Perú: la necesidad de un cambio revolucionario

El modelo peruano de desarrollo

El modelo peruano de desarrollo no puede ser calificado «un modelo de desarrollo» como tal. Es cíclicamente incluyente, pero estructuralmente excluyente, porque no cambia sus fundamentos.

Los orígenes del actual modelo pueden encontrarse en los cambios en el ámbito legal y regulatorio que se introdujeron a principios de la década de los noventa, en el marco del Consenso de Washington. La Constitución neoliberal de 1993 permitió al capital transnacional ampliar y profundizar sus tentáculos de explotación extrema de mano de obra y de recursos naturales.

El paquete de medidas económicas y desregulatorias adoptadas por el primer gobierno de Fujimori (1990-1992) incluyó convenios de estabilidad jurídica con las empresas transnacionales y mecanismos legales especiales, tales como la depreciación acelerada y la posibilidad de deducir el impuesto sobre la renta de las inversiones en infraestructura pública. También se prohibió cambiar las leyes que protegían los intereses del capital transnacional, pactadas en estos convenios, entre 10 y 15 años.

El enfoque neoliberal no se cambió después de la «caída» del dictador Fujimori, orquestada por la propia clase dominante, no por un levantamiento popular. Aunque el presidente Alejandro Toledo (2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006) reinsertó al país a la «familia de naciones democráticas», su gobierno institucionalizó la privatización mediante la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), a la cual le asignó la tarea de vender de manera ordenada la riqueza de la nación. Alan García (2006-2011), por su parte, se propuso la tarea de impulsar el crecimiento económico y atraer inversiones del capital transnacional (extractivo) acelerando la parcelación y la venta de tierras indígenas. Mientras que en 2004, el 13% de este territorio había sido concesionado a las compañías de gas y petróleo, a finales de 2008 esta cifra se incrementó a 70%. 1 En 2010, más de 70% de la Amazonía fue parcelada 2 y 21 millones de hectáreas fueron concesionadas, aproximadamente 16% del territorio nacional. 3 La práctica política del gobierno peruano actual se puede situar en el marco del Consenso de Washington. 4 Esto no debe sorprender, ya que las agencias intelectuales del Estado capitalista no son capaces de producir un modelo de desarrollo social que socave su propia posición de clase; el conocimiento no es neutro, sino socialmente determinado.

El gobierno de Humala considera que las actividades de las industrias extractivas son cruciales para la financiación de sus programas sociales y proporcionan la necesaria estabilidad económica, al aumentar sus exportaciones y las reservas internacionales. Justo antes del comienzo de su presidencia, Humala cerró un acuerdo con las empresas mineras que supuestamente permitió al gobierno obtener más recursos financieros que su predecesor García, quien sólo había seducido a las empresas para que donaran una pequeña parte de sus superganancias. El acuerdo de Humala preveía un nuevo régimen fiscal para que las empresas mineras aumentaran estructuralmente el presupuesto del Estado. Sin embargo, debido a que estos pagos de impuestos pueden ser considerados como costos y, por tanto, deducible de impuestos, los ingresos totales de impuestos no aumentaron con los ampliamente proclamados mil millones de dólares de ingresos fiscales adicionales.

El régimen de Humala es totalmente dependiente de las inversiones de capital extranjero y de los precios en los mercados internacionales de los denominados commodities, determinados en las oficinas del capital transnacional. En el periodo 2007-2010, las industrias extractivas contribuyeron con alrededor de 22% de los ingresos fiscales del país. 5 En el caso particular de las exportaciones del sector minero, en 1995 éstas representaron 48% de las exportaciones totales, y en los años 2006-2009, este porcentaje se incrementó a 60%. Esta situación condena los pretendidos proyectos sociales del gobierno de Humala a la mano visible de las crisis económicas, las fluctuaciones y los flujos de capital especulativo. 6 Además, aunque el ingreso bruto departamental de las regiones con actividades mineras ha aumentado, cabe preguntarse si la calidad de vida ha mejorado 7 o si la pobreza se ha reducido significativamente. 8 El problema para el cambio revolucionario en Perú La concepción de desarrollo -en sociedades capitalistas-se opone a la de liberación. Connota la posibilidad de que el progreso real y estructural es posible dentro de las restricciones implícitas establecidas por el modo de producción capitalista y los intereses políticos y económicos del imperialismo y la clase dominante local. De hecho, una definición de desarrollo no es neutra en términos de clase; se determina de acuerdo con ciertos intereses políticos y económicos. La definición de desarrollo ha cambiado a lo largo del tiempo como resultado de la lucha de clases global. 9 Por estas razones, suponemos que cambio revolucionario es mejor concepto que «desarrollo» para entender lo que se necesita para establecer las condiciones que permiten un mejoramiento pleno e integral de la población peruana.

La necesidad de un cambio revolucionario puede ser defendida sobre la base de los objetivos de desarrollo generalmente aceptados.

Si eso significa la mejora constante y estructural de las condiciones sociales de una parte cada vez mayor de todo el mundo, debería implicar una ruptura con la mercantilización de las necesidades sociales básicas de la población. Si también apunta a un incremento cualitativo de la participación de la población en la toma de decisiones políticas y económicas, debería significar dar a las masas explotadas y oprimidas la propiedad, control y gestión de los medios de producción. Este cambio radical del curso del desarrollo significaría una ruptura de la base del poder político y económico de las clases dominantes, es decir, la propiedad privada sobre dichos medios.

La lucha por el cambio revolucionario en Perú se enfrenta a una serie de problemas que varían en carácter, profundidad e importancia. En nuestro análisis subrayamos dos aspectos: la conciencia social de la población peruana y las relaciones entre Norte y Sur.

En los últimos veinte años, el Estado peruano ha sido capaz de erradicar la idea de que la sociedad está compuesta por clases sociales antagónicas y que el desarrollo sólo es posible con el libre y desregulado funcionamiento de los mercados. Pero, en la década de los ochenta, la lucha de clases alcanzó su más alto nivel; esto se refleja no sólo en la extensión de la lucha guerrillera, sino también en el poder político de la organización Izquierda Unida que funcionó legalmente y, según McClintock y Vallas, 10 fue considerada como la coalición electoral orientada al marxismo más fuerte en América Latina.

La victoria de Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990 marcó un giro radical en la correlación de fuerzas de clase. Siguiendo los dictados del Consenso de Washington y usando el terrorismo de Estado, el gobierno fue capaz de erradicar cualquier fuerza social popular o clasista contra el neoliberalismo. Estas «políticas» fueron combinadas con un ataque ideológico a las ideas relacionadas con el colectivismo, intervención estatal y regulación.

Las medidas económicas introducidas por el gobierno de Fujimori parecían tener efectos positivos y podrían ser consideradas como el fundamento de la conciencia social actual de la población peruana. De hecho, se podría defender la tesis de que la población dio la bienvenida a las propuestas neoliberales, porque estaba con la espada contra la pared. Estaba dispuesta a aceptar cualquier programa económico que podría resolver la crisis y recortar una inflación galopante a proporciones «normales». Además, las ideas colectivistas ya no estaban de moda después del colapso de la Unión Soviética y del socialismo realmente existente en Europa del Este a finales de los años ochenta. Cuando los programas de microcrédito comenzaron a expandirse, la ideología del capitalismo se extendió a todos los rincones de la sociedad. Los desempleados y los pobres encontraron una manera de salir de su miserable existencia: el emprendimiento.

Las relaciones entre Norte y Sur se caracterizan por el predominio político y militar del centro imperialista. Hoy en día, 45% de la producción mundial de cobre, 50% de plata, 26% de molibdeno, 21% de zinc y 20% del oro se produce en América Latina, 11 y, por tanto, se podría argumentar que su importancia estratégica para la economía mundial podría contribuir al desarrollo a través de un camino «independiente», es decir, diferente de los dictados de Washington. Sin embargo, este punto de vista no toma en cuenta que los intereses del capital transnacional se integran con los de la burguesía local, formando así una clase unificada respecto a las fuerzas revolucionarias opuestas.

El panorama para el cambio revolucionario en Perú y en el resto de América Latina parece ser poco prometedor si se considera que la lucha tiene que enfrentar enemigos tanto internos como externos. Los intereses del capital transnacional son monitoreados por su base política y militar y por la burguesía local. Dado que cambios en el modo de producción y distribución afectaría enormemente la riqueza de los países dominantes, las políticas en América Latina son «influenciadas» cuando los intereses del capital extranjero son amenazados. Experiencias recientes -por ejemplo, Zelaya en Honduras en 2009 y Lugo en Paraguay en 2012-demuestran que cuando los gobiernos progresistas tratan de cambiar las reglas del juego impuestas por el imperialismo, tienen que enfrentar la posibilidad de ser derrocados. Las propuestas que apuntan a un cambio revolucionario deben tomar en cuenta el carácter de clase de las relaciones internacionales.

¿Qué hacer?

Un cambio revolucionario de la sociedad comienza con la conciencia de que esto es posible. Consideramos que el único concepto viable de desarrollo es el avance de la lucha por un proceso que conduce a una sociedad basada en principios socialistas. Esto implica estar armado con una comprensión de clase, tanto de las condiciones objetivas como de las subjetivas, para llevar a cabo el cambio revolucionario. Sólo esto nos permitirá comprender plenamente la dinámica de una sociedad