Abuso del derecho

SUMARIO: 1. PLANIFICACIÓN FISCAL, CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI-CIÓN Y MEDIDAS ANTIABUSO.- 2. EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LOS CONVENIOS Y LAS MEDIDAS CONTRA EL TREATY SHOPPING.-3. LA CONFIgURACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE LIMITACIÓN DE BENEFICIOS EN EL MODELO OCDE Y SUS COMENTARIOS. 3.1. Aspectos generales de la configuración de estas cláusulas. 3.2. Evolución de las cláusulas de limitación de beneficios en el Modelo OCDE y sus comentarios. 3.2.1. Consideraciones previas. 3.2.2. Enfoque aislado. 3.2.3. Enfoque global.-4. LA CONFIgURACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONTRA EL TREATY SHOPPING EN LA RED DE CONVENIOS ESPAÑOLA. 4.1. Convenios que no contienen ningún tipo de cláusula. 4.2. Convenios que contiene cláusulas que siguen el enfoque aislado previsto en comentarios al art. 1 del Modelo OCDE. 4.3. Convenios que contiene cláusulas que siguen el enfoque global previsto en Comentarios al art. 1 del modelo OCDE y el Modelo EEUU. 4.4. Convenios que no contienen cláusulas LOB en sentido estricto pero que responden a una nueva estrategia de la red española a partir de 2008. 4.5. Valoración final.- BIBLIOgRAFÍA. 1405 * Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto DER2012-31931, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Notas dispersas sobre la buena fe en el Derecho venezolano, casos paradigmáticos y "nuevas" dimensiones  Jorge I. González Carvajal  Sumario. Introducción. 1. La buena en el Derecho. 1.1. La buena como principio general de(l) Derecho ¿una aporía? 1.2. Nuevos enfoques. 1.3. Perspectiva crítica. 2. Manifestaciones paradigmáticas de la buena fe, especial referencia a la buena fe en el Derecho privado. 2.1. La buena fe en materia de Derechos reales o buena fe legitimante. 2.2. La buena fe en el tráfico jurídico o buena fe objetiva. 2.3. Nuevas dimensiones de la buena fe: Perspectiva crítica. 3. Conclusiones meramente aproximativas a un método para estudiar la buena fe en el Derecho

Se propone una delimitación conceptual de la elusión fiscal y de figuras afines a ésta (evasión fiscal, fraude de ley, abuso del Derecho, simulación, negocio jurídico indirecto y economía de opción), para luego sistematizar estas categorías como medios o resultados. Finalmente, se analizan tres casos desde un enfoque pragmático, a los cuales se aplican los planteamientos anteriormente desarrollados.

Explica el concepto de abuso a los derechos, entendido como el ejercicio ilícito de un derecho subjetivo y de abuso a la ley del derecho de la Unión Europea, entendido como la realización de actos artificiosos, se buscan obtener un beneficio legal, produciendo un resultado abiertamente en contra del propósito buscado por el legislador, pero no de la letra de la norma, ambos, en relación con la elusión tributaria.
PALABRAS CLAVES: abuso de la ley, abuso de los derechos, fraude a la ley.
ABSTRACT: explains the concept of abuse of rights, understood as the illicit exercise of a subjective right and abuse of the law according to European Union law, understood as the performance of contrived acts, seeking to obtain a legal benefit, producing a result openly against the purpose sought by the legislator, but not the letter of the norm, both, in relation to tax avoidance.
KEYWORDS: abuse of law, abuse of rights, fraus legis.

Sumario: I. Introducción.-II. La cobertura legal y reglamentaria. Análisis bioético.-III. El abuso del derecho en el nuevo CCyC argentino.-IV. Los fines de la ley 26.862. Su debate parlamentario. Análisis crítico.-V. Conclusión. La posibilidad de argumentar el abuso del derecho ante ciertas peticiones de tratamientos de fertilización asistida. La Ley 26.862 regula el acceso integral de las personas a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Ello, sin dudas, es alentador desde la óptica de los derechos a la salud reproductiva y a la planificación familiar. Sin embargo, la falta de límites legislativos puede originar planteos o peticiones bioéticamente discutibles. Teniendo en cuenta que todos los derechos son relativos, cabe preguntarse si el principio general que veda el ejercicio abusivo del derecho es una herramienta de posible utilización para poner las cosas en su justo cauce. (*) Resumen: La Ley 26.862 regula el acceso integral de las personas a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Ello, sin dudas, es alentador desde la óptica de los derechos a la salud reproductiva y a la planificación familiar. Sin embargo, la falta de límites legislativos puede originar planteos o peticiones bioéticamente discutibles. Teniendo en cuenta que todos los derechos son relativos, cabe preguntarse si el principio general que veda el ejercicio abusivo del derecho es una herramienta de posible utilización para poner las cosas en su justo cauce. I. Introducción En el año 2013 se promulgó la Ley 26.862, reglamentada mediante el Decreto 956/2013. La citada normativa consagra el acceso integral de las personas a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida (de aquí en más TRMA), tanto en la salud pública como en la privada (Sistema Nacional de Salud). De este modo, se receptó la tendencia social crecientemente demandante de este tipo de procedimientos médicos; que con anterioridad a la ley ya había tenido una buena acogida jurisprudencial. La cobertura legal de los tratamientos antedichos es lo suficientemente amplia como para fundar peticiones que-desde el plano bioético-pueden objetarse. Ante ello, cabe preguntarse qué herramienta puede ser útil para encauzar el ejercicio de las facultades legamente dispuestas. El principio que veda el ejercicio abusivo del derecho emerge como una alternativa en tal sentido. II. La cobertura legal y reglamentaria. Análisis bioético. El Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA), difundió en el año 2012 numerosos datos estadísticos referidos a la evolución de las técnicas de fertilización asistida en nuestro país (1). De ellos surge que existe una creciente demanda social de esta prestación de salud, pues durante el año 2004 se realizaron 1973 aspiraciones, y en el año 2008 el total ascendió a 4554. Entre las causas de este ascenso, pueden mencionarse la mayor infraestructura asistencial, la creciente información que circula en la sociedad al respecto de estas técnicas, y las actuales tendencias de planificación familiar, que suelen implicar la búsqueda de hijos por parte de personas con su capacidad natural reproductiva disminuida o nula, no sólo por problemas de salud sino también por razones de edad (2) o sexo (3). La Ley 26.862 es amplia en cuanto a la determinación de la obligatoriedad de cobertura, tanto en el aspecto subjetivo como en el objetivo. En efecto, ordena una "[...] cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante [...] También quedan comprendidos [...] los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación [...]" (art. 8). Documento

la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2017 resuelve una controversia en la que se interesaba, por parte de un letrado de una Administración autonómica, la declaración de la vulneración de su derecho al honor, como consecuencia de la previa interposición en su contra de una querella infundada, que fue archivada mediante auto de sobreseimiento libre. Aun cuando en apariencia la sentencia parece seguir la doctrina jurisprudencial fijada por sus precedentes más inmediatos, lo cierto es que, en la práctica, se separa de los mismos, de forma que declara, por primera vez, que la simple interposición de una querella sin ningún tipo de base es susceptible per se de vulnerar el derecho al honor del querellado y, además, de producir la
obligación de resarcir el daño moral derivado de tal vulneración.

El artículo 52 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 impone, en su inciso 4, la prohibición de homologar propuestas de acuerdo abusivas o en fraude a la ley. El presente artículo da cuenta de la caracterización del abuso y el fraude y su incidencia en algunos casos jurisprudenciales.