Derecho Urbanístico

Puede el Congreso Nacional Argentino aprobar una Ley Nacional de temas urbanos? Este trabajo responde a esta pregunta a partir de un análisis de derecho urbano comparado. Tomando como modelos el sistema jurídico urbanístico de  Brasil y Colombia, se realizan recomendaciones y reflexiones para el diseño de una ley nacional argentina. Para ello se comparan los procesos de reforma urbana en  los tres países, los principios de derecho urbanístico y los diferentes instrumentos de política urbanística.

Resumen: La Ley estatal de Suelo actual prescinde de las tradicionales clases urbanísticas del suelo y utiliza en su lugar otras categorías básicas: a partir de la diferenciación entre estado y proceso, entre situación y actuación, regula las situaciones básicas de suelo-rural y urbanizado-y las actuaciones urbanísticas-las de transformación urbanística y las edificatorias-. En este artículo se analizan estos conceptos y se intenta clarificar sus relaciones, deteniéndose en particular en el requisito de la integración en la malla urbana para poder considerar un suelo como urbanizado y en las condiciones bajo las cuales un suelo puede considerarse consolidado por la urbanización o bajo las cuales un plan puede desconsolidarlo, sujetándolo a nuevas actuaciones sistemáticas y equidistributivas para la ordenación y gestión sostenibles del medio urbano.

Abstract: The current spanish State Land Law dispenses with the traditional land classification. It uses other basic categories instead: based on the differentiation between status and process, between situation and action, the Law identifies two basic land status -rural and urbanized- and some types of urban operations -the urban transformation and the building actions-. This article analyzes these concepts and tries to clarify their relationships taking into account, in particular, the legal requirements that are necessary for a sustainable planning and management of the urban environment.

The Provisional Measure No. 759, 22 December 2016, overhauled Brazil’s federal planning legislation. During its passage through National Congress, being sanctioned as Federal Law no. 13.465, 11 July 2017. Amongst its numerous innovations, this law has introduced the legal entities of the controlled access allotment and the condominium of lots. This paper examines the meaning and the reach of the two aforementioned legal entities and the changes occasioned by them, starting from the premise that the legislative procedure and discussions were hastened by the provisional measure rite. And it concludes, as far as it concerns the controlled access allotment, that it is unconstitutional due to the violation of the principle of equality, of the rights to intimacy and private life, and the liberty of association. As far as it concerns the condominium of lots, it concludes that it poses a teleological problem, insofar as it does not address the legal uncertainty framework it purports to overcome; and a conceptual problem, because, as long as it does not explicitly define the legal nature of the lands where the condominium of lots are constituted, the law does not make it clear whether their common parts are aimed to building or not.

Equipamientos religiosos. La dimensión colectiva e institucional de la libertad religiosa necesita de lugares de culto. La laicidad positiva que se instauró en España en 1978 sale al encuentro de estas necesidades. La aplicación de los principios informadores del Derecho Eclesiástico Español al derecho urbanístico promueve las condiciones para el ejercicio de la libertad religiosa. Se toma especial atención a al nueva regulación de los centros de culto de Cataluña.

ISBN: 978-84-313-2726-2
Ha sido reseñado en:

Constantino M. Fabris (res.), Ius ecclesiae, ISSN 1120-6462, Vol. 23, Nº 2, 2011, págs. 447-450

José Luis Lorente Tallada, Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, ISSN 1139-4978, Año nº 47, Nº 279, 2013, págs. 179-182

Fernando Romero Saura, Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 190, 2013, págs. 477-480

El presente artículo aborda la realidad de las smart cities desde la perspectiva
de la gobernanza pública en el contexto del derecho administrativo global. Sin
entrar en los sectores concretos de intervención en los que la Ciudad inteligente
debe actuar de manera integrada, cosa que dejo para una segunda parte, aproxima
desde la estrategia Internacional y Comunitaria, la Española tras el recién
aprobado Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para plantear algunos
interrogantes derivados de la necesaria coordinación entre las políticas públicas
abocados a modelos de Gobernanza Pública en un sistema de Ciudades globales.

Este artículo reflexiona sobre las relaciones existentes entre la Ley de Suelo de España y algunas leyes de urbanismo, ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo de Latinoamérica. Para ello, centra su análisis en cinco países de la Región (Colombia, Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile) y en tres materias centrales de sus respectivos regímenes legales, como son (1º) sus principios inspiradores y, en particular, el principio de desarrollo sostenible, (2º) el estatuto de la ciudadanía en su relación con el ordenamiento territorial y urbanístico, que nos lleva a tratar la participación ciudadana, el acceso a las dotaciones urbanas y el derecho a la vivienda en el marco del conocido como “derecho a la ciudad”, y (3º) el régimen de la distribución de beneficios y cargas derivados de la actividad urbanística y la participación pública en las plusvalías urbanísticas.

1. Propiedad y deber de conservación. Hacia el deber de rehabilitar. 2. Rehabilitación, propiedad y libertad de empresa. Obligación e iniciativa. 3. Propiedad horizontal y rehabilitación. El problema de las mayorías.-VIII. PLANES, PROGRAMAS U OTROS INSTRUMENTOS ORDENADORES.-IX. GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN. LA CUESTIONABLE TRASLA-CIÓN DE LA LÓGICA EQUIDISTRIBUTIVA.-X. COORDINACIÓN INTERADMINISTRA-TIVA Y CONVENIOS.-XI. REFERENCIA A LA FISCALIDAD DE LA REHABILITACIÓN. REMISIÓN.-XII. BIBLIOGRAFÍA. RESUMEN: En España la acción pública y privada sobre la ciudad se ha orientado habitualmente a la expansión urbana, al ensanche, primando la edificación de nueva planta sobre la intervención en la ciudad y la edificación existente. La regulación del deber de conservación, estrechamente conectada con la ruina de los edificios, que cons-tituye su límite, ha sido insuficiente para lograr el mantenimiento de la ciudad histórica en adecuado estado de conservación. Además, salvo en casos concretos, y relativamente recientes, no se ha afrontado la regulación o la gestión organizada de la rehabilitación y regeneración urbana, la intervención global sobre la ciudad existente para recuperar el tejido urbano en su conjunto. En los últimos años, sin embargo, la crisis parece haber impuesto una profunda reflexión a este respecto que ha conducido a la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, entre otras normas, que incorpora a nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de pla-nificación y gestión de la rehabilitación y la regeneración urbana. Palabras clave: deber de conservación; ruina; rehabilitación urbana; regeneración urbana.

From a systematic approach of the Brazilian positive law, mostly the competences outlined by the Constitution of the Republic of 1988, and with intakes from the compared law, this work purports to conceptually distinguish Town Planning Law from Spatial Planning Law. Firstly, I shall present the different conceptions of urbanism and spatial planning throughout time, in order to, afterwards, assert their relation with Law. Further I shall expose three concepts of Town Planning Law, its advantages and disadvantages, and four criteria by which this legal branch differs from Spatial Planning Law. Further on, in the second topic, I explain the horizontal model (exclusive or private) of distribution of powers, divided in express and reserved powers, and the vertical model thereof, divided in common and concurring powers, and the meaning of general norms and supplementary norms. In the last two chapters it is detailed the respective constitutional powers to Town Planning Law and Spatial Planning Law of the Brazilian State’s political entities (Union, states, Federal District and towns).

En el presente trabajo pretendemos poner de manifiesto cómo una de las piedras angulares sobre las que descansa el edificio de nuestro Derecho urbanístico, consistente en que las plusvalías generadas por el proceso urbanístico se las quedan los propietarios de los suelos clasificados como urbanizables o urbanos y las Administraciones públicas, no sólo es dudosamente compatible con lo establecido en la Constitución española, sino que también estimula actuaciones sumamente perniciosas, tanto de los poderes públicos como de los particulares implicados.

En España, el desarrollo urbano se ha visto afectado por la corrupción pública, lo que ha contribuido a acentuar, entre otros problemas, el incremento en los precios del suelo y la vivienda.  A pesar de los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años por el Derecho público para enfrentarse a la corrupción urbanística, la falta de efectividad en esa lucha ha sido evidente.  Con la finalidad de prevenir la corrupción y reducir sus dañinas consecuencias, se proponen unas líneas de prevención especialmente adaptadas a las características del fenómeno.  Su implementación en el ordenamiento administrativo deberían redundar en una mejor y más efectiva lucha contra la corrupción.

La definición de respuestas precisas a problemas recurrentes en el urbanismo español se proyecta en las distintas aportaciones que, desde la admiración por la obra del profesor Martín Bassols Coma, y su necesario conocimiento para todo estudioso del derecho urbanístico español actual y futuro han dibujado los más de 100 autores que participan en la obra Derecho Urbanístico del Siglo XXI, publicada en 2008 por la Editorial Reus.

El objeto del presente artículo es analizar, al hilo de dichas aportaciones, los temas clave del urbanismo español con una perspectiva sincrética y actual, coherente con el escenario de cambio y transformación que está dibujando la crisis económica global, y su proyección a escala nacional y autonómica en España

This legal opinion aims to develop a critical analysis of the Supplementary Bill No. 29/2013, which establishes the Land Subdivision Statute of the City of Rio de Janeiro, flagging theoretical imprecisions in it, and suggesting insertions, modifications and exclusions in the original text. This work analyses the major provisions of the mentioned supplementary bill, in a systematic fashion, in light of the urban legal order oriented by the Master Plan of Sustainable Urban Development of the City of Rio de Janeiro (Supplementary Law No. 111/2011), by the Organic Law of the City of Rio de Janeiro, by the Land Subdivision Federal Law (Federal Law No. 6.766/1979), by the City Statute (Federal Law No. 10.257/2001) and, chiefly, by the Federal Constitution of 1988. At last, in the attached document, it is presented a proposal of a substitute to the bill purporting to correct its scientific improprieties and fill its gaps.

El despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas constituye una de las cuestiones de mayor relevancia dentro de la ordenación de las tele- comunicaciones y su importancia se ha visto acrecentada últimamente hasta convertirse en la principal preocupación de la nueva LGTel. Así lo acredita no sólo la extensión que se le dedica en la actual norma de cabecera del sector sino también y sobre todo, los novedosos y extraordinarios instrumentos que se introducen en la misma para facilitar a los operadores la instalación y renovación de sus redes y que conducen a una hegemonía casi absoluta de la ordenación estatal de las telecomunicaciones sobre las medidas de intervención dispuestas por las demás instancias territoriales a partir de otros títulos competenciales (ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, sanidad).

O presente artigo traz reflexões iniciais sobre a relevância da mobilidade urbana para o cumprimento das funções primárias da cidade. A partir dessa premissa, aborda aspectos macrojurídicos dos serviços de transporte urbano no Brasil para então ingressar no exame das normas sobre serviços de táxi, hoje previstas na Lei de Mobilidade Urbana. Nesse particular, mostra-se como o direito nacional modificou a natureza jurídica dos serviços de táxi e congêneres e debatem-se aspectos atuais sobre a regulação da entrada, da qualidade e dos preços desses serviços privados de interesse público. Com base nisso, mostra-se que os Municípios não são forçados pela legislação nacional a seguir um único modelo regulatório e, ao final, comparam-se as vantagens e desvantagens de dois modelos licitatórios hipotéticos. Palavras-chaves: mobilidade urbana; transporte; táxi; lei de mobilidade Abstract This article brings some considerations on the relevance of urban mobility as a condition to the accomplishment of primary cities functions. Based on this assumption, it points out legal aspects on a broader perspective regarding urban transportation services in Brazil and then it addresses specifically the legal framework of taxi services, which are subject to the Urban Mobility Act. On this point, it demonstrates how national Law has changed the legal nature of taxi services and, based on the actual legal provisions, it debates contemporary aspects regarding the regulation of entry, quality and prices of theses so called private services of public interest. On that basis, the article also shows that legal Governments in Brazil are not forced by the National Mobility Act to adopt a unitary regulatory model and, at the end, it compares two possible regulatory scenarios, considering their advantages and disadvantages.

Con ocasión de la dictación de la Ley Nº 20.791, el texto revisa la nueva regulación de las declaratorias de utilidad pública, así como la reposición de aquellas que caducaron conforme a las leyes Nº 19.939 y 20.331. Se señala que la planificación urbana exige estos mecanismos que la Constitución autoriza en virtud de la función social de la propiedad.

La vigente Ley del Suelo (2005) de la región italiana de Lombardía regula de manera detallada los aspectos urbanísticos de los equipamientos religiosos de ese territorio. Este régimen jurídico ha sido reformado en el año 2015, y el Tribunal Constitucional Italiano (2016) ya se ha pronunciado sobre su compatibilidad con su Carta Magna. Este trabajo analiza las debilidades y fortalezas de este modelo de regulación del suelo en su relación con la libertad religiosa para extraer tanto aquellas experiencias valiosas para España, que pueden contribuir a la cohesión social, como aquellas que la experiencia italiana demuestra que deben evitarse.

En el marco del curso La ciudad: Espacio colectivo / intereses privados, organizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se presenta la oportunidad de realizar un análisis de la normativa urbana costarricense y su verdadero papel en el modelo urbano actual.

La escasa presencia de instrumentos de gestión del suelo en la normativa costarricense impide hacer un uso intensivo del suelo. Este modelo de ciudad, vigente desde la década de los setenta, empuja al sector inmobiliario a consumir suelo rural como la forma más efectiva de capturar ganancias por plusvalías.

Varios países de América Latina han emprendido procesos de actualización normativa con el objetivo de incluir nuevos y mejorados instrumentos de gestión del suelo. Estos instrumentos encuentran un sólido fundamento en la función social y ambiental de la propiedad y la gestión de las plusvalías asociadas al desarrollo urbano.

El fallo comentado fija y reafirma elementos y criterios sobre legitimación activa en materia de reclamo de ilegalidad municipal a partir del concepto de interés legítimo y la capacidad que tendrían ciertas normas de orden público, como los planes reguladores, para justificar el interés. La estructura del comentario consta de tres partes, la primera destinada a otorgar los elementos fundamentales del caso, el segundo apartado tratará sobre la legitimación activa y pasiva así como el interés legítimo en relación al fallo y la alternatividad en la decisión de la vía administrativa o judicial otorgada, el tercero sobre la interpretación de la Corte respecto de aquellos actos que afectan el interés general de la comuna. Las conclusiones se refieren a la reafirmación por parte de la Corte Suprema de la vigencia del recurso por exceso de poder en relación al reclamo de ilegalidad municipal. A su vez, este recurso, destinado a lograr la nulidad del acto requiere, a juicio de la Corte, solo del umbral del interés legítimo y no de la alegación de un derecho subjetivo para su interposición, a su vez que le otorga libertar al recurrente otorgándole una doble vía de reclamación en contra de los actos emanados del Director de Obras, garantizando con ello un mejor control de los actos de la Administración. El artículo finaliza con un Excursus relativo a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, resuelve el fondo del asunto basado en una interpretación teleológica de las normas de la OGUC y al uso hermenéutico del principio de la Planificación Urbana del Derecho Urbanístico.

La Ley de Suelo de 2007 establece un sistema de valoración de suelo que implica un profundo cambio respecto de la anterior normativa.
Este artículo expone como esta nueva legislación afecta a la legislación urbanística valencia y, en concreto, a la valoración de suelo en el Proyecto de Reparcelación.

El control urbanístico determinado en el Reglamento de Construcciones incluye una serie de aspectos, especialmente relacionados con la tipología constructiva permitida, o mejor dicho, el establecimiento de máximas permitidas, lo cual genera no poca duda en la aplicación de estos lineamientos, por lo que se propone una herramienta de análisis crítico para la óptima aplicación de tales normas desde una perspectiva funcional técnica – jurídica.

1. Historique sommaire du droit de l'urbanisme au Mexique Les périodes les plus intéressantes pour l'histoire du droit de l'urba-nisme coïncident avec les époques les plus actives de l'aménagement urbain. Ainsi, un moment crucial est celui du premier contact entre Euro-péens et Indiens du Mexique ancien. À partir de 1519 et jusqu'en 1620, les Espagnols ont construit l'armature urbaine de la Nouvelle Espagne et les villes et villages les plus importants du Mexique. Pendant ce premier siècle, a été rédigée toute une série de lois très claires et détaillées. Une deuxième période d'activité législative correspond à l'époque néoclassique de l'urbanisme, c'est-à-dire la période comprise entre 1775 et 1810. Une troisième période de grands travaux et de règlements importants peut être constatée à la fin du XIX e siècle, pendant la longue durée du gouvernement de Porfirio Díaz. Enfin, à partir des années 1970, se développe un nouveau droit de l'urbanisme, encadré dans la Constitution, visant les problèmes actuels des centres métropolitains. Cette présentation historique sera consacrée aux trois premiers moments ; le reste de l'article analysera le droit urbain du dernier quart du XX e siècle. Avant la conquête espagnole, la possession de la terre et les décisions au sujet de la ville suivaient une tradition ancestrale très différente de celle de l'Occident. Afin de poser clairement les différences entre l'aménage-ment du territoire indigène et européen, il s'agit d'abord de définir la notion même d'urbanisme. Les mots latins civitas (ensemble de citoyens avec leurs droits et leurs devoirs) et urbs (l'ensemble construit où ils habi-tent) ont été rassemblés dans le terme actuel de « ville », qui désigne globa-lement aussi bien les bâtiments, que les rues, les maisons et les places, ou les gens qui les occupent. L'urbanisme, dans la conception occidentale, est alors la discipline chargée de l'aménagement matériel et fonctionnel des villes et aussi du processus d'extension urbain et de sa population (Merlin, Choay, 1996).

La literatura jurídica hasta ahora se ha ocupado del territorio de una forma fragmentaria. En esta obra, se intenta construir una teoría general de geografía jurídica sobre el territorio como bien de Derecho público. Para ello, empieza por analizar su mismo concepto y elementos. Aborda después su consideración como elemento constitutivo del Estado y de otros entes territoriales, así como los principios que de ella se derivan: el principio de cohesión territorial y el de la territorialidad de las normas y las competencias, así como las excepciones y modulaciones que a este último le está causando la globalización jurídica. La segunda parte del libro se ocupa de la otra dimensión del territorio, la que lo considera como objeto de políticas públicas. Para ello, se constatan primero los problemas del desgobierno del territorio en España para proponer después su superación mediante una política cabal e integral de gobierno del territorio y se analiza a continuación la regulación de sus principales instrumentos, como son los planes de ordenación del territorio y los de protección de espacios naturales, de espacios históricos y de paisajes.
En la 2ª edición ampliada se han incorporado nuevos desarrollos sobre el problema del despoblamiento rural, el tratamiento de los espacios transfronterizos, la gestión territorial de riesgos y las bases de la protección del medio rural.