¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura

En este artículo enmarcaré mi discusión en términos de lo que se ha logrado en estos 30 años de democracia a la vez que subrayaré las tareas que quedan irresueltas y por tanto el nuevo gobierno que asumió en marzo de 2015 habrá de encargarse. Mi análisis se divide en dos partes. En primer lugar, voy a insertar el caso uruguayo en el marco regional del Cono Sur, comparándolo brevemente con las trayectorias de la lucha por verdad y justicia en Argentina y Chile. En la segunda parte, e inspirada en el informe sobre Uruguay presentado en setiembre de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, la discusión se organizará en torno a cuatro ejes principales: justicia, verdad, memoria y reparación.

En junio de 2010 se realizaron las Jornadas de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Uruguay: Memoria, Justicia, Reparación, acerca de las «cuentas pendientes» de la Transición Post-Autoritaria en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Montevideo). Los participantes hicieron un balance de las políticas de derechos humanos desde la salida del régimen autoritario, analizaron el proceso y resultados del plebiscito para dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado en 2009, y se refirieron a las diferentes iniciativas sociales, culturales y jurídicas en pos de la responsabilidad y el reconocimiento de los temas de memoria y justicia. Con posterioridad a las jornadas se invitó a los participantes a seguir reflexionando y puliendo los análisis. Es así que dieciocho trabajos fueron especialmente preparados para este volumen por protagonistas y figuras centrales en la lucha contra la impunidad. Sus puntos de vista, desde diversas disciplinas y experiencias, están reunidos para cualquier lector que quiera acercarse y comprender las raíces sociales, políticas y psicológicas de la impunidad en Uruguay, así como también considerar posibles maneras de contribuir a superar la impunidad presente. En la primera parte del libro los artículos están centrados en las luchas por verdad y justicia -en particular las acciones realizadas para dejar sin efecto la Ley de Caducidad- y en la segunda parte enfocados más específicamente en las luchas legales por el acceso a la justicia. Se analizan hechos recientes y significativos como son el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos («caso Gelman»), los intentos frustrados a nivel parlamentario para «anular» la Ley de Caducidad, los fallos de la Suprema Corte de Justicia y diversos tribunales. Las reflexiones propuestas en esta obra conforman un análisis de los orígenes, causas y efectos de las políticas centradas en la aplicación de la Ley de Caducidad, los efectos dañinos de la cultura de impunidad y sus prácticas, así como los esfuerzos cívico sociales, políticos y jurídicos por superarlos, y las crecientes presiones de la comunidad internacional por combatir la impunidad.

La dictadura militar fue instaurada en Uruguay en dos etapas. En una primera el presidente elegido, con la complicidad de los militares, disolvió el parlamento en 1973 remplazandolo por un Consejo de estado cuyos miembros fueron designados por el mismo y por los militares. La disolución del parlamento fue acompañada de la ilegalisacion de los sindicatos y de los partidos políticos, la intervención de los institutos de enseñanza y la censura total de la prensa. En una segunda etapa, en 1976, los militares tomaron directamente el poder, remplazando definitivamente el presidente electo, que como hoy se sabe había sido electo en un escrutinio fraudulento. La respuesta del movimiento popular al golpe de estado de 1973 fue una las más largas huelgas generales conocidas en América Latina en los tiempos recientes. Desde la instauración de la dictadura, las persecuciones, las torturas, los muertos y los desaparecidos abarcaron a toda las fuerzas de izquierda y no solamente a los tupamaros, movimiento nacido en 1963 y que en ese momento estaba prácticamente derrotado y otros movimientos armados que existían en ese momento. La represión alcanzo incluso algunos dirigentes políticos de partidos de derecha, opuestos a la dictadura, que fueron perseguidos y asesinados en Argentina. La doctrina de la seguridad nacional reivindicada por los militares consideraba que el país era víctima de una agresión extranjera que utilizaba para sus fines todo los movimientos contestatarios y los partidos de izquierda. En nombre de esa doctrina tomaron el control de todas las empresas del estado y de la enseñanza pública, destituyeron todos los funcionarios considerados como sospechosos y clasificaron los ciudadanos según el grado de confianza política que podía dárseles. El acceso a ciertas funciones, en particular a la enseñanza, fue prohibido ciertas a categorías, sospechosas, de ciudadanos. Por supuesto todo acto de oposición al régimen era considerado como subversivo y perseguido por la justicia militar y no por los tribunales civiles. Pero mas alla de las medidas contra la sociedad civil, la dictadura se caracterizó sobre todo por una represión implacable que se tradujo en cifras increíbles para el país: casi 6000 prisioneros políticos pasaron por los calabozos del régimen donde todos o casi todos fueron torturados, 116 fueron oficialmente asesinados, hubo más de 200 desaparecidos, y una cantidad uruguayos se oscilaba entre 200 000 y 300 000 se exilaron. Todo eso para una población que no alcanzaba en la época a los 3 millones de habitantes. Pero sin duda el aspecto más siniestro de este período, caracterizado por la tortura sistemática, las ejecuciones sumarias disfrazadas en suicidio y el exilio, es la aplicación del plan Cóndor. Fue ésta coordinación de organizaciones represiva de todos los países del cono Sur de América la que originó la mayor cantidad de desaparecidos de la dictadura uruguaya. En efecto, muchos uruguayos que había encontrado refugio en Argentina fueron secuestrados por grupos de militares uruguayos especialmente asignados a esa misión, traídos secretamente a Uruguay donde seguramente fueron asesinados, sin que se pueda saber, aun hoy, las circunstancias exactasde esos asesinatos, ni como sus cadáveres desaparecieron. Si el escándalo de las desapariciones no pudo ser ocultado en Argentina, donde la cantidad de desaparecidos es estimada a alrededor de 30 000 personas, los militares no dejaron de sostener que en Uruguay ese fenómeno no había existido. Sólo después de años de búsqueda, una búsqueda llevada a cabo esencialmente por las organizaciones de las familias de los desaparecidos, más de 25 años que, por la primera vez este año, algunos militares han sido procesados (proceso que acaba apenas de comenzar) por esas desapariciones.

Historia Actual, 2013

La dictadura uruguaya (1973-1985) se ha constituido en un quiebre dentro de la historia del siglo XX. Sus huellas permanecen gravadas y provocan de manera permanente el diseño de distintas estrategias políticas y sociales. Con éstas y según los actores y los contextos, se pretende activar y atender o frenar y desdibujar las demandas por las violaciones de derechos humanos. En este artículo se recurre a la práctica narrativa de un documental para ofrecer algunas secuencias del largo proceso uruguayo de impunidad. Se trata de una selección que jerarquiza analítica y documentadamente aquéllas que encierran acontecimientos que han dado perfil propio a la tramitación de pasado.

Revista Uruguaya de Ciencia Política, 2019

2015

Puchero News, 2015

Artificios. Revista Colombiana de Estudiantes de Historia, 2015

This essay explores the development of historical memory processes in Uruguay after the dictatorship, established in this country on the 27th of June 1973 as a result of a military coup. The article explores not only the legal aspect of these proposals, but the collective actions of the civil society.