Interpretación Constitucional

Este trabajo de investigación, aisla elementos teóricos que nos permitan encontrar el significado jurídico constitucional de las palabras, tanto en su sentido como en su contenido, es decir, tanto desde el punto de vista axiológico como deontológico. Para tal efecto, se sistematiza las interpretaciones del Buen Vivir, Sumak Kawsay, para luego definirla desde las ciencias jurídicas como una estimativa jurídica y concepto jurídico indeterminado de carácter simbólico, retorico y persuasivo, por lo tanto puede ser analizado desde diferentes categorías jurídicas: como valor constitucional y fin meta-político (dimensión axiológica) y como principio normativo (dimensión deontológica). Estas categorías nos sirven para explicar la inclusión del Buen Vivir, Sumak Kawsay en la Constitución y su función normativa, desde la Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, lo que nos permite hablar de una ruptura discursiva del constitucionalismo moderno y del nacimiento de nuevo constitucionalismo intercultural de origen andino amazónico. Los resultados de esta investigación identifican no solo su carácter funcional normativo, sino también aísla aspectos teóricos, características fundamentales y nudos problemáticos de interpretación, con el fin de evitar sus desviaciones e instrumentalización asumiendo una nueva ética pública de carácter relacional comunitaria, de sustentabilidad súper fuerte, que exige una nueva visión de la sociedad, del ciudadano y del Estado, lo cual nos plantea un tipo de interpretación constitucional abierta que permita construir un mestizaje humanizador cuya base sea una ciudadanía intercultural en un Estado plurinacional de derechos y justicia social.

Este trabajo tiene como objetivos en primer lugar, aproximarse a la situación de los derechos como reglas o principios en el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho, y en segundo lugar, defender la necesidad de una valoración de la seguridad jurídica ínsita en la consagración de la legalidad, que debe merecer una prioritaria consideración en todo momento ante el surgimiento del conflicto en la interpretación de dichos derechos en su dimensión objetiva.

Los seres humanos, en buena parte del mundo, despliegan sus actividades asumiendo la existencia de un pasado, un presente y un futuro. Algo similar se aprecia en el derecho occidental, que asume el mismo presupuesto apoyado en los estudios del tiempo desarrollados por otras ciencias, y procurando incidir e incidiendo en los comportamientos de aquellos seres a través de los contenidos de diversos instrumentos normativos.
Dentro de estos se encuentran las Constituciones escritas, cuyas peculiares normas requieren el inevitable despliegue de una labor interpretativa en la que se da por cierta la existencia de un pasado, un presente y un futuro. Este marco motiva analizar la relación entre el tiempo y la interpretación constitucional sin pretender, por cierto, alcanzar niveles
de verdad sino aportar, con un punto de vista, al amplio debate jurídico existente sobre esta temática. Asumimos como presupuesto que el tiempo resulta esencial para comprender y acotar la interpretación constitucional.
Lo hacemos, además, conscientes de lo paradójico que resulta
abordar un tema apasionante que aconseja relegar sentimientos.

Este trabajo se propone examinar o verificar en qué medida la teoría de Dworkin sobre la interpretación constitucional brinda al intérprete herramientas eficaces para garantizar algún grado de objetividad en sus conclusiones. Este análisis arroja dos conclusiones fundamentales, una concordante y otra crítica. La conclusión concordante consiste en reafirmar con Dworkin que toda tarea interpretativa contiene una dosis inevitable de creación. En este sentido, podríamos decir que no hay casos difíciles y casos fáciles, sino casos más difíciles que otros. La conclusión crítica se vincula, no tanto con el concepto de Derecho como interpretación que propone Dworkin, cuanto con la teoría de la justicia desde la cual Dworkin pretende justificar y dotar de objetivi-dad al Derecho. Esta justificación echa por tierra su rechazo a la "discreción irrestricta en la aplicación del Derecho a casos difíciles" o, en otras palabras, su anhelada búsqueda de objetividad en la interpretación en general, y en la interpretación constitucional en particular. Y echa por tierra la objetividad por una razón muy simple: Dworkin no es, propiamente hablando, un "objetivista". Y no lo es porque no quiere serlo. Y no quiere serlo, porque, "no quiere asumir los costos" de una crítica consistente al positivismo frente a un auditorio pluralista desde el punto de vista ético.

TODO DISCURSO, CIENTÍFICO, LEGAL, LITERARIO O FILOSÓFICO ENCUENTRA SUS LÍMITES EN LA INTERPRETACIÓN. SIN EMBARGO, LA INTERPRETACIÓN TIENE QUE TENER SUS MÉTODOS, SU PLAN: NO TODA INTERPRETACIÓN ES VÁLIDA. EN EN CASO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN EL DERECHO, LOS EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN RESULTAN MUCHO MÁS VISIBLES QUE, POR EJEMPLO, EN EL CASO DE UNA LECTURA DE LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU DE HEGEL. EN ESTA OPORTUNIDAD ANDRÉS ROSSETTI ESCRIBE SOBRE LA IMPORTANCIA Y LA ACTUALIDAD DEL ROL DE CARLOS NINO EN LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO.

En el presente trabajo, analizaremos si el artículo 36 de la Constitución Nacional Argentina (CN) establece o no la imprescriptibilidad para los "delitos de corrupción", entendiendo estos como aquellos actos delictivos que conlleven un enriquecimiento ilegal a expensas del Estado. Consideramos que este interrogante tiene relevancia jurídica en la actualidad, debido a principalmente dos factores: 1) recientes interpretaciones jurisprudenciales favorables a la imprescriptibilidad con argumento en el artículo 36 CN y; 2) la ausencia una clara definición en la redacción de la cláusula constitucional sobre este punto.
Para intentar dar una respuesta, en primer término, estableceremos definiciones previas sobre algunos conceptos ya que, dada la extensión requerida para este trabajo no resulta posible profundizar sobre la totalidad de los aspectos involucrados. En segundo término, daremos cuenta de las dificultades interpretativas que plantea la referida disposición constitucional. Seguidamente, expondremos cuáles son las principales interpretaciones doctrinarias que se han realizado de la misma, como también la aplicación que de ella hizo por la jurisprudencia, para realizar luego una valoración crítica de las diferentes opciones. A continuación, haremos nuestro propio análisis de los posibles resultados interpretativos de la disposición constitucional en juego y, cerraremos

El artículo presenta una propuesta respecto a cual debería ser la cláusula de apertura constitucional al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una nueva Constitución en Chile. Para realizar esta propuesta, la autora se refiere al contexto actual de la relación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho interno, analizando los diferentes modelos de apertura constitucional y evidenciando los problemas que en esta materia presenta la Constitución chilena de 1980 (artículo 5 de la Constitución Política). Se analizan específicamente las experiencias mexicana y española, presentando argumentos para sostener que la cláusula de interpretación conforme de estas Constituciones, así como la incorporación explícita del principio pro persona, son una forma adecuada de resolver la complejidad de la relación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho interno chileno.

Sumario: Introducción. 1. Surgimiento de las omisiones legislativas. 2. En qué consisten las omisiones
legislativas. 3. Tipologías de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana. 4. Garantismo
constitucional y derecho Judicial como consecuencia de las omisiones legislativas: Un caso en el
contexto colombiano. Conclusiones

Resumen El artículo 19 de la Constitución Argentina establece un ámbito de no interferencia o libertad negativa destinado a proteger la autonomía personal. Pero el texto que lo consagra es altamente indeterminado. ¿Cuál sería la redacción más apropiada a los fines de defender ese valor? Una estrategia directa precisaría primero el contenido de la idea de autonomía personal para luego tener un criterio de redacción correcta. Aquí tomaré una vía indirecta. Propondré cuatro alternativas de redacción y revisaré sus pros y contras: a) como principio de daño (antipaternalista), b) como principio antiperfeccionista de protección contra la imposición coactiva de los deberes para con uno mismo, c) como principio liberal perfeccionista, d) una formulación muy abstracta que no se compromete con ninguna concepción de la autonomía personal. Independientemente de su utilidad a la hora de posibles reformas constitucionales, aquí o en el extranjero, pensar en la mejor redacción posible nos ayudará, espero, a identificar el valor y el tipo de acciones que queremos proteger.

Este libro analiza la influencia de la Constitución de los Estados Unidos en la Constitución Nacional de Argentina y las compara con la influencia que tuvieron otros documentos constitucionales, incluidas la Constitución de Francia de 1791, la de Cádiz de 1812, la de Chile de 1833, etc.

Resumen: El presente artículo aborda los siguientes temas: la difícil labor de la interpretación constitucional; la aplicación judicial de la constitución, la discrecionalidad de los jueces y la noción de justicia constitucional desde la perspectiva del neoconstitucionalismo.
Abstract: This article addresses the following topics: the difficult task of constitutional interpretation; the judicial aplication of the constitution; discretionality of judges and the notion of constitutional justice from neoconstitutionalism perspective.

El Tribunal Constitucional ha creado diferentes criterios y exámenes para resolver los casos que conoce, dando luces sobre cómo interpretar la Constitución y los derechos fundamentales, asimismo sobre cómo resolver conflictos entre bienes y/o derechos constitucionales.

No obstante que los utiliza cotidianamente, en nuestro medio no existen publicaciones que hayan sistematizado ni explicado suficientemente estos criterios, esenciales para afrontar con solvencia casos de relevancia constitucional. Esta, precisamente, es la virtud de esta breve, útil e informada guía.

En diálogo con la teoría interpretativa de Andrei Marmor, se analizan las condiciones lógicas que aseguran la inteligibilidad de todo discurso jurídico, y su posibilidad de ser comprendido, y se defiende la tesis de la conexión necesaria entre comprensión y realismo semántico. A partir de esta tesis se arguye que en la misma medida en que los discursos jurídicos se arrogan el poder de crear autónomamente su propio significado, pierden inteligibilidad y disminuyen sus chances de ser comprendidos. Esta tesis general se sustenta en dos argumentos. Primero, el argumento de la oscuridad de la referencia de los conceptos (en sentido amplio, incluyendo a los enunciados) cuyo significado se asume como netamente convencional. Segundo, el argumento de la imposibilidad de salvar la comprensión de los conceptos netamente convencionales del trilema de Münchhausen.

SUMARIO: I. Planteamiento del tema. II. La inconstitucionalidad por omisión y su vertiente de "origen jurisprudencial". III. Las sentencias exhortativas vinculantes del Tribunal Constitucional: naturaleza, efectos y mecanismos de efectivización. IV. Algunos casos prácticos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. V.

En este trabajo se parte de considerar al principio pro persona como una cláusula constitucional preferente que, sin embargo, no ha sido tomada lo suficientemente en serio por la jurisprudencia constitucional ni por la doctrina, pues no se trata de una invocación de lo más favorable, benéfico o maximizado, como si fuera algo evidente o intuitivo y, por tanto, carente de cualquier valoración. Desde una visión garantista del derecho, tomarse en serio el principio pro persona implica realizar un ejercicio argumentativo que responda a las preguntas: favorable, ¿para quién?, o, ¿cómo se determina si tal o cual disposición normativa o interpretación es la que favorece a la persona? Así, se propone un entendimiento estructural del principio pro persona que comprende sus sentidos, directrices, dimensiones, elementos, criterios y objetos, en torno a su significado: favorecer la protección de las personas.

El fenómeno multicultural ha dejado al descubierto la falta de reconocimiento normativo –entre otros- de la diversidad cultural y las perspectivas sociales de los grupos desaventajados (por ejemplo: pueblos indígenas, migrantes, minorías culturales o lingüísticas y minorías nacionales) que habitan en nuestras sociedades. Así, el desafío de la multiculturalidad depende, a la postre, de las posibilidades abiertas a la plena participación de todos en el proceso democrático . Para ello, junto con nuevas fórmulas que se incorporen a la democracia representativa que permitan la inclusión de perspectivas sociales de los grupos etno-culturales desaventajados, también puede jugar un papel importante, la incorporación de la perspectiva multicultural en la interpretación de los casos difíciles que conozcan los tribunales constitucionales que involucren derechos fundamentales.

Creemos que hay una salida, pero no sabemos dónde está. No habiendo nadie del lado de afuera que nos pueda indicar, debemos buscarla por nosotros mismos. Lo que el laberinto enseña no es dónde está la salida, sino cuáles son los caminos que no llevan a ningún lugar NORBERTO BOBBIO

Este trabajo tiene por objeto establecer cuatro
cuestiones esenciales sobre la interpretación de
los derechos constitucionales. Éstos deben seguir
siendo objeto de estudio por parte de la doctrina,
pues los avances, hasta el momento, han sido
relevantes, pero no concluyentes. La primera de
estas cuestiones es qué implica la interpretación
de los derechos y cuál es la problemática que
la envuelve; la segunda, qué mecanismos de
solución de conflictos de derechos pueden ser los
más adecuados en el marco de una Constitución
democrática; la tercera, cuál es la diferencia entre
la función de la justicia ordinaria y de la justicia
constitucional; y, por último, qué diferencia existe
entre la supremacía constitucional y la aplicación
preferente de los derechos prevista en el derecho
internacional o el derecho de integración, así
como en determinadas Constituciones.

La ponencia trata de alcanzar algunas conclusiones relativas a la interpretación constitucional a través de analizar y/o responder un conjunto de preguntas: 1. ¿Qué significa tal artículo de la constitución? 2. ¿Cómo se justifica una interpretación, una asignación de significado a un texto de la constitución? 3. ¿Cómo se hace hablar a la constitución con una sola voz? 4. ¿Cómo concebimos (o definimos) la constitución del Estado constitucional?.

…) la jurisdictio limita a la gubernaculum. Pero el derecho de los jueces, ¿quién lo puede modificar? Si no lo puede modificar nadie, ni siquiera otros jueces, quiere decir que el poder de los jueces está por encima del Derecho y, entonces, la diferencia no es entre una Constitución en la que el poder está por encima del Derecho y otra Constitución en la que el Derecho está por encima del poder, sino entre una Constitución en la que el poder supremo es el rey y otra Constitución en la que el poder supremo corresponde a otro órgano" (¿a los jueces constitucionales?)

RESUMEN: Se estudia el problema de la atribución de competencia objetiva en materias no concursales entre los juzgados de primera instancia y los de lo mercantil. La jurisprudencia permite extraer un principio rigorista o restrictivo en la atribución, con distintos criterios que permiten diferenciar los ámbitos. Uno de los problemas es la acumulación objetiva de acciones, de gran complejidad, y que precisa de una mejor adecuación legislativa ante el confuso panorama jurisprudencial. A raíz de la reforma de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio el artículo delimita hasta qué punto puede diferenciarse la figura de la acción colectiva en el ámbito de consumo, de otra figura afín como la acción agrupada, además del supuesto de acumulación de acciones individuales y colectivas.
ABSTRACT: This work discuss the problem of conferral of objective competence in non-insolvence matters between Spanish Courts of First Instance and Commercial Courts. A rigorous principle can be set out in the caselaw, with different criteria depending on the scope. One of the problems is the objetctive accumulation of actions, of great complexity, and which needs a better legislative adaptation facing the confusing jurisprudential criteria. Following the reform of Organic Law 7/2015, of July 21, this article delimits to what extent can be differentiated the figure of the collective action in the field of consumption, respect to another related figure as the subjective grouped action, in addition to the case of objective accumulation of individual and collective actions.
Palabras clave: Competencia objetiva, acumulación de acciones, interpretación constitucional del Derecho procesal, interpretación no rigorista de las normas procesales.
Keywords: Objective competence, accumulation of actions, constitutional interpretation of Procedural law, not rigorous interpretation of rules of procedure.

espanolEste articulo se abocara al estudio de uno de los principales desafios de regulacion juridica de las criptomonedas. El primero de ellos consiste en comprender apropiadamente la naturaleza tecnica de las monedas virtuales para asi poder disenar una regulacion capaz de alcanzar los fines que se propone. El alcance de este trabajo se limitara al caso de la regulacion tributaria argentina de tales monedas, porque alli se manifiesta paradigmaticamente la relevancia de la comprension de la naturaleza tecnica de las monedas virtuales para lograr una interpretacion razonable y eficaz. Las conclusiones que arroja este articulo permiten determinar cual es la naturaleza juridica que cabria atribuirle a las criptomonedas en el campo de su regulacion tributaria. EnglishThis article will exam one of the main challenges of regulatory framework of cryptocurrencies: to develop a proper understanding of the technical nature of virtual currencies in order to design a regulatory framework able t...

From private international law scholars has emerged the "theory of the dialogue of sources" as a principle of legal interpretation that questions the strictness of the traditional mechanisms of resolution of antinomies, suggesting a more flexible and harmonizing approach for the application of sources from different rank, nature or origin, and at the same time highlighting human rights as a preponderant element. In this article we comment on the content and the development of this theory, which has taken place, primarily, in Brazil and Argentine. The theory has expanded to other branches of law and shows signs of extending to other forums as well. Such expansion leads us to consider if it is a contribution of private international law to the general theory of law.

Próximamente en: Juan Vega Gómez (ed.) Título por determinar, Colegio de México, 2015.

Las contribuciones a la filosofía del derecho de Wilfrid J. Waluchow son enormes y lo han establecido como uno de los más grandes teóricos de los últimos cincuenta años. En teoría del derecho, Waluchow ha defendido el modelo elaborado por H.L.A Hart de las críticas esgrimidas por Ronald Dworkin, desarrollando una concepción de positivismo que llama “incluyente”, en la que la consistencia con normas morales puede ser una condición de validez en ciertos sistemas jurídicos (Waluchow 1994). En filosofía del derecho constitucional, él ha vindicado una concepción del constitucionalismo que llama del “árbol vivo,” según la cual las constituciones de las democracias contemporáneas pueden ser entendidas como documentos que pueden crecer y expandirse a través del desarrollo que los jueces hacen de ellas mediante los precedentes, y que para hacer eso los jueces se nutren de los dictados de la moralidad constitucional de la comunidad (Waluchow 2007). Mi objetivo en el presente escrito es presentar estos dos temas centrales de la propuesta filosófica de Waluchow, con una exposición crítica de sus principales tesis, los contextos donde surgen y las principales objeciones y desafíos a los que aún deben responder.

Este trabajo presenta algunos de los principales avances y obstáculos del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico peruano, vinculados al derecho privado, al derecho laboral y a la protección del consumidor, y que han sido abordados principalmente por el Tribunal Constitucional (TC). El ejercicio tiene por finalidad identificar, en líneas generales, algunas de las fortalezas de este proceso, ligadas en la mayoría de los casos a la protección de derechos fundamentales y su efectividad en las relaciones entre particulares. De igual modo, se busca reconocer y analizar, a partir de dos casos —uno vinculado a la protección del derecho a la negociación colectiva, el otro sobre el derecho a la libertad de consciencia—, los límites de la constitucionalización como proceso y resultado en las relaciones y decisiones políticas.

La Corte Suprema de Argentina decidió aplicar un beneficio de computo reducido de la pena a un caso de crímenes de lesa humanidad en el caso Bignone. El autor elabora una crítica al fallo señalando lo que considera errores en materia de interpretación constitucional así como una incipiente doctrina contraria a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en la resolución de casos constitucionales.

Este libro reflexiona en torno a las implicaciones de la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías derivadas de la reforma constitucional de 2011 en México. Partiendo de una concepción amplia de los derechos humanos que incluye a los derechos sociales, los trabajos reunidos en este libro se ocupan de algunas de las implicaciones teórico-conceptuales de incorporar la noción de derechos humanos. Se parte de que este concepto obliga ahora a distinguir entre derechos constitucionales que son a su vez derechos humanos y derechos constitucionales que no lo son. La confusión de unos y otros ha llevado a tribunales y a la misma Suprema Corte a tomar decisiones equivocadas, como el caso de sostener que las corporaciones y empresas, en general las personas morales, son titulares de derechos humanos.

En este texto se analiza la influencia de la dogmática alemana y del sistema político de Weimar en el concepto de mutación constitucional. Además, se repasa la doctrina posterior sobre los límites de la mutación constitucional y su relación con la interpretación de la Constitución.

Tanto la legislación como la jurisprudencia vienen precisando afirmando que resulta insuficiente considerar que las normas de jerarquía constitucional son el único parámetro para el control de constitucionalidad, afirmando la llamada doctrina del “bloque de  constitucionalidad”, conforme la cual suele entenderse que existe un bloque normativo de rango o valor constitucional, en el cual se incluyen a las leyes de desarrollo constitucional (generalmente “leyes orgánicas”), y que sirven como referente para determinar la validez (la conformidad constitucional) de las normas legales.

En este trabajo el autor realiza un análisis crítico de lo anterior, refiriéndose a la noción de “bloque de constitucionalidad”, mostrando la inconveniencia de la denominación en atención a las confusiones que podrían generarse; así, sostiene que esta concepción puede completarse o corregirse si se asume más bien la tesis de las “normas interpuestas”. Asimismo, se hace referencia a cuáles son las disposiciones que, conforme a lo dispuesto por la Constitución, merecen ser consideradas como “normas interpuestas”, es decir, como integrantes del parámetro de control de constitucionalidad.

El autor devela las diversas dimensiones en el proceso interpretativo, afirmando la imposibilidad de uniformidad de método al ejecutar la interpretación y aplicación del derecho a la resolución de controversias. Se vale de un análisis sobre el brocardo in claris non fit interpretatio para demostrar la diferencia en la interpretación de diversos instrumentos normativos, en especial los contratos y la ley. Además, aprovecha para proponer los parámetros fundamentales que debe considerar el intérprete al momento de fijar el sentido de la norma constitucional, como instrumento marcado por elementos meta jurídicos que determinan su valor y entidad. Un esfuerzo que permite identificar las posiciones encontradas en cuanto a la consideración de la jurisprudencia como proceso de creación normativa, al tiempo que resalta la utilidad de la filosofía del derecho como esfuerzo de abstracción que permite la definición del mejor Derecho e impide la calcificación normativa.

Las interpretaciones de la constitución que llevan a cabo tanto el tribunal constitucional como los jueces ordinarios rebasan con frecuencia los límites del juicio de constitucionalidad para adentrarse directamente en el espacio de la política. Este trabajo analiza algunos de los principales recursos interpretativos mediante los cuales dichas actuaciones se llevan a cabo (en particular, el recurso a la interpretación conforme y el juicio de ponderación), y alerta de los riesgos que de tales interpretaciones derivan para el mantenimiento del principio de legalidad y la vigencia del principio democrático.
The interpretations of the Constitution as made by both, the Constitutional Court and the ordinary courts sometimes exceed the limits of constitutional review to get into the field  of political questions. This paper examines some of the main interpretative criteria and arguments through which such actions take place (precisely, the principle of interpretation in conformity with the constitution and the proportionality test or balancing). It also warns about the risks for democracy and the rule of law arising from such judicial interpretations.

Se sostiene que un ejercicio de interpretación constitucional es, siempre, un acto de control de constitucionalidad pero cuyo resultado no necesariamente conduce a una declaración de inconstitucionalidad. Es decir, en éste último caso, no siempre el control constitucional conducirá al ejercicio del control difuso o concentrado (dependiendo del modelo empleado) puesto que para ello se requiere dos cosas: desde el punto de vista instrumental, que no sea posible lograr un sentido interpretativo compatible con la Constitución y, además, desde el punto de vista orgánico o funcional, que si el operador se encuentra frente a un sentido incompatible, debe contar con la competencia constitucional para aplicar el modelo difuso o concentrado, según sea el caso.

Se sostiene, en base a lo anterior, que los órganos administrativos en el Perú no están autorizados a hacer control difuso de constitucionalidad. Sin embargo, la discusión sobre el particular a raíz del precedente del TC en el caso "Consorcio Requena" pone en el tapete la necesidad de discutir la "jurisdicción administrativa" en el Perú.

El Congreso Nacional es una de las cabezas fundamentales del poder legislativo. En ejercicio de sus funciones aplica e interpreta la Constitución. Por razones que se expli- carán en este trabajo, ese rol del Congreso Nacional en tanto intérprete de la Constitución aparece tratado por la doctrina solo secundariamente, prestando mucha más atención al rol de los tribunales. Este trabajo quiere comenzar a completar ese vacío. Para ello, ofrece los criterios que deberían guiar la indagación de la labor interpretativa constitucional del Con- greso Nacional durante el proceso legislativo, identificando los momentos de ese proceso que satisfacen esos criterios. Ello debiera comenzar a pavimentar el camino para reivindicar la dignidad de la ley en tanto lectura de la Constitución, de cara a la más extensa literatura que se centra en tribunales, sentencias y jurisprudencia.

La elección de abordar el caso F.A.L. 1 en este trabajo se debe a que es uno de los casos más actuales y resonantes que la CSJN debió (o mejor dicho quiso) resolver, despertando una serie de críticas, las positivas en general provenientes de círculos académicos y sociales vinculados al feminismo, y las negativas también generalizando provenían de los círculos académicos vinculados al Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Es un fallo que me permite poner en práctica los conceptos de interpretación constitucional aprendidos en el módulo, pudiendo mostrar qué criterios interpretativos fue aplicando la CSJN en cada argumento que esboza, y qué estructura argumental utiliza para su justificación.