Departamento de Derecho Público

El Consejo de Europa ha desarrollado una labor específica en el ámbito de la justicia juvenil más constante que los distintos organismos de la Unión Europea, donde sólo se ha planteado este debate desde un punto de vista genérico, en el marco de otras políticas más amplias [como la normativa que afecta a la juventud, la infancia, las drogodependencias o la delincuencia]; de modo que las propuestas de la UE se caracterizan por ser menos significativas que las recomendaciones del Consejo de Europa y por mantener una línea de trabajo muy cercana a las reglas y directrices aprobadas en el marco de las Naciones Unidas.

Lograr el objetivo de proteger jurídicamente a los menores en condiciones de paz, libertad, dignidad y seguridad conlleva una ingente dificultad en el ámbito internacional: armonizar la pluralidad de legislaciones que coexisten en el mundo, entre las que no existe uniformidad ni se da una respuesta única que sea aceptada por todos los países a la hora de regular la mayoría de edad penal, tipificar cuáles son las conductas delictivas o definir cómo han de ser las penas que se impongan a los menores que delinquen. De ahí la necesidad de valorar positivamente el esfuerzo que se viene realizando, en el marco de la ONU, para implantar un “mínimo común” que sea válidamente aplicable en los diferentes sistemas jurídicos que convivimos en La Tierra.

Aunque las Sagradas Escrituras de las tres principales religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam) y de otras confesiones religiosas apenas se ocupan de las conductas homosexuales, históricamente, algunos pasajes de aquellos textos han sido objeto de una gran controversia cuando se interpretaron de forma literal para estigmatizar las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo �considerándolas aberrantes, reprobables o, simplemente, contrarias a la naturaleza o al orden establecido por la doctrina de cada creencia� y justificar que esos comportamientos se merecían una condena, incluso la muerte. Este artículo analiza las Escrituras para comprobar que si el enfoque de la literalidad se cambia por una interpretación histórico-crítica, los mismos pasajes van a enfatizar el desarrollo de unos valores mucho más profundos basados en el amor, el respeto, la igualdad y la responsabilidad de un ser humano hacia otro; castigando en realidad los abusos, el vicio y la lujuria, no las relaciones homosexuales.

El Derecho Internacional del Medioambiente surgió a contracorriente. Si lo habitual es que cada país legisle sobre una determinada materia y que, posteriormente, se reúna con otras naciones para tratar de acercar sus regulaciones y suscribir un acuerdo internacional, con el medioambiente ocurrió justo lo contrario.

El 14 de febrero de 2005, el exprimer ministro libanés Rafiq Hariri y otras 21 personas –entre escoltas, colaboradores y transeúntes– murieron en una céntrica calle de Beirut víctimas de un potente explosivo que estalló al paso de su vehículo blindado, causando heridas de diverso pronóstico a más de dos centenares de personas. Este artículo analiza el proceso de creación del Tribunal Especial para el Líbano (TEL) o "Special Tribunal for Lebanon" (STL) y explica en qué coincide y se diferencia de otros tribunales internacionales.

Este artículo analiza diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre entregas extraordinarias y centros clandestinos de detención: los casos El-Masri contra Macedonia, de 13 de diciembre de 2012 (nº 39630/09); Husayn “Abu Zubaydah” (nº 7511/13) y de Al Nashiri (nº 28761/11), ambos contra Polonia, de 24 de julio de 2014; y Nasr y Ghali contra Italia (nº 44883/09), de 23 de febrero de 2016.

Este artículo analiza la aplicación práctica de la justicia indígena en Guatemala, prestando una especial atención a sus precedentes histórico-jurídicos, su marco legal actual y las ventajas e inconvenientes que supone la aplicación del castigo maya impuesto por las autoridades indígenas.

La Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos –que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante la resolución A/RES/3166(XXVIII), de 14 de diciembre de 1973– tiene un singular contenido criminológico a la hora de hacer frente a estos delitos que constituyen una seria amenaza para el mantenimiento de las relaciones internacionales. Este artículo también analiza sus precedentes históricos y criminales, su transposición a los ordenamientos jurídicos español y mexicano y su aplicación en la jurisprudencia internacional.

Aunque el uso de drogas y otras sustancias para mejorar el rendimiento físico de los atletas en competiciones de carácter deportivo se ha documentado, al menos, desde el siglo III antes de nuestra era; el origen de las actuales políticas nacionales e internacionales de lucha contra el dopaje se basa en diversos instrumentos jurídicos que se han venido adoptando, en el seno del Consejo de Europa, desde los años 60. Este artículo analiza su pionera actuación como la primera organización internacional que abordó la práctica del dopaje en el deporte a raíz de que cinco de los participantes en el campeonato mundial de ciclismo en ruta que se celebró en el circuito de Nürburgring (Alemania), en 1966, se negaran a pasar un control antidoping; como consecuencia, el Comité de Ministros de esta organización paneuropea aprobó la Resolución (67) 12, de 29 de junio de 1967, sobre dopaje de los atletas [Resolution on the Doping of Athletes], el primer documento internacional que se aproximó a este problema, proporcionando una definición del dopaje como la administración de agentes extraños al organismo en una persona sana con el único propósito de alterar su participación en una competición.

Después de analizar los precedentes históricos de la mediación como método alternativo para la resolución de conflictos internacionales, el artículo -que forma parte del libro "Mediació Escolar" editado por la "Universitat Autònoma de Barcelona"- se centra en el papel que desempeña la mediación en el ámbito de la ONU, incluyendo sus programas de justicia restaurativa así como la División de Mediación en el sistema informal de Administración de Justicia de las Naciones Unidas.

Con datos estadísticos relativos a 2016, solo durante ese año se documentaron 172 asesinatos y 276 ataques de otro tipo –entre acosos, persecuciones, mutilaciones, secuestros o violaciones– sufridos por personas albinas en 25 países africanos porque, en este continente, aún se cree que los remedios de medicina tradicional –denominada muti o yuyu– son más eficaces si contienen partes del cuerpo de personas con albinismo. A esas cifras tan desoladoras, en pleno siglo XXI, debemos añadirle la estigmatización y el desarraigo que sufren, sobre todo, las mujeres y los niños albinos, dos colectivos de víctimas especialmente vulnerables a la exclusión social. En este artículo analizo, desde el punto de vista del Derecho Internacional, la creciente visibilidad de estos crímenes y los instrumentos jurídicos que empiezan a adoptarse en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y otras organizaciones regionales y mundiales.

La disciplina científica que hasta 1885 se había llamado Antropología Criminal (con autores como Cesare Lombroso, Benigno di Tullio y Mario Carrara), Sociología Criminal (Enrico Ferri, Alexander Lacassagne, Joseph Maxwell y Franz von List) o Biología Criminal (Adolf Lenz y Frank Exner) pasó a denominarse, simplemente, Criminología –según la RAE: Ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión– gracias a la obra homónima, Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione, escrita por el juez napolitano Raffaele Garofalo, de la que publicó dos ediciones en Turín (Piamonte, Italia) –en 1885 y 1891– y, entre ambas, en 1888, su traducción al francés, en chez Felix Alcan, de París. Este artículo plantea si este autor acuñó realmente este término, a pesar de que antes de él, ya hablaron de “Criminología” el medico británico Joseph Ewart, en 1860; o el fiscal siciliano Giuseppe Adragna Mazzarese, en 1884.

El caso de «doña Baldomera Larra» fue muy singular. Antes de que el italiano Carlo Ponzi pusiera de moda la estafa piramidal, se calcula que esta madrileña engañó a cerca de 5.000 confiados impositores, a los que ofreció un rédito del 30% mensual; huyó con unos 22.000.000 de reales a Francia, fue extraditada y juzgada pero la historia de una de las mayores estafadoras de la historia aún tuvo un final inesperado.

Aunque los asesinatos de los reyes Sancho Garcés IV de Pamplona (¿?, ca. 1054 – Peñalén, 1076) y de Pedro I de Castilla (Burgos, 1334 – Montiel, 1369) no fueron los primeros ni los únicos magnicidios que se cometieron en la historia de los reinos cristianos del Norte de la Península Ibérica durante la baja Edad Media –entre los siglos XI y XV– ambas muertes fueron determinantes para el devenir histórico de sus respectivas coronas y compartieron un singular elemento fratricida: tanto en el barranco navarro como en el castillo calatravo, los dos soberanos murieron víctimas de sus propios hermanos. Igual que le ocurrió al Conde de Barcelona Ramón Berenguer II Cap d´Estupes (Barcelona, 1053 – Gualba, 1082) con su gemelo que pasó a la historia con el sobrenombre de el Fratricida. El artículo que he publicado en el número 46 de la revista Quadernos de Criminología analiza los magnicidios que se cometieron en las Coronas de Castilla y Aragón, el Reino de Navarra y Al-Ándalus durante el periodo histórico de la Baja Edad Media.

Decía Martin Luther King que siempre es buen momento para hacer lo correcto. En 2001, la modelo y activista somalí Waris Dirie decidió que había llegado la hora de contarle al mundo su propia experiencia infantil, cuando –con apenas tres años– una de las ancianas del clan midgaan que practicaba la circuncisión a los miembros de su tribu de nómadas musulmanes (en la Tierra de Punt, al norte de Somalia) le realizó la peor mutilación genital que puede sufrir una mujer –la infibulación– armada con un simple cuchillo afilado en una piedra para efectuarle el corte.