Sanciones administrativas

Las sanciones administrativas son un instrumento más del law enforcement, junto al Derecho penal, el Derecho de daños. El law enforcement incluye un conjunto de actuaciones de agentes públicos y privados. En el artículo se analiza el encaje de todas estas piezas: las sanciones son a veces alternativas, a veces paralelas y a veces conflictivas con otros instrumentos.

En el año 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sus dos primeras sanciones por incumplimiento de lo previsto en el artículo 4.2º LGCA, que prohíbe la comunicación audiovisual que fomente el odio o la discriminación. Al hilo de la segunda de estas resoluciones, que sanciona a Libertad Digital por unas declaraciones del periodista Federico Jiménez Losantos contra los ciudadanos alemanes, las presentes páginas abordan en detalle tres interrogantes que esta nueva línea sancionadora de la CNMC suscita: ¿cumple el cuadro sancionador de la LGCA la exigencia de tipicidad, en lo que se refiere a la represión de discursos del odio o que fomentan la discriminación? ¿No sería necesario regular los límites de los derechos comunicativos mediante una ley de carácter orgánico? ¿Resulta oportuno dejar en manos de una autoridad administrativa la persecución de presuntos excesos en el ejercicio de los derechos comunicativos? PALABRAS CLAVE: Policía administrativa, derechos comunicativos, discurso del odio o discriminatorio, CNMC, tipicidad. ABSTRACT: In 2018 the Spanish National Commission of Markets and Competition (CNMC) imposed its first two sanctions based on Article 4.2 LGCA, which prohibits hate speech in the audiovisual landscape. On occasion of the analysis of Resolution 87/2018, which fines Libertad Digital for statements made by the journalist Federico Jiménez Losantos against German citizens, this paper address in detail three questions raised by this new sanctioning trend. Does LGCA satisfy the requirement of legal characterization of the infringements, in regard with hate speech infringements? Would not it be necessary to regulate the limits of communicative rights through an organic law? It is appropriate to attribute to the Administration the control of audiovisual contents when that control implies restrictions on communicative rights?

ES: Este artículo analiza la distribución constitucional del poder sancionador tributario en Venezuela. En particular, se ensaya una respuesta al problema de la atribución constitucional o no de poder sancionador legislativo (capacidad de tipificación de ilícitos y sanciones tributarias) a los Estados y Municipios.

EN: This article analyses the constitutional distribution of tax punishing powers in Venezuela. In particular, it proposes an answer to the problem of the attribution or sanctioning legislature (capacity of typification of tax illicit demeanours and tax penalties) to the Venezuelan States and Municipalities.

Este artículo tiene por objeto dar cuenta de los mecanismos administrativos que existen para la revisión de las sanciones administrativas. La hipótesis central de la investigación plantea que no obstante la plena vigencia del principio de legalidad en materia administrativa sancionadora, no siempre una sanción producirá sus efectos jurídicos, pudiendo, en consecuencia, no ejecutarse. En este trabajo se ha podido determinar que en materia de sanciones administrativas es apropiado aplicar los mecanismos generales de revisión de oficio de los actos administrativos, así como también de ciertos mecanismos especiales en sectores de referencia dispuestos para revisión de actos sancionatorios, los que si bien tienen fundamentos jurídicos diversos, en general producen la extinción de la sanción administrativa impuesta, ya sea de manera definitiva o mediante su reemplazo por un acto administrativo diverso.

El Derecho Sancionador Ambiental en Argentina presenta particularidades definitorias, tanto en materia penal como contravencional, que delimitan su función preventiva de las conductas ambientalmente disvaliosas. Desde la perspectiva penal, los tipos definidos dan lugar a experiencias de interés tanto en relación a la técnica legislativa adoptada –mediante leyes penales en blanco, delitos de peligro, y la responsabilidad en el actuar de personas jurídicas-, como en relación a la tensión entre normas penales y regulaciones o autorizaciones extrapenales. Desde la perspectiva de las sanciones contravencionales, existe una disparidad de contenido en las distintas Provincias argentinas, aunque es posible determinar principios comunes aplicables en todos los ámbitos, tanto desde el Derecho Sancionador propiamente dicho como desde el ámbito específico del Derecho Ambiental.

El presente texto defiende que la única forma de diferenciar las sanciones administrativas de las sanciones penales es mediante las características y/o garantías que el propio ordenamiento jurídico dispone para unas y otras. Por ello, trasvasijar instrumentalmente esas características y garantías oscurece las diferencias entre ambas sanciones, distorsiona sus lógicas y defrauda los objetivos buscados por ellas. Las líneas que siguen son tanto una respuesta a una corriente doctrinaria y jurisprudencial que pretende aplicar total o matizadamente las garantías penales a las sanciones administrativas, como una propuesta que defiende una legalidad administrativa funcional como garantía y regulación de las sanciones administrativas.

This paper defends that the only way to distinguish administrative and criminal sanctions is by means of their features and their procedural safeguards. For this reason, an instrumental transposition of those features and safeguards between both sanctions darkens the differences among them, distorts their logics and defrauds their aims. The paper is both a response to legal scholars that tries to apply in an overall or with nuances the criminal procedural safeguards to administrative sanctions, and a proposal that defends a functional approach to legality principle as guarantee and regulation of administrative sanctions.

El objeto de esta investigación ha sido profundizar en la discusión sobre el concepto de discrecionalidad, su importancia para el ejercicio de la función administrativa, sus límites y mecanismos de control en el ámbito específico de la potestad sancionadora de la Administración. Para ello, se toma posición en cuanto al concepto de discrecionalidad, luego de lo cual se sostiene que la discrecionalidad está presente en las diversas etapas del procedimiento administrativo sancionador, siendo absolutamente necesaria para un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora.

Este reconocimiento tiene como contrapartida el establecimiento de una serie de límites que equilibran su ejercicio y contribuyen a su control. En otras palabras, se trata de un cambio de paradigma en la forma de concebir la potestad sancionadora de la Administración desde una concepción estrictamente reglada hacia una dotada de ciertos márgenes de discrecionalidad para su ejercicio.

El artículo revisa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Caso Cascada desde varios puntos: la naturaleza de las sanciones administrativas y su relación con el Derecho penal; los diversos usos que puede tener el principio de proporcionalidad; y el reducido efecto de la declaración de inaplicabilidad cuando la gestión pendiente es un contencioso administrativo. Se sostiene aquí que la decisión rompe con la distinción entre sanciones administrativas y penas, vigente en Chile, renunciando el Tribunal Constitucional a su teoría de los matices y a la obligatoriedad de los principios del ius puniendi. Además, el órgano de control constitucional aplica incorrectamente el principio de proporcionalidad, y resuelve la inaplicabilidad del modo en que lo haría el juez de la gestión pendiente, esto es, como un contencioso de mera legalidad contra el acto administrativo sancionatorio.

El trabajo analiza criterios jurisdiccionales en relación con
la aplicación del principio de presunción de inocencia en el
derecho administrativo sancionador desde la perspectiva de su
aplicación en el derecho disciplinario. En este contexto, el trabajo
tiene por objetivos: Observar la trascendencia de homologar el
ámbito penal y el administrativo en la aplicación de principios,
analizar la naturaleza de las distintas expresiones del poder
sancionador del Estado y reconocer la importancia crear un marco
de aplicación propio del derecho administrativo sancionador.
El trabajo se desarrolla en un momento de transición hacia la
aplicación de los procedimientos sancionadores disciplinarios en
el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que pone de manifiesto su pertinencia. La investigación se desarrolla con base en una metodología
dogmática a partir del análisis de la información obtenida por técnicas documentales en torno a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia.
Los resultados permitieron poner de manifiesto que los criterios de los tribunales federales no mantienen una postura clara sobre el objeto de
tutela en el derecho disciplinario.

RESUMEN Este trabajo tiene por objeto dar cuenta del origen y desarrollo de la potes-tad sancionadora de la Administración en Chile. La hipótesis central de esta investigación postula que su origen se encuentra en la actividad de policía que llegó a América por aplicación del derecho castellano-indiano, a partir de la cual fue evolucionando hasta su consolidación actual como una potestad más de la Administración. PALABRAS CLAVE Derecho administrativo sancionador, actividad de policía, tolerancia cons-titucional, ius puniendi. ABSTRACT The purpose of this work is to account for the origin and development of the sanctioning authority of the Administration in Chile. The central hypoth-*

Esta investigación ha tenido por objeto general demostrar y justificar la existencia de ámbitos de discrecionalidad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, la forma como el legislador la atribuye y los mecanismos legales, administrativos y judiciales que la limitan. Con ello, se trata de superar un falso dogma en materia de infracciones y sanciones administrativas, como es la existencia de una estricta potestad reglada.
En este trabajo se afirma que la vigencia del principio de legalidad en materia sancionadora, admite ciertos márgenes de discrecionalidad sujetos a los principios que dominan en un Estado de Derecho. Por su parte, la dinámica y compleja realidad que debe enfrentar la autoridad, junto a la necesidad de adoptar e implementar decisiones de política pública, justifican –dentro del orden constitucional– la existencia de un margen de acción que permita ejercer su poder represivo, ponderando las circunstancias y los fines de interés público que se deben alcanzar en cada caso en concreto.

El actual análisis de las sanciones administrativas regulatorias se estructura sobre tres premisas incorrectas. La necesidad de analizar estas sanciones bajo una unidad conceptual, el fraccionamiento entre regla de conducta y regla de sanción y la valoración positiva de una regulación basada en principios jurídicos son premisas que un análisis funcional del derecho administrativo debe necesariamente rechazar.

The current analysis of regulatory administrative sanctions is structured upon three incorrect premises. The need of analyzing them under one and the same conceptual framework, the fragmentation between rule of conduct and rule of sanction, and the positive evaluation of regulation based on legal principles are premises that a functional analysis of administrative law should necessary reject.

Sumario: I. No castiga uN faNtasma Ni uNa eNtelequia. ii. ¿quiéN está legItImado para caStIgarnoS? III. ZancadIllaS al prIncIpIo democrático. iV. ilícitos y saNcioNes admiNistratiVos y peNales: la Necesidad de uNa difereNcia sustaNtiVa iNeNcoNtrable. V. de lo cualitatiVo a lo cuaNtitatiVo, y Vuelta. Vi. la admiNistracióN eN su sitio y el ciudadaNo coN sus garaNtías.

Hans Mundaca Hassmussen.
En este artículo se analiza la legitimidad de la denominada potestad sancionadora de la administración ejercida por entes privados, ello se entiende posible por la proyección de esta potestad en el campo privado fundada en la técnica de autoadministración, por ello, de manera previa se revisan los requisitos de constitucionalidad y de ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, como también la naturaleza de las sanciones.

Este trabajo tiene por objeto analizar el reconocimiento constitucional de la potestad administrativa sancionadora. Si bien su ejercicio ha operado bajo un régimen de tolerancia respaldado por una profusa construcción jurisprudencial, cabe analizar la necesidad de efectuar una regulación expresa de dicha potestad en la Carta fundamental. Junto con ello, el trabajo propone una serie de principios y reglas que una eventual regulación general de la potestad sancionadora debiera considerar.

Se comenta la sentencia Rol No 2.922-2015, del Tribunal Constitucional, que declara inaplicable el inciso primero del artículo 29 del Decreto Ley No 3.538, de 1980, por carecer de criterios para determinar la sanción de multa en el caso específico. El trabajo ana- liza la necesidad-esencialidad de que la norma recurrida, otorgue criterios para la aplicación de multas y busca establecer si su estructura actual efectivamente configura un conflicto de constitucionalidad.

1. Introducción. 2. El principio de responsabilidad de la función pública y las infracciones a la transparencia pública. 3. La potestad sancionadora del CPT y el procedimiento para su ejercicio. 4. Los sumarios administrativos tramitados para determinar infracciones a la transparencia. 5. Conclusiones.

En el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, se pretendió que sobre el
principio de culpabilidad rigiera un sistema de responsabilidad objetiva, bastando
la simple constatación material de la realización de una conducta infractora
prescrita en la norma legal sin probar la procedencia del dolo o culpa. Sin
embargo, la doctrina penal y la sancionadora administrativa hace bastante tiempo
ha impuesto un criterio diverso, en virtud del cual, las personas son sancionadas
en cuanto se pruebe que han actuado intencional o imprudentemente o sin el
cuidado debido.

Debido a la existencia de posturas tan disímiles, se analiza cómo el
elemento de la culpabilidad se encuentra incardinado en el régimen de
responsabilidad que deviene de las infracciones administrativas cometidas por el
administrado durante el desarrollo de las actividades reguladas, revisando para
ello no sólo la dogmática nacional y comparada sino que también la jurisprudencia
constitucional y judicial actual, pasando, además, por los pronunciamientos de
cierto órgano fiscalizador de la Administración del Estado sobre la materia.

De esta investigación, se puede colegir que el principio de culpabilidad resulta
plenamente aplicable al Derecho administrativo sancionador chileno,
caracterizando el régimen de responsabilidad del sujeto regulado como uno de
cariz subjetivo, en donde el elemento de culpa y sus distintas manifestaciones son
imprescindibles al momento de determinar si los incumplimientos o
contravenciones a la normativa de cual sea el sector regulado que se trate son
imputables o no al administrado, son sancionables o no, y en el caso que lo sean,
se transforma además en un factor de mensurabilidad del castigo a infligir.

Tal como señala Jorge Precht Pizarro en el prólogo de la obra: “Pero, como decían los antiguos, ‘no hay nada tan práctico como una buena teoría’. Y ello, Elías Barrientos lo demuestra aportando un valioso análisis de la jurisprudencia judicial tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema y otros tribunales ordinarios, agregando, al fin, pronunciamientos de algunos órganos administrativos./ Con ello, la labor de nuestro autor tiene una aplicabilidad cierta, apta para los operadores jurídicos y entronca con los problemas concretos y cotidianos”.

Resumen
El texto analiza las sanciones administrativas desde la perspectiva del cumplimiento efectivo (enforcement) de los objetivos regulatorios. Sobre la base de la teoría de la regulación responsiva, se sostiene que la Administración debe encontrarse dotada de diversas herramientas punitivas y no punitivas que le permitan adaptarse al sector regulado y responder a la cooperación del administrado. Bajo esta concepción, se estudia el régimen sancionatorio ambiental chileno.

Abstract
The paper analyzes administrative sanctions from the perspective of the enforcement of regulatory goals. Based on the theory of responsive regulation, it is argued that agencies should wield punitive and non-punitive tools to adapt to the regulated industry structure responding to the cooperation of regulated actors. Under this concept, the Chilean environmental penalty system is studied.

Este libro tiene por objeto dar cuenta de los orígenes, fundamento y desarrollos de la potestad sancionadora en Chile, con especial énfasis en los conceptos de infracción y sanción administrativas.

Además, contiene un anexo con las obras y publicaciones históricas
sobre la potestad sancionadora de la Administración en Chile.

espanolEl trabajo analiza criterios jurisdiccionales en relacion con la aplicacion del principio de presuncion de inocencia en el derecho administrativo sancionador desde la perspectiva de su aplicacion en el derecho disciplinario. En este contexto, el trabajo tiene por objetivos: Observar la trascendencia de homologar el ambito penal y el administrativo en la aplicacion de principios, analizar la naturaleza de las distintas expresiones del poder sancionador del Estado y reconocer la importancia de crear un marco de aplicacion propio del derecho administrativo sancionador. El trabajo se desarrolla en un momento de transicion hacia la aplicacion de los procedimientos sancionadores disciplinarios en el marco del Sistema Nacional Anticorrupcion y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que pone de manifiesto su pertinencia. La investigacion se desarrolla con base en una metodologia dogmatica a partir del analisis de la informacion obtenida por tecnicas documentales en t...

El artículo analiza las “Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales”, aprobadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de la Resolución Exenta Nº 1.002, de 29 de octubre de 2015. En razón de la Ley Nº 20.417, esa agencia se encuentra dotada de una amplia discrecionalidad para cuantificar las multas que han de imponerse a quienes infringen la regulación ambiental. Con la incorporación del nuevo instrumento, se ha confinado la determinación de la sanción a una función matemática que amenaza con transformar la imposición de medidas pecuniarias en una tarifa. La Superintendencia del Medio Ambiente atribuye una finalidad disuasiva a la sanción administrativa, basándose en la teoría de las sanciones óptimas, alejándose correctamente –aunque no sin ambigüedades– de la idea de ius puniendi para definirlas. El texto revisa críticamente algunos aspectos del modelo adoptado por el regulador, sugiriendo  una estrategia de cumplimiento responsiva.

La teoría de las sanciones administrativas ha comenzado una fase de decantamiento, desarrollo y perfeccionamiento. Después de años de predicarse sobre ellas una regulación que les era ajena, hoy podemos percibir un correcto retorno a las bases generales de un más desarrollado y sofisticado Derecho Administrativo sancionador. El retraso en este desarrollo, en comparación con otras instituciones del Derecho Administrativo, deriva de que el tópico de las sanciones administrativas -principalmente en su vertiente económica-se transforma en relevante (al menos para los grupos interesados en la limitación estatal), luego de consolidada la fiebre liberalizadora y comenzada su fase reguladora 2 . Así, en tanto la sanción administrativa está íntimamente ligada al proceso jurídico de regulación, su problematización comparte esta misma tabla de tiempo.

Resumen
La República Islámica de Irán es un país con una geopolítica y geoestrategia importante en el Medio Oriente. Desde la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos y la Unión Europa han pretendido minimizar a Irán a través de una campaña mediática de desprestigio, mientras le han impuesto calificativos de “Estado Bribón” o miembro del “Eje del Mal”. Actualmente, desde finales del 2011 y en la primera mitad del 2012, Israel, EEUU y la UE han aplicado una serie de sanciones unilaterales encaminadas a ahogar a la economía iraní como presión para el cese de su programa nuclear. Sin embargo, la República Islámica ha utilizado sus capacidades militares, diplomáticas y geopolíticas para minimizar dichas sanciones para mostrar a la comunidad internacional la fortaleza del pueblo iraní y del régimen clérigo de los ayatolás. El resultado de una campaña de contra acciones puede ser positiva sí el régimen iraní es capaz de balancear su discurso político con sus acciones diplomáticas. Mientras tanto, debe de continuar con una política de defensa amplia, utilizando a su favor su geopolítica para influir en sus aliados naturales regionales como Afganistán, Siria y Líbano. Para ello Irán ha visto los aspectos lingüísticos y religiosos como un punto de partida para comenzar a fortalecer su posición como pivote regional en el Medio Oriente, y obtener el apoyo de las potencias que necesiten de un Irán independiente de la influencia estadounidense léase Rusia y China, quienes han demostrado un compromiso para garantizar su seguridad, así como Turquía en años más recientes.

Abstract
The Islamic Republic of Iran is an important geopolitical and geostrategic country in the Middle East. Since the Islamic Revolution in 1979, the United States and the European Union have pretended to diminish the importance of Iran through a media campaign. Western countries had imposed Iran names such as “Rogue State” and member of the “Axe of Evil”. Since the end of 2011, Israel, US and the EU have been applied unilateral sanctions against Iran because of its nuclear program. These sanctions have been implemented in order to strangle the Iranian economy. However, the government has used its military, diplomatic and geopolitical capabilities, in order to demonstrate its fortress. The possible result would be positive to the Ayatollahs’ regime, if they achieve to find a balance between speech and actions. Meanwhile, Iran has to continue with the developing of an effective defence policy that can be useful to influence in countries where Persian is the language spoken and Muslim’ Shia the religion. But at the same time, Iran needs to remain as closer as possible with the Russian and Chinese Governments, which have showed their ties with the Iranian security as well as Turkey.

El plazo de prescripción extintiva aplicable a las infracciones y sanciones administrativas en ausencia de una regla especial, se ha transformado en uno de los aspectos más controversiales e inciertos en la operación de nuestros regímenes regulatorios. La tendencia generalizada de aplicar supletoriamente la regla de prescripción de seis meses establecida en el CP., ha comenzado a recibir importantes indicios de alteración en una serie de emergentes razonamientos contenidos en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema. Apelando a diversos criterios hermenéuticos, el presente ensayo busca dar sentido a dichos razonamientos como parte de la evolución que está experimentando nuestra cultura jurídica hacia una comprensión más íntegra y sofisticada de la naturaleza y función de las sanciones administrativas. Al dar cuenta de dicha evolución, el ensayo busca asimismo terminar de afianzar los fundamentos que le subyacen como línea de base para el incremental proceso de construcción dogmática que el Derecho Administrativo Sancionador está experimentando en nuestro ordenamiento jurídico como disciplina autónoma a la racionalidad que informa al Derecho Penal.

La prescripción es un concepto que posee doble significado en el derecho chileno. La doctrina tendencialmente ha diferenciado entre la Resumen La prescripción en materia administrativa es un tema sin zanjar en el derecho chileno. Actualmente el ordenamiento jurídico de nuestro país carece de una legislación general al respecto. Esto sumado con las diferencias que se presentan tanto en la doctrina como en la jurisprudencia genera un panorama poco alentador a la solución de estos problemas. En este trabajo expondremos resumidamente las distintas posturas ofrecidas al respecto así como nuestra propuesta de solución. Abstract The prescription in administrative matters is an unresolved issue in Chilean law. Currently the legal system of our country lacks a general legislation in this regard. This, added to the differences that are presented both in the doctrine and in the jurisprudence, generates an unencouraging picture of the solution of these problems. This paper will discuss briefly the different positions offered in this regard and our proposed solution.

RESUMEN: El trabajo analiza la situación de los interesados no infractores en los procedi-mientos sancionadores, determinando cuáles son los objetivos que persiguen y cuáles son los mecanismos que nuestro ordenamiento dispone para la defensa y garantía de sus derechos e intereses. La investigación plantea que tratándose de interesados no infractores la aplicación supletoria del artículo 21 de la Ley Nº 19.880 procede en los procedimientos sancionadores previo análisis de los diversos intereses y derechos concurrentes.

Palabras clave: denunciante, denuncia, tercero, víctima, impugnación, principio de oportunidad.

El trabajo plantea la existencia de un conjunto de normas jurídicas que permiten un control jurídico concreto de la discrecionalidad de elección de la sanción aplicada a través de los artículos 2°, 3° y 53 de la LOCBGAE, en relación con los artículos 11 y 41 inciso 4° de la LBPA, incorporando los elementos de abuso o exceso de las potestades de la Administración y la introducción del principio de razonabilidad en la decisión discrecional,  todo ello en armonía con los artículos 6°, 7° y 19 N° 2 de la CPR que consagran el principio de supremacía constitucional, juridicidad e interdicción de la arbitrariedad. Con este planteamiento tienen cabida también otros principios jurídicos, como pel de proporcionalidad, entendido como una consecuencia o manifestación del principio de razonabilidad.

El artículo examina la aplicación del derecho a la presunción de inocencia, en tanto elemento del debido proceso penal, en los procedimientos administrativos sancionadores. Con dicho fin, por un lado, se expone la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional sobre el denominado «debido proceso administrativo» y se propone cuál debería ser su contenido mínimo en los procedimientos administrativos sancionadores. Por otro lado, se revisan los orígenes y principales significados de la presunción de inocencia (regla de trato, regla sobre la distribución de la carga de la prueba y regla sobre el estándar de prueba), los planteamientos de la doctrina nacional y la jurisprudencia constitucional sobre su aplicación en sede administrativa y las objeciones que pueden formularse a esta tesis. Se concluye que, a pesar de estas objeciones, los principales significados de la presunción de inocencia deberían ser aplicados «con matices» en los procedimientos administrativos sancionadores, esto es, manteniendo la esencia o núcleo de este derecho y alterando solo sus aspectos secundarios.

En este artículo se analiza la prestación de los servicios públicos domiciliarios de manera eficiente y oportuna como pilar fundamental en cumplimiento de los fines del Estado social de derecho, así como la función del Presidente de la República de ejercer control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (artículo 370, Constitución Política, 1991), la cual está facultada para imponer sanciones a quienes violen las normas a las cuales están sujetas (artículo 81, ley 142 , 1998) como manifestación de intervención del Estado en la economía; y se finaliza con el estudio del alcance de aplicar el principio de proporcionalidad en las sanciones administrativas del derecho de los servicios públicos domiciliarios, visto como límite del poder punitivo del Estado y como mecanismo para evitar la toma de decisiones arbitrarias.

La separación funcional entre acusador y juzgador -conocida como principio acusatorio- constituye una salvaguarda procedimental que deriva directamente de las garantías de imparcialidad y presunción de inocencia. Eso la convierte en una de las “formas sustanciales” del juicio exigido por los arts. 18 de la Constitución argentina y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Algo similar ocurre con la necesidad de garantizar una defensa autónoma frente a la determinación del castigo estatal, implementando a esos fines la llamada “cesura de juicio”, que desacopla en dos etapas perfectamente diferenciadas la declaración de responsabilidad del acusado de la determinación y graduación de la sanción a imponer. En tanto esa disociación de roles (acusador y decisor) y etapas (responsabilidad y sanción) es una precondición del debido proceso constitucional, ella debe ser estar presente no solo en los juicios penales, sino también en los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio. En consecuencia, todos los procedimientos administrativos sancionatorios donde no se encuentran separadas las funciones de acusación y decisión y las etapas de responsabilidad y sanción resultan inconstitucionales.

En el Derecho Administrativo Sancionador chileno no hay una norma que, con carácter general, regule el error de prohibición. Sin embargo, es indudable que tal institución cobra relevancia en el ámbito sancionatorio, tomando en cuenta la expansión que experimenta dicha área del ordenamiento jurídico y lo complejo de sus presupuestos. Así quedó demostrado, por dechado, en la sentencia del 23 de diciembre de 2020.

El texto defiende un estándar probatorio general de “prueba preponderante” para la determinación de los hechos en materia de sanciones administrativas. Para ello analiza la distribución de riesgos de error que ofrece este y otro estándar y defiende una específica distribución de ellos, coherente con los fines del derecho administrativo.

This paper defends the application of the standard “preponderance of the evidence” to the determination of facts on the field of administrative sanctions. For this purpouse, it analyzes the distribution of the risks of error offered by two types of standard and defends a specific distribution of them according with the aims of administrative law.

Dada la ausencia de una norma que contemple el régimen legal
de la acción sancionadora de la Administración, la postura de
la Corte Constitucional, como intérprete supremo de la Norma
Fundamental, se erige como la pieza clave para determinar
el alcance de esta facultad. Por lo tanto, el objetivo de este
artículo es estudiar la posición de la Corte Constitucional,
desde su creación, sobre un aspecto fundamental como es el
poder sancionador de la Administración. En este sentido, nos
detendremos particularmente en aquellos aspectos que han sido
analizados por el alto tribunal, como son: el concepto en sí mismo considerado de ius puniendi del Estado; el poder sancionador de la Administración; implicaciones de esta potestad; las diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador y los postulados que presiden la actividad sancionadora.