Edwin Manuel Tapia Góngora*
Gestión por políticas
Análisis de los planos de acción en que
se desenvuelve la implementación de
una política pública
Managment policies
Analysis of the action plans to implement unfold
public policy
Fecha de recepción: 18 de abril de 2011
Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2011
ABSTRACT
RESUMEN
The article shows that policy
El artículo muestra que la gestión
m a n a g m e n t , o cc u r s i n t h e
de políticas, ocurre en el marco de
framework of three levels: plot,
tres planos: argumental,
organizational and procedural,
organizacional y procesal; en ellos
they converge in a variety of
conf luyen una diversidad de
rationalities that operate
ra c i o n a l i d a d e s q u e o p e ra n
simultaneously, not necessarily
simultáneamente, no necesariainterconnected levels of analysis
mente están interconectados, el
can explain the reconfiguration,
análisis de los planos permiten
becoming and results of a policy.
explicar la reconf iguración,
devenir y resultados de una
política.
Palabras Claves: Gestión por
políticas, Campo organizacional,
Campo funcional de la política,
Organizaciones por Políticas,
Doctrina administrativa,
Referenciales de política.
Key words: Management by
policy, organizational f ield,
f u n c t i o n a l f i e l d by p o l i c y,
O rg a n i z a t i o n s fo r Po l i c i e s,
administrative doctrine, policy
references.
*Administrador público, Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales
Contemporáneos, docente Asociado de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP e investigador
del Grupo Organizaciones, Gestión y Políticas Públicas –REDES- de la ESAP, sede Bogotá. Correo
Electrónico:
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PRESENTACIÓN
L
as políticas públicas se entienden como el conjunto de directivas, o
agregación de “mandatos que permiten orientar las acciones
gubernamentales del funcionariado estatal y de los grupos sociales
que resultan afectados por el hacer u omitir del Estado, consignados en los
mencionados mandatos. Las directrices de política son decisiones que se
estabilizan en dispositivos de diferente naturaleza, algunos de ellos son
normas jurídicas marco, planes y programas estatales indicativos,
directivas, entre otros: Las directrices de política pueden expresarse en
términos de lineamientos, principios reguladores de objetivos, entre otros;
su estabilización implica que con ellos se cierran en buena medida, los
debates y negociaciones orientados a caracterizar el problema socialmente
relevante y el diseño mismo de directrices” 1.
La puesta en ejecución de los mandatos, implica el despliegue y re-ajuste
de una infraestructura organizacional y procedimental tanto en el ámbito
estatal como no estatal, con miras a establecer la red de servicios que
establece la política pública; esta red constituye el campo organizacional
de intervención, en el seno de este se entrecruzan diversas concepciones
(referenciales) y decisiones que redefinen el problema a intervenir, las
poblaciones, los dispositivos organizacionales y procedimentales, y en
últimas, las valoraciones sobre los resultados de las intervenciones de las
administraciones públicas y organizaciones no estatales involucradas en
la gestión del problema que genera la política.
Esta mirada sobre la gestión de los problemas públicos se resume bajo la
noción de “Gestión por políticas”, el cual pretende ser un enfoque puente
entre el análisis organizacional (Taylor, Weber, Merton, etc.) y los
enfoques de análisis de políticas públicas (Limblond, Pressman y
Wildavsky, entre otros.).
El enfoque de gestión por políticas, permite entonces, entender la
emergencia de un campo de intervención estatal y de ciertas trayectorias
1
Lozano Ayala, Alejandro. “El juego de las políticas públicas. Aspectos sobre diseño e implementación”, en
Fundamentos de políticas públicas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Ciencia Política, 2007, pp. 112- 113.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
que asumen las políticas, por lo que la construcción de ésta, no se resuelve
sólo en el momento de su formulación en instancias como el congreso
nacional o las oficinas de planeación de las entidades estatales, en esos
lugares se produce una estabilización temporal o cierre parcial del debate2
y su fijación se sigue adelantando en otros planos, como los despachos de
las administraciones públicas.
Por otra parte, Gestión por Políticas es también una corriente de manejo
gubernamental, la cual ve la luz de manera explícita, a partir de la década
de los sesenta, cuando el gobierno federal norteamericano asume el
desarrollo de programas de lucha contra la pobreza3. Bajo este enfoque los
gobiernos deben dedicarse a llevar el timón (fijar políticas) y no remar
(prestar servicios), lo cual lleva a realizar reformas administrativas que
fijan organizaciones especializadas en una parte del ciclo de la gestión
pública, a saber, el diseño, ejecución, financiación o la evaluación de una
política o servicio público4.
Dado este panorama, es propósito de este escrito el introducir una
reflexión sobre los planos de acción en los que se juega la gestión de una
política pública y enunciar cómo en estos escenarios se produce una
reformulación de los alcances y sentidos de esta, es decir, desde lo
administrativo se reformulan las políticas públicas. Las reflexiones que
acá se enuncian, emergen de la sistematización de estudios previos del
autor de este escrito (caso programas de atención humanitaria de
emergencia y vivienda de interés social5 y, manejo de recursos hídricos6),
Lozano Ayala, Alejandro. Aspectos sobre política pública. Ejercicios e instrumentos para el análisis,
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 162.
3
Harmon, Michael. Mayer, Richard. Teoría de la organización para la administración pública. Serie nuevas
lecturas de política y gobierno, 1° Ed., México D.F., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, A.C, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 505.
4
Aguilar Villanueva, Luis Fernando Gobernanza y gestión pública, Sección de obras de administración
pública, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 500.
5
Tapia Góngora, Edwin. Evaluación de los programas de atención humanitaria de emergencia y de vivienda
de interés social para la población internamente desplazada en Colombia. Periodo 2004-2008, Informe de
investigación, Bogotá, Grupo Organizaciones, Gestión y Políticas Públicas –REDES-, Red Inter-Americana
de Educación en Administración Pública –INPAE-, Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-,
2009, p. 116.
6
Tapia Góngora, Edwin. Martínez Cifuentes Ana María y Tique Zubieta, Amanda. Gestión de políticas
públicas. El caso de la política hídrica nacional en el período 2006-2010, Informe de investigación, Bogotá,
Grupo Organizaciones, Gestión y Políticas Públicas –REDES-, Bogotá, Escuela Superior de Administración
Pública –ESAP-, 2010, p. 101.
2
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que tuvo como marco conceptual el enfoque de Gestión por Políticas. El
análisis permitió identificar tres planos de gestión en los que se
reconfigura una política pública, a saber: el argumental, el organizacional
y el funcional.
Dados estos planos de análisis, el documento está ordenado en tres partes:
en la primera, se enuncia el plano argumental, que se constituye a partir de
dos tipos de argumentos, los referenciales (imágenes) de la política y las
doctrinas administrativas; en la segunda, se aborda el plano
organizacional, es decir, los esquemas de organización para la puesta en
operación de una política; en la tercera, se aborda lo relacionado con el
plano procesal, es decir, las reglas de funcionamiento o políticas de
gestión, que emergen para dar cuenta de una política pública; y, por
último, se presentan unas breves conclusiones sobre el enfoque de análisis
de gestión por políticas.
1. PLANO ARGUMENTAL DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA.
LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE INTERVENCIÓN
MEDIANTE DOCTRINAS Y REFERENCIALES
106
La puesta en ejecución de una política, implica delimitar un campo de
intervención, para lo cual se ponen a circular una serie de argumentos a
partir de los cuales se fijan imágenes sobre el problema a resolver, así como
los dispositivos organizacionales y procedimentales encargadas de
producir los servicios que fija una política.
En la gestión de una política, la fijación de la manera de intervenir, es
producto del debate político, del cruce de valores sociales en pugna
(eficiencia, integración social, más mercado o menos Estado, flexibilidad,
solidaridad, etc.), así el lenguaje de los polemistas se cobije de un ropaje
técnico y se recurra a la nociones de eficiencia y viabilidad jurídica para
mostrar una imagen de objetividad, con lo cual se busca dejar de lado la
existencia de concepciones ideológicas sobre el rol del Estado y la sociedad
civil.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
En resumen, en la gestión de las políticas, se continúa la batalla política por
fijar el norte de la acción estatal en las poblaciones, por lo que también se
recurre a una serie de interacciones retóricas desde diversas instancias.
Las interacciones generan varios diseños argumentales de la política: los
referenciales7 y las doctrinas administrativas8; los cuales son cadenas de
argumentos que darán pie a la infraestructura organizacional,
procedimental, financiera y jergas (discursos) para ejecutar los mandatos
de una política.
Pero la configuración de estas formas argumentales no ocurre de manera
automática, la concatenación de argumentos no surge gracias a un
racionamiento de tipo económico que con base en el principio de costobeneficio, establezca la selección de los enunciados que respondan de
manera óptima a un tipo de problema. Como muestran Olsen y March, los
procesos de articulación entre problemas y soluciones no operan bajo una
lógica económica, sino más bien por argumentaciones de orden retórico,
más cercanos al razonamiento jurídico9.
El razonamiento jurídico, la lógica de la pertinencia, consiste en la
búsqueda de la coherencia entre las variables a partir de una serie de reglas
de enunciación que fija una instancia de debate, lo cual explicaría por qué,
ciertas series de argumentos, aparentemente ineficientes desde la
perspectiva económica, perduren en el pensamiento administrativo como
modelos de organización, ¡a pesar, de que la coyuntura que habilitó su
emergencia haya desaparecido!
En el proceso de configuración de los argumentos se identifican como
resultados:
Muller, Pierre. Las políticas públicas, 2ª Ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 181.
Hood, Christopher. Jackson, Michael. La argumentación administrativa. Serie nuevas lecturas de política y
gobierno, 1° Ed., México D.F., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.,
Universidad Autónoma de Coahuila, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 344.
9
Olsen, Johan. March, James. El redescubrimiento de las Instituciones. La base organizativa de la política.
Serie nuevas lecturas de política y gobierno, México D.F., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, A.C., Universidad Autónoma de Sinaloa, Fondo de Cultura Económica, 1989, p.
334.
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1. La adopción y rechazo de ciertos referenciales y doctrinas a considerar, y;
2. La fijación de una agenda y definición de problemas “administrativos” a
resolver;
El encadenamiento entre argumentos implica un reacomodamiento de
enunciados, pero esto no ocurre de forma aleatoria, pues, este sucede en
un conjunto de instancias ubicadas dentro de un marco específico de
organizaciones y competencias regladas; por ende, la interacción ocurre
siguiendo el modelo de botes de basura, es decir, la interacción ocurre
según una serie de rutinas o reglas que regulan el (o los) procedimiento(s)
que orientan la articulación entre variables (referenciales, doctrinas,
problemas, soluciones, políticas de gestión, dispositivos organizacionales,
entre otros), los tiempos en que ocurren las interacciones, los criterios de
acceso a las instancias por parte de los actores que esgrimen las diversas
doctrinas en controversia, las formas de argumentación que se admiten en
esos espacios, los asuntos que se pueden abordar y, los niveles de cierre o
apertura, es decir, el grado de estabilización de los debates de diseño que
admite la instancia10.
Por ejemplo, en el caso de la política colombiana de gestión de recursos
hídricos, para el período 2006-2010, existía un entramado previo a la
formulación de la política, originado desde la década de los cincuenta del
siglo pasado, que condicionaba las interacciones entre los actores
organizacionales. Con ocasión de estas interacciones, devienen los
referenciales y doctrinas administrativas para la gestión de una política
pública. A continuación se presenta el detalle de cada uno de estas formas
11
argumentales .
1.1. Referencial de política
Un referencial de política, se entenderá aquí, como el conjunto de
argumentos con los cuales se construye la imagen o representación de la
10
Este enfoque de las instancias se asimila a la lógica de toma de decisiones bajo el denominado modelo de
botes de basura, en este, la articulación de problemas y soluciones ocurre en el marco de dos instancias o
estructuras: de acceso y de decisión. Al respecto, de cada una de estas, estos autores establecen que, la
estructura de acceso permite o no que un problema o solución particular se vincule a una opción particular y la
estructura de decisión facilita la relación entre los responsables de las decisiones y las oportunidades de
elección. Olsen, Johan. James March, El redescubrimiento de las Instituciones, op. cit. pp. 145-150.
11
Tapia. Martínez. Tique, Gestión de políticas públicas, op cit. pp. 46-47.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
realidad o situación a intervenir. A partir de estas, las organizaciones y
actores involucrados en la formulación/gestión/evaluación de una
política van a organizar su percepción del problema y población(es) a
intervenir, confrontar soluciones y definir propuestas de acción12.
El concepto de referenciales implica la existencia de una dimensión
cognitiva articulada a la enunciabilidad de los contenidos de
direccionamiento, implementación y evaluación de acciones estatales,
encaminadas a la resolución de situaciones socialmente problemáticas13.
Los referenciales, son argumentos que fijan14:
·
·
·
·
·
·
·
·
La estructura de causalidad del problema
El sentido del problema socialmente relevante a intervenir
Los efectos que genera el problema
La población objeto de la intervención
Los servicios a desplegar
El espacio y tiempos de la intervención
La estructura de organizaciones estatales y no estatales responsables
La manera de leer los impactos de la intervención
La existencia de varios referenciales en los procesos de configuración,
implementación y evaluación de las directivas de política implica que no
hay una definición unívoca de la situación a intervenir, que estas imágenes
pueden ser complementarias o contrarias, por lo que un asunto
considerado como problemático (de interés común) por diferentes
actores, no siempre es caracterizado por estos de la misma manera y por
Para ver la aplicación de los referenciales para la estructuración argumental de una política pública, se
recomienda ver: Tapia Góngora, Edwin. “Referenciales de política en materia del campo de intervención
Atención Humanitaria”, en Evaluación de los programas de Atención Humanitaria de Emergencia y de
Vivienda de Interés Social para la población internamente desplazada en Colombia. Periodo 2004-2008, op.
cit. pp. 76- 80.
13
Lozano Ayala, Alejandro. “Dimensiones funcionales de las políticas públicas”, en Aspectos sobre política
pública. Ejercicios e instrumentos para el análisis, op cit. pp. 25-62.
14
Tapia Góngora, Edwin. “Las dinámicas del cambio/estabilidad institucional en las políticas públicas”, en
Dinámica del cambio institucional en una política pública. El caso de la política de atención a la población
desplazada por la violencia en el periodo 2004-2009, op cit, pp. 7-10.
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ende, no necesariamente le atribuyen las mismas causas, no se leen los
mismos efectos e impactos de la acción estatal y con ello, es posible que no
coincidan en las soluciones que se le puedan dar.
Sin embargo, no se trata de simples diferencias de opinión, cada una de
estas interpretaciones y posturas se encuentran alimentadas por valores
que se considera deben primar frente a otros; de otra parte, esta imágenes
rechazan o aprueban ciertos proyectos de vida hacia los cuales apuntan las
soluciones del problema y, finalmente en cada una de ellos hay una
concepción de orden social, el peso del mercado, el individuo y el Estado15.
Los referenciales se encuentran materialmente contenidos en: normas
jurídicas (artículos de la Constitución Política, tratados internacionales,
leyes, jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales),
informes de gestión de las organizaciones estatales y no estatales
involucradas en la prestación del servicio, fichas de los proyectos y
programas de intervención social, así como en los discursos y
declaraciones, comunicados y columnas de prensa, entre otros.
1.2. Doctrinas administrativas
Las ideas o doctrinas sobre administración expresan argumentos
relacionados con el diseño de las organizaciones, la configuración de
dispositivos de intervención social (directivas de políticas, instrumentos
de focalización del gasto, planes, programas, proyectos, presupuestos), el
monitoreo de la acción (sistemas de indicadores y de información), tipos
de lenguajes (jergas administrativas), símbolos, metáforas, valores e
intereses de grupo, elementos con los cuales se configuran imaginarios
sobre lo administrativo.
Por otra parte, una doctrina no solo son argumentos sobre asuntos
técnicos, sino que involucran cuestiones políticas, relacionadas con
formas de concebir la gestión de los asuntos públicos y la expresión de una
15
Lozano Ayala, Alejandro. “Plexos de sentido”, en Aspectos sobre política pública, en Ejercicios e
instrumentos para el análisis, op cit, pp. 77- 79.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
serie de valores sociales y maneras de concebir las interacciones entre las
burocracias estatales y la sociedad. En términos generales, las doctrinas
prescriben respuestas frente a dos grandes escenarios: 1. Los problemas de
diseño organizacional y procedimental de las burocracias estatales, y; 2.
Los problemas relacionados con la gestión de políticas públicas.
En materia organizacional y procedimental, las doctrinas apuntan a
generar enunciados que guían las estructuras y procesos de las burocracias
estatales y a elucidar las problemáticas de diseño y funcionamiento de las
entidades con ocasión de la realización de un mandato misional o
sectorial.
En términos de gestión de políticas, las doctrinas administrativas no se
circunscriben el ámbito organizacional, lo transcienden, pues, su
orientación es generar argumentos que permitan la estructuración de
redes o campos organizacionales para la gestión de un programa o
proyecto, lo cual implica el diseño de instrumentos de intervención social
como: tecnologías de focalización, para la construcción de poblaciones,
sistemas de seguimiento y evaluación.
La argumentación administrativa tiene un carácter doctrinal, es decir, la
validez de los enunciados viene dado por el grado de persuasión que logran
los argumentos frente a una diversidad de auditorios como: clase política,
organismos estatales de planeación económica y social,
docentes/investigadores sobre el fenómeno administrativo público,
agencias de desarrollo internacional e industria editorial universitaria,
entre otros.
Las doctrinas son encadenamientos de cuatro tipos de argumentos: 1.
Argumentos que fijan el problema o situación a intervenir; 2. Argumentos
que establecen el conjunto de soluciones o curso de acción para dar cuenta
del problema; 3. Argumentos que proveen razones o justificaciones con los
cuales se busca explicar la pertinencia de la solución propuesta y; 4.
Argumentos metafóricos, es decir, enunciados con los cuales se busca
simplificar la realidad administrativa, con miras a hacerla asequible a un
conjunto amplio de públicos y así lograr la persuasión o aceptación.
Hay tres tipos de doctrinas administrativas: tipo quien, relacionadas con el
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problema a intervenir; tipo qué, relacionada con la forma organizacional a
adoptar para intervenir el problema, y; tipo cómo, relacionadas con los
procesos y procedimientos a seguir. Así mismo hay tres tipos de
argumentos justificatorios o valores a realizar con la acción administrativa
que prescribe la doctrina: valores tipo sigma, relacionados con la
eficiencia; valores tipo teta, relacionados con la equidad, la integración
social, y; valores tipo lambda, que se refieren a la flexibilidad, la capacidad
16
de aprendizaje y adaptación a los cambios del medio ambiente .
Las doctrinas prescriben cursos de acción frente a dos grandes escenarios:
1. Los problemas de diseño organizacional y procedimental de las
burocracias estatales para dar cuenta de un mandato misional y; 2 Los
problemas organizacionales relacionados con la implementación o
gestión de políticas públicas articuladas a mandatos sectoriales y agendas
de gobierno.
En relación con el diseño organizacional, las doctrinas apuntan a generar
enunciados que guían las estructuras y procesos de las burocracias
estatales y elucidar las problemáticas de diseño y funcionamiento de las
entidades con ocasión de la realización de un mandato misional o una ley
sectorial; En términos de argumentación administrativa, los libros de
texto en administración pública tienden a circunscribir este campo al
ámbito de los estudios de caso y al anecdotario sobre experiencias exitosas
(y fracasadas de gestión) y los estilos de gerencia.
En términos de gestión de políticas, las doctrinas administrativas se
orientan a generar argumentos que permiten la estructuración de redes o
campos organizacionales17 para la operación de un programa o proyecto, lo
cual implica el diseño de instrumentos de intervención social como:
criterios de focalización para la construcción de poblaciones o fijar las
situaciones a las cuales hacer seguimiento y evaluación; es decir, se genera
Hood, Christopher. Jackson, Michael, La argumentación administrativa, op cit, p. 58.
Scott, Richard. Meyer, John. “La organización de los sectores sociales: proposiciones y primeras
evidencias”, en El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. Serie nuevas lecturas de política y
gobierno, Powell, Walter. Dimaggio, Paul. (Eds.). México D.F., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y
Administración Pública, A.C., Universidad Autónoma del Estado de México, Fondo de Cultura Económica,
2001, pp. 154-190.
18
Majone, Giandomenico, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, op cit. pp.
35-135.
16
17
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
todo un universo de argumentos administrativos particulares18, que por lo
general tienden a ser subsumidos en la argumentación de los estudios de
caso sobre implementación de políticas.
La configuración de las cadenas de argumentos no es un proceso lineal
basado en el cálculo económico o el razonamiento jurídico, sino que el
enfoque doctrinal resalta el peso que tienen variables como, la ideología,
intereses, valores de los polemistas e institucionales, como los sesgos que
fijan las instancias al interior de las administraciones públicas, en ciertas
coyunturas, para impulsar hacia uno u otro lado la unión de cadenas de
argumentos.
2.
PL ANO ORGANIZACIONAL. L AS FORMAS
ORGANIZATIVAS QUE SE CONFIGURAN EN LA GESTIÓN DE
UNA POLÍTICA PÚBLICA
Los referenciales y doctrinas administrativas configuradas en el plano
argumental, devienen en el plano organizacional, en mandatos
operacionales, es decir, en reglas que regulan los comportamientos
individuales y organizacionales, así como la producción de los servicios
que prescribe una política.
En este plano, la argumentación administrativa asume una faz técnica, con
lo cual se busca evadir el debate sobre los valores sociales y orientaciones
políticas que materializa determinado mandato operacional. Parte del
éxito de estos argumentos, en este plano y el de las políticas de gestión (el
procesal) tiene que ver con el grado en que logran mostrarse ante la
opinión pública un ropaje de neutralidad política.
En este contexto, el desarrollo de los diversos mandatos operacionales,
activa una serie de relaciones que llevan a formas organizativas (tipos de
agrupamientos de unidades y organizaciones estatales y no estatales)
específicos para la gestión de una política pública. En términos genéricos
se distinguen tres tipos de formas organizativas: 1. Los diseños
organizaciones por políticas (diseños organizacionales establecidos para
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dar cuenta de aspectos de la política, por ejemplo un programa o un
proyecto); 2. Los campos funcionales (segmentos de las organizaciones
articulados a la gestión de un asunto que integra el problema al que apunta
la política) y; 3. Los campos organizacionales (agrupación de campos
funcionales, que dada su flexibilidad y su dispersión toman la forma de
una red).
2.1. Organizaciones por políticas.
En el marco de las teorías de la posburocracia19, desde hace veinte años, se
vienen adelantando una serie de reformas en las administraciones
públicas, que han llevado a que dentro de las organizaciones estatales,
coexistan dos esquemas de organización, por un lado, están los formas de
gestión por funciones, es decir, modelos para el desarrollo de labores
permanentes, las cuales se financian con recursos de los presupuestos de
funcionamiento y plantas de personas de carrera administrativa, por el
otro, están los esquemas de organización por políticas, que son formas
organizacionales dispuestas para dar cuenta de mandatos o políticas
gubernamentales y sectoriales, por ende, su duración y vinculación del
personal está anclado al ciclo de los programas y proyectos que integran
una política. Dado el interés de abordar la gestión de políticas, en este
apartado solo se dará cuenta de este último esquema de organización.
Frente a las organizaciones por políticas, se observa que estas se ordenan
en términos de tres campos de gestión en la materia: 1. Provisión
(formulación y financiación) de políticas; 2. Control (regulación y
supervisión) de los actores que intervienen en la operación de los servicios
que constituye una política y; 3. Producción, es decir, la prestación como
tal de los servicios que fija una política pública20. Dado este marco, existen
tres tipos de organizaciones por políticas: las que hacen provisión, las que
hacen regulación y las que operan los servicios. En términos materiales,
frente a estos tipos de organizaciones se observa:
Barzelay, Michael. “El paradigma posburocrático desde una perspectiva histórica”, en Atravesando la
Burocracia. Una nueva perspectiva de la administración pública, 1° Ed., México. D.F., Fondo de Cultura
Económica, 1998, pp. 173-196.
20
Aguilar Villanueva, Luis F. “Nueva gestión Pública”, en Gobernanza y gestión pública. Sección de obras de
administración pública, México D.F., Fondo de Cultura Económica, pp. 137-236.
19
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
En cuanto a la función de provisión, esta se confía a los ministerios o
secretarias de Estado, en tanto agencias “políticas”, las cuales se
especializan en formular y financiar directivas de políticas que desarrollen
los postulados de las leyes sectoriales, así como la agenda que trae el
gobierno de turno21. Los ministerios abandonan la intervención directa en
la operación de servicios y se opta por una intervención indirecta mediante
un aparataje de regulaciones, esquemas de subsidios, estímulos
22
tributarios y formas de asociación público-privadas con miras a inducir a
que las organizaciones estatales y no estatales, desarrollen las políticas
gubernamentales.
En cuanto a las funciones de control, surgen entidades, definidas como
órganos técnicos y apolíticos (Comisiones de Regulación y
Superintendencias), que se encargan de fijar marcos de reglas que regulan
y ordenan ciertas para prácticas de las organizaciones estatales y no
estatales que intervienen en el campo en cuestión.
Mientras que para las funciones de producción de servicios, se
delegan o entregan a operadores privados (privatizaciones y
concesiones)23 y agencias estatales especializadas (modelo del principal y
el agente)24, la operación y entrega de los servicios a las poblaciones objeto
de la política, para lo cual tienden a adoptar el modelo de organización de
“gestión por proyectos”.
Los proyectos son paquetes de actividades o servicios con una
temporalidad determinada, financiadas con recursos de inversión y que
son operacionalizados por organizaciones temporales, que en el caso de
las entidades estatales se denominan “grupos de trabajo”, estos son
cuerpos conformados por contratistas, vinculados por prestación de
Tapia Góngora, Edwin Manuel. Análisis de la Reforma del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Período 2002-2008, Informe de investigación, Bogotá, Escuela Superior de Administración
Pública, 2009, p. 82.
22
Doménech, Alfred Vernis. “Asociaciones entre lo público y lo privado: en búsqueda de la
complementariedad”, en Revista Reforma y Democracia, No. 33, Caracas, Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo –CLAD-, 2005, p. 25.
23
Albi, Emilio et. al. Innovaciones en gestión pública, en Gestión pública. Fundamentos, técnicas y casos,
Barcelona, Ariel, 2000, pp. 315-352.
24
Aguilar Villanueva, Luis F. “Nueva gestión Pública”, en Gobernanza y gestión pública. Op cit., pp. 137236.
21
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servicios, que se encargan de ejecutar los procesos de provisión y
regulación, dejando casi siempre la operación a organizaciones externas,
para lo cual se usa la figura del outsourcing.
Bajo el modelo de gestión por proyectos, se vincula de manera temporal y
con remuneraciones que superan la escala de las del personal de planta, a
profesionales con un saber especializado en la temática del proyecto, con
lo cual se flexibiliza la contratación de personal según las necesidades del
servicio, lo que impacta en los costos de funcionamiento de la entidad,
pues, los honorarios de las personas vinculadas a los proyectos se cargan a
recursos temporales de las entidades como, el presupuesto de inversión,
de crédito internacional y cooperación internacional. Aunque la otra cara
de este enfoque flexible, es que el saber que poseen estos contratistas no
queda en la entidad, lo cual reduce la capacidad de acción organizacional
al terminar su vinculación a la entidad, y si migran a organizaciones del
mundo privado que comparten el campo de intervención de la entidad, se
configura el fenómeno denominado “puerta giratoria”.
Al respecto, durante la década pasada para el caso del sector ambiente en
Colombia, la Contraloría General de la República fija que “…en su mayoría
estos contratistas llegan a realizar importantes tareas asociadas con la
función de autoridad ambiental –en el caso de Mavdt y CAR-, lo que en
algunas instituciones que dependen considerablemente de este tipo de
vinculación (Mavdt, Cardique, Corpourabá y Corantioquia), podrían
generar manejo indebido de información cuando estos contratistas pasen
al sector privado o diluir las responsabilidades por las acciones ejecutadas
durante la duración del contrato” 25.
En este sentido, la gestión por proyectos dota a las organizaciones de
mayor capacidad de intervención, al permitirles la vinculación de un
personal experto en las áreas de trabajo que desean los gobiernos impulsar,
sin embargo, este modelo presenta limitaciones para la transferencia de
ese saber a las entidades y así crear capacidad instalada para la prestación
permanente de la actividad, en caso de que los objetivos de los proyectos
devengan en función de Estado y no solo sean prioridades de gobierno.
25
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. Dirección de Estudios Sectoriales. Proceso de
reestructuración institucional y administrativa para el sector medio ambiente 2002-2004, Bogotá,
Contraloría General de la Nación, 2006, p. 70.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
2.2. Campos funcionales de una política pública
Los ámbitos de responsabilidad/autoridad estructuran esferas de acción
social a los que se adscriben las entidades estatales que son responsables
de dar cuenta de los mandatos de una política, esas esferas de acción se
denominan campos funcionales.
Un campo o segmento funcional, surge por la conjunción de una serie de
factores: 1. Entidades que comparten una población o problema de
política; 2. Un marco de directivas operacionales común y; 3. Una serie de
interacciones entre ellas con el fin de dar cuenta de un mandato funcional
o programático. Dados estos factores, emerge una regularidad, una serie
de patrones de interacción que se repiten y fijan una disposición de
organizaciones en un campo social particular.
Cada campo funcional es un segmento operativo de la política en cuestión,
al cual está articulado por organizaciones que comparten un mismo
ámbito de acción o una misma población. Esto lleva a ver a simple vista,
que la operación de una política es un escenario caótico o multiforme, que
no responde a los principios de organización y direccionamientos que
establecen las administraciones públicas, lo cual da la impresión de cierto
nivel de ingobernabilidad.
En este sentido, el gráfico1, ilustra la composición de organizaciones que
intervienen en uno de los segmentos que integran la gestión de la política
de vivienda de interés social en Colombia, es decir, la vivienda para familias
de escasos recursos y las víctimas de desplazamiento forzado, en este caso
el relacionado con la producción física de la vivienda.
El campo funcional maneja lógicas de operación propias, está integrado
por entidades estatales y no estatales y se estructura inicialmente con
ocasión de un marco de normatividades (para el caso del gráfico 1, están la
Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997, Decreto 951 de 2001, Decreto 216 de 2003,
Decreto 555 de 2003 y Decreto 208 de 2004) y racionalidades de diverso
orden (de tipo económico, jurídico, político, tecnológico, entre otros), que
devienen en condiciones institucionales que limitan y habilitan los tipos
de relacionamientos entre actores en cada campo.
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Gráfico 1.
Campo funcional para la producción de vivienda para familias
desplazadas en Colombia. Período 2004-2008.
Fuente: Gráfico tomado de: Tapia Góngora, Edwin. Evaluación de los programas de
atención humanitaria de emergencia y de vivienda de interés social para la población
internamente desplazada en Colombia, op. cit. p. 90.
Por otra parte, la implementación de una política pública implica una
diversidad de segmentos o campos funcionales, y es la labor de análisis de
la gestión de ésta, la que hace visible un entramado de organizaciones que
actúan en la problemática, de la agregación de estos, se configura el campo
organizacional de la política.
2.3.
118
Campo organizacional de la política
Un campo organizacional, surge por la conjunción de varios campos
funcionales, en este orden, la puesta en ejecución de una política implica
la intervención en varios esferas sociales (campos funcionales), los cuales
al agregarse, hacen visible un tipo de macro organización, una red en la
cual convergen diferentes tipos de organizaciones, tanto estatales como
no estatales con ocasión de la intervención de un asunto socialmente
relevante.
Según Powell y Dimaggio, un campo organizacional “es la forma como se
denota un área reconocida de la vida institucional y en la cual convergen
un conjunto de organizaciones….Está conformado por: proveedores
principales, los consumidores de recursos y productos, las agencias
reguladoras y otras organizaciones que dan servicios o productos
similares”26. Al respecto, a continuación y a título de ilustración, se retoma
el ejemplo de la política de vivienda de interés social, con el fin de mostrar
Dimaggio, Paul. Powell, Walter. “El retorno a la jaula de hierro”, en El nuevo institucionalismo en el
análisis organizacional, op. cit, pp. 104-125.
26
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
de manera detallada, en lo posible, el campo organizacional que surge con
la intervención en materia de vivienda para las poblaciones en situación
27
de desplazamiento en Colombia, entre los años 2004-2008 .
Gráfico 2
Campo organizacional en vivienda para familias desplazadas.
Período 2004-2008.
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Tapia Góngora, Edwin. “Campo funcional de intervención en vivienda de interés social”, en Evaluación de
los programas de Atención Humanitaria de Emergencia y de Vivienda de Interés Social, op. cit. p. 88-92.
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El gráfico 2, muestra que la gestión de las políticas de vivienda para las
personas desplazadas se juega en la interacción de cuatros campos
funcionales o segmentos: 1. Provisión; 2. Financiación; 3. Ordenamiento
territorial, y; 4. Producción de vivienda. En cada uno de ellos se fijan una
serie de orientaciones que de manera agregada se conjugan para el acceso
de vivienda.
Cada segmento de acción articula organizaciones asociadas a un campo
de intervención, por ende, un campo organizacional de una política
pública esta constituido por organizaciones que normativamente
pertenecen a diferentes sectores administrativos (para el caso estatal) y
sectores económicos (para el caso de organizaciones no estatales). Es
decir, un campo organizacional tiene una conformación multisectorial y
no surge sólo por una política de gobierno, o una regla constitucional o
legal sectorial, sino que las trasciende, porque es la acción concreta sobre
una población, el criterio que permite hacer visible el campo.
Por otra parte, los mecanismos de coordinación de los actores
organizacionales involucrados en el campo escapan a los mecanismos
tradicionales del control de tutela y el jerárquico, priman los mecanismos
de coordinación vía contratos de prestación de servicios, las asociaciones
público privadas, los convenios intergubernamentales y las instancias de
coordinación horizontal (comités y consejos) por campos cada uno de los
campos funcionales o segmentos que integran un campo organizacional.
Por otra parte, dada la fuerza de las interacciones entre cada segmento que
integra el campo, estas generan presiones homogeneización,
isomorfismo, en las estructuras y procesos de las organizaciones que
interactúan en cada uno de ellos.
El isomorfismo, es una tendencia que lleva a “…un proceso limitador que
obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que
enfrentan las mismas condiciones ambientales. En el nivel de la población,
ese enfoque sugiere que las características organizacionales se modifican
en dirección a una creciente compatibilidad con las características
ambientales”28.
Dimaggio, Paul. Powell, Walter, El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, op. cit. p. 108.
28
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
Lo anterior implica que, los procesos de adopción de doctrinas
administrativas, políticas de gestión e incluso, modelos de organización,
que provienen de otro sector (por ejemplo, el mundo privado
empresarial), dependen de la intensidad de la interacción entre las
organizaciones que conforman un campo y en los tipos de relación entre
campos de políticas, pues, según el grado de comunicación entre estos,
habrá mayor o menor transferencia de esquemas administrativos.
En este orden, hay tres elementos a considerar en la red que conforma un
campo organizacional: la conexión entre organizaciones estatales y no
estatales, los manejos financieros de la red y la interacción entre el
prestador y ciudadano29.
Operación interconectada entre organizaciones estatales y no estatales
En este caso, se configura con mayor claridad el enfoque de red del campo
organizacional, pues, la implementación de una política implica la
articulación en la operación de los servicios, de una diversidad de
organizaciones estatales y no estatales, lo cual implica que la separación
entre lo público estatal y lo público privado tiende a diluirse, pues,
organizaciones privadas entrar a participar en la prestación de servicios de
competencia estatal.
Este proceso puede darse mediante dos situaciones: 1. por la transferencia
de la propiedad del aparato organizacional encargado de producir el
servicio (privatización) o; 2. Por un contrato, mediante el cual se autoriza
a un actor privado (sea una organización comercial o una sin fines
lucrativos) a que preste el servicio (concesión).
Cuando se introducen organizaciones no estatales en la provisión de
servicios, el diseño organizacional se complejiza en mayor medida que
cuando opera la descentralización funcional: el nivel central (Ministerio o
agencia descentralizada) se especializan en la emisión de directrices y los
29
El siguiente apartado, sobre los atributos de las estructuras administrativas en red son tomados de:
Rodríguez Hernández, Jairo. Tapia Góngora, Edwin. Organizaciones flexibles y en red: Estado hueco, en
Pensamiento administrativo y organizaciones públicas I. Módulo para educación a distancia, op. cit. pp.
38-42.
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niveles medios (departamentos) y locales (municipios y Distritos) dejan
de ser prestadores directores y asumen un rol como contratantes y
supervisores de los operadores (ONG y empresas contratistas).
En este tipo de relación no media una relación jerárquica sino que los
términos de la interacción vienen dado por las competencias que se fijan
en el contrato de prestación de servicios, los contratos inter
administrativos. En esta situación, la clave para el éxito de una política es
la capacidad para elaborar marcos regulatorios y sistemas de control y
auditaje para la imposición de sanciones a los operadores que no cumplan
el marco regulatorio o el contrato de prestación de servicios.
Control financiero estatal del servicio
Cuando existe una red de operadores de los servicios, surgen nodos
estatales que mediante ejercicios de centralización financiera buscan
ordenar la operación de una diversidad de actores, según el segmento
funcional que se analice.
Lo anterior lleva a que los fondos del gobierno con los cuales se financian a
los operadores generen una presión a la estandarización, isomorfismos,
en los diseños organizacionales, de cada uno de los segmentos o campos
funcionales, para que los operadores adapten las reglas de operación y
rendición de cuentas que exige el Estado a sus contratistas, lo cual induce a
que las organizaciones no estatales que se financian con recursos
estatales, tiendan en su operación, queden dominados por el
“financiador”. En este orden, el estado tiende a crear en los operadores no
estatales la necesidad de mayor administración profesional, por otra
parte, en cuanto a las organizaciones no lucrativas, estas terminan por
estar atadas al ciclo presupuestario y la política legislativa y administrativa
(políticas de gestión) del Estado.
Interacción entre el prestador y ciudadano
En una red, las entidades estatales son más sensibles a la politización, a
responder a presiones de la opinión pública y a tomar sesgos en su
desempeño frente a los prestadores no estatales (Universidades, ONG y
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
firmas de consultoría), sin embargo, en el caso de las organizaciones no
estatales por ejemplo, las sin ánimo de lucro, al recibir fondos del Estado,
pueden empezar a adoptar comportamientos similares a su pares
estatales, pues, el patrocinio estatal puede dañar el papel mediador que
éstas desempeñan entre el ciudadano y el Estado. Esto puede decirse,
ciertamente, si las organizaciones no lucrativas empiezan a comportarse
como si fueran dependencias del gobierno: renuentes a correr riesgos,
obstruidas por el papeleo y más preocupadas por quien aporte los fondos
que por sus clientes30.
-
Financiamientos mixtos en la provisión de servicios
La estructura en red configura un escenario financiero diverso, en el cual
confluyen financiamientos estatales y no estatales e incluso recursos de
agencias internacionales y gobiernos extranjeros vía cooperación
bilateral, con los cuales se entran a financiar los problemas públicos, esto
lleva a que se empiece a romper la división clásica entre lo público,
asimilado a lo estatal y lo privado a la sociedad civil y surgen articulaciones
complejas, en las cuales los limites se diluyen, por lo que se habla hoy en
día de tres campos organizacionales en la gestión de una política pública:
1. Organizaciones estatales; 2. Empresas privadas de carácter comercial y;
3. Organizaciones privadas de carácter no lucrativo.
A este escenario de financiamientos mixtos, confluye el hecho de que el
campo organizacional es una sumatoria de ámbitos de intervención que
se ha formado progresivamente mediante convenciones internacionales,
la constitución política, leyes sectoriales y planes de inversión, lo cual le da
un carácter multisectorial a los campos organizacionales.
En resumen, organizaciones por segmentos de gestión de la política en el
nivel micro-organizacional, campos funcionales en el nivel mesoorganizacional y campos organizacionales en el nivel macroorganizacional, son las tres formas organizacionales, formas de saber
30
Else, Bárbara. Milward, H. Brinton y Provan, Keith G. ¿Qué es el Estado Hueco?, en Bozeman, Barry (Ed.),
La gestión pública. Su situación actual, E Coordinador Barry, México D.F., Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, A.C, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Fondo de Cultura Económica,
2000, pp. 411-428.
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administrativo público estatal, que se configuran para la puesta en
ejecución de los mandatos de una política pública.
Sin embargo, para que estas formas organizacionales actúen, se necesita
una serie de reglas que orientan el funcionamiento de las organizaciones
en el campo de intervención que configura la política. Estas reglas, se
denominan políticas de gestión pública.
3. EL PLANO PROCESAL DE LA POLÍTICA. EMERGENCIA DE
LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA
Una política de gestión consiste en un conjunto de reglas sobre un asunto o
problema que deviene en parámetros obligatorios para el funcionamiento
de las organizaciones con el fin de dar cuenta de los mandatos
operacionales de una política31.
Al respecto del origen de este término, Barzelay establece que, en la
década de los sesenta del siglo pasado, la reflexión sobre administración
pública se diluyó en las metodologías del análisis de políticas públicas
(formulación, cómo se distribuyen los recursos y se implementaban
programas), sin embargo, la crisis de los Estados de bienestar
(estanflación, alto desempleo, crisis fiscal, crisis de la ideología de la
democracia representativa, etc.), generó una ventana de oportunidad,
que lleva a que el mejoramiento de los sistemas de administración se
convirtiera en un asunto de la agenda política de los gobiernos, pues la
crisis, abre un fuerte debate sobre el papel de las burocracias de bienestar
en relación con su eficiencia, sus funcionarios, su tendencia al
crecimiento constante y el incrementalismo presupuestal.
En este contexto, con ocasión de los procesos de reforma/desmonte de los
Estados de Bienestar, Barzelay acuña la expresión Políticas de Gestión
Pública, para enunciar las reglas, los nuevos direccionamiento en manejo
de las burocracias estatales que surgen de esa coyuntura y que luego, entre
Barzelay, Michael. “Estudio de caso sobre la formulación de políticas de gestión pública”, en La Nueva
Gestión Pública. Un acercamiento a la investigación y al debate de las políticas, 1° Ed., México D.F., Fondo
de Cultura Económica, 2003, p. 25.
31
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
Se distinguen cinco campos de políticas de gestión pública: 1.
Planeamiento de gastos y gestión financiera; 2. Función pública y
relaciones laborales; 3. Contratación; 4. Organización y métodos y; 5.
Auditoria y evaluación. Alrededor de estos cinco campos de reglas se
estructura el funcionamiento de las organizaciones en el marco de los
procesos de implementación de políticas públicas.
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Este plano se desenvuelve en instancias como: las unidades de control
interno, procesos y procedimientos, asesoría jurídica de las
organizaciones estatales y no estatales y firmas de consultoría, que
intervienen en el campo y los comités de coordinación inter e
intrainstitucional33.
125
1990 y 2010, darán pie a un esquema de gestión de lo público denominado
Nueva Gestión Pública –NGP-32.
A continuación se presenta el detalle de la conceptualización sobre los
tipos de políticas de gestión pública que se crean para dar cuenta de los
mandatos de una política.
3.1. Tipología de las políticas de gestión pública
Políticas en materia de planeamiento de gastos y gestión financiera
Corresponden al conjunto de directivas mediante los cuales se define la
asignación de recursos, la programación y ejecución de los recursos
financieros expresados en programas, proyectos y estructuras de
servicios para las políticas que manejan las organizaciones.
En este orden hay que distinguir dos tipos de políticas de planeamiento de
gastos y gestión financiera, las que asignan y las que ejecutan recursos. En
Barzelay, Michael. Estudio de caso sobre la formulación de políticas de gestión pública., op. cit. p. 70.
Se entenderá por institución en este texto, el conjunto de reglas formales e informales que regulan el
comportamiento de los individuos y fijan diseños organizacionales y procedimentales a partir de los cuales
se desenvuelve la acción humana. Olsen, Johan P. March, James, El redescubrimiento de las Instituciones,
op. cit. p. 68.
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cuanto a las reglas de asignación de los recursos, estas pueden responder a
esquemas incrementalista (se asigna por costo histórico) o al enfoque por
políticas (se asigna para dar cuenta de programas o proyectos); por otra
parte, en cuanto a ejecución de recursos, están las reglas que fijan una
ejecución fija cada cierto tiempo, por ejemplo, como la que usa para el giro
de los recursos de participación en los ingresos corrientes de la nación, o
las que realizan desembolsos por persona atendida (volumen de
producto) o por actividades realizadas.
Políticas en materia de función pública y relaciones laborales
Consisten en las directivas que regulan la gestión de los recursos humanos
de las organizaciones, en el sentido de establecer los sistemas de carrera de
personal, los grados de flexibilidad en la vinculación, las reglas de
medición del desempeño, el definir si la organización cuenta con un
personal de planta, al estilo Weberiano, o si prefiere sistemas flexibles,
posburocráticos, en los cuales las políticas se orientan a la
subcontratación con organizaciones no estatales o el uso de nóminas de
contratistas basados en prestaciones de servicios, es decir, personal
vinculado directamente a proyectos, con lo cual se tiende a que plantas de
personal temporal asuman la gestión de servicios permanentes y a una
significativa sobrecarga de funciones administrativas (presupuesto,
contabilidad, manejo del personal, etc.) al personal de carrera.
Políticas en materia de auditoria y evaluación
Son las reglas que orientan los procesos auditoría y evaluación de los
funcionarios y contratistas que prestan servicios a las organizaciones
públicas. Según el segmento que se analicen se identificaran reglas e
instancias diferentes de control y evaluación.
En este orden, se han identificado dos tipos de controles:
Auditaje financiero: centrado en la ejecución de los tipos de recursos
financieros que se manejan: presupuestales, de cooperación y créditos
internacionales.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
Auditaje de resultados y de procesos: centrado en el control de resultados
de los proyectos de inversión y; el control de procesos y procedimientos,
el cual es de naturaleza transversal y se desarrolla vía los sistemas de
gestión de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-.
Políticas de contratación
Se refiere a las reglas que regulan los procesos de adquisición de servicios e
insumos para el funcionamiento de la organización. En este orden se
distinguen dos grandes tendencias: las lógicas de contratación
formalistas y las lógicas que prefieren opciones de mercado.
Las formalistas se refieren a la estructuración de un sistema de
contratación que buscar la garantizar transparencia en la asignación de
los recursos públicos. Esto genera procesos contractuales detallados, que
buscan asegurar neutralidad y libre concurrencia. Sin embargo, en este
esquema se busca garantizar la igualdad en el acceso y la eficiencia en
términos de la oferta que tenga el menor coste.
Las reglas que prefieren lógicas de mercado, se concentran en escoger al
proveedor que presente la oferta que mejor refleje los precios de mercado.
Para esto se recurre a varias lógicas como: simulación de competencia
entre proveedores, cuasi mercados y competencia administrativa34. En
este esquema se busca la eficiencia por la vía de inducir la competencia.
Políticas de gestión en materia de organización y métodos
Consisten en el conjunto de lineamientos a partir de los cuales se
establecen los diseños organizacionales de las burocracias. En este campo
se encuentran doctrinas administrativas que apunta a temas como: 1.
Tamaño de la organización; 2. Grado de inclusión de las unidades para la
prestación de un servicio; 3. Ordenación/articulación de las unidades
internas para el desarrollo de la función o política y; 4. Uniformidad de las
unidades35.
34
Oszlak, Oscar. “La gestión pública en el gobierno federal norteamericano: ¿y por casa como andamos?”, en
X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Chile,
2005, p. 28.
35
Hood, Christopher. Jackson, Michael. “Doctrinas tipo Qué”, en La argumentación administrativa, op. cit.
pp. 145-146.
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Dada esta conceptualización, las organizaciones y sus procesos se
estructuran en políticas de gestión pública, no de marcos unificados de
acción, por lo que las organizaciones pueden ser entendidas como campos
de reglas, mediante estos los individuos orientan su accionar y fijan las
expectativas de comportamiento de los otros, lo cual permite la
coordinación de la acción interna y hacia otras organizaciones con las
cuales interactúa.
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Alrededor de estos campos de reglas se estructura el funcionamiento de
las organizaciones en el marco de los procesos de implementación de
políticas públicas. En cierta medida una organización puede ser
entendida como campos de reglas, mediante estos los individuos orientan
su accionar y fijan las expectativas de comportamiento de los otros, lo cual
permite la coordinación de la acción interna y hacia las otras
organizaciones con las cuales interactúa.
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Se identifican dos tipos de políticas de gestión pública, las que se articulan
a los teorías sobre diseño organizacional, las cuales responden a los
problemas de diseño y desempeño que enuncian Jackson y Hood; por otra
parte, están las políticas de gestión pública cuyo objeto son las políticas
públicas, es decir, reglas que prescriben procedimientos para la puesta en
operación de las estructuras de servicios que fija una política.
Las políticas de gestión se expresan en manuales de procesos y
procedimientos, de contratación, de presupuesto, de personal,
reglamentos, entre otros. En la medida en que ciertas políticas de gestión
se propagan por otras organizaciones, mediante el rol difusor de la
industria editorial, los premios a los casos exitosos en gestión y los
organismos multilaterales, entre otros, estas pueden agregarse y devenir
en una nueva forma de saber administrativo, los modelos de gestión.
CONCLUSIONES
Gestión por políticas es un enfoque que permite hacer visible que los
procesos (interacciones) que atraviesan la implementación de una
política pública implica diversas racionalidades, por ende, el Estado,
expresado en las administraciones públicas, es sólo un actor más, no hay
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
un centro que formule y dirija el proceso de implementación de una
política, por ende, no existe una secuencia lineal de acción que vaya de la
formulación, implementación a la evaluación, sino que la gestión de
directivas de políticas es un proceso constante de redefinición y ajuste que
se desarrolla simultáneamente en varios planos e instancias de
argumentación/gestión, y cuyos resultados son inciertos, siendo la labor
del analista de política, el recrear esa historia, dar un orden a esta
dispersión y presentar un relato coherente según el marco de referencia
que éste escoja.
La puesta en operación de las políticas pone en evidencia formas de saber
administrativo poco estudiadas, dado que el énfasis del análisis
administrativo tradicionalmente ha estado concentrado en el foco de los
diseños organizacionales para dar cuenta de mandatos misionales y
funciones permanentes, pero no, en los esquemas administrativos que se
despliegan para operar una política pública.
En este orden, el análisis de los procesos de gestión de las políticas,
evidencian que esta se juega en el marco de tres planos o ámbitos de
realidad, a partir de los cuales se originan sentidos de la intervención
(referenciales), prescripciones de acción (doctrinas administrativas) y
formas organizacionales (organizaciones por proyectos, campos
funcionales y organizacionales) y procesales (políticas de gestión) a partir
de los cuales organizaciones estatales y no estatales intervienen en un
campo social específico.
Las organizaciones por políticas, los campos funcionales y
organizacionales, son formas de saber administrativo mediante las cuales
se ejecutan los mandatos operacionales que se desprenden de las políticas
públicas.
En estas formas se agregan entidades estatales y no estatales con ocasión
de compartir un mismo eje de problema o población a atender y traspasan
los agrupamientos que crean las divisiones legales de sectores
administrativos (por ejemplo, sector salud, sector defensa, etc.).
Por otra parte, en el marco de las teorías de la Nueva Gestión Pública, las
organizaciones estatales vienen de manera creciente estableciendo
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proyectos como el mecanismo para realizar las políticas de los gobiernos.
Al interior de las entidades, emergen los grupos de trabajo como unidades
organizacionales encargadas de ejecutar los proyectos, los grupos son
estructuras de temporalidad definida, cuyos financiamientos son
flexibles y no incrementales y con plantas de personal a termino fijo,
remuneradas por volúmenes de producto entregados y vinculados por
contratos por servicios, por ende, no hacen parte de la planta de personal.
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Para orientar la ejecución de las actividades que integran los proyectos y el
accionar de los grupos de trabajo se estructuran reglas de operación, que
se denominan políticas de gestión pública, estas son marcos de reglas que
regulan el funcionamiento de los actores organizacionales. Las políticas
regulan diversos aspectos de la vida organizacional como: manejo del
presupuesto, el personal, la contratación, los diseños organizacionales
que le son propios al campo, así como la evaluación y auditoria.
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En resumen, el análisis de la gestión de las políticas en términos de planos
de acción, es una estrategia útil para leer los procesos de intervención del
Estado en las poblaciones y la manera en que las administraciones
públicas modelan la realidad social. En este orden, este artículo partió del
supuesto de entender que la implementación está constituidas por tres
planos cognitivos (argumental, organizacional y de procesal), cada uno
maneja sus propios referenciales, instancias de debate y estabilización de
argumentos, reglas de argumentación, inclusión/exclusión de actores y
redes organizacionales, siendo la interacción entre estos elementos la
clave para entender las dinámicas de operación de las políticas públicas, es
decir, el devenir en el tiempo que toman las directivas y sus resultados
frente al problema y poblaciones que pretenden modificar.
EDWIN MANUEL TAPIA GÓNGORA
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