DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Hace poco volví a ver la película Relatos salvajes (2014) de Damián Szifron. En ésta se presentan seis historias que tienen en común la existencia de una situación límite que lleva a los personajes a tomar decisiones extremas, violentas o, simplemente, fuera de control.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO POLICIAL. Son medidas preventivas en el procedimiento disciplinario policial: separación temporal del cargo, cese temporal del empleo y suspensión temporal del servicio. Acceda al artículo en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1Fq-wCCWupt_60X0BO-VUeu6av3sdk-3U/view?usp=sharing
#PNP #DisciplinarioPolicial #medidaspreventivas

Las sanciones administrativas son un instrumento más del law enforcement, junto al Derecho penal, el Derecho de daños. El law enforcement incluye un conjunto de actuaciones de agentes públicos y privados. En el artículo se analiza el encaje de todas estas piezas: las sanciones son a veces alternativas, a veces paralelas y a veces conflictivas con otros instrumentos.

El presente artículo tiene como finalidad presentar una propuesta de cómo construir infracciones a nivel de auditoría y órgano instructor de la Contraloría General de la República de una manera práctica y eficiente, evitando dilaciones innecesarias dentro del procedimiento administrativo sancionador por no cumplirse, entre otros factores, con los requisitos de coherencia y acreditación en el informe de control, dando lugar a la prescripción de la potestad sancionadora. Para ello, elaboramos y analizamos una secuencia de cinco pasos (hecho, conducta, función, perjuicio e infracción) que nos permitirá cimentar las bases para una correcta tipificación.

El presente artículo tiene por objeto analizar el criterio jurisprudencial entregado por el Segundo Tribunal Ambiental en relación a la legitimación activa para reclamar las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo anterior llevará a examinar el contenido que se le ha dado al concepto de “afectado” o “directamente afectado” entregado por la Ley N° 20.417 y la Ley N° 20.600. Sobre la base de lo anterior, se analizará también si dicho criterio respecto de la legitimación activa para recurrir al órgano jurisdiccional especial, satisface completamente un verdadero y real acceso a la justicia ambiental. En este sentido, se mencionará la necesidad de que dichos “afectados” puedan contar con las herramientas y los medios necesarios que les garanticen una participación oportuna y de calidad desde la sede administrativa, ya que, considerando el “carácter revisor” del contencioso administrativo, llegar solo a la sede judicial, significa comenzar la carrera con mucha desventaja. Finalmente, se esbozarán algunas posibles soluciones para atender este último problema en sede administrativa.

Nuestros Máximos Tribunales de Justicia del país se han encargado de revisar las acciones constitucionales de amparo y de protección, en conjunto con el recurso especial de reclamación contemplado en la actual Ley de Extranjería, que han presentado extranjeros y/o migrantes, cuando han buscado revertir una medida de expulsión dictada tanto por el Departamento de Extranjería y Migración, perteneciente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como por las respectivas Intendencias Regionales. Aquellas medidas se han materializado en decretos y resoluciones exentas de expulsión, las que se apoyan en una normativa migratoria dictada en tiempos de dictadura, que no refleja un respeto irrestricto por los derechos fundamentales de los migrantes y/o extranjeros, sobre todo al prever la expulsión como sanción, consagrada a través de causales sumamente abiertas, contempladas en el Decreto Ley N°1094 de 1975, aún vigente. Es así como las Cortes de Apelaciones, y especialmente la Corte Suprema, han debido aplicar dicha normativa a la luz de los derechos fundamentales que nuestra Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados y vigentes en Chile, le reconocen a todas las personas extranjeras y/o migrantes, para decidir si dejar vigente o revocar aquellas medidas expulsivas o prohibitivas de ingreso al país, como también a través de la aplicación de los principios constitucionales que han resultado imprescindibles de reconocer y aplicar por los Ministros de Corte, a través del conocimiento de las acciones constitucionales y el recurso especial contemplado en el Decreto Ley mencionado. En el siguiente trabajo nos avocaremos a examinar dichos principios jurídicos, que han resultado relevantes dentro de la jurisprudencia analizada de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, correspondiente al periodo que abarca entre los años 2007 y 2018.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La Potestad Sancionadora del Estado. 2.1. Concepto. 2.2. Configuración en la jurisprudencia panameña. 3. Bases y límites constitucionales. 3.1. Bloque de la constitucionalidad y control convencional. 3.2 El debido proceso en el procedimiento sancionador. 4. Conclusiones.

El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que su cuestionado precedente Huatuco puede generar algunas confusiones en su aplicación, por lo que ha optado por relativizar sus alcances. Así, en el pronunciamiento recaído en la STC Exp. N° 06681-2013-PA/TC, ha rechazado aplicar el criterio jurisprudencial adoptado en su momento. De esta manera el TC ha establecido que el bien protegido por el controversial precedente Huatuco es la ca-rrera administrativa, por lo que no deberá aplicarse dicho precedente en casos en los que trabajadores sujetos a otros regímenes laborales soliciten su reposición.

La cultura jurídica chilena ha construido la potestad sancionadora administrativa sobre la noción del ius puniendi estatal único. Este trabajo cuestiona esta idea, planteando una perspectiva responsiva que permite explicar los nuevos meca- nismos incorporados en esta área, tales como autodenuncias, programas de cum- plimientos o subsanación de infracciones.

EL CONCURSO DE INFRACCIONES EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. En el presente artículo se hace un análisis del concurso de infracciones real o ideal, asimismo, se analiza el concurso de infractores (Autor José María Pacori Cari). Puede acceder al artículo en el siguiente enlace
https://drive.google.com/file/d/1UZSgcRUbBTswmxxOLG6U7JDACzju1CoY/view?usp=sharing
#PNP #Ley30714 #DerechoDisciplinarioPolicial

El informe oral en el procedimiento sancionador Pautas para su desarrollo* Oscar ALEJOS GUZMÁN** En los últimos años, el informe oral se ha convertido en parte esencial de todo procedimiento administrativo sancionador. Así, se ha vuelto común pedirlo y concederlo; tanto que algunos reglamentos lo contemplan expresamente y regulan sus pormenores. Sin embargo, quedan aún muchos aspectos que permanecen inciertos, para lo cual se vuelve necesario tener algunos criterios o pautas que permitan a las autoridades ordenar adecuadamente el desarrollo del referido informe. En este artículo se brindan algunos apuntes sobre dichos criterios.

El autor detalla las sanciones que son materia de inscripción en el Registro y las obligaciones de las entidades públicas sobre aquel. Considera que la administración pública, con el Reglamento aprobado, se verá fortalecida en su estructura al evitar contratar con un ex servidor público inhabilitado.

LA QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO POLICIAL. Se hace un análisis de este remedio por la inconducta funcional de los órganos disciplinarios (Autor José María Pacori Cari). Puede acceder al artículo en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1kh1R1z-XmShl0oXodG5lXHG1MJPCRqQr/view?usp=sharing
#pnp #disciplinariopolicial #Ley30714

Contraloría en la Constitución del 93'. IV. Potestad Sancionadora Funcional a Contraloría mediante la Ley N° 29622. V. Inconstitucionalidad de los tipos infractores de la Contraloría por la STC N° 0020-2015-AI. VI. Proyectos de Ley N° 4326/2018-CR y N° 5283-2020-CGR que devuelven los tipos infractores a la Contraloría con jerarquía de Ley. VII. Afectación al principio del Ne Bis in Idem. VIII. Implicancias de su aprobación. IX. Conclusiones.

Este trabajo analiza la discrecionalidad en materia administrativa sancionadora, dando cuenta que la atribución de potestades discrecionales en el ejercicio de poderes sancionadores es una determinación deliberada y consciente del legislador en el marco del orden constitucional. La existencia de discrecionalidad en el ejercicio de poderes sancionadores permite a la Administración orientar su actividad represiva en orden a alcanzar los fines públicos que se le han encomendado, considerando las circunstancias específicas del caso, incluyendo su adecuación a ciertas opciones de política pública.

Esta obra, dedicada al régimen de empleo
público bonaerense, de interés para agentes
públicos en general, estudiantes y profesionales del derecho, aborda la relación de empleo
público en forma genérica, aunque profundiza el análisis de sus institutos sobre la base
de la ley 10.430 y su decreto reglamentario
— como régimen general— , y remite puntualmente a las distintas regulaciones especiales
que rigen determinados sectores diferenciados en el ámbito de la provincia de Buenos
Aires. Los capítulos en los que se divide la
obra son: I. Los trabajadores del Estado y su
protección jurídica, II. Naturaleza jurídica y
principios de la relación de empleo público,
III. Atribución constitucional de competencias
en la regulación del empleo público, IV. El régimen de la ley 10.430. Sus alcances y excepciones, V. Ingreso a la organización administrativa, VI. Los derechos de los empleados
públicos bonaerenses, VIL Deberes y prohibiciones, VIII. Régimen disciplinario, y IX. Extinción de la relación de empleo público. Este libro también complementa los distintos
temas tratados con los criterios jurisprudenciales adoptados tanto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
como por los distintos organismos del fuero
Contencioso Administrativo de la provincia.

Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 291582 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en adelante “LOPE”, las actividades de la Administración Pública han sido organizadas bajo la denominación de “Sistemas”, de los cuales se dividen en dos grupos: Sistemas Funcionales y Sistemas Administrativos. Ambos Sistemas tienen distintos ámbitos de aplicación, y
distintos tipos de Organismos como Entes Rectores, por lo que  haremos una reseña de ambos Sistemas, ya que este trabajo de investigación tiene por objetivo que el lector pueda  identificar los Sistemas del Poder Ejecutivo, así como saber cuáles son sus Entes Rectores, al igual de las normas jurídicas que integran cada Sistema Administrativo.

A nivel iberoamericano, la mayoría de los países atribuyen a la Administración una potestad de naturaleza sancionadora como mecanismo de reacción frente al incumplimiento de las disposiciones de naturaleza jurídico-administrativa (Huergo, 2019, pp. 517 y ss.), regulando con carácter general o particular el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

El siguiente trabajo pretende determinar la forma en que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República resuelve al momento de aplicar el artículo No 125 del Estatuto Administrativo, referido a la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, como con- secuencia de una infracción grave al principio de probidad administrativa. Las principales interrogantes abordadas en este artículo buscan conocer ¿Qué conductas infringen la probidad administrativa? ¿Cuándo la infracción a la probidad administrativa tiene el carácter de grave? ¿Cuál es la consecuencia de la infracción grave al principio de probidad administrativa? La metodología utilizada para responder estas preguntas fue el estudio de las decisiones de la Contraloría General de la República a la luz del principio de carrera funcionaria, consagrado en el artículo 38 inciso primero de la Constitución.

El Tribunal Supremo, la gran mayoría de los autores e incluso algunas disposiciones legales y reglamentarias han entendido que, una vez caducado un procedimiento administrativo sancionador como consecuencia del incumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa sobre el fondo y notificarla dentro del plazo legalmente establecido, es lícito que la Administración responsable del incumplimiento inicie, tramite y resuelva un nuevo procedimiento sancionador contra el mismo acusado, por los mismos hechos y con idéntico fundamento jurídico, siempre que no haya transcurrido todavía el plazo de prescripción de la correspondiente infracción. En el presente trabajo se analiza si esta reiteración del procedimiento caducado vulnera la vertiente  procesal del principio constitucional ne bis in idem.

EL SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL EN LA LEY 30714. Se hace un análisis de los órganos disciplinarios policiales, que corresponden a los órganos investigadores y los órganos de decisión. Puede acceder al artículo en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/11sstpCzt4CaYcNS07UyK8k9qwbQwVHig/view?usp=sharing
#PNP #Ley30714 #DerechoDisciplinarioPolicial

En el procedimiento administrativo sancionador, se muestra la posibilidad de aplicar retroactivamente una norma que favorece al administrado procesado, además de establecer el valor del poder reglamentario del Estado y las antinomias (Autor José María Pacori Cari)

La generalización de las comunicaciones electrónicas, junto a otras muchas transformaciones, ha facilitado enormemente tanto la comunicación interpersonal como la participación en el debate público a cualquier ciudadano. Como resultado, el pluralismo se ha visto indudablemente enriquecido, así como las posibilidades de recibir información y ser miembro activo de la comunidad política. Otras consecuencias de esta transformación, sin embargo, presentan algunas aristas. Así, esta ampliación del espacio público ha limitado también los espacios de estricta privacidad, incluyendo aquellos ámbitos donde históricamente la expresión de todo tipo de ideas y opiniones quedaban en la intimidad, que cada día son los menos. Las redes sociales ampli can notablemente este efecto y, como consecuencia, es preciso analizar cómo trasladamos los clásicos límites expresivos a ese nuevo entorno en el que las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen. Este es el objetivo del presente trabajo, a partir del estudio de los con ictos que, esencialmente en el ámbito bien de las afecciones al honor o a la intimidad de otras personas, bien de la emisión de opiniones incitadoras a la violencia, odio o discriminación, ya se están produciendo y que reflejan los problemas de nuestro derecho para adaptar con solvencia los equilibrios tradicionales a la nueva realidad.

Desde los albores de la independencia de México, uno de los temas medulares que han ocupado la agenda política y ha suscitado acaloradas discusiones entre los legisladores de cada época, ha sido el control de las actividades de los agentes del Estado. Dentro de este contexto de controles, ha surgido el tema de la responsabilidad de los servidores públicos (o responsabilidad oficial), encaminada primordialmente a evitar la comisión de conductas irregulares, arbitrarias o ilícitas de aquellos encargados del desarrollo de las actividades del Estado, o en su caso sancionar estas conductas. Esta obra hace un recorrido histórico por las principales normas sobre responsabilidades en México, desde el periodo colonial hasta la reforma que institucionaliza el sistema nacional anticorrupción en 2015.

En nuestra legislación laboral se encuentran reguladas determinadas situaciones que permiten a los trabajadores solicitar una licencia con o
sin goce de haber. Muchos servidores públicos pertenecientes al régimen privado se ven en la necesidad de “negociar” estos permisos en caso del fallecimiento de un familiar al no encontrarse regulada la licencia correspondiente.
El autor nos presenta el panorama de esta problemática

Se trata de un análisis sistemático y de comentarios a cada una de las disposiciones del Reglamento de Investigaciones Administrativas la la Administración Pública del Gobierno federal de la República Argentina (Decreto n° 467 de 1999, con las reformas del Decreto n° 1012 de 2012)

Un Manual que se construye de las afirmaciones de la jurisprudencia de la Corte Suprema, Contraloría y Tribunal Constitucional. Un libro para el ejercicio profesional.

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Después de más de cuatro años, el Tribunal del Servicio Civil ha vuelto a expedir un nuevo precedente de observancia obligatoria referido a la prescripción dentro del procedimiento disciplinario y los supuestos en los cuales esta fi gura debe ser aplicada. Para el autor, dicho precedente traerá consecuencias prácticas positivas, ya que aún existe confusión sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

DEMANDA CONTENCIOSA ADINISTRATIVA CONTRA EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA POLICIAL. Se hace un análisis de las condiciones de la acción y presupuestos procesales (autor José María Pacori Cari). Acceda al artículo en
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#PNP #DerechoAdministrativo #DiscipliarioPolicial

A partir de la conformación liberal del Estado y la concepción del pacto social se legitima al Estado como garante de la convivencia social. De esta manera se ¡nstituye al Estado con poderes suficientes como para garantizar los derechos y libertades de las personas como también con poderes para restringir aquellos con el objeto de preservar a la sociedad y sus bienes jurfdicos. Tal ejercicio se fundamenta en la aplicación de potestades punitivas, es decir, originalmente, mediante el ejercicio material del Derecho penal y, seguidamente, además, por medio del Derecho administrativo. Es así como se conforma el ius puniendi, es decir mediante la legitimación formal y material del ejercicio de la potestad del Estado para imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante la comisión de delitos o faltas administrativasl. En otras palabras, la aplicación de fa ley penal, por un lado, y la potestad sancionadora por el otro.

LA PRESCRIPCIÓN DE LA EXIGIBILIDAD DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS. En este artículo se hace un análisis del artículo 253 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo en el Perú (autor José María Pacori Cari). Acceda al artículo en
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#Prescripción #Multas

DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR O DISCIPLINARIO. En este artículo se analiza los efectos del desistimiento del quejoso en el procedimiento iniciado de oficio. Acceda en el siguiente link
https://drive.google.com/file/d/1HwTxljr7T74-pYdWb2Kx8l1xejoz50Jx/view?usp=sharing
#denunciante #desistimiento #procedimientodisciplinario

El Tribunal del Servicio Civil. siendo un Tribunal Administrativo, aplica instituciones propias del Derecho Laboral, estableciendo la administrativización de los derechos laborales de los trabajadores estatales, ya que cada institución de la legislación laboral, está sometida a las actuaciones administrativas por parte del Estado - Empleador, teniendo la doble dimensión que mencionamos, por lo que a la hora de afrontar un procedimiento administrativo de carácter disciplinario debemos tener en cuenta tanto los principios propios de la Ley Nº 27444 y las características propias de las figuras del Derecho Laboral.

Este artículo tiene por objeto dar cuenta de los mecanismos administrativos que existen para la revisión de las sanciones administrativas. La hipótesis central de la investigación plantea que no obstante la plena vigencia del principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, no siempre una sanción producirá sus efectos jurídicos, pudiendo, en consecuencia, no ejecutarse. En este trabajo se ha podido determinar que en materia de sanciones administrativas es apropiado aplicar los mecanismos generales de revisión de oficio de los actos administrativos, así como también de ciertos mecanismos especiales en sectores de referencia dispuestos para revisión de actos sancionatorios, los que si bien tienen fundamentos jurídicos diversos, en general producen la extinción de la sanción administrativa impuesta, ya sea de manera definitiva o mediante su reemplazo por un acto administrativo diverso.

El Derecho Sancionador Ambiental en Argentina presenta particularidades definitorias, tanto en materia penal como contravencional, que delimitan su función preventiva de las conductas ambientalmente disvaliosas. Desde la perspectiva penal, los tipos definidos dan lugar a experiencias de interés tanto en relación a la técnica legislativa adoptada –mediante leyes penales en blanco, delitos de peligro, y la responsabilidad en el actuar de personas jurídicas-, como en relación a la tensión entre normas penales y regulaciones o autorizaciones extrapenales. Desde la perspectiva de las sanciones contravencionales, existe una disparidad de contenido en las distintas Provincias argentinas, aunque es posible determinar principios comunes aplicables en todos los ámbitos, tanto desde el Derecho Sancionador propiamente dicho como desde el ámbito específico del Derecho Ambiental.

MODELO DE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE EXIGIBILIDAD DE MULTA IMPUESTA POR PAPELETA DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. Se muestra como pedir la prescripción de la ejecución de una multa impuesta en mérito a una papeleta por infracción de tránsito (autor José María Pacori Cari). Puede acceder al modelo en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1W6F8VymM3K5uNRC3kyh8X7Vpuf6D9ta1/view?usp=sharing
#papeleta #prescripción