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Presentación para el 42 aniversario del golpe en Uruguay
Acto organizado en Buenos Aires por Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos
Dra. Francesca Lessa, University of Oxford
NO E“ DICTADURA, esta fue la portada de la emblemática revista uruguaya Marcha, que
así titulaba su edición del 30 de junio de 1973, a pocos días del golpe de Estado. Más abajo,
en la propia tapa se reproducía el Decreto completo de disolución del Parlamento y,
específicamente, la prohibición de atribuir "propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo".
En respuesta al golpe de estado cívico-militar del 27 de junio, liderado por el presidente del
Partido Colorado Juan Maria Bordaberry –elegido por las urnas en 1971 con posible fraudey las Fuerzas Armadas, los trabajadores uruguayos y la Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) empezaron ese mismo día la Huelga General más larga de la historia del país, que
duró 15 días.
El mismo 30 de junio, el dictador y sus cómplices civiles y militares ilegalizaron la CNT. Un
año después, en noviembre de 1974, la dictadura cerró Marcha, en cuyas páginas habían
escrito intelectuales como Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano y Mario
Benedetti, y cuyos ejemplares eran literalmente arrebatados por el público argentino en los
años 60.
La sangrienta dictadura uruguaya permaneció en el poder por doce años, hasta el 1985. En
esa década infame, el régimen uruguayo –inspirado como los de sus vecinos en la Doctrina
de la Seguridad Nacional y en el contexto geopolítico global de la Guerra Fría- se convirtió
en el mayor verdugo de sus ciudadanos, torturando, asesinando, encarcelando y
aterrorizando. Uruguay se transformó en una gran cárcel: en 1976, tenía el índice más alto
de prisioneros políticos por cantidad de habitantes de América del Sur y, posiblemente, del
mundo entero.
Eduardo Galeano dijo: "Durante los doce años de la dictadura militar, Libertad fue nada más
que el nombre de una plaza y una cárcel... estaban presos todos, salvo los carceleros y los
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desterrados: tres millones de presos... A uno de cada ochenta uruguayos le ataron una
capucha en la cabeza; pero capuchas invisibles cubrieron también a los demás uruguayos,
condenados al aislamiento y a la incomunicación, aunque se salvasen de la tortura. El miedo
y el silencio fueron convertidos en modos de vida obligatorios".
Junto a Argentina y Chile, Uruguay fue uno de los países más activos de la coordinación
t a s a io al del te o
o o ida o o Pla
Có do ,
u as ga as e o ie o
toda
Sudamérica, secuestrando y desapareciendo centenares de uruguayos exiliados en
Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia.
192 desaparecidos, 209 asesinatos políticos, 250,000 exiliados, más de 6,000 detenidos de
largo plazo, miles de hombres y mujeres torturados, y 3 niños aun desaparecidos. Este es el
legado de sangre de la dictadura uruguaya.
En este aniversario n. 42 del golpe cívico-militar en Uruguay, quisiera reflexionar sobre la
lucha por verdad y justicia llevada a cabo por los sobrevivientes, los familiares de las
víctimas y todos aquellos que, dentro de los sindicatos, las ONG, y la sociedad civil que los
acompañan en esta lucha aun inconclusa. Quisiera homenajear a todos ellos, un modelo de
compromiso y fuerza que nos alumbra y convoca a todos aquí esta tarde, al mismo tiempo
que quisiera subrayar algunas de las cuentas pendientes en este Uruguay posdictadura,
especialmente la paradoja de la impunidad y su persistencia.
Como dijo Juan Gelman, la impunidad es la continuación del terrorismo de estado por otros
medios. En este nuevo aniversario del golpe, la pregunta que nos convoca es: porque los
crímenes de la dictadura siguen en su gran mayoría impunes? Porque los actores de la
impunidad (Suprema Corte de Justicia- SCJ, líderes políticos y económicos) han sido tan
exitosos? Porque a pesar de los avances internacionales en DDHH, empezando por aquí en
la cercana ARG, muchos jueces y líderes políticos uruguayos permiten que los horrores del
pasado queden impunes?
Para contestar estas preguntas, hare una breve reseña histórica de la lucha contra la
impunidad, recalcando en particular como los crímenes del Plan Cóndor permitieron que se
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abriera una brecha en el muro de impunidad. Finalmente terminare mi exposición
considerando hechos actuales como la postura de la SCJ y la actitud del gobierno de
Vázquez.
A treinta años del retorno de la democracia, la mayoría de los crímenes de la dictadura aún
siguen impunes. La impunidad con la que se cometieron esos horrores en los años 70 se
institucionalizó en 1986, cuando el Parlamento democrático sancionó la Ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva del Estado. Un largo y contorsionado nombre para una ley que
tenía un objetivo simple, dejar en el silencio y en la impunidad las atrocidades cometidas
por el estado uruguayo.
A pesar de los innumerables esfuerzos de los militantes de la sociedad civil, tanto a nivel
nacional, regional e internacional, la impunidad permaneció inmutable por 15 años. Ni
verdad, ni justicia, fue la fórmula de tres gobiernos uruguayos entre 1985 y 2000. Hasta el
1999, políticos como el ex Presidente Julio Maria Sanguinetti podían afirmar a la prensa que
"en Uruguay no desapareció ningún niño." Pero esas mentiras ya se hacían insostenibles.
Gracias a la labor incansable de los sobrevivientes, sus familiares, las ONG, la central sindical
y algunos jueces y fiscales comprometidos se llegó en 2002 al primer procesamiento en el
país, el del ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición de la maestra Elena Quinteros
en 1976.
Ese mismo año, Sara Méndez pudo encontrar a su Simón, su hijo de apenas veinte días de
vida cuando ambos fueron secuestrados en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan
Cóndor. En 2000, había aparecido en Montevideo Macarena Gelman. Su mama, Maria
Claudia, argentina de apenas 19 años, había sido traída de Buenos Aires a finales de 1976.
Dio a luz en Montevideo, luego fue asesinada. Y Macarena fue apropiada ilegalmente por un
policía.
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La aparición de Macarena demostró que en Uruguay también habían desaparecido niños y,
al mismo tiempo, y su vida en Montevideo probaba la existencia de la coordinación de
terror, y el papel activo que Uruguay jugó adentro de la misma.
Los casos de Simón y Macarena, me llevan justamente a hablar del Plan Cóndor. Simón
nació en Argentina durante el exilio de sus padres uruguayos en Buenos Aires. Macarena, de
padres argentinos, nació en el Hospital Militar en Montevideo. Se presume que su mama
fue asesinada y enterrada clandestinamente en Uruguay.
El 1976 fue uno de los anos más negro de Cóndor.
La aparición de Macarena y Simón en 2000 y 2002 convenció hasta los más reacios. En una
carta al periódico La República un militante del Partido Colorado escribía: …dirigentes en el
ámbito local y nacional…decían que los desaparecidos en nuestro país eran una mentira del
izquierda, que la tortura no había existido y menos aún niños secuestrados por la dictadura.
Y así pensé durante mucho tiempo. No conozco a Sara personalmente, pero creo que en
algún lugar de ese inmenso y sufrido corazón, tendrá un lugar para perdonar a los que nos
equivocamos. Bienvenido a casa Simón.
Y no aparecieron solamente los niños apropiados, sino que los mismos desaparecidos; ellos
también tuvieron que reaparecer para probar el horror del crimen que habían sufrido. Dos
en 2005, uno en 2011 y otro en 2012. Enterrados en tumbas clandestinas en suelo
uruguayo. Finalmente buscados y encontrados. Los restos del maestro Julio Castro,
secuestrado en 1977 con 69 años de edad, vieron la luz en 2011 en un predio militar. Su
cuerpo desveló otra mentira: fue torturado y asesinado con un disparo en la nuca, los
desapa e idos o fue o
i gú
e eso .
De poco a poco, y gracias al trabajo de los sobrevivientes y activistas, todas las mentiras se
vinieron abajo. Hubo desaparecidos en Uruguay, tantos niños como adultos, no fueron
excesos, como se decía en el intento de justificar lo injustificable, fue terrorismo de estado.
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A pesar del poder de la verdad de estos horrores, la labor de la justicia ha sido lenta, muy
lenta.
Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, hasta la fecha, la justicia ha condenado 16
personas por los crímenes de la dictadura, dos ya fallecieron.
Al comienzo impedidos por la Ley de Caducidad, pocos jueces valientes se atrevieron en
desafiar la impunidad. Solo en 2002, el juez Eduardo Cavalli procesó al ex canciller,
aceptando el argumento del abogado laboralista Pablo Chargoñia que la Ley de Caducidad
no se aplicaba a los civiles.
En los años anteriores como en los siguientes, jueces y fiscales como Alberto Reyes, Estela
Jubette, Alejandro Recarey, Mirtha Guianze y más recientemente Mariana Mota, que se
atrevieron a desafiar la impunidad fueron sancionados y trasladados al fuero civil,
paralizando en muchas oportunidades las causas e investigaciones que llevaban adelante.
Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, solo 6 de las más de 250 causas abiertas en el
país tienen sentencia firme. Por el contrario, en Chile, hasta ahora, 281 de los agentes
procesados están condenados con sentencia firme y, en Argentina, 43 de las 142 sentencias
dictadas desde 2006 son firmes.
Las causas por los crímenes del Plan Cóndor han permitido avances importantes en la
justicia en Uruguay, rompiendo la lógica de la impunidad institucionalizada por la Ley de
Caducidad. El juez penal, Luis Charles, dispuso el 27 de marzo de 2009 la condena de ocho
militares y policías por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados. Esta
sentencia dispuso la condena por primera vez en la historia de militares y policías vinculados
con el régimen dictatorial uruguayo. El histórico fallo se concretó 24 años después de
reinstaurada la democracia en Uruguay, y 35 años después del golpe de Estado de junio de
1973. Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab,
Jo ge Paja ito “ilvei a, E esto Aveli o Ra as, Gil e to Váz uez a u a pe a de 25 años de
penitenciaría; al tiempo que para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales
Ri a do Co ejo Medi a
José “a de Li a la pe a dispuesta es de 20 años por el
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secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández
y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva de o i ada Pla Có do , e
la o o ida
ega ausa “egu do Vuelo de Auto oto es O letti.
Fue un fallo histórico, pero la demora de tantos años es insoportable para las víctimas. Esta
sentencia fue luego confirmada por la SCJ junto con la del dictador militar Gregorio Álvarez.
En octubre de 2009, el mismo juez Charles había condenado a G ego io Go o Álvarez y del
capitán de navio (r) Juan Carlos Larcebeau por el traslado clandestino de presos políticos en
1978. Alvarez fue condenado como autor de 37 delitos de homicidio por su responsabilidad
cupular, mientras Larcebeau fue enjuiciado como autor de 29 homicidios por su
participación directa en los operativos clandestinos impulsados por el cuerpo de Fusileros
Navales (Fusna) en la República Argentina, en el marco de la concertación represiva del
Pla Có do .
Hay otras investigaciones sobre Plan Cóndor aun en etapa anterior al juicio. Incluyen la
causa por el asesinato de la mama de Macarena Gelman; la apropiación de Victoria y
Anatole Julien; caso del vuelo Cero/Fusilados de Soca de 1974; traslado y tortura de Antonio
Viana Acosta; los sobrevivientes del primer vuelo. En la causa de Gustavo Insaurralde y
Nelson Santana, por primera vez se aceptó en 2011 la tipificación del delito de desaparición
forzada en Uruguay, propuesto por la jueza Mota en primera instancia y confirmado en
apelación; pero la causa se cerró con la muerte del Coronel Calcagno, único imputado.
En junio de 2011, el juez Roberto Timbal condenó al ex dictador Juan María Bordaberry y el
ex canciller Juan Carlos Blanco a 30 años de penitenciaría, por el asesinato de los ex
legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex militantes del MLN Rosario
Barredo y William Whitelaw aquí en Buenos Aires en 1976.
Hay muchas otras causas abiertas en UY, sobre las torturas sufridas en el FUSNA, la causa de
torturas sufridas por mujeres, y también la causa sobre el ex centro clandestino 300 Carlos.
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Lo paradójico que cabe resaltar es que, después de la derogación de la Ley de Caducidad a
finales de octubre de 2011, la impunidad adquirió otra forma, posiblemente aún más
nefasta de la misma Ley de Caducidad.
Mientras que entre 2009 y 2010 –cuando aún era vigente la Ley de Caducidad- se
condenaron 12 personas, en los últimos tres años solamente hubo 2 condenas.
Desde que se derogo la Caducidad, solo hubo un nuevo procesamiento en 2012. De los 6
juicios concluidos en estos últimos tres años, 4 terminaron con absoluciones y 2 con la
condena de los imputados, con en un caso una sentencia de 4 años apenas por un asesinato
político en 1973. La impunidad –ya sin ley- empezó a tomar otra forma: sentencias livianas,
absoluciones, prescripción de crímenes de lesa humanidad...
En los últimos anos, Uruguay ha sido condenado a nivel internacional por Amnistía
Internacional, Naciones Unidas, CEJIL, Corte IDH, CJI por su postura conservadora sobre el
pasado reciente. Especialmente las sentencias de las SCJ que, al considerar a los crímenes de
la dictadura como crímenes comunes y no de lesa humanidad, constituyen en las palabras
de u o de sus
i ist os Rui al Pi o u a
u alla en el camino a la justicia.
Por es más, el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, en marzo de este ano afirmó: Ha
ás
de 30 violadores de derechos humanos en Uruguay entre quienes aún están presos, algunos
que tienen prisión domiciliaria y los que ya fallecieron, lo que para el número de violaciones
a los de e hos hu a os g aves ue se o etie o e U ugua es
u e itoso .
Además de no corresponder a las cifras proporcionadas por el OLI, pensar que 30 personas
puedan haber sido responsables por miles de crímenes es una ofensa para el pueblo
uruguayo, que tanto sufrió en aquellos años y para todos los familiares y sobrevivientes que
aún están buscando verdad y justicia.
En una situación bastante paródica, sino fuese por la gravedad del tema, el mismo día de las
declaraciones del ministro Chediak, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro
afirmó que durante el gobierno de Mujica se encontraron restos y se avanzó muchísimo, y
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que ta eas e sile io hallazgos si
ulla . Afirmar que el hallazgo de 2 cuerpos en 5 años
de gobierno, cuando aún falta encontrar centenares más de detenidos desaparecidos es
otra vez ofensivo para todo el pueblo uruguayo y las madres, que se están muriendo sin
saber lo que paso con sus seres queridos.
Claramente, algo está fallando en Uruguay. La falta de investigación y la continua impunidad
avalada por líderes políticos, como el ex Presidente Mujica, el actual Ministro de Defensa
Eleuterio Fernández Huidobro, ministros de la Suprema Corte de Justicia e integrantes del
poder judicial que autorizan -sin brindar explicación alguna- salidas transitorias de la cárcel
para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, como pasó la semana pasada con
José Gavazzo -reo de 28 homicidios-, son inadmisibles en una sociedad democrática.
Uruguay, celebrado por el mundo entero, por sus políticas progresistas, está
descaradamente incumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos –internacionales
y regionales- de aclarar la verdad y sancionar a los responsables de los crímenes de la
dictadura. Como dijo Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de
Juristas, U ugua … no debe aceptar un legado de impunidad, silencio e ignorancia para las
ví ti as de la di tadu a
ilita .
Efectivamente, la impunidad no es inevitable para el Uruguay. Todo lo contrario. La
impunidad, con leyes como la Ley de Caducidad, con hechos como la falta de información y
acceso a los archivos brindados por los ministerios, las ambigüedades del gobierno de
Vázquez, que en el mismo día que se crea el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, su
i ist o de defe sa a usa a los a tivistas de DDHH de se
u os e fe
itos, do de los
engendros judiciales de la SCJ van en contra de cualquier avance de DDHH reconocido a
ivel egio al e i te a io al,
do de algu os jue es due
e
arriba los expedientes y
las denuncias de las víctimas. La impunidad no es inevitable; de hecho, sus promotores la
construyen y garantizan día a día.
La
ultu a de i pu idad,
o o di e Roge Rodríguez, tiene muchas caras. Que exista
tanta impunidad en un país como el Uruguay es realmente inadmisible. El país tiene los
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recursos y las habilidades de investigar los crímenes. Falta la voluntad política y jurídica de
hacerlo.
Los activistas de DDHH, los sobrevivientes y los familiares no van a bajar los brazos, pero
necesitan ser acompañados en su lucha. Esta tarde, cuando recordamos 42 años del golpe,
en Montevideo se marchaba del Hospital de Clínicas al Ministerio de Defensa para pedir la
renuncia de Fernández Huidobro, uno de los principales artífices de la impunidad en el
último gobierno de Mujica y mantenido en su ministerio por el actual Presidente Vázquez.
Esta es también la impunidad.
Me gustaría que pudiéramos pensar estrategias y herramientas para apoyar a los reclamos
de verdad y justicia desde aquí, para denunciar la impunidad que aún persiste, porque si nos
callamos, si no hacemos nada, si esperamos que lo haga otro, seremos nosotros mismos
también cómplices de esta impunidad. Y yo no quiero serlo.
Muchas gracias!