dentro de dicho sistema está ligada a factores externos e internos que fijan el interés de las sociedades, una vez identificado, pasa a las élites políticas encargadas de interactuar con los poderes del Estado para su consecución. Es importante resaltar que dichas élites son designadas por la sociedad para representarlas, y las cuales deben tener claros los intereses y deben alinearse con dicha sociedad para conseguirlos. Uno de los principales problemas hoy en día, lo constituye la falta de apropiación del interés social por parte de dichas élites políticas, generando un descontento y 165 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO una falta de credibilidad. Por último, a los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, les corresponde materializar las aspiraciones de la sociedad en los objetivos del Estado, que no son más que las políticas Estatales que dan continuidad en el tiempo y el espacio a los intereses nacionales. Como segundo referente que resalta la importancia del interés en la construcción de la estrategia de un Estado, se traen las reflexiones que desde el libro “En la mente de los Estrategas”, Juan Ricardo Sánchez (2012) hace desde el planteamiento de la fórmula de la Estrategia, la cual incorpora seis variables que intervienen en su formulación. Para ello, toma como referencia el modelo Lykke en el cual se tienen cuatro variables para la formulación de una estrategia, a saber: Capacidades, Conceptos, Objetivos y Riesgos, es importante entender que cuando se habla de objetivos se hace referencia a los intereses que se quieren lograr o preservar con dicha estrategia. “El método Lykke, corroborado por Calduch, aporta un aspecto clave para elaborar una buena estrategia: la coherencia que debe existir entre los objetivos que se pretenden, los recursos que se asigna para alcanzarlos, los conceptos empleados” (Ballesteros, 2016, p. 155). Figura 5. La Fórmula de La Estrategia52 VARIABLES INTERNAS VARIABLES EXTERNAS E = F + Me + Mo + EA + EN + R Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez (2012) Sánchez (2012) aumenta las variables que intervienen en la construcción de la estrategia agregando dos que permiten complementar el método Lykke, las cuales están relacionadas con el ambiente interno, estas son: la estrategia del adversario que permite visualizar la interacción de fines, medios y modos de la contraparte, y la segunda variable que incluye es el estudio del entorno (p. 271). Según el autor la interacción de estas dos variables genera riegos. 52 Las categorías son: Fines (F), Medios (Me), Modos (Mo), Riesgos (R), Estrategia del Adversario (EA), Entorno (En). 166 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA Dentro de la concepción de la fórmula de la estrategia, es importante determinar en donde se encuentra el concepto de interés, ya que sobre esta giran las demás variables. El autor hace una reflexión en donde es vital el fin del Estado, enmarcándolo en los intereses de este llegando a concluir que es el de brindar el mayor estado de bienestar a la población y con esto, conseguir los fines esenciales del mismo (p. 271). De este modo, se puede entender que los fines determinan la estrategia y esta gira en torno a conseguirlos. Es importante resaltar, que para la consecución de estos tiene un papel fundamental la sociedad. Bouza Brey (2005) siguiendo el modelo sistémico de David Easton en la construcción de los Sistemas Políticos, resalta que se deben tener en cuenta factores intra societales y extra societales en la construcción de dichos intereses, los cuales constituyen las entradas o inputs, siendo conciliadas dentro de los diferentes grupos sociales para construir el interés nacional. Ya que la sociedad no puede materializar por si sola dichos intereses, estos son por intermedio de demandas y apoyos transmitidos a las élites políticas, las cuales deben aprópialos, para poder influenciar y controlar a los poderes del Estados con el fin de que se conviertan en objetivos nacionales, los cuales deben estar identificados con los que la sociedad requiere. Figura 6. El Interés en El Sistema Político SOCIEDAD FACTORES INTRASOCIETALES FACTORES EXTRASOCIETALES INTERESES DEMANDA ÉLITE POLÍTICA INFLUENCIA CONTROLA TRANSMISIÓN INTERESES GESTIONA PODERES DEL ESTADO MATERIALIZAN INTERESES OBJETIVOS NACIONALES GARANTIZA LEGITIMIDAD ESTADO BIENESTAR SOCIAL Fuente: Elaboración propia con datos de Bouza Brey (2005). 167 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Cuando este proceso se construye de manera armónica, se ve reflejado en la legitimidad que adquieren los Estados ya que están satisfaciendo necesidades básicas de sus poblaciones, de no darse esto se generan conflictos sociales que podrían finalizar en la pérdida del Estado, y su sustitución por uno que si garantice las demandas de los grupos sociales. Por ejemplo, uno de los grandes problemas en los Sistemas Políticos Latinoamericanos que se ha presentado es la distorsión en el proceso, no llegándose al estado ideal de legitimidad y bienestar dentro de toda la sociedad. Algunos autores como Montaner han identificado el problema por la falta de apropiación del interés social por parte de las élites políticas y la consecuente mala transmisión hacia los poderes del Estado. De igual forma, existe poca capacidad por parte de los poderes públicos de materializar los intereses en leyes u otras medidas que logren alcanzar el bienestar social. 2. Los Intereses Nacionales de Colombia: una discusión oportuna La definición de los intereses nacionales de Colombia es un aspecto que ha estado en constante discusión, ya que existen perspectivas que están en acuerdo en lo relacionado con los fines del Estado que fueron determinados en la Carta Política. Pero existen otros que mencionan que la discusión general del Estado con la sociedad no se ha dado, por lo tanto, no se han establecido unas metas concretas que determinen las bases para una construcción común de los intereses. Del mismo modo, específicamente en relación con la política exterior colombiana han sido varias las cuestiones que han resaltado el desempeño de las relaciones exteriores, ya que existen quienes mencionan que ha hecho falta una política de Estado que esté “centralizada, coherente, adecuada e integradora con la realidad y las necesidades nacionales” (Álvarez Zárate, 2003, p. 19). Además de resaltar otros aspectos como el enfoque hacia lo interno que ha tenido el desarrollo de la política exterior, la planificación a corto plazo en relación con la coyuntura que se 168 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA va presentando y la influencia que han tenido ciertos factores y actores externos. 2.1. Antecedentes Generales Desde el periodo de la colonización, existieron diferencias a la hora de desarrollar dicha dinámica, las cuales fueron identificadas por Palacios, citado por Álvarez Zárate (2003) mencionando que estas diferencias constituyeron uno de varios factores que generaron valores e intereses diversos, ligados a un tipo de individualismo que al final se llevó a lo regional. Estas formas de colonización fueron: I. La ocupación ganadera de las tierras de la Costa Atlántica, que daría origen al latifundismo ganadero, pero integraría la región, II. Las colonizaciones del café, más asociadas al pequeño caficultor de la Cordillera Central, aunque en los valles se consolidó el latifundio, III. La explotación de los “bosques nacionales”, que combinó rasgos de aventura violenta y empresa comercial (p. 36). Este autor también menciona que, desde la formación de la República, Colombia ha sido un Estado-nación que se ha preocupado por el respeto del derecho internacional. La política exterior que se desarrolló incorporaba elementos como la reclamación de su independencia y la estabilidad con España, junto con factores como preservar la soberanía lo cual estaba ligado con su constitución como una entidad física con un territorio definido y unos límites específicos, así como la obtención del reconocimiento de las potencias de la época, lo que generó la celebración de los primeros acuerdos de cooperación, diplomacia y comercio. Posteriormente, las constantes divisiones políticas, sociales y regionales no posibilitaron un consenso necesario para desarrollar y consolidar proyectos exitosos desde la unidad como Nación. Aspectos como la 169 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO desigualdad y la exclusión del otro por diversos factores políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos o de otro tipo, generaron separación y en determinadas ocasiones acciones violentas como se reflejó, por ejemplo, en el Conflicto Armado Interno (Álvarez Zárate, 2003, p. 75). Pero de uno u otro modo, pese a estos aspectos que se han presentado en la historia colombiana, se han logrado consolidar unos elementos comunes alineados al interés nacional como la supervivencia del Estado, la soberanía nacional, el bienestar, entre otros, que han logrado establecer esos lazos comunes que mantienen las metas del Estado. De este modo, en un periodo histórico más vigente, específicamente en la temporalidad determinada de la década de los noventa, acontecieron una serie de cambios significativos en el ámbito internacional como la finalización de la Guerra Fría y con ella, el triunfo de Estados Unidos y la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el fin de gobiernos autoritarios y una marcada transición al régimen democrático principalmente de países de la región Latinoamericana, junto con la apertura económica influida por la globalización (Torrijos y Balaguera, 2018) como factor que dio paso a cambios significativos en distintos ámbitos como el político, económico, social, cultural y militar. A partir de ello, la configuración del Sistema Internacional se transformaba y desde una concepción de las teorías de Kaplan, se pasaba de una bipolaridad rígida a una unipolaridad liderada por el país estadounidense, que una década más tarde, en los 2000 iba a empezar a ser transformada por tendencias propias hacia una multipolaridad, con la emergencia de polos de poder en diversos ámbitos (Huntington, 1999). En el ámbito nacional, el Estado colombiano empezaba la década con un proceso que partió del ajuste de una política estructural que se orientaba a la apertura económica para la liberalización, así como la adecuación de las instituciones financieras a los postulados de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras, y del Consenso de Washington. En el marco de estos acontecimientos, en el año de 1990 el movimiento estudiantil “Todavía 170 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA podemos salvar a Colombia” promovió en las elecciones de corporaciones pública el 11 de marzo, la realización de la “Séptima Papeleta” para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, con el resultado positivo de esta y con el nuevo gobierno de Cesar Gaviria el 2 de agosto de 1990 se realizó el “Acuerdo político sobre la asamblea nacional” el cual se reforzaría por medio de un segundo acuerdo el 23 de agosto, en el cual se convocó una representación de las corrientes políticas representadas en los partidos (Matías, 2016). Bajo este gobierno, por medio del Decreto Legislativo 1926 se convocó el 9 de diciembre de 1990 a la Asamblea Constitucional para reformar la Constitución Política de 1886, bajo las facultades constitucionales del artículo 121, validada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 de octubre de 1990. Por lo cual, el 9 de diciembre se realizaron las elecciones para su conformación, con lo que el 9 de mayo de 1991 finalmente fue declarada la Asamblea Nacional Constituyente. Como resultado concreto se elaboró una nueva Carta Política, incorporando los elementos propios del Estado social de derecho con un régimen democrático, en la cual las libertades fueron expresadas junto con las formas de participación política (Matías, 2016). En relación con lo anterior, por medio de la Constitución se declararon unos fines del Estado que son expresados en el siguiente acápite, como las metas más claras que Colombia establecía como Estado. Hay que tener en cuenta que, por el desarrollo propio del Conflicto Armado Interno, el desarrollo y definición de categorías como interés nacional, estrategia, seguridad o defensa se centraron en un ámbito interno, orientada al fin propio de culminar dicha confrontación armada con los diversos actores armados ilegales que se oponían al Estado. El aspecto ligado a la política exterior y al papel de Colombia en el escenario internacional fue quizás secundario y poco desarrollado durante el periodo de tiempo en mención, pero estuvo inmerso en la agenda gubernamental. Durante este periodo histórico y hasta la actualidad también se presentaron una serie de aspectos negativos que amenazaron la preservación del interés nacional, como lo señala Armando Borrero (2017): 171 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO • • Las amenazas tradicionales que se derivan de la competencia dada entre los Estados del sistema internacional, en lo relacionado con: la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la protección de la población. Estos se han dado principalmente en aspectos relacionados con las fronteras y su definición. La confrontación por parte de grupos armados al margen de la ley (entre los principales se encuentran: las insurgencias armadas - las guerrillas, los paramilitares (Miron, 2019), entre otros) (Plakoudas, S., 2019) factor de amenaza a la institucionalidad y quienes han intentado imponer por la vía armada sus intereses particulares, desafiando al Estado en cuanto al monopolio legítimo de la violencia desde una perspectiva weberiana. 2.2. Definición de los Intereses Nacionales A partir de lo anterior, se puede entender que Colombia no ha contado con una definición explícita y concreta en el orden constitucional del Estado sobre los intereses nacionales, pero ha planteado una serie de fines con los cuales ha determinado lo más relevante que se debe preservar. En el documento más relevante desde una perspectiva kelseniana como lo es la Constitución Política de 1991, se encuentran consagrados en el artículo 2., los fines del Estado, así: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, en el artículo 9., se enuncia el reconocimiento y proyección de la política exterior del Estado colombiano: Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconoci- 172 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA miento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. El Estado colombiano ha asumido la labor de la conducción de sus relaciones internacionales, y de este modo, de su política exterior, para lograr la garantía de los intereses nacionales, estableciendo una visión en el manejo de dichas relaciones bajo la mirada de un interés nacional propio. Teniendo en cuenta que, “el interés nacional dentro de lo público sólo alcanzará legitimidad social en la medida en que resulte de un proceso incluyente de participación y deliberación entre intereses nacionales” (Álvarez Zárate, 2003, p. 238). Como parte de esos fines en mención, el entramado institucional del Estado está llamado a preservarlos, pero en el caso directo del componente de proyección en el ámbito internacional y la conservación de la supervivencia del Estado, contando con instancias gubernamentales del Ejecutivo como la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores son esenciales para este fin. En la definición de los intereses nacionales es importante la identidad nacional y de los aspectos ligados como la naturaleza, los lazos de cohesión, las instituciones, entre otros. Por ello, es vital determinar los aspectos internos, reconocer y tomar conciencia de los elementos que unen a la Nación, ya que cuando no existen se recurren a premisas externas para su definición. En su reflexión Álvarez Zárate (2003) menciona que, para el caso colombiano, los intereses nacionales están siendo construidos por medio de la interacción social y política, y estos “deben ser materializados en la discusión pública política” (p. 171). Hay que reconocer que existen diversos documentos de varias instituciones y, asimismo, varios gobiernos han direccionado sus objetivos políticos definiendo unos intereses y valores para el Estado, pero teniendo en cuenta que no han sido configurados desde el Estado. Del mismo modo, los intereses geopolíticos constituyen el interés nacional, y para el caso de Colombia, Esquivel (2014) expresa que por la ubicación geoestratégica terrestre y marítima, este tipo de intereses se orientan en tres regiones: el Asia Pacífico, el Caribe y su proyección 173 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO regional. Siguiendo a Samuel Cohen, se entiende que “la geopolítica no puede obedecer a determinismos geográficos, sino que debe someterse al interés nacional”. De igual manera, desde una aproximación geopolítica desde la perspectiva de Halford Mckinder, el Hearthland colombiano se constituye por el “Triángulo de Oro”, región compuesta por Bogotá, Cali y Medellín, zona geográfica relevante para el desarrollo económico y en donde se encuentra la mayoría de la población, sin dejar de lado la importancia que tiene la totalidad del territorio nacional. En este sentido, los imperativos geopolíticos alineados para la garantía del interés nacional están orientados a: I. Asegurar el control del territorio, recursos y líneas de comunicación estratégicas, así como la protección de las fronteras; II. Retomar el liderazgo de Colombia sobre plataformas adyacentes como, por ejemplo, el Pacífico, Andina, la Amazonia, el Caribe y la Orinoquia. (Esquivel, 2014) De igual manera, para dicha definición, lo externo también influye de manera significativa. La existencia de normas, reglas y valores internacionales que en lo común son compartidos por los Estados en el Sistema Internacional, “que estructuran y le dan significado a la vida política internacional, como la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, entre otros temas de igual relevancia” (Álvarez Zárate, 2003, p. 172). Por lo anterior, es pertinente que el entramado institucional de Colombia adopte políticas de Estado que permitan consolidar y definir lo entendido por interés nacional de forma sucinta, ya que se encuentran diversas interpretaciones, pero ligadas a conceptualizaciones propias de políticas gubernamentales. Para ello, la Ley de Seguridad y Defensa Nacional como un articulador, es fundamental y no solo para el ámbito político y de defensa, ya que la construcción de conceptos comunes debe incluir a los ámbitos económico, social, medioambiental, entre otros, toda vez, es una necesidad que parte del Estado. O como en algunos casos particulares, se da la existencia de un Libro Blanco en donde se 174 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA encuentran las definiciones propias del país que lo consolida, en donde “se presenta el marco general de la política de planeación de la defensa de un Estado” (Torrijos y Balaguera, 2018, p. 301). 3. Nuevos factores para la configuración de los intereses nacionales El ámbito internacional actual se puede caracterizar como volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA) en el sentido que se presentan diversos fenómenos que han sido producto de aspectos como la globalización y que han traído consigo consecuencias positivas como la interconexión entre Estados, pero también han dejado efectos negativos representados en amenazas. Principalmente, lo entendido como amenaza, se tiene en cuenta como la situación de riesgo que pone un actor a otro, “dado que los Estados poseen la necesidad de garantizar su supervivencia, este concepto se encuentra intrínsecamente relacionado con el de ‘interés nacional’ y el de ‘política de defensa´” (Torrijos y Balaguera, 2018, p. 303). En este escenario, la seguridad no sólo puede entenderse en términos de una perspectiva. Este aspecto ha sido definido, por ejemplo, por Barry Buzán indica que la Seguridad Nacional se compone de una parte: I) militar: para la protección del Estado, II) medioambiental: mantener los ecosistemas y los recursos necesarios para la existencia humana; III) económica: mantener la estabilidad del país, el bienestar y evitar las crisis; IV) social: preservar y consolidar la identidad del colectivo con su nación y, V) política: mantener la legitimidad del Estado por medio de una efectiva organización y función de sus instituciones (Muñoz, 2005 citado por Garay Acevedo, Cubides cárdenas & Ramírez Benítez, 2017, p. 102). De igual manera, desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde el año 2012 y con la oficialización en el año 2013 con la Declaración de las Américas, se le dio un carácter multidimensional a la 175 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO seguridad en la región, con la identificación de diversas amenazas en donde nuevos ámbitos integran el espectro “securitario”, por ejemplo, lo social con la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, entre otros aspectos. Además, hay que tener en cuenta, como se exponían anteriormente, el Estado no solo se encuentra en riesgo por las amenazas tradicionales, sino por la emergencia de: Las nuevas amenazas son especialmente peligrosas para la estabilidad política y la tranquilidad ciudadana cuando son de entidad importante como generadoras de violencia y cuando producen fenómenos de desintegración social. (Borrero Mansilla, 2017, p. 73) En este sentido, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, entre otros, se constituyen como factores de inestabilidad, por ejemplo: • • • • El terrorismo que abarca un espectro nacional e internacional, utilizando el terror para producir miedo social, generando una ruptura entre la confianza y la solidaridad social y con ella, de la estabilidad política. “El espacio/tiempo de la globalización abre la posibilidad de llevar el terror a todas las latitudes” (p. 80). El crimen organizado transnacional en donde los intereses económicos son relevantes y para ello, se desarrollan mecanismos de violencia, control territorial y de la población que desafían la soberanía estatal, el monopolio de la fuerza, la justicia, entre otros aspectos. El narcotráfico al traficar con sustancias prohibidas, actores ilegales constituyen la cadena de producción, comercio y consumo que intensifica el problema de las drogas, que ya tiene un alcance global, y que, para Colombia, el primer eslabón -sin dejar de lado los otros- de la cadena es la preocupación fundamental. Las migraciones incontroladas se constituyen como un problema social, pero han sido un foco en donde se generan otro tipo de problemáticas, como: el tráfico de personas, de estupefacientes, 176 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA de armas, el contrabando, la esclavitud, entre otros; además de las divergencias que generan con los demás Estados (Borrero Mansilla, 2017, pp. 73-74). Actualmente, para el caso colombiano, El posacuerdo se configura como un espacio de transición53 para la implementación de lo pactado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de un Paz estable y duradera entre el gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCEP). En este periodo histórico pueden derivarse una serie de amenazas posibles que van en contra del interés nacional o de los fines planteados por el Estado, de los intereses nacionales existentes materializados en los objetivos propuestos por el conductor político, es decir, el Gobierno. Estas son identificadas por Borrero Mansilla (2017), así: 53 Entendida desde la perspectiva de Rodrigo Uprimny citado por Cubides Cárdenas, Caldera Ynfante y Ramírez Benítez (2018) como la etapa en donde se generan una serie de transformaciones significativas del orden social -y político- como lo es un cambio de régimen, existe también en lo relacionado con el paso de un Conflicto Armado a un estado del fortalecimiento de la democracia y posteriormente a la construcción continua de la paz (p. 180). 177 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Tabla 3. Amenazas Actuales a los Fines del Estado Colombiano Tipo Definición Tradicional Derivadas de conflictos sobre derechos o pretensiones de derechos entre Estados nacionales. Movimientos subversivos Que no se acogen al ordenamiento constitucional y que buscan el poder y sus intereses por medio de las armas. Puede ser asociado a: -Guerrillas que lo usan como táctica auxiliar. Terroristas de procedencia variada -Aparatos armados de la delincuencia organizada. - “Terrorismo puro” como estrategia prevalente de grupos radicales de los extremos políticos que pueden ser de origen internacional o interno. Amenaza Basada en negocios ilegales, los cuales generan necesidad de preservarlos, teniendo la capacidad económica para ello. Por ejemplo: narcotráfico, Derivadas de la Delinminería ilegal, tráfico de personas, tráfico de arcuencia Organizada mas, municiones y explosivos. Transnacional Derivadas de prácticas comerciales ilícitas y el contrabando. Derivadas del “espacio-tiempo” de la globalización. En un aspecto negativo, la ubicuidad producida por la tecnología en donde pueden derivarse amenazas cibernéticas, fraudes financieros, entre otros. Se da un aumento de la violencia social derivada de la permanencia de “mercados de violencia” “(incluyen excombatientes [disidentes] que no Típicas de los Posconse reinsertan ni se adaptan a la situación nueva, flictos armas que permanecen en los circuitos del mercado negro, negocios generadores de ilegalidad, entre otros)” Fuente: Elaboración propia con datos de Borrero Mansilla (2017, pp. 86-87). 178 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA Acontecen en un escenario en donde las fronteras ya no se constituyen como límite. Lo transnacional puede ser usado ahora, como un espacio en donde se desarrollan estas amenazas y otras más, no solo afectando a Colombia sino a la región en general. Las iniciativas comunes materializadas por medio de alianzas o coaliciones dan lugar para la búsqueda de soluciones específicas a problemáticas comunes. Se presentan algunos retos en la consecución del interés, lo cual ha estado ligado a diferentes problemas, siendo uno de estos la distinción entre los intereses internos y externos debido a los conflictos que ha acompañado al Estado. Estos se han visto reflejados en la ausencia de políticas públicas de seguridad y defensa que puedan preservar los intereses nacionales: En el caso de Colombia, a pesar de que los últimos dos gobiernos se han preocupado por diseñar planes de acción de acuerdo con las condiciones de seguridad del país, es importante que se promueva una mayor conciencia acerca de la frontera invisible entre la seguridad interior y exterior, con el objetivo de superar los retos que impone un escenario de incertidumbre. (Ardila, 2015) Por ello, el fortalecimiento de la proyección de Colombia en el escenario internacional ligado a su política exterior es un lineamiento relevante en un escenario prospectivo. Para el presente gobierno del presidente Iván Duque Márquez y desde la Cancillería de Colombia se plantearon unos principios para esta intención, centrados en consolidar y fortalecer las agendas de política en cuanto a lo bilateral y multilateral. La construcción de paz también se enfoca en trabajar con los socios tradicionales en los todos continentes principalmente las Américas, Europa, el Asia-Pacífico, entre otros. De este modo, la cooperación internacional es esencial, junto con la promoción de estos intereses en espacios y escenarios multilaterales, regionales y globales que permitan su fortalecimiento. La protección y garantía de los intereses nacionales son un aspecto que desde el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se determina, expresando la necesidad de adoptar 179 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO una visión multidimensional de la seguridad con el fin de que integralmente y en conjunto con las instituciones estatales y de la sociedad, se afiancen y preserven estas metas y lineamientos. De igual modo, hay que tener en cuenta que como directrices del conductor político se determinan los intereses nacionales aproximados concretamente en objetivos, orientados a la preservación del interés nacional que, en el caso de Colombia, se encuentra establecido desde los fines del Estado (DNP, 2018, p. 47). Como aspectos principales, en el presente Plan se determinaron recursos naturales como intereses siendo el agua, la biodiversidad y el medioambiente un activo estratégico para el desarrollo del país. En este escenario y de manera trasversal, la seguridad y la defensa son factores preponderantes y vitales para la preservación de los intereses nacionales, ya que la supervivencia del Estado es lo más importante para conservar, teniendo en cuenta que “en la actualidad, las amenazas provenientes del entorno global y regional evidencian la importancia de contar con capacidades para disuadir y contrarrestar una agresión o amenaza, que repercutan en acciones hostiles contra los intereses nacionales” (DNP, 2018, p. 58). Por ello, un elemento estratégico esencial es que desde el Ministerio de Defensa Nacional se dé el desarrollo de las Fuerza Pública hacia la modernización y el fortalecimiento de capacidades, actuando en conjunto con el entramado institucional desde la Acción Unificada del Estado. Por lo anterior, la adopción y materialización de los lineamientos debe ser lo esencial para la garantía de los intereses nacionales. Asimismo, es vital que el Estado en su conjunto y la sociedad en general, interiorice estas intenciones y objetivos para fortalecerlos; teniendo en cuenta los imperativos geopolíticos y diversos elementos que no han estado tan presentes en los lineamientos del Estado, por ejemplo, la relevancia que tiene el territorio marítimo y su reconocimiento como parte integral de la geografía colombiana, el reconocimiento del espectro electromagnético como una zona estratégica del país, la consolidación del territorio y sobre todo la ocupación de los espacios vacíos desde la capacidad estatal. 180 APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES EN COLOMBIA De este modo, Ardila Castro y Cubides Cárdenas (2017) mencionan que: El rol del Estado es fundamental en materia de Seguridad debido a que provee justicia y democracia, contribuyendo de manera significativa en la construcción de la paz. Como es bien sabido, Colombia requiere una presencia integral del Estado, puesto que a través de los años se ha consolidado el conflicto armado y se requieren acciones que no permitan reincidir en la historia de la guerra de nuestro país, con fines de contribuir al desarrollo de los territorios. (p. 49) “Colombia presenta una gran dicotomía espacial, donde es posible observar una fuerte concentración en torno al núcleo central y un débil grado de ocupación en las regiones periféricas” (Álvarez, 2017, p. 366). De este modo, existen tres imperativos geopolíticos actuales: I) Protección del núcleo vital o heartland del país, II) Control del Hinterland que comprende la región siguiente del núcleo vital que se encuentra conectado al Mar Caribe y al Océano Pacífico y, III) la ocupación de espacios vacíos, de carácter insular, terrestre y fluvial en donde el control del Estado no es efectivo y donde se concretan activos y recursos estratégicos (pp. 373-374). Lo anterior, se consolidan como retos sobre los cuales se deben plantear lineamientos para su desarrollo y con ello, el fortalecimiento de las medidas para la preservación de los fines del Estado en general. Conclusiones Finalmente, teniendo claro que se entiende por interés nacional a los elementos vitales que tiene un Estado, principalmente ligados a garantizar la supervivencia, los cuales que deben ser protegidos y preservados frente a cualquier amenaza que se presente. Además, se constituye como un elemento propio de la política exterior de un Estado, siendo relevante para su proyección internacional y significativa para el desarrollo de sus objetivos externos. Después del desarrollo teórico, se encuentra que la escuela realista y su giro hacia el neorrealismo son las perspectivas que han profundizado en su definición, asimismo, incorporando a la 181 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO seguridad como un aspecto significativo para la preservación del interés nacional. Para el periodo actual, es relevante tener presente que los Estados se enfrentan a constantes desafíos y amenazas tanto en su entorno individual como en conjunto, que amerita que para ciertas situaciones se desarrollen acciones conjuntas, teniendo presente que cada Estado podrá establecer ciertas alianzas pero que siempre buscará preservar su interés nacional. En el caso de Colombia, se pude ver que el interés nacional se consolidó como fines del Estado en el orden constitucional desde la Constitución Política de 1991. Estos definieron lo más relevante a preservar, es decir, lo vital como la supervivencia, la soberanía nacional, la integridad territorial y la protección general del Estado. A su vez, incorporando lineamientos de tipo estratégico y geopolítico relevante para contribuir a mantener los vitales sino también para desarrollar intereses ligados a ciertos aspectos económicos, sociales, humanitarios, geopolíticos, entre otros. Dentro de la configuración, hitos como el Conflicto Armado Interno y los periodos de violencia que lo precedieron, fueron factores que fueron determinantes a que el Estado colombiano primara su agenda en la parte interna, teniendo lo externo como secundario y poco desarrollado, pero sin dejar de lado que siempre estuvo presente en los objetivos gubernamentales y, además, que en el periodo más reciente ha sido un factor que está siendo potencializado. La configuración de los intereses nacionales es un tema actual, en donde su identificación es fundamental para entender lo que el Estado busca y defiende. Para el caso colombiano, existe la Carta Política que consolida los fines del Estado, pero está la necesidad de plantear elementos estratégicos que definan aspectos vitales del Estado para que a partir de estos se del desarrollo posterior de políticas públicas que se orienten al interés común. Lo cual se une a la necesidad de consolidar una ley de seguridad y defensa que guíe y oriente, por ejemplo, desde el ámbito de político y de defensa lineamientos propios del Estado, incorporando los demás ámbitos: económico, social, cultural, medioambiental, entre otros. 182 CAPÍTULO VI IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS* Paola Alexandra Sierra-Zamora Manuel Bermúdez Tapia * Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina perteneciente al Grupo de Investigación Masa Crítica reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247. 183 Introducción En el ámbito del estudio de las relaciones internacionales se puede observar una situación especial y particular que proviene de la evaluación de las acciones que ejecutan los Gobiernos Nacionales en la política internacional que desarrollan. Una situación muy particular y coyuntural porque está supeditada a la vigencia de los gobiernos de turno en dichos Estados y que no suele provocar la misma condición que las establecidas entre Estados. De este modo, elementos vinculados al contexto del establecimiento de alianzas de naturaleza política (I) o militar (II), relaciones comerciales y económicas (III), constituyen los principales elementos referenciales en los cuales los Gobiernos, dirigen las políticas internacionales de sus Estados. Como elemento referencial que puede condicionar el panorama internacional, los gobiernos en la dirección de sus Estados pueden verse influidos por situaciones de impacto referencial en la toma de decisiones. Situación que en la actualidad responden al registro de problemas globales, como: la generación de una tensión política en el ámbito de las relaciones internacionales en determinadas zonas geográficas (I), la variabilidad económica o positiva o negativa de los mercados económicos a nivel internacional (II), la guerra comercial supeditada a las condiciones impuestas por un gobierno de un Estado a otro Estado o Estados (III), la generación de desastres naturales que condicionan la economía regional o internacional, en particular cuando se generan problemas de abastecimiento de commodities (IV), las cuales pueden ser a consecuencia de 185 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO desastres naturales o en función a la sostenibilidad de la producción y exportación de determinadas materias primas. Como resultado de este panorama general se puede apreciar situaciones que identifican el modo en el cual los gobiernos (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 1-149), los Estados (como país) y las regiones geopolíticas en el mundo han interactuado entre sí a nivel político, comercial-económico, militar o cultural, referencia que ha ido cambiando a lo largo de la historia. 1. El Surgimiento del Estado y las relaciones con otros Estados Durante el desarrollo de la humanidad, se han sucedido una serie de situaciones que han sido periodificadas en función a determinadas características históricas, políticas, comerciales y económicas, como también sociales, culturales y filosóficas-morales, todo en función al modo en el cual la consciencia humana se iba desarrollando (Roze, 2000, p. 56). En este contexto, el paso de cada etapa no sólo ha provocado un cambio de perspectiva en la humanidad, sino que además se ha relacionado con el surgimiento del Estado y cómo este se ha ido modelando hasta alcanzar un estándar general que se conoce en la actualidad. Para ello resulta necesario hacer un esquema de desarrollo (sistematizado) de cómo este proceso evolutivo ha ido generando la formación de las relaciones de los Estados y para ello se requiere comprender cómo es que ha surgido el Estado. 2. El Surgimiento del hombre y su desarrollo en la pre-historia En esta etapa, surge el hombre como un animal racional y se pueden observar situaciones muy particulares que se han preservado en la humanidad. 186 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS a) El surgimiento de las hordas, las cuales han ido provocando “comunidades”, esencialmente importantes en la generación de modos culturales y sociales, principalmente para el establecimiento de los pueblos y los modos en los cuales interactuaban (Jaramillo, 2004, p. 35). b) El paso del régimen de dominio matriarcal de la comunidad para dar paso al sistema de dominio de recursos de la comunidad (red familiar) con el patriarcado (Estudio Teológico de San Ildefonso, 1981, p. 61). c) La determinación de las relaciones vinculas a la preservación de recursos (inicialmente alimenticios) a favor de la comunidad que condicionaba la búsqueda de mejores zonas de caza y recolección inicialmente y que mutó en el momento en el que se generó el período de sedentarización (Martínez, 2013, p), donde se desarrolló la agricultura. d) La generación de un sistema de relaciones tanto “internas” como “externas” de la comunidad, donde en el primer nivel se establecieron los mecanismos de manejo del poder (de dirección y de manejo de la fuerza en forma general) en un territorio (Argullol, 1985, p. 189). En el ámbito externo, la comunidad establecía sus propias condiciones frente a toda amenaza o situación provocada por otras comunidades, por cuanto el manejo de su propia supervivencia los obligaba o manejar una única línea de acción la cual estaba a cargo del líder de la comunidad (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018). 3. El Surgimiento del Estado en la Era Antigua En función al crecimiento poblacional de las comunidades, en mérito principalmente al descubrimiento de la agricultura, las comunidades más antiguas en establecer tipos de gobierno y un Estado fueron las 187 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO comunidades que se han registrado a nivel histórico en Egipto, Irak y China (Childe, 1992). Ante esta situación es que surgen dos modos en los cuales los Estados han modelado su propio desarrollo y esto permite evaluar el modo en el cual han podido manejar sus propios recursos a fin de proteger a su propia población y así preservar su territorio (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359-379). a) El surgimiento del Estado a fin de preservar los recursos de la población en el territorio. Es el modo tradicional en el cual el Estado surgió en la humanidad y permite detallar la importancia de la evaluación de los “recursos” que dispone la población (a), en un territorio (b), y sobre el cual se hizo necesaria la aparición de una administración que ejerza el gobierno tanto a nivel interno como a nivel externo (c). De este modo, los principales recursos que tenía la población y el Estado en su territorio eran: los alimentos (I), los recursos minerales (II), la posición estratégica del territorio para el acceso a otros recursos, como, por ejemplo: el comercio; recursos que debían ser protegidos a toda costa y bajo cualquier situación porque ello implicaba la propia supervivencia de la población que lo poseía (Lara, 1973, p. 31). Una referencia que ha ido evolucionando en toda la historia de la humanidad conforme los tres períodos revolucionarios registrados por Veré Gordon Childe en su evolución multilíneal: La revolución neolítica con la aparición de la agricultura (I), la revolución urbana (II) y la revolución devenida del desarrollo del conocimiento humano y la ciencia (III) (Childe, 2002), reproducido por Manuel María Marzal (Marzal, 1996, p. 151). Sobre esta base, los Estados, desde su creación, tomaron en cuenta la gran importancia que tiene el manejo de los recursos en su territorio y la importancia (Cubides Cárdenas, et al, 2018) que tiene la población para la preservación de los mismos y por ello es que la primera forma de gobierno en el Estado es la Monarquía Teocrática. 188 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS Así, los Estados no sólo buscaban “preservar” los recursos bajo sus dominios sino también acceder a otros recursos que estaban en otros territorios y para ello se establecieron niveles de vinculación con otros pueblos y Estados (Romero Sánchez, et al, 2015). En este punto, la historia detalla una referencia común que se ha mantenido desde los Estados monárquicos teocráticos hasta las democracias modernas: el manejo de los tributos para el sostenimiento del aparato público (Moira, 2008, p. 657). Consecuentemente en el ámbito externo, surge el origen de las ‘relaciones entre los pueblos’, bajo la referencia de los gobiernos que dirigen el destino de sus Estados, donde era posible identificar: relaciones de afinidad que generaban alianzas (I), situaciones de violencia y conflicto (Sierra Zamora y Jimenez, 2019, pp. 1-14) (II), donde el resultado podía desencadenar situaciones disímiles entre sí. I. El exterminio de la comunidad vencida por parte del pueblo vencedor es en términos referenciales, la referencia histórica más recurrente en la historia de la humanidad. Sucedió con los indígenas en América Latina por parte de los españoles (Roitman, 2005, p. 173); situación idéntica con los indígenas australianos por parte de los ingleses, el exterminio de Cartago por parte de Roma. El fin de estos actos se produjo recién al finalizar la II Guerra Mundial cuando se comprendió el verdadero alcance de los actos de genocidio, identificándose así el término que lo identificaba porque previa a esta situación, estos crímenes “no tenían nombre”, como expresaba Winston Churchill (1941). II. La diáspora, consistente en el acto de despojo del territorio a una población. En la historia de la humanidad la diáspora judía provocada por Roma en el año 63 a.C., es la referencia más conocida (Paul, 1982, p. 99). 189 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Corresponde detallar la diferenciación de la diáspora con el exilio de una comunidad, principalmente porque la titularidad de los territorios varía. En el primer término el pueblo expulsado no accede a ninguna forma de soberanía (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 256-283) sobre su territorio y en el segundo se genera una condición temporal y usualmente limitado a un conjunto de personas en forma limitada. III. La esclavitud. De referencia conocida y registrada en la mayor parte de la humanidad a excepción de la Edad Media, principalmente por acción de la Iglesia Católica que consideraba a todos los individuos “hijos de Dios”, fundamento que excluía toda situación de esclavitud, pero no limitaba el vasallaje. IV. El pago de tributos. Donde el pueblo vencido a cambio de conservar su territorio y no mermar el número de su población tras la derrota militar debía asumir el pago de tributos a favor del pueblo vencido. Como se puede apreciar, la mayor parte de estas referencias se han mantenido en la historia universal, sancionándose en la actualidad de modo severo la ejecución de actos como el genocio o crímenes de lesa humanidad en mérito a la defensa de los Derechos Humanos (Sierra Zamora por parte de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. b) El surgimiento del Estado a fin de garantizar la accesibilidad a recursos de la población. Cuando se descubrió la ciudadela de Caral (Shady, 2007, p. 6), en el norte de Lima en Perú, los estudios antropológicos que registraban el origen del Estado se alteraron de modo radical. La historia de la humanidad estaba apreciando un segundo ejemplo referencial en el cual la violencia (Cubides Cárdenas, et al, 2018, 190 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS pp. 164-188) no había sido el único factor provocador de las relaciones entre pueblos a nivel histórico. Este descubrimiento permitió validar el registro en Petra, Jordania que detallaba un segundo modo en el cual los Estados podían surgir, el cual no registra el uso de mecanismos de violencia para relacionarse con otras poblaciones y pueblos o Estados (Echanove, 2008, p. 362). De este modo los nabateos en Petra generaron un comercio como referencia más importante y esto se deducía sobre la base de la complementación de estos factores: I. Tanto Petra como Caral se ubican en regiones geográficas que no constituyen una referencia geopolítica de importancia para los Estados vecinos (en sus regiones y en sus tiempos históricos), razón por la cual el establecimiento de un mercado que abastecía de recursos a poblaciones tanto locales como externas provocó el auge de ambos pueblos. II. El registro de escasa actividad militar en ambos sitios refrenda la importancia del carácter pacífico y comercial de los gobiernos en ambos pueblos, porque habían relacionado que el único modo de sobrevivir se focalizaba en el hecho de tener un mercado que pueda ser punto de interacción entre diferentes pueblos. Como se podrá observar, estos modos en los cuales ha surgido el Estado constituyen una referencia muy especial y excepcional, factor que a nivel histórico ha sido mantenido sólo por Petra (como ciudad), la cual ha sobrevivido desde hace 70,000 años hasta la actualidad. c) El establecimiento de las relaciones internacionales entre los pueblos. El Tratado de Qadesh, suscrito entre Ramsés II y el Rey Hattsusili III en el año 1259 a.C., constituye la referencia histórica excluyente en este punto (Marco, y Santos, 1980, p. 120). 191 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO A través de dicho acuerdo, el “período de paz” entre dos pueblos, enemigos históricos, se constituía y el Faraón hizo pública dicha acción como un elemento referencial de su gobierno porque daba “paz” a Egipto cuando en esencia no había logrado sus objetivos militares (Sierra Zamora, et al, 2016). Consecuentemente a esta referencia, los pueblos asumen una condición especial, particular y excluyente de sus propias condiciones, modos de vida-cultura-sociedad y tipo de gobierno ante otros pueblos. Como referencia final, la Edad Antigua se ubica entre el surgimiento de los primeros Estados con gobiernos monárquicos teocráticos hasta la caída de Roma en el año 476 por parte de los hérulos bajo el mando de Odoacro. 4. La caída de los Estados con la Edad Media Al caer el Imperio Romano, se destruyó toda forma de Estado en la Europa de entonces, porque las tribus germanas, en múltiples oportunidades, no tenían por objetivo reemplazar la administración del territorio y de la población vencido y muestra de ello es que al pasar por Roma se dirigieron a varias zonas de Europa para establecerse definitivamente. Sin embargo, esto no provocó una crisis total por cuanto la Iglesia Católica asumió el rol de dirigir a la población y administrar el territorio europeo sobre la base de un credo, el cual reemplazó a la ley, como representación del Estado. Así se reemplaza la figura del ciudadano por el de laico (Mitre, 1991, p. 157), quien sostenía a la Iglesia Católica. Los valores culturales, sociales y morales impuestos por la Iglesia Católica en este período son tan referenciales que estos se mantienen hasta la actualidad y han permitido algunas referencias que han marcado las relaciones internacionales hasta la actualidad: a) Los Estados en la actualidad se vinculan preferentemente en el ámbito de una identidad religiosa característica que los diferencia entre sí. Los Estados occidentales asumen en forma casi unánime una 192 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS misma posición54 frente a los Estados vinculados a la religión musulmana. b) Los Estados vinculan el contexto religioso nacional con la línea de tutela de los Derechos Humanos y por ello los países occidentales son mucho más críticos de las situaciones limitativas de derechos que se registran en países de tradición religiosa musulmana. Este período finaliza con la caída de Constantinopla, pero fue complementada por varios factores: a) Con el resurgimiento de la actividad comercial, los pueblos europeos comenzaron a formar ciudades (burgos) y estos a su vez provocaron el Renacimiento, como movimiento cultural. b) El feudalismo va cediendo paso al fortalecimiento de los gobiernos de algunos Reyes europeos que van consolidando una única forma de gobierno en un territorio cada vez más amplio. Para dar una referencia histórica, se puede citar el caso del matrimonio de los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla que materializaron una única forma de gobierno en la península ibérica, la cual fue consolidada con Carlos I, quien funda España como Estado para diferenciarlo de los reinos medievales preexistentes (Folgado, 2018, p. 69). c) En Inglaterra se desarrolla un nuevo esquema en el cual surge la administración del territorio y de los recursos de la población por parte del Estado. Con la Carta Magna de 1215 se establece el Sistema Parlamentario de manejo del poder estatal, por medio del cual el cobro de tributos debía ser regulado por ley, limitándose al Rey a una forma de representación del Estado, pero limitándolo a toda acción de dirección del mismo (Molina, 2006, p. 301). 54 En occidente, sin embargo, se registran tres Iglesias derivadas de la católica pero que se han mantenido diferentes entre sí: la romana, la ortodoxa y la protestante. 193 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 5. El Resurgimiento de Los Estados en la Edad Moderna En esta etapa, resurgen los Estados Europeos que consolidan el poder en un único nivel de representación (Delgado, 2005, p. 49), tanto en el ámbito interno como a nivel internacional. Un período temporal que permite observar algunas referencias importantes que subsisten hasta la actualidad: a) La ampliación de las fronteras continentales, donde el descubrimiento de América provocó el decaimiento del poder de la Iglesia Católica sobre los Estados, de los pensamientos medievales, sobre todo a nivel de influencia de la Iglesia Católica a nivel de manejo de las relaciones políticas, económicas y militares de los Estados. b) El surgimiento de un nuevo orden político, económico y militar mundial. El imperialismo desarrollado por España, Inglaterra y Francia resulta excluyente frente a las otras realidades europeas (Italia y Alemania, sobre todo) y configura el patrón internacional referencial. El capitalismo como sistema económico es difundido por los Estados europeos generando un sistema político-económico universal. c) El colonialismo (Mellino, 2008, p. 25) va configurando las realidades tanto de los países dominantes como de los pueblos bajo dominio de otro Estado, estableciéndose mecanismos de vinculación entre ambos tanto en lo cultural, en lo económico, en lo comercial y en lo ideológico. d) El poder consolidado en las monarquías europeas va consolidando dos formas de gobierno: Las monarquías liberales y las monarquías absolutistas. 194 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS Dado que los Estados van configurando la nueva forma de desarrollo del poder en un territorio, la adecuación de las formas de gobierno en dicho ámbito determina cuatro niveles de Estados: a) Los países colonialistas que mantienen sus condiciones de dominación sobre la base de nuevas estrategias que reemplazan el colonialismo. Inglaterra es la mejor representación de este modelo. b) Países que se van adaptando a las nuevas condiciones en las cuales se vinculan con los demás países. Los Países Bajos lidera una nueva fórmula que permite a los Estados ejercer actividades a nivel mundial. c) Países que asumen su autonomía frente al Estado colonizador, principalmente en las diferentes regiones de América. d) Países con Gobiernos Nacionales que asumen un excesivo control del poder que al final provocaron las dos Revoluciones Modernas: la Francesa (1789) y la Rusa (1917). Nótese que la característica principal en esta etapa histórica es la unificación del poder en manos de una autoridad nacional, donde se identifican a las Monarquías (I) y al nuevo modelo de gobiernos democrático desarrollado en los Estados Unidos de América (II). 6. La legitimidad del pueblo en la gestión del Estado en la Edad Contemporánea La consecuencia más importante de la Revolución Francesa está vinculada al traslado de la soberanía del Rey al Pueblo, el cual se configura de modo diferente a la referencia “histórica” de población y al modelo ideológico y político del Antiguo Régimen (Gutiérrez, 1991, p. 105). En esta etapa también es posible registrar elementos referenciales que subsisten hasta la actualidad: 195 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO a) Se consolida el sistema capitalista como sistema económico dominante a nivel mundial. b) Se consolida el desarrollo industrial, el mismo que va generando el movimiento de liderazgo mundial. c) Se consolida la democracia en el ámbito internacional como la mejor representación política en la cual el pueblo decide soberanamente el modo de desarrollo de su propio destino. d) Surgen nuevos Estados en diferentes regiones en el mundo: América Latina, Asia y África, los cuales interactúan bajo el liderazgo de los países Europeos (al inicio) y bajo influencia norteamericana en la actualidad. El proceso de globalización permite la estandarización de estándares políticos, ideológicos, económicos y comerciales de una manera mucho más vinculante a la gestión que desarrollan los Gobiernos Nacionales en sus territorios. I. El contexto internacional en el nuevo milenio A la finalización de la II Guerra Mundial el panorama mundial varió de modo radical, configurándose algunos estándares especiales y universales, como: a) El establecimiento de relaciones internacionales supeditadas a un orden mundial determinado por las Naciones Unidas (Varea y Maestro, 1997, p. 149), el cual establece tres niveles de influencia: I. El establecido por los países vencedores, sobre el cual se han perfilado tres niveles de formas capitalistas de interacción a nivel universal. Estados Unidos, Inglaterra y Francia (liderando el bloque europeo) han consolidado el “capitalismo tradicional” entendido como capitalismo monopolista e intervencionista 196 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS (Poulantzas y Torner, 1998, p. 194), caracterizado como el esquema más tradicional para controlar las relaciones internacionales en función al control de las economías con las cuales interactúan. II. El establecido por Rusia, como sucesora de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el cual hace un capitalismo de influencia política y militar (Fazio, 2015, p. 28), el mismo que ha reemplazo el esquema económico basado en el comunismo. III. El establecido por China, supeditado a un capitalismo caracterizado por la inversión económica en los países en los cuales desarrolla influencia (Aguirre, 2000). En este contexto se observa la diferenciación de políticas de gobierno disímiles en el Gobierno Chino, por cuanto a nivel interno desarrollan un sistema económico basado en el comunismo y a nivel internacional desarrollan un esquema económico capitalista, en su forma más tradicional. b) El surgimiento de un nuevo esquema de influencia político supeditado al establecimiento de bloques de países. Un panorama que fue idealizado por la Unión Europea y que ha encontrado un problema severo en el manejo económico y financiero de alguno de sus países miembros, principalmente por cuestiones de mala gestión interna. Grecia, España, Portugal y la misma Inglaterra han tenido problemas financieros provocados por su vinculación con el bloque europeo y que provocó la salida de Inglaterra del bloque europeo, denominado “Brexit” (Sacco, 2019). Frente a esta situación, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica desarrollaron un bloque económico que inicialmente proyectaba un nivel multipolar en las relaciones internacionales, pero este no ha logrado sostenerse con éxito en el tiempo, preservándose las relaciones Ruso-Chinas, principalmente por su mayor influencia 197 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO a nivel mundial amparados en su poderío económico y militar (Cooper, 2016, p. 11). En América Latina, la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile se ha consolidado positivamente frente a otros bloques regionales como la Comunidad Andina, la UNASUR y el propio MERCOSUR (Rodríguez y Vieira, 2015). En el ámbito mundial, el establecimiento de la “nueva ruta de la Seda”, propuesta por China va a provocar un nuevo panorama de influencias en Asia, Europa y América Latina, excluyendo y limitando a los Estados Unidos de América de un nivel de participación secundario en la economía mundial (Estudios de Política Exterior, 2019). c) El Establecimiento de relaciones bilaterales o multilaterales con fines económicos. La economía mundial ha influenciado de manera directa el modo en el cual se desarrollaban las políticas públicas nacionales, influenciándolas a un nivel en el cual los gobiernos de cada Estado podían no ser congruentes a una misma línea de acción en lo político que no limitó la generación de tratados de libre comercio entre sus naciones. Una referencia sustancial de esta situación es la realidad peruana, donde se sucedieron cuatro tipos de gobiernos entre el 2001 al 2016 y cada uno de ellos desarrolló un tipo de gestión pública diferenciado. Gobiernos de tendencia vinculada al socialismo (Ollanta Humala Tasso) y al conservadurismo en lo económico (Alan García Pérez) propiciaron acciones económicas a nivel internacional que han propiciado una mejor interacción de la economía peruana con el mercado internacional. En una referencia temporal y vinculante al modo en el cual los Estados se han relacionado, se debe señalar que estos han generado sus relaciones internacionales en función a los siguientes esquemas: 198 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS Tabla 1. Relaciones internacionales en diferentes momentos históricos Post II GM Guerra Fría Se consolidó la hegemonía de los Estados Unidos de América sobre todos los países europeos configurándose un nuevo orden mundial. Se estableció una relación de oposición basado en valores políticos, económicos y de influencia militar entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Caída del Muro de Berlín El comunismo finaliza como modelo institucional en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se desarrolla un nivel excluyente de influencias, donde lo político está vinculado al modelo democrático y la economía está basada en el modelo del capitalismo. Post modernidad Surgen modelos de reivindicación nacionalista en algunos países en Europa. Surgen nuevos contextos en los cuales grupos o colectivos plantean una reivindicación de derechos de modo especial (Grupos Vulnerables) Se perciben problemas estructurales a nivel universal, especialmente los vinculados al Medio Ambiente, a las migraciones y a los problemas de naturaleza política que configuran zonas de tensión (Medio Oriente, Nor Corea, Venezuela) Fuente: Elaboración propia. Como resultado de este panorama descriptivo, resulta necesario detallar algunos elementos complementarios en los cuales los gobiernos de los Estados configuran sus acciones (I) para así poder generar su línea de acción en el ámbito internacional (II). II. El gobierno del Estado El registro histórico detallado en el paso de la Pre-Historia a la Edad Antigua nos permite detallar el surgimiento del Estado, el cual es producto de la propia necesidad de la población (a) asentado en un 199 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO territorio (b), que consolida un nivel de administración pública bajo la dirección de una autoridad política, que inicialmente fue el Rey (c). Este esquema materializado en los puntos referenciales “a-b-c” constituyen los elementos básicos que permiten la institucionalización de un “país” siguiendo el esquema europeo propuesto por Napoleón Bonaparte, donde se generaba la equivalencia entre “nación-pueblo-país”, sin tomar en cuenta el contexto diferenciador que podría existir en la población del país. De este modo, el gobierno del Estado constituye una forma de autoridad, sobre la cual es posible detallar varios niveles: a) En los Estados Federales, el gobierno federal será la máxima autoridad política del país. b) En los Estados confederados, el gobierno estará supeditado a la forma de gobierno que establezca su Constitución, sobre la cual se determina el modo en el cual se desarrolla la política internacional y la política interna. c) En los demás Estados, el modelo de gobierno estará supeditado a la línea de acción que establezca el Gobierno Nacional. Esta descripción sin embargo no desnaturaliza el modo en el cual se desarrolla el manejo administrativo del país, por cuanto el poder se distribuye en varias entidades e instituciones, que en forma conjunta dirigen los destinos del país. De este modo no se excluye la importancia que ostentan instituciones como los Parlamentos o las Entidades Constitucionales (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9) que describen y regulan las constituciones nacionales, principalmente para generar un equilibrio de poderes en el ámbito interno sobre la base de la distribución de algunas de las funciones que se ejecutan a nivel de un Estado. Por ello resulta necesario diferenciar: 200 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS 7. Políticas de Estado Son mecanismos de acción detallados en la propia Constitución, cuya legitimidad social y validez legal ha sido respaldada por la propia población y procura ser extensivo en el tiempo para así superar la gestión de los gobiernos. La complementación de una legitimidad social y una validez legal se puede establecer de dos maneras: a) A través de un proceso constitucional en el cual se establece un Poder Constituyente (Bustamantey Sazo, 2016), que puede ser denominado como Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente o un término equivalente. Sobre este ámbito, la población decide y designa a sus representantes en un órgano político especial que determinará el nuevo modelo constitucional. b) A través de un proceso de reforma constitucional sin la generación de un procedimiento especial que convoque un Poder Constituyente. Este mecanismo, denominado “poder constituido” es un procedimiento legal que se constitucionaliza porque responde a los parámetros ya configurados en la misma Constitución (Montufar y Echeverría, 2008) y es posible ubicar algunas referencias de estos mecanismos: I. La reforma constitucional a través de un procedimiento legal establecido en la misma Constitución. II. La reforma constitucional a través de un procedimiento legal establecido en la misma Constitución, el cual es refrendado a través de un procedimiento de ratificación popular, como por ejemplo un referéndum. III. Un plebiscito, el cual usualmente permite generar un Poder Constituyente para así generar una nueva Constitución. 201 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO La estructura administrativa del Estado ejecuta estas políticas, delimitando responsabilidades en sus órganos e instituciones de orden constitucional, legal y administrativo: a) El Gobierno Nacional, que dirige el Estado y al país (en forma conjunta), bajo la dirección del Presidente de la República, quien representa a la nación, siguiendo el modelo histórico representado por la Monarquía Teocrática de la Edad Antigua. Complementan este nivel los diferentes tipos de gobierno en mérito al tipo de Estado que se trate y el nivel de jurisdicción estará vinculado a competencias determinadas en la propia Constitución nacional. De este modo estarán los Gobiernos Estaduales en los Estados Federales o Confederados y los Gobiernos Provinciales, Regionales o Comunidades Autónomas en los Estados Unitarios. En el último nivel de esta referencia estarán los gobiernos municipales, los cuales tienen competencias y nivel de jurisdicción limitados. b) El Parlamento, entidad que tiene por funciones la de legislar las normas que requiera el Estado y la población (I), ejecutar un control del Gobierno Nacional (II) y realizar la representación del pueblo. c) Los Órganos Constitucionales, que son las entidades que se encargan de ejecutar determinadas funciones que constituyen un contrapeso político al Gobierno Nacional y permiten la consolidación de un régimen institucional mucho más estable. Las políticas de Estado se detallan a través de las siguientes características: a) Tienen un alcance temporal indefinido. Principalmente porque cuentan con una legitimidad social (ANUIES, 2003, p. 5) y una legislación que permiten detallar un objetivo en el tiempo que supera a los diferentes gobiernos de turno. 202 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS En este ámbito, por ejemplo, es posible identificar tres referencias importantes a nivel comparado: I. Israel tiene una Política de Estado que consolida su presencia en una zona geográfica específica, siguiendo un esquema de referencia histórico, cultural y religioso (Beardsworth, 2008, p. 194). II. Bolivia tiene como una de sus principales Políticas de Estado el recuperar su soberanía sobre territorios con acceso al Océano Pacífico (Albarracín, 2005, p. 106). III. Gran Bretaña tiene una Política de Estado que ha generado un nuevo modo de relacionarse con antiguas colonias y zonas geográficas a las cuales las ha configurado como territorios de ultramar, en particular por las consecuencias generadas por la Guerra de las Malvinas con la República de Argentina. (Casañas y Houtart, 2008, p. 110). De este modo, toda acción bélica contra uno de sus territorios en ultramar se considera una acción directa contra Gran Bretaña. b) Tienen un alcance nacional. c) Constituyen líneas de acción programáticos que estarán supeditados a las acciones que ejecuten los gobiernos. De este modo, es posible detallar en forma especial, las dos Políticas de Estado más importantes: a) La política monetaria. Vinculado al modo en el cual se desarrolla la economía (I), las condicione en el cual se desarrolla el mercado local (II) y a las condiciones generales en los cuales interactúan tanto proveedores como consumidores en el territorio nacional y que puede ser delimitado en función a la línea de acción de cada gobierno (García, 2004, p. 36). 203 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Como resultado de este contexto es posible identificar el tipo de cambio paritario con otras monedas en el ámbito internacional, principalmente para evaluar el desarrollo del PBI Interno (I), la política cambiaría en el país (II) y para garantizar las reservas financieras o de oro en el país (III) b) La política exterior Establecida en función a tres variables: el tipo de gobierno en el país (I), el tipo de relaciones políticas, comerciales o económicas del país con otros países (II) y a las condiciones que puedan surgir de modo parcial o coyuntural (III) 8. Políticas de Gobierno Hacen referencia a las acciones que ejecuta la autoridad a cargo del Gobierno Nacional (Sanz, 1996, p. 412), sobre la cual se detallan dos características referenciales: a) Son políticas que perfilan los planes nacionales de desarrollo. Por ello el establecimiento de las líneas de manejo económico y financiero del país resultan ser sumamente importantes y referenciales en toda forma de desarrollo de un gobierno. Se evidencia a través de: I. El nivel de desarrollo y sostenimiento de la economía nacional principalmente porque esta condiciona las demás Políticas de Gobierno en el país. II. El nivel de productividad del país en función al desarrollo limitaciones de sus mercados o segmentos económicos focalizados. III. Las acciones de atención a la población, principalmente con la provisión de servicios públicos, conocida tradicionalmente como “Política Social”. 204 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS b) Registra un sello distintivo de la administración de turno. La priorización de algunas acciones o políticas de Gobierno respecto de otras constituye la referencia directa de cómo los Estados varían su manejo de la política interna. En el ámbito comparado, es posible detallar la variación de estos tipos de administración de un mismo país, como por ejemplo el evidenciado en los Estados Unidos a la salida del Presidente Barack Obama y el ingreso al poder de Donald Trump. Los cambios a nivel de la gestión fiscal (I), internacional (II), desarrollo y presencia militar (III), control migratorio (IV) y atención al problema del cambio climático (V) son referencias totalmente distintas entre ambos tipos de gobierno. Las circunstancias y situaciones que atraviesa cada gobierno de turno influyen de manera decisiva en las decisiones que se ejecuten en su país, sea por una acción directa o indirecta o por una acción positiva o negativa por parte de la política internacional de otro país, detallándose cada caso particularmente: a) Respecto de una acción directa, es posible citar los casos en los cuales la inversión económica de un país o un bloque económico influye en la dirección y gestión de la economía y política nacional de un país. En América Latina desde la década de los años noventa del siglo pasado la inversión China fue el motor del auge económico de la región, especialmente en Ecuador, Colombia, Brasil y Perú (Santiso, 2009). En la actualidad, Chile se suma a esta línea de acción porque formará parte del proyecto de construcción del tren transcontinental y del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda (Asia-Europa) a cargo de China, situación que permite observar que los gobiernos pueden coordinar alianzas económicas estratégicas pese a tener Políticas de Estado disímiles. 205 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO b) Respecto de una acción indirecta, la generación de nuevos bloques económicos o la asunción de Políticas de Estado de otros países puede incidir de modo indirecto a la Política de Estado y/o de Gobierno en un país. El resultado del fallo de la Haya en el caso plantado por Perú contra Chile por la demarcación marítima inconclusa a la finalización de la Guerra del Pacífico permite detallar que el gran afectado ha sido Bolivia, muy a pesar de que Perú y Chile no tenían propósito alguno de generar alguna reacción (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013). c) Respecto de una acción positiva, puede verse reflejada no sólo en el ámbito económico como en las situaciones de “acción directa”, sino también en el ámbito de las acciones políticas. Esto se puede observar en el contexto regional latinoamericano donde la mayoría de los países de la región se opone a la continuidad del gobierno de turno bajo. Sin embargo, el gobierno en Caracas cuenta con el apoyo de Moscú, factor que limita una posible intervención militar de los Estados Unidos de América. d) Respecto de una acción negativa es posible pronosticar la incidencia económica que se generará en el Perú a raíz de que China opte por desarrollar el tren transoceánico que unirá al Atlántico con el Pacífico, entre Brasil y Chile. Un efecto que incidirá en todos los demás esquemas de evaluación por cuanto el propio factor de la ubicación geopolítica de Perú ha sido relativizado por la estabilidad económica y de gobierno que registra Chile. 9. Políticas Públicas Son esquemas de trabajo de carácter programático que se diseñan de manera previa a la asunción del gobierno en el Estado y que desarrollan una acción formal en un determinado ámbito, razón por la cual está condicionada al control de los demás órganos constitucionales en el país. 206 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS De este modo, las Políticas Públicas identifican las acciones del Gobierno Nacional (Subirats, 2008) y se caracterizan por: a) Son planificadas en función a las condiciones del país, en mérito a proyecciones económicas o diagnósticos de geopolítica. b) Ser programáticas, en función a la complementariedad de temas y subtemas abordados en mérito a la intervención de toda la administración pública para su ejecución. c) Son dirigidas a atender necesidades especiales, principalmente vinculadas a la gestión pública, situación que complementa su condición preliminar de estudio y diseño (I) así como su control y seguimiento para evaluar si logra cumplir sus propósitos (II). d) No generan una condición negativa permanente en la apreciación política que desarrolla la población, principalmente porque estas Políticas Públicas procuran un objetivo no vinculante con el resultado. Por ejemplo, en países donde las Políticas Públicas (Cubides Cárdenas y Sierra Zamora, 2018, pp. 631-644) han provocado mercados bajo el control del Estado (I) y donde la dinamicidad del mismo se ha sujetado a condiciones políticas (II), la población no suele tener una acción crítica ante resultados macroeconómicos negativos en forma inmediata. Sin embargo, corresponde detallar que en los países donde las relaciones entre la población y la administración pública resultan vinculantes a nivel de control y fiscalización, la evaluación de las políticas públicas constituye un elemento muy importante para la vigencia de los valores democráticos (Bañón y Martínez, 2003). A nivel referencial, estas políticas tienen un esquema de vigencia temporal supeditado a los contextos de la realidad nacional del país. III. La relación entre el Gobierno-Estado y el contexto internacional Detallados los elementos con los cuales se desarrolla la gestión de un país, los Estados asumen una posición diferenciada cuando se relacionan 207 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO con otros países y por ello es necesario identificar algunos elementos teóricos referenciales: 10. La Política Internacional Identificada también como Política Exterior, hace referencia a las acciones que desarrolla un Estado en el ámbito internacional, respecto de otros actores y en función a lo que determine su Gobierno Nacional (Artaza y Ross, 2012, p. 855). De este modo, esta política está caracterizada por las siguientes condiciones que la delimitan y perfilan: a) Las condiciones establecidas en el contexto internacional, donde es posible detallar que las condiciones de naturaleza política, económica, comercial y cultural ya no constituyen esferas de acción autónomas entre sí. De este modo, es posible determinar el modo en el cual los Estados se comportarán en función de las acciones de otros actores internacionales, sobre la base de al cual es posible detallar algunas condiciones que describen a los Estados: I. Los Estados autónomos y con influencia política, económica y militar sobre otros Estados. Estados Unidos, China y Rusia son países que cuentan con estas características y muy a pesar de su incidencia económica, la Unión Europea no puede estar al mismo nivel de estos actores internacionales. II. Los Estados cuya influencia pueden determinar un nivel de variación de la política internacional. Países como Inglaterra, Alemania (Quesada, 2016, p. 152) o Francia si bien ya no cuentan con el perfil hegemónico a nivel mundial, mantienen condiciones que los convierten en un actor 208 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS internacional de referencia, más aún cuando intervienen en forma directa en las acciones que amplifica la Unión Europa. III. Los Estados influenciados por las políticas internacionales de países autónomos y con influencia política, económica y miliar. Caracterizados sobre todo por estar en un orden secundario y alterno a los intereses de los países a los cuales se vinculan de modo directo. Países sometidos a influencia de otro Estado. IV. Identifica a los países que teniendo una autonomía política y económica asumen una condición pasiva frente a la acción de otros países, sobre los cuales se desarrollan varios niveles de interacción. De este modo, es posible identificar: a) Países con registro político o económico colonial o bajo dominación política que no pueden desprenderse de la influencia de otro Estado. Nepal con respecto de China, es una referencia puntual (Upadhya, 2012). b) Países sujetos a un nivel de dependencia política con otro que les garantiza una condición especial. Puerto Rico y Las Islas Marianas del Norte son referencias de un Estado libre y Asociado a los Estados Unidos de América (Roman, 2014), condición que antes registraba Filipinas. c) Países sujetos a una dependencia económica absoluta o mayoritaria por parte de otro Estado, el cual permite al Gobierno Nacional del país dependiente, mantener una autonomía formal pero inestable respecto de su propia población. Pueden ubicarse referencias como: Cuba en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego con Venezuela bajo gobierno de Hugo Chávez. Puerto Rico cuando se inauguró el Canal de Panamá con respecto de los Estados Unidos de América. 209 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO V. Estados invisibilizados en la esfera internacional. Registran una característica que no provoca el interés de los otros países muy a pesar de registrarse hechos de violencia extrema, que puede ser a causa de las guerras civiles que se dan en su territorio (I) o por estar inmersos en una depresión económica que genera una pobreza extrema en su población (II). En este ámbito es posible ubicar a países como Haití en América y Eritrea, Somalia, Etiopía, Yibuti, Kenia Sudán del Sur y Uganda (Del Rio, 1993, p. 198). Respecto del caso del “Cuerno de África” es posible observar la variación de la Política Internacional de algunos países sobre esta región la cual está focalizada a la tutela de sus intereses económicos y no toma en cuenta la situación de la región. b) La Política de Estado que identifica líneas de acción como parte de su “interés nacional”. En particular para identificar la atención de sus necesidades de provisión de recursos (I) o su vinculación con otros Estados en el ámbito internacional (II). China, por ejemplo, en este ámbito ha desarrollado una línea de acción que ha procurado: I. Vincularse económicamente con países productores de algún commoditie. La relación con América Latina resulta ser el patrón que identifica este contexto. II. Relacionarse con países industrializados para generar tecnología que pueda desarrollar de modo autónomo. III. Posicionarse como un aliado estratégico ante otros países con influencia política, económica, comercial o militar. c) Una Política Exterior Supeditada a las condiciones establecidas en los puntos precedentes y a las acciones puntuales a nivel internacional que ejecute el Gobierno Nacional. 210 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS En este punto conviene reiterar las diferencias de tipos de gestión que ha desarrollado la Presidencia de los Estados Unidos de América, tanto en el Gobierno de Barack Obama como en el de Donald Trump. 11. La Geopolítica Término expandido sobre todo por Henry Kissinger, quien lo aplicó al análisis de los aspectos globales de las relaciones internacionales desarrollados por los Estados Unidos. Y ves Lacoste, en cambio genera un concepto mucho más preciso de la Geopolítica: “es una herramienta para continuar comprendiendo el mundo, que trata de las relaciones entre los fenómenos políticos y las configuraciones geográficas, a la vez físicas y humanas” (Lacoste, 1985, p. 41). De estos antecedentes teóricos, en los años noventa del siglo pasado se desarrolló la “geopolítica critica”, que “intentó abordar el estudio de la política mundial y, en particular, de los discursos geopolíticos desde una perspectiva postestructuralista (Agnew, 2005, p. Xii), principalmente a raíz de las acciones de gobierno de Ronald Reagan en la política mundial. En la actualidad, la geopolítica define la modernidad, por cuanto desarrolla una concepción del mundo como una sola entidad físico-política (Cubides Cárdenas, et al,2018, pp. 11-24) a pesar de las divisiones generadas por las interacciones entre los Estados (Agnew, 2005, p. 17). Lo descrito permite detallar e identificar al mundo como un único elemento de evaluación, motivo por el cual países como Estados Unidos, Rusia, China, India, el bloque de la Unión Europea, sobre todo, están evaluando una perspectiva que involucra acciones fuera de este planeta. La exploración espacial en este contexto ha dejado de lado la política de las Naciones Unidas sobre el acceso a recursos fuera de este planeta y está provocando una competencia poco usual: la inversión privada está casi al nivel de las acciones de ejecutan determinados Estados (BBC, 2019), sobre todo en el ámbito de la minera espacial (La Nación, 2019). 211 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 12. La Diplomacia Son líneas de acción de la política internacional determinados por un Gobierno Nacional, conforme detallada Isamel Moreno Pino (2001, p. 172), donde podemos identificar cuatro ámbitos de referencialidad en el modo en el cual un país despliega su diplomacia: a) La dirigida y ejercida por los Jefes de Estado. Usualmente vinculada a los aspectos generales de la política internacional del país. En este ámbito es posible hallar una subclasificación, detallada por Jorge Rivadeneyra Altamirano (1990): I. La diplomacia del dólar, la cual implica la influencia de la moneda norteamericana sobre la economía de un determinado país. Después de la II Guerra Mundial, el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa constituye la mejor referencia de este nivel de diplomacia (Agnew y Entrikin, 2004, p. 149). II. La diplomacia del manejo de petro-divisas. Vinculado a la estandarización de la economía mundial en función a la regulación del precio del petróleo como divisa (Giordano, 2002, p. 94). En contra de esta posición, en la actualidad se puede observar las acciones de China y Rusia para generar un comercio bilateral e internacional que no dependa del dólar (RT, 2019). III. La diplomacia de los portaviones, la cual es una muestra evidente de la posición de un país sobre otro país, al cual intimida. IV. La diplomacia del cañonero, en la cual la intimidación se complementa con una acción bélica. Una referencia específica a este punto es la “apertura de Japón al mundo”, la cual se ejecutó por una intervención diplomática-militar de varios países que generó las relaciones 212 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS internacionales de Japón con Estados Unidos (29/07/1858), Holanda (28/08/1858), Rusia (19/08/1858), Inglaterra (25/08/1858) y Francia (9/10/1858). El carácter diplomático de estas intervenciones y la secuencialidad de los Tratados de amistad y comercio suscritos por Japón en el mismo año permiten detallar que de no haber accedido a los requerimientos internacionales hubiera sido forzado a ello. b) La diplomacia dirigida por los Jefes de Gobierno. Vinculada a los aspectos técnicos que competen a la gestión de las políticas públicas internas que se vean influenciadas por el contexto internacional (Cubides- Cárdenas, et al, 2019, pp. 309-325). c) La diplomacia que despliega el Ministro de Relaciones Exteriores de un país, bajo dirección general del Jefe de Estado. Usualmente limitada a contextos específicos y a un margen discrecional dispuesto por el Jefe de Estado. d) La diplomacia ejecutada por el cuerpo diplomático desplegado en el extranjero. Un nivel de acción limitado a aspectos vinculados a la atención de las necesidades específicas o situaciones coyunturales, principalmente a raíz de la exigencia de los ciudadanos. Los trámites consulares se ubican en este ámbito. 13. El Derecho Internacional Humanitario Vinculado a la evaluación y reducción de los efectos negativos de un conflicto armado, que es sistematizado por Hortensia Posse quien detalla: “El derecho internacional humanitario es el fruto de un compromiso entre las exigencias de humanidad y los imperativos de la necesidad militar” (Posse, 2014, p. 10). 213 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 14. La Seguridad Nacional e Internacional Vinculado a la relación que surge de las políticas internacionales en el país a consecuencia de las relaciones diplomáticas o coyunturas especiales en función a cómo los Gobiernos Nacionales ejecutan sus políticas públicas tanto a nivel interno como a nivel internacional (De la Corte y Blanco, 2014). I. Las relaciones internacionales supeditadas a la variabilidad de los gobiernos en los Estados Con el cambio del régimen presidencial en los Estados Unidos, la política internacional ha sufrido un cambio radical, representado por los siguientes esquemas comparativos (Spencer, 2017): Tabla 2. Comparativo Entre el Regímenes Presidenciales Barack Obama Donald Trump Ponderación de la diplomacia y regulación de condiciones económicas frente a la intervención militar. Acciones militares intimidatorias en nivel superlativo frente a las acciones diplomáticas Vinculación con otros países para afrontar el cambio climático. Retiro de los Estados Unidos de todas las acciones diplomáticas internacionales para atender el cambio climàtico. Política progresiva de integración de los inmigrantes. Política de cierre de fronteras. Apertura de mercados y movilidad de productos con aranceles regulados con pocas restricciones. Control de las importancias, imposición de aranceles a productos de economías rivales y exigencia a las empresas norteamericanas de producir en el territorio nacional. Fuente: Spencer (2017). 214 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS Como se puede apreciar, los contextos son absolutamente diferentes y esto repercute tanto en la economía norteamericana como en el panorama económico mundial, donde los pronósticos pueden provocar situaciones de inestabilidad financiera en países con menor capacidad de autonomía política y económica. II. La perspectiva nacional que influenciará la política internacional en el mundo. Del análisis que se ha ejecutado, podemos apreciar que el contexto internacional siempre incide en un contexto nacional porque los Estados más poderosos a nivel mundial provocan los cambios y adaptabilidad de los demás Estados. En este contexto se pueden identificar situaciones adicionales que pueden provocar el quiebre y sostenibilidad de un Estado, y por ello se hace la siguiente representación: a) Países bajo influencia negativa por el cambio climático. En este ámbito se pueden identificar a los países de: I. Países Bajos. II. Maldivas. Países que se verán afectados por el incremento de las aguas de los océanos a raíz del cambio climático y que no pueden modificar las condiciones de vinculación de los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente. b) Países inviables, como Haití y los países ubicados en el “Cuerno de África”, los cuales, en función a su pobreza extrema y falta de recursos por ofrecer, no generan la expectativa de otros países por mantener una relación directa y sostenible. c) Países insostenibles por conflictos internos con registro de comunidades excluyentes entre sí. Estos países no logran superar la dicotomía en la manera de presentarse como una estructura nacional uniforme a nivel interno y su influencia en el ámbito internacional se limita a la propia 215 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO supervivencia de un Gobierno Nacional que mantiene pendiente la unidad del país. En este nivel están países como España (respecto de Cataluña), el Reino Unido (respecto de Escocia). Bélgica, respecto de Flandes y Valonia (EOM, 2019). La referencia de Yugoslavia y la guerra de los Balcanes en 1991 es la referencia inmediata de una disolución de un país, que dio paso al reconocimiento de nuevos países como Eslovenia, Croacia (en forma inicial) d) Países no sostenibles por conflictos internos con posiciones antagónicas excluyentes a nivel radical. Donde es posible ubicar el caso de Irak, respecto de los enfrentamientos entre kurdos, suníes y chiíes (Euronews, 2019), el caso de Libia a la muerte de Muammer Gadaffi y varios países africanos inmersos en guerras civiles, donde el registro de una autoridad nacional resulta insostenible en el tiempo. Como se podrá observar, dependiendo de las condiciones de cada país, el manejo de sus relaciones internacionales quedará supeditado a los márgenes de intereses y nivel de intervención que otros países puedan desarrollar. Los contextos globales ahora inciden en los Estados de una manera mucho más directa, haciendo un planeta mucho más corto de recursos y niveles de tolerancia y las diferencias se van amplificando entre los diferentes tipos de países y los Gobiernos Nacionales que no logran vincularse con el contexto internacional suelen generar consecuencias negativas. Conclusiones En el contexto actual, las relaciones internacionales se presentan como un elemento sustancial a las acciones de todo Gobierno Nacional y prueba de ello es el nivel de importancia que tienen en las líneas de 216 IDENTIFICANDO RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE ESTADOS EN FUNCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SUS GOBIERNOS acción de los Jefes de Estado, quienes deberán tener una lectura actualizada de las condiciones impuestas por otros países como también por la propia coyuntura política o económica del momento. De este modo, las relaciones internacionales han dejado de ser el elemento extraordinario de las Políticas de Estado de un país para convertirse en los elementos referenciales en los cuales se generan las acciones de planificación de las Políticas Públicas y Políticas de Gobierno que se establezcan. El universo se ha limitado y ante este nivel de situaciones se van generando nuevas características y condiciones en las cuales los Estados (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349-360) han optado por generar bloques económicos y/o políticos para poder garantizar un cierto nivel de soberanía y autonomía, afrontando de una mejor manera los nuevos tiempos. 217 CAPÍTULO VII LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA* Mayor Diego Fernando Cano Cuevas * Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina perteneciente al Grupo de Investigación Masa Crítica reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247. 219 Introducción La Ley 684 de 2001 “Por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras disposiciones” (2001), es una iniciativa con la que se esperaba el desarrollo del sector de la seguridad y defensa en el país; es así como se determina en el artículo 1° que el objeto de esta Ley es: Definir y conformar un Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que adecue efectiva y eficientemente los recursos con que cuenta el Estado, de conformidad con sus atribuciones, y de los ciudadanos, de conformidad con sus deberes constitucionales para asegurar razonablemente y en condiciones de igualdad, la seguridad y la defensa nacional. (Congreso de Colombia, 2001) Esta normatividad establece los parámetros que deben ser tenidos en cuenta en la asignación y desarrollo de las funciones de la Fuerza Pública en el país (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 1-149); por ende, influye directamente en los campos de acción en los que estas tareas son llevadas a cabo y que se convierten en los espacios por medio de los que las Fuerzas Armadas realizan su labor en beneficio de la seguridad y la defensa de quienes habitan el territorio nacional. Tomando como punto de partida lo anterior, los principales campos de acción establecidos por la Política de Seguridad y Defensa (Buitrago, 2006) “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”; la cual, encuentra su principal antecedente en la Ley 684 de 2001 “Por la cual se expiden normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras disposiciones” y determina como 221 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO los ámbitos en los que las Fuerzas Armadas de Colombia deben actuar a los siguientes: Disuasión y diplomacia para la Defensa y la Seguridad, control institucional del territorio, desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad y la institucionalidad para la defensa y la seguridad (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). En el presente capítulo, se determinan los principales campos de acción de la Política de Seguridad y Defensa “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” concernientes a las Fuerzas Armadas de Colombia; esto se realiza en cuatro apartados: • • • • Campos de acción atinentes a las Fuerzas Armadas en Colombia, sus antecedentes y la manera como las Fuerzas Armadas implementan estrategias y acciones en cada ámbito; las cuales, llevan a resultados positivos o negativos en cada uno de ellos. Campos de acción orientados al ámbito subregional y continental en Colombia, en el que se definen los convenios de seguridad y defensa internacionales relacionados con ellos y, los cuales, sientan los antecedentes y justifica el posicionamiento regional. Campos de acción en relación con el medio ambiente en Colombia, uno de los puntos más importantes teniendo en cuenta su relación con la inseguridad en el territorio nacional y la asignación de los recursos y ambientes naturales como activos estratégicos de Colombia. Campos de acción en el plano internacional, que establecen la importancia del trabajo coordinado a través del trabajo interagencial y de la vinculación del país a bloques internacionales como la OTAN, estrategia con la que el escenario nacional puede cambiar y con él, la participación y perspectiva del país en cuanto a misiones militares encaminadas a la defensa y la seguridad en el país. Por otro lado, entendiendo el rol que tiene la Política de Seguridad y Defensa sobre la labor de las Fuerzas Armadas Colombianas y la manera 222 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA como estas se desempeñan en cada uno de los ambientes mencionados anteriormente, se reconoce la necesidad de formular el siguiente interrogante: ¿De qué manera la Política de Defensa y Seguridad de Colombia influye en la labor que desempeñan las Fuerzas Armadas dentro de cada uno de los campos de acción establecidos por esta iniciativa gubernamental?; este cuestionamiento sirve como guía para encaminar la investigación que proporciona la información a exponer en este artículo; así mismo espera ser resuelto a lo largo de este escrito por medio de la información y análisis que aquí se plasma. La investigación que da paso a este capítulo responde a un objetivo general enfocado en identificar los campos de acción establecidos para las Fuerzas Armadas por la Política de Defensa y Seguridad actual; así mismo, espera ser desarrollado siguiendo los siguientes objetivos específicos: conocer los campos de acción atinentes a las Fuerzas Armadas de Colombia, analizar los campos de acción subregional y continental en Colombia, analizar los campos de acción concernientes al medio ambiente en el país y por último, repasar la injerencia que estos campos de acción tienen en el plano internacional. Finalmente, la metodología a emplear en el desarrollo de este capítulo, sigue un enfoque cualitativo que pretende estudiar los campos de acción de las Fuerzas Armadas a partir de la Política de Defensa y Seguridad en Colombia para el cuatrienio comprendido entre los años 2018 y 2022; el proceso del mismo es deductivo; es decir, lleva desde lo general representado en la política, hasta lo particular evidente en los campos de acción de la Fuerza Pública colombiana; los cuales, exponen un tipo de investigación descriptivo que se basa en una revisión documental a fuentes primarias como artículos de portales web, crónicas, estudios previos y la Política de Defensa y Seguridad “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”; lo que lleva a concluir diciendo que la técnica de investigación es el análisis, revisión de informes, observación de fenómenos y obtención de información relacionada con el tema. 223 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 1. Campos de Acción Atinentes a las Fuerzas Armadas A primera vista, para el común de las personas, hablar de Fuerzas Armadas (Posada, 1991, pp. 35-42) es referirse a grupos de personas que se preparan para participar en guerras o enfrentamientos armados resultantes de conflictos (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018) entre países o en combates entre grupos armados organizados y el Gobierno; esto lleva a pensar que, el campo de acción para estas instituciones se puede definir desde la intención con la que estas actúan; también, lleva a asimilar el campo de acción como el espacio en el que su labor tiene injerencia; lo que al final conduciría a concluir de una forma apresurada que, el campo de acción de las Fuerzas Armadas son los espacios en los que se ejercen las funciones de cada una de ellas y la intención con la que sus integrantes actúan; no obstante, esta es una afirmación a priori (Cubides Cárdenas, et al, 2018); por lo tanto, es imprescindible revisar la certeza de esta conclusión que surge a partir de un punto de vista subjetivo; lo que indica que la profundidad de este concepto puede ser lograda por medio de un análisis que demuestre los campos de acción de las Fuerzas Armadas de Colombia en diferentes ámbitos del contexto en el que se desenvuelven (Pachón, 2009). Para identificar y conocer el campo de acción de las Fuerzas Armadas nacionales, es importante tener claro cuál es el significado de este término, el cual, es mostrado por diferentes autores que exponen un punto diferente sobre el mismo; por ejemplo, Francisco Bijarro Hernández (2007) lo define desde un punto de vista investigativo, en el que lo presenta como: Es la parte de la realidad con la que se determina con quien voy a interactuar. Este responde al ¨QUE¨ y al ¨COMO¨ de la investigación, constituye esencia la del problema y del objeto dentro de los niveles de concreción. El campo de acción o materia de estudio es aquella parte del objeto conformado por el conjunto de aspectos, propiedades, relaciones que se abstraen del objeto en la actividad práctica del sujeto, con un objetivo 224 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA determinado con ciertas condiciones y situaciones (Bijarro Hernández, 2007). Otro punto de vista desglosa el término para posteriormente formar una definición propia; es así como se entiende que según la Real Academia de la Lengua (RAE), “campo” se relaciona con el terreno o espacio donde se ejercen ciertas prácticas (Real Academia Española de la Lengua, 2001); mientras que, la RAE define la “acción” en la guerra como la “intervención de alguna importancia”; desde un punto de vista personal, los dos significados anteriores llevan a reconocer que el campo de acción es el espacio en el que se tiene injerencia y por lo tanto, se ejecutan actos en búsqueda del cumplimiento de un objetivo. Comprender el significado de “campo de acción”, puede sentar las bases de un concepto que surge a partir de un pensamiento que conjuga la práctica con el entorno y los objetivos propuestos en diferentes campos, especialidades y comunidades; abre la posibilidad para aprender desde la experiencia y de esta manera formar un concepto propio sobre el campo de acción de una profesión; conclusión que desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas (Cubides Cárdenas- et al, 2017,pp. 256-283), demuestra que el campo de acción es diverso, que está compuesto por diferentes enfoques, orientados en su mayoría, a la defensa y seguridad en Colombia No obstante, el entorno, las especialidades y las acciones de las Fuerzas Armadas, están encaminadas al cumplimiento de objetivos gubernamentales (Sierra Zamora y Jiménez Barrera, 2019, pp. 1-14) incluidos dentro de las políticas de seguridad y defensa propuestos por los presidentes de turno (Cubides Cárdenas y Sierra Zamora, 2018, pp. 63-644), quienes establecen la hoja de ruta para cada una de las instituciones armadas del país y determinan las metas que estas deben cumplir con su labor dentro de los diferentes campos de acción que están relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Seguridad y Defensa basada en la disuasión (Departamento Nacional de Planeación, 2018); el cual, se enfoca en el campo militar, operacional, internacional, medio ambiental, de cooperación y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. 225 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Es así como se determinan los campos de acción de las Instituciones Armadas; por eso, en el año 2001, por medio de la Ley 684 del mismo año, se determinó quienes integraban el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional de la siguiente manera: Artículo 11. Conformación Del Sistema De Seguridad Y Defensa. El Sistema estará conformado por los siguientes organismos: a) La Presidencia de la República; b) El Congreso de la República; c) El Consejo Superior de la Judicatura; d) La Fiscalía General de la Nación; e) El Ministerio del Interior; f) El Ministerio de Relaciones Exteriores; g) Ministerio de Defensa Nacional; h) El Comando General de las Fuerzas Militares; i) El Ejército Nacional; j) La Armada Nacional; k) La Fuerza Aérea Colombiana; l) La Policía Nacional; m) Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. (Ministerio de Defensa Nacional & Gobierno de Colombia, 2019) Este apartado de la Ley evidencia la responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional; compromiso que se prolonga a pesar de los cambios de gobierno y, por ende, de políticas gubernamentales (Villanueva, 2013); es por eso que en el año 2016 se identifican dentro de los campos de acción de las Fuerzas Armadas colombianas a: la defensa nacional, seguridad pública, seguridad y convivencia ciudadana, gestión de riesgos y atención de desastres, contribución al desarrollo del país y la protección al medio 226 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA ambiente; los cuales se representan de la siguiente manera (Macías, 2016): • • • • • Defensa Nacional: Protección de la infraestructura y activos estratégicos del país por medio de la disuasión orientada a la protección de la seguridad y la defensa. Seguridad Pública: Deteriorar el poderío e impacto de los grupos armados organizados –GAO-, estructuras criminales y grupos residuales de las FARC que, después de la firma de los Acuerdos de la Habana, continúan delinquiendo y actúan afectando la seguridad y la defensa en el territorio nacional y fronteras. Gestión de Riesgos y Atención de Desastres: Fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para actuar ante circunstancias que afecten la seguridad e integridad de la población que habita el territorio nacional y que se encuentra en situación de vulnerabilidad como consecuencia de desastres naturales o catástrofes. Contribución al desarrollo del país: Utilizar los conocimientos que posee el personal militar en favor del desarrollo de las regiones y de la población colombiana; esto como parte de las buenas prácticas y de la implementación de estrategias con las que fomenten las actividades industriales y agrícolas que evidencien la construcción de un nuevo país a través de la defensa de la nación. Protección al medio ambiente y sus recursos: Aquí las capacidades del personal que conforma las Fuerzas Armadas son el activo más importante por cuanto, desde su misión, deben formular e implementar estrategias con las que protejan la biodiversidad del país en zonas como la Amazonía; garantizando los derechos de los colombianos y etnias que allí habitan. Cada uno de los campos de acción enunciados anteriormente demuestran que, en medio de un proceso de transición de la guerra a la paz, a las Fuerzas Armadas de Colombia no solo les atañe lo correspondiente a la violencia y enfrentamiento armado con grupos armados 227 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO organizados u otras estructuras delincuenciales (Romero Sánchez, et al, 2015); también les compete el fomento de acciones y trabajo conjunto con el que coadyuven en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales que deben estar alineados a las Políticas de Defensa y Seguridad y con ello, a las finalidades gubernamentales (Meny, et al, 1992). Es claro que los campos de acción de las Fuerzas Armadas pueden ser interpretados como un espacio importante para la proyección del país; aspecto que lleva a encontrar dentro de la Política de Defensa y Seguridad “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” (2019) cuatro campos de acción (Ver figura 1): disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad, control institucional del territorio, desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad y la institucionalidad para la defensa y la seguridad (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). Figura 1. Campos de Acción de la Política de Defensa y Seguridad 2018-2022 Disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad Garantía de la seguridad y la institucionalidad para la defensa y la seguridad PDS Desarticulación del crimen organizado Fuente: Elaboración propia. 228 Control institucional del territorio LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA Los campos de acción en esta iniciativa hacen parte de los principios de la propuesta gubernamental para la defensa y seguridad de la Nación; por lo tanto, son atinentes a las Fuerzas Armadas los siguientes: 2. Disuasión y diplomacia para la Defensa y la Seguridad La labor de las Fuerzas Armadas dentro de este campo de acción se concentra en la interoperabilidad, la lucha contra el terrorismo (Nieto, 2013) y conflictos asimétricos; esto se logra como bien los establece Guzmán y otros, a través de: La interoperabilidad en lo estratégico, operacional y táctico, para desarrollar operaciones conjuntas y combinadas y elevar su capacidad para enfrentar amenazas a la independencia, soberanía e integridad territorial de Colombia, al tiempo que participará en escenarios internacionales. (2019, p. 45) Dentro de esta misma política se establece como uno de los objetivos estratégicos “Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial” (Bartolomé, 2009, pp. 7-30); por lo tanto, las acciones y estrategias de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia se orientan a la seguridad fronteriza y protección de los intereses nacionales (Granada, 1998, pp. 14-15); dentro de ellos, la protección de la población en el territorio nacional y es así como dentro de este campo de acción se encuentran campañas como la promoción de la convivencia para la seguridad; el fortalecimiento de la atención humanitaria (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 164-188) que incluye la atención de riesgos; la reducción de la producción, tráfico y comercialización de drogas; la defensa de la frontera (Barbuto &Jong, 2019, pp. 35-66) a través del ataque a fenómenos que afectan a la población que vive en estas zonas del país y que resulta afectada por políticas de países vecinos como Venezuela, que en reiteradas ocasiones ha violado la soberanía nacional (Carrillo, 1995) con sobrevuelos de aeronaves militares sobre los puntos fronterizos. 229 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 3. Control institucional del territorio El gobierno nacional, apoyado por las diferentes instituciones estatales, implementa estrategias que contribuyen con la construcción de condiciones sostenibles de seguridad; en este campo de acción, la función de las Fuerzas Armadas (Sierra Zamora, et al, 2016) se evidencia a través de la interdependencia; la cual deberá ser materializada de la siguiente manera según Villegas (1969): El logro de los objetivos en seguridad y defensa nacional en los ámbitos físico y digital tiene una dependencia recíproca respecto al conjunto de políticas y estrategias que el Estado colombiano adopte en los diferentes ámbitos del poder nacional y que comprometen la acción unificada, al Estado como un todo y la integración de esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con el sector privado, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad. De acuerdo con lo anterior, uno de los campos de acción atinentes a las Fuerzas Armadas, demuestra la necesidad de su labor en la defensa de la soberanía por medio de las operaciones coordinadas entre Fuerzas Miliares y de Policía, instituciones con las que se defienden los intereses del gobierno nacional y con él, de empresarios y otros grupos sociales que influyen en el desarrollo y la sostenibilidad de la sociedad colombiana (García y Contreras, 2009, pp. 137-175). 4. Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana Aspectos como el aumento de hurtos a personas en los medios de transporte, casos de fleteo, la posibilidad de que la violencia llegue de nuevo a diferentes partes del territorio nacional por medio del accionar de disidencias de las FARC, del ELN y otros grupos armados organizados que delinquen en el país (Cubides Cárdenas, 2018, pp. 11-24), 230 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones como una estrategia con la que, las Fuerzas Armadas, desde su misionalidad, trabaja en procura de la seguridad ciudadana y la desarticulación de estas organizaciones criminales que afectan la seguridad y la percepción de seguridad de quien habita el territorio nacional (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349-360). En este campo de acción, la labor de las Fuerzas Armadas debe ser complementada por el compromiso ciudadano dirigido a la protección de los derechos individuales y colectivos y a la supervivencia de la Nación (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9); entonces, de acuerdo con las Política de Defensa y Seguridad, este campo de acción es atinente a las Fuerzas Armadas desde las perspectivas de la inhabilidad: “La Política busca afectar las condiciones que les permiten continuar delinquiendo, para conseguir resultados estructurales contra el crimen organizado y asegurar su desarticulación definitiva” (Cubides Cárdenas, et al, 2019, pp. 309-325); es decir, las Fuerzas Militares y de Policía encuentran en este campo de acción un espacio para implementar programas de participación ciudadana y otras estrategias operacionales y tácticas con las que logren desarticular organizaciones criminales; por ejemplo, Agamenón II, campaña militar y policial que se suma a la Operación Agamenón I y en la que desde el año 2017, las instituciones unen sus fuerzas, su personal y sus herramientas para desarticular al Clan del Golfo, agrupación armada dedicada al narcotráfico y a la financiación de grupos disidentes de las FARC y otras estructuras delincuenciales que actúan a lo largo del territorio nacional (Jefatura de Estado Mayor de Operaciones Ejército Nacional, 2016). Los resultados obtenidos hasta el año 2017 de la operación Agamenón II, que sirven como antecedente y punto de partida para la implementación de la Política de Defensa y Seguridad 2018 – 2022, son los siguientes: 231 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Figura 2. Resultados de la Operación Agamenón II (Disminución del No. de hombres en el Clan del Golfo) NÚMERO DE HOMBRES QUE INTEGRAN EL CLAN DEL GOLFO 2018 2017 1515 1958 Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de la Revista Ejército (Jefatura de Estado Mayor de Operaciones Ejército Nacional, s/f). La figura anterior muestra una disminución del 22,6% del pie de fuerza de esta estructura delincuencial (Jefatura de Estado Mayor de Operaciones Ejército Nacional, s/f); por lo tanto, el campo de acción atinente a las Fuerzas Armadas, que fue incluido dentro de la Política de Defensa y Seguridad del gobierno del Presidente Iván Duque, establece la continuación de estos resultados y con ello, la desarticulación del Clan del Golfo visto como una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana en el territorio nacional. 5. Institucionalidad para la Defensa y la Seguridad Este campo demuestra la preocupación gubernamental por un nuevo escenario de seguridad; en el que la evolución de las estructuras delincuenciales y su accionar se convierten en retos que necesitan de Fuerzas Armadas capaces e innovadoras (Díaz, et al, 2013, pp. 52-63), instituciones que fomentan el desarrollo tecnológico y científico para ir un paso delante de los grupos armados organizados y sus brazos armados a lo 232 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA largo del país; por eso, esta política vincula al campo de acción y a la labor de la Fuerza Pública dos conceptos básicos; el primero de ellos es “interagencial”, el cual atañe a la articulación de las Fuerzas Militares y de Policía con otros entes encargados de la protección, promoción y defensa de los intereses del Estado (Leal, 2003, pp. 14-15). La Política de Defensa y Seguridad lo establece así: Esta Política establece el marco de acción en el que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cumplirán sus responsabilidades constitucionales para garantizar la seguridad interior y exterior, pero en su ejecución estará articulada con las diferentes instituciones estatales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad y la comunidad internacional que, conforme a la Estrategia de Seguridad Nacional, convergen en la protección, promoción y defensa de los intereses nacionales. (Ministerio de Defensa Nacional y Gobierno de Colombia, 2019, p. 44) El segundo concepto, el de integridad, encuentra su principal enfoque en los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359-379) y el comportamiento ético de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes; aspectos que garantizan la eficacia de su accionar contra las estructuras criminales del país y la representación de la gobernabilidad en cualquier lugar del territorio nacional (Tertrais, 2008, p. 7); frente a este último término, cada una de las Fuerzas se ha preocupado por crear lineamientos que dirijan el comportamiento de los uniformados en el ejercicio de su labor, para que cada acción sea acorde con lo establecido para el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La implementación de este concepto dentro de las tareas que las Fuerzas Armadas efectúan dentro de este campo de acción, llevó al Ejército Nacional a presentar los Lineamientos de comando en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho operacional; este documento titulado Bicentenario, plasma la actualización de las herramientas jurídicas que armonizan el uso de la fuerza con los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (Salmón, 2004) y el derecho operacional (Espejo, 2019). 233 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 6. Campos de Acción orientados al ámbito subregional y continental El ámbito subregional y continental de los campos de acción establecidos dentro de la Política de Defensa y Seguridad (Alonso, 2001, pp. 197-240), corresponde a Suramérica y al Continente Americano respectivamente; esta región se vincula indirectamente con las iniciativas propuestas para cada campo de acción por parte del Gobierno nacional; pensar en qué ámbito incluido dentro de los principios de esta política hace parte del grupo orientado al ámbito subregional y continental, dirige la atención a los siguientes: 6.1. Disuasión y Diplomacia para la Defensa de la Seguridad En este campo, la diplomacia y el trabajo coordinado juegan un papel esencial cuando se trata de trabajar por la seguridad y la defensa de la soberanía nacional; al mismo tiempo, la capacidad estatal e institucional (Viñas, 2005) para conseguir estas alianzas se trasforman en estrategias que no solo refuerzan la seguridad del país; también la de la región y el continente; así lo determina el documento de la Política de Defensa y Seguridad cuando indica que uno de los puntos en los que deben trabajar dentro de este ámbito es la internacionalización de la seguridad: Internacionalizar. Diplomacia para la Defensa y la Seguridad como componente esencial de la Política Exterior del Gobierno Nacional, dirigida a fortalecer las alianzas estratégicas y la resolución pacífica de las controversias entre los Estados, al igual que a fomentar la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, en un contexto que reclama cada vez mayor coordinación estatal para responder a amenazas comunes en todos los espacios (físicos y digital). (Ministerio de Defensa Nacional y Gobierno de Colombia, 2019, p. 42) Es evidente que ante situaciones que amenazan la estabilidad del mismo y dentro de las que se cuentan delitos trasnacionales como el 234 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA narcotráfico (rutas, organizaciones delincuenciales y ciberseguridad) (Jaramillo, 2005, pp. 58-76), las coaliciones con países que tienen intereses en común con Colombia frente al desarrollo nacional y regional; también en la búsqueda de la integridad territorial que exalta la labor de Organismos Internacionales como la ONU, la OEA y la OTAN y de las Fuerzas Armadas en la labor de exportar las estrategias de seguridad nacional; por otro lado, este campo de acción también pretende atender los requerimientos relacionados con la resolución de controversias entre los Estados; esto con el fin de consolidar alianzas estratégicas con Estados que hacen parte del ámbito subregional y continental. 6.2. Institucionalidad para la Defensa y la Seguridad El cuarto campo de acción de la Política de Defensa y Seguridad del gobierno del presidente Duque, introduce el siguiente concepto: interagencial; este término aplicado a la realidad busca la integración de instituciones nacionales que trabajan por un mismo fin; no obstante, el alcance va más lejos cuando se entiende que, su objetivo también incluye a organizaciones internacionales que poseen las capacidades para trabajar en procura de formular e implementar estrategias que consigan la seguridad internacional a través del control o la eliminación de cualquier amenaza que afecte los intereses de las Naciones. Frente a estos dos campos de acción que conciernen a los ámbitos subregional y continental, las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia son participes desde la misión que constitucionalmente les fue asignada en los artículos 217 y 218 respectivamente (Ver figura 3): 235 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Figura 3. Misión Constitucional de las Fuerzas Armadas de Colombia ARTÍCULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (...) ARTÍCULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (...) Fuente: Elaboración propia con información tomada de la Constitución Política de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Tomando como punto de partida las responsabilidades constitucionales (artículos 217 y 218 de la Constitución Política de 1991), de las que la Política de Defensa y Seguridad habla en el campo de acción No.4, se entiende que, garantizar la seguridad de la mano de diferentes sectores del país y de la comunidad internacional, se convierte en una prioridad para la Presidencia de la República (Romero, 2004) y por ende, para las Fuerzas Armadas del país que, desde su misión y jurisdicción, contribuyen con la seguridad nacional y ciudadana. En la actualidad, existen diferentes convenios internacionales que, si bien no son de total injerencia de las Fuerzas Armadas colombianas, sí se relacionan con las misiones antes citadas y asignadas por la Ley máxima de la nación; es así como surgen los acuerdos en materia de seguridad re- 236 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA gional y continental; entre ellos se encuentran los Convenios de Cooperación Sur- Sur que contienen los puntos de Cooperación Internacional en Seguridad Integral, el cual se describe de la siguiente manera: El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha implementó la Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral de Colombia, con el objetivo de aumentar al máximo la efectividad en la lucha contra la delincuencia trasnacional organizada. (Cancillería de la República de Colombia, 2018) La cooperación Sur-Sur se contempla como una de las prioridades preliminares para la Cancillería en el periodo presidencial entre 2018 y 2022; es por este motivo que se mantiene el liderazgo en la implementación de la estrategia de cooperación con Centro América, el Caribe, Suramérica y África que surge a partir de los resultados obtenidos de un plan de trabajo que se desarrolló en cuatro fases: diagnóstico compartido, planeación, implementación y seguimiento de problemáticas relacionadas con los delitos trasnacionales (Cancilleria de la República de Colombia, 2018). Otros Tratados que atañen a las Fuerzas Armadas y su misionalidad, y que, además, son concernientes a la disuasión y diplomacia para la defensa de la seguridad; dentro de ellos se encuentran: El Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y el Instrumento Internacional de Rastreo y otros Protocolos de seguridad y medidas de protección contra armas (Cancillería de la República de Colombia, 2019). La prevención del delito también hace parte de los campos de acción orientados ámbito subregional y continental; por eso, dentro de estas alianzas se encuentran: La lucha contra la trata de personas, contra el tráfico de migrantes, contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transaccional, ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo (Cancilleria de la República de Colombia, s/f). De acuerdo con lo anterior, la participación de las Fuerzas Armadas dentro de la implementación de la Política de Defensa y Seguridad 237 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO –PDS-, se da a partir del cumplimiento de la misión y mandato constitucional; así mismo, en la contribución que por medio de las campañas institucionales proveen a las metas y objetivos del gobierno nacional estrategias con las que obtienen una participación en misiones regionales y continentales que se encaminan a la búsqueda de resultados favorables para los dos campos de acción aplicables a los ámbitos regional y continental. Finalmente, según la Política de Defensa y Seguridad explica que, los campos de acción de las Fuerzas Armadas y el alcance de su accionar dentro de los mismos, nace del reconocimiento de Colombia como un líder regional en aspectos como la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia; esto ha llevado a que los conocimientos y capacidades de las Fuerzas Armadas sean exportadas a diferentes países como México; en donde el flagelo del narcotráfico toma fuerza y con él, la inseguridad para los ciudadanos y el continente mismo; puesto que, este país sirve como puente para conectar a diferentes organizaciones con sus clientes en Norteamérica, lo que aumenta el problema y deriva otras situaciones que afectan la labor de las Fuerzas Armadas en zonas con presencia de alguno de los delitos trasnacionales que se expanden hasta la subregión y otros países del continente. 7. Campos de Acción en relación con el Medio Ambiente A primera vista, la seguridad y el medio ambiente podrían parecer temas diferentes y distantes; que no coinciden en ningún momento y, además, que no inciden entre sí o en el bienestar de la población que habita el territorio colombiano; sin embargo, la Política de Defensa y Seguridad muestra una perspectiva diferente por cuanto, esta iniciativa gubernamental considera que el agua, la biodiversidad y el medio ambiente hacen parte de los intereses nacionales, lo que convierte al medio ambiente y sus componentes en un “activo estratégico de la Nación”; esto cuando existe la posibilidad de confrontaciones entre países por su 238 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA control en un momento de escases (Ministerio de Defensa Nacional y Gobierno de Colombia, 2019). El medio ambiente dentro de la Política de Defensa y Seguridad – PDS- demuestra la ampliación de la perspectiva de seguridad en el país; evidencia que las amenazas no solo provienen de las estructuras criminales y las economías ilícitas, este problema llega más lejos, tiene un alcance que afecta los intereses nacionales; es decir, al medio ambiente también; es por esta razón que dentro del texto de la PDS se determina para las Fuerzas Armadas la siguiente misión: A las Fuerzas Militares corresponde la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Policía, por su parte, debe mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. (2019, p. 10) Dentro de esta disposición, se explica que hablar de seguridad no solo incluye a los componentes militares y policiales; también, encierra la garantía de los derechos de los ciudadanos, esto incluye los derechos ligados al medio ambiente; es así como se determina que los campos de acción en relación con el medio ambiente son los siguientes: 8. Disuasión y Diplomacia para la Defensa y la Seguridad Desde este campo de acción, la relación se encuentra en el ejercicio de la inhibición; que responde a la necesidad de crear: Alianzas con países con intereses comunes y desarrollo y mantenimiento de capacidades militares suficientes para una disuasión creíble que inhiba, impida y haga desistir a cualquier factor potencial de perturbación de la independencia, la integridad territorial y la soberanía del Estado colombiano. (2019, p. 42) 239 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO El campo de acción “disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad” aplica en problemáticas como la deforestación de la Amazonía, problema que fue reconocido en el año 2013 por el Banco de la República que emitió un informe en el que se mostraba que existía una intervención a los bosques amazónicos con el fin de abrir espacios propicios para la ganadería, actividad económica que estaba tomando fuerza en la región (Muñoz Parra, 2016); no obstante, esta problemática se tornó en una situación más grave cuando se reconoció que en el año 2017 124.000 hectáreas de bosques ubicados en la Amazonía habían sido talados (Morales, 2017) (Ver figura 4). Estas cifras muestran un panorama diferente para uno de los intereses nacionales y uno de los activos estratégicos de la Nación de acuerdo con la PDS; entonces, es allí cuando el campo de acción de las Fuerzas Armadas se hace imprescindible para la intervención de este fenómeno. A través de la intervención del problema para garantizar la soberanía y el ejercicio de los derechos de las etnias y otras minorías que habitan esta región, la ejecución de las funciones de las Fuerzas Armadas son visibles en este ámbito, que, pretende mostrar la soberanía del gobierno nacional en territorios presuntamente olvidados y en los que se está sufriendo las consecuencias de un nuevo fenómeno negativo representado en el aumento de la tala de árboles que son llevados a la frontera con Perú y desde allí ser exportados a otros países del mundo y del cual se desprenden otras situaciones como la presencia de estructuras delincuenciales que sirven como apoyo para el transporte ilegal de esta madera o ven en esta actividad ilegal una oportunidad para extorsionar a los comerciantes ilegales y población que vive de esta actividad ilícita (Flórez & Calle, 2018). 9. Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana Este es otro campo de acción relacionado con el medio ambiente; en el cual, se convierte en prioridad: 240 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA La transformación de las amenazas internas, transnacionales, tradicionales y contemporáneas exigen de renovadas capacidades de inteligencia para anticipar, prevenir y contribuir a su neutralización con el propósito de garantizar la protección de los intereses nacionales y los derechos de los colombianos. (Ministerio de Defensa Nacional y Gobierno de Colombia, 2019, pp. 44-45) El tercer campo de acción descrito en la Política de Defensa y Seguridad –PDS- 2018-2022, muestra que las Fuerzas Armadas, dentro de este ámbito, desempeñan un rol relacionado con la defensa y protección de los derechos de los colombianos y otros habitantes del país, y de los intereses de la Nación; propósito que encuentra un alto grado de coherencia con la misión de las Fuerzas Militares y de Policía en Colombia, argumentando su injerencia en este campo de acción que está estrechamente relacionado con el medio ambiente y su protección como una forma de garantizar la soberanía, la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los intereses establecidos dentro de la Política de Defensa y Seguridad –PDS–. Por otro lado, y como se mencionó antes, el medio ambiente se convirtió en un activo estratégico que hace parte de las preocupaciones nacionales ante la posibilidad de acabarse y convertirse en el motivo de enfrentamientos nacionales e internacionales que surgen a partir de la necesidad de controlar los pocos recursos que queden; por lo tanto, es deber de las Fuerzas Armadas colombianas intervenir por medio de este campo de acción en situaciones como la tala de árboles, ejemplo que sirvió para explicar el campo de acción anterior y que continúa siendo una muestra para entender que, la misionalidad de cada una de las instituciones castrenses del país está alineada con la Política de Defensa y Seguridad. En el caso de la tala ilegal de árboles en la Amazonía y de la creciente deforestación en la zona para fines de la economía ilegal, el campo de acción de las Fuerzas Armadas es claro, es aquel que se enfoca en la defensa de la soberanía para hacer presencia estatal y desde su misión, ejecutar acciones con las que satisfacen las necesidades en materia de seguridad en la región, de esta manera fomentan el comercio legal y estrategias que disminuyen la pobreza y la fuerza de los Grupos Armados Organiza- 241 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO dos –GAO- que encuentran en este procedimiento de comercialización, una fuente de financiación continua y estable; además, neutralizan un fenómeno que atañe a uno de los intereses nacionales más importante, que al mismo tiempo, se relaciona con los derechos fundamentales que constitucionalmente son asignados a cada colombiano. 10. Campos de acción en el plano internacional El plano internacional, desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, ha enfrentado un proceso de transformación en los últimos días; es así como toma importancia la adhesión de Colombia a la Organización del Tratado Atlántico Norte –OTAN55-, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2018 en Bruselas, Bélgica, luego de un proceso de acercamiento que inicia desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y se consolido con el gobierno de Juan Manuel Santos; en este suceso, el papel de las Fuerzas Armadas es, tal vez, trascendental por cuanto se convierten en beneficiarios de esta adhesión y también en los responsables de la materialización de los principios y del conocimiento sobre innovación y modernización de las instituciones para que sean reconocidas en la región y en el mundo como aliados estratégicos capaces de transmitir capacidades e instrucción sobre la manera cómo enfrentar el conflicto armado interno y la amenazas externas en una conflicto que duro aproximadamente 60 años (Guerrero Guerrero, 2018). El acuerdo del que las Fuerzas Armadas recibirán beneficios como el acceso de cada una de las instituciones a una cartera de capacitaciones y entrenamientos propios de la OTAN en los países miembro, muestran un panorama diferente de los campos de acción que se relacionan con el plano internacional, el cual se caracteriza por abrir las puertas a las Fuerzas Armadas a la preparación de la Fuerza Pública (Schultze Kraft, 2012, pp. 405-433) en aspectos que distan de la guerra y que incluyen los 55 Alianza política y militar que pretende “garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares”, siguiendo los principios de la defensa colectiva en la que el ataque a uno de los miembros significa el ataque a la Organización completa, promoviendo la cooperación internacional desde la defensa y la seguridad (OTAN/NATO, s/f). 242 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA desastres naturales, la ciberdefensa, la gestión de riesgos, el desminado humanitario, entre otras (France 24, 2018); modernizando a las Fuerzas Militares y preparándolas para un escenario diferente en que el conflicto puede prologarse con mayor tecnología e innovación. Teniendo en cuenta el nuevo panorama de las Fuerzas Armadas ante la adhesión de Colombia a la OTAN y la necesidad de prepararse para enfrentar los cambios de un escenario que retoma en cierta medida la violencia y el terrorismo que se esperaba desapareciera con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, se determina que los campos de acción relacionados con el plano internacional, las funciones de las Fuerzas Armadas en un escenario diferente y la propuesta de gobierno del Presidente Duque, Comandante de las Fuerzas Armadas son: Disuasión y Diplomacia para La Defensa y La Seguridad Como ya se ha hablado a lo largo de este texto, este campo de acción se relaciona con el establecimiento de alianzas para la cooperación internacional direccionada a la recuperación y mantenimiento de la seguridad y la eliminación de confrontaciones entre los Estados; no obstante, es necesario afirmar que, su relación con el plano internacional y con las Fuerzas Armadas se encuentra en la necesidad de un trabajo coordinado entre instituciones armadas de diferentes países para contrarrestar los efectos de delitos trasnacionales y cualquier amenaza que evolucione y ponga en riesgo la seguridad del territorio y los propósitos de la Política Exterior y de la Política de Defensa y Seguridad –PDS– del actual gobierno, cumpliendo con lo que este último documento anuncia: Se buscará integrar esfuerzos y capacidades con Estados aliados para la generación de medidas de confianza, la contribución a la paz y seguridad internacionales, la exportación de los avances de seguridad alcanzados en Colombia y el mantenimiento y desarrollo de capacidades. (Ministerio de Defensa Nacional y Gobierno de Colombia, 2019). Institucionalidad para La Defensa y La Seguridad. Aquí entra nuevamente en juego el concepto de “interagencial” explicado en otros apartados de este texto; pero esta vez, muestra un punto de vista diferente en el que evidencia que las Fuerzas Armadas 243 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO deben valerse del apoyo de la comunidad internacional para asegurar el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y, por ende, de su misión constitucional y de los propósitos impuestos a través de esta Política de Defensa y Seguridad a cada una de las instituciones militares y de policía. En este campo de acción, de acuerdo con la Política de Defensa y Seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas se resume en los siguientes puntos: Participación en misiones internacionales y de paz que defiendan los intereses del Estado con Organismos Internacionales (ONU y OTAN). Fortalecimiento de la cooperación y exportación de conocimientos y capacidades Convertirse en instituciones líderes en la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades Contribuir con la seguridad internacional vista como una de las prioridades para Colombia. Es claro que, este campo de acción indiscutiblemente relaciona la PDS con la política exterior y atañe a las Fuerzas Armadas aunque no represente confrontaciones armadas o violencia, si pone de manifiesto a la modernización y competitividad de las Fuerzas como las herramientas apropiadas para ser parte del campo de acción relacionado con el plano internacional, en el cual, los Derechos Humanos y la internacionalización del conocimiento se convierten en factores determinantes a la hora de medir la efectividad de la labor de Fuerzas Militares y de Policía. Conclusiones Hablar de los principales campos de acción vistos desde la óptica de la Política de Defensa y Seguridad y de la Política Exterior de la Nación, conduce a un proceso de análisis en el que además de comparar las prioridades de las políticas implementadas en años anteriores, hace ver la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en diferentes 244 LOS PRINCIPALES CAMPOS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA contextos lejanos de la guerra o el conflicto armado. Conocer cada uno de los campos de acción vinculados a los principios de la Política de Defensa y Seguridad de Colombia para el periodo comprendido entre 2018 y 2022 y revisar el papel de las Fuerzas Armadas en su implementación, demuestran el liderazgo que cada una de ellas ejerce dentro de su jurisdicción y en el ejercicio de su labor, la misma que debe alinearse a los mandatos gubernamentales y adaptarse a la realidad en la que es aplicada. Para finalizar, aunque existan cuatro campos de acción dentro de la Política de Defensa y Seguridad –PDS–, es indiscutible que cada uno de ellos fue formulado teniendo en cuenta estudios previos que disminuyen las líneas de acción del año 2016, pero continúan cubriendo cada uno de los intereses del país y de la Región, dos espacios en los que entender el rol de las Fuerzas Armadas se convierte en una ventaja para el país y el cumplimiento de los objetivos relacionados con la defensa de la soberanía, el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo de la población que habita el territorio nacional. 245 CAPÍTULO VIII MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA* Paola Alexandra Sierra-Zamora Tania Lucia Fonseca Ortiz Jean Carlo Mejía Azuero * Capítulo de libro que expone resultados del proyecto de investigación titulado: “Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques interdisciplinarios – FASE II”, que forma parte de la línea de investigación Fundamentación e Implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia, reconocido y categorizado como Tipo A1 por COLCIENCIAS y registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Universidad Católica de Colombia (CISJUC), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS. 247 Introducción El sistema jurídico colombiano siempre ha velado por la integración y regulación de todos los fenómenos sociales, con el fin de atender a las necesidades de la amalgama de ciudadanos que día a día se enfrentas a problemáticas que impiden la pacifica coexistencia, situación que requiere siempre de un amparo estatal, de esta manera, se hace necesaria la integración de todos los sectores sociales al momento de crear o proponer leyes, como es el caso del proyecto de Ley de Seguridad y Defensa, con el cual se pretende eliminar el vacío que existe desde el año 2002, cuando la Corte Constitucional decidió declarar inexequible todo su contenido por ser contrario a la Constitución Política de Colombia, circunstancia que evitó el desarrollo de la ley, no obstante, Colombia solo cuenta con políticas públicas que cada gobierno decide implementar con el fin de estructurar un conducto regular, por el cual se rijan las Fuerzas Públicas como principales garantes de la seguridad y defensa nacional. Es evidente que las políticas públicas poseen una importancia relevante, pero, aun así, no son la herramienta idónea en cuanto a estructuración legal para poder regular un asunto de tanta importancia para el país; lo que obliga a que necesariamente exista una ley que pueda construirse con pilares y principios propios de la seguridad, pero con base en la actualidad, puesto que, de nada servirá la existencia de una ley que no servirá en ningún momento para contrarrestar los fenómenos que crecen y se transforman, en este sentido, se podrá especificar que, según, Silva (2009): 249 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO La seguridad nacional de Colombia, desde las operaciones contra las “repúblicas independientes”, ha estado delimitada y determinada por el accionar de grupos al margen de la ley, especialmente las guerrillas marxistas como las FARC y el ELN, como organizaciones que buscan desestabilizar el Estado colombiano. (p. 289) Así pues, al hablar de actualidad es sin duda necesario analizar el pasado del conflicto armado, así como el presente del postconflicto, siendo retos ineludibles para la seguridad y la defensa de Colombia. En el presente capítulo se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación en la que se estructura el análisis explorativo, descriptivo y propositivo; utilizando el método sintético de investigación, así pues, se cuestiona: ¿Es necesaria una reestructuración del proyecto de ley de seguridad y defensa con el fin de que este se permee de las dinámicas sociales en a las que se enfrenta el Estado colombiano en la actualidad?, para solucionarla, se estructuran tres ejes temáticos los cuales se distribuyen, primero por develar cuáles son los propósitos de la reforma a la Ley de Seguridad y Defensa exponiendo su importancia fundamental; en segunda medida, se expondrán las áreas particulares en las que la modernización de la ley deberá basarse con el fin de responder a la sociedad y su dinámica cambiante; por último, se abordará al postconflicto como un punto focal el proyecto de Ley de Seguridad y Defensa, puesto que, este proceso aún continua en desarrollo por lo que no se puede dejar de analizar. 1. Propósitos de La Reforma La imperiosa necesidad de modernización de la Ley de Seguridad y Defensa, así como su reestructuración, se fundamenta en las actuales dinámicas propias de cualquier sociedad en las que se enmarca el Estado colombiano, en sus características culturales, sociales y económicas (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 164-188), así como en los resultados de procesos extensos en los que el ámbito de la seguridad y la defensa cobran un papel apical, tanto en la concretización, como en desarrollo 250 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA de los mismos, situación que amerita una solidez normativa, así como de una integración clara de todos los sectores que deben vincularse de acuerdo a sus necesidades (Cubides Cárdenas, 2017, pp. 1-149). Por consiguiente, se hace importante aclarar de manera minuciosa, cada uno de los propósitos que debería tener una inminente reforma, con el fin de que en ella se logren satisfacer las necesidades que la secundan, y así evitar la prolongación innecesaria de sus evidentes falencias. En primera medida, se debe estructurar una ley delimitada bajo el marco jurídico de la Constitución Política de Colombia de 1991 (en adelante CP), en la cual, se armonice lo contenido en la carta política con lo preceptuado normativamente, en aras de crear una integración jurídica armónica y coherente que logre complementarse, teniendo como precepto principal el artículo 2 de la CP, en el cual, se establece que: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En consecuencia, se determina que es imprescindible la existencia de una integración entre las exigencias propias de una nación tales como la protección eficaz de cada ciudadano, la salvaguardia y participación de la comunidad en todos los ámbitos, así como propender por el correcto funcionamiento de la protección a los derechos que le asisten a cada individuo (Sierra Zamora y Cubides Cárdenas, 2018), como lo sería el derecho a la seguridad personal, concebido como la preservación efectiva de los derechos a la libertad y a la vida (Sierra Zamora y Jiménez Barrera, 2019, pp. 1-14); este posee un desarrollo jurisprudencial en el cual se determina que no solo posee aplicabilidad en circunstancias de vulneración de libertades individuales, sino también lo será proyecta251 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO do desde tres dimensiones específicas, tales como: valor constitucional, derecho colectivo y derecho fundamental (Corte Constitucional, 2014), evidenciando que, el Estado se encuentra en el deber de garantizar que el mencionado derecho permanezca protegido a pesar de las contravenciones en cuestiones de seguridad en las que pueda verse la sociedad, por lo tanto, se haya imprescindible que la construcción normativa se vea permeada por cada uno de los aspectos mencionados, procurando por una coordinación en lo textualmente concebido y lo materialmente ejecutado. Como segundo propósito será necesario lograr interrelacionar el propuesto articulado de la ley con las políticas públicas en materia de seguridad y defensa, entendiendo que: La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada. (Ministerio de Defensa, 2003) En efecto, las políticas públicas que se han desarrollado están centradas desde su contenido en direccionar los deberes del Estado (Romero Sánchez, et al, 2015), por medio de la defensa ejercida por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, siempre siguiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional. La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder. La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad. (Ministerio de Defensa, 2003) Del mismo modo, cordinando así, un planeamiento estratégico que permite integrar a todos los posibles actores cuya intervención es necesa252 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA ria, de esta forma, se hace evidente que estas políticas a pesar de poseer una estructura sólida, requieren de una relación normativa (Cubides Cárdenas, et al, 2018), por ello se hace necesario que la propuesta Ley de Seguridad y Defensa sea el instrumento jurídico que las solidifique y logre que estas adquieran una relevancia significativa, en búsqueda de una vinculación estratégica, así como de una complementariedad que procurará un correcto funcionamiento de todas las herramientas con las que cuenta Colombia y de un desarrollo exitoso de las mismas (Cubides Cárdenas y Sierra Zamora, 2018, pp. 631-644). Cabe resaltar que, estas políticas públicas (Rodríguez, 2018) no solo deben vincularse en la modernización de la ley, sino también, deben servir de arquetipo para su necesaria reestructuración entendiendo que son el único referente que se encuentra edificado y actualmente vigente en lo que a seguridad y defensa se refiere, por lo cual, su utilidad se desprende del hecho que dichas políticas, se encuentran enmarcadas por las diversas situaciones en las que se ve enfrentado el Estado, en procura de garantizar la seguridad de los ciudadanos (Cubides Cárdenas, et al, 2019, pp. 309-325) y de esta manera, el empalme con la ley hará que en su construcción se incluya al contexto actual del país así, como sus retos y urgentes asuntos (Cubides Cárdenas, et al, 2018, pp. 11-24). Como lo manifiestan Morales y Tickener (2019): Desconocer esta realidad puede generar aún más dificultades que las ya existentes, dado que todos los esfuerzos de reforma se pueden quedar en el papel al no coordinar de manera efectiva y eficiente las políticas nacionales con las realidades locales. Igualmente, las apuestas por democratizar el diseño y la toma de decisiones en política pública, incluyendo el campo de la seguridad, se pueden ver afectadas si no se aborda de manera sería el nexo entre lo local, lo regional y lo nacional. (p. 7) En consecuencia, el problema radica en la uniprocedencia de la construcción de las políticas públicas respecto a seguridad y defensa, ya que, no se está logrando una participación en la toma de decisiones, ni mucho menos, se está asistiendo estratégicamente a las realidades actuales (Sierra Zamora, et al, 2016), por el hecho de no tener una comunicación 253 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO articulada entre todos los sectores que pueden observar y determinar los fenómenos que transforman o nacen con el pasar de los días. Ahora bien, y según como lo exponen Ardila y Cubides Cárdenas, (2017): Colombia actualmente atraviesa un momento coyuntural en su historia y es preciso que de ahora en adelante las políticas públicas que se formulen se adecúen al nuevo escenario de postacuerdos. Especialmente en los campos de seguridad y defensa, ya que estos son primordiales para el desarrollo del país porque el desarrollo y la seguridad están estrechamente ligados. (p. 36) Por tal motivo, los desafíos que emergen de las nuevas circunstancias que asisten al pueblo colombiano deben ser contrarrestados con una solidez estructural, que solo se obtiene si se determinan los principios y el alcance de estos, en lo que corresponde al desarrollo de las funciones de la fuerza pública (Sierra Zamora, et al, 2018, pp. 349-360), así como de las demás autoridades con el fin de cubrir todos los fenómenos ya sean económicos, políticos o culturales. Seguidamente, el tercer propósito que deberá tener la reestructuración de la ley será la integración de derechos, pero no solo como conceptos, estos tendrán que ser garantizados al menos en su desarrollo mínimo con el fin de robustecer la protección que se deriva naturalmente en el ámbito de la seguridad (Cubides Cárdenas, et al, 2017, pp. 256-283) a cada individuo y su colectivo, así como a la defensa de los intereses del Estado y los de la comunidad. Para este propósito, es de suma importancia contemplar los estándares mínimos de cada derecho a nivel interno, como también lo es contemplar los estándares a nivel internacional, puesto que, al propugnar por la integración de derechos en una ley de esta índole es esencial la compatibilidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia (Sierra Zamora, 2018, pp. 3-9). El analizado proyecto de ley intenta incorporar derechos colectivos (Sierra Zamora, et al, 2019, pp. 359-379) y de medio ambiente, sin más que con la simple enunciación de ellos, circunstancia que genera un sin número de ambigüedades que deben intentar minimizarse, de esta manera, es ineludible encaminar dicha incorporación con adecuación a 254 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA los textos internacionales que han sido legalmente ratificados en el país, permitiendo así que no exista un vacío, ni mucho menos un abismo de protección de estos derechos. Por ello, es útil entender la génesis de estos derechos, y cómo estos poseen una gran utilidad en la creación de nuevas estructuras para la Ley de Seguridad y Defensa, bajo ese entendiendo: Los derechos colectivos, también denominados derechos de tercera generación, son la expresión más clara de la evolución histórica y de las luchas por el reconocimiento de los derechos humanos ad-portas de un nuevo milenio. Entre estos derechos se destacan, el derecho a un ambiente sano, los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, los derechos de los consumidores y los derechos de las minorías étnicas. Todos ellos responden a nuevas exigencias éticas pues tienen como fundamento el principio de solidaridad entre los hombres y los pueblos; se caracterizan igualmente por la doble titularidad (personal y colectiva) en su ejercicio, su nota principal es el énfasis que tiene el aspecto preventivo frente a su vulneración y el carácter eminentemente participativo de su ejercicio. Son además derechos que exigen un cambio de mentalidad en las organizaciones sociales, en la ciudadanía en general y en los servidores públicos para poder garantizar su promoción y defensa. (Londoño, 1999) Por consiguiente, estos derechos necesitan de una incorporación en la cual se garantice su desarrollo y ejercicio de acuerdo a la situación en concreto, ya que, no siempre el goce de los derechos colectivos (Mosquera e Hinestroza, 2017, pp. 188-202) puede ser delimitado objetivamente, se hace necesaria su valorización desde una postura subjetiva que atienda a la situación propia de cada ciudadano y su comunidad, logrando así que todas las garantías que le asisten a los ciudadanos sean efectivamente especificadas, en cuanto a su territorio como en los problemas que obstaculizan el normal desempeño de estos. En cuanto a la adecuación necesaria de los derechos, en cuestión del ámbito internacional, es destacable como uno de los tratados que centraliza sus disposiciones en derechos de tercera generación, el Acuerdo Marco de Cooperación (Cervini, 2000) entre la Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, la República 255 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República de Venezuela de 1998, en el cual, logra evidenciarse que una protección a un derecho colectivo como lo es el derecho al medio ambiente, de esta manera, en el Acuerdo Marco (1998) se especifica que: “La amplitud de la cooperación estará en función de la voluntad de las Partes, que seleccionarán en común los ámbitos considerados prioritarios. Entre éstos figurarán especialmente: la protección y mejora del medio ambiente…” De esta manera, la vinculación de los derechos de tercera generación en la propuesta de la Ley de Seguridad y Defensa debe comprometerse con el diseño de una protección encaminada a cumplir con todos los presupuestos que contiene cada derecho realizando una vinculación con el sistema jurídico interno, así como con los textos internacionales que contiene postulados para cada derecho en estricto sentido. Por último, otro de los propósitos que debe tener la reforma de esta ley, será la importancia de la misma para el gobierno, a pesar que este no es el legislador en estricto sentido, el gobierno debe procurar por la existencia de la misma, ya que, es prioritaria para la conducción armónica del mandato, tanto como para la unión con las directrices que fundamentan las actividades del poder ejecutivo, a pesar de la necesaria separación de poderes es imprescindible que las funciones de cada sector se vean direccionadas a un fin prioritario, que de cara a las condiciones actuales del país esa dirección sea totalmente clara, en aras de proporcionar una verdadera garantía de seguridad a todo el conglomerado social. Así pues, como lo exponen Cubides y Ramírez (2018): En este sentido los pactos normativos son esenciales para que una sociedad pueda ser protegida y el individuo, pueda cobrar respeto no en un papel como vigilante sino como un actor que puede generar una seguridad al entorno de las demás personas. Este particular significado, busca la protección al ciudadano, garantizando sus libertades individuales, el respeto por sus bienes y por el carácter especial de la vida. (p.171) Debe ser entonces, esta ley un asunto de vital importancia para el gobierno actual, y de no lograrse consolidar, lo deberá ser para los 256 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA siguientes gobiernos, ya que esta ausencia prolongada impide que el desarrollo natural del poder nacional, que será objeto de estudio más adelante, se dé y se evidencie en cada actuación de parte de la fuerza pública, como de los distintos actores cuya labor debería estar amparada con una sólida ley. 2. Áreas Particulares Se hace necesario centrarse ahora en los aspectos específicos en los cuales se deberá fundamentar la reestructuración de la Ley de Seguridad y Defensa, teniendo en cuenta cada uno de los fenómenos en lo que podrían verse afectados estos dos ámbitos, determinando así, el esquema necesario para concretar dicha ley, y generar ostensiblemente una redirección de las áreas que se delimitaran a continuación. 2.1. Concepto de Poder Nacional El concepto primigenio del poder nacional se puntualiza como: “el uso de las capacidades de la nación, es decir, de la suma de su poder político, económico, intelectual y social, además del militar.” (Vásquez, 2018) así pues, el poder nacional es el concepto inicial del cual se bifurcan la seguridad y la defensa, en cuanto a la protección de todo lo que abarca ese poder, así como también del procedimiento a surtir para lograr dicha protección; no obstante, la conceptualización de este aún no adquiere un consenso para los doctrinantes, en cuanto a su alcance porque no existe un limitante definido, como en su administración, puesto que, se deja en cabeza del presidente sin más barreras que las propias, es decir, él es quien define el desarrollo del poder nacional y de acuerdo a ello, se le otorga un poder mayoritario que no debería existir en virtud a la separación de poderes propia del Estado colombiano. Este concepto, posee relevancia en este estudio, puesto que, de este posee gran relevancia en el desarrollo de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 684 de 2001, y sus artículos 3, 6, 13, 20 literal a), 257 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 25, 38, 42, 50, 54, 55 (parcial), 57 parágrafo, 58 (parcial), 59, 60, 62 y 72, en esta, se evalúan como argumentos la imposibilidad de regular un estado de excepción por una ley que no sea estatutaria, también por la vulneración evidente a la ley 137 de 1994 en cuanto a que no podrá ser suspendida por ningún decreto legislativo, en el estudio de estos argumentos se analizó de manera minuciosa todo el articulado de la ley 684 de 2001, determinando que: El sistema de seguridad y defensa previsto por la Ley 684 de 2001 vulnera la Carta, no sólo porque su pilar la figura del poder nacional- es incompatible con los principios constitucionales más básicos, que definen la naturaleza democrática del Estado colombiano, sino además, porque muchos de los instrumentos específicos que desarrolla –como la concesión de facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares o la regulación del teatro de operaciones– también desconocen numerosos preceptos constitucionales. La única decisión posible, desde el punto de vista constitucional, era entonces declarar la inexequibilidad total de esa ley. (Corte Constitucional, 2002) De acuerdo con lo anterior la inviabilidad de la ley que existió provocó que tanto el poder nacional como los asuntos yuxtapuestos a él quedaran sin un desarrollo normativo que los delimitara. Cabe resaltar que la corte al exponer sus consideraciones de manera clara que en lo que respecta a la Fuerza Pública (en adelante FP): En cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población, la Fuerza Pública debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al Estado el monopolio del uso legítimo de las armas. Y en este campo, el Presidente tiene una responsabilidad esencial, pues no sólo le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, sino que, además, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es, dirige la fuerza pública y conduce las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. Es de suma importancia la explicación que da la corte, ya que, especifica la importancia que tiene el orden público en cabeza de FP, lo que 258 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA hace necesario que la misma posea un respaldo jurídico que permita que sus actuaciones se encuentren amparadas y fundamentadas minimizando cualquier tipo de riesgo, así como garantizando una mancomunada a las problemáticas inminentes. 2.2. Nuevas Amenazas En este punto se abordarán las amenazas que más pueden perjudicar en ámbitos de seguridad y defensa a Colombia, determinándose como un área que debe cubrirse al generar una modernización y así lograr abarcar las situaciones y momentos coyunturales en los que el territorio se desarrolla, por dicha razón, las nuevas amenazas determinarán cuáles son las falencias a minimizar, procurando consolidar un entramado normativo que subsane los años de ausencia del mismo. Cabe resaltar, que las amenazas que se describirán a continuación no son las únicas existentes, pero sí las que con más urgencia se necesitan confrontar, por tal motivo, el estudio de estos fenómenos tiene que verse siempre permeado por el análisis conjunto, comprendiendo que de una forma de amenaza pueden derivarse un conglomerado de más amenazas y no puede obviarse la necesidad de enfrentarse a estas. Estas amenazas atienden a un presupuesto orientador de La carta de Responsabilidades Humanas, en la cual debe verse enmarcada la Ley de Seguridad y Defensa, puesto que, como lo describen Marín, Petris, Rosemberger, Mompayssin y Novoa (2009): La carta de Responsabilidades Humanas se convierte así en el principal eje articulador para la formación de un concepto de seguridad y defensa acorde con la coyuntura que vive Colombia, pues como lo mencionan sus principios, ésta es el motor de la construcción de una paz sostenible y el principio de un cambio de paradigma sobre el papel que la sociedad tiene en la formación de un mundo pluralista e igualitario. (p. 13) En efecto, estos desafíos serán: 259 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO 1.2.1. Violencia La violencia en estricto sentido no es una nueva amenaza, puesto que, en la historia documentada en Colombia ésta ha primado y ha conducido un sin número de procesos de transformación negativa en su mayoría, no obstante, cabe ahora su estudio a la luz de la seguridad y defensa, porque la violencia no deja de existir pero sí cambia, se regenera y se transforma, impidiendo así que los lineamientos que se tienen para combatirla tengan una utilidad eterna, obligando a cambiar la manera efectiva de contrarrestar su aplicación e impacto, de manera que, esta es un área de especial cuidado que no se puede abarcar con una simple ordenación de nuevos operativos militares, o determinar que una adecuación normativa será suficiente, sino que debe ser evaluada interdisciplinariamente, puesto que, y según lo manifiesta Villegas (2009): El objetivo consiste en señalar que no es una ciencia autónoma, sino que, por el contrario, se enriquece al dialogar con las demás áreas del conocimiento. En ese sentido, el derecho no es independiente de la sociedad, y, por tanto, no lo es de las formas de conocimiento que estudian las dinámicas sociales. (p. 4) Así pues, la violencia es un reto insuperable, pero debe controlarse e intentar minimizarse, toda vez que, tal y como lo manifiesta Leal (2011): La capacidad permanente de reproducción de las violencias, en general, y del conflicto armado interno, en particular, se nutre del caldo de cultivo que representan graves problemas sociales de orden estructural en el país. Esto significa que esos problemas se han mantenido a lo largo del tiempo, pese a los numerosos y profundos cambios que han tenido lugar en la historia nacional, en particular los derivados de la caótica modernización capitalista iniciada en la época de ‘La Violencia’, a mediados del siglo pasado. En consecuencia, esta amenaza debe ser contrarrestada de tal manera que no exista la posibilidad que la venidera ley quede obsoleta pues tiene que prever circunstancias en lo máximo que se pueda. 260 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA 1.2.2. Delitos Informáticos Este tipo de amenaza es necesaria en el análisis presente, toda vez que, es uno de los asuntos que más complicaciones tiene en lo que respecta a control, así como de garantía de seguridad en todos sus aspectos, no obstante, es destacable que existe una sólida regulación el ámbito del derecho penal en cuanto a los ciberdelitos, en este asunto Ojeda, Rincón, Arias y Daza (2010), exponen que: Este marco jurídico se ha convertido en una importante contribución y un instrumento efectivo para que las entidades públicas y privadas puedan enfrentar los “delitos informáticos”, con definiciones de procedimientos y políticas de seguridad de la información; y, en consecuencia, con las acciones penales que pueden adelantar contra las personas que incurran en las conductas tipificadas en la norma. Con ella, Colombia se ubica al mismo nivel de los países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), los cuales ampliaron al nivel internacional los acuerdos jurídicos relacionados con la protección de la información y los recursos informáticos de los países, mediante el Convenio ‘Cibercriminalidad’, suscrito en Budapest, Hungría, en 2001 y vigente desde julio de 2004. (p. 53) No obstante, a pesar de la consolidada estructura de los delitos informáticos en el derecho penal, no hay una adecuación en seguridad y defensa de los mismos, siendo entonces un asunto que requiere necesariamente de una integración en el propuesto articulado, para así lograr una línea de protección para la población, procurando disminuir el impacto que ocasionan estos delitos, puesto que, están en constante evolución. 1.2.3. Disidencias de las FARC-EP Esta problemática se establece como amenaza no solo por ser un asunto novedoso, sino también por todo lo que se desprende de él, ya que, al no lograrse la desmovilización total de todos los integrantes del grupo armado FARC-EP, quedan sectores sin control, e incluso con desconocimiento total de su actuar, puesto que, su organización induda- 261 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO blemente se reestructura y tiene a innovar en sus estrategias, por lo que se convierte en un reto que al cual se debe contraponer el Estado; en este caso, por medio de la Ley de Seguridad y Defensa, con el ánimo de proteger las posibles áreas de desprotección en las que se encuentren los territorios y el país en general. Adicional a ello, y según como lo expone el Fondo de Capital Humano para la transición colombiana (2018), respecto a los grupos disidentes: Si bien todo proceso de paz genera grupos disidentes que continúan con su accionar armado mucho más allá de la firma de un acuerdo de paz, el grado en que logre neutralizarse este tipo de nuevas amenazas será esencial no solo para evaluar el éxito del acuerdo, sino también para garantizar condiciones de seguridad en los territorios. Por tal motivo, no puede ser la existencia de grupos disidentes un determinador suficiente del fracaso del acuerdo de paz, pero sí debe ser una circunstancia por evaluar, no como un fenómeno adverso, e incluso como un estado de confusión; debe tomarse entonces como un robusto problema que desencadenará un sin número de problemas más que si no se procura mitigarlos pueden resultar en crisis los procesos en curso, y debilitar las estrategias ya consolidadas. Para la Fundación ideas para la paz (2018): El primer argumento para explicar las disidencias de las FARC fue económico, pero al ver la evolución de estos grupos, desde mediados de 2016, queda claro que hay otros. Los cambios de liderazgos, los temores e incertidumbres sobre los avances de la implementación, las medidas de reincorporación y las garantías de seguridad, también han influido en el surgimiento de las disidencias. Por ejemplo, la decisión de ‘Guacho’, en Nariño, para entrar en disidencia, no estuvo únicamente motivada por la presión de narcotraficantes y traquetos de la zona: también pesó la falta de garantías de seguridad y la presencia y acciones de otros grupos, como el ELN y de ‘David’, de las Guerrillas Unidas del Pacífico o GUP (a quienes no les reconoce su pertenencia a las FARC). (p. 19) Es importante destacar, que las motivaciones que secundan las disidencias no se separan en gran medida a las mismas en las cuales se fun- 262 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA damentó el actuar delictivo de las FARC-EP, circunstancia que facilita la manera de contraponerse a ello, no obstante, la dificultad se deriva del cambio en número de personas, así como la toma de territorios distintos de los cuales no se tiene un estudio detallado y ameritan así, el respaldo normativo para solventar los inconvenientes y un análisis detallado de los comportamientos, estrategias, negocios y en general, todas las actividades desarrolladas por esta agrupación de personas. 1.2.4. Grupos Armados Ilegales La última de las amenazas a analizar, se encuentra situada en los grupos armados ilegales que se encuentran en todo el territorio nacional, los cuales han adquirido más poderío en los últimos años y han logrado consolidarse como un asunto gravoso en cuanto a la garantía de seguridad y la defensa, razón por la cual, se convierte en un inconveniente que hay que controlar, no obstante, se conoce que con las políticas de defensa y seguridad que el gobierno actual ha estructurado se pretende controlar este tipo de situaciones, pues se establece que efectivamente estos grupos sí corresponden a una amenaza y logran establecer los entornos en los cuales prolifera más el desafío de aminorar su poder, en consecuencia, describe el Ministerio de Defensa (2019): En el plano interno, la ausencia de instituciones estatales o su frágil presencia en zonas del territorio generan espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica, que aprovechan los grupos criminales. Tales vacíos constituyen la principal amenaza a la seguridad, por ser donde se desarrollan las diversas manifestaciones de delincuencia y violencia. (p. 23) Por consiguiente, es notorio que el problema no se deriva en estricto sentido de la simple existencia de estos grupos, el dilema se halla de manera primaria en el control que ejercen estos grupos en el país, puesto que, es control les da cabida para cometer grandes agravios a la comunidad, así como mantener en un estado de inseguridad a colectividad que amerita sin duda un control, que evidentemente se va a lograr si se articulan las herramientas jurídicas con las FP, creando un actividad 263 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO homogénea que en el mejor de los casos logrará un pie de fuerza suficiente para aminorar su impacto. Sumado a ello, expresa International Crisis Group (2017): Actualmente, varios grupos armados con diversos niveles de organización interna, capacidad militar, recursos económicos y capital político reclaman partes rurales de Colombia. Tres de ellos se destacan por su tamaño y las amenazas que representan para la paz: los disidentes de las FARC, el ELN, y los grupos criminales organizados. El gobierno colombiano divide los grupos criminales en tres subcategorías: aquellos que cumplen los requisitos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como partes en un conflicto armado interno; los grupos criminales organizados, que desempeñan importantes papeles en las economías ilegales, pero no controlan el territorio; y los delincuentes comunes. (p. 3) Así pues, en Colombia se ha logrado delimitar cuáles son los grupos armados a los que se debe enfrentar, procurando de esta manera centralizar sus esfuerzos para mitigar el impacto de sus actividades, así como delimitar cuáles son puntos débiles y sus fortalezas, situación que permitirá consolidar una estrategia que cambie ostensiblemente el devenir en materia de seguridad. Adicionalmente al control territorial ejercido por los grupos armados ilegales, se encuentra la violencia contra la población con el fin de amedrentar a cada ciudadano. Para la Defensoría del Pueblo (2017): En los últimos años la relación entre economías criminales, conflictos territoriales y derechos humanos ha constituido un tema relevante para comprender las relaciones entre el modelo económico, la presencia diferenciada del Estado y la violación de DDHH en Colombia. La violencia ejercida por los grupos armados ilegales contra la población civil en las diferentes regiones del país ha ido adquiriendo diversos matices, los cuales evidencian la selección de métodos y tácticas caracterizados por difundir terror en la población a través de homicidios selectivos, amenazas, desaparición y asesinato de líderes y lideresas, desplazamiento forzado, reclutamiento, uso y utilización de NNA y violencia sexual. (p. 283) 264 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA De esta manera, es irrebatible que la inseguridad para los ciudadanos se habitúa en su vida cotidiana, pues como se describe, tanto en su territorio como en su integridad física se ven amedrantados sin más salida que obedecer a quienes estén allí, cuestión que obligará a una permanencia determinante del Estado por medio de sus FP, así como de los posibles actores que logren disminuir el estado de indefensión en el que se encuentra la población. 3. Escenario del postconflicto en ámbitos de Seguridad y Defensa En este estadio, el escenario del postconflicto es propicio para reestructurar los métodos y mecanismos, así como la conceptualización de la seguridad y la defensa, toda vez, que la dinámica social respecto al control territorial, el uso de armas y todo lo concerniente a el conflicto armado interno en cuanto a sus desafíos cambia, obligando así que los retos en seguridad antes mencionados sean la hoja de ruta tanto de las políticas de públicas ya estructuradas, como de una ley que logre equilibrar las problemáticas y los desafíos. De esta manera, se hace necesario analizar al posconflicto no solo un acontecimiento, también debe ser analizado como un estado en el que se encuentran los actores, víctimas e incluso, los espectadores, el cual debe ser protegido con el fin de salvaguardar lo convenido y conseguir lo inocuo del mismo. En este sentido, para Madariaga, Molinares y Baena (2017): Las representaciones sociales, políticas y económicas surgidas de este proceso entre los distintos grupos humanos suelen conllevar al desarrollo de niveles variables de identificación frente al grupo social en cuanto a que redefine las reglas del juego y genera cambios en la estructura a través del proceso político. (p. 22) De acuerdo a ello, los cambios que representan la tregua más de 50 años de guerra son complicados, lentos y difíciles de mantener, puesto 265 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO que, la fragilidad de las partes negociadoras es más que evidente razón por la cual, cualquier espacio de duda o de incertidumbre puede repercutir en el desarrollo idóneo de lo acordado, no obstante, estas afirmaciones no son motivo para minimizar el estado de alerta en el que debe permanecer el país, y mucho menos olvidar la estructuración necesaria de un marco normativo que se establezca con las nuevas circunstancias, procurando por mantener una condición de orden en tiempos de paz, tal y como lo describe Murillo (2017): “La construcción/reconstrucción de los distintos ámbitos en situaciones postconflicto no es un proceso natural ni automático, sino que resulta de los esfuerzos de todos los actores, estatales y no estatales, que constituyen la sociedad de un país” (p. 153). El Estado, como consecuencia de lo pactado en el Acuerdo Final, con un enfoque multidimensional, debe fortalecer su capacidad institucional para la promoción, protección y garantía de la seguridad y defensa nacional; a efectos de continuar garantizando y promoviendo el pleno ejercicio de los derechos y libertades mediante la articulación, coordinación, corresponsabilidad y concurrencia de todas las instituciones y autoridades de orden nacional, departamental y municipal, asegurando el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas. Razón por la cual “El postconflicto es el escenario perfecto para capitalizar el conocimiento adquirido en materia de seguridad y exportarlo de manera racional, viendo a los Estados y sus problemas como clientes potenciales” (Niño, C, 2015, p. 71). De acuerdo con lo expuesto, el postconflicto es el escenario propicio para endurecer y reestructurar todo el marco jurídico en el ámbito de seguridad y defensa, incluso, podrá abordarse como ejemplo y eje de acción lo establecido en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, puesto que, en él se especifican unos principios orientadores sobre seguridad, así como de organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, ubicados en el punto 3.4.1 del Acuerdo Final, dichos principios orientadores son los siguientes: 266 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos: el Estado es el garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades en los territorios. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Enfoque territorial y diferencial: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas de seguridad que se adopten deben tener un enfoque territorial y diferencial que tenga en cuenta las diferentes amenazas, particularidades y experiencias de las personas en su diversidad, de las comunidades y los territorios, con el fin de poner en marcha los planes y programas de construcción de paz y dar garantías a la población, incluyendo al nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil, para así contribuir a una mayor gobernabilidad, legitimidad y el goce efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos. Coordinación y corresponsabilidad institucional: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la coordinación y corresponsabilidad entre todas las instituciones del Estado es necesaria para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en materia de seguridad, para lo cual se deberá asegurar la articulación de las instituciones del orden nacional, departamental y municipal. Así pues, los puntos enunciados develan unos aspectos que necesariamente deben compaginar con los presupuestos que el Estado colombiano posee, así como sirven de fundamento para generar una estructura sólida en seguridad y defensa, procurando que: 267 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO De ahí se espera que nazca una nueva cultura de libertad que lleve aparejada seguridad. Seguridad que implica la canalización de las virtudes y defectos de una sociedad que necesita no solamente de la seguridad, sino que requiere de libertad en medio de la paz. (Torres, 2015, p. 110) Comprendiendo también que estos ámbitos están íntimamente relacionados con una cooperación estatal y ciudadana, así pues, los dos actores deben velar porque esa interrelación necesaria garantizará que en un escenario de posconflicto todo lo acordado no quede impoluto en el papel, sino sirva materialmente en un resurgimiento del estado de calma, al menos parcializado, que tanto necesitaba el país. Conclusiones Queda entonces desarrollada de manera explícita la necesidad ineludible de transformar el marco normativo para la seguridad y la defensa de Colombia, puesto que, las problemáticas sociales traen consigo un gran conglomerado de circunstancias que de no ser controladas pueden desencadenar en inestabilidades, así como en la imposibilidad de gobernar de manera idónea, situación que el Estado no podría permitir. Es importante abarcar el problema desde su génesis, pues solo así, podrá erradicársele sin la complicación de una reaparición, no obstante, y como se evidenció, hay problemas que no se pudieron solucionar desde su origen, lo que obliga a disminuirlos desde todas las aristas posibles, como los serían los disidentes de las FARC-EP, a quienes hay que controlar con estrategias novedosas, así como con tácticas que logren prever, así sea en menor medida las actuaciones o circunstancias en las que se verán inmersos los integrantes de estas, así como también deberán, unir fuerzas para combatir a los grupos armados quienes han sido el desafío de la seguridad y la defensa durante años. De esta manera, se devela que no basta con políticas públicas, o con una estructura sólida de la fuerza pública, es necesaria la integración 268 MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL: ANÁLISIS PROPOSITIVO PARA UNA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA de todos los actores sociales, puesto que, la participación ciudadana es el pilar de un Estado social de derecho como el colombiano que debe velar por ciudadanos, pero también por su integración en la toma de decisiones. 269 CAPÍTULO IX CONCLUSIONES GENERALES: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO* Paola Alexandra Sierra-Zamora Capitán de Navío José Gregorio Blanco Causíl Coronel Lester Raúl Álvarez Domínguez * Capítulo de libro que expone resultados de investigación del proyecto titulado: “Estrategia nacional. Por una Política de Seguridad y Defensa a la vanguardia de las amenazas contemporáneas” de la línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina perteneciente al Grupo de Investigación Masa Crítica reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247, en colaboración con el Grupo de Investigación Centro de Misiones Internacionales, Acción Integral y Derechos Humanos reconocido por Colciencias con código COL0141568 que desarrolla el Proyecto de Investigación titulado: “Interoperabilidad de las fuerzas militares de colombia ocn la OTAN: Colombia y la organización de los Tratados del Atlántico Norte, Aproximaciones de Análisis desde la Academia”. 271 El presente capítulo establecerá las conclusiones generales del libro denominado EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN COLOMBIA COMO POLÍTICA DE ESTADO teniendo como base el desarrollo de la seguridad y defensa nacional dentro del territorio colombiano, partiendo que esta contribuye al fortalecimiento de paz dentro del territorio, permitiendo que en el país se erradiquen los conflicto externos e internos que los afecta, obligando al Estado, a crear mecanismos como la Política de Seguridad y Defensa Nacional. No se puede olvidar, desde este punto de vista, y tomando las palabras de Santos, M. (2004) que la seguridad nacional se entiende como una situación en la cual los ciudadanos pueden desarrollar sus condiciones socioeconómicas y políticas sin riesgos o amenazas a sus actividades normales. Todo Estado tiene la responsabilidad de crear y mantener una situación de seguridad nacional para ofrecer a sus asociados un grado relativo a garantías para la consecución de niveles aceptables de convivencia pacífica y seguridad ciudadana, que asegure en todo tiempo y lugar, en los ámbitos interno y externo: la independencia, la soberanía, la autonomía, la integralidad territorial y la vigencia de un orden justo, basado en la promoción de la prosperidad y el desarrollo general (p. 29). Desde este punto de vista y con la globalización, se desdibujan las fronteras y se entra a incidir en temas clásicamente muy importantes en relación con el Estado Nación, como los de la soberanía (Coello Garcés, 2013). Aquí, es donde la Constitución Política de Colombia se fundamenta como una de las mayores protectoras de los derechos de todos los ciudadanos del territorio colombiano; entiéndase que, dentro de esta se fundamentan los principios de protección territorial y la organización de 273 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO las diferentes entidades las cuales se fundamentan en las fuerzas armadas, comprometidas a defender el territorio desde sus áreas fronterizas o limítrofes, contribuyendo para que se cumpla este amparo. Bajo esta representación, la seguridad y defensa nacional resulta uno de los desafíos más exigentes para el Estado colombiano, ya que se enfrenta a variedad de problemáticas, como el crimen organizado internacional e interno, atentando en contra de la seguridad del territorio y afectando a millones de personas obligando a los diferentes Estados a la planeación y proposición de diferentes mecanismos de protección territorial. Por su parte, Colombia necesita establecer no solo una política como se ha hecho desde siempre, sino que se torna indispensable la sanción de una ley y seguridad de Defensa; con fin de establecer en ella los intereses de la nación, los objetivos y las amenazas para las cuales el Estado colombiano debe estar preparado, una verdadera evaluación de la seguridad y defensa nacional como política de Estado y ahí el porqué del título de la presente obra. Por lo tanto, a la complejidad de las amenazas a las cuales que tiene que enfrentar toda la organización de seguridad y defensa nacional, no permiten que se de una seguridad de paz a todo el territorio colombiano, ya que no existe una rigurosidad dentro de la política, abriendo paso a que desde este ámbito, surjan en mayor número de amenazas tanto internas como externas, entendiendo así, que la estrategia de funcionamiento de esta ley dentro del territorio no tiene mayor severidad para lograr encontrar una solución de erradicación a la violencia social donde la seguridad humana es la principal afectada y tampoco, resultaría del todo oponente para el óptimo desarrollo de los gobiernos. No obstante, en estos tiempos, la construcción de paz no se trata simplemente de quitar las problemáticas que se evidencian dentro de las dimensiones jurídico-sociales o simplemente la firma de tratados no funcionales, entendidos como los mecanismos de la no repetición de las guerras. Por el contrario, la falta de planificación y estudio por medio del Estado para prevenir las acciones entendidas como violencia dentro los territorios los cuales afectan la seguridad y garantía de un territorio sin 274 CONCLUSIONES GENERALES: EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO violencia no permite garantizar la defensa y seguridad humana, dentro del contexto del posacuerdo que se vive hoy por hoy en Colombia. Para finalizar y en forma de conclusión global, entiéndase que dentro de la planificación del Estado colombiano, aun dentro de la inexactitud de la visualización de las políticas y leyes que se planifican hacia la creación de una territorio de paz donde realmente exista una seguridad y defensa comprometida con la reconstrucción y desarrollo del territorio mas afectado diariamente, se deberá crear o establecer una ley estricta y rigurosa en cuestiones de seguridad y defensa para todo el territorio, logrando así la continuidad efectiva de un territorio de paz, que no tenga la facilidad de ser reformada por los gobiernos de turno que entran al manejo y óptimo desarrollo de la planificación estratégica de los gobiernos de turno y mucho menos, las agrupaciones o conglomeraciones políticas a los que se enfrentan. 275 AUTORES Paola Alexandra Sierra-Zamora Abogada de la Universidad Católica de Colombia, Magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universitat de Valéncia, España. PhD (c) del Programa de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la misma casa de estudios. Investigadora del grupo de investigación ‘Masa Crítica’ línea de investigación Educación Militar, liderazgo y doctrina, reconocido y categorizado como B por Colciencias y registrado con el código COL0123247, vinculado a la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Coordinadora y Gestora de Investigación del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Manuel Bermúdez Tapia Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado Magna Cum Laude. Profesor Investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista y Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Consultor en temas de reforma del sistema de justicia en el Perú para el Banco Mundial, Congreso de la República, Poder Judicial y Academia de la Magistratura. 277 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Coronel (RA) Darío Enrique Cortés Castillo Profesor investigador Departamento de Estrategia Escuela Superior de Guerra Bogotá – Colombia. Magíster en inteligencia estratégica y prospectiva Universidad Jaume I de Castellón España. Magíster en inteligencia estratégica Escuela de inteligencia Bg. Ricardo Charry Solano. Coronel (RA) Cipriano Peña Chivatá Hace parte del grupo de investigación ‘Masa Crítica’, docente investigador del departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, coordinador de la línea de investigación, “Geopolítica Estrategia y Seguridad Hemisférica”; con especialización en Seguridad y Defensa Nacional, especialización en Administración de la Seguridad, Magíster en negocios y relaciones internacionales, Magíster en fortalecimiento de la democracia (USA), profesor invitado Academia de Guerra de Chile, docente de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, docente Universidad Militar Nueva Granada, docente por intercambio en la Universidad San Buenaventura, autor del libro, Análisis de posibles Escenarios de Conflicto para Colombia en el Mar Caribe de ausentarse del Sistema Internacional, publicado por la Editorial Académica de España código ISBN 978-3-659-07610-7, 2016, Editor y coautor del libro Fenomenología y trasformación del discurso de las FARC-EP para la Estrategia y el Poder código ISBN: 978-958-56252-7-3, imprenta y publicación de las Fuerzas Militares 2018, autor del capítulo Marxismo: Parálisis de la teoría Stalinista de libro Mutación de las Revoluciones del Marxismo Leninismo al Marxismo Humanista código ISBN:978958-56252-6-6, Imprenta de las Fuerzas Militares 2018. Jean Carlo Mejía Azuero Abogado Magna Cum Laude. Postdoctor en derecho de la Universidad Nacional. Promoción Sesquicentenario. Cuenta con un Doctorado en Derecho con tesis exaltada como meritoria. Investigador del Grupo de Investigación “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” de la Universidad Católica de Colombia reconocido con código COL120899 con Categoría A1 en Convocatoria 781 de 2017 de Colciencias. Igual- 278 AUTORES mente tiene estudios en derecho penal internacional, derechos humanos, derecho internacional humanitario. Docente e investigador en Doctorado y Maestría. Ha publicado de forma individual más de quince obras, además de otras diecinueve entre textos colectivos o en coautoría. Asesor y consultor internacional en las áreas de su competencia ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor del Instituto Interamericano de DDHH. Gerente General del Bufete Mejía, Ardila & Asociados. Miembro de la Red latinoamericana de seguridad y defensa RESDAL. Investigador del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios ILAE. Docente e investigador de planta de la Universidad Católica de Colombia. Analista en temas de derechos humanos, seguridad y defensa. Columnista invitado de Ámbito jurídico, Argumentos. Mayor Diego Fernando Cano Cuevas Oficial del arma de infantería, profesional en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”. Especialista en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Especialista en Gobierno y Políticas públicas y especialista en Ciencia Política aplicada. Magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Administrador de Recursos Militares e instructor de Derechos Humanos, derecho internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del Westerm Hemiphere Institute for Security Cooperation (Whinsec) en Georgia, Estados Unidos. Actualmente está próximo a obtener su título de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Correo electrónico: fordca.fer@gmail.com. Coronel Lester Raúl Álvarez Domínguez Oficial del Ejército Nacional de arma infantería, profesional en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdoba”, especializado en seguridad y defensa, especialización en administración de recursos militares para la defensa nacional, especialización en conducción y administración de unidades militares y orgánico de la escuela superior de guerra “General Rafael Reyes Prieto” del Departamento de Estrategia de la Vicedirección Académica 279 EVALUACIÓN JURÍDICA DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO Capitán de Navío José Gregorio Blanco Causíl Oficial de Armada Nacional, especilista en inteligencia naval. Experiencia en desarrollo operacional para la inteligencia naval. Profesional en ciencias navales de la escuela “Almirante Padilla”, especialista en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra. Jeje del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Correo electrónico: jose.blanco@esdegue.edu.co. Anderson Joao Roa Domínguez Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Especialista en conducción y administración de Unidades Militares de la Escuela de Armas Combinadas, Especialista en Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados DICA de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, candidato a magíster de prospectiva y pensamiento estratégico de la Universidad Externado de Colombia, Inspector de Estudios CEMAI. Correo electrónico: anderson.roa@buzonejercito.mil.co / andersonjoao1958@gmail.com Lina Vanessa Jiménez Barrera Estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Auxiliar de Investigación del semillero de investigación Observatorio de justicia constitucional y de Derechos Humanos, del grupo de investigación “Persona, instituciones y exigencias de justicia” de la Universidad Católica de Colombia reconocido con código COL120899 con Categoría A1 en Convocatoria 781 de 2017 de Colciencias. Tania Lucia Fonseca Ortiz Estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Auxiliar de Investigación del semillero de investigación Observatorio de justicia constitucional y de Derechos Humanos del grupo de investigación “Persona, instituciones y exigencias de justicia” de la Universidad Católica de Colombia reconocido con código COL120899 con Categoría A1 en Convocatoria 833 de 2017 de Colciencias. 280 AUTORES Erika Paola Ramírez Benítez Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Estudiante de Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Academia Diplomática de San Carlos, Colombia. Asesora de la Vicedirección de investigación de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Correo electrónico: ramirezbenitezerika@gmail.com y/o erika.ramirez@esdegue.edu.co. Carlos Alberto Ardila Castro Doctorando en Educación de la Universidad Internacional Iberoamericana, México. Magíster Honoris Causa en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano”, Colombia. Magister en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. Asesor Jefe de Investigación de la Vicedirección de Investigación de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Contacto: carlosardilacastro@gmail. com y/o carlos.ardila@esdegue.edu.co. ORCID: https://orcid.org/00000002-8774-6176. 281 REFERENCIAS Acero, H. (2005). La seguridad ciudadana una responsabilidad de los gobiernos locales en Colombia. Ciudad y seguridad en América Latina, pp. 133-150. Acosta, A. (2017). La crisis energética y las energías alternativas. Recuperado en: https://www.uexternado.edu.co/wpcontent/ uploads/2017/01/crisisEnergeticaEnergiasAlternativas.pdf Acuerdo marco de cooperación entre la comunidad económica europea y el acuerdo de Cartagena (1998). Agnew, J. & Entrikin, N. (2004). The Marshall Plan Today. Model and metaphor. Nueva York, Routledge. Agnew, J. (2005). Geopolítica: Una Re-Visión De La Política Mundial. Madrid, Trama Editorial Aguayo, S. (1990). México y Estados Unidos, en busca de la seguridad. En: Aguayo, S. y Bruce, M. 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