Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo

El presente trabajo se plantea realizar una reseña de la aplicación que los tribunales federales han efectuado de la ley 26.854 a poco más un año de su entrada en vigencia en nuestro derecho.  La pretensión que persigue —muy moderada, por cierto— es efectuar una pequeña descripción de lo que ha dicho la jurisprudencia sobre la norma bajo análisis para poder, por un lado, apreciar la interpretación que se ha realizado de sus cláusulas y, por el otro, advertir si se han señalado objeciones constitucionales sobre algunos de sus aspectos. Fue publicado en el Suplemento "Medidas Cautelares" de Jurisprudencia Argentina el 17 de diciembre de 2014.

Los elementos de juicio que se integran al procedimiento administrativo se pueden distinguir de aquellos que son pruebas en el proceso jurisdiccional. A aquellos podríamos catalogarlos como evidencias. Las decisiones acerca de la inclusión y exclusión de las evidencias, así como la valoración de las mismas, son llevadas a cabo por funcionarios de órganos de la Administración que, si bien pueden contar con autonomía técnica y ser imparciales desde el punto de vista administrativo, carecen de independencia e imparcialidad en sentido fuerte (esto es, en sentido jurisdiccional). La imparcialidad administrativa tiene un trasfondo diferente a la jurisdiccional, lo que puede hacer más peligroso, incluso, ciertos sesgos. En definitiva, se efectuarán algunos comentarios acerca la evidencia documental y la testimonial, así como acerca de la relación entre la evidencia y la prueba en los procesos jurisdiccionales.

El Derecho Administrativo, al ser una herramienta para la organización del Estado, debe estar ligado a los preceptos y principios constitucionales de nuestro ordenamiento. El autor recoge diez de los principales, y
más recurridos en la práctica, principios que orientan al procedimiento administrativo sancionador.

Uno de los temas más importantes abordados en el IV Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional es el referente a la prórroga automática del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Dicho Pleno ha sostenido que si se produce el supuesto donde el servidor público sujeto al régimen del CAS finaliza su vínculo y continua laborando, se produce una prórroga automática de su contrato con los mismos términos y por el mismo plazo. El autor repasa la constitucionalidad de este régimen laboral, la naturaleza de la renovación automática del CAS y las distintas interpretaciones que ha venido dando nuestra Judicatura al respecto.

Un análisis sobre la Ley de Medidas Cautelares Frente al Estado y los principales criterios jurisprudenciales sobre la misma. Fue publicado en el libro "Nuevo Estado, nuevo Derecho. Aportes para repensar el derecho público argentino" de Ediciones Infojus en octubre del 2015.

Paper presented to STEM 2017 (Madrid): An analyse of the process of europeanisation of the modern Spanish Administrative Law produced from the time of the approval of the current Spanish Constitution (1978) and the entry of Spain in the European Union (1986) to our days, identifying the most affected areas and the basic trends of the whole process.
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Ponencia presentada en el STEM 2017 (Madrid); Un análisis del proceso de europeización del Derecho administrativo español de nuestros días que se ha producido desde la aprobación de la Constitución española de 1978 y la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986 hasta nuestros días, identificando las áreas más afectadas y las tendencias básicas de todo el proceso.

AAVV, Fernández, Sergio (dir.), Alonso Regueira, Enrique (coord.), Derecho Procesal Administrativo, Buenos Aires-Mardrid-México: Ciudad Argentina-Hispania Libros- Universidad del Salvador-UNLZ, 2016.
Libro Colectivo en coautoría con Andrés Ascárate, Luis Casarini, Pablo Cayssials, Jorge Isidro Lusona, Marcos Morán, María Gimena Olmos Sonntag y Paula Schlimovich. Prólogo de Raúl Canosa Usera

La ponencia tiene por objeto buscar argumentos para aplicar las reglas del juicio sumario (Art. 680 y ss. del CPC) a la llamada “nulidad de derecho público”. Ello teniendo en mente las críticas que se han hecho al sistema de control judicial de la Administración.

Resumen. En el presente trabajo se aborda la problemática del objeto del proceso contencioso-administrativo en la formulación del nuevo Código Orgánico General de Procesos; realizando un análisis crítico de dicha institución a la luz de los sus fundamentos teóricos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, a los efectos de poner de manifiesto las imperfecciones de que adolece el actual sistema y realizar propuestas en función de su perfeccionamiento. Abstract. This paper makes an analysis of the administrative process object in the new Ecuadorian general procedural code, through the theoretical basis of this institute, in order to highlight the limitations

La crisis humanitaria provocada por el COVID-19 ha llevado al Gobierno de España a la suspensión e interrupción de términos y plazos administrativos. En el presente artículo se examina la misma desde el punto de vista del procedimiento administrativo común.

Resumen En el presente trabajo se aborda la problemática de la tutela cautelar contra la Administración pública en derecho ecuatoriano, que abarca dos regímenes completamente dispares, tanto por su amplitud como por su intensidad: el de la jurisdicción constitucional, regulado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional de 2009, y el de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria, recogida en el nuevo Código Orgánico General de Procesos; realizando un análisis crítico de dicha institución a la luz de sus fundamentos teóricos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, a los efectos de poner de manifiesto las imperfecciones de que adolece el actual sistema y realizar propuestas en función de su perfeccionamiento. Medidas cautelares – tutela judicial efectiva – justicia administrativa Abstract This paper makes an analysis of the precautionary measures regime aganist the public administration in Ecuador legal system, both before constitutional jurisdiction, as in administrative and tax process of the General Organic Code of Process, through the theoretical basis of this institute, in order to highlight the limitations established in the Ecuadorian system, and suggest the necessary changes towards the improvement of it. Precautionary measures – effective judicial protection – administrative justice

En los últimos años, y en una evolución sorprendente dado que teóricamente el sector audiovisual ha dejado de ser considerado servicio público y ha pasado a ser tenido por un mercado donde rige la libre competencia, los controles administrativos sobre los contenidos emitidos se han multiplicado, tanto en extensión como en intensidad. Este trabajo analiza los modos en que proceden las AAPP para llevar a cabo estos controles, ya sea a partir de administraciones independientes con poderes de regulación de mercado, ya por una serie de mecanismos indirectos, aprovechando sus facultades en materias como derecho al olvido, control de infracciones de la propiedad intelectual o de sanción de comportamientos discriminatorios y excluyentes.

En el Derecho Administrativo, al ser una rama que se originó tardíamente en relación con otras y considerada como una rama en formación, los principios cumplieron un papel fundamental en su surgimiento y desarrollo. Históricamente, los principios sirvieron para originar las normas positivas, sin ser enunciados o definidos en estas normas. La incorporación de los principios a los diferentes tipos de normas que componen el ordenamiento jurídico es un fenómeno relativamente nuevo. La enunciación de los principios en normas escritas se originó en instrumentos internacionales, posteriormente se incorporó en las constituciones y recientemente en las leyes. Finalmente, el ordenamiento jurídico no solamente los nombró, sino que los definió, es el caso del Código Orgánico Administrativo ecuatoriano que, en su contenido, enuncia y define varios principios. Los principios son generales y gozan de una gran capacidad de abstracción, lo que les permite desempeñar su función fundamentadora, interpretativa e integradora de la norma. Este trabajo, a través del método cualitativo, histórico-lógico e inductivo-deductivo, con base en la revisión bibliográfica de varios autores y normativa histórica, analiza si su positivización garantiza la seguridad jurídica en la aplicación de los principios o limita su alcance hasta desvirtuar su esencia.

Freedom of choice, within lawful different alternatives, is the common concept of discretionary power. In legal literature, discretionary powers are usually explicated as freedom of choice of the public body due (i) to the structure of public power, or (ii) uncertainty of the law; in both explications, freedom of choice is the essence of discretionary powers. Even if the possibility of hermeneutic are explored and interpretation’s techniques are implemented, in the legal order is persistent an area of uncertainty and general clauses are subject to be interpreted in different ways.
In public law, the freedom of choice coincides with the definition of public interest: the public body, entitled with public power, exercise discretionary power deciding what public interest is. In such a perspective, concept of public interest remains vague and judicial control is demined.
The essay propose a different idea of discretionary power and public interest: (i) being public interest the goal of the activity of public bodies (ii) it shall coincide with fundamental right protection, (iii) under Constitution’s rules that obliges public powers to assure such protection. Secondly, general clauses shall be interpreted in light of the “social legal order” and that “social legal order” is the set of rules grounded in the fundamental right and recognizable in the community.

El artículo critica la falta de cuidado del constituyente al diseñar la institucionalidad desde la perspectiva de la eficiencia y eficacia del gasto público. Identifica el fenómeno de expansión de las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales en el Ecuador como un proceso de fragmentación del discurso jurídico de la relación ciudadano Estado –objeto de control de la jurisdicción contencioso-administrativa–. Por último, explora las consecuencias negativas de este fenómeno de redundancia respecto del dinero disponible
para el Estado y los ciudadanos. /
The article criticizes the lack of care constituent assemblies display when designing institutions from the perspective of the principles of efficiency and efficacy of public expenditure. It identifies the phenomenon consisting on the expansion of special judicial remedies for constitutional rights in Ecuador as a process of fragmentation of the legal discourse concerning the relationship Citizen-State –which is also the object matter of administrative jurisdiction–. Finally, it explores the negative consequences of the phenomenon of redundancy in terms of the economic resources that are available for the State and the citizens.

El presente trabajo es una síntesis de la exposición realizada en la jornada “Aspectos estructurales de las medidas cautelares frente al Estado”, organizada por la Facultad de
Derecho, UNICEN, el Colegio de Magistrados y el Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, realizada el día 27 de octubre de 2014 en la
Facultad de Derecho de la UNICEN. Fue publicado por la Revista Cartapacio de esa universidad en noviembre del 2014.

ES: el artículo analiza críticamente al procedimiento de verificación, utilizado como procedimiento sancionador tributario, a la luz de determinar su conformidad con las exigencias jurídicas mínimas derivadas del Derecho al debido procedimiento administrativo y a la defensa en el ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración Tributaria. Se concluye que, tal como ha sido regulado en el Código Orgánico Tributario de Venezuela (2001), el "procedimiento" carece de un iter que permita garantizar los derechos fundamentales a ser informado, a ser oído, a disponer del tiempo y de los medios suficientes para la defensa, presunción de inocencia, etc.

EN: this paper critically analyses the so-called "verification" procedure, used as means to exercise the sanctioning power of the Tax Administration, in the light of determining its conformity with the minimum legal requirements arising from the right to due process of law in Tax procedures. It is concluded that, as it has been regulated in the organic tax code of Venezuela (2001), the "procedure" lacks an iter that would ensure the fundamental taxpayer rights to be informed, to be heard, to have the time and means sufficient for the defence, presumption of innocence, etc.

Freedom of choice, within lawful different alternatives, is the common concept of discretionary power. In legal literature, discretionary powers are usually explicated as freedom of choice of the public body due (i) to the structure of public power, or (ii) uncertainty of the law; in both explications, freedom of choice is the essence of discretionary powers. Even if the possibility of hermeneutic are explored and interpretation’s techniques are implemented, in the legal order is persistent an area of uncertainty and general clauses are subject to be interpreted in different ways. In public law, the freedom of choice coincides with the definition of public interest: the public body, entitled with public power, exercise discretionary power deciding what public interest is. In such a perspective, concept of public interest remains vague and judicial control is demined. The essay propose a different idea of discretionary power and public interest: (i) being public interest the goal of the activity of public bodies (ii) it shall coincide with fundamental right protection, (iii) under Constitution’s rules that obliges public powers to assure such protection. Secondly, general clauses shall be interpreted in light of the “social legal order” and that “social legal order” is the set of rules grounded in the fundamental right and recognizable in the community.

El presente trabajo tiene como objeto dar cuenta de un fenómeno de aparición bastante reciente, cual es la intervención en nuestro país por parte del Poder Judicial en el diseño estratégico y la puesta en marcha de políticas públicas en casos de defecto u omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ese proceso tiene como origen primario la incorporación al texto constitucional, tanto en forma directa como a través del ingreso al bloque de constitucionalidad federal –por medio del artículo 75 inciso 22 CN–, de una serie de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de un número sin precedentes de derechos, con un contenido y una extensión de amplitud inconmensurable en relación con el modelo anterior, y que generan obligaciones concretas en cabeza del Estado.

En la inteligencia de que la única forma válida de producción de discurso judicial es a través de los trámites establecidos en las normas procesales, comenzaré por distinguir el proceso contencioso tradicional de lo que actualmente se conoce como litigio estratégico de Derecho Público, o litigio de reforma estructural.

A continuación, trataré de extrapolar a nuestro sistema el modelo de litigio experimentalista propuesto por CHARLES SABEL y WILLIAM SIMON en su trabajo “Destabilization Rights: How Public Law Litigation Succeeds” el que creo, con algunas precisiones, es aplicable al trabajo cotidiano de la ejecución de sentencias en procesos de reforma estructural en nuestro país.

En este sentido, intentaré demostrar que el esquema propuesto por esos
autores es especialmente útil como método para asegurar la exigibilidad de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, y como forma de concretar cambios tangibles y permanentes en el entramado estatal.

Con esas premisas, me detendré en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional s/ Daños derivados de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo”, a través de la cual se emprendió el proceso de saneamiento ambiental más ambicioso de la historia de nuestra república, formulando algunos comentarios sobre la sentencia primigenia y efectuando algunas breves consideraciones sobre el estado actual del procedimiento de ejecución de la sentencia.

Finalmente, trataré de esbozar algunas conclusiones con relación a la función que el Poder Judicial se encuentra en condiciones de desarrollar, en la actualidad, en materia de gestión de políticas públicas.