Derecho Procesal Civil y Comercial Iberoamericano

En esta investigación encomendada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) se presenta información cuantitativa y cualitativa acerca de la  experiencia uruguaya en la reforma de la Justicia Civil,
en aquellos aspectos relevantes que puedan ser de utilidad para los administradores judiciales, autoridades,
funcionarios y juristas de otros países, en que se estén analizando opciones para instrumentar cambios en el sistema procesal civil.

La experiencia uruguaya resulta de indudable interés en el contexto iberoamericano para cualquier país que analice alternativas para modernizar su sistema judicial civil. A diferencia de lo que ha ocurrido en la casi  mayoría de los demás países de América Latina,
Uruguay comenzó sus reformas profundas al Sistema de Justicia con  la reforma a  la Justicia Civil.  La
mayoría de los demás países, en cambio, ha comenzado con la reforma a la Justicia Penal, siendo las reformas
procesales civiles mucho más recientes o están aún en vías de diseño o implementación.

Por ende, Uruguay es el único país de América Latina que tiene una reforma procesal civil profunda con más de 25 años de implementación. En efecto, el Código General del Proceso (CGP) ha introducido desde 1989 la oralidad y la inmediación en los procesos civiles, comerciales, de familia, etc., con indudable repercusión en el contexto internacional.

Who should prove the existence or nonexistence of some fact in a judicial proceeding? Should the Claimant help the Defendant to prove asserts of truth of particular facts or vice versa? Is there a new rule within all the rules governing the presentation of facts and proof in proceedings before courts? Those are issues of a great importance studied by scholars and courts in the last years relating to the law of evidence and this essay which provides a framework for further research gives a particularly and critic point of view influenced by a vision of the process as an instrument of freedom or as a right that point to protect freedoms.

Nadie puede concebir hoy la existencia de una decisión judicial que carezca de motivación; esto es, que no explique a los justiciables las razones por las cuales resuelve el conflicto del modo en que lo hace y no de otro. El principio republicano y democrático de gobierno así lo exige; y la garantía de debido proceso legal incorporada de diversas maneras en los instrumentos convencionales y constitucionales que gobiernan la región latinoamericana –según veremos- también refleja este sentimiento compartido. Sin embargo, debemos tener presente que las cosas no siempre fueron así. En la antigua España, por ejemplo, llegó a existir una prohibición expresa de fundar las sentencias dictadas por las Audiencias. Pongo el caso de España como ejemplo ya que sus leyes procesales son fuente, directa o indirecta, de diversas regulaciones procesales de la región. ¿En qué se sustentaba dicha prohibición? Por un lado, en que la motivación de las decisiones consumía mucho tiempo y generaba mayores costos para las partes. Por otro, en que una decisión motivada generaba “cavilaciones en los litigantes”. Creo relevante subrayar que esta idea de pensar las “cavilaciones de los litigantes” como un argumento para justificar la prohibición de dar razones demuestra una vez más, al igual que el pasaje de Calamandrei citado hace un momento, la estricta ligazón que tiene la motivación con la idea de justificación del ejercicio del poder y con la coyuntura histórica y política en la cual se analice esta garantía. En la España monárquica no debía dejarse espacio para dudas, críticas o cuestionamientos; todos debían someterse a la decisión del monarca, porque era el monarca. En un contexto democrático como aquel donde Calamandrei escribió su obra, por el contrario, este argumento jamás podría haber sido esgrimido en la discusión sobre el tema porque,  justamente, la democracia necesita de esas cavilaciones, se desarrolla a través de la crítica y los cuestionamientos, exige que los gobernantes justifiquen el modo en que ejercen su poder. Veremos a continuación cómo se encuentra contemplada esta garantía fundamental en las cartas constitucionales de la región, para luego hacer lo propio con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que de ella ha realizado la CIDH en el caso “Apitz Barbera” (donde dejó en claro diversas cuestiones relevantes en torno al concepto, alcance y limitaciones de esta garantía)

A solicitud del Centro de Estudios Fiscales del Uruguay (CEF), se realiza un diagnóstico del sistema de Justicia Tributaria en Uruguay, se reseñan algunas experiencias de Derecho Comparado y se formula una propuesta de modelo de sistema de Justicia Tributaria para Uruguay, con un enfoque centrado en los aspectos de Derecho Procesal.

La sujeción del Derecho a la conducta de los seres humanos puede generar incertidumbre respecto a su eficacia, por lo que la tutela cautelar nace como una respuesta a la necesidad de contar con un Derecho que garantice la consecución de una resolución definitiva justa, oportuna y cuyos efectos se materialicen de manera eficaz. Esto sólo es posible si los justiciables cuentan con una tutela que le permita actuar en el proceso con la seguridad de que sus derechos no estarán desamparados ante la conducta del demandado, la naturaleza de los bienes o el peligro por la mora procesal.

Publicado en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 146, 2008, Caracas, bajo el título "ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POTESTAD CAUTELAR EN LA LEY DE
ARBITRAJE COMERCIAL".
http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2008/BolACPS_2008_146_219-318.pdf

El propósito del presente trabajo es discutir el problema de la corrección de la conducta de las partes como objeto de estudio en el derecho procesal, particularmente desde la perspectiva del proceso civil venezolano, con el objeto de resaltar algunos problemas metodológicos en el estudio del llamado principio de moralidad o buena fe procesal, no solo referidos a situaciones semánticas o de técnica legislativa presentes en las normas sino adicionalmente subrayar la presencia de problemas meta éticos.

The purpose of this essay is to discuss the problem regarding the ethical standards in litigation as an issue studied by the procedural law, especially from the perspective of Venezuelan civil procedure, with the aim to point out some methodological problems within the studying of the standards of fairness and good faith in legal proceedings, as a matter of semantic or legislative technique as well as a meta-ethical problem.

Sumário: 1. Fundamento da estabilização da tutela; 2. O problema da generalização do significado de inércia do demandado; 3. O esquecimento de que, se a tutela antecipada pode se estabilizar quando é requerida na forma antecedente, não há motivo algum para não poder se estabilizar quando é requerida na petição inicial da ação em se pede a tutela do direito; 4. Requisitos para a estabilização da tutela; 5. Concessão parcial da tutela antecipada ou requerimento de tutela antecipada que não abrange a integralidade do mérito; 6. Efeitos temporalmente ilimitados da tutela estabilizada; 7. Tutela estabilizada, declaração sumária e constituição provisória ; 8. Possibilidade de reforma e invalidação da tutela antecipada estabilizada; 9. Fluência do prazo para a propositura da ação objetivando reforma ou invalidação da tutela estabilizada; 10. Não há coisa julgada, mas apenas extinção do direito de reformar ou invalidar a tutela estabilizada, depois de exaurido o prazo de dois anos do § 5o do art. 304; 11. Estabilização da tutela contra a Fazenda Pública

O presente artigo analisa de que modo a escolha das técnicas executivas pode ser lesiva aos direitos do próprio exequente. A existência de um regime de responsabilidades do exequente pelos danos causados ao executado faz com que toda demanda executiva seja uma atividade de risco. A adoção de medidas executivas que
elevem substancialmente os danos causados ao executado significará, em última instância, o aumento do risco da execução, já que maiores serão os prejuízos que podem vir a ser por ele ressarcidos. Um risco excessivo poderá significar uma restrição indevida ao crédito do exequente e uma violação ao direito fundamental do credor à execução
civil. Por essas razões, concluiu-se que o juiz deve considerar esse risco na adoção das medidas executivas, de modo a evitar que sua progressão signifique uma indevida lesão aos direitos do exequente. Ainda, analisou-se a extensão e os limites da possibilidade que tem o exequente de limitar a atividade executiva do juiz, vedando a adoção de
determinada medida que considere inoportuna.

Se abordan temas fundamentales de política pública y resultados del sistema de mediación obligatoria vigente en Argentina.
ATENCIÓN: para un análisis crítico de las estadísticas oficiales sobre mediación y una revisión integral de los resultados del modelo argentino de mediación obligatoria, con datos más amplios y actualizados , ver: Giannini, Leandro, La Mediación en Argentina, Rubinzal Culzoni, 2015

Nuestra administración de justicia atraviesa una profunda crisis, que afecta a sus principios organizativos y a su posición misma en el entramado institucional del Estado. Diversos factores –históricos, políticos, corporativos– han confluido para liquidar el viejo sistema de justicia liberal y sustituirlo, mediante las reformas de 2003, 2009 y 2015, por un modelo sustancialmente distinto. El problema es, en opinión del autor, que el nuevo sistema gravita en torno a una burocracia centralizada, despersonalizada y supeditada al poder político, que deja al juez arrinconado y capitidisminuido. Ello supone grave menoscabo de las garantías constitucionales, nos aísla de las mejores corrientes del panorama comparado –Francia, Alemania, Inglaterra– y presagia una completa desnaturalización del proceso civil moderno introducido en España al fin, con secular atraso, en 2000. Brillante, rigurosa e incisiva, la obra no dejará indiferente a nadie interesado en este aspecto esencial de nuestro Estado de Derecho.

O presente artigo analisa o incidente de resolução de demandas repetitivas e o sistema de recursos extraordinário e especial repetitivos em face do significado de precedente e collateral estoppel, bem como do direito de influir sobre o convencimento do juiz. Propõe alternativas para a correção da falta de participação dos tercei- ros no incidente e no recurso especial em que os seus casos são resolvidos.

This article deals with the “incidente de resolução de demandas repetitivas” and the appeal to the Brazilian Superior and Supreme courts, studied in the light of the meaning of a precedent and the collateral stoppel, and also the right to be heard. The author proposes alternatives to the lack of participation of third parties in these occasions.

This article analyses in detail the 'actual' application by the Spanish courts - regardless of any doctrinal controversies - of the so-called negative effect of the competence-competence rule. The conclusion is that Spanish courts carry out systematically a full review - not a prima facie one - of the validity of the arbitration agreement.

El presente artículo aborda el tema del título, con acento en la posesión precaria y el proceso de desalojo por esa y otras causales, así como los procedimientos especiales que se han creado en los últimos años con la finalidad de agilizar el proceso de desalojo regulado por los artículos 585 y siguientes del Código Procesal Civil que, tal como está actualmente legislado, puede demorar muchos años desde que puede llegar a conocimiento de la Corte Suprema vía recurso de casación.

También se analizan los Plenos Casatorios y los Plenos Jurisdiccionales que se han celebrado alrededor de ese tema, y los precedentes vinculantes de los primeros que obligan a los jueces a seguirlos según lo dispone el artículo 400 del Código Procesal Civil, y las ponencias aprobadas en los segundos como reglas a seguir por los jueces, aunque sin carácter vinculante.

RESUMEN La apelación por adhesión no puede ser estudiada sin tomar en consideración el recurso de apelación inicial o principal, porque este tipo de apelación no puede existir sin esa apelación primaria, por las características que le son propias y que vamos a examinar en el desarrollo del presente artículo. También es importante aclarar, desde ya, que en nuestro sistema procesal civil la apelación por adhesión no solo está contemplada expresamente en los casos en que el recurso de apelación del oponente se ha interpuesto contra una sentencia dictada en procesos de conocimiento o abreviados, conforme al artículo 373 del Código Procesal Civil, sino que lo está en los casos de la apelación de autos con efecto suspensivo y de autos sin efecto suspensivo, de cuyo tramite se ocupan, respectivamente, los artículos 376 y 377 del citado código. Asimismo, analizaremos el ámbito de competencia del superior para absolver el grado en los casos en que se haya interpuesto el recurso de apelación con el carácter de adhesivo, así como la prohibición de reforma en peor (reformatio in peius). ABSTRACT The appeal by accession cannot be studied without taking into consideration the initial or main appeal, because this type of appeal cannot exist without that primary appeal, due to the characteristics that are proper to it and that we are going to examine in the development of the present Article. It is also

Síntesis: Cuando recurrimos a la literatura especializada en oralidad encontramos que las facultades probatorias de oficio, o la intervención del Juez en la producción de la prueba en las audiencias de juicio oral, son consideradas conductas que comprometen su imparcialidad y afectan el debido proceso. Esta limitación entra en tensión con las prácticas recientes de oralidad en sede civil en Argentina, y también con algunos proyectos de reforma procesal que reconocen al órgano judicial potestades probatorias de oficio. En el presente trabajo se argumentará que el principio que niega toda potestad o iniciativa probatoria, originado en la doctrina procesal penal y en la transición desde los modelos inquisitivos a los acusatorios-adversariales, no resulta aplicable sin una necesaria adaptación crítica al proceso civil, porque parte de presupuestos y principios propios del proceso penal adversarial y de su estructura sistémica.

Se discuten en el trabajo las ideas presentadas por la profesora Ángela Ledesma sobre los alcances de la revisión del juicio de hecho basado en la apreciación de la prueba producida en los sistemas de oralidad. Se debate la distinción formulada por la profesora Ledesma entre juicio de inmediación y juicio inferencial como fundamento para la distinción entre lo que un tribunal de alzada (apelación) puede o no revisar, especialmente en modelos en los que la audiencia queda video-registrada con tecnología de adecuada calidad. Se concluye que no resulta convincente el binomio “juicio de inmediación = imposibilidad de revisión salvo reproducción del acto”, por tratarse de una regla injustificadamente rígida que no presta atención a los diferentes grados en los que puede ser expresada la distinta calidad relativa de dos tipos de percepción (percepción directa o mediada por tecnologías)

Legal frictions provoked by the intervention of third parties outside the existing contractual link between two or more people, be it voluntary or not, has been the epicenter of intense doctrinal debates. In a particular way, we analyze the possibility that a contractual non-execution can constitute by itself a fault capable of being invoked by third parties in accordance with the guiding principles of our civil law.

Keywords: Contracts, indemnities, lack, contractual civil liability, extracontractual civil liability, damage, non-performance.

Una declaración de nulidad no es lo mismo que una declaración de inconstitucionalidad. La primera deriva en invalidación, la segunda deriva en inaplicabilidad en un caso concreto. Caso que puede ser individual o colectivo desde "Halabi" y su redefinición de "causa o controversia" en cuanto elemento habilitante de la competencia judicial (art. 116 CN). 
La invalidación implica, a mi modo de ver, que los efectos de la sentencia igualmente beneficiaron a los usuarios “no residenciales”.
Un ejemplo puede servir para demostrar mi argumento: si un órgano judicial declara la nulidad de una ley formal del Congreso por haberse incurrido en un vicio de procedimiento insalvable, ¿podría sostenerse que esa ley resulta aplicable para algunos y no para otros, aun cuando así lo diga la sentencia? 
Me parece claro que no.
En este sentido, la declaración de la CSJN sobre la limitación subjetiva de los alcances de su sentencia debe confrontarse con el hecho que las Resoluciones MEyMN Nº 28/2016 y Nº 31/2016 no pueden al mismo tiempo ser válidas (para un sector de los usuarios) e inválidas (para otro). 
Más allá de cualquier discusión jurídica, esta afirmación se apoya en el principio lógico de no contradicción.  Un principio fundamental que “ontológicamente, se enuncia afirmando que ‘nada puede ser y no ser juntamente’. En su versión lógica tiene esta forma: ‘No se puede afirmar y negar juntamente una misma cosa de un mismo sujeto’”.

SOMMARIO: 1. Dovere statale di tutelare i diritti fondamentali ed insufficienza di tutela normativa al diritto fondamentale di azione. — 2. Vuoti di tutela normativa e ruolo del giudice. — 3. Riflessi sulla posizione del convenuto. — 4. La giustificazione davanti al controllo di insufficienza. — 5. Le regole del « mezzo idoneo » e della « minore restrizione ». — 6. Un caso esemplare: la mancanza del mezzo esecutivo idoneo nell’àmbito della tutela anticipatoria avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro.

Eficacia positiva de la cosa juzgada e iniciativa para su introducción al proceso. Rol del juez en la vinculación de procesos conexos entre las mismas partes. Comentario a la Sentencia de la Corte Suprema rol: 28600/2016, del 8 de noviembre de 2016 jesús ezurmenDia álvarez * 1. Introducción En el derecho procesal chileno existe una construcción normativa relativa-mente uniforme respecto a la cosa juzgada. De ordinario, es posible encontrar literatura que permite identificar sus elementos, sus límites subjetivos y objetivos, y por sobre todo, las formas de hacerla valer en distintas etapas y formas pro-cesales. Sin embargo, este reconocimiento ha sido erigido sobre el paradigma de la cosa juzgada típicamente entendida como la excepción de cosa juzgada, y más específicamente como el denominado efecto negativo o excluyente de la res judicata. Las raíces históricas de nuestro proceso civil, así como las normas que le sirvieron de guía o modelo 1 , tienen una marcada tendencia a consagrar y pro-teger-debidamente por cierto-, el efecto de cosa juzgada como impedimento a la repetición de procesos, y en consecuencia sentencias, respecto de la misma materia, en tanto se verifique la denominada triple identidad. Así, es posible encontrar en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC) la identificación de la excepción de cosa juzgada y la consagración a nivel legal de la identidad de partes, de objeto y de causa de pedir. No obstante lo señalado, no existe en nuestra legislación procesal ninguna norma que trate formal y explícitamente la eficacia o efecto positivo-también * Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Chile.

El presente trabajo aborda el estudio de la administración implantada por España en Santo Domingo durante el período de la Anexión (1861-1865), el sesquicentenario de cuyo inicio se cumplió el pasado año 2011, así como su comparación con el sistema vigente en Cuba y Puerto Rico, a fin de analizar sus semejanzas y diferencias. Con esta investigación se pretende comprender la relación existente entre la nueva estructura que España puso en marcha en Santo Domingo tras su reincorporación y la cuestión de las reformas de la administración ultramarina, que diversos sectores políticos, sociales, económicos y periodísticos de la metrópoli y las Antillas españolas reclamaban como una necesidad imperiosa. Para ello, dicho grupo, que era el representante de la burguesía liberal más avanzada y progresista, esgrimía diferentes motivaciones, desde las de carácter estrictamente administrativo o económico-comercial, a otras de fuerte contenido político. En cualquier caso, una de las principales razones esgrimidas por los partidarios de las reformas consistía en plantearlas como el único medio de que España conservara sus posesiones antillanas.
La nueva estructura política y administrativa llevada por España a Santo Domingo en 1861, con sus ramificaciones en todos los órdenes –municipal, fiscal, judicial, eclesiástico, militar, etc.–, fue en gran parte trasplantada a esa isla siguiendo el modelo de Cuba y Puerto Rico. No obstante, el sistema administrativo organizado en Santo Domingo tras la Anexión presenta también una serie de peculiaridades que ameritan un estudio más profundo del mismo, dado que aún no ha sido analizado con el detenimiento imprescindible para valorarlo en toda su trascendencia y complejidad.

O texto apresenta os impactos do novo CPC brasileiro sobre o modo de se realizar o julgamento colegiado, enfrentando a técnica de elaboração do relatório e o modo como os votos dos integrantes do colegiado devem dialogar entre si a fim de evitar a pseudocolegialidade.

El I e-Congreso Internacional de Derecho de la Insolvencia es el primer e-Congreso virtual que se realiza sobre la materia en el que, sustituyendo la sede física por una sede virtual, se abordarán distintas cuestiones relacionadas con el Derecho de la Insolvencia desde un punto de vista global.

Tenemos el honor de contar como Presidenta del I e-Congreso Internacional de Derecho de la Insolvencia a Dª. Stefania Pacchi. Profesora Ordinaria di Diritto commerciale. Università Degli Studi Di Siena (Italia). Presidenta emérita y Miembro del Comité Académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y como Director Académico a D. David García Bartolomé. Profesor Ayudante de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Los participantes a través de un sistema de videoconferencia, podrán escuchar las conferencias y ponencias e interactuar con ellos.

En el I e-Congreso Internacional de Derecho de la Insolvencia, una serie de doce expertos ponentes de diversos países impartirán doce conferencias y, además, se expondrán las comunicaciones presentadas al Congreso.

Síntesis: Cuando recurrimos a la literatura especializada en oralidad encontramos que las facultades probatorias de oficio, o la intervención del Juez en la producción de la prueba en las audiencias de juicio oral, son consideradas conductas que comprometen su imparcialidad y afectan el debido proceso. Esta limitación entra en tensión con las prácticas recientes de oralidad en sede civil en Argentina, y también con algunos proyectos de reforma procesal que reconocen al órgano judicial potestades probatorias de oficio. En el presente trabajo se argumentará que el principio que niega toda potestad o iniciativa probatoria, originado en la doctrina procesal penal y en la transición desde los modelos inquisitivos a los acusatorios-adversariales, no resulta aplicable sin una necesaria adaptación crítica al proceso civil, porque parte de presupuestos y principios propios del proceso penal adversarial y de su estructura sistémica.

La justicia civil, históricamente concebida como aquella que refiere a lo no penal, concentra materias, controversias y trámites muy heterogéneos y es objeto de especial análisis en varios países de América Latina donde se están diseñando, implementando o evaluando procesos de reforma.
Se analizan los principales desafíos de las reformas procesales no penales que tienen como pivot el proceso por audiencias a la luz de las lecciones aprendidas.

FUNDAMENTOS ROMANÍSTICOS DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS.
Location:  UNIVERSIDAD DE  OVIEDO. ESPAÑA
More Info: Organizado por la Universidad  de Oviedo  en colaboración con Asociación Iberoamericana de Derecho Romano.
Event Date:  April  10,11,12, 2019
Organization: Asociación Iberoamericana Derecho Romano. AIDROM
Publication Name: XXI CONGRESO INTERNACIONAL DERECHO ROMANO y  XXIV IBEROAMERICANO.