DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

El presente trabajo esboza, desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, una teoría general acerca del control judicial de la discrecionalidad administrativa que permita responder a tres cuestiones fundamentales: por qué, en determinadas circunstancias, los Tribunales deben reconocer un margen de discrecionalidad a las Administraciones públicas cuando revisan las decisiones de éstas; en qué circunstancias deben reconocerlo; y cuáles son los límites que lo definen. A estos efectos, el trabajo analiza los costes y beneficios sociales de esa discrecionalidad, y señala algunas variables de los que ambos dependen y que, por consiguiente, permiten determinar en cada caso hasta qué punto la misma está justificada

Who should prove the existence or nonexistence of some fact in a judicial proceeding? Should the Claimant help the Defendant to prove asserts of truth of particular facts or vice versa? Is there a new rule within all the rules governing the presentation of facts and proof in proceedings before courts? Those are issues of a great importance studied by scholars and courts in the last years relating to the law of evidence and this essay which provides a framework for further research gives a particularly and critic point of view influenced by a vision of the process as an instrument of freedom or as a right that point to protect freedoms.

El trabajo sigue los lineamientos de una obra anterior -"Protección cautelar frente al Estado", 2da. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2009- y recobrados en una posterior, como consecuencia de las modificaciones legislativas producidas en la materia en la Argentina -"Medidas cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas", Buenos Aires, Ad Hoc, 2013.

El autor detalla las sanciones que son materia de inscripción en el Registro y las obligaciones de las entidades públicas sobre aquel. Considera que la administración pública, con el Reglamento aprobado, se verá fortalecida en su estructura al evitar contratar con un ex servidor público inhabilitado.

La Jurisdicción Especial de Cuentas en Panamá .
Éste Manual teórico  - práctico es redactado por la Docente Universitaria de la Facultad de Derecho de Panamá.
Ex -Magistrada del Tribunal  de Cuentas  . Esboza la naturaleza jurídica del Tribunal de Cuentas.Esquematiza las etapas del proceso de Cuentas.Desarrolla una breve exposición del Tribunal de Cuentas con el Derecho Comparado . Y permite hacer reflexiones en torno a la necesidad de una reforma legal de la ley 67 de 2008, con el fin de lograr la verdadera independencia y Autonomìa de un Tribunal que Juzga  a los responsables sean Servidores públicos o agentes de manejo por lesión patrimonial en la administración de fondos o bienes públicos

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRILATERAL. Es el procedimiento administrativo especial contencioso entre dos o más administrados ante una autoridad administrativa (Autor José María Pacori Cari). Acceda al artículo en este enlace
https://drive.google.com/file/d/139N_l-eFtu-wh1z8eOJtwnQZpZVqHH2q/view?usp=sharing
#procedimientotrilateral #procedimientoadministrativo #tribunaladministrativo

O texto aborda a multiplicidade de sentidos e graus da expressão “indisponibilidade do interesse público” e as suas possíveis consequências para a atuação da Fazenda Pública em juízo em relação a alguns institutos processuais, à luz do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
The text addresses the plurality of meanings and degrees for the expression “inalienability of public interest” and its possible consequences for the performance of state parties in courts regarding some procedural institutes, in light of the new procedure civil Brazilian law (Federal Law 13.105/2015).
Artigo publicado na Revista de Processo vol. 264, 2017. Versão revista e atualizada para o CPC/2015 do ensaio publicado na Revista de Processo vol. 128, 2015.

MODELO DE DEMANDA DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA. Se muestra cómo realizar una demanda para revisar un procedimiento de ejecución coactiva, a fin de cautelar la legalidad y cumplimiento de normas (Autor José María Pacori Cari)

En fecha 23 de abril de 2002, se promulgó la Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo, que surgió con el objeto principal de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público; hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición  ante la Administración Pública; regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados y, regular procedimientos especiales. Al año siguiente, en fecha 23 de julio de 2003, se emitió el Decreto Supremo Nº27113, que aprueba el Reglamento a la Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo, extendiendo su ámbito de aplicación al entonces “Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales y las entidades desconcentradas y descentralizadas”(sic), así como las Empresas públicas y Sociedades de economía mixta, que deben sujetarse a dicho Reglamento para el ejercicio de la función administrativa.
Al presente, resulta conveniente realizar una recopilación jurisprudencial de los hitos más importantes que ha tenido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (desde su primera época, en la época de transición, y en la época plurinacional), y que han coadyuvado de manera importante al mejor conocimiento sobre los alcances de las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Boliviano, a fin de comprender la aplicación práctica del derecho a la petición en el ámbito de la Administración Pública, a la luz de los Principios Generales de la Actividad Administrativa, considerados como las directrices o líneas rectoras dentro de cuyo marco deben desarrollarse las distintas instituciones del procedimiento administrativo.

This article presents a comparative analysis regarding the traditions of administrative law in Latin America and their impact on the contemporary scene, as well as on the trends in the general orientations of their administrative justice systems. The method followed consists of pointing out the attributions of the administrative authorities and trying to identify the distinction, in Latin America, between the 'administrative function of implementation', the 'control of the legality of administrative decisions' (not related to any adjudication function), and the 'protection of rights' (by means of an adjudication function) while examining their historical genesis and future trends. In this perspective, the text addresses administrative powers and their limits: the prerogatives and instruments of the authorities in the exercise of their enforcement functions, the control of administrative decisions by the administrative authorities themselves and by external bodies, and the judicial and extrajudicial protection of rights against administrative decisions.

Tutor(a): Abg. José Ángel Cornielles Nombre de la Asignatura: Procedimiento Contencioso Administrativo y Practicas BARQUISIMETO, FEBRERO 2018 UNIVERSIDAD "FERMÍN TORO" VICE-RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN, DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PROCEDIEMIENTO DE LA JURIDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL EN VENEZUELA Autor: José Pastor Pérez Tovar Tutor(a): Abg. José Ángel Cornielles Año 2019

Simplificando la idea, el acto administrativo es el medio a través del cual la Administración del Poder Ejecutivo, en sus distintas orbitas, ejerce la función de administrar, mediando entre el logro del interés público y las necesidades, derechos e intereses de los particulares..-
Sin embargo, se llega a este acto como culminación de un procedimiento administrativo, regido por la ley y los principios del proceso.-
Sin embargo, es habitual ver desviaciones del procedimiento y la legalidad que debe imperar en la actuación administrativa, situación de gravedad cuando se comprende que, detrás de cada obligación y principio procesal se protege un derecho y/o garantía constitucional de los ciudadanos.-
Una de las consecuencias derivadas de este obrar radica en que, un acto intermedio que no tiene por finalidad surtir efectos directos sobre el administrado (el dictamen), y que en general es producido sin su intervención, pasa a constituir el elemento central de la formación de la voluntad administrativa y la motivación del acto.-
Esto nos lleva a analizar: si el debido proceso rige para los dictámenes, si tales instrumentos son aptos y válidos para fundar el acto, y si es suficiente la remisión al dictamen como elemento esencial del acto, puntualmente de la voluntad administrativa o motivación.-

Después de más de cuatro años, el Tribunal del Servicio Civil ha vuelto a expedir un nuevo precedente de observancia obligatoria referido a la prescripción dentro del procedimiento disciplinario y los supuestos en los cuales esta fi gura debe ser aplicada. Para el autor, dicho precedente traerá consecuencias prácticas positivas, ya que aún existe confusión sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Los elementos de juicio que se integran al procedimiento administrativo se pueden distinguir de aquellos que son pruebas en el proceso jurisdiccional. A aquellos podríamos catalogarlos como evidencias. Las decisiones acerca de la inclusión y exclusión de las evidencias, así como la valoración de las mismas, son llevadas a cabo por funcionarios de órganos de la Administración que, si bien pueden contar con autonomía técnica y ser imparciales desde el punto de vista administrativo, carecen de independencia e imparcialidad en sentido fuerte (esto es, en sentido jurisdiccional). La imparcialidad administrativa tiene un trasfondo diferente a la jurisdiccional, lo que puede hacer más peligroso, incluso, ciertos sesgos. En definitiva, se efectuarán algunos comentarios acerca la evidencia documental y la testimonial, así como acerca de la relación entre la evidencia y la prueba en los procesos jurisdiccionales.

El Tribunal del Servicio Civil. siendo un Tribunal Administrativo, aplica instituciones propias del Derecho Laboral, estableciendo la administrativización de los derechos laborales de los trabajadores estatales, ya que cada institución de la legislación laboral, está sometida a las actuaciones administrativas por parte del Estado - Empleador, teniendo la doble dimensión que mencionamos, por lo que a la hora de afrontar un procedimiento administrativo de carácter disciplinario debemos tener en cuenta tanto los principios propios de la Ley Nº 27444 y las características propias de las figuras del Derecho Laboral.

Director: Enrique Alonso Regueira
Coautores: ”. Coautores: Andrés Ascárate, Pablo Carducci, Juan Carlos Cassagne, Esteban Carlos Furnari, Roberto Oscar Furnari, Beltrán Gambier, Gonzalo Kodelia, Luciano Marchetti, Eduardo Mertehikian, Marcos Morán, María Gimena Olmos Sonntag, Juan Antonio Stupenengo; Juan Martin Vocos Conesa; Agustín López Cópola, Macarena Marra Giménez, José María Moltó Darner, Patricio Esteban Urresti, Ariel Cardaci Méndez, Fabián Omar Canda; María Rosa Cilurzo, Sergio Gustavo Fernández, Fernando R. García Pullés, Leandro G. Salgán Ruiz, Patricio Marcelo E. Sammartino, Graciela Cristina Wüst, Agustin Bonaveri, Alejandra Patricia Díaz, Gisela E. Dambrosi, Carlos María Folco; Diego Freedman; Lisandro Sandoval, Sebastián Julio Marturano, Juan Carlos Rua, Leonardo Toia, José Manuel Ugarte, Carlos Balbín, Carlos Manuel Grecco, Elena Highton de Nolasco, Ernesto Alberto Marcer, María José Rodríguez, José María Rodríguez de Santiago, Horacio Rosatti, Guido Santiago Tawil y Pablo Manili.

Acceso gratuito en: http://www.derecho.uba.ar/docentes/libro-el-control-de-la-actividad-estatal-ii.php

La cosa juzgada dota a la sentencia de una certeza inamovible e inalterable, para evitar que vuelva a generarse una y otra vez el mismo conflicto ya resuelto. La doctrina dominante sostiene que los límites subjetivos de la cosa juzgada son relativos y alcanzan sólo a las partes y a quienes han intervenido jurídicamente en el litigio; no obstante existir un sinnúmero de casos en que tales efectos se extienden ultra partes.
La máxima res iudicata tertio non nocet no es absoluta, y en numerosas circunstancias de hecho, los terceros resultan alcanzados por la sentencia, por lo que existe un sinnúmero de excepciones a la “regla general” sobre el efecto relativo de las sentencias, o lo que es lo mismo, el límite subjetivo de la cosa juzgada, que nos demuestran que la regla general no es tal: 1) Las sentencias constitutivas, 2) Las resoluciones cautelares y el despacho de la ejecución, 3) La resolución que concreta la enajenación forzosa, adjudicando el bien objeto de embargo, al ejecutante o al mejor postor en subasta pública, 4) La resolución de apertura del procedimiento concursal, 5) La sentencia firme que declara el divorcio, 6) Cualquier otra sentencia que recaiga sobre el estado civil de una persona, especialmente los que determinan la filiación, 7) La sentencia absolutoria o condenatoria en materia penal, 8) La declaración de inconstitucionalidad de norma legal, 9) La sentencia que declara la nulidad de derecho público, 10) La sentencia de Tribunales Ambientales, en materia anulatoria, etc.
Estas numerosas excepciones confirman que en realidad no existe tal cosa como la regla general del efecto relativo de las sentencias; lo que se ve reforzado con la inmutabilidad que conlleva la cosa juzgada, que consiste que ninguna otra autoridad (jurisdiccional o no) podrá alterar los términos de una sentencia, efecto que no podría llevarse a cabo si la sentencia sólo alcanzara a las partes.

La presente nota tiene por objeto identificar algunas líneas jurisprudenciales vinculadas con la sistemática cautelar general en el orden nacional, a fin de brindar herramientas que sirvan como disparadores para indagar sobre la problemática, pensar en relación al alcance de cada uno de los dispositivos que la componen y servir de insumo para su instrumentación. Siendo ello así, el trabajo se acotará a conceptualizar las reglas que estimamos salientes, señalando en cada supuesto los elementos que definen las mismas y aquellos otros que deberían tenerse en consideración.

El Derecho Administrativo, al ser una herramienta para la organización del Estado, debe estar ligado a los preceptos y principios constitucionales de nuestro ordenamiento. El autor recoge diez de los principales, y
más recurridos en la práctica, principios que orientan al procedimiento administrativo sancionador.

En este artículo, en un caso concreto –objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal del Servicio Civil–analizo la aplicación del principio de inmediatez, en los casos de empleados públicos a los cuales se imputa haber incurrido en una falta disciplinaria; diferenciando las etapas cognitiva y volitiva, así como la pertinencia de dicho principio, según el régimen laboral al que esté sujeto el empleado.

En Panamá, como en la mayoría de países donde existe una jurisdicción contencioso-administrativa, rige un sistema típico y fragmentado de acciones ejercitables ante dicha jurisdicción. Esto trae como resultado que la comprensión adecuada de los supuestos que justifican el uso de determinada acción, sea vital para garantizar el acceso a la tutela judicial. En atención a esto, el trabajo plantea el problema de la acción ejercitable en el caso de las demandas de indemnización por daños por responsabilidad extracontractual del Estado en Panamá.
Desde un punto de vista de la metodología, el trabajo se divide en dos partes: una parte de orientación teórica y otra parte de orientación práctica. De la parte teórica, se analiza el ordenamiento procesal administrativo panameño para determinar el origen y la pertinencia de afirmar la existencia de una acción especial de reparación directa. La parte práctica, que se plantea con independencia de los criterios expuestos en la parte anterior, se subdivide a su vez en una parte diagnóstica, en cuanto a los problemas derivados de la aplicación del sistema actual vigente en materia de reclamaciones de responsabilidad del Estado, particularmente en cuanto a la reclamación de responsabilidad personal de los funcionarios, el término de prescripción de la acción, los requisitos de la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa y el caso de responsabilidad por daños derivados de la aplicación de actos administrativos ilegales, a partir de la cual se extraen observaciones para realizar propuestas de reforma legislativa, a fin de mejorar tanto el acceso de los administrados a la tutela judicial, en forma general, y en particular facilitar el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado.
El trabajo realiza un análisis histórico tanto del sistema procesal panameño, como de derecho comparado, particularmente, Colombia, Francia y España, y en menor medida Italia, Argentina, Alemania y México.

El propósito del presente trabajo es discutir el problema de la corrección de la conducta de las partes como objeto de estudio en el derecho procesal, particularmente desde la perspectiva del proceso civil venezolano, con el objeto de resaltar algunos problemas metodológicos en el estudio del llamado principio de moralidad o buena fe procesal, no solo referidos a situaciones semánticas o de técnica legislativa presentes en las normas sino adicionalmente subrayar la presencia de problemas meta éticos.

The purpose of this essay is to discuss the problem regarding the ethical standards in litigation as an issue studied by the procedural law, especially from the perspective of Venezuelan civil procedure, with the aim to point out some methodological problems within the studying of the standards of fairness and good faith in legal proceedings, as a matter of semantic or legislative technique as well as a meta-ethical problem.

SUMILLA. I. Introduccion II. A manera de cuestión previa III. El silencio administrativo peruano:cuestiones generales IV. El silencio administrativo positivo V. El silencio administrativo negativo VI. El rol de los agentes del Sistema Nacional de Control VII. Conclusiones.

En este artículo el autor nos plantea su particular punto de vista, conforme al cual el Tribunal del Servicio Civil viene perdiendo competencias para pronunciarse en diversas controversias que puedan suscitarse entre los empleados públicos y las entidades a las que prestan sus servicios.
Siendo de público conocimiento las dificultades que atraviesa el Sistema Judicial, que tienen características estructurales –y no meramente coyunturales–, la justicia administrativa constituye una buena alternativa para la solución de este tipo de conflictos. Esta vía se estaría cerrando, como se expone en este artículo de lectura obligatoria para los interesados.

En estas páginas ofrezco un análisis de la sentencia expedida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en virtud de la cual se dispuso que el Ministerio de Energía y Minas, entregue al ciudadano solicitante determinados mensajes -enviados y recibidos- de correo electrónico que el Juez considera constituyen información pública.
En este artículo, además de mi opinión - no exenta de polémica - sobre la resolución judicial, podemos a  vuestra disposición con el ánimo de contribuir al debate sobre este tema controversial y, a la vez definitorio.

Paper presented to STEM 2017 (Madrid): An analyse of the process of europeanisation of the modern Spanish Administrative Law produced from the time of the approval of the current Spanish Constitution (1978) and the entry of Spain in the European Union (1986) to our days, identifying the most affected areas and the basic trends of the whole process.
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Ponencia presentada en el STEM 2017 (Madrid); Un análisis del proceso de europeización del Derecho administrativo español de nuestros días que se ha producido desde la aprobación de la Constitución española de 1978 y la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986 hasta nuestros días, identificando las áreas más afectadas y las tendencias básicas de todo el proceso.

En fecha 23 de abril de 2002, se promulgó la Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo –publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº2390, en fecha 25 de abril de 2002–, que surgió con el objeto principal de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público; hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública; así como regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados y, regular procedimientos especiales. Al año siguiente, en fecha 23 de julio de 2003, se emitió el Decreto Supremo Nº27113, que aprueba el Reglamento a la Ley Nº2341 de Procedimiento Administrativo, extendiendo su ámbito de aplicación al entonces “Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las administraciones departamentales y las entidades desconcentradas y descentralizadas”, así como las Empresas públicas y Sociedades de economía mixta, que deben sujetarse a dicho Reglamento para el ejercicio de la función administrativa.
Al presente, resulta conveniente realizar una sistematización jurisprudencial de los hitos más importantes que ha tenido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (desde su primera época, en la época de transición, y en la época plurinacional), y que han coadyuvado de manera importante al mejor conocimiento sobre los alcances de las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Boliviano, a fin de comprender la aplicación práctica del derecho a la petición en el ámbito de la Administración Pública, a la luz de los Principios Generales de la Actividad Administrativa, considerados como las directrices o líneas rectoras dentro de cuyo marco deben desarrollarse las distintas instituciones del procedimiento administrativo.

En este trabajo se argumenta que los algoritmos empleados por parte de las Administraciones públicas para la adopción efectiva de decisiones han de ser considerados reglamentos por cumplir una función material estrictamente equivalente a la de las normas jurídicas, al reglar y predeterminar la actuación de los poderes públicos. Adicionalmente se estudia cómo, una vez asumida esta naturaleza jurídica reglamentaria de estas herramientas de programación, se deducen consecuencias jurídicas respecto de cómo han de realizarse los procedimientos de elaboración y aprobación de estos algoritmos, la necesidad de que los mismos estén debidamente publicados como normas jurídicas que son o la exigencia de que existan mecanismos de recurso directo e indirecto frente a los mismos. Todas estas consecuencias, como se expone en el texto, suponen un significativo y muy necesario incremento de las actuales garantías frente al empleo de algoritmos por parte de los poderes públicos.

AAVV, Fernández, Sergio (dir.), Alonso Regueira, Enrique (coord.), Derecho Procesal Administrativo, Buenos Aires-Mardrid-México: Ciudad Argentina-Hispania Libros- Universidad del Salvador-UNLZ, 2016.
Libro Colectivo en coautoría con Andrés Ascárate, Luis Casarini, Pablo Cayssials, Jorge Isidro Lusona, Marcos Morán, María Gimena Olmos Sonntag y Paula Schlimovich. Prólogo de Raúl Canosa Usera

Con la promulgación del Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano en 2015, se consolidan algunas de las transformaciones que desde la década de los noventa del pasado siglo se han producido respecto de los fundamentos de la justicia administrativa; particularmente el redimensionamiento de su ámbito objetivo hacia la revisión de prácticamente cualquiera de las formas de la actividad administrativa. El sistema, sin embargo, no ha estado exento de contradicciones y ha experimentado algunos retrocesos. El presente trabajo realiza un análisis crítico de estas regulaciones a los efectos de poner de manifiesto las imperfecciones de que adolece el actual sistema y realizar propuestas en función de su perfeccionamiento. 
PALABRAS CLAVE: justicia administrativa, objeto del proceso, tutela judicial efectiva, Administración pública.

Introducción 1. Corrección procesal. Particular referencia al ordenamiento jurídico venezolano 2. Algunos problemas metodológicos para el estudio de la corrección procesal 3. Corrección procesal. La preocupación, su justificación y el problema metaético que encierra 4. Abuso procesal. Conclusión

Nuestra administración de justicia atraviesa una profunda crisis, que afecta a sus principios organizativos y a su posición misma en el entramado institucional del Estado. Diversos factores –históricos, políticos, corporativos– han confluido para liquidar el viejo sistema de justicia liberal y sustituirlo, mediante las reformas de 2003, 2009 y 2015, por un modelo sustancialmente distinto. El problema es, en opinión del autor, que el nuevo sistema gravita en torno a una burocracia centralizada, despersonalizada y supeditada al poder político, que deja al juez arrinconado y capitidisminuido. Ello supone grave menoscabo de las garantías constitucionales, nos aísla de las mejores corrientes del panorama comparado –Francia, Alemania, Inglaterra– y presagia una completa desnaturalización del proceso civil moderno introducido en España al fin, con secular atraso, en 2000. Brillante, rigurosa e incisiva, la obra no dejará indiferente a nadie interesado en este aspecto esencial de nuestro Estado de Derecho.

Si el inicio de una relación laboral está sujeto al cumplimiento de determinadas formalidades, el fin de la misma también tiene las suyas. Existe una resolución del Tribunal del Servicio Civil, que es propicia para precisar que la voluntad de renunciar debe constar en un documento que así lo exprese, de manera clara e indubitable, sin que esté sujeta a interpretaciones.