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Este artículo se refiere a la noción de bien común como un elemento clave en el pensamiento político de Jaime Guzmán. Para ello aborda el tratamiento doctrinal que dicho concepto ha experimentado al interior del Magisterio y de la enseñanza católica desde Santo Tomás hasta nuestros días. Se destaca que estas ideas marcaron profundamente la doctrina de Guzmán, trascendiendo el ámbito puramente conceptual para tomar forma como una de las influencias reconocibles en el curso de la vida política del dirigente gremialista. Se examina particularmente la contribución de esta concepción en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, donde llegó a primar, por sobre otras visiones, hasta consagrarse en el texto de la Constitución de 1980.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la atribución consultiva conferida al Consejo de Estado por la Constitución de 1833. Se aborda dicha facultad con la finalidad de mostrar que, a partir de la discusión pre- legislativa suscitada al interior del órgano administrativo, hubo aspectos doctrinarios o de fondo que explicaron la inexistencia de una uniformidad de ideas dentro del tronco pelucón.
En el texto se verá que, con ocasión de las enmiendas de artículos, supresiones de normas y al desechar de plano la idea de legislar en algunas materias, se plasmaron diferentes posturas intelectuales y jurídicas al interior del organismo asesor presidencial durante el gobierno de José Joaquín Prieto.
Además, dicho quehacer reveló la adopción de acuerdos, respetados por el ejecutivo en la mayoría de los casos, a pesar de que la opinión del órgano asesor no era vinculante. La metodología empleada consistió en la revisión y exposición de fuentes primarias (actas del Consejo, sesiones de los cuerpos legislativos y boletines de leyes) junto con bibliografía secundaria que demostrase las diferencias jurídicas y políticas entre el Consejo y el gobierno.

En los últimos años y motivado principalmente por la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del entorno común, el Criminal Compliance se ha convertido en uno de los puntos más discutidos en el Derecho penal económico.

El presente trabajo analiza la última jurisprudencia existente sobre la relevancia penal del contagio del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), examinando desde un punto de vista crítico la imputación de dos delitos de lesiones a título de imprudencia. Se ponen de manifiesto los problemas que tiene la última sentencia del Tribunal Supremo en relación a la existencia de un injusto imprudente cuando el portador del virus utiliza un medio de protección idóneo para asegurar el riesgo y evitar así el resultado de contagio. Por otro lado se analiza el problema que se presenta
cuando en el momento de la acción no existe aún el objeto material en el que aquélla recae produciéndose además un cambio en el estatus jurídico de él entre el período que transcurre el comportamiento desaprobado y el resultado.

Esta monografía constituye un estudio de dogmática fundamental aplicada a la parte especial del Derecho penal. Tomando como punto de partida el delito de alzamiento de bienes del CP español, el objetivo de esta obra ha sido encontrar la estructura común o el genotipo de todas las insolvencias punibles a fin de elaborar un modelo de responsabilidad penal de dichas figuras aplicable a cualquier ordenamiento jurídico. Resumidamente se puede afirmar que el libro presenta tres grandes bloques. En un primer gran apartado se fundamenta la legitimidad del castigo aportando un criterio de distinción entre la normatividad y la facticidad en la lesión del derecho de crédito como afectación al patrimonio del acreedor. En un segundo bloque, utilizando los criterios de la moderna teoría de la imputación objetiva, se propone un modelo del comportamiento típico y del resultado de estos delitos que determina de manera precisa los espacios de libertad de organización del deudor frente a las expectativas jurídicas de cobro del acreedor. De esta forma se logra armonizar la permanente tensión que existe entre la libertad del deudor y la expectativa normativa del acreedor como titular del derecho de crédito. Por último, uno de los aportes más destacables es, sin duda, la construcción de la posición de garante del deudor que permite imputar la responsabilidad penal de la insolvencia en comisión por omisión. La distinción entre deberes negativos y positivos como fundamentos de la responsabilidad penal que realiza el autor, permite elaborar un modelo dogmático sumamente coherente respecto a la posición de garante del deudor para fundamentar su responsabilidad penal por omisión.

El trabajo presenta una propuesta de distinción entre deberes negativos y positivos como fundamento de la responsabilidad penal. Se centra en el estudio de los deberes negativos y las formas de su infracción distinguiendo la vulneración por acción  la vulneración por omisión del deber negativo. Pretende poner de manifiesto la necesidad de interpretar los tipos penales de la parte especial de acuerdo a existencia de deberes negativos (y  positivos) más allá de la distinción entre prohibición y mandato.

Este trabajo propone un concepto, clasificación y funda¬mento de la responsabilidad penal con base en la distinción en¬tre deberes negativos y positivos. Se formula una sistematización de los delitos de la parte especial con énfasis en esta distinción que entrega una fuerte capacidad de rendimiento.
La obra parte de la base de que los dos pilares de la res¬ponsabilidad penal son la libertad y la solidaridad. En este sentido, se entrega una visión de los deberes negativos como fuente de la responsabilidad por el ejercicio de la libertad y otra de los deberes positivos basados en la solidaridad y cooperación con el Estado como límites necesarios de la autonomía de la libertad y como segunda fuente de la responsabilidad penal. Al mismo tiempo, el trabajo propone un criterio restrictivo para la comprensión de los delitos de in-fracción de deber mediante la aplicación de principios legitima¬dores del derecho penal.
Se sistematizan y fundamentan los deberes posi¬tivos en generales y especiales. A su vez, los primeros se dividen en deberes positivos generales de solidaridad basados en la idea de la mejora de una esfera ajena y en deberes positivos generales de colaboración respecto a determinadas tareas propias del Estado. Éstos últimos, se configuran debido a la especial posición jurídica-social que ocupan determinadas personas en la sociedad.
Por último, se desarrolla un estudio de los deberes positivos especiales entendiéndose como aquellos que recaen en los funcionarios públicos en virtud de una posición de garantía institucional para correcto funcionamiento de las tareas estatales que han asumido.

sta monografía constituye un estudio de dogmática fundamental aplicada a la parte especial del Derecho penal. Tomando como punto de partida el delito de alzamiento de bienes del CP español, el objetivo de esta obra ha sido encontrar la estructura común o el genotipo de todas las insolvencias punibles a fin de elaborar un modelo de responsabilidad penal de dichas figuras aplicable a cualquier ordenamiento jurídico. Resumidamente se puede afirmar que el libro presenta tres grandes bloques. En un primer gran apartado se fundamenta la legitimidad del castigo aportando un criterio de distinción entre la normatividad y la facticidad en la lesión del derecho de crédito como afectación al patrimonio del acreedor. En un segundo bloque, utilizando los criterios de la moderna teoría de la imputación objetiva, se propone un modelo del comportamiento típico y del resultado de estos delitos que determina de manera precisa los espacios de libertad de organización del deudor frente a las expectativas jurídicas de cobro del acreedor. De esta forma se logra armonizar la permanente tensión que existe entre la libertad del deudor y la expectativa normativa del acreedor como titular del derecho de crédito. Por último, uno de los aportes más destacables es, sin duda, la construcción de la posición de garante del deudor que permite imputar la responsabilidad penal de la insolvencia en comisión por omisión. La distinción entre deberes negativos y positivos como fundamentos de la responsabilidad penal que realiza el autor, permite elaborar un modelo dogmático sumamente coherente respecto a la posición de garante del deudor para fundamentar su responsabilidad penal por omisión.

Este trabajo propone un concepto, clasificación y funda¬mento de la responsabilidad penal con base en la distinción en¬tre deberes negativos y positivos. Se formula una sistematización de los delitos de la parte especial con énfasis en esta distinción que entrega una fuerte capacidad de rendimiento.
La obra parte de la base de que los dos pilares de la res¬ponsabilidad penal son la libertad y la solidaridad. En este sentido, se entrega una visión de los deberes negativos como fuente de la responsabilidad por el ejercicio de la libertad y otra de los deberes positivos basados en la solidaridad y cooperación con el Estado como límites necesarios de la autonomía de la libertad y como segunda fuente de la responsabilidad penal. Al mismo tiempo, el trabajo propone un criterio restrictivo para la comprensión de los delitos de in¬fracción de deber mediante la aplicación de principios legitima¬dores del derecho penal.
Se sistematizan y fundamentan los deberes posi¬tivos en generales y especiales. A su vez, los primeros se dividen en deberes positivos generales de solidaridad basados en la idea de la mejora de una esfera ajena y en deberes positivos generales de colaboración respecto a determinadas tareas propias del Estado. Éstos últimos, se configuran debido a la especial posición jurídica-social que ocupan determinadas personas en la sociedad.
Por último, se desarrolla un estudio de los deberes positivos especiales entendiéndose como aquellos que recaen en los funcionarios públicos en virtud de una posición de garantía institucional para correcto funcionamiento de las tareas estatales que han asumido.

Este trabajo analiza la posibilidad de atribuir responsabilidad penal al compliance officer u oficial de cumplimiento en el marco de la aplicación de los programas de cumplimiento normativo. Con este objetivo se investiga en primer lugar la función que desempeña el oficial de cumplimiento en las empresas como encargado de prevención. En segundo lugar, se analiza su anclaje en la dogmática penal con especial énfasis en la institución de la posición de garantía. El objetivo del trabajo se centra en determinar si es posible imputarle la realización de un delito por la no evitación del hecho que comete la persona física que integra la empresa. Luego de un análisis de fuentes jurídicas de países como los Estados Unidos, Alemania y España se concluye que si bien el oficial de cumplimiento no es garante de evitación de delitos, sí puede responder en virtud de la estructura de imputación denominada autoría mediata por omisión. Palabras claves: oficial de cumplimiento, responsabilidad penal, programa de cumplimiento.

This article presents a proposal to make a distinction between negative and positive duties as basis of criminal liability. It focuses on the negative duties and the ways of its infringement distinguishing between the infringement by action and the infringement by NAVAS, Iván. "Acción y omisión en la infracción de deberes negativos en derecho penal". 679 omission the negative duty. The article aims to highlight the need to interpret the criminal norm that creates Substantive Offences (Special Part) according to the existence of negative duties (and positive duties) beyond the distinction between prohibitions and mandates.

Este trabajo analiza la posibilidad de atribuir responsabilidad penal al compliance officer u oficial de cumplimiento en el marco de la aplicación de los programas de cumplimiento normativo. Con este objetivo se investiga en primer lugar la función que desempeña el oficial de cumplimiento en las empresas como encargado de prevención. En segundo lugar, se analiza su anclaje en la dogmática penal con especial énfasis en la institución de la posición de garantía. El objetivo del trabajo se centra en determinar si es posible imputarle la realización de un delito por la no evitación del hecho que comete la persona física que integra la empresa. Luego de un análisis de fuentes jurídicas de países como los Estados Unidos, Alemania y España se concluye que si bien el oficial de cumplimiento no es garante de evitación de delitos, sí puede responder en virtud de la estructura de imputación denominada autoría mediata por omisión. Palabras claves: oficial de cumplimiento, responsabilidad penal, programa de cumplimiento.

El presente trabajo presenta un estudio crítico de la jurisprudencia chilena que se ha pronunciado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El objetivo es analizar cómo los tribunales están comprendiendo y aplicando la teoría del delito a los casos en que se atribuye responsabilidad penal a un ente colectivo. Se pone especial atención tanto en la aplicación de los requisitos legales para hacer responsable a la persona jurídica como en el deber de motivación de las sentencias penales. El trabajo pone de manifiesto la posible vulneración de un derecho fundamental al debido proceso con base en la falta de motivación por parte de los tribunales al momento de fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.