Derecho Procesal Civil. Proceso de Ejecución

Comentario a la sentencia de la SCBA que consideró admisible la presentación de la contestación de demanda presentada 5 minutos luego de vencido el plazo de gracia y en formato papel (porque no funcionaba el Sistema Informático).

Concluimos que, en casos como este (donde no funciona el Sistema Informático), las formas deben flexibilizarse y opinamos que, más allá de permitir la presentación en papel, lo ideal es suspender los plazos procesales hasta tanto vuelva a funcionar el Sistema Informático del Poder Judicial. Ello, conforme lo permite el art. 157 del CPCCN y CPCCBA.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no haya justa causa que justifique la demora en la presentaciones, los escritos presentados tardíamente (aunque sea por minutos) deben ser rechazados por extemporáneos. Ello, por el principio de preclusión.

Caros colegas e amigos, a AASP vai organizar um evento integralmente dedicado ao tema dos Negócios e Convenções Processuais, uma das grandes inovações do CPC recentemente aprovado. Segue a programação.

Dear friends, the Lawyers Association of São Paulo is organizing an event to discuss "contract procedure" one of the most important trends in the new brazilian Code of Civil Procedure. See the program in the attached file.

Este artículo aborda sumariamente el Proceso Único de Ejecución y el Proceso de Ejecución de Garantías, como su título lo indica.

El primero es un híbrido que nació de la fusión (inapropiada) de los dos procesos anteriores de ejecución que inicialmente contemplaba el art.ículo688 del Código Procesal Civil, que disponía que solo podía promoverse ejecución en virtud: 1. Título ejecutivo y 2. Título de ejecución, con lo cual existían procesos distintos según el título con el que se promoviera la ejecución: el proceso ejecutivo (promovido con un título ejecutivo) y el proceso de ejecución de resoluciones judiciales (promovido a partir de una sentencia o auto final).

El segundo, es decir el proceso de Ejecución de Garantías, limitado a la ejecución de garantías reales, es una novedad del Código Procesal Civil vigente desde el mes de julio del año 1993.

No muy bien legislado desde el inicio, el proceso se ha ido mejorando a través del tiempo y de la jurisprudencia, y también desde su no mayor reforma legislativa; sin embargo, subsisten problemas de interpretación y de trámite que van ser, precisamente, materia de este breve artículo sobre el tema.

Columna de Opinión publicada en sitio En Estrado: "Estas observaciones no son meras recomendaciones, son estándares mínimos para hacer efectivo el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, las que deben ser incorporadas en una reforma tan relevante como el PCPC. Dejar dicha reforma de la manera en que está propuesta actualmente, implica contravenir a la Convención sobre Derechos del Niño, y desconocer el estatus de sujetos de derechos de los niños, niñas y adolescentes. No por que sea civil, quiere decir que es ajena a ellos y ellas. Si les afecta, sea directa o indirectamente, su opinión debe ser escuchada, el procedimiento debe estar preparado para ellos, y la falta de esta consideración debe estar sancionada con la nulidad de todo lo obrado".

AUTOR: VICENTE CARRILLO VENEZIAN

RESUMEN: La tradición arbitral chilena ha sido una pieza fundamental en la resolución alternativa de conflictos, lo cual se ha reflejado aún más en materia comercial internacional. En efecto, Chile ha adoptado una serie de convenios internacionales que tienden a facilitar el reconocimiento y posterior ejecución de laudos en otras jurisdicciones. Esto se refleja con mayor claridad con la dictación de la Ley 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional. No obstante, la práctica jurisprudencial ha sido seguir aplicando anticuadas normas del Código de Procedimiento Civil, en circunstancias en que es posible, a partir de la normativa vigente, plantear un reconocimiento automático de laudos para ser ejecutados conforme a las reglas generales, prescindiendo así del trámite denominado Exequátur.

PALABRAS CLAVE: Ejecución - Laudo Arbitral - Procedimiento de Exequátur - Arbitraje Comercial Internacional.

El trabajo propone analizar si es posible/conveniente redefinir algunos confines de la revisión de la cosa juzgada con base en la mutación sustancial de las circunstancias que motivaron el dictado de la decisión, en salvaguardia de los derechos de los más
débiles.

Resumo: O presente artigo analisa o contempt of court, instituto característico do sistema jurídico anglo-americano. Procurar-se-á demonstrar, pelo exame do direito estrangeiro, como o referido instituto revela-se um importante instrumento de execução indireta. Ademais, o artigo examina situações em que os meios executivos de coerção inerentes ao contempt of court podem recair sobre terceiros, promovendo, assim, a efetividade das decisões judiciais.

Palavras-chave: Contempt of court - Execução indireta-Multa diária - Poder inerente - Terceiros.

Abstract: This article examines the contempt of court, a typical institute of the Anglo-American legal system. From the point of view of a comparative law analysis, this study proposes to demonstrate that contempt of court is an instrument paramount in ensuring compliance with court orders by parties and, in certain cases, nonparties.

Keywords: Contempt of court - Enforcement proceedings - Per diem fine - Inherent powers - Nonparties.

El 12 de mayo la Sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial dictó sentencia en el marco de la ejecución de un acuerdo conciliatorio condenando en daño punitivo a la empresa proveedora. En la presente nota comentamos esta decisión en miras a la plena vigencia de las normas que integran el Estatuto de las y los Consumidores. Publicación original: http://justiciacolectiva.org.ar/una-sentencia-dano-punitivo-una-ejecucion-consumo/

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Giudicato sulla questione nel nuovo codice di proce- dura civile brasiliano. — 3. Giudicato in favore dei terzi nel codice brasiliano. — 4. L’estensione del giudicato ai terzi come conseguenza del giudicato sulla que- stione. — 5. La percezione che l’interesse per il giudicato non è solo dalle parti e il superamento della regola della rule of mutuality nel diritto statunitense. — 6. I differenti modi di vedere la relazione tra giudicato e terzi nel civil law e nel common law. — 7. Giustificazione del giudicato sulla questione a beneficio dei terzi.

TITLE: The creditor's ability to choose an enforcement procedure regarding a mortgage on the debtor's primary residence. Is it an absolute or a determined licence? RESUMEN: Con la finalidad principal de hacer efectivo su crédito sin que el deudor hipotecario pueda invocar los beneficios que le concede el art. 579 LEC cuando la hipoteca recae sobre su vivienda habitual, de un tiempo a esta parte están proliferando las demandas de ejecución ordinaria por parte de los acreedores, que eligen este procedimiento para hacer efectivo el patrimonio del deudor, en detrimento de la ejecución hipotecaria. Frente a la idea de partida de que el acreedor tiene un lícito derecho a elegir el procedimiento ejecutivo que más convenga a sus intereses, algunas resoluciones recientes de Audiencias Provinciales califican esta conducta como constitutiva de un fraude de ley o procesal o como un ejercicio abusivo del propio derecho por parte del acreedor. En este trabajo tratamos de identificar y sistematizar los argumentos jurídicos tanto sustantivos, como adjetivos, que permitirían, en su caso, sostener que el acreedor que tiene a su disposición el proceso ejecutivo especial hipotecario debe seguirlo, sin que sea lícito que recurra al proceso ejecutivo ordinario, cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual del deudor ejecutado. ABSTRACT: Recently, mortgagees have increased claims for ordinary enforcement procedures, aiming mainly at implementing the accomplishment of the credit but regarless of the motgage holder's possibility to claim those benefits observed in the art. 579 LEC, provided the motgage is on the main residence. Creditors opt for this procedure to use the debtor's assets to file the mortgage foreclosure. Taking into account the credit holder has the lawful right to opt for the most suitable executive procedure matching his/her own interest, some recent provincial court decisions label this line of action as fraud in connection with a matter of law or procedure or as an abusive use of the law on the creditor's side. This document intends to identify and standardise both the substantive and adjective law grounds which, given the case, highlight the creditor's obligation to enforce the special mortgage procedure at their disposal, considering that the use of the ordinary executive procedure is not legal when the debtor's primary residence is the mortgaged property.

El concepto de embargo es entendido de una forma por los legos y de otra por los letrados. Existen dos posturas: la de los procesalistas, que entregan un concepto restringido que se aviene con la figura del embargo ejecutivo, y la de los civilistas, que optan por un concepto más amplio que alcanza también las medidas cautelares, y entre ellas al denominado embargo preventivo. Este artículo pretende poner de manifiesto la distinción entre dichas acepciones, pasar revista a los distintos conceptos que encontramos en fuentes tanto jurídicas como extrajurídicas y, finalmente, intentar establecer una definición integral de lo que en nuestro ordenamiento jurídico nacional debiera entenderse por embargo ejecutivo.

Cuando cursaba cuarto o quinto año de derecho, la verdad no lo recuerdo, se abrió una plaza de ayudante para el Departamento de Derecho Procesal. Sí recuerdo con morbo como se declaraba desierto el concurso. No había ganas de postular entre mis compañeros porque nadie recorría los pasillos diciendo "a mí me gusta el Derecho Procesal, eso es lo mío". Este descrédito o desprecio por nuestra disciplina, sin temor a equivocarme es una cuestión que se replicaba en otras escuelas de derecho del país, y es que la fama de esta rama del derecho de aburrida, monótona, legalista, adjetiva y a ratos somnífera hacía que se le tratara únicamente bajo la premisa del deber: Tengo que aprender Derecho Procesal, aunque no me guste. ¿De dónde provenía (o proviene) esta mala fama? La pregunta más de fondo es ¿ha cambiado esta noción hoy? Podemos coincidir usted lector y yo, que el problema radicaba en el contenido de la enseñanza. Se nos enseñaba procedimiento, rito, derecho

La nota pretende pensar en torno a cómo el proceso de constitucionalización (reformulación del arreglo constitucional-convencional en clave de derechos, poder y democracia): (i) trastoca el sentido, razón de ser y alcance del rol del juez, el Poder Judicial y proceso; y, (ii) impone ciertos condicionamientos de cara a una reforma.

RESUMEN En este trabajo cuestionamos la postura dominante de la doctrina sobre la legitimación como un tema superfluo y vano para la disciplina del Derecho Procesal. Para ello cuestionamos la toma de muestra base de dicha posición que consiste en mostrar este instuto siempre por vía de tutela declarativa ordinaria. Postulamos que puede llegarse a conclusión distinta si ponemos a prueba le legitimación y su control en la tutela ejecutiva y particularmente en la ejecución del crédito laboral. Adicionalmente es el control de legitimación el que permite equilibrar los sacrificios a garantías de orden procesal que se efectúan en este tipo de tutelas no declarativas. Palabras clave: Legitimación-control liminar-tutela ejecutiva laboral. ABSTRACT In this paper we question the dominant position of the doctrine on legitimation as a superfluous and vain subject for the discipline of Procedural Law. To this end, we question the basis of this position, which consists of showing this instinct always by means of ordinary declarative protection. We postulate that a different conclusion can be reached if we test the standing and its control in the executive protection and particularly in the execution of the labor credit. In addition, it is the control of the legal standing that allows to balance the sacrifices to procedural guarantees that are made in this type of non-declarative protection. Keywords: Standing-liminal control-executive labor protection. I. CONSIDERACIONES GENERALES Nuestra disciplina tiene mucho más que decir que hace un par de décadas en Chile. Hoy se posiciona como una rama del derecho activa, profunda y con una interesante comunidad científica que se muestra crítica e inquieta. No obstante, aún estamos comparativamente en deuda con el estudio y la sistematización de temáticas que merecen una revisión desde sus bases teóricas, pues precisamente la ausencia y el abandono de investigación en estos temas generales ha dejado entregada la definición y contorno dogmático de los mismos a la práctica forense y a  Profesor instructor de Derecho Procesal, Universidad Católica del Norte. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Doctorando en Derecho, Universidad Austral, Argentina. Correo electrónico: pablo.martinez@ucn.cl. Abreviaturas: Art. (Artículo), CPR (Constitución Política de la República), CPC (Código de Procedimiento Civil) y CT (Código del Trabajo).

El presente trabajo se estructurará en dos partes: la primera dedicada al estudio del proceso telemático de investigación de bienes del deudor incluyendo el régimen transitorio, y la segunda a la realización contra terceros como instituto sui generis de Derecho italiano a raíz de la aplicación del principio de no contestación y su comparación con el régimen español.

La ejecución forzosa de las resoluciones judiciales sigue dependiendo de los Derechos nacionales, pero está sujeta a ciertas condiciones derivadas de los Reglamentos europeos. De un estudio comparado de los diferentes Reglamentos, se han obtenido una serie de pautas comunes que constituyen un mínimo europeo en materia de ejecución. La coexistencia de exequátur y fuerza ejecutiva directa afecta a cuestiones de procedimiento, pero las causas de oposición basadas en el Derecho nacional son las mismas en ambos casos. Se advierten diferentes estándares de defensa del deudor ejecutado, en particular una especial protección del mismo en el ámbito de Bruselas I bis. Finalmente, el desarrollo de los Reglamentos en la legislación española presenta algunas deficiencias que deberían subsanarse. Palabras clave: ejecución forzosa, resolución judicial, exequátur, título ejecutivo europeo, ejecución directa, denegación de la ejecución. ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN REGUL...

The Brazilian Institute of Procedural Law (Instituto Brasileiro de Direito Processual) presents the program of the International Congress to debate the new Brazilian Code of Civil Procedure of 2015, which will take place in Rio de Janeiro. Several colleagues from the U.K, Germany, Norway, Spain and Italy will discuss main topics and latest trends along with Brazilian experts.

La justicia civil, históricamente concebida como aquella que refiere a lo no penal, concentra materias, controversias y trámites muy heterogéneos y es objeto de especial análisis en varios países de América Latina donde se están diseñando, implementando o evaluando procesos de reforma.
Se analizan los principales desafíos de las reformas procesales no penales que tienen como pivot el proceso por audiencias a la luz de las lecciones aprendidas.

El objetivo de este artículo es comparar el papel de los terceros en los procedimientos de ejecución italianos y españoles a partir de una breve exposición del tratamiento que recibe esta cuestión en uno y otro ordenamiento. Sin ánimo de efectuar un examen exhaustivo sobre la extensa materia del proceso de ejecución, este trabajo se centra en el aspecto más divergente de ambos sistemas, es decir, la figura del acreedor interviniente. A diferencia del italiano «terzo contrario» o su equivalente español en el “acreedor preferente”, nos referimos al status de otros acreedores como intervinientes en el proceso, cuya falta se evidencia en el proceso de ejecución español. Esta ausencia se explica por los principios ordinarios que inspiran cada uno de estos procesos de ejecución, uno basado en la igualdad de todos los acreedores y, por tanto, en la insolvencia, y otro que tiende a acelerar el procedimiento y a garantizar la rápida satisfacción del acreedor que fue el primero en actuar contra su deudor. Examinaremos esta cuestión por su eventual utilidad para alumbrar un sistema mixto que aúne o combine la estabilidad de las decisiones que caracteriza al sistema italiano y la necesidad, ahora vital, de dar una solución rápida a los problemas crediticios del país, en coherencia con las prioridades de aceleración y simplificación procedimental que marca la unión Europea.

Se analiza la situación procesal en que se encuentra el deudor de una factura tras la notificación judicial que contempla la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, en vigor desde el 15 de diciembre de 2004. En concreto, analiza el sentido y alcance de su artículo 5°d) - que trata la denominada “gestión preparatoria de notificación de facturas”- a la luz de las diversas modificaciones legales de la Ley N° 19.983, el análisis doctrinario y la prolífera y disonante jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia chilenos. En el cumplimiento de este objetivo, se revisa la doctrina nacional y se proponen soluciones a diferentes entendimientos de nuestros tribunales superiores de justicia, sobre: (i) la naturaleza jurídica de la gestión preparatoria de notificación de facturas y las consecuencias procesales que de ella se derivan; (ii) las defensas del obligado al pago de una factura frente al emisor y cesionario de la misma; y (iii) la carga procesal de las partes en caso de impugnación de una factura. Para finalizar, se proponen algunas conclusiones.

En la presente ponencia se recupera un trabajo sobre la procedencia de la multa civil (art. 52 bis Ley 24.240) en el marco de ejecuciones de consumo y se procede a su relectura a partir de la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo es una recensión del libro de la profesora Macarena Vargas Pavez sobre la configuración del derecho a la ejecución forzada, considerando el análisis de la jurisprudencia de la Corte Europea de DD.HH. y de la Corte Interamericana de DD.HH.

In the case between a Kosovar limited liability company and a Greek SA, the Greek Supreme Court was confronted with the question, whether the non-recognition of Kosovo by the Hellenic Republic may be considered as a valid ground for opposition against a payment order issued by a Greek court. The Supreme Court dismissed the final appeal, confirming the rulings issued by the instance courts